{"id":40077,"date":"2017-09-11T21:01:03","date_gmt":"2017-09-11T19:01:03","guid":{"rendered":"http:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/?p=40077"},"modified":"2017-10-24T22:11:32","modified_gmt":"2017-10-24T20:11:32","slug":"responsabilidad-patrimonial-administracion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/secciones\/doctrina\/articulos-doctrina\/responsabilidad-patrimonial-administracion\/","title":{"rendered":"La responsabilidad patrimonial de la administraci\u00f3n en las leyes 39\/2015 y 40\/2015, de 1 de octubre"},"content":{"rendered":"

<\/a>LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACI\u00d3N EN LAS LEYES 39\/2015 Y 40\/2015, DE 1 DE OCTUBRE<\/strong><\/h1>\n

 <\/p>\n

GABRIEL L\u00d3PEZ SAMANES<\/h2>\n

Abogado del Estado-Jefe en Teruel<\/h2>\n

\u00a0<\/p>\n

INTRODUCCI\u00d3N<\/b><\/h2>\n

La entrada en vigor de las Leyes 39\/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas y 40\/2015, de 1 de octubre, de R\u00e9gimen Jur\u00eddico del Sector P\u00fablico, han supuesto una notable modificaci\u00f3n de nuestro ordenamiento jur\u00eddico en dos planos distintos. Por un lado, en el seno de las relaciones ad intra<\/em> entre las administraciones p\u00fablicas, tanto en la vertiente interadministrativa como intradministrativa y, por otro lado, en el plano de las relaciones ad extra <\/em>de las administraciones p\u00fablicas con los ciudadanos.<\/p>\n

El principal objetivo del legislador era la unificaci\u00f3n de la regulaci\u00f3n administrativa, como se infiere de la propia exposici\u00f3n de motivos de la Ley 39\/2015, de 1 octubre \u2013de ahora en adelante, LPAC-, que se pronuncia de la siguiente forma: \u201cen\u00a0 coherencia con este contexto, se propone una reforma del ordenamiento jur\u00eddico p\u00fablico articulada en dos ejes fundamentales: las relaciones \u201cad extra\u201d y \u201cad intra\u201d\u00a0 de las administraciones p\u00fablicas\u2026\u201d. <\/em><\/p>\n

Esta tendencia unificadora ha supuesto la derogaci\u00f3n de gran parte de la normativa vigente en esta materia, como se infiere de la propia disposici\u00f3n derogatoria \u00fanica de la LPAC que deroga,\u00a0 entre otras, la Ley 30\/1992, de 26 de noviembre, de R\u00e9gimen Jur\u00eddico de las Administraciones P\u00fablicas y del Procedimiento Administrativo Com\u00fan, la Ley 11\/2007, de 22 de junio, de acceso electr\u00f3nico de los ciudadanos a los Servicios P\u00fablicos, el Real Decreto 429\/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones P\u00fablicas en materia de responsabilidad patrimonial, el Real Decreto 1398\/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora o el Real Decreto 772\/1999, de 7 de mayo. Todo ello, sin perjuicio del r\u00e9gimen transitorio con respecto a los procedimientos administrativos, que se expone en la disposici\u00f3n transitoria tercera del mismo texto legal.<\/p>\n

Una vez expuesto el \u00e1mbito de la nueva regulaci\u00f3n, se procede a focalizar el estudio en torno a las modificaciones en materia de responsabilidad patrimonial de las administraciones p\u00fablicas, cuyo r\u00e9gimen pasa a exponerse en el cap\u00edtulo IV, del T\u00edtulo Preliminar de la Ley 40\/2015, de 1 octubre<\/a> \u2013de ahora en adelante, -LRJSP-, art\u00edculos 32 y siguientes. El r\u00e9gimen de responsabilidad patrimonial de la administraci\u00f3n (cuyo fundamento constitucional se infiere de los art\u00edculos 106.2 y 149.1.18\u00ba de la Constituci\u00f3n de 27 de diciembre de 1978) no sufre modificaci\u00f3n en lo que se refiere a los requisitos generales para apreciar la concurrencia de la responsabilidad patrimonial, dado que los apartados 1\u00ba y 2\u00ba del art\u00edculo 32 de la LRJSP son una plasmaci\u00f3n de lo dispuesto en el art\u00edculo 139 .1\u00ba y 2\u00ba de la Ley 30\/1992, de 26 de noviembre. En consecuencia, para apreciar un supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administraci\u00f3n deber\u00e1n concurrir los requisitos determinados tanto en la v\u00eda legal como en la jurisprudencial, en pronunciamientos tales como las Sentencias del Tribunal Supremo de 24 marzo 1.992 o de 5 octubre 1.993. Son los siguientes:<\/p>\n

a) Que se haya generado un da\u00f1o real y efectivo, evaluable econ\u00f3micamente e individualizado.<\/p>\n

b) Que se trate de relaci\u00f3n directa, inmediata y exclusiva de causa-efecto, sin la concurrencia de circunstancias que puedan enervar el nexo causal, tales como la fuerza mayor o la conducta propia del perjudicado.<\/p>\n

c) La antijuridicidad de la lesi\u00f3n, entendida como la ausencia de la obligaci\u00f3n de soportar el referido da\u00f1o por parte del ciudadano.<\/p>\n

d) Que la reclamaci\u00f3n se efect\u00fae en el plazo de un a\u00f1o desde que se ocasion\u00f3 el citado da\u00f1o.<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO LEGISLADOR<\/strong><\/h2>\n

En materia de responsabilidad del Estado legislador, el nuevo art\u00edculo 32.3 de la LRJSP<\/a>, hereditario del art\u00edculo 139.3 de la Ley 30\/1992, determina que \u201cAsimismo, los particulares tendr\u00e1n derecho a ser indemnizados por las Administraciones P\u00fablicas de toda lesi\u00f3n que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicaci\u00f3n de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jur\u00eddico de soportar cuando as\u00ed se establezca en los propios actos legislativos y en los t\u00e9rminos que en ellos se especifiquen. La responsabilidad del Estado legislador podr\u00e1 surgir tambi\u00e9n en los siguientes supuestos, siempre que concurran los requisitos previstos en los apartados anteriores:<\/em><\/p>\n

a) Cuando los da\u00f1os deriven de la aplicaci\u00f3n de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, siempre que concurran los requisitos del apartado 4.<\/em><\/p>\n

b) Cuando los da\u00f1os deriven de la aplicaci\u00f3n de una norma contraria al Derecho de la Uni\u00f3n Europea, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5.<\/em><\/p>\n

La ley recoge los supuestos que jurisprudencialmente se ven\u00edan admitiendo, si bien con una excepci\u00f3n, ya que sigue sin regular expresamente la responsabilidad por falta de transposici\u00f3n de una directiva que reconozca derechos concretos a los particulares.\u00a0<\/p>\n

En el caso de responsabilidad por normas contrarias al derecho de la UE, el art\u00edculo 32.5 LRJSP<\/a> enumera los requisitos para apreciar la concurrencia de la misma, que son que la norma ha de tener por objeto conferir derechos a los particulares<\/u>, que se trate de un incumplimiento caracterizado<\/u> y que exista una relaci\u00f3n de causalidad directa<\/u> entre el incumplimiento de la obligaci\u00f3n impuesta a la Administraci\u00f3n responsable por el Derecho de la Uni\u00f3n Europea y el da\u00f1o sufrido por los particulares.<\/p>\n

En el caso de responsabilidad por normas con rango de ley declaradas inconstitucionales, el art\u00edculo 32.4 LRJSP<\/a> exige el cumplimiento de dos requisitos. El primero de \u00edndole procesal, que consiste en que se hayan agotado todas las v\u00edas de recurso, tanto en la vertiente administrativa como contencioso administrativa. El segundo, de \u00edndole material, y de acuerdo con un principio de coherencia, que exige que se haya invocado como motivo de impugnaci\u00f3n de la norma, la concurrencia de causa de inconstitucionalidad de la misma. No obstante, en esta materia, es desde el punto de vista del plazo, donde se introduce una novedad relevante, dado que se limita el marco temporal sobre el que puede producir efectos la reclamaci\u00f3n de responsabilidad patrimonial. Aunque el plazo de prescripci\u00f3n para el ejercicio de la acci\u00f3n de reclamaci\u00f3n de responsabilidad patrimonial sigue siendo el mismo, dado que el art\u00edculo 67.1 de la Ley 39\/2015<\/a> determina que \u201cen los casos de responsabilidad patrimonial a que se refiere el art\u00edculo 32, apartados 4 y 5, de la Ley de R\u00e9gimen Jur\u00eddico del Sector P\u00fablico, el derecho a reclamar prescribir\u00e1 al a\u00f1o de la publicaci\u00f3n en el \u00abBolet\u00edn Oficial del Estado\u00bb o en el \u00abDiario Oficial de la Uni\u00f3n Europea\u00bb, seg\u00fan el caso, de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma o su car\u00e1cter contrario al Derecho de la Uni\u00f3n Europea\u201d<\/strong>,\u00a0 <\/em>se introduce una notable limitaci\u00f3n en lo que se refiere al marco temporal de los da\u00f1os que puedan ser indemnizados como consecuencia de la citada declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad de la norma (o de su car\u00e1cter contrario al Derecho de la\u00a0 UE), al precisar el art\u00edculo 34.1 de la LRJSP<\/a> que \u00aben los casos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere los apartados 4 y 5 del art\u00edculo 32, ser\u00e1n indemnizables los da\u00f1os producidos en el plazo de los cinco a\u00f1os anteriores a la fecha de la publicaci\u00f3n de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el car\u00e1cter de norma contraria al Derecho de la Uni\u00f3n Europea<\/strong>, salvo que la sentencia disponga otra cosa\u00bb.<\/em><\/p>\n

De lo expuesto, se infiere que se fija en cinco a\u00f1os<\/strong> el nuevo \u00e1mbito temporal al que como m\u00e1ximo pueden retrotraerse los da\u00f1os indemnizables, una limitaci\u00f3n que busca garantizar el principio de seguridad jur\u00eddica y de coherencia normativa.<\/p>\n

\u00a0<\/em><\/p>\n

RESPONSABILIDAD CONCURRENTE DE LAS ADMINISTRACIONES P\u00daBLICAS<\/strong><\/h2>\n

La interacci\u00f3n entre las administraciones p\u00fablicas determina la posibilidad de que, en determinados supuestos, pueda existir un supuesto de responsabilidad patrimonial, que dimane de la actuaci\u00f3n conjunta de varias administraciones p\u00fablicas, siendo necesaria la determinaci\u00f3n de la responsabilidad de cada una de ellas en el supuesto concreto. La LRJSP no establece modificaciones de gran relevancia en esta materia, dado que en el art\u00edculo 33<\/a> se recogen las disposiciones contenidas en el art\u00edculo 140 de la Ley 30\/1992, de 26 de noviembre y en el art\u00edculo 18 del Real Decreto 429\/1993, de 26 de marzo.<\/p>\n

No obstante, s\u00ed que se establece una modificaci\u00f3n en el nuevo r\u00e9gimen de responsabilidad patrimonial concurrente, desde el punto de vista formal, entre la normativa que se deroga y la actual, que es la determinaci\u00f3n, en la propia ley, del plazo del tr\u00e1mite preceptivo por el que la Administraci\u00f3n competente para instruir y resolver el procedimiento administrativo para la determinaci\u00f3n de la responsabilidad patrimonial concurrente ha de consultar al resto de las Administraciones implicadas en la responsabilidad colegiada de actuaci\u00f3n o de gesti\u00f3n, plazo que se establece en quince d\u00edas<\/strong>, dado que, si bien no se modifica el r\u00e9gimen de interacci\u00f3n entre administraciones p\u00fablicas, el art\u00edculo 18.2 del derogado del Real Decreto 429\/1993, no establec\u00eda plazo en esta fase de consulta entre las administraciones p\u00fablicas implicadas.<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

RESPONSABILIDAD DE DERECHO PRIVADO.<\/strong><\/h2>\n

Si bien en materia de responsabilidad de las administraciones p\u00fablicas en relaciones de derecho privado, la regulaci\u00f3n establecida en el art\u00edculo 35 de la LRJSP<\/a> es equivalente a la establecida en el art\u00edculo 144 de la\u00a0 Ley 30\/1992, de 26 de noviembre, se aprecia una novedad relevante en el nuevo r\u00e9gimen, como es la extensi\u00f3n del r\u00e9gimen jur\u00eddico de la responsabilidad patrimonial de la Administraci\u00f3n P\u00fablica a las entidades de derecho privado por medio de las cuales act\u00faa la Administraci\u00f3n. El art\u00edculo 144 de la derogada\u00a0 Ley 30\/1992 precisaba que \u201ccuando las Administraciones P\u00fablicas act\u00faen en relaciones de derecho privado, responder\u00e1n directamente de los da\u00f1os y perjuicios causados por el personal que se encuentre a su servicio, consider\u00e1ndose la actuaci\u00f3n del mismo, actos propios de la Administraci\u00f3n bajo cuyo servicio se encuentre. La responsabilidad se exigir\u00e1 de conformidad con lo previsto en los art\u00edculos 142 y 143, seg\u00fan proceda\u201d.<\/em> Este art\u00edculo expon\u00eda un r\u00e9gimen de actuaci\u00f3n de las administraciones p\u00fablicas en relaciones de derecho privado, que fijaba, como pilar b\u00e1sico, la inexistencia de acci\u00f3n directa del agraviado contra el personal que actuaba por cuenta de la administraci\u00f3n, de tal manera que se erig\u00eda una responsabilidad directa de la Administraci\u00f3n por la actuaci\u00f3n desarrollada por el personal dependiente de la misma, cuyo procedimiento se desarrollaba por las disposiciones generales establecidas en los art\u00edculos 139 y siguientes de la Ley 30\/1992, de 26 de noviembre.<\/p>\n

En consecuencia, este art\u00edculo guardaba silencio ante aquellos supuestos en los\u00a0 que quien actuaba no era estricta o directamente una administraci\u00f3n p\u00fablica, tal como ocurre cuando interviene en la relaci\u00f3n jur\u00eddica o en la actividad sometida a derecho privado, una persona jur\u00eddica sometida a derecho privado, as\u00ed como aquellos casos en los que se act\u00faa por medio de personas de derecho privado que no pertenecen al sector p\u00fablico.<\/p>\n

Esta laguna legal viene a resolverse con la nueva regulaci\u00f3n, al menos en aquellos supuestos relativos a la actividad de entidades de derecho privado pertenecientes a la Administraci\u00f3n P\u00fablica.<\/p>\n

As\u00ed, el citado art\u00edculo 35 de la Ley 40\/2015<\/a>, dispone que:<\/p>\n

\u00abCuando las Administraciones P\u00fablicas act\u00faen, directamente o a trav\u00e9s de una entidad de derecho privado, en relaciones de esta naturaleza, su responsabilidad se exigir\u00e1 de conformidad con lo previsto en los art\u00edculos 32 y siguientes, incluso cuando concurra con sujetos de derecho privado o la responsabilidad se exija directamente a la entidad de derecho privado a trav\u00e9s de la cual act\u00fae la Administraci\u00f3n o a la entidad que cubra su responsabilidad.\u00bb<\/strong><\/em><\/p>\n

Con la redacci\u00f3n actual del art\u00edculo 35, no cabe duda de la intenci\u00f3n del legislador de someter al r\u00e9gimen de responsabilidad de la Administraci\u00f3n a las entidades pertenecientes al sector p\u00fablico, por medio de las cuales se act\u00faa en relaciones de derecho privado. Sin duda, esta disposici\u00f3n, responde a la proliferaci\u00f3n en los \u00faltimos a\u00f1os de entidades sometidas a derecho privado que se integran en el sector p\u00fablico. Por ende, no cabe duda de que la responsabilidad patrimonial extracontractual de estas entidades de derecho privado, sea cual sea la actividad en que intervengan, estar\u00e1 sometida a los mismos principios que la responsabilidad de la Administraci\u00f3n P\u00fablica y ser\u00e1 exigible con arreglo a los mismos procedimientos que aquella, siendo reclamable exclusivamente en v\u00eda contencioso-administrativa. Se escinde el r\u00e9gimen, seg\u00fan se trate de una actuaci\u00f3n desarrollada por una administraci\u00f3n p\u00fablica o por un ente privado. En el primer caso, se establece una responsabilidad directa y objetiva, mientras en que el segundo supuesto, se trata de una responsabilidad indirecta o por culpa, bajo el axioma de la responsabilidad in vigilando<\/em>, con base en el T\u00edtulo XVI del Libro IV del C\u00f3digo Civil, art\u00edculos 1902 y siguientes.<\/p>\n

Ahora bien, con el sistema de la Ley 40\/2015, se avanza un paso m\u00e1s a favor de extender el sistema de responsabilidad regulado por el derecho administrativo y su exigibilidad ante la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa, no solo a los supuestos en los que act\u00fae la Administraci\u00f3n P\u00fablica en relaciones jur\u00eddico privadas, sino tambi\u00e9n cuando quien act\u00fae no sea una Administraci\u00f3n sino una persona jur\u00eddico privada, que desempe\u00f1e una actividad de la que se beneficie la Administraci\u00f3n. Por tanto, este elemento subjetivo de presencia de una administraci\u00f3n actuante por medio de una u otra forma, constituye el principio b\u00e1sico en torno al que gravita este r\u00e9gimen.<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

Gabriel L\u00f3pez Samanes<\/p>\n

Abogado del Estado-Jefe en Teruel<\/p>\n

 <\/p>\n

ENLACES:<\/span><\/strong><\/h2>\n

 <\/p>\n

ENTREVISTA A GABRIEL LOPEZ SAMANES<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n

RESUMEN LEY SECTOR P\u00daBLICO POR MAR\u00cdA GARC\u00cdA VALDECASAS<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n

PRINCIPALES NOVEDADES LEY\u00a0R\u00c9GIMEN JUR\u00cdDICO SECTOR P\u00daBLICO. Andrea Planas Santos,<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n

RESUMEN DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n

TEXTO ENRIQUECIDO DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN LA WEB<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n

TABLA COMPARATIVA DE ART\u00cdCULOS ENTRE LEY ANTERIOR Y NUEVA<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n

LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACI\u00d3N. Gabriel L\u00f3pez Samanes<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n

TEXTO CONSOLIDADO LEY SECTOR P\u00daBLICO<\/a>\u00a0\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n

MODELOS DE PODERES ADMINISTRATIVOS<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n

SECCI\u00d3N DOCTRINA<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

NORMAS: \u00a0 Cuadro general.<\/a> \u00a0 \u00a0 Por meses. <\/a>\u00a0 \u00a0 + Destacadas<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n

NORMAS: \u00a0 Res\u00famenes 2002 \u2013 2017.<\/a>\u00a0 \u00a0Futuras.<\/a>\u00a0 \u00a0Consumo<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n

NORMAS: \u00a0\u00a0Tratados internacionales<\/a>,\u00a0\u00a0Derecho Foral<\/a>, \u00a0<\/span>Uni\u00f3n Europea<\/a><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

RESOLUCIONES: \u00a0 \u00a0Por meses.<\/a> \u00a0 Por titulares.<\/a>\u00a0 \u00cdndice Juan Carlos Casas<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n

WEB: \u00a0\u00a0Qu\u00e9 ofrecemos<\/a>\u00a0 NyR, p\u00e1gina de inicio<\/a><\/span>\u00a0 \u00a0<\/span>Ideario<\/a><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

CASOS PR\u00c1CTICOS: \u00a0 Madrid y Bilbao.<\/a>\u00a0 \u00a0 Internacional<\/a>.<\/span><\/strong><\/p>\n

IR ARRIBA<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n

\"La<\/a>

Vista de Teruel de la Torre de la iglesia de El Salvador. Por Diego Delso<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACI\u00d3N EN LAS LEYES 39\/2015 Y 40\/2015, DE 1 DE OCTUBRE   GABRIEL L\u00d3PEZ SAMANES Abogado del Estado-Jefe en Teruel \u00a0 INTRODUCCI\u00d3N La entrada en vigor de las Leyes 39\/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas y 40\/2015, de 1 de octubre, de R\u00e9gimen […]<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":27183,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"footnotes":""},"categories":[8202,268],"tags":[6060,6059,6132,6137,8001,6062],"class_list":{"0":"post-40077","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-administrativo","8":"category-articulos-doctrina","9":"tag-abogado-del-estado","10":"tag-gabriel-lopez-samanes","11":"tag-ley-402015","12":"tag-responsabilidad-patrimonial","13":"tag-responsabilidad-patrimonial-de-la-administracion","14":"tag-teruel"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40077","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/users\/10"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=40077"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40077\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media\/27183"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=40077"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=40077"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=40077"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}