{"id":37826,"date":"2017-07-05T18:32:47","date_gmt":"2017-07-05T16:32:47","guid":{"rendered":"http:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/?p=37826"},"modified":"2017-11-14T22:52:01","modified_gmt":"2017-11-14T21:52:01","slug":"resoluciones-direccion-general-de-los-registros-y-el-notariado-julio-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/resoluciones\/por-meses\/resoluciones-direccion-general-de-los-registros-y-el-notariado-julio-2017\/","title":{"rendered":"Resoluciones Direcci\u00f3n General de los Registros y el Notariado. Julio 2017"},"content":{"rendered":"

\u00a0<\/a>INFORME N\u00ba 274. (BOE JULIO de 2017)<\/strong><\/span><\/h1>\n

Segunda Parte: RESOLUCIONES.<\/strong><\/span><\/h1>\n

Ir a la\u00a0Primera Parte (Disposiciones y Secci\u00f3n II)<\/a><\/h2>\n<\/a>
VALORACI\u00d3N DE LAS RESOLUCIONES POR SU IMPORTANCIA:<\/strong><\/span><\/h6>\n

Se van a seguir estos criterios a juicio\u00a0de las personas que las resumen:<\/strong><\/p>\n

() \u00a0\u00a0\u00a0<\/strong>\u00a0Reiterativa o de escas\u00edsimo inter\u00e9s<\/p>\n

* \u00a0<\/strong> \u00a0 \u00a0Poco inter\u00e9s o muy del caso concreto<\/p>\n

** \u00a0<\/strong> \u00a0Interesante (categor\u00eda est\u00e1ndar)<\/p>\n

*** \u00a0<\/strong>Muy interesante.<\/p>\n

\u21d2\u21d2\u21d2<\/strong> Imprescindible. \u00a0<\/p>\n

 <\/p>\n<\/a>

<\/a>273.** DUDAS SOBRE SI LA VIVIENDA EJECUTADA ES LA VIVIENDA HABITUAL.<\/span><\/h6>\n

Resoluci\u00f3n de 9 de junio de 2017, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Almer\u00eda n.\u00ba 3 a inscribir un decreto de adjudicaci\u00f3n dictado en un procedimiento de ejecuci\u00f3n hipotecaria.<\/p>\n

EL CASO, NOTA Y DECISI\u00d3N DE LA DGRN.- 1. Se debate<\/strong> en este recurso la exigencia planteada por la registradora de la Propiedad de que se aclare<\/strong> si la finca que ha sido objeto de adjudicaci\u00f3n en un procedimiento de ejecuci\u00f3n hipotecaria constituye o no vivienda habitual del ejecutado […] La registradora solicita la aclaraci\u00f3n de si la finca adjudicada es o no vivienda habitual del deudor, la DGRN considera que es claro que no lo es y revoca la nota.<\/p>\n

CUESTI\u00d3N PREVIA.- 2. Como cuesti\u00f3n previa ha de responderse a la alegaci\u00f3n formulada en el escrito de recurso acerca de la insuficiente motivaci\u00f3n<\/strong> de la calificaci\u00f3n impugnada […] conviene tener en cuenta que es doctrina de esta Direcci\u00f3n General […] que la argumentaci\u00f3n ser\u00e1 suficiente para la tramitaci\u00f3n del expediente si expresa suficientemente la raz\u00f3n<\/strong> que justifica dicha negativa de modo que el interesado haya podido alegar<\/strong> cuanto le ha convenido para su defensa, como lo acredita en este caso el mismo contenido del escrito de interposici\u00f3n […] aun cuando hubiera sido deseable una redacci\u00f3n m\u00e1s completa y precisa de la nota de calificaci\u00f3n, carece de fundamento la pretensi\u00f3n de imputar falta de motivaci\u00f3n <\/strong>a la calificaci\u00f3n recurrida.<\/p>\n

CONSTANCIA CAR\u00c1CTER DE VIVIENDA HABITUAL.- Sin embargo, en los casos de escrituras otorgadas e inscritas antes<\/strong> de la entrada en vigor de la Ley 1\/2013 y ejecutadas conforme a la legislaci\u00f3n anterior, toda vez que no necesariamente conten\u00edan aqu\u00e9llas por disposici\u00f3n de ley manifestaci\u00f3n expresa sobre la condici\u00f3n de la finca hipotecada relativa a ser o no vivienda habitual del deudor, habr\u00e1 de pasarse por la declaraci\u00f3n que sobre el extremo realice el letrado de la Administraci\u00f3n de Justicia<\/strong> que resuelve el procedimiento de ejecuci\u00f3n directa como presupuesto b\u00e1sico en orden a fijar el valor de adjudicaci\u00f3n salvo que surja un obst\u00e1culo del Registro, esto es, que del propio Registro resulte que la finca tiene car\u00e1cter de vivienda habitual del deudor.<\/p>\n

[…] parece entender la registradora que si se han especificado las cantidades pendientes de satisfacci\u00f3n despu\u00e9s de la adjudicaci\u00f3n, en tanto el precio de esta ha sido insuficiente para cubrir el total reclamado, es porque se trata de la vivienda habitual del deudor<\/u>, dado que s\u00f3lo en ese caso ser\u00eda exigible tal especificaci\u00f3n, por exigencia del art. 579.2 LEC […]<\/p>\n

Sin embargo, la necesidad de determinar el saldo pendiente de pago<\/strong> por los diferentes conceptos […] resulta con car\u00e1cter general<\/strong> y respecto de toda clase de bienes de lo establecido en el arts. 654, puntos 1 y 3, LEC. De lo dispuesto en este precepto se deduce que si el precio de remate de la finca es inferior<\/u> al importe de lo reclamado, ello no puede significar que el acreedor vea frustradas sus leg\u00edtimas aspiraciones al cobro \u00edntegro de su cr\u00e9dito […] cobro que podr\u00e1 instar a trav\u00e9s del pertinente procedimiento de ejecuci\u00f3n ordinario (art. 579.1 LEC […] Y como garant\u00eda complementaria<\/strong> para el deudor se exige la expedici\u00f3n por el letrado de la Administraci\u00f3n de Justicia de la certificaci\u00f3n<\/u> de saldo pendiente.<\/p>\n

Conviene citar a este respecto la Resoluci\u00f3n de este Centro Directivo de 28 julio 2015: \u00ab(\u2026) confirmada la aplicaci\u00f3n al caso concreto del art. 654.3 LEC, el mismo exige para el supuesto de inexistencia de sobrante que se expida una certificaci\u00f3n que asegure al deudor ejecutado que pierde el dominio de la finca hipotecada el importe exacto que le queda por pagar a su acreedor y que este solo podr\u00e1 exigirle por otras v\u00edas distintas a la ejecuci\u00f3n hipotecaria. De este modo, en base a la obligatoriedad de dicha certificaci\u00f3n […] si no se acredita su expedici\u00f3n no debe inscribirse la adjudicaci\u00f3n pues la misma no estar\u00eda completa, al no acreditarse a las partes cu\u00e1l es el importe exacto que ha quedado pendiente, importe que no puede quedar al arbitrio de la parte acreedora, con la correlativa indefensi\u00f3n de la parte ejecutada\u00bb. Por tanto, el hecho de que se certifique por el letrado de la Administraci\u00f3n de Justicia el saldo pendiente de pago al acreedor, no implica necesariamente que la finca adjudicada haya sido la vivienda habitual del deudor.<\/strong><\/p>\n

En cuanto a las dudas de la registradora […] que dice \u00abNo consta en autos que la finca hipotecada constituya vivienda habitual del deudor\u00bb, debe tenerse en cuenta la tendencia<\/strong> que se ha ido observando en los \u00faltimos a\u00f1os en la legislaci\u00f3n y en la jurisprudencia hacia la especial protecci\u00f3n<\/strong> del deudor hipotecario que ha constituido la garant\u00eda sobre su vivienda<\/strong> habitual […] que justifica<\/strong> que el registrador extreme el celo<\/strong> en la comprobaci\u00f3n de la naturaleza de la vivienda a fin de asegurarse que todas esas garant\u00edas se han cumplido adecuadamente.<\/u><\/p>\n

En el supuesto de este expediente, en tanto en el Registro no aparec\u00eda reflejado previamente el car\u00e1cter habitual de la vivienda ni tampoco, aun pudiendo efectuarse como operaci\u00f3n espec\u00edfica, se recogi\u00f3 dicho car\u00e1cter con posterioridad, ha de ser en el seno del procedimiento judicial donde se aclare<\/strong> la naturaleza de la finca ejecutada.<\/p>\n

Y puesto que no consta que en el seno del procedimiento se haya hecho valer por el deudor el car\u00e1cter habitual de la vivienda<\/strong>, s\u00f3lo puede el letrado de la Administraci\u00f3n de Justicia pronunciarse conforme a lo que resulte en autos y teniendo en cuenta estas circunstancias la expresi\u00f3n \u00abno consta en autos que la finca hipotecada constituya vivienda habitual del deudor<\/strong>\u00bb, re\u00fane la claridad necesaria<\/strong> a estos efectos. As\u00ed resulta adem\u00e1s de forma indubitada de la diligencia de ordenaci\u00f3n de 18 mayo 2015 si bien debi\u00f3 aportarse en un formato que reuniese todos los requisitos de autenticidad que para su acceso al Registro resulta de lo dispuesto en los arts. 3 LH y 34 RH.<\/p>\n

En consecuencia, esta Direcci\u00f3n General ha acordado estimar el recurso y revocar la nota de calificaci\u00f3n de la registradora. (CB)<\/p>\n

PDF<\/a>(BOE-A-2017-7784 – 8\u00a0p\u00e1gs.<\/abbr>\u00a0– 252\u00a0KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0\u00a0Otros formatos<\/a>\u00a0 \u00a0<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n<\/a>

<\/a>274.** FACULTAD DEL LEGATARIO EN CATALU\u00d1A DE TOMAR POSESI\u00d3N DE LA COSA LEGADA. ORGANISMO COMPETENTE PARA RESOLVER<\/strong><\/span><\/h6>\n

Resoluci\u00f3n de 9 de junio de 2017, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Salou a inscribir una escritura de aceptaci\u00f3n y adjudicaci\u00f3n de legado.<\/p>\n

Hechos:<\/strong> Una legataria se adjudica por s\u00ed misma un legado (que se dice en el testamento con facultad de disposici\u00f3n) en una sucesi\u00f3n que se rige por la ley foral catalana.<\/p>\n

El registrador<\/strong> suspende la inscripci\u00f3n porque la legataria no se halla facultada para tomar posesi\u00f3n por s\u00ed misma del legado conforme a los art\u00edculos\u00a081 del RH<\/a> y 427-22.3<\/a>, del C\u00f3digo de Sucesiones de Catalu\u00f1a. Interpreta que la menci\u00f3n a la facultad de disposici\u00f3n en el testamento indica \u00fanicamente que es un legado con eficacia real.<\/p>\n

La interesada<\/strong> recurre y alega que la menci\u00f3n a la facultad de disposici\u00f3n conlleva la facultad de tomar posesi\u00f3n por s\u00ed misma del legado\u00a0 conforme al art\u00edculo 427-22.4<\/a>, del C\u00f3digo de Sucesiones de Catalu\u00f1a, pues de no existir dicha expresi\u00f3n ser\u00eda igualmente un legado con eficacia real.<\/p>\n

La DGRN<\/strong> desestima el recurso. Comienza por delimitar su competencia para conocer los recursos gubernativos<\/strong>, diferenciando si el recurso se fundamenta exclusivamente en Derecho auton\u00f3mico en cuyo caso el \u00f3rgano competente ser\u00eda el auton\u00f3mico o si se fundamenta adem\u00e1s en otras normas o motivos ajenos al Derecho propio la competente es la DGRN , cuesti\u00f3n que el registrador debe examinar antes de remitir el recurso. En el presente caso se considera competente porque es de aplicaci\u00f3n tambi\u00e9n el citado art\u00edculo 81 RH.<\/p>\n

El art\u00edculo 81 RH<\/a> debe de adaptarse al derecho catal\u00e1n y por tanto no importa que existan\u00a0 legitimarios para que el legatario pueda tomar posesi\u00f3n por s\u00ed mismo del legado pues la leg\u00edtima en derecho catal\u00e1n es un derecho de cr\u00e9dito y el legitimario un acreedor de la herencia. Sin embargo, el legatario tiene que estar facultado para tomar posesi\u00f3n por s\u00ed mismo del legado.<\/p>\n

En el caso concreto interpreta, como el registrador, que el legado lo es con efectos reales, que atribuye al legatario la propiedad (pero no la posesi\u00f3n) de la cosa legada desde el fallecimiento del testador, pues ya desde el Derecho romano cl\u00e1sico se denomin\u00f3 a este tipo de legado \u00ablegado de propiedad\u00bb o \u00ablegado de disposici\u00f3n\u00bb, a diferencia del legado obligacional.<\/p>\n

Por tanto, \u00a0la legataria no puede tomar posesi\u00f3n por s\u00ed misma del legado ni inscribir en el Registro de la Propiedad la adquisici\u00f3n de la finca legada, y s\u00f3lo podr\u00e1 pedir anotaci\u00f3n preventiva en su favor para la protecci\u00f3n de su derecho conforme a los art\u00edculos 42.7<\/a> y 47<\/a> LH.\u00a0(AFS)<\/p>\n

PDF (BOE-A-2017-7785 – 8\u00a0p\u00e1gs.<\/abbr>\u00a0– 249\u00a0KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n<\/a>

<\/a>275.** CANCELACI\u00d3N DE ANOTACI\u00d3N POR CAUSA PENAL, POSTERIOR A LA HIPOTECA QUE SE EJECUTA, PERO RELACIONADA CON ELLA: NO ES PROCEDENTE.<\/span><\/h6>\n

Resoluci\u00f3n de 9 de junio de 2017, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de San Javier n.\u00ba 2 a practicar la cancelaci\u00f3n de una anotaci\u00f3n preventiva ordenada en un mandamiento judicial.<\/p>\n

Hechos:<\/strong><\/p>\n

Se presenta en el registro un auto de adjudicaci\u00f3n<\/strong> dictado en un procedimiento de ejecuci\u00f3n hipotecaria y su mandamiento de cancelaci\u00f3n de cargas, adjudic\u00e1ndose la finca a una entidad mercantil.<\/p>\n

Sobre a finca en cuesti\u00f3n consta con posterioridad a la hipoteca una anotaci\u00f3n ordenada en un procedimiento penal<\/strong> contra el titular del derecho real de hipoteca anterior y contra la entidad adjudicataria de la finca por cesi\u00f3n del remate de la finca.<\/p>\n

El registrador<\/strong> inscribe el \u00a0auto de adjudicaci\u00f3n y mandamiento de cancelaci\u00f3n de cargas, pero no accede a la cancelaci\u00f3n de la anotaci\u00f3n<\/strong> al considerar que se trata de un supuesto excepcional, ya que, siguiendo la doctrina de la Direcci\u00f3n General, en las prohibiciones de disponer de origen penal existe un componente de orden p\u00fablico que no puede ser pasado por alto, pues la seguridad econ\u00f3mica de los deudores no debe prevalecer sobre los superiores intereses de los ciudadanos, como pueden ser los penales, cumpliendo adem\u00e1s una funci\u00f3n de tutela de intereses p\u00fablicos.<\/p>\n

Por otro lado destaca que del mandamiento que dio lugar a la anotaci\u00f3n, que constaba archivado en el Registro, se dirige contra el titular de la hipoteca que se ejecuta, \u00a0y tambi\u00e9n, entre otros, contra la mercantil adjudicataria.<\/p>\n

\u00a0El recurrente<\/strong>, por su parte, alega que no existe ninguna excepci\u00f3n legal al principio de purga hipotecaria y que el registrador no puede incumplir la orden de cancelaci\u00f3n recogida en el mandamiento.<\/p>\n

Decisi\u00f3n:<\/strong><\/p>\n

\u00a0La Direcci\u00f3n General desestima el recurso<\/strong> y confirma la nota de calificaci\u00f3n del registrador.<\/p>\n

Comienza haciendo referencia a su reiterada doctrina sobre la calificaci\u00f3n de los documentos judiciales<\/strong> por la que el respeto a la funci\u00f3n jurisdiccional, impone a todas las autoridades y funcionarios p\u00fablicos, incluidos por ende los registradores de la Propiedad, la obligaci\u00f3n de cumplir las resoluciones judiciales. Lo que no obsta a que el registrador tenga sobre las mismas \u00a0la obligaci\u00f3n de calificar determinados extremos, entre los cuales no est\u00e1 el fondo de la resoluci\u00f3n, pero si\u0301 el de examinar si del Registro resulta alg\u00fan obst\u00e1culo que impida la inscripci\u00f3n (art\u00edculo 100 del Reglamento Hipotecario<\/a>).<\/p>\n

En definitiva, el registrador est\u00e1 legitimado para rechazar la inscripci\u00f3n de una resoluci\u00f3n judicial si existe a su juicio alg\u00fan obst\u00e1culo registral que lo impida.<\/p>\n

Sentado lo anterior se centra en las peculiaridades del procedimiento de ejecuci\u00f3n hipotecaria<\/strong>, una\u00a0 de sus consecuencias directas es la que resulta de \u00a0los art\u00edculos 134 de la Ley Hipotecaria<\/a> y 674 de la Ley de Enjuiciamiento Civil<\/a>, que implican la cancelaci\u00f3n de la hipoteca que motiv\u00f3 la ejecuci\u00f3n, as\u00ed como la de todas las cargas, grav\u00e1menes e inscripciones de terceros poseedores que sean posteriores a ellas, sin excepci\u00f3n, incluso las que se hubieran verificado con posterioridad a la nota marginal de expedici\u00f3n de certificaci\u00f3n de cargas en el correspondiente procedimiento. Alcanzando tambi\u00e9n, como se\u00f1ala el primer inciso del art\u00edculo 131 de la Ley Hipotecaria<\/a>, a las anotaciones preventivas de demanda de nulidad de la propia hipoteca o cualesquiera otras que no se basen en alguno de los supuestos que puedan determinar la suspensi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n, siempre que sean posteriores a la nota marginal de expedici\u00f3n de certificaci\u00f3n de cargas.<\/p>\n

Por lo tanto, ser\u00e1n objeto de cancelaci\u00f3n<\/strong> todas las cargas que no tengan rango preferente a la hipoteca que ha dado lugar a la ejecuci\u00f3n y solo podr\u00e1n \u00a0subsistir<\/strong> aquellas cargas que sean preferentes a la hipoteca<\/strong> que fundamenta la ejecuci\u00f3n y las inscripciones contempladas como excepci\u00f3n en el p\u00e1rrafo segundo del mismo art\u00edculo 134 (\u00abtan solo subsistir\u00e1n las declaraciones de obras nuevas y divisiones horizontales posteriores, cuando de la inscripci\u00f3n de la hipoteca resulte que esta se extiende por ley o por pacto a las nuevas edificaciones\u00bb), o en general, las inscripciones que publiquen cualidades o derechos a favor de la finca subastada o hagan referencia a sus caracter\u00edsticas f\u00edsicas, siempre que no impliquen restricciones o limitaciones de las facultades del dominio.<\/p>\n

Trat\u00e1ndose de anotaciones de prohibiciones de disponer decretadas en procesos penales y en expedientes administrativos no cabe duda de que \u00a0en las mismas \u00a0existe cierto componente de orden p\u00fablico<\/strong> que no puede ser pasado por alto pues la seguridad econ\u00f3mica de los deudores no debe prevalecer sobre superiores intereses de los ciudadanos como pueden ser los penales o los urban\u00edsticos.<\/p>\n

\u00a0Lo que implica que, se aplique el principio de prioridad establecido en el art\u00edculo 17<\/a> frente a la interpretaci\u00f3n m\u00e1s o menos literal y laxa del art\u00edculo 145 del Reglamento Hipotecario<\/a> en las prohibiciones voluntarias y derivadas de procedimientos civiles, provocando as\u00ed el cierre registral incluso cuando se trata de actos anteriores a la prohibici\u00f3n.<\/p>\n

As\u00ed, en \u00a0este expediente el registrador se niega a cancelar una anotaci\u00f3n relativa a la existencia de un proceso penal, que afecta al derecho real de hipoteca que es objeto de ejecuci\u00f3n, y, dado que en su momento no pudo practicarse la anotaci\u00f3n de prohibici\u00f3n de disponer, puesto que la persona investigada en el procedimiento no era titular de la finca sino de la hipoteca que la gravaba, ello provoca que exista un cierto componente de orden p\u00fablico que no puede ser pasado por alto, prevaleciendo los superiores intereses de los ciudadanos<\/strong> como pueden ser en este caso los penales.<\/p>\n

Tambi\u00e9n se tiene en cuenta el hecho de que entre los encausados en el proceso penal que origin\u00f3 la anotaci\u00f3n se encuentra la entidad que ha resultado adjudicataria en el procedimiento de ejecuci\u00f3n hipotecaria y aunque ello no implica la identidad entre acreedor y adjudicatario, si justifica el mantenimiento de una medida que evidentemente el actual titular, la sociedad adjudicataria, no puede alegar desconocer. (MGV)<\/p>\n

PDF (BOE-A-2017-7786 – 9\u00a0p\u00e1gs.<\/abbr>\u00a0– 214\u00a0KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n<\/a>

<\/a>276.** INSCRIPCI\u00d3N DE REPRESENTACI\u00d3N GR\u00c1FICA CATASTRAL: DUDAS DEL REGISTRADOR AL COMIENZO DEL PROCEDIMIENTO DEL ART. 199 LH.\u00a0<\/span><\/h6>\n

Resoluci\u00f3n de 9 de junio de 2017, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci\u00f3n de la registradora de la propiedad de Oviedo n.\u00ba 4, por la que se suspende la inscripci\u00f3n de una representaci\u00f3n gr\u00e1fica catastral. (ACM)<\/p>\n

HECHOS:<\/strong>\u00a0Sobre una finca que desde 2005, se han practicado 2 excesos de cabida<\/em><\/u>, se solicita ahora a la registradora, como operaci\u00f3n registral espec\u00edfica<\/em> por el procedimiento del Art. 199 LH<\/a>,<\/strong> una reducci\u00f3n de cabida<\/em> (del 18{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}) <\/strong>de la superficie, presentando, entre otros documentos, una certificaci\u00f3n catastral descriptiva y gr\u00e1fica (e informe topogr\u00e1fico).<\/p>\n

La REGISTRADORA<\/strong> califica \u201ca l\u00edmine\u201d <\/em>y negativamente<\/strong>, rechazando ab initio<\/em> la tramitaci\u00f3n para evitar tr\u00e1mites posteriores injustificados, expresando sus dudas sobre la identidad y correspondencia de la finca, ante las sucesivas rectificaciones de superficie que ha venido experimentando, incluso con alteraci\u00f3n de linderos fijos, lo que origina dudas fundadas<\/strong> no solo de la realidad de la finca, sino de que existan segregaciones y parcelaciones previas<\/strong> no documentadas, o fincas no inmatriculadas <\/strong>que ahora se quieran englobar en la finca inscrita;<\/p>\n

El INTERESADO<\/strong> recurre <\/strong>alegando que se trata de un antiguo error material<\/em> y explicando que su origen \u201c<\/em>resulta de un plano en base al cual se obtuvo la superficie citada [la inscrita] y en el que estaban incluidas conjuntamente como si fueran una sola 2 fincas distintas y colindantes <\/strong>entre s\u00ed (la n\u00ba 7 y la n\u00ba 8) y en cuyo per\u00edmetro aparecen 2 fincas urbanas<\/strong> situadas al Sureste (\u2026) que hoy son las parcelas catastrales con referencias (\u2026), que pertenecen a distintos propietarios<\/u> y que desde siempre hab\u00edan sido fincas jur\u00eddicamente independientes<\/u> y diferentes de la que motiva el presente recurso.<\/em>\u201d.<\/p>\n

La DGRN<\/strong>\u00a0desestima <\/strong>el recurso y confirma la calificaci\u00f3n<\/strong> se\u00f1alando, al igual que en las RR. de 17 octubre 2014<\/a> y 21 marzo 2016<\/a>, que resultan fundadas las dudas<\/strong> de la registradora, manifestadas con claridad <\/strong>en la nota de calificaci\u00f3n, en cuanto a la existencia de una reiteraci\u00f3n de modificaciones<\/u> descriptivas<\/u> as\u00ed como posibles negocios no documentados<\/u>; y que adem\u00e1s quedan corroboradas con los datos y documentos aportados <\/em>y de las propias alegaciones del recurrente<\/em> <\/strong>relativas a que la cabida de la finca comprende fincas distintas e independientes, lo que confirma la posible existencia de operaciones de modificaci\u00f3n de entidades hipotecarias encubiertas.<\/p>\n

Lo que s\u00ed podr\u00e1 el recurrente es acudir al espec\u00edfico procedimiento ante notario<\/u> <\/strong>para la rectificaci\u00f3n de descripci\u00f3n previsto en el art. 201 LH<\/a>, en cuya tramitaci\u00f3n podr\u00edan practicarse diligencias que permitan disipar las dudas<\/em><\/strong> expuestas por la registradora [dejando siempre a salvo la posibilidad de acudir al juicio declarativo<\/em> correspondiente, ex art. 198 \u201cin fine\u201d <\/em>LH<\/a>]. (ACM<\/a>).<\/p>\n

PDF (BOE-A-2017-7787 – 7\u00a0p\u00e1gs.<\/abbr>\u00a0– 204\u00a0KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n<\/a>

<\/a>277.** SOLICITUD DE RECTIFICACI\u00d3N REGISTRAL SIN UNANIMIDAD.\u00a0<\/span><\/h6>\n

Resoluci\u00f3n de 9 de junio de 2017, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci\u00f3n del registrador de la propiedad de Barcelona n.\u00ba 4, por la que se suspende la inscripci\u00f3n de una solicitud de rectificaci\u00f3n en virtud de instancia privada.\u00a0<\/p>\n

Hechos: <\/strong>se presenta instancia privada solicitando la rectificaci\u00f3n del error de las inscripciones 1\u00ba, 2\u00ba y 3\u00ba de una determinada finca registral. El error consiste en variar el contenido atribuyendo una participaci\u00f3n o cuota de la titularidad err\u00f3nea sobre dicha finca.<\/p>\n

El Registrador <\/strong>califica negativamente por la falta de acuerdo un\u00e1nime de todos los interesados, sin el cual, la rectificaci\u00f3n s\u00f3lo podr\u00e1 llevarse a cabo en virtud de una resoluci\u00f3n judicial que as\u00ed lo ordene.<\/p>\n

La DGRN confirma la calificaci\u00f3n y reitera su doctrina sobre rectificaci\u00f3n de asientos del Registro. Por todas, R. de 9 de noviembre de 2009.<\/a><\/p>\n

I. La rectificaci\u00f3n de los asientos<\/u>.<\/p>\n

La rectificaci\u00f3n de los asientos exige: bien el consentimiento del titular registral y de todos aquellos a los que el asiento atribuya alg\u00fan derecho, bien la oportuna resoluci\u00f3n judicial reca\u00edda en juicio declarativo entablado contra todos aquellos a quienes el asiento que se trate de rectificar conceda alg\u00fan derecho. Vid. Art\u00edculo 40 LH<\/a>.\u00a0<\/p>\n

Uno de los supuestos de inexactitud registral<\/strong> puede venir motivado por la existencia de errores materiales o de concepto en la redacci\u00f3n del asiento. El art\u00edculo 40 \u201cc\u201d LH<\/a> se\u00f1ala que en este caso el Registro se rectificar\u00e1 en la forma determinada en el T\u00edtulo VII.<\/p>\n

II.\u00a0 Error material \/ error de concepto<\/u>.<\/p>\n

El art\u00edculo 212 LH<\/a> exige para considerar un error como material<\/strong> que con el mismo no se cambie el sentido general de la inscripci\u00f3n ni de ninguno de sus conceptos; por otra parte, el art\u00edculo 216<\/a> se\u00f1ala que se comete error de concepto <\/strong>cuando al expresar en la inscripci\u00f3n alguno de los contenidos en el t\u00edtulo se altere o var\u00ede su verdadero sentido.<\/p>\n

III.\u00a0Rectificaci\u00f3n de los errores de concepto<\/u>.<\/p>\n

Del art\u00edculo 217 LH<\/a> resultan dos procedimientos <\/strong>para la rectificaci\u00f3n de los errores de concepto:<\/p>\n

1) El que exige el acuerdo un\u00e1nime de los interesados y del registrador o, en su defecto, resoluci\u00f3n judicial, y,<\/p>\n

2) El que permite la rectificaci\u00f3n de oficio por parte del registrador cuando el error resulte claramente de los asientos practicados o, trat\u00e1ndose de asientos de presentaci\u00f3n y notas, cuando la inscripci\u00f3n principal respectiva baste para darlo a conocer.<\/p>\n

\u00a0 \u00a0 \u00a0En el caso resuelto<\/strong>, la DGRN, como ha quedado expuesto, confirma la calificaci\u00f3n registral toda vez que el error no se deduce del contenido del propio Registro, en el arrastre de cargas o traslado de asientos, sino que el alegado error provendr\u00eda del traslado del contenido del t\u00edtulo a las inscripciones registrales. En consecuencia, ser\u00e1 necesario que conste el consentimiento de todos los titulares de derechos inscritos o anotados que puedan verse perjudicados o, en su defecto, deber\u00e1 acudirse a un procedimiento judicial entablado contra aqu\u00e9llos. (ER)<\/p>\n

PDF (BOE-A-2017-7788 – 13\u00a0p\u00e1gs.<\/abbr>\u00a0– 260\u00a0KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n<\/a>

<\/a>278.*** HERENCIA DE CAUSANTE VASCO CON SUPERVENIENCIA DE HIJOS AL TESTAMENTO. DERECHO INTERREGIONAL E INTERTEMPORAL.<\/span><\/h6>\n

Resoluci\u00f3n de 12 de junio de 2017, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificaci\u00f3n de la registradora de la propiedad de San Sebasti\u00e1n n.\u00ba 6, por la que se suspende la inscripci\u00f3n de una escritura de aceptaci\u00f3n y adjudicaci\u00f3n de herencia. (IES)<\/p>\n

Hechos:<\/strong> Debe decidirse si es o no inscribible una escritura de adjudicaci\u00f3n de herencia en la que concurren las circunstancias siguientes: por testamento otorgado en el a\u00f1o 1994 se instituye heredero universal al \u00fanico hijo y legitimario que ten\u00eda entonces el causante; posteriormente, nacen otros dos hijos del testador, pero no se produce el otorgamiento de ning\u00fan otro testamento; el testador fallece el d\u00eda 3 de septiembre de 2016 con vecindad civil foral vasca y tras la entrada en vigor de la nueva legislaci\u00f3n de Derecho Civil Vasco.<\/p>\n

La registradora<\/strong> se\u00f1ala como defecto que se da una superveniencia de hijos que no exist\u00edan al tiempo de otorgarse el testamento, por lo que dif\u00edcilmente es pensable que la intenci\u00f3n del testador fuera la de desheredar a estos hijos sobrevenidos tras el otorgamiento; que es una cuesti\u00f3n de interpretaci\u00f3n del testamento, interpretaci\u00f3n cuya principal finalidad es investigar la voluntad real o al menos probable del testador, en s\u00ed misma, atendiendo incluso a circunstancias exteriores al testamento y, por tanto, a menos que haya base interpretativa suficiente en el testamento para entender lo contrario, la voluntad testamentaria a determinar ser\u00e1 la existente en el momento de la perfecci\u00f3n del testamento con arreglo a la ley y criterios de interpretaci\u00f3n entonces vigentes.<\/p>\n

El notario<\/strong> recurrente alega lo siguiente: que, en cuanto al conflicto intertemporal, por las normas aplicables, rige la nueva legislaci\u00f3n del Pa\u00eds Vasco; que, en cuanto al conflicto interregional, conforme la vecindad civil del causante al tiempo de apertura de la sucesi\u00f3n, el sistema de leg\u00edtimas aplicable es el de la nueva legislaci\u00f3n del Pa\u00eds Vasco; que la designaci\u00f3n de un hijo como \u00fanico heredero salva la leg\u00edtima de la Ley 5\/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco.<\/a><\/p>\n

El Centro directivo <\/strong>resuelve dos cuestiones<\/strong> que se plantean:<\/p>\n

– <\/strong>Un primer conflicto derivado del hecho de que, en una misma regi\u00f3n de Derecho Foral coexisten en una materia el C\u00f3digo Civil y la legislaci\u00f3n foral civil. <\/strong><\/p>\n

–<\/strong> Y un segundo conflicto consistente en que una misma persona ha ostentado en el transcurso del tiempo durante diferentes per\u00edodos de su vida dos vecindades civiles: com\u00fan y vasca.<\/strong><\/p>\n

Para la resoluci\u00f3n de ambas cuestiones, aplica el art\u00edculo 9 de la Ley 5\/2015, de 25 de junio<\/a>, de Derecho Civil Vasco, que dice:<\/p>\n

\u00abNormas de conflicto. Corresponde al Parlamento Vasco la delimitaci\u00f3n del \u00e1mbito territorial de vigencia de la ley civil vasca y, en su caso, las normas de resoluci\u00f3n de conflictos internos de leyes, en cuanto subsista dentro del territorio de la Comunidad Aut\u00f3noma del Pa\u00eds Vasco la pluralidad legislativa.<\/p>\n

2. A falta de normas especiales, los conflictos de leyes a los que d\u00e9 lugar la coexistencia de varios ordenamientos jur\u00eddicos se resolver\u00e1n de acuerdo con las normas de car\u00e1cter general dictadas por el Estado, atendiendo a la naturaleza de las respectivas instituciones\u00bb.<\/p>\n

En este sentido, el art\u00edculo 3 de la citada ley dice:\u00a0\u00abEl derecho supletorio. 1. En defecto de ley o de costumbre foral aplicable, regir\u00e1 como supletorio el C\u00f3digo Civil y las dem\u00e1s disposiciones generales\u00bb.<\/p>\n

Y la disposici\u00f3n transitoria primera de la Ley 5\/2015 de Derecho Civil Vasco dice: \u00abConflictos intertemporales. Los conflictos intertemporales entre esta ley y las que deroga se resolver\u00e1n aplicando las disposiciones transitorias preliminar, 1.\u00aa, 2.\u00aa, 3.\u00aa, 4.\u00aa y 12.\u00aa del C\u00f3digo Civil\u00bb.<\/p>\n

Por lo tanto, debemos acudir al C\u00f3digo Civil para la soluci\u00f3n de los dos conflictos indicados<\/strong>.<\/p>\n

En cuanto al conflicto de derecho intertemporal,<\/strong> siendo aplicable el C\u00f3digo Civil, este cuerpo legal hace alusi\u00f3n a los conflictos intertemporales en la disposici\u00f3n transitoria duod\u00e9cima de dicho C\u00f3digo Civil<\/a> y disposici\u00f3n transitoria octava de la Ley de 11\/1981, de 13 de mayo<\/a>, de las que se deduce que rige el principio de que las sucesiones abiertas antes de entrar en vigor una ley se rigen por la legislaci\u00f3n anterior y las abiertas despu\u00e9s por la nueva legislaci\u00f3n y que en consecuencia el sistema de leg\u00edtimas aplicable ser\u00e1 el correspondiente a la nueva legislaci\u00f3n pero siempre respetando en la medida de lo posible las disposiciones testamentarias que son la esencia que rige la sucesi\u00f3n, esto es, el imperio de la voluntad del causante<\/strong>. Referidos a la sucesi\u00f3n objeto de este expediente, recoge el n\u00famero 4 del art\u00edculo 48 de la Ley de Derecho Civil Vasco, que: \u00abLa preterici\u00f3n, sea o no intencional, equivale a su apartamiento\u00bb. Por otro lado, el n\u00famero 2 del art\u00edcul<\/strong>o 48 del mismo texto legal, establece que: \u00abEl causante est\u00e1 obligado a transmitir la leg\u00edtima a sus legitimarlos, pero puede elegir entre ellos a uno o varios y apartar a los dem\u00e1s, de forma expresa o t\u00e1cita\u00bb.<\/p>\n

As\u00ed pues, siendo que en la presente sucesi\u00f3n queda un heredero que es hijo y que absorbe la leg\u00edtima de todos los descendientes, preteridos o no, y siendo adem\u00e1s de aplicaci\u00f3n el art\u00edculo 48 de la Ley 5\/2015 en su n\u00famero 2, con la literal y rigurosa aplicaci\u00f3n de las normas, nada pueden reclamar los otros hijos habidos por el causante, aun cuando eran absolutamente desconocidos por el testador al tiempo del otorgamiento de su testamento<\/strong>.<\/p>\n

En cuanto a la segunda de las cuestiones previas se refiere, existe un conflicto de derecho interregional:<\/strong> el testamento est\u00e1 otorgado bajo la normativa del C\u00f3digo Civil por un testador que en el momento de su otorgamiento ten\u00eda vecindad civil com\u00fan <\/strong>pero que en el momento de su fallecimiento,<\/strong> por modificaci\u00f3n de la ley, tiene vecindad civil foral vasca.<\/strong><\/p>\n

De nuevo, por env\u00edo de la norma vasca tenemos que remitirnos al C\u00f3digo Civil como derecho supletorio, cuyo art\u00edculo <\/a>16 dice:<\/p>\n

\u00ab1. Los conflictos de leyes que puedan surgir por la coexistencia de distintas legislaciones civiles en el territorio nacional se resolver\u00e1n seg\u00fan las normas contenidas en el cap\u00edtulo IV con las siguientes particularidades: (\u2026)\u00bb, y dentro del citado cap\u00edtulo IV el art\u00edculo 9.8<\/a> recoge lo siguiente: \u00abLa sucesi\u00f3n por causa de muerte se regir\u00e1 por la Ley nacional del causante en el momento de su fallecimiento, cualesquiera que sean la naturaleza de los bienes y el pa\u00eds donde se encuentren. Sin embargo, las disposiciones hechas en testamento y los pactos sucesorios ordenados conforme a la Ley nacional del testador o del disponente en el momento de su otorgamiento conservar\u00e1n su validez aunque sea otra la ley que rija la sucesi\u00f3n, si bien las leg\u00edtimas se ajustar\u00e1n, en su caso a esta Ultima. Los derechos que por ministerio de la ley se atribuyan al c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite se regir\u00e1n por la misma ley que regule los efectos del matrimonio, a salvo siempre las leg\u00edtimas de los descendientes\u00bb.<\/p>\n

Aplicado dicho art\u00edculo a los conflictos de Derecho interregional, la sucesi\u00f3n se rige por la vecindad civil del causante en el momento de su fallecimiento, que ha sido la vasca, si bien el testamento otorgado bajo la vigencia de la vecindad civil com\u00fan es v\u00e1lido pero las leg\u00edtimas se ajustan a la vecindad civil vasca que es la que rige la sucesi\u00f3n. <\/strong>De ah\u00ed que sea aplicable como se ha dicho antes el art\u00edculo 48.2 de la Ley 5\/2015, de 25 de junio. \u00a0<\/p>\n

En este caso se ha respetado la leg\u00edtima de los descendientes regulada en la Ley 5\/2015, de 25 de junio; la leg\u00edtima se salva en la persona de su hijo nombrado heredero<\/strong>.<\/p>\n

No se trata de un problema de interpretaci\u00f3n de un testamento sino de aplicaci\u00f3n de la Ley<\/strong>. A este respecto, la evoluci\u00f3n del Derecho Foral de Vizcaya, antecedente indiscutido en la regulaci\u00f3n actual del Derecho Civil Vasco, ha sido clara: la Compilaci\u00f3n de 30 de julio de 1959 admit\u00eda el apartamento expreso o t\u00e1cito, pero exig\u00eda que constara claramente la voluntad del testador de apartar de su herencia a descendientes (art\u00edculo 23). Posteriormente, la Ley 3\/1992, de 1 de julio, del Derecho Civil Foral del Pa\u00eds Vasco, mantuvo la misma doctrina y regul\u00f3 los efectos de la preterici\u00f3n no intencional, dando derecho al preterido a \u00abuna cuota igual a la del sucesor de igual grado menos favorecido\u00bb (art\u00edculo 54). Y la Ley 5\/2015, de 25 de junio, actualmente vigente es clara; no exige que conste la voluntad expresa de apartar, y equipara al apartamiento la preterici\u00f3n, intencional o no.<\/p>\n

La l\u00ednea evolutiva del Derecho Foral en el Pa\u00eds vasco ha sido constante desde los lejanos tiempos anteriores a la Compilaci\u00f3n en que, para salvar la \u00ableg\u00edtima formal\u00bb de los apartados, se utilizaba la f\u00f3rmula notarial de asignarles a los mismos \u00abun real de vell\u00f3n, un palmo de tierra y una teja\u00bb. El causante ostentaba vecindad civil foral vasca al tiempo de su fallecimiento, lo que no se discute en la calificaci\u00f3n, pues as\u00ed lo determina la disposici\u00f3n transitoria s\u00e9ptima de la Ley 5\/2015, de 25 de junio<\/a>.<\/p>\n

En consecuencia, es plenamente aplicable el art\u00edculo 48.4 de la Ley 5\/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco<\/strong>. De ah\u00ed que en la sucesi\u00f3n del causante solamente es heredero su hijo llamado en el testamento, ya que sus otros dos hijos al haber sido preteridos se consideran, conforme la aplicaci\u00f3n estricta del art\u00edculo 48, apartados de la referida herencia. Adem\u00e1s, el art\u00edculo 814 del C\u00f3digo Civil en su \u00faltimo p\u00e1rrafo dice: \u00abA salvo las leg\u00edtimas, tendr\u00e1 preferencia en todo caso lo ordenado por el testador\u00bb y siendo que han sido salvadas las leg\u00edtimas con el apartamiento legal del art\u00edculo 48 de la Ley 5\/2015, debe imperar la voluntad manifestada por el testador en su \u00faltimo testamento.<\/p>\n

La Direcci\u00f3n General estima el recurso<\/strong> interpuesto y revoca la calificaci\u00f3n.<\/p>\n

\u00a0Aclaraci\u00f3n.-<\/strong> La Disposici\u00f3n Transitoria S\u00e9ptima de la Ley 5\/2015, bajo el t\u00edtulo \u201catribuci\u00f3n de la vecindad civil vasca\u201d, dispone en su p\u00e1rrafo primero: \u201cDesde la entrada en vigor de esta ley, quienes gocen de la vecindad civil<\/strong> en cualquiera de los territorios de la Comunidad Aut\u00f3noma del Pa\u00eds Vasco, adquirir\u00e1n autom\u00e1ticamente la vecindad civil vasca y la vecindad civil local que, en su caso, les corresponda\u201d. A su vez su art\u00edculo\u00a010.1 establece que \u201cel Derecho civil de la Comunidad Aut\u00f3noma del Pa\u00eds Vasco se aplica a todas aquellas personas que tengan vecindad civil vasca\u201d; por tanto, quien a la entrada en vigor de la Ley ten\u00eda vecindad civil en un territorio vasco sometido al C\u00f3digo Civil, (por ejemplo, Bilbao) y por tanto su vecindad era la com\u00fan, pasa a tener vecindad civil vasca y queda sometido al Derecho Civil Vasco y quien ten\u00eda vecindad civil en un territorio vasco con Derecho propio, con la vigencia de la Ley 5\/2015 ha pasado a tener vecindad civil vasca con la vecindad civil local que, en su caso, le corresponda. (IES)<\/p>\n

PDF (BOE-A-2017-7789 – 6\u00a0p\u00e1gs.<\/abbr>\u00a0– 189\u00a0KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n<\/a>

<\/a>279.* INADMISI\u00d3N DEL RECURSO. OPOSICI\u00d3N A INMATRICULACI\u00d3N PREVIA: EL RECURSO GUBERNATIVO NO ES CAUCE ADECUADO.<\/strong><\/span><\/h6>\n

Resoluci\u00f3n de 12 de junio de 2017, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota calificaci\u00f3n del registrador de la propiedad de Puerto del Rosario n.\u00ba 1, por la que se suspende la inscripci\u00f3n de una escritura de donaci\u00f3n.<\/p>\n

Hechos:<\/strong> Se formaliza una escritura de donaci\u00f3n de la nuda propiedad de una vivienda, la cual no constaba inscrita en el registro de la propiedad a favor de la donante, debido a que se hab\u00edan presentado con anterioridad, en dicho registro, una serie de t\u00edtulos previos (uno de ellos a favor de dicha madre donante) pero que hab\u00edan sido calificados negativamente, por el registrador, el cual hab\u00eda hecho constar que, la finca ahora donada y cuya inmatriculaci\u00f3n se pretende, estaba ya inmatriculada e inscrita, en favor de persona, distinta de la donante y de la que \u00e9sta, adem\u00e1s, no era causahabiente.<\/p>\n

Registrador<\/strong>: Hace constar que falta la previa inscripci\u00f3n, en favor de la donante, de la finca donada, la cual se encontraba comprendida dentro de otra finca ya inmatriculada e inscrita, por lo que no era posible la inmatriculaci\u00f3n de la finca donada. Y adem\u00e1s esta divisi\u00f3n horizontal, previa a la donaci\u00f3n (en la que se hab\u00eda constituido, como elemento independiente, la finca donada) hab\u00eda sido modificada, sin que se modificara la escritura de donaci\u00f3n, por lo que la descripci\u00f3n de la finca donada no coincid\u00eda con la que consta en el t\u00edtulo previo.<\/p>\n

Recurrente<\/strong>: La donataria recurre, alegando que, a trav\u00e9s de un expediente de dominio anterior, se hab\u00eda inmatriculado a favor de un tercero, una finca (en cuyo interior se encontraba incluida la finca donada \u2013 se trataba de un elemento de una divisi\u00f3n horizontal-) pero sobre la base de una herencia, en la que la donataria no ostentaba ning\u00fan derecho, pese a alegar que, hab\u00eda adquirido la finca, por herencia de sus padres, fallecidos hac\u00eda m\u00e1s de 15 a\u00f1os; y que el actual titular registral de la finca (en cuyo interior se encontraba incluida la finca donada) lo hab\u00eda logrado en base al art\u00edculo 205 LH, cuyos efectos protectores no se produc\u00edan hasta transcurridos 2 a\u00f1os desde su fecha, espacio temporal que todav\u00eda no hab\u00eda transcurrido.<\/p>\n

\u00a0Doctrina de la DG: <\/strong>Hace constar que la recurrente no formula recurso alguno, sino que est\u00e1 mostrando su oposici\u00f3n a una inmatriculaci\u00f3n ya practicada<\/strong> y que se encuentra bajo la salvaguarda de los tribunales y cuya inscripci\u00f3n, produce todos sus efectos mientras no se declare su inexactitud (art\u00edculo 1 LH)<\/a>. No es pues el recurso ante la DG el cauce h\u00e1bil para su impugnaci\u00f3n, sino que la misma ha de hacerse mediante demanda ante los tribunales de justicia, en los t\u00e9rminos que se\u00f1ala la LH (art 66 LH)<\/a>.<\/p>\n

\u00a0Adem\u00e1s la DG hace constar<\/strong>: Que si la recurrente considera que la inmatriculaci\u00f3n previa es incorrecta, puede promover la rectificaci\u00f3n del registro<\/strong>, conforme al art\u00edculo 40 LH (art. 40 LH)<\/a>, y que esta rectificaci\u00f3n no perjudica los derechos adquiridos por tercero a t\u00edtulo oneroso y de buena fe, durante la vigencia del asiento inexacto. Por tanto no basta con manifestar oposici\u00f3n al registro, sino que hay que impugnar formalmente la inscripci\u00f3n practicada. Adem\u00e1s, la primera inmatriculaci\u00f3n no se llev\u00f3 a cabo a trav\u00e9s del art\u00edculo 205 LH (art. 205 LH)<\/a> sino a trav\u00e9s de un expediente de dominio, al que no le resulta aplicable la limitaci\u00f3n de los dos a\u00f1os del art\u00edculo 207 LH (art. 207 LH)<\/a>.<\/p>\n

La DG acuerda pues inadmitir el recurso planteado.\u00a0 (JLN)<\/p>\n

PDF (BOE-A-2017-7790 – 4\u00a0p\u00e1gs.<\/abbr>\u00a0– 175\u00a0KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n<\/a>

<\/a>280.** LA SENTENCIA POR PRESCRIPCI\u00d3N ADQUISITIVA HA DE AUTOLIQUIDARSE.<\/span><\/h6>\n

Resoluci\u00f3n de 12 de junio de 2017, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci\u00f3n extendida por el registrador de la propiedad de M\u00e1laga n.\u00ba 3, por la que se suspende la inscripci\u00f3n del testimonio de una sentencia en la que se reconoce la adquisici\u00f3n de una vivienda por prescripci\u00f3n.<\/p>\n

Hechos:<\/strong><\/p>\n

Se trata del testimonio de una sentencia firme<\/strong> por la que se reconoce, por prescripci\u00f3n adquisitiva, la titularidad de una finca registral.<\/p>\n

Se presenta junto con una \u00abconsulta vinculante\u00bb, de la Secretar\u00eda de Estado de Hacienda, Direcci\u00f3n General de Tributos, en la que se plantea si la prescripci\u00f3n adquisitiva est\u00e1 sujeta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur\u00eddicos Documentados, llegando a la conclusi\u00f3n de que no est\u00e1 sujeta<\/strong> a ninguna de dichas modalidades del Impuesto, as\u00ed como que la sentencia que lo declare tampoco est\u00e1 sujeta.<\/p>\n

El registrador suspende<\/strong> la inscripci\u00f3n, considerando como defectos los siguientes:<\/p>\n

    \n
  1. Que el mandamiento se encuentra sin liquidar<\/strong>, debi\u00e9ndose de acreditar el pago o la no sujeci\u00f3n de los impuestos establecidos de conformidad con el art\u00edculo 254 de la Ley Hipotecaria.<\/li>\n
  2. Que la consulta no es el documento que se pretende inscribir por lo que sobre ella decidir\u00e1 la oficina correspondiente de los tributos cedidos de la Comunidad.<\/li>\n
  3. Finalmente considera que hay una presumible Transmisi\u00f3n Patrimonial en base al reconocimiento de dominio que se plasma en el documento a inscribir.<\/li>\n<\/ol>\n

    La \u00a0recurrente por su parte alega la no sujeci\u00f3n de la prescripci\u00f3n adquisitiva<\/strong> al pago del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur\u00eddicos Documentados en base a la consulta vinculante presentada junto con el documento a inscribir.<\/p>\n

    Decisi\u00f3n:<\/strong><\/p>\n

    La\u00a0 Direcci\u00f3n General\u00a0 desestima el recurso<\/strong> y confirma la nota de calificaci\u00f3n del registrador.<\/p>\n

    Comienza nuestro Centro Directivo haciendo referencia a el art\u00edculo 254.1 de la Ley Hipotecaria<\/a> considerando que no es sino la reproducci\u00f3n en el \u00e1mbito de la legislaci\u00f3n registral de lo dispuesto con car\u00e1cter general en el art\u00edculo 54 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur\u00eddicos Documentados<\/a>.<\/p>\n

    Esta \u00faltima disposici\u00f3n se desarrolla por los art\u00edculos 122 y 123 del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur\u00eddicos Documentados<\/a>, aprobado por el Real Decreto 828\/1995, de 29 de mayo, y en el \u00faltimo de tales preceptos reglamentarios se deja a \u00absalvo lo previsto en la legislaci\u00f3n hipotecaria\u00bb, lo que supone que ser\u00e1 posible sin necesidad de tal justificaci\u00f3n la pr\u00e1ctica del asiento de presentaci\u00f3n tal como contempla el art\u00edculo 255 de la Ley Hipotecaria.<\/a><\/p>\n

    La doctrina de la DG en esta materia consiste en que el \u00a0registrador, ante cualquier operaci\u00f3n jur\u00eddica cuya registraci\u00f3n se solicite, no s\u00f3lo ha de calificar su validez y licitud, sino decidir tambi\u00e9n si se halla sujeto o no a impuestos, as\u00ed:<\/p>\n