\u00a0<\/span><\/strong>\u00a0<\/p>\n JAVIER M\u00c1XIMO JU\u00c1REZ GONZ\u00c1LEZ.<\/strong><\/span><\/p>\n NOTARIO DE VALENCIA Y <\/strong><\/span><\/p>\n MIEMBRO DE LA ASOCIACI\u00d3N ESPA\u00d1OLA DE ASESORES FISCALES (AEDAF).<\/strong><\/span><\/p>\n \u00a0<\/span><\/strong>\u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n<\/a> Nuestro alto tribunal por sentencia de 18 de marzo de 2015, ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad de los t\u00e9rminos \u00abque tengan su residencia habitual en la Comunitat Valenciana\u00bb contenidos en el art. 12.bis.a) de la Ley de la Comunidad Valenciana 13\/1997 en la redacci\u00f3n dada por el art. 16 de la Ley de la Comunidad Valenciana 10\/2006.<\/p>\n Dicho precepto establec\u00eda una bonificaci\u00f3n en cuota en las adquisiciones \u00abmortis causa\u00bb respecto de la que es competente la CAV del 99% aplicable exclusivamente a los sucesores sujetos pasivos que tenga su residencia al devengo en la Comunidad Valenciana.\u00a0<\/p>\n Se funda nuestro alto tribunal en la infracci\u00f3n del principio de igualdad del art. 14 de la Constituci\u00f3n, sin que medie un fin constitucionalmente leg\u00edtimo que justifique dicha diferencia de trato entre los sujetos pasivo residentes en Valencia y los residentes en otros lugares de Espa\u00f1a, sin perjuicio de tambi\u00e9n incidir, como luego desarrollar\u00e9 sobre los no residentes. Adem\u00e1s tampoco encuentra cobertura la discriminaci\u00f3n en el sistema territorial de nuestra Constituci\u00f3n que atribuye competencias normativas a las CCAA pues la capacidad de las mismas debe ser ejercida no s\u00f3lo de forma objetiva sino tambi\u00e9n razonable y proporcional y en este supuesto el territorio deja de ser un elemento de diferenciaci\u00f3n de situaciones objetivamente comparables a un elemento de discriminaci\u00f3n, pretendiendo \u00abfavorecer a sus residentes\u00bb.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Obviamente supone la supresi\u00f3n del requisito de la residencia en la CA Valenciana para disfrutar de la bonificaci\u00f3n en las adquisiciones \u00abmortis causa\u00bb en aquellos hechos imponibles en que es competente la misma de acuerdo a la Ley 22\/2009, de Cesi\u00f3n de Tributos.<\/p>\n Al efecto, se debe indicar que por la Ley 7\/2014 de la GV con efectos de 1 de enero de 2015, quiz\u00e1s pretendiendo paliar el efecto negativo de la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad de una norma vigente, se dio nueva redacci\u00f3n al dicho precepto; pero tambi\u00e9n a la letra C) del mismo art\u00edculo 12. bis, suprimiendo asimismo el requisito de la residencia en la CA valenciana para la bonificaci\u00f3n en cuota establecida en dicha norma en las donaciones de padres a hijos y viceversa; y, adem\u00e1s, al \u00faltimo p\u00e1rrafo del apartado 1\u00ba) del art. 10.bis, eliminado del mismo modo el condicionamiento de la residencia en la CA Valenciana para el disfrute de la reducci\u00f3n en transmisiones \u00abinter vivos\u00bb entre padres e hijos y a la inversa.<\/p>\n Pues bien, lo cierto es que respecto de los art\u00edculos concernientes a la reducci\u00f3n en la base y la bonificaci\u00f3n en cuota en transmisiones lucrativas \u201cinter vivos\u00bb no ha reca\u00eddo declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad, por lo que respecto a hechos imponibles anteriores a 1 de enero de 2015, se mantiene formalmente vigente el requisito de la residencia.<\/p>\n Puede pues en principio la Administraci\u00f3n Auton\u00f3mica adoptar una posici\u00f3n numantina, defendiendo para hechos imponibles anteriores a 1 de enero de 2015 que tanto en la reducci\u00f3n como en la bonificaci\u00f3n \u00abinter vivos\u00bb es predicable para su aplicaci\u00f3n la residencia del donatario en la CA Valenciana.<\/p>\n Sin embargo, creemos que ello no puede ser as\u00ed, dada la evidente identidad de la norma declarada inconstitucional y nula con las normas aplicables en las transmisiones lucrativas \u00abinter vivos\u00bb. Al efecto conviene traer a colaci\u00f3n:<\/p>\n a) El art. 1 de la Constituci\u00f3n: \u00ab<\/strong><\/em>Los derechos y libertades reconocidos en el Cap\u00edtulo segundo del presente T\u00edtulo vinculan a todos los poderes p\u00fablicos. S\u00f3lo por ley, que en todo caso deber\u00e1 respetar su contenido esencial, podr\u00e1 regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelar\u00e1n de acuerdo con lo previsto en el art\u00edculo 161, 1, a).\u00bb. Recordemos que el fundamento b\u00e1sico de la sentencia es la contravenci\u00f3n del principio de igualdad del art\u00edculo 14 de la Constituci\u00f3n. A mayor abundamiento dice el art. 9.1 de nuestra carta magna que: \u00abLos ciudadanos y los poderes p\u00fablicos est\u00e1n sujetos a la Constituci\u00f3n y al resto del ordenamiento jur\u00eddico\u00bb.<\/p>\n b) Corroborando el precepto constitucional debemos destacar el art\u00edculo 5.1 de la LO 6\/1985, del Poder judicial al decir que: \u00abLa Constituci\u00f3n es la norma suprema del ordenamiento jur\u00eddico, y vincula a todos los Jueces y Tribunales, quienes interpretar\u00e1n y aplicar\u00e1n las leyes y los reglamentos seg\u00fan los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretaci\u00f3n de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos.\u00bb<\/p>\n c) Y referido expresamente a la Administraci\u00f3n, procede destacar el art. 3.1 de la Ley 30\/1992, de RJPAC al decir: \u00abLas Administraciones p\u00fablicas sirven con objetividad los intereses generales y act\u00faan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarqu\u00eda, descentralizaci\u00f3n, desconcentraci\u00f3n y coordinaci\u00f3n, con sometimiento pleno a la Constituci\u00f3n, a la Ley y al Derecho. Igualmente, deber\u00e1n respetar en su actuaci\u00f3n los principios de buena fe y de confianza leg\u00edtima.\u00bb Sin olvidar que en materia tributaria la Constituci\u00f3n es tambi\u00e9n la primera fuente como reconoce el art. 7.1 de la LGT.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> La sentencia en cuanto se refiere a la normativa auton\u00f3mica valenciana en principio s\u00f3lo surte efectos respecto de los hechos imponibles del ISD en que es competente la CA valenciana de acuerdo con el art. 32 de la Ley 22\/2009 y recordemos que son:<\/p>\n a) Sucesiones \u00abmortis causa\u00bb en que el causante hubiera tenido su residencia habitual en la Comunidad Valenciana, excepto respecto de los sujetos pasivos no residentes.<\/p>\n b) Donaciones de inmuebles situados en la CA Valenciana, excepto respecto de sujetos pasivos no residentes.<\/p>\n c) Sujetos pasivos residentes en la CA Valenciana en cuanto a las donaciones de otros bienes y derechos. Aunque en este supuesto carece de virtualidad pr\u00e1ctica pues es precisamente la residencia en la CA la que determina la competencia.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> En un lapso de tiempo relativamente breve se han sucedido dos sentencias que han subvertido el esquema tradicional de tributaci\u00f3n por raz\u00f3n de la residencia: la sentencia de comentamos del Tribunal Constitucional y la sentencia del TJUE de 3 de septiembre de 2014 respecto a la tributaci\u00f3n de los no residentes internacionales.<\/p>\n Como consecuencia de esta \u00faltima, se modific\u00f3 la d<\/em>isposici\u00f3n adicional segunda de la Ley 29\/1987, del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, por la disposici\u00f3n final tercera de la Ley 26\/2014, (\u00abB.O.E.\u00bb 28 noviembre) y con entrada en vigor el 1 de enero de 2015.<\/p>\n Pues bien, aunque me ratifico en que la reforma legislativa interna derivada de la sentencia del TJUE es incompleta, taca\u00f1a y sobre todo carece de efectos retroactivos (ver informe publicado en el SIC y en la p\u00e1gina web \u00abnotariosyregistradores\u00bb), lo cierto es que no debe sorprender que respecto de las liquidaciones que corresponden a hechos imponibles devengados antes del 1 de enero de 2015 respecto de no residentes internacionales considere la Administraci\u00f3n Tributaria deban realizarse conforme a las reglas de la dicha nueva disposici\u00f3n adicional segunda de la Ley 29\/1987.<\/p>\n En este sentido, el art\u00edculo publicado en la revista BIT PLUS de los Registradores de Espa\u00f1a, n\u00famero 181 de marzo de 2015, el Inspector de Hacienda, Jos\u00e9 Javier P\u00e9rez-Fad\u00f3n Mart\u00ednez, Subdirector de Impuestos Patrimoniales de la DGT del Estado considera que dicha normativa debe aplicarse con car\u00e1cter retroactivo respecto a liquidaciones y autoliquidaciones no firmes que afecten a no residentes.<\/p>\n De consolidarse dicho criterio, del que discrepo radicalmente,\u00a0 y aunque la\u00a0 competencia siga siendo estatal, la sentencia del Tribunal Constitucional objeto del presente informe surte igualmente efectos en aquellos casos de la nueva disposici\u00f3n adicional segunda en que deba aplicarse la normativa de la CA valenciana, que son:<\/p>\n .- Causante \u201cno residente comunitario\u00bb (UE o EEE) cuando los bienes del caudal relicto que radiquen en la CA sean los de mayor valor en territorio espa\u00f1ol.<\/p>\n .- Causante residente en la Comunidad Valenciana respecto de los sujetos pasivos \u00abno residentes comunitarios\u00bb.<\/p>\n .- Donaciones de bienes inmuebles situados en la Comunidad Valenciana cuando el donatario sea \u00abno residente comunitario\u00bb.<\/p>\n .- Donaciones de bienes inmuebles situados en territorio de la UE o EEE cuando el donatario sea residente en la CA Valenciana.<\/p>\n .- Donaciones de bienes muebles situados en la Comunidad Valenciana cuando el donatario sea \u00abno residente comunitario\u00bb.<\/p>\n Por tanto, respecto de las liquidaciones o autoliquidaciones en dichos supuestos, en que la competencia es la estatal, pero la normativa aplicable es la valenciana, los sujetos pasivos pueden aplicar:<\/p>\n .- La bonificaci\u00f3n en cuota del 99% o del 75% (seg\u00fan el causante hubiera fallecido antes o despu\u00e9s del 5 de agosto de 2013) en sucesiones \u00abmortis causa\u00bb.<\/p>\n .- La reducci\u00f3n en la base de 40.000 o 100.000 euros (seg\u00fan la donaci\u00f3n se hubiera realizado antes o despu\u00e9s del 5 de agosto de 2013) en las donaciones de padres a hijos y viceversa.<\/p>\n .- La bonificaci\u00f3n en cuota del 99% o del 75% (seg\u00fan la donaci\u00f3n se hubiera realizado antes o despu\u00e9s del 5 de agosto de 2013) en las donaciones de padres a hijos y viceversa.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> \u00a0<\/strong><\/p>\n<\/a> El propio TC, de acuerdo al art\u00edculo 40.1 de su Ley Org\u00e1nica, determina en su \u00faltimo fundamento, que en atenci\u00f3n al principio constitucional de seguridad jur\u00eddica los efectos de la sentencia se proyectan exclusivamente con relaci\u00f3n con nuevos supuestos o con los procedimientos administrativos y procesos judiciales donde no haya reca\u00eddo una resoluci\u00f3n firme.<\/p>\n Por tanto, en consecuencia, respecto de las liquidaciones u autoliquidaciones firmes no parece siquiera que sea posible acudir a la acci\u00f3n de responsabilidad patrimonial de la Administraci\u00f3n.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Se pueden sintetizar en los siguientes supuestos, a la vista de los arts. 66, 67 y 68 de la LGT:<\/p>\n a) Liquidaciones giradas por la Administraci\u00f3n, respecto de las que est\u00e1 en vigor el plazo de impugnaci\u00f3n: parece que bastar\u00e1 con alegar ante el \u00f3rgano gestor la aplicaci\u00f3n directa de la sentencia y la consiguiente nulidad de la liquidaci\u00f3n, por recurso de reposici\u00f3n o incluso, en mi opini\u00f3n, sin necesidad de acudir al mismo, pues debe la administraci\u00f3n anularlas de oficio.<\/p>\n b) Liquidaciones \u00abno consentidas\u00bb, impugnadas en v\u00eda administrativa o contencioso-administrativa, en tr\u00e1mite: tanto la administraci\u00f3n como los tribunales de justicia deben de aplicar de oficio la sentencia del TC de 18 de marzo de 2015, declarando la nulidad de la liquidaci\u00f3n impugnada. En todo caso, es aconsejable, cualquiera que sea la fase del procedimiento, alegar la misma. Aqu\u00ed, debemos distinguir de acuerdo a la reciente resoluci\u00f3n del TEAC de 16 de octubre de 2014 en aplicaci\u00f3n de la sentencia del TJUE de 3 de septiembre de 2014:<\/p>\n Liquidaciones impugnadas y suspendidas: el \u00f3rgano administrativo o jurisdiccional que conozca el recurso, debe declarar la nulidad de la liquidaci\u00f3n y remitir el expediente al \u00f3rgano gestor que emitir\u00e1 una nueva liquidaci\u00f3n ajustada a la sentencia del TC con derecho al reembolso de los costes de la suspensi\u00f3n.<\/p>\n Liquidaciones impugnadas aunque ingresadas: el \u00f3rgano administrativo o jurisdiccional que conozca el recurso, debe declarar la nulidad de la liquidaci\u00f3n y remitir el expediente al \u00f3rgano gestor que debe devolver con intereses de demora la liquidaci\u00f3n ingresada y girar una nueva liquidaci\u00f3n ajustada a la sentencia del TC.<\/p>\n c) Autoliquidaciones por el sujeto pasivo, respecto de las que no ha vencido el plazo de prescripci\u00f3n de cuatro a\u00f1os a computar: (I) desde el d\u00eda siguiente en que venci\u00f3 el plazo para presentar la autoliquidaci\u00f3n, si se realiz\u00f3 dentro del mismo (\u00abautoliquidaciones ordinarias\u00bb) o (II) desde el d\u00eda siguiente del pago de la autoliquidaci\u00f3n extempor\u00e1nea: instar la rectificaci\u00f3n de la autoliquidaci\u00f3n.<\/p>\n d) Respecto de las rectificaciones de autoliquidaciones desestimadas por el \u00f3rgano gestor e impugnadas en v\u00eda administrativa o contencioso administrativa, es aplicable lo expuesto en el apartado b).<\/p>\n Todo ello, sin perjuicio de instar el procedimiento de revocaci\u00f3n de oficio previsto en el art. 219 de la LGT.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> A la postre el importe a reclamar en todos los supuestos es la diferencia entre la cantidad ingresada de m\u00e1s por la no aplicaci\u00f3n de las dichas bonificaciones y la reducci\u00f3n seg\u00fan sus porcentajes y cuant\u00edas a las fechas del devengo. Al efecto, recordar que:<\/p>\n a) La bonificaci\u00f3n \u00abmortis causa\u00bb de parientes del grupo II era del 99% hasta el 5 de agosto de 2013 y del 75% desde el d\u00eda siguiente.<\/p>\n b) La reducci\u00f3n \u00abinter vivos\u00bb en las donaciones de padres a hijos y viceversa ascend\u00eda a 40.000 euros hasta el 5 de agosto de 2013 y a 100.000 euros desde el d\u00eda siguiente.<\/p>\n c) La bonificaci\u00f3n \u00abinter vivos\u00bb en las donaciones de padres a hijos y viceversa era del 99% hasta el 5 de agosto de 2013 y del 75% desde el d\u00eda siguiente.<\/p>\n Adem\u00e1s de los correspondientes intereses de demora, dado su car\u00e1cter indemnizatorio.<\/p>\nI.- REFERENCIA AL FALLO Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA.<\/strong><\/span><\/h6>\n
II.- EXTENSI\u00d3N DEL \u00c1MBITO MATERIAL DE EFECTOS DE LA SENTENCIA.<\/strong><\/span><\/h6>\n
III.- \u00c1MBITO PERSONAL DE APLICACI\u00d3N DE LA SENTENCIA.<\/strong><\/span><\/h6>\n<\/a>
III.1.- Aplicaci\u00f3n a hechos imponibles respecto de la que es competente la Comunidad Valenciana.<\/strong><\/span><\/h6>\n
III.2.- Aplicaci\u00f3n a no residentes internacionales.<\/strong><\/span><\/h6>\n
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IV.- APLICACI\u00d3N TRANSITORIA DE LA SENTENCIA.<\/strong><\/span><\/h6>\n
IV.1.- Delimitaci\u00f3n de su alcance por el Tribunal Constitucional.<\/strong><\/span><\/h6>\n
IV.2.- Procedimientos aplicables para liquidaciones o autoliquidaciones no firmes.<\/strong><\/span><\/h6>\n
IV.3.- Importe a reclamar.<\/strong><\/span><\/h6>\n
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