{"id":41838,"date":"2017-11-06T21:46:12","date_gmt":"2017-11-06T20:46:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/?p=41838"},"modified":"2021-05-07T21:23:10","modified_gmt":"2021-05-07T19:23:10","slug":"resoluciones-direccion-general-de-los-registros-y-el-notariado-noviembre-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/resoluciones\/por-meses\/resoluciones-direccion-general-de-los-registros-y-el-notariado-noviembre-2017\/","title":{"rendered":"Resoluciones Direcci\u00f3n General de los Registros y el Notariado. Noviembre 2017"},"content":{"rendered":"

\u00a0<\/a>INFORME N\u00ba 278. (BOE NOVIEMBRE de 2017)<\/strong><\/span><\/h1>\n

<\/p>\n

Segunda Parte: RESOLUCIONES.<\/strong><\/h1>\n

Ir a la\u00a0Primera Parte (Disposiciones y Secci\u00f3n II)<\/a><\/h2>\n

IR A LISTA DE INFORMES MENSUALES DE RESOLUCIONES<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n

 <\/p>\n<\/a>

<\/a>VALORACI\u00d3N DE LAS RESOLUCIONES POR SU IMPORTANCIA:<\/strong><\/span><\/h6>\n

Se van a seguir estos criterios a juicio\u00a0de las personas que las resumen:<\/strong><\/p>\n

() \u00a0\u00a0\u00a0<\/strong>\u00a0Reiterativa o de escas\u00edsimo inter\u00e9s<\/p>\n

* \u00a0<\/strong> \u00a0 \u00a0Poco inter\u00e9s o muy del caso concreto<\/p>\n

** \u00a0<\/strong> \u00a0Interesante (categor\u00eda est\u00e1ndar)<\/p>\n

*** \u00a0<\/strong>Muy interesante.<\/p>\n

\u21d2\u21d2\u21d2<\/strong> Imprescindible.\u00a0\u00a0<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n<\/a>

<\/a>469.** COMPRAVENTA. PODER: POSIBLE CONFLICTO DE INTERESES ENTRE NUDO PROPIETARIO Y USUFRUCTUARIO.<\/strong><\/span><\/span><\/h6>\n

Resoluci\u00f3n de 11 de octubre de 2017, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Vitoria n.\u00ba 3 a inscribir una escritura de compraventa.\u00a0<\/p>\n

\u00a0<\/div>\n
\n

Hechos:<\/strong> Se otorga una escritura de compraventa de una finca, cuya nuda propiedad pertenece a una hija y el usufructo a una madre. La hija tiene un poder de la madre, por lo que otorga la escritura de venta en su nombre y adem\u00e1s, haciendo uso del poder, en el de la madre vendi\u00e9ndose el pleno dominio a otras personas. El notario emite un juicio positivo de suficiencia del poder.<\/p>\n

La registradora\u00a0 <\/strong>considera que hay un conflicto de intereses (entre poderdante y apoderada) y por ello el juicio de suficiencia del notario debe incluir una menci\u00f3n a que en el poder se salva el autocontrato y el conflicto intereses.<\/p>\n

El notario autorizante<\/strong> recurre y alega que no hay autocontrato, que no hay conflicto de intereses, sino intereses concurrentes, pues poderdante y apoderada son vendedoras por lo que el juicio de suficiencia cumple con todos los requisitos.<\/p>\n

La DGRN<\/strong> revoca la calificaci\u00f3n. Reconoce que, en teor\u00eda, el nudo propietario puede tener intereses diferentes del usufructuario pues hay una contraposici\u00f3n natural entre ambos derechos, pero que esos intereses tambi\u00e9n pueden ser concurrentes y marchar \u201cpari passu\u201d (literalmente \u201ccon igual paso\u201d, en el sentido de a la par).<\/p>\n

En el caso concreto, atendiendo a las circunstancias y a las estipulaciones del negocio documentado, no aprecia que exista conflicto de intereses.\u00a0Por otro lado, si la registradora considerara que existe ese conflicto, deber\u00eda fundamentarlo en su nota, lo que no ha ocurrido.\u00a0<\/span>(AFS)<\/span><\/p>\n<\/div>\n

\u00a0<\/div>\n

PDF (BOE-A-2017-12752 – 5\u00a0p\u00e1gs.<\/abbr>\u00a0– 180\u00a0KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0\u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n<\/a>

<\/a>470.**\u00a0<\/strong>LIQUIDACI\u00d3N DE SOCIEDAD CONYUGAL MEDIANTE TRANSACCI\u00d3N APROBADA JUDICIALMENTE.<\/strong><\/span><\/h6>\n

Resoluci\u00f3n de 11 de octubre de 2017, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci\u00f3n de la registradora de la propiedad de La Vecilla, por la que se suspende la inscripci\u00f3n de un auto aprobatorio de transacci\u00f3n judicial relativa a la liquidaci\u00f3n de una sociedad conyugal.\u00a0<\/p>\n

Hechos: <\/strong>se presenta en el Registro testimonio de auto firme por el que se aprueba una transacci\u00f3n judicial referida a la liquidaci\u00f3n de una sociedad de gananciales.<\/p>\n

La Registradora <\/strong>califica negativamente al considerar que el documento presentado no es t\u00edtulo inscribible en el Registro de la Propiedad al ser un certificado comprensivo de un auto en el que se aprueba un acuerdo alcanzado por las partes y ratificado a presencia judicial, sin que resulte relaci\u00f3n alguna de este proceso con el previo de nulidad, separaci\u00f3n o divorcio, lo que hace que no pueda ser considerado como parte del convenio regulador de los efectos de la separaci\u00f3n o divorcio. El hecho de que un acuerdo transaccional est\u00e9 homologado judicialmente, no altera el car\u00e1cter privado del documento.<\/p>\n

La DGRN confirma<\/strong> la calificaci\u00f3n y tras reconocer la aplicaci\u00f3n del principio de titulaci\u00f3n formal en nuestro sistema registral, destaca:<\/p>\n

1\u00ba.- El convenio regulador<\/strong> es un acuerdo privado pero la preceptiva aprobaci\u00f3n judicial del mismo y el reconocimiento que se le confiere en los art\u00edculos 90 y siguientes del C\u00f3digo Civil<\/a>, establecen un marco v\u00e1lido para producir asientos registrales definitivos, siempre que las cl\u00e1usulas del mismo no excedan de su contenido t\u00edpico y normal, como pudiera predicarse de la liquidaci\u00f3n del r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial.<\/u><\/em><\/p>\n

Por el contrario, la mera homologaci\u00f3n judicial de un acuerdo privado relativo a un proceso, que iniciado por demanda, acaba en acuerdo transaccional no puede ni debe tener acceso al Registro, debiendo ser objeto de elevaci\u00f3n a escritura p\u00fablica notarial si se pretende su incorporaci\u00f3n a los libros del Registro.<\/u><\/em><\/p>\n

2\u00ba.- En cuanto a la transacci\u00f3n<\/strong> (art\u00edculos 1.809 y ss CC<\/a> y art\u00edculo 19 LEC<\/a>), el Centro Directivo cita resoluciones recientes para fundamentar su decisi\u00f3n, en particular, la R. de 6 de septiembre de 2016<\/a>, seg\u00fan la cual: \u2018\u2018(…) la transacci\u00f3n, aun homologada judicialmente no es una sentencia (\u2026) y el auto de homologaci\u00f3n tampoco es una sentencia pues el Juez se limita a comprobar la capacidad de los otorgantes para transigir y la inexistencia de prohibiciones o limitaciones derivadas de la Ley pero sin que lleve a cabo ni una valoraci\u00f3n de las pruebas ni un pronunciamiento sobre las pretensiones de las partes (\u2026)\u201d y la R. de 9 de julio de 2013<\/a>, con arreglo a la cual, \u201c(\u2026) la homologaci\u00f3n judicial no altera el car\u00e1cter privado del documento pues se limita a acreditar la existencia de dicho acuerdo (\u2026). Si bien es cierto que en virtud del principio de libertad contractual es posible alcanzar dicho acuerdo tanto dentro como fuera del procedimiento judicial, no es menos cierto que para que dicho acuerdo sea inscribible en el Registro de la Propiedad deber\u00e1n cumplirse los requisitos exigidos por la legislaci\u00f3n hipotecaria (…)\u2019\u2019.<\/p>\n

En el caso resuelto, <\/strong>concluye el Centro Directivo se\u00f1alando que no hay ning\u00fan dato que permita deducir que el procedimiento de liquidaci\u00f3n de la sociedad de gananciales provenga de un proceso de nulidad, separaci\u00f3n o divorcio por lo que no puede ser considerado como parte del convenio inicialmente propuesto pero no realizado. (ER)<\/p>\n

PDF (BOE-A-2017-12753 – 5\u00a0p\u00e1gs.<\/abbr>\u00a0– 178\u00a0KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0\u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n<\/a>

<\/a>471.()\u00a0<\/strong>CIERRE REGISTRAL POR BAJA PROVISIONAL EN EL INDICE DE ENTIDADES DE LA AEAT: EXCEPCIONES.<\/strong><\/span><\/h6>\n

Resoluci\u00f3n de 11 de octubre de 2017, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci\u00f3n del registrador mercantil XV de Madrid, por la que se suspende la inscripci\u00f3n de elevaci\u00f3n a p\u00fablico de acuerdos sociales de una mercantil por la que se solicita el cese de la administradora \u00fanica y el nombramiento de nuevos administradores.<\/p>\n

Hechos<\/strong>: Se suspende la inscripci\u00f3n de una escritura de 2001<\/strong>, relativa a cese y nombramiento de administradores por existir doble cierre<\/strong> de la hoja de la sociedad al estar dada de baja en el \u00edndice de entidades de la AEAT y por falta de dep\u00f3sito de cuentas.<\/p>\n

La administradora cesada recurre y alega que el cierre por falta de dep\u00f3sito no debe afectar a su cese y que respecto del cierre por baja en el \u00edndice de entidades, el cese es muy anterior<\/strong> a la norma que se cita en la nota de calificaci\u00f3n y a la baja, la cual debe carecer de retroactividad.<\/p>\n

Doctrina<\/strong>: La DG confirma<\/strong> la nota de calificaci\u00f3n.<\/p>\n

Recuerda que es su doctrina reiterada en muchas resoluciones, doctrina que se basa en el art\u00edculo\u00a0 119.2 de la Ley 27\/2014, de 27 de noviembre<\/a>, y del art\u00edculo 96 del Reglamento del Registro Mercantil<\/a> que s\u00f3lo except\u00faa del cierre \u201clos actos que sean presupuesto necesario para la reapertura de la hoja, as\u00ed como los relativos al dep\u00f3sito de las cuentas anuales\u201d.<\/p>\n

No toma en consideraci\u00f3n las alegaciones de la recurrente pues la calificaci\u00f3n se produce en el momento de la presentaci\u00f3n de la escritura, sea cual sea la fecha de esta. Aparte de ello debi\u00f3 ser la administradora cesada la que en su d\u00eda instara la inscripci\u00f3n correspondiente ya que de conformidad con el art. 26.3 del Ccom , \u201clos administradores, sin distinguir si son los salientes o entrantes, est\u00e1n obligados a presentar en el Registro Mercantil, dentro de los ocho d\u00edas siguientes a la aprobaci\u00f3n del acta, testimonio notarial de los acuerdos inscribibles\u201d y , por su parte, a\u00f1adimos nosotros, el art\u00edculo 215 de la LSC<\/a>, que est\u00e1 espec\u00edficamente dedicado a la inscripci\u00f3n del\u00a0 nombramiento de administradores, exige que la presentaci\u00f3n en el registro se haga dentro de los diez d\u00edas siguientes a la aceptaci\u00f3n.<\/p>\n

Comentario:<\/strong> Aunque la doctrina de la DG y las normas en que se basa son claras, estimamos que deber\u00eda arbitrarse un medio legal para posibilitar la inscripci\u00f3n del cese de los administradores en estos casos, pues para los cesados, con independencia de las responsabilidades que se les puedan exigir, es un verdadero problema conseguir la inscripci\u00f3n en caso de baja en el \u00edndice de entidades de la AEAT. JAGV.<\/p>\n

PDF (BOE-A-2017-12754 \u2013 3\u00a0p\u00e1gs.\u00a0\u2013 169\u00a0KB)<\/a>\u00a0 \u00a0\u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

 <\/p>\n<\/a>

<\/a>472.**\u00a0<\/strong><\/span>SOLICITUD DE CANCELACI\u00d3N DE ANOTACI\u00d3N DE EMBARGO PRORROGADA ANTES DE LA LEC 2000.<\/span> <\/strong><\/h6>\n

Resoluci\u00f3n de 13 de octubre de 2017, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci\u00f3n extendida por la registradora de la propiedad de Aldaia, por la que se deniega la cancelaci\u00f3n por caducidad de una serie de anotaciones preventivas de embargo, por encontrarse prorrogadas con anterioridad a la entrada en vigor de la vigente Ley 1\/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.\u00a0<\/p>\n

Hechos: <\/strong>el titular registral de una determinada finca presenta en el Registro una instancia solicitando la cancelaci\u00f3n de una serie de anotaciones preventivas.<\/p>\n

La Registradora <\/strong>califica negativamente por ser anotaciones que fueron prorrogadas con anterioridad a la entrada en vigor de la LEC 1\/2000, que se produjo, el 8 de enero de 2001.<\/p>\n

La DGRN<\/strong> confirma<\/strong> la calificaci\u00f3n y recuerda su doctrina sobre caducidad de anotaciones preventivas con arreglo a los art\u00edculos 86 LH<\/a>, 199 RH<\/a>, la Instrucci\u00f3n de 12 de diciembre de 2000 y numerosas resoluciones posteriores y es que puedan darse las siguientes situaciones:<\/p>\n

1) Anotaciones prorrogadas por mandamiento presentado en el Registro antes del 8 de enero de 2001<\/u>: rige la legislaci\u00f3n anterior y se encuentran en situaci\u00f3n de pr\u00f3rroga indefinida sin necesidad de que se soliciten pr\u00f3rrogas sucesivas.<\/p>\n

2) Anotaciones preventivas prorrogadas por mandamiento presentado en el Registro de la Propiedad despu\u00e9s del 8 de enero de 2001<\/u>: se rigen por el nuevo art\u00edculo 86 LH<\/a> y quedan sujetas al plazo de caducidad de 4 a\u00f1os, sin perjuicio de que puedan prorrogarse sucesivamente (cada cuatro a\u00f1os) hasta la conclusi\u00f3n del proceso que las origin\u00f3.<\/p>\n

3) Anotaciones preventivas que, practicadas antes de la entrada en vigor de la LEC segu\u00edan vigentes (sin pr\u00f3rroga) a fecha de 8 de enero de 2001<\/u>. Igual que en el caso anterior, se rigen por el nuevo art\u00edculo 86 LH<\/a> y quedan sujetas al plazo de caducidad de 4 a\u00f1os, sin perjuicio de que puedan prorrogarse sucesivamente (cada cuatro a\u00f1os) hasta la conclusi\u00f3n del proceso que las origin\u00f3.<\/p>\n

4) Caducidad de las anotaciones prorrogadas indefinidamente conforme a la legislaci\u00f3n anterior<\/u>.<\/p>\n

1) Si el mandamiento judicial ordenando la pr\u00f3rroga es posterior al 8 de enero de 2001, aunque la resoluci\u00f3n judicial sea de fecha anterior y cite el art\u00edculo 199.2 RH<\/a>, se aplicar\u00e1 el nuevo art\u00edculo 86 LH<\/a>.<\/p>\n

2) Por el contrario, si el mandamiento judicial instando la pr\u00f3rroga se presenta en el Registro antes del 8 de enero de 2001, y se practica el asiento de presentaci\u00f3n antes del 8 de enero de 2001, se rige por el art\u00edculo 199.2 RH<\/a>.<\/strong><\/p>\n

As\u00ed, es doctrina registral reiterada que, por aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica del art\u00edculo 157 LH<\/a> (relativo a la hipoteca en garant\u00eda de rentas o prestaciones peri\u00f3dicas), transcurrido el plazo de seis meses desde la emisi\u00f3n de la resoluci\u00f3n judicial firme en el proceso que motiv\u00f3 la anotaci\u00f3n preventiva, la anotaci\u00f3n preventiva ha de cancelarse por caducidad.<\/p>\n

Adem\u00e1s, con cita en la R. de 18 de mayo de 2016<\/a>, reconoce el Centro Directivo que el expediente de liberaci\u00f3n de cargas, no es medio h\u00e1bil para la cancelaci\u00f3n de las anotaciones preventivas prorrogadas,<\/strong> dado que seg\u00fan el art\u00edculo 210 LH<\/a> (tras su reforma por la Ley 13\/2015), el expediente se aplica a cargas o derechos que hayan quedado legalmente extinguidos por prescripci\u00f3n, caducidad o no uso; y no resulta medio h\u00e1bil para la cancelaci\u00f3n de anotaciones de embargo sin que quepa tampoco aplicar el art\u00edculo 1.964 CC<\/a> como alega el recurrente. (ER)<\/p>\n

PDF (BOE-A-2017-12755 – 7\u00a0p\u00e1gs.<\/abbr>\u00a0– 200\u00a0KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0\u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

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<\/a>473.**\u00a0<\/strong><\/span>SOLICITUD DE CANCELACI\u00d3N DE ANOTACI\u00d3N DE EMBARGO PRORROGADA ANTES DE LA LEC 2000.<\/span> <\/strong><\/h6>\n

Resoluci\u00f3n de 13 de octubre de 2017, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci\u00f3n extendida por la registradora de la propiedad de Aldaia, por la que se deniega la cancelaci\u00f3n por caducidad de una serie de anotaciones preventivas de embargo, por encontrarse prorrogadas con anterioridad a la entrada en vigor de la vigente Ley 1\/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.\u00a0<\/p>\n

Id\u00e9ntica a la Resoluci\u00f3n anterior resumida con el n\u00famero 472. (ER)<\/p>\n

PDF (BOE-A-2017-12756 – 8\u00a0p\u00e1gs.<\/abbr>\u00a0– 203\u00a0KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0\u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n<\/a>

<\/a>474.*** CONSEJO DE ADMINISTRACI\u00d3N. N\u00daMERO M\u00cdNIMO Y M\u00c1XIMO DE CONSEJEROS. JUNTA GENERAL: QUORUM DE ADOPCI\u00d3N DE ACUERDOS.<\/strong><\/span><\/h6>\n

Resoluci\u00f3n de 16 de octubre de 2017, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil XI de Madrid a inscribir la escritura de elevaci\u00f3n a p\u00fablico de acuerdos sociales de una entidad.<\/p>\n

Hechos<\/strong>: Se discute en esta resoluci\u00f3n dos cuestiones<\/strong> en relaci\u00f3n a la inscribibilidad de determinadas cl\u00e1usulas de los estatutos de una sociedad an\u00f3nima<\/strong>:<\/p>\n

Una<\/strong> si es posible establecer en estatutos, tras expresar que las juntas se rigen en todo por la Ley,\u00a0 que determinados acuerdos de la Junta General se tomen como m\u00ednimo por el 60% del capital y dos <\/strong>si es posible que unos estatutos que dicen que el n\u00famero de consejeros est\u00e1 entre 5 y 15, en otro art\u00edculo se establezca que determinados acuerdos del consejo exigen el voto de al menos 8 consejeros.<\/p>\n

El registrador considera que no son inscribibles<\/strong> esas cl\u00e1usulas de los estatutos pues si \u00a0el consejo est\u00e1 formado entre 5 y 12 consejeros, la exigencia de que voten ocho consejeros para determinados acuerdos es de imposible cumplimiento si el consejo lo integran menos de 9 consejeros. Y porque respecto de los acuerdos de junta \u201cno se precisa si el qu\u00f3rum o mayor\u00eda de la junta para adoptar los acuerdos \u2026 es para primera o segunda convocatoria debiendo cumplirse, en todo caso, lo dispuesto en el art\u00edculo 193.2 LSC<\/a>\u201d.<\/p>\n

La sociedad recurre invocando la libertad en las previsiones estatutarias para la adopci\u00f3n de acuerdos, reconociendo que determinados acuerdos no podr\u00e1n ser adoptados por el consejo y respecto de la norma sobre el quorum de adopci\u00f3n de acuerdos en junta alega que el mismo art\u00edculo dice que las juntas, con la salvedad establecida, se rigen en todo por la Ley.<\/p>\n

\u00a0Doctrina:<\/strong> Ambos defectos son confirmados<\/strong>.<\/p>\n

El primero porque en contra de las alegaciones del recurrente no se pueden sustraer de la competencia del consejo determinados acuerdos propios del \u00f3rgano de administraci\u00f3n, Por tanto es obvio que los estatutos no pueden establecer reglas que de forma indirecta, en base a exigencias de quorum imposibles en determinadas circunstancias, no hagan viable el adoptar acuerdos.<\/p>\n

Y el segundo porque de conformidad con el art. 193. 2 de la LSC es imperativo que el quorum de constituci\u00f3n de la junta y de adopci\u00f3n de acuerdos sea inferior en segunda convocatoria respecto del que se exige en primero, sin que dado el quorum establecido ello sea compensado por la remisi\u00f3n general que se hace a la LSC.<\/p>\n

\u00a0Consecuencia de ello es que no puede establecerse un \u00fanico quorum de votaci\u00f3n reforzado sin distinguir entre primera y segunda convocatoria.<\/p>\n

Comentario<\/strong>: Interesante resoluci\u00f3n, tanto por los problemas que directamente trata, como por los que apunta en sus fundamentos de derecho.<\/p>\n

De ella podemos deducir estos principios:<\/p>\n

Uno<\/strong>: No es posible establecer que determinados acuerdos se tomen por unanimidad de todos los consejeros.<\/p>\n

Dos:<\/strong> S\u00ed ser\u00eda posible establecer que para la v\u00e1lida constituci\u00f3n del consejo est\u00e9n presentes todos los consejeros. No obstante esta conclusi\u00f3n, establecida en una resoluci\u00f3n de la DG de 7 de octubre de 2013<\/a>, para una sociedad limitada, si bien favorece la colegialidad en la adopci\u00f3n de acuerdos, tiene el inconveniente que se da una especie de veto a cualquier consejero pues su ausencia har\u00e1 que el consejo no pueda adoptar acuerdos. Por ello la DG no se pronuncia de forma expresa sobre ello en este expediente referido a una sociedad an\u00f3nima. Es cuando menos una cuesti\u00f3n dudosa para la sociedad an\u00f3nima en donde el aspecto personalista tiene una menor incidencia.<\/p>\n

Tres:<\/strong> El n\u00famero m\u00ednimo y m\u00e1ximo de consejeros establecidos en estatutos \u00a0debe estar en consonancia con los quorum de adopci\u00f3n de acuerdos.<\/p>\n

Cuatro<\/strong>: No puede establecerse un quorum \u00fanico, sin distinguir entre primera y segunda convocatoria, para adopci\u00f3n de acuerdos en las juntas generales de la sociedad an\u00f3nima.<\/p>\n

Cinco<\/strong>: No puede privarse al consejo de la posibilidad de adoptar acuerdos sobre facultades representativas que le son propias. JAGV.<\/p>\n

PDF (BOE-A-2017-12757 \u2013 6\u00a0p\u00e1gs.\u00a0\u2013 187\u00a0KB)<\/a>\u00a0 \u00a0\u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n<\/a>

<\/a>475.**\u00a0<\/strong>ESCRITURA DE LIQUIDACI\u00d3N DE GANANCIALES EXISTIENDO CONVENIO REGULADOR ANTERIOR.<\/strong><\/span><\/h6>\n

Resoluci\u00f3n de 16 de octubre de 2017, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci\u00f3n de la registradora de la propiedad de Ibi, por la que se deniega la inscripci\u00f3n de una escritura de liquidaci\u00f3n de sociedad de gananciales.<\/p>\n

Hechos:<\/strong> Se otorga una escritura de liquidaci\u00f3n de la sociedad de gananciales de un matrimonio ya divorciado en el que la vivienda familiar se adjudica a uno de los c\u00f3nyuges. De la certificaci\u00f3n del registro civil de la inscripci\u00f3n del matrimonio resulta la noticia de la existencia de un convenio regulador aprobado con posterioridad a la sentencia de divorcio, que no se menciona ni se aporta a la escritura.<\/p>\n

La registradora<\/strong> deniega la inscripci\u00f3n porque alega que en el Convenio regulador se han adjudicado los bienes por mitad (al parecer se le ha aportado posteriormente una fotocopia del mismo) y que ahora ya no es posible liquidar la sociedad de gananciales porque ya est\u00e1 liquidada en el Convenio regulador, que habr\u00e1 de inscribirse primero.<\/p>\n

La interesada<\/strong> recurre y argumenta que el Registro publica una titularidad ganancial, que ha de presumirse v\u00e1lida conforme al principio de legitimaci\u00f3n registral recogido en el art\u00edculo 38 LH de que los derechos existen y pertenecen a su titular registral, que los titulares registrales est\u00e1n disponiendo del bien en documento p\u00fablico, y que, en consecuencia,\u00a0 la registradora debe de inscribir la escritura de liquidaci\u00f3n.<\/p>\n

La DGRN <\/strong>desestima el recurso, afirmando que debe de aportarse el Convenio ya que uno de los aspectos del mismo, que puede incidir en la liquidaci\u00f3n, es la atribuci\u00f3n del uso de la vivienda familiar, y en este caso adem\u00e1s hay una menor.<\/p>\n

Recuerda que el derecho de uso de la vivienda familiar no tiene car\u00e1cter patrimonial<\/strong>, sino de orden puramente familiar y que ello conlleva ciertas limitaciones. Este derecho comporta por un lado un derecho ocupacional<\/strong>, y por otro que el titular dominical de la vivienda no podr\u00e1 disponer de ella<\/strong> sin el consentimiento del titular del derecho de uso o, en su caso, autorizaci\u00f3n judicial. Normalmente el titular del derecho de uso ser\u00e1 uno de los c\u00f3nyuges aunque la sentencia tambi\u00e9n puede atribuirlo a los hijos.\u00a0<\/p>\n

COMENTARIO.-<\/strong> La DGRN no tiene en cuenta que la registradora no se ha limitado a suspender la inscripci\u00f3n de la escritura solicitando que se aporte el Convenio, que ser\u00eda lo admisible seg\u00fan esta interpretaci\u00f3n, sino que ha denegado la inscripci\u00f3n en base a una fotocopia del Convenio, que no consta en el t\u00edtulo presentado (la escritura)\u00a0 y que en todo caso no goza de ninguna fehaciencia.\u00a0(AFS)<\/span><\/p>\n

PDF (BOE-A-2017-12758 – 6\u00a0p\u00e1gs.<\/abbr>\u00a0– 190\u00a0KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0\u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

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<\/a>476.**\u00a0SERVIDUMBRE: CONSTANCIA EN EL PREDIO DOMINANTE POR NOTA MARGINAL (Y NO EN EL CUERPO DE LA DESCRIPCI\u00d3N). RECTIFICACI\u00d3N DE SERVIDUMBRE YA INSCRITA<\/strong>.<\/strong><\/span><\/h6>\n

Resoluci\u00f3n de 16 de octubre de 2017, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci\u00f3n de la registradora de la propiedad de Majadahonda n.\u00ba 1, por la que se deniega la pr\u00e1ctica de una rectificaci\u00f3n en la descripci\u00f3n de una finca registral del mencionado registro.<\/p>\n

– HECHOS:<\/strong>\u00a0En un proyecto de compensaci\u00f3n urban\u00edstica formalizado en escritura de 1995, modificada por otras 2 escrituras el mismo a\u00f1o (que no se acompa\u00f1an), se constituye una servidumbre de paso y de uso exclusivo de estacionamiento a favor del predio dominante sobre 2 sirvientes (que luego han sido divididos horizontalmente). Parece que la servidumbre<\/u> consta en el predio dominante<\/em> por Nota Marginal<\/u><\/em><\/strong> (de referencia a los sirvientes donde ya consta como carga) y no en la descripci\u00f3n de la finca<\/strong>. Ahora se presenta la escritura por los due\u00f1os del predio dominante para que la servidumbre<\/u> conste en la descripci\u00f3n de la finca<\/strong>, como una cualidad de la misma<\/em> \u00a0(A\u00ba 13 LH<\/a>).<\/p>\n

– La REGISTRADORA<\/strong>\u00a0<\/strong> califica negativamente por dos razones:<\/p>\n

a) <\/strong>El reflejo registral de la cualidad del predio dominante<\/em><\/strong>, en cuanto que disfruta de la servidumbre gravada sobre los predios sirvientes, se efect\u00faa mediante nota marginal <\/em><\/strong>(A\u00ba 13-1 LH<\/a>), no siendo posible hacer constar la descripci\u00f3n global de las servidumbres que se hace en el predio dominante, cuyo (nuevo) contenido podr\u00eda ser adem\u00e1s contradictorio con el ya inscrito<\/u> para la servidumbre en ambos predios sirvientes.<\/p>\n

b)<\/strong> Para inscribir una modificaci\u00f3n, conforme al Ppio de Tracto Sucesivo<\/em><\/strong> (A\u00ba 20 LH<\/a>) y las reglas de rectificaci\u00f3n de asientos (por error u otros motivos) del A\u00ba 40-d) LH<\/a> requiere el consentimiento de todos los afectados o resoluci\u00f3n judicial.<\/p>\n

– Los interesados<\/strong>\u00a0recurren <\/strong>y parece que solicitan, no que se modifique o corrija la servidumbre<\/u> sino simplemente que conste en el cuerpo de la descripci\u00f3n de la finca<\/strong>, como una cualidad de la misma<\/em> \u00a0(A\u00ba 13-2 LH<\/a>).<\/p>\n

– La DGRN<\/strong>\u00a0<\/strong>\u00a0desestima el recurso<\/strong> y confirma <\/strong>la calificaci\u00f3n registral, se\u00f1alando, con un criterio an\u00e1logo a la reciente Res 19 julio 2017<\/a>, que la inscripci\u00f3n de la servidumbre debe realizarse en los folios de las fincas sirvientes<\/em> <\/strong>y con el consentimiento de los titulares de dichas fincas sirvientes gravadas. Es en estos folios donde deben practicarse los grav\u00e1menes sobre las fincas. As\u00ed resulta con toda claridad del A\u00ba 13 LH<\/a> y aunque su 2\u00ba p\u00e1rrafo establece la posibilidad de que \u201ctambi\u00e9n se haga constar en el folio de la finca dominante,<\/em> como una cualidad del mismo\u201d,<\/em> tal constancia se realiza por Nota Marginal, por referencia a los folios de las fincas sirvientes,<\/em> ya que la servidumbre<\/strong> no se inscribe propiamente en el folio de la finca dominante.<\/u> \u00a0(ACM<\/a>).<\/p>\n

PDF (BOE-A-2017-12759 – 7\u00a0p\u00e1gs.<\/abbr>\u00a0– 210\u00a0KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0\u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

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<\/a>477.*\u00a0<\/strong>RECTIFICACI\u00d3N DE SEGREGACI\u00d3N Y VENTA. TRACTO SUCESIVO. ACREDITACI\u00d3N REPRESENTACI\u00d3N NORMATIVA ANTERIOR. RECURSO SIENDO OTRO EL REGISTRADOR.<\/strong><\/span><\/h6>\n

Resoluci\u00f3n de 16 de octubre de 2017, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci\u00f3n del registrador de la propiedad de Lepe, por la que se suspende la inscripci\u00f3n de una escritura de rectificaci\u00f3n de otra de segregaci\u00f3n y venta.\u00a0<\/p>\n

– HECHOS:<\/strong>\u00a0\u00a0\u00a0 En 1989 se otorgan 2 escrituras entre 2 SA, una de segregaci\u00f3n y venta; y otra posterior de rectificaci\u00f3n de la 1\u00aa dejando sin efecto la segregaci\u00f3n y extendiendo la venta a la totalidad de la Finca. Se presentan ahora en el registro y la finca fue ya objeto de vinculaci\u00f3n \u201cob rem\u201d<\/em> a favor de 120 fincas registrales.<\/p>\n

– El REGISTRADOR<\/strong>\u00a0<\/strong> l\u00f3gicamente deniega el asiento por falta de Tracto Sucesivo<\/em><\/strong> (A\u00ba 20 LH<\/a>) y por tanto el consentimiento de todos los titulares registrales afectados, y por no aportarse el apoderamiento<\/strong> del representante de la SA para calificar su suficiencia<\/u><\/em>. En el \u00ednterin se produce un traslado del registrador, y una vez presentado el recurso el nuevo registrador<\/u><\/em> forma directamente el expediente y lo eleva a la DGRN.<\/p>\n

– El ABOGADO de los interesados<\/strong>\u00a0recurre <\/strong>y se\u00f1ala que se halla pendiente de resoluci\u00f3n un procedimiento de rectificaci\u00f3n de errores de los asientos afectados (que en su d\u00eda motiv\u00f3 un asiento de presentaci\u00f3n, ya caducado y cancelado) y que el notario autorizante de la escritura ya consider\u00f3 suficientes, en su d\u00eda, las facultades del apoderado.<\/p>\n

–<\/strong> Evidentemente la DGRN<\/strong>\u00a0<\/strong>\u00a0desestima el recurso<\/strong> y confirma <\/strong>la calificaci\u00f3n registral, se\u00f1alando:
\na) Que sin el consentimiento de todos los afectados no cabe rectificar el titulo previo no inscrito (A\u00ba 20 LH<\/a>);
\nb) Que en 1989 no se hab\u00eda promulgado el Art 98 LMFAOS -Ley 24\/2001<\/a>– y que el notario dice expresamente en la escritura que a la misma se acompa\u00f1ar\u00e1 el apoderamiento;
\ny c) Y que, aunque el nuevo registrador no lo diga expresamente, al formar el expediente y elevarlo a la DGRN aceptando el recurso, implica t\u00e1citamente su asunci\u00f3n de la calificaci\u00f3n del registrador anterior (lo que es potestativo para el nuevo). (ACM<\/a>).<\/p>\n

PDF (BOE-A-2017-12760 – 4\u00a0p\u00e1gs.<\/abbr>\u00a0– 172\u00a0KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0\u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

 <\/p>\n<\/a>

<\/a>478.() PRETENSI\u00d3N DE REVOCAR UNA ANOTACI\u00d3N DE EMBARGO PRACTICADA<\/strong><\/span><\/h6>\n

Resoluci\u00f3n de 17 de octubre de 2017, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto como consecuencia de la pr\u00e1ctica de una anotaci\u00f3n preventiva de embargo realizada por el registrador de la propiedad de Granollers n.\u00ba 2.<\/p>\n

Supuesto:<\/strong> Se plantea si cabe revocar la pr\u00e1ctica de una anotaci\u00f3n preventiva de embargo ya practicada por entender el recurrente que el t\u00edtulo ejecutivo estaba prescrito.<\/p>\n

La DGRN desestima el recurso,<\/strong> dado que, como ha reiterado en numerosas resoluciones a)s\u00f3lo cabe interponer recurso ante la DGRN cuando el registrador califica negativamente el t\u00edtulo,<\/strong> sea total o parcialmente (arts 324<\/a> y 326<\/a> LH); b) el objeto del recurso es exclusivamente la determinaci\u00f3n de si la calificaci\u00f3n es o no ajustada a Derecho<\/strong> y no cualquier otra pretensi\u00f3n, se\u00f1aladamente la determinaci\u00f3n de la validez o no del t\u00edtulo inscrito ni de su derecho a inscribir o anotar, cuestiones todas ellas reservadas al conocimiento de los tribunales (art. 66<\/a> LH); c) una vez practicado un asiento, el mismo se encuentra bajo la salvaguardia de los tribunales,<\/strong> produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud (arts 1<\/a>, 38<\/a>, 40<\/a> y 82<\/a> LH). Por tanto, conforme a esta reiterada doctrina, el recurso<\/u><\/strong> contra la calificaci\u00f3n negativa del registrador no es cauce h\u00e1bil para acordar la cancelaci\u00f3n de asientos ya practicados.<\/u><\/strong><\/p>\n

Si el recurrente considera que la responsabilidad civil, de la que deriva el embargo y su anotaci\u00f3n, ha prescrito, debe hacerlo valer en el procedimiento judicial solicitando se expida el correspondiente mandamiento judicial de cancelaci\u00f3n. (JCC)<\/p>\n

\u00a0<\/div>\n

PDF (BOE-A-2017-12996 – 4\u00a0p\u00e1gs.<\/abbr>\u00a0– 170\u00a0KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0\u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n<\/a>

<\/a>479.** RECTIFICACI\u00d3N DE UNA ESCRITURA DE RENUNCIA POR OTRA DE ACEPTACI\u00d3N HEREDITARIA. <\/strong><\/span><\/h6>\n

Resoluci\u00f3n de 17 de octubre de 2017, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificaci\u00f3n de la registradora de la propiedad de Burjassot, por la que se suspende la inscripci\u00f3n de una escritura de partici\u00f3n de herencia.<\/p>\n

Hechos:<\/strong> Con fecha 20 septiembre de 2016, se formaliza una escritura de partici\u00f3n de herencia, en la que, una de las herederas X, renuncia a la herencia de su causante, adjudic\u00e1ndose su participaci\u00f3n, por acrecimiento, al resto de herederos. Se hace constar que, en el testamento del causante, dicha heredera renunciante, hab\u00eda sido sustituida vulgarmente, por sus descendientes.<\/p>\n

Por otra escritura posterior de 1 de marzo de 2017 (seis meses despu\u00e9s de aquella), se formaliza una escritura de rectificaci\u00f3n de aquella de herencia, subsan\u00e1ndola, con la intervenci\u00f3n de todos los comparecientes anteriores, y en ella se dice que hubo un error en la renuncia de la heredera X, ya que la misma aceptaba la herencia del causante.\u00a0 Se alegaba error en el consentimiento por parte de la heredera y legitimaria, siendo este vicio de su consentimiento una excepci\u00f3n a lo que dispone el art\u00edculo 997 c.c.<\/a><\/p>\n

Registradora<\/strong>: La registradora suspende la inscripci\u00f3n de dicha escritura, por cuanto la renuncia de herencia es irrevocable, y se deber\u00eda, o acreditar la inexistencia de descendientes<\/strong> sustitutos vulgares de la heredera renunciante, o bien darse la intervenci\u00f3n de los\u00a0 mismos<\/strong> en la escritura de rectificaci\u00f3n.<\/p>\n

Direcci\u00f3n General: <\/strong>Interpuesto el recurso, la DG lo rechaza, razonando que, efectivamente, y conforme al art 997 c.c. la aceptaci\u00f3n y repudiaci\u00f3n de herencia, son irrevocables y s\u00f3lo se pueden anular por error en el consentimiento o por aparecer un testamento desconocido. Bien es cierto que tambi\u00e9n el Reglamento Notarial art. 153 RN<\/a> admite que los errores materiales, omisiones y defectos de forma, puede ser subsanados por el notario autorizante, su sustituto o sucesor, pero esto se refiere al notario y no es incompatible con el art\u00edculo 997 c.c., que se refiere a las rectificaciones por errores producidos en el mismo documento, que vicien el consentimiento<\/strong>.<\/p>\n

Sin embargo la soluci\u00f3n del art\u00edculo 153 del RN no puede aplicarse a lo que es un error obstativo, es decir a aquel en que, existiendo una correcta formaci\u00f3n de la voluntad, \u00e9sta se expresa err\u00f3neamente, lo que el notario puede conocer por su asesoramiento al otorgante, o por los documentos fehacientes tenidos a la vista,<\/strong> sin olvidar los limitados medios con que cuenta al notario para practicar, de oficio, una rectificaci\u00f3n, situaci\u00f3n a la que se puede equiparar el error material, puramente documental.<\/p>\n

Sin embargo, recalca la DG, la rectificaci\u00f3n aqu\u00ed producida no es de oficio o voluntaria,\u00a0 y debe ser consentida no ya s\u00f3lo por los otorgantes, sino por todos los afectados por la misma, y<\/strong> se produce este supuesto, cuando reca\u00edda una calificaci\u00f3n registral, momento en que parece ser conocida por los otorgantes los efectos de la repudiaci\u00f3n efectuada, no puede alegarse error de vicio u obstativo o de mera plasmaci\u00f3n documental. Se trata pues de un error de derecho, ya que los efectos producidos no son los que los otorgantes pretend\u00edan, sustituyendo una repudiaci\u00f3n pura y simple\u00a0 por una renuncia traslativa, pero incluso este error no ser\u00eda admisible como causa de impugnaci\u00f3n de la repudiaci\u00f3n, dado lo restrictivo de su admisi\u00f3n. Por tanto para ser admitido este tipo de error de derecho, ser\u00eda imprescindible el consentimiento de la totalidad de afectados por el mismo, m\u00e1s cuando la rectificaci\u00f3n se ha producido con una dilaci\u00f3n de m\u00e1s de seis meses, lo que ha podido producir determinadas expectativas en los sustitutos de la heredera renunciante<\/strong>. En cuanto al supuesto de la RS de 21 abril de 2017<\/a>, no tiene nada que ver con el presente, ya que en aquella, la rectificaci\u00f3n se produjo a trav\u00e9s de diligencia notarial en la misma escritura de renuncia, sin que hubiera habido (como ahora) una presentaci\u00f3n en oficina p\u00fablica y en el registro, y m\u00e1s habi\u00e9ndose expedido la copia inicial, sin rectificaci\u00f3n alguna, en su momento.\u00a0(JLN)<\/p>\n

\n

PDF (BOE-A-2017-12997 – 6\u00a0p\u00e1gs.<\/abbr>\u00a0– 187\u00a0KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0\u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n<\/div>\n

 <\/p>\n<\/a>

<\/a>480.*** ACTA NOTARIAL ART. 208 LH PARA LA REANUDACI\u00d3N DE TRACTO.\u00a0 CAUSAHABIENTES DEL TITULAR REGISTRAL Y EXTRAORDINARIA DIFICULTAD.<\/strong><\/span><\/h6>\n

Resoluci\u00f3n de 18 de octubre de 2017, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Guadix a inscribir un acta de reanudaci\u00f3n del tracto sucesivo.<\/p>\n

Hechos:<\/strong> Se solicita la reanudaci\u00f3n del tracto sucesivo interrumpido en base a un Acta notarial para la reanudaci\u00f3n del tracto del art\u00edculo 208 LH<\/a>, finalizada con decisi\u00f3n notarial positiva de estimar acreditado el tracto respecto de una cuota indivisa (1\/8) de una finca, estando el resto de dicha finca ya inscrito a favor de los titulares actuales.<\/p>\n

El tracto est\u00e1 interrumpido desde hace m\u00e1s de 100 a\u00f1os y, salvo el primer t\u00edtulo traslativo (de la esposa titular registral (A) a su esposo (B)), todos los dem\u00e1s t\u00edtulos figuran en escritura p\u00fablica; dichos t\u00edtulos son una escritura de compra por un tercero (de B a C), una escritura de herencia a favor de los herederos de C (herederos D) y una de aportaci\u00f3n a la sociedad de gananciales de cada uno de los herederos (D) a favor de sus c\u00f3nyuges (E). Al parecer existe otra escritura de transmisi\u00f3n por herencia, de los herederos D y sus c\u00f3nyuges E a los actuales titulares (F).<\/p>\n

El requirente del Acta (F) es uno de los herederos y solicita la intervenci\u00f3n notarial y la reanudaci\u00f3n del tracto alegando su inter\u00e9s leg\u00edtimo en su condici\u00f3n de heredero de los titulares D y E,\u00a0 habiendo tambi\u00e9n otros coherederos que no han comparecido ni se acredita su representaci\u00f3n. Tampoco se aporta al Registro la escritura de herencia a favor de F y de sus coherederos, aunque s\u00ed se acredit\u00f3 al notario autorizante del Acta, al parecer.<\/p>\n

La registradora<\/strong> encuentra varios defectos: el principal es que considera que el solicitante es causahabiente de la titular registral por lo que entiende que no hay verdadera interrupci\u00f3n de tracto. El solicitante no acredita la representaci\u00f3n de los dem\u00e1s coherederos ni su condici\u00f3n de heredero ni el fallecimiento de sus causantes inmediatos. Finalmente la descripci\u00f3n de la finca cambia respecto de la inscrita, pues se rectifica la cabida y no se cumplen los requisitos legales para justificar dicho cambio.<\/p>\n

El interesado<\/strong> recurre y alega que s\u00ed hay interrupci\u00f3n de tracto, que en todo caso ser\u00eda extremadamente gravoso citar a todos los herederos despu\u00e9s de m\u00e1s de cien a\u00f1os, que los actuales herederos tienen su t\u00edtulo p\u00fablico, rese\u00f1ado por el notario, que cualquiera de ellos est\u00e1 legitimado para instar el acta y en cuanto a la rectificaci\u00f3n de la cabida que no se solicita ni debe de afectar al tracto.<\/p>\n

La DGRN<\/strong> estima el recurso en cuanto al primero de los defectos y lo confirma respecto de los dem\u00e1s.<\/p>\n

Revoca el primer defecto ya que considera que, faltando \u00fanicamente la documentaci\u00f3n p\u00fablica de la transmisi\u00f3n hereditaria efectuada de la titular registral A a su c\u00f3nyuge B, no existe una verdadera interrupci\u00f3n del tracto. Sin embargo admite la alegaci\u00f3n del recurrente relativa a la extraordinaria dificultad<\/strong> que supondr\u00eda otorgar la documentaci\u00f3n que subsanar\u00eda la falta de tracto sucesivo, ya que despu\u00e9s de 100 a\u00f1os se desconocen los datos personales y los domicilios de los herederos de la titular registral y de su c\u00f3nyuge. En este sentido cita sus propias Resoluciones de 24 de marzo de 2015<\/a> y 13 de julio de 2017<\/a>.<\/p>\n

En cuanto a la intervenci\u00f3n de lo dem\u00e1s coherederos del requirente, dado que el promotor del expediente no pretende la reanudaci\u00f3n del tracto a su favor, sino a favor de su causante, confirma que deben de intervenir todos, presentes o representados y que el que comparezca en nombre de los otros coherederos acredite su representaci\u00f3n.<\/p>\n

Respecto del \u00faltimo defecto lo confirma y recuerda que la sola presentaci\u00f3n de un documento en el Registro implica la petici\u00f3n de la extensi\u00f3n de todos los asientos que en su virtud puedan practicarse<\/strong>, siendo competencia del registrador la determinaci\u00f3n de cu\u00e1les sean \u00e9stos, sin que el principio registral de rogaci\u00f3n imponga otras exigencias formales a\u00f1adidas. Sin embargo el presentante o el interesado, a la vista del defecto, podr\u00e1 solicitar la inscripci\u00f3n parcial del documento.<\/p>\n

COMENTARIO:<\/strong> El Acta que recoge el expediente de dominio para reanudar el tracto en ning\u00fan caso es de notoriedad<\/strong> (como alega el recurrente) pues el notario no declara notorio nada sino que lo que hace es emitir una declaraci\u00f3n de autoridad<\/strong> (en sede de jurisdicci\u00f3n voluntaria, equivalente a los antiguos Autos judiciales), es decir, declarar acreditado el tracto interrumpido entre el titular registral y el t\u00edtulo \u00faltimo que se pretende inscribir. Su naturaleza pues no tiene nada que ver con las Actas de notoriedad en las que el notario declara la notoriedad de un hecho. Esta confusi\u00f3n de conceptos se observa tambi\u00e9n en algunos formularios notariales.<\/p>\n

Finalmente, conviene recordar que se pueden admitir los requerimientos notariales para tramitar el expediente para reanudar el tracto sucesivo, no s\u00f3lo cuando haya verdadera interrupci\u00f3n del tracto, sino cuando no habi\u00e9ndola resultare una dificultad extraordinaria<\/strong> para localizar a los herederos del titular registral, pues una interpretaci\u00f3n rigurosa en este punto abocar\u00eda al titular actual a un procedimiento judicial declarativo ocasion\u00e1ndole graves dificultades pr\u00e1cticas (de tiempo y de coste econ\u00f3mico) que es justamente lo que se pretende evitar con este tipo de expedientes.\u00a0(AFS)<\/span><\/p>\n

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PDF (BOE-A-2017-12998 – 10\u00a0p\u00e1gs.<\/abbr>\u00a0– 224\u00a0KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0\u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n<\/div>\n

\u00a0<\/p>\n<\/a>

<\/a>481.** EJECUCI\u00d3N HIPOTECARIA CONTRA LA HERENCIA YACENTE. RENUNCIA DE LOS HEREDEROS. DEFENSOR JUDICIAL: SU CAR\u00c1CTER EXCEPCIONAL.<\/strong><\/span><\/h6>\n

Resoluci\u00f3n de 18 de octubre de 2017, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Icod de los Vinos a inscribir un decreto de adjudicaci\u00f3n dictado en un procedimiento de ejecuci\u00f3n hipotecaria.\u00a0<\/p>\n

Hechos:<\/strong><\/p>\n

Se trata de un procedimiento de ejecuci\u00f3n hipotecaria<\/strong> seguido a instancia de una entidad mercantil, frente a la herencia yacente y desconocidos herederos<\/strong> del titular registral de una finca.<\/p>\n

\u00a0Consta en los autos el env\u00edo de exhortos teniendo a su presencia la hermana del ejecutado, manifestando que las herederas de su hermano renunciaron a la herencia, aportando escritura de renuncia, por la \u00a0que la viuda renuncia pura y simplemente a la herencia, testada o intestada de su esposo; y escritura de renuncia otorgada por la hija del fallecido en la que se hace constar que su padre falleci\u00f3 en estado de casado, de cuyo matrimonio naci\u00f3 una hija y sin haber otorgado disposici\u00f3n testamentaria alguna, y por la que renuncia pura y simplemente a la herencia de su difunto padre.<\/p>\n

El registrador<\/strong> suspende la inscripci\u00f3n alegando que no procede dirigir la demanda contra herederos desconocidos del titular registral, pues se requiere que el Juez adopte las disposiciones procedentes relativas a la seguridad y administraci\u00f3n de la herencia yacente, designando un administrador que la represente y respecto al cual sustanciar el procedimiento, y que el correcto llamamiento al titular registral o a su causahabientes, a fin de evitarles la indefensi\u00f3n, es susceptible de calificaci\u00f3n registral conforme al art\u00edculo 100 del Reglamento hipotecario.<\/p>\n

El recurrente<\/strong> por su parte considera que el presente caso ha de ser incardinado en los que se ha efectuado la notificaci\u00f3n a interesados en la herencia, haciendo inaplicable la exigencia de nombrar defensor judicial de la herencia.<\/p>\n

RESOLUCI\u00d3N:<\/strong><\/p>\n

La Direcci\u00f3n General estima el recurso y revoca<\/strong> la nota de calificaci\u00f3n del registrador.<\/p>\n

Para fundamentarlo comienza afirmando que es principio b\u00e1sico de nuestro sistema registral el de que todo t\u00edtulo que pretenda su acceso al Registro ha devenir otorgado por el titular registral o en procedimiento seguido contra \u00e9l (cfr. art\u00edculos 20<\/a> y 40 de la Ley Hipotecaria<\/a>), lo que desenvuelve en el \u00e1mbito registral el principio constitucional de salvaguardia jurisdiccional de los derechos e interdicci\u00f3n de la indefensi\u00f3n (cfr. art\u00edculo 24 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola<\/a>) y el propio principio registral de salvaguardia judicial de los asientos registrales (cfr. art\u00edculo 1 de la Ley Hipotecaria<\/a>).<\/p>\n

Este principio deriva a su vez de la legitimaci\u00f3n registral pues si conforme al art\u00edculo 38 de la Ley Hipotecaria la inscripci\u00f3n implica una presunci\u00f3n \u00abiuris tantum\u00bb de exactitud de los pronunciamientos del Registro a todos los efectos legales en beneficio del titular registral, el efecto subsiguiente es el cierre del Registro a los t\u00edtulos otorgados en procedimientos seguidos con persona distinta de dicho titular o sus herederos, lo que ha de ser tenido en cuenta por el registrador, al estar incluida dentro del \u00e1mbito de calificaci\u00f3n de documentos judiciales contemplado en el art\u00edculo 100 del Reglamento Hipotecario<\/a>.<\/p>\n

Cuando interviene la herencia yacente<\/strong>, nuestra Direcci\u00f3n General impone que toda actuaci\u00f3n que pretenda tener reflejo registral deba articularse bien mediante el nombramiento de un administrador judicial<\/strong>, en los t\u00e9rminos previstos en los art\u00edculos 790 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil<\/a>, bien mediante la intervenci\u00f3n en el procedimiento de alguno de los interesados<\/strong> en dicha herencia yacente.<\/p>\n

La doctrina anterior se ha matizado en el sentido de considerar que la exigencia del nombramiento del defensor judicial debe limitarse a los casos en que el llamamiento a los herederos desconocidos sea puramente gen\u00e9rico<\/strong> y no haya ning\u00fan interesado<\/strong> en la herencia que se haya personado en el procedimiento considerando el juez suficiente la legitimaci\u00f3n pasiva de la herencia yacente.<\/p>\n

Por su parte, la doctrina jurisprudencial<\/strong>, admite el emplazamiento de la herencia yacente a trav\u00e9s de un posible interesado, aunque no se haya acreditado su condici\u00f3n de heredero ni por supuesto su aceptaci\u00f3n. S\u00f3lo, si no se conociera el testamento del causante ni hubiera parientes con derechos a la sucesi\u00f3n por ministerio de la ley, y la demanda fuera gen\u00e9rica a los posibles herederos del titular registral ser\u00eda pertinente la designaci\u00f3n de un administrador judicial.<\/p>\n

A continuaci\u00f3n se centra en el objeto del recurso en que concurren unas circunstancias especiales que han de ser tenidas en cuenta:<\/p>\n