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Real Decreto-ley 15\/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores econ\u00f3micos dentro del territorio nacional.<\/p>\n
PDF (BOE-A-2017-11501 \u2013 3\u00a0p\u00e1gs.\u00a0\u2013 165\u00a0KB)<\/a>\u00a0 \u00a0\u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n Sobre el nuevo art\u00edculo 285 del TRLSC<\/u><\/strong>.<\/u><\/p>\n Cambios de domicilio de sociedades. \u00d3rgano competente<\/u><\/strong><\/p>\n La determinaci\u00f3n del domicilio<\/strong> de las personas jur\u00eddicas, como lugar para el ejercicio de sus derechos y para el cumplimiento de sus obligaciones, es uno de los elementos fundamentales en el momento de su constituci\u00f3n.<\/p>\n Por ello y limit\u00e1ndonos a las sociedades de capital<\/strong>, el domicilio \u00a0es uno de los datos obligatorios que deben constar en sus estatutos (art. 23 TRLSC<\/a>)<\/p>\n Por ello tambi\u00e9n y, como forman parte de los estatutos, su modificaci\u00f3n es competencia<\/strong> de la junta general. As\u00ed resulta claramente del art\u00edculo 160 apartado c) del TRLSC<\/a> y con mayor especificidad del propio art\u00edculo art. 285.1 TRLSC<\/a>.<\/p>\n Pero ya en 1956<\/strong>, el art\u00edculo 105 del Reglamento del Registro Mercantil, nos vino a decir que no tendr\u00eda car\u00e1cter de cambio de domicilio a los efectos de la competencia de la junta para la modificaci\u00f3n de estatutos,\u00a0 \u201csu traslado dentro de la misma poblaci\u00f3n, salvo pacto estatutario en contrario\u201d.<\/em><\/p>\n Por su parte cuando en 1989<\/strong> se modifica la LSA de 1951 el art\u00edculo 149.1 hizo suyo este criterio, aclarando que el t\u00e9rmino de poblaci\u00f3n se refer\u00eda a \u201ct\u00e9rmino municipal\u201d y exigiendo otorgamiento de escritura p\u00fablica e inscripci\u00f3n en el Registro Mercantil, as\u00ed como publicidad en dos peri\u00f3dicos de\u00a0 gran circulaci\u00f3n en la provincia, publicidad hoy desaparecida.<\/p>\n En 2010<\/strong>, el actual texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por RDLeg 1\/2010, de 2 de julio, mantuvo<\/strong> la redacci\u00f3n en t\u00e9rminos muy similares, es decir que salvo disposici\u00f3n contraria de los estatutos el cambio de domicilio dentro del mismo t\u00e9rmino municipal puede ser acordado por el \u00f3rgano de administraci\u00f3n.<\/p>\n Sin embargo, en 2015<\/strong>,\u00a0<\/u>por la\u00a0Ley 9\/2015 de 25 de mayo<\/a>, <\/strong>de medidas urgentes de reforma concursal (D. F. 1\u00aa), se produjo un cambio radical<\/strong>\u00a0pues el nuevo art\u00edculo 285.2 del TRLS, y lo llamo nuevo por la profunda<\/strong> modificaci\u00f3n del mismo, ampli\u00f3 la competencia al \u00f3rgano de administraci\u00f3n<\/strong>, ya no s\u00f3lo dentro del municipio, sino dentro de todo el territorio nacional<\/strong>, manteni\u00e9ndose la limitaci\u00f3n de que no existiese una disposici\u00f3n contraria en los estatutos.<\/p>\n Ya dijimos en su momento<\/a>, comentando la reforma, que era curiosa<\/strong> la forma de legislar en Espa\u00f1a pues por una parte\u00a0se limitaban<\/strong>\u00a0las facultades del \u00f3rgano de administraci\u00f3n de todas las sociedades de capital con el nuevo apartado f. del art\u00edculo 160, sobre enajenaci\u00f3n de activos esenciales, que cre\u00f3 y puede crear m\u00faltiples problemas a todos los operadores jur\u00eddicos y que suscita dudas en su interpretaci\u00f3n que afectan a la seguridad jur\u00eddica de las transacciones en que intervenga una sociedad, y por otra\u00a0se ampl\u00edan esas facultades<\/strong> de forma desmesurada\u00a0y en una materia en la que al menos, en principio, no se apreciaba que existiera una necesidad perentoria para ello.<\/p>\n Hoy ya sabemos el motivo de la inicial reforma del art\u00edculo 285.2 de la LSC, pero en ese momento en el a\u00f1o 2015 no era, al menos desde nuestro punto de vista, una necesidad sentida por la empresa pues incluso los cambios dentro del t\u00e9rmino municipal, sin existir norma sobre ello en los estatutos, eran adoptados en la mayor\u00eda de los casos por la Junta general.<\/p>\n Ahora bien, dada la generalidad de la norma tambi\u00e9n dijimos que la misma puede afectar de forma negativa<\/strong> a miles de sociedades y que en el mejor de los casos les obligar\u00e1 a cambiar sus estatutos para limitar esas facultades, si ya no lo estaban, con los costes consiguientes.<\/p>\n En todo caso,\u00a0este cambio de sede, antes como ahora,\u00a0siempre deber\u00e1 tener en cuenta\u00a0el art\u00edculo 9.1 de la LSC\u00a0<\/a>y establecerlo en el lugar en que se halle\u00a0el centro de su efectiva administraci\u00f3n y direcci\u00f3n, o en el que radique su principal establecimiento o explotaci\u00f3n<\/strong>. Es decir el administrador no tendr\u00e1 una plena libertad<\/strong> para ese cambio de domicilio, pues si lo cambia de forma caprichosa<\/strong> o por motivaciones ajenas a la actividad empresarial, y sin respetar la norma del art\u00edculo 9, el cambio podr\u00e1 ser indudablemente impugnado por los socios que se consideren perjudicados con la correlativa exigencia de responsabilidad al administrador. Claro que el administrador, caso de ser \u00fanico, solidarios o incluso mancomunados, lo tienen f\u00e1cil pues les bastar\u00e1, al mismo tiempo que cambian el domicilio de la sociedad, cambiar su domicilio particular, incluso de forma ficticia.<\/p>\n Sobre el precepto modificado ya tuvo ocasi\u00f3n de manifestarse la DGRN<\/strong>. Efectivamente en resoluci\u00f3n de 3 de febrero de 2016<\/a>, vino a decir que era inscribible un\u00a0acuerdo del liquidador \u00fanico de una sociedad, de trasladar el domicilio social de Valladolid a Madrid\u00a0cuando seg\u00fan los estatutos inscritos se dec\u00eda que\u00a0\u201cpor acuerdo del Consejo de Administraci\u00f3n podr\u00e1 trasladarse dentro de la misma poblaci\u00f3n donde se halle establecido\u201d.<\/p>\n La DG interpret\u00f3 que, dado que dichos estatutos se hab\u00edan redactado antes<\/strong> de la reforma de 2015,\u00a0\u201clas referencias estatutarias sobre cualquier materia en que los socios se remiten al <\/em>r\u00e9gimen legal entonces vigente<\/strong> (sea mediante una remisi\u00f3n expresa o gen\u00e9rica a la Ley o mediante una reproducci\u00f3n en estatutos) han de interpretarse<\/strong> como indicativas de la\u00a0voluntad de los socios de sujetarse al sistema supletorio querido por el legislador en cada<\/strong> momento\u201d.<\/em><\/p>\n Por consiguiente, \u201cdespu\u00e9s de la entrada en vigor de la modificaci\u00f3n legal por la que se ampl\u00eda la competencia del \u00f3rgano de administraci\u00f3n \u00abpara cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional\u00bb ser\u00e1 \u00e9sta la norma aplicable\u201d<\/em> pues en otro caso \u201cresultar\u00edan agraviadas respecto de aquellas otras (sociedades) en las cuales, por carecer de previsi\u00f3n estatutaria o consistir \u00e9sta en una mera remisi\u00f3n a dichos art\u00edculos, el \u00f3rgano de administraci\u00f3n puede, desde la entrada en vigor de la nueva normativa, cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional\u201d<\/em>.<\/p>\n Era ingeniosa la fundamentaci\u00f3n de la DG para ratificar la ampliaci\u00f3n de facultades del \u00f3rgano de administraci\u00f3n, pero tambi\u00e9n, como expusimos en su momento, muy cogida por los pelos pues en definitiva lo que hac\u00eda era dejar inoperantes los estatutos de la sociedad, algo que ahora ya se hace de forma expresa.<\/p>\n Pues bien el RDL que hoy, 7 de octubre<\/strong>, entra en vigor supera<\/strong> todo lo dicho y elimina<\/strong> cualquier duda que pueda sobrevenir en su aplicaci\u00f3n.<\/p>\n As\u00ed el nuevo art\u00edculo 285 de la LSC,\u00a0 tras decir que cualquier modificaci\u00f3n de estatutos es competencia de la junta general, a\u00f1ade en su punto 2, objeto de modificaci\u00f3n express<\/strong> que \u00ab2. Por excepci\u00f3n a lo establecido en el apartado anterior el \u00f3rgano de administraci\u00f3n ser\u00e1 competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional, salvo disposici\u00f3n contraria de los estatutos. Se considerar\u00e1 que hay disposici\u00f3n contraria de los estatutos solo cuando los mismos establezcan expresamente que el \u00f3rgano de administraci\u00f3n no ostenta<\/strong> esta competencia.\u00bb<\/em><\/p>\n Como vemos la modificaci\u00f3n consiste en aclarar<\/strong> que s\u00f3lo habr\u00e1 pacto estatutario en contra cuando los estatutos digan expresamente que esa competencia de cambio de domicilio no la ostenta el \u00f3rgano de administraci\u00f3n.<\/p>\n Para no dejar duda alguna la modificaci\u00f3n tambi\u00e9n es aclarada por la disposici\u00f3n transitoria \u00fanica<\/strong> sobre el \u00a0r\u00e9gimen de los estatutos aprobados antes de la entrada en vigor del \u00a0real decreto-ley diciendo que \u201cA los efectos previstos en el art\u00edculo 285.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en la redacci\u00f3n dada por este real decreto-ley, se entender\u00e1 que hay disposici\u00f3n contraria de los estatutos solo cuando con posterioridad<\/u><\/strong> a la entrada en vigor de este real decreto-ley se hubiera aprobado una modificaci\u00f3n estatutaria que expresamente declare que el \u00f3rgano de administraci\u00f3n no ostenta la competencia para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional\u201d.<\/em><\/p>\n Por tanto a partir del siete de octubre, digan lo que digan los estatutos de la sociedad, sean anteriores o posteriores al a\u00f1o 2015, se hayan modificado como consecuencia de la primera modificaci\u00f3n del precepto o no, el \u00f3rgano de administraci\u00f3n<\/strong> va a ser competente para variar el domicilio, sin acuerdo de junta, en todo el territorio nacional<\/strong>, comprensivo por supuesto, no s\u00f3lo del territorio peninsular, sino de los dos archipi\u00e9lagos espa\u00f1oles, as\u00ed como tambi\u00e9n de las ciudades de Ceuta y Melilla.<\/p>\n No entramos en las explicaciones que del precepto se dan en el pre\u00e1mbulo<\/strong> del RDL (dinamizaci\u00f3n de la actividad empresarial, evitar dudas de aplicaci\u00f3n del anterior precepto, libertad de empresa), tiempo tendremos para hacerlo, pues esta especial\u00edsima <\/strong>norma, como con acierto dice mi compa\u00f1ero \u00c1lvaro Jose Mart\u00edn Mart\u00edn. Registrador Mercantil de Murcia, tiene escrito en su ADN<\/strong> el nombre de Catalu\u00f1a y las especiales circunstancias producidas a partir del 1 de octubre. Es decir una reforma que, para interpretarla, habr\u00e1 que estudiar historia.<\/p>\n Ahora bien al ser una Ley de aplicaci\u00f3n general<\/strong>, no pod\u00eda ser de otra forma -pues limitar su aplicaci\u00f3n espacial hubiera sido muy llamativo-, va a regir a todas las sociedades existentes en este momento y ello puede llevar a abusos<\/strong> por parte de las mayor\u00edas que no consientan en una limitaci\u00f3n de las facultades legales del \u00f3rgano de administraci\u00f3n en este punto, facultades que pueden perjudicar a las minor\u00edas<\/strong> dificult\u00e1ndoles su asistencia a las junta generales o el ejercicio de sus derechos frente a la sociedad incluyendo las acciones de impugnaci\u00f3n de acuerdos sociales. Tengamos en cuenta que el lugar de celebraci\u00f3n de las juntas<\/strong>, \u00a0es otra consecuencia del domicilio pues de conformidad con el art\u00edculo 175 LSA \u201c<\/em>Salvo disposici\u00f3n contraria de los estatutos, la junta general se celebrar\u00e1 en el t\u00e9rmino municipal donde la sociedad tenga su domicilio. Si en la convocatoria no figurase el lugar de celebraci\u00f3n, se entender\u00e1 que la junta ha sido convocada para su celebraci\u00f3n en el domicilio social\u201d.<\/em><\/p>\n A nuestro juicio, quiz\u00e1s teniendo en cuenta la interpretaci\u00f3n<\/strong> del art\u00edculo 285.2 versi\u00f3n de 2015 que hizo la DGRN, y que antes hemos visto,\u00a0 hubiera sido suficiente<\/strong> para atender debidamente el problema hoy planteado, sin necesidad de aprobar y poner en vigor de forma urgente, este RDL, que hoy resumimos, que solucionando problemas muy puntuales puede afectar a gran n\u00famero de sociedades de forma innecesaria.<\/p>\n En el siguiente cuadro<\/strong> se incorpora la redacci\u00f3n inicial, la anterior y la actual del art. 285 TRLSC entero (aunque s\u00f3lo haya variado el segundo apartado).<\/p>\n
![\"Cambio](\"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Orbaneja_del_Castillo_Ca\u00edda_de_la_cascada_en_el_Ebro-Burgos.jpg\")
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