{"id":40203,"date":"2017-09-14T21:18:16","date_gmt":"2017-09-14T19:18:16","guid":{"rendered":"http:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/?p=40203"},"modified":"2017-09-14T22:02:32","modified_gmt":"2017-09-14T20:02:32","slug":"nueva-ley-de-regimen-juridico-del-sector-publico-principales-novedades","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/secciones\/doctrina\/articulos-doctrina\/nueva-ley-de-regimen-juridico-del-sector-publico-principales-novedades\/","title":{"rendered":"Nueva Ley de R\u00e9gimen Jur\u00eddico del Sector P\u00fablico: principales novedades"},"content":{"rendered":"

<\/a>PRINCIPALES NOVEDADES DE LA NUEVA LEY DE\u00a0R\u00c9GIMEN JUR\u00cdDICO DEL SECTOR P\u00daBLICO<\/strong><\/span><\/h1>\n

ANDREA PLANAS SANTOS<\/h2>\n

Abogado del Estado de Alicante<\/h2>\n

\u00a0<\/p>\n

Ley 40\/2015, de 1 de octubre, de R\u00e9gimen Jur\u00eddico del Sector P\u00fablico.<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

Como complemento de las anteriores publicaciones \u201cPrincipales novedades de la Ley 39\/2015 de Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las AAPP\u201d <\/a>\u00a0y \u201cResumen de la Ley 40\/2015 de R\u00e9gimen Jur\u00eddico del Sector P\u00fablico\u201d<\/a>, interesa destacar las principales novedades introducidas por la Ley 40\/2015 de R\u00e9gimen Jur\u00eddico del Sector P\u00fablico<\/a> en materia de relaciones ad intra e inter Administraciones P\u00fablicas.<\/p>\n<\/a>

\u00c1mbito de aplicaci\u00f3n<\/span><\/h6>\n

La primera novedad se encuentra en su \u00c1MBITO DE APLICACI\u00d3N. <\/strong>(Cap\u00edtulo I del T\u00edtulo Preliminar)<\/a> As\u00ed, en cuanto a su \u00e1mbito objetivo<\/strong>, si bien la Ley 40\/2015 regula, al igual que hac\u00eda la anterior Ley 30\/1992, las bases del r\u00e9gimen jur\u00eddico y los principios del sistema de responsabilidad y de la potestad sancionadora de las Administraciones P\u00fablicas<\/u>, a diferencia de la misma, regula tambi\u00e9n, como consecuencia de la derogaci\u00f3n de la Ley 6\/1997 de 14 de abril de Organizaci\u00f3n y Funcionamiento de la Administraci\u00f3n General del Estado, la organizaci\u00f3n y funcionamiento de la Administraci\u00f3n General del Estado y de su sector p\u00fablico institucional para el desarrollo de actividades<\/u>. Desde el punto de vista subjetivo<\/strong>, es aplicable a las Administraciones P\u00fablicas territoriales y extiende su aplicaci\u00f3n al sector p\u00fablico institucional<\/strong> equiparando as\u00ed su \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n al de la legislaci\u00f3n presupuestaria. <\/u>En concreto, es aplicable a los organismos p\u00fablicos \u2013se suprimen las Agencias Estatales<\/strong>– y entidades de derecho p\u00fablico vinculadas o dependientes de las Administraciones P\u00fablicas, entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones P\u00fablicas en lo que la Ley 40\/2015 se refiera a ellas y, en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas y en \u00faltimo lugar y de forma supletoria a su regulaci\u00f3n espec\u00edfica, a las Universidades P\u00fablicas. Atribuye la condici\u00f3n de Administraci\u00f3n P\u00fablica, adem\u00e1s de a las Administraciones territoriales, a los organismos p\u00fablicos y a las entidades de derecho p\u00fablico vinculadas o dependientes de las Administraciones P\u00fablicas, que se relacionar\u00e1n entre s\u00ed y con sus \u00f3rganos, organismos p\u00fablicos y entidades vinculadas o dependientes a trav\u00e9s de medios electr\u00f3nicos.<\/u><\/strong><\/p>\n<\/a>

Responsabilidad del Estado Legislador<\/span><\/h6>\n

Una de las m\u00e1s importantes novedades de la Ley 40\/2015 consiste en la REGULACI\u00d3N DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO LEGISLADOR. <\/strong>(Cap\u00edtulo IV del T\u00edtulo Preliminar).<\/a> Se mantiene el derecho de los particulares a ser indemnizados por las Administraciones P\u00fablicas de toda lesi\u00f3n que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicaci\u00f3n de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jur\u00eddico de soportar cuando as\u00ed se establezca en los propios actos legislativos, pudiendo surgir tambi\u00e9n<\/u>, siempre que concurran los anteriores requisitos: (i) cuando los da\u00f1os se deriven de una norma con rango de ley declarada inconstitucional<\/u> (ii)cuando los da\u00f1os deriven de la aplicaci\u00f3n de una norma contraria al Derecho de la Uni\u00f3n Europea, <\/u>siempre que la norma confiera derechos a los particulares, el incumplimiento est\u00e9 caracterizado y exista relaci\u00f3n de causalidad entre el da\u00f1o y el incumplimiento de la obligaci\u00f3n por la Administraci\u00f3n impuesta por la Uni\u00f3n Europea. En ambos casos (i) y (ii) es necesario que el particular haya obtenido sentencia firme desestimatoria de recurso contra la actuaci\u00f3n administrativa causante del da\u00f1o<\/u>, siendo indemnizables los da\u00f1os producidos en el plazo de los cinco a\u00f1os anteriores<\/u> a que se dicte la sentencia declarativa de inconstitucionalidad o incumplimiento del derecho comunitario. En materia de responsabilidad en relaciones de derecho privado de las Administraciones P\u00fablicas<\/u>, siguen rigiendo las normas en materia de responsabilidad patrimonial, a\u00f1adi\u00e9ndose el supuesto de que act\u00faen en dichas relaciones a trav\u00e9s de entidades de derecho privado.<\/p>\n<\/a>

Convenios<\/span><\/h6>\n

Respecto de los CONVENIOS<\/strong> (Cap\u00edtulo VI del T\u00edtulo Preliminar)<\/a>entre entidades del sector p\u00fablico entre s\u00ed o con sujetos de derecho privado para un fin com\u00fan, sin cesi\u00f3n de la titularidad de la competencia correspondiente, destaca la atenci\u00f3n del legislador al aspecto econ\u00f3mico y financiero asociado a la celebraci\u00f3n de los mismos, <\/u>exigi\u00e9ndose como tr\u00e1mite preceptivo para su suscripci\u00f3n que se acompa\u00f1e de una memoria justificativa de su necesidad y oportunidad, su impacto econ\u00f3mico y el car\u00e1cter no contractual de la actividad. Adem\u00e1s, si los compromisos econ\u00f3micos del convenio superan los 600.000 euros deber\u00e1n remitirse electr\u00f3nicamente al Tribunal de Cuentas.<\/u> Se establece que la duraci\u00f3n m\u00e1xima inicial de los convenios ser\u00e1 de cuatro a\u00f1os<\/u> prorrogables por otros cuatro a\u00f1os m\u00e1s.<\/p>\n<\/a>

Organizaci\u00f3n y funcionamiento del sector p\u00fablico<\/strong><\/span><\/h6>\n

En materia de ORGANIZACI\u00d3N Y FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR P\u00daBLICO <\/strong>(Cap\u00edtulo I del T\u00edtulo II)<\/a> se obliga a todas las Administraciones P\u00fablicas a establecer un sistema de supervisi\u00f3n continua de sus entidades dependientes<\/u> a fin de comprobar la subsistencia de los motivos que justificaron su creaci\u00f3n y su sostenibilidad financiera. Se crea el Inventario de Entidades del Sector P\u00fablico Estatal, Auton\u00f3mico y Local<\/u> como un registro p\u00fablico administrativo que garantiza la informaci\u00f3n p\u00fablica y la ordenaci\u00f3n de todas las entidades integrantes del sector p\u00fablico institucional. Las entidades integrantes del sector p\u00fablico institucional estar\u00e1n sometidas a un control de eficacia por parte del Departamento al que est\u00e9n adscritos y a la supervisi\u00f3n continua de la Intervenci\u00f3n General de la Administraci\u00f3n del Estado<\/u>, cuyos resultados se plasmar\u00e1n en un informe sujeto a procedimiento contradictorio que podr\u00e1 contener recomendaciones o propuestas de mejora, transformaci\u00f3n o supresi\u00f3n de una entidad.<\/p>\n<\/a>

Organismos p\u00fablicos estatales<\/strong><\/span><\/h6>\n

En cuanto a los ORGANISMOS P\u00daBLICOS ESTATALES<\/strong> (Cap\u00edtulo III del T\u00edtulo II),<\/a>se reconoce la posibilidad de que cualquiera de ellos pueda transformarse<\/u><\/strong> mediante Real Decreto aunque ello suponga la modificaci\u00f3n de la Ley de creaci\u00f3n, <\/u>y adoptar la naturaleza jur\u00eddica de cualquier otra entidad de las que integran el sector p\u00fablico institucional, mediante cesi\u00f3n e integraci\u00f3n en unidad de acto de todo el activo y el pasivo de la entidad transformada con sucesi\u00f3n universal de derechos y obligaciones. Tambi\u00e9n se reconoce la posibilidad de que estos organismos puedan fusionarse<\/strong><\/u> mediante norma reglamentaria, ya sea por extinci\u00f3n e integraci\u00f3n en un nuevo ente o por extinci\u00f3n y absorci\u00f3n por otro ente ya existente, tambi\u00e9n con sucesi\u00f3n universal de derechos y obligaciones. Si alguno de los organismos p\u00fablicos fusionados estuviese en situaci\u00f3n de desequilibrio financiero se podr\u00e1 prever que los bienes, derechos y obligaciones de la actividad que ocasion\u00f3 el desequilibrio se integren en un fondo sin personalidad jur\u00eddica y con contabilidad separada adscrita al nuevo organismo p\u00fablico o al absorbente. En ambos casos de transformaci\u00f3n y fusi\u00f3n, no se alterar\u00e1n las condiciones financieras de las obligaciones asumidas ni podr\u00e1n ser entendidas como causa de resoluci\u00f3n de las relaciones jur\u00eddicas establecidas.<\/p>\n<\/a>

Autoridades administrativas independientes<\/strong><\/span><\/h6>\n

El Cap\u00edtulo IV del T\u00edtulo II<\/a> denomina AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS INDEPENDIENTES DE \u00c1MBITO ESTATAL <\/strong>a las entidades de derecho p\u00fablico vinculadas a la Administraci\u00f3n General del Estado y con personalidad jur\u00eddica propia que tienen atribuidas funciones de regulaci\u00f3n o supervisi\u00f3n de car\u00e1cter externo sobre sectores econ\u00f3micos o actividades determinadas, por requerir su desempe\u00f1o independencia funcional o especial autonom\u00eda. Se regir\u00e1n por su ley de creaci\u00f3n, estatutos y legislaci\u00f3n especial de los sectores econ\u00f3micos sometidos a su supervisi\u00f3n y supletoriamente por las normas de derecho administrativo que les sean de aplicaci\u00f3n.<\/p>\n<\/a>

Sociedades mercantiles estatales<\/strong><\/span><\/h6>\n

La regulaci\u00f3n de las SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES<\/strong> Cap\u00edtulo V del T\u00edtulo II<\/a>, reproduce en t\u00e9rminos generales las previsiones vigentes en la Ley 33\/2003 de Patrimonio de las Administraciones P\u00fablicas. Destaca como novedad, el r\u00e9gimen de responsabilidad aplicable a los miembros de los consejos de administraci\u00f3n de las sociedades mercantiles estatales designados por la Administraci\u00f3n General del Estado que tengan la condici\u00f3n de empleado p\u00fablico<\/u>. En este caso, la responsabilidad ser\u00e1 asumida directamente <\/strong>por la Administraci\u00f3n General del Estado que lo design\u00f3, sin perjuicio de la posibilidad de que la Administraci\u00f3n pueda repetir<\/strong> frente al miembro del consejo de administraci\u00f3n responsable de los da\u00f1os y perjuicios siempre que haya concurrido dolo o culpa o negligencia grave conforme a lo previsto en materia de responsabilidad patrimonial.<\/p>\n<\/a>

Consorcios<\/span><\/h6>\n

Se establece por primera vez un r\u00e9gimen jur\u00eddico unitario<\/strong> para los CONSORCIOS<\/strong> en el Cap\u00edtulo VI del T\u00edtulo II<\/a>. Destaca el ejercicio del derecho de separaci\u00f3n del consorcio<\/u> por parte de sus miembros en cualquier momento siempre que no se haya se\u00f1alado t\u00e9rmino de duraci\u00f3n del mismo. El ejercicio de este derecho supondr\u00e1 la disoluci\u00f3n del consorcio con su correspondiente liquidaci\u00f3n y extinci\u00f3n, salvo que el resto de miembros acuerden su continuidad y sigan permaneciendo en el consorcio al menos dos Administraciones o entidades u organismos dependientes de una Administraci\u00f3n. Seg\u00fan la Disposici\u00f3n Adicional D\u00e9cima<\/a> de la Ley, cuando las Administraciones P\u00fablicas<\/u> o sus organismos o entidades vinculadas o dependientes sean miembros de un consorcio, no estar\u00e1n obligados a efectuar las aportaciones o la financiaci\u00f3n a que se hubieren comprometido para el ejercicio corriente si alguno de los dem\u00e1s miembros del consorcio no hubiera realizado la totalidad de las aportaciones correspondientes a ejercicios anteriores. <\/u><\/p>\n<\/a>

Relaciones interadministrativas<\/strong><\/span><\/h6>\n

En materia de RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS<\/strong> T\u00edtulo III,<\/a> adem\u00e1s de establecerse los principios generales de las mismas, se regula el deber de colaboraci\u00f3n entre Administraciones y las relaciones de cooperaci\u00f3n, se\u00f1alando que, la cooperaci\u00f3n es voluntaria y la coordinaci\u00f3n es obligatoria<\/u>. Sobre esta base se regulan los diferentes \u00f3rganos y formas de cooperar y coordinar, as\u00ed como las relaciones electr\u00f3nicas entre Administraciones P\u00fablicas.<\/p>\n<\/a>

Disposiciones finales<\/span><\/h6>\n

En sus DISPOSICIONES FINALES,<\/strong><\/a> se introducen importantes modificaciones en varios textos legislativos como<\/p>\n

– la Ley 50\/1997 de Gobierno<\/u> en materia de organizaci\u00f3n y competencias de ciertos \u00f3rganos y de iniciativa legislativa, potestad reglamentaria y control del Gobierno,<\/p>\n

– el Real Decreto Legislativo 3\/2011<\/u> por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector P\u00fablico, en materia de prohibiciones de contratar y de responsabilidad del concesionario,<\/p>\n

– as\u00ed como de la Ley 33\/2003 de Patrimonio de las Administraciones P\u00fablicas o la Ley 47\/2003 General Presupuestaria, entre otras.<\/p>\n<\/a>

Conclusi\u00f3n<\/span><\/h6>\n

En conclusi\u00f3n, el nuevo r\u00e9gimen jur\u00eddico introducido por la Ley 40\/2015 pretende simplificar la organizaci\u00f3n y funcionamiento de las entidades que integran el Sector P\u00fablico y lograr una mayor eficiencia en el uso de los recursos p\u00fablicos.<\/p>\n

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ENLACES:<\/strong><\/span><\/h6>\n