{"id":43475,"date":"2017-12-23T18:29:37","date_gmt":"2017-12-23T17:29:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/?p=43475"},"modified":"2017-12-25T10:44:15","modified_gmt":"2017-12-25T09:44:15","slug":"informe-noviembre-2017-registros-mercantiles-y-bienes-muebles-retribucion-administradores-en-estatutos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/secciones\/oficina-mercantil\/informes-mensuales-o-m\/informe-noviembre-2017-registros-mercantiles-y-bienes-muebles-retribucion-administradores-en-estatutos\/","title":{"rendered":"Informe noviembre 2017 Registros Mercantiles y Bienes Muebles. Retribuci\u00f3n de los administradores en estatutos."},"content":{"rendered":"

<\/a>INFORME DE\u00a0 NOVIEMBRE \u00a0DE 2017 PARA REGISTROS MERCANTILES Y DE BIENES MUEBLES<\/strong><\/h1>\n

Jos\u00e9 \u00c1ngel Garc\u00eda Valdecasas Butr\u00f3n. Registrador de la Propiedad y Mercantil.<\/h2>\n

 <\/p>\n<\/a>

RESUMEN DEL RESUMEN:<\/strong><\/span><\/h6>\n<\/a>
Disposiciones de inter\u00e9s<\/strong><\/span><\/h6>\n

Como disposiciones de car\u00e1cter general<\/strong> de inter\u00e9s para los RRMM y de BBMM, casi todas ellas para transponer Directivas ya fuera de plazo, rese\u00f1amos las siguientes:<\/p>\n

— Circular 3\/2017, de 24 de octubre, del Banco de Espa\u00f1a, por la que se modifica la Circular 2\/2014, de 31 de enero que implementa instrucciones sobre supervisi\u00f3n y solvencia<\/strong> de entidades financieras menos significativas.<\/p>\n

— La Ley 7\/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jur\u00eddico espa\u00f1ol la Directiva 2013\/11\/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resoluci\u00f3n alternativa de litigios<\/strong> en materia de consumo. Su finalidad es garantizar a los consumidores residentes<\/strong> en la Uni\u00f3n Europea la posibilidad de resolver sus litigios<\/strong> con empresarios establecidos en cualquier Estado miembro mediante la intervenci\u00f3n de entidades de resoluci\u00f3n alternativa. <\/strong>Estas entidades constituyen una novedad en nuestro derecho de consumo y pudieran tener conexi\u00f3n con competencias registrales o notariales en cuanto la entidad puede ser gestionada por una persona jur\u00eddica. Aunque es pronto para ello quiz\u00e1s haya de plantearse si puede constituir el objeto de una sociedad<\/strong> de capital la gesti\u00f3n de entidades alternativas de conflictos en los t\u00e9rminos establecidos en esta Ley.<\/p>\n

— Ley 9\/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector P\u00fablico, por la que se transponen al ordenamiento jur\u00eddico espa\u00f1ol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014\/23\/UE y 2014\/24\/UE, de 26 de febrero de 2014.<\/p>\n

— Real Decreto 900\/2017, de 6 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo General de Economistas de Espa\u00f1a.<\/p>\n

— Real Decreto-ley 18\/2017, de 24 de noviembre, por el que se modifican el C\u00f3digo de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1\/2010, de 2 de julio, y la Ley 22\/2015, de 20 de julio, de Auditor\u00eda de Cuentas, en materia de informaci\u00f3n no financiera y diversidad<\/strong>. Se trata con este RDL, aparte de transponer Directivas ya fuera de plazo, el conseguir una mayor transparencia<\/strong> de la informaci\u00f3n no financiera de las sociedades de inter\u00e9s p\u00fablico y de las grandes empresas cotizadas o no.<\/p>\n

— Real Decreto-ley 19\/2017, de 24 de noviembre, de cuentas de pago b\u00e1sicas<\/strong>, traslado de cuentas de pago y comparabilidad de comisiones. Tambi\u00e9n tiene la finalidad de incorporar al ordenamiento jur\u00eddico espa\u00f1ol el contenido de la Directiva 2014\/92\/UE<\/a> del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago b\u00e1sicas.<\/p>\n

— Existen adem\u00e1s dos normas que dentro del \u00e1mbito auton\u00f3mico pudieran ser de inter\u00e9s para los empresarios. As\u00ed en Galicia la Ley 5\/2017, de 19 de octubre, de fomento de la implantaci\u00f3n de iniciativas empresariales en Galicia y en Castilla Le\u00f3n la Ley 6\/2017, de 20 de octubre, de medidas de reducci\u00f3n de cargas administrativas para la dinamizaci\u00f3n empresarial.<\/p>\n<\/a>

Resoluciones propiedad<\/strong><\/span><\/h6>\n

Como resoluciones de propiedad<\/strong> de posible aplicaci\u00f3n al RM y de BM podemos considerar las siguientes:<\/p>\n

— La 472<\/a> reiterando su doctrina acerca de la imposibilidad de cancelar<\/strong> anotaciones de embargo prorrogadas con anterioridad a la entrada en vigor de la LEC el 8 de enero de 2000.<\/p>\n

— La 481<\/a> que permite una ejecuci\u00f3n hipotecaria contra una herencia yacente<\/strong> sin intervenci\u00f3n de administrador judicial si consta acredita que hubo notificaci\u00f3n al menos a una de las posibles herederas.<\/p>\n

— La 485<\/a> seg\u00fan la cual es posible la cesi\u00f3n del remate<\/strong> por una cantidad inferior a la de la adjudicaci\u00f3n.<\/p>\n

— La 488<\/a> que aclara que el poder para vender<\/strong> no autoriza para aceptar una expropiaci\u00f3n forzosa. Distinto ser\u00eda si el poder fuera para enajenar de forma amplia y gen\u00e9rica.<\/p>\n

— La 489<\/a> que exige para la toma de anotaci\u00f3n de embargo contra herencia yacente<\/strong> que se nombre un administrador judicial.<\/p>\n

— La 495<\/a> seg\u00fan la cual el plazo de duraci\u00f3n de una hipoteca<\/strong> de m\u00e1ximo es plazo de caducidad por lo que cumplido procede la cancelaci\u00f3n de la hipoteca.<\/p>\n

— La 521<\/a> sobre juicio de suficiencia y de equivalencia<\/strong> en relaci\u00f3n a una representaci\u00f3n en documento extranjero, interesante y para cuyo desarrollo, relativamente complejo, nos remitimos al comentario de nuestra compa\u00f1era IES.<\/p>\n<\/a>

Resoluciones mercanti<\/span>l<\/h6>\n

Como resoluciones de mercantil<\/strong> de inter\u00e9s se han publicado las siguientes:<\/p>\n

— La 471<\/a> reiterando una vez m\u00e1s que el cierre de hoja por baja en el \u00cdndice de entidades<\/strong> de la AEAT es absoluto no permitiendo m\u00e1s que los dep\u00f3sitos de cuentas y los asientos ordenados por la autoridad judicial.<\/p>\n

— La 474<\/a>, muy interesante en cuanto establece que en sociedades an\u00f3nimas no puede establecerse un quorum \u00fanico de votaci\u00f3n<\/strong> sin distinguir entre primera y segunda convocatoria y que tampoco es posible establecer como norma de funcionamiento del consejo que si este puede estar formado entre 5 y 15 consejeros determinados acuerdos exijan el voto m\u00ednimo de 8 consejeros.<\/p>\n

— La 483<\/a> seg\u00fan la cual un acuerdo de transacci\u00f3n judicial<\/strong> sobre disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de sociedad requiere escritura p\u00fablica, lo que ha originado cierta pol\u00e9mica entre la doctrina hipotecarista que no comparte dicho criterio.<\/p>\n

— La 493<\/a> que declara la imposibilidad l\u00f3gica de prorrogar<\/strong> un asiento de preentaci\u00f3n ya caducado y que si se interpone recurso judicial es preciso ponerlo en conocimiento del registrador a efectos de que prorrogue el asiento.<\/p>\n

— La 494<\/a> que deniega la posibilidad de inaplicar un precepto estatutario aunque el mismo a juicio de los recurrentes no es v\u00e1lido<\/strong>. El problema estaba planteado con un quorum de asistencia a la junta en 1\u00aa convocatoria del 100% del capital.<\/p>\n

— La 498<\/a> que aclara que el recurso extraordinario de revisi\u00f3n <\/strong>no es aplicable al procedimiento registral. Aunque dictada con ocasi\u00f3n de un recurso mercantil su doctrina obviamente es aplicable al recurso en propiedad o bienes muebles.<\/p>\n

— La 501<\/a> sobre emisi\u00f3n del c\u00f3digo LEI<\/strong> determinado que ni la baja en Hacienda ni la falta de dep\u00f3sitos de la sociedad permiten la denegaci\u00f3n de dicho c\u00f3digo.<\/p>\n

— La 503<\/a> determinado que no es posible una sociedad profesional<\/strong> con actividades no profesionales en el objeto.<\/p>\n

— La 511<\/a> que sienta un criterio flexible en materia de identificaci\u00f3n de bienes<\/strong> y de asignaci\u00f3n de participaciones a los distintos bienes cuando estos forman parte de lotes o conjuntos.<\/p>\n

— La 516<\/a> aclarando que las casillas de p\u00e9rdidas y ganancias<\/strong> de los impresos de los dep\u00f3sitos de cuentas son de cumplimentaci\u00f3n obligatoria.<\/p>\n

— La 519<\/a> seg\u00fan la cual el principio de tracto sucesivo y la necesidad de notificaciones y transcurso de plazo por rebeld\u00eda del demandado se aplica al Registro de Bienes Muebles.<\/p>\n

— La 522<\/a> declarando que para la inscripci\u00f3n de la disoluci\u00f3n- liquidaci\u00f3n<\/strong> de una sociedad con deudas a favor de sus socios no es necesario que estos condonen expresamente las deudas pues estas se extinguen por confusi\u00f3n.<\/p>\n<\/a>

TEMA DEL MES:<\/strong><\/span><\/h6>\n

Como cuestiones de inter\u00e9s<\/strong>, en este informe, planteamos la siguiente:<\/p>\n<\/a>

Correcta calificaci\u00f3n registral y estatutos. Un caso sobre retribuci\u00f3n de los administradores.<\/strong><\/span><\/h6>\n

Vamos a considerar en el tema de inter\u00e9s del mes de noviembre la importancia<\/strong> del asesoramiento notarial y de la calificaci\u00f3n registral<\/strong> a los efectos de depurar los estatutos<\/strong> de preceptos o cl\u00e1usulas que por su inadecuaci\u00f3n a la Ley, provocan problemas a los socios.<\/p>\n

Dentro del derecho de sociedades las cuestiones relacionadas con la retribuci\u00f3n de los administradores<\/strong> han sido tradicionalmente una de las m\u00e1s debatidas. Nuestra DG ha tenido ocasi\u00f3n de pronunciarse repetidas veces sobre el tema fijando una doctrina que nos sirve de eficaz ayuda en nuestra calificaci\u00f3n o en los consejos que en la oficina notarial se suministre a los interesados en la constituci\u00f3n de una sociedad.<\/p>\n

As\u00ed la resoluci\u00f3n de 16 de febrero de 2013, citando otra de 12 de noviembre de 2003, vino a establecer que \u201cel concreto sistema de retribuci\u00f3n de los administradores debe estar claramente establecido en estatutos, determinando si dicho sistema consiste en una participaci\u00f3n en beneficios, con los l\u00edmites legalmente establecidos, en dietas, en un sueldo mensual o anual, en seguros de vida, planes de pensiones, utilizaci\u00f3n en beneficio propio de bienes sociales, en entrega de acciones o derechos de opci\u00f3n sobre las mismas o cualquier otro sistema que se desee establecer\u201d. Este criterio fue ratificado en otras resoluciones posteriores como la de 17 de junio de 2014.<\/p>\n

Pero si esto no fuera suficiente, el legislador, consciente de la importancia de las cuestiones relativas a la retribuci\u00f3n de los administradores, por el art. \u00fanico.10 de la Ley 31\/2014, de 3 de diciembre modifica el art\u00edculo 217 de la LSC<\/a> estableciendo incluso, de modo ejemplificativo, pero no exhaustivo, diversos sistemas de retribuci\u00f3n<\/strong> de los administradores que ser\u00edan los que deban constar en estatutos.<\/p>\n

No obstante estas cuestiones no siempre han sido tan claras y es posible que por dudas originadas por la misma redacci\u00f3n del art\u00edculo 66.3 de la LSRL de 1995, que ocasionaron dudas l\u00f3gicas en la calificaci\u00f3n, se hayan inscritos en los RRMM art\u00edculos estatutarios que estableciendo que el cargo de administrador es retribuido no fijaran un concreto sistema de retribuci\u00f3n.<\/p>\n

Uno de estos casos es el que traemos hoy a colaci\u00f3n al hilo de una muy interesante sentencia de nuestro TS (Sentencia de la sala de lo Civil -recurso 390\/2015- de 19 de septiembre de 2017 de la que fue ponente Rafael Saraz\u00e1 Jimena<\/a>).<\/p>\n

La sentencia se plantea sobre la base de un art\u00edculo de los estatutos, muy usual en los modelos que circularon para las sociedades limitadas desde el a\u00f1o 1995 en las asesor\u00edas jur\u00eddicas, que ven\u00eda a establecer que \u201cel cargo de administrador ser\u00e1 retribuido en la forma que se estipule para cada ejercicio por la junta general<\/strong>, conforme al apartado 3 del art\u00edculo 66 de la LSRL\u201d. El apartado 3 del entonces vigente art\u00edculo 66 dec\u00eda que cuando \u201cla retribuci\u00f3n no tenga como base una participaci\u00f3n en los beneficios, la remuneraci\u00f3n de los administradores ser\u00e1 fijada para cada ejercicio por acuerdo de la Junta General\u201d. Este apartado despu\u00e9s pas\u00f3 a ser el apartado 2 del art. 217 de la LSC.<\/p>\n

La introducci\u00f3n del art\u00edculo problem\u00e1tico de los estatutos se hizo por acuerdo de una junta general celebrada en 2008, pues antes de esta fecha los estatutos nada dec\u00edan sobre retribuci\u00f3n y por tanto el cargo se presum\u00eda gratuito, aunque por acuerdo de los socios<\/strong> se les abonaba una cantidad en met\u00e1lico. Este detalle tendr\u00e1 su importancia en uno de los motivos del recurso.<\/p>\n

Sobre la base de dicho precepto estatutario en la misma junta general que modifica el art\u00edculo de los estatutos y en la junta del a\u00f1o siguiente se aprueba una retribuci\u00f3n a favor de los administradores de una cantidad en met\u00e1lico. La sociedad, que estaba formada por tres socios, adopta el acuerdo por dos de ellos, precisamente los administradores, votando en contra el tercero titular del 24,80% del capital.<\/p>\n

Este \u00faltimo impugna los acuerdos<\/strong> por infringir el art\u00edculo 52 de la Ley<\/a>, que regulaba el conflicto de intereses privando de voto al socio en la junta que le concediera alg\u00fan derecho, entre otros acuerdos, y el 66 que era el que establec\u00eda que el \u201ccargo de administrador es gratuito, a menos que los estatutos establezcan lo contrario, determinando el sistema de retribuci\u00f3n\u201d.<\/p>\n

La sentencia de 1\u00aa Instancia desestima<\/strong> totalmente la demanda pero apelada la sentencia por el demandante la Audiencia estima la nulidad del art\u00edculo<\/strong> de los estatutos relativo a la retribuci\u00f3n del administrador por infringir el art\u00edculo 66 de la LSRL \u201cpues no fijaba propiamente un sistema de retribuci\u00f3n de los administradores, al dejarlo a lo que cada a\u00f1o decidiera la junta general, por lo que era nulo\u201d.<\/p>\n

Como consecuencia de ello la Audiencia estima que son nulos<\/strong> los acuerdos que concretaban la retribuci\u00f3n de los administradores al basarse en un precepto que era nulo y porque adem\u00e1s dichos acuerdos lesionaban el inter\u00e9s de la sociedad en beneficio de los administradores al ser de una cuant\u00eda desproporcionada con los beneficios sociales lo que ven\u00eda a suponer un reparto encubierto de beneficios a favor \u00fanicamente de la administraci\u00f3n social, excediendo del 10% de dichos beneficios cifra fijada en el punto 2 del tan citado art\u00edculo 66, hoy 217 de la LSC.<\/p>\n

La sociedad recurre en casaci\u00f3n por tres motivos.<\/p>\n

El primero por indebida aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 66.2 y por inaplicaci\u00f3n del art\u00edculo 66.3.<\/strong><\/p>\n

Sobre ello el TS es de una claridad meridiana diciendo que el precepto de los estatutos que establezca el car\u00e1cter retribuido del administrador debe establecer adem\u00e1s alg\u00fan sistema de retribuci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n

Contra el argumento del recurrente de que el art\u00edculo de los estatutos se ajustaba casi literalmente a lo que dec\u00eda entonces el art\u00edculo 66 de la LSRL, dice que es un argumento que no tiene en cuenta el apartado 1 del mismo art\u00edculo que establece que si el administrador es retribuido debe fijarse un sistema de retribuci\u00f3n y que por sistema de retribuci\u00f3n puede entenderse \u201cel conjunto de reglas encaminadas a determinar la retribuci\u00f3n\u201d,<\/strong> declaraci\u00f3n esta \u00faltima del TS que nos puede prestar utilidad hoy d\u00eda al calificar los estatutos conforme a las nuevos preceptos legales.<\/p>\n

Por el contrario dice el TS s\u00ed ser\u00eda v\u00e1lido el art\u00edculo de los estatutos que dijera que el sistema de retribuci\u00f3n es una cuant\u00eda fija de dinero<\/strong> que ser\u00eda establecida para cada ejercicio por la Junta general. Aqu\u00ed s\u00ed consta el sistema retributivo y lo \u00fanico indeterminado es su concreci\u00f3n, es decir la cuant\u00eda de la retribuci\u00f3n.<\/p>\n

El TS reitera que un \u201cprincipio b\u00e1sico de la disciplina de la retribuci\u00f3n de los administradores sociales en nuestro ordenamiento jur\u00eddico es, a diferencia de lo que ocurre en otros ordenamientos, el de la necesidad de su determinaci\u00f3n estatutaria\u201d.<\/p>\n

Ello tiene la finalidad de que facilitando su conocimiento,<\/strong> indirectamente se protege a los socios, a los terceros y por supuesto a los propios administradores.<\/p>\n

Ante la alegaci\u00f3n de que la sentencia de la Audiencia ha infringido el principio del \u201ctratamiento unitario de la retribuci\u00f3n de los administradores\u201d(ver hoy art. 217<\/a> y 249 de la LSC<\/a>) el TS la rechaza pues dicha doctrina lo que exige es que exista claridad<\/strong> entre lo satisfecho al administrador como tal administrador y lo satisfecho al mismo por otros conceptos, pues en el caso enjuiciado no se trataba de la aplicaci\u00f3n o no de dicha doctrina sino de la nulidad<\/strong> de una cl\u00e1usula estatutaria por su inadecuaci\u00f3n a la Ley.<\/p>\n

El motivo segundo relativo al \u00a0car\u00e1cter lesivo <\/strong>(sic) para el inter\u00e9s social de los acuerdos de fijaci\u00f3n de la retribuci\u00f3n de los administradores, ni siquiera lo examina al declarar la nulidad del art\u00edculo de los estatutos.<\/p>\n

Finalmente se entra en el motivo tercero del recurso que tiene gran inter\u00e9s pue se basaba<\/p>\n

\u201cIndebida aplicaci\u00f3n al supuesto de la \u00abdoctrina de los actos propios\u00bb\u2026 \u201d<\/strong>.<\/p>\n

Dicho motivo lo basaba la sociedad recurrente en el hecho de que los administradores ya cobraban una retribuci\u00f3n, antes de la modificaci\u00f3n de los estatutos con la conformidad de todos los socios y por tanto tambi\u00e9n del demandante.<\/p>\n

El TS examina la doctrina de los actos propios<\/strong> se\u00f1alando sus caracter\u00edsticas:<\/p>\n

— Impone un comportamiento futuro coherente<\/strong> a quien en un determinado momento ha observado una conducta que objetivamente debe generar en el otro una confianza en esa coherencia.<\/p>\n

\u00a0— Debe existir \u00a0una contradicci\u00f3n <\/strong>entre la conducta anterior y la pretensi\u00f3n posterior.<\/p>\n

— La conducta inicial<\/strong> debe ser \u201cobjetivamente valorable como exponente de una actitud definitiva en determinada situaci\u00f3n jur\u00eddica\u201d.<\/p>\n

— La \u201cjustificaci\u00f3n de esta doctrina se encuentra en la protecci\u00f3n de la confianza<\/strong> que tal conducta previa gener\u00f3, fundadamente, en la otra parte de la relaci\u00f3n, sobre la coherencia de la actuaci\u00f3n futura\u201d.<\/p>\n

— \u201cEsta doctrina responde a la necesidad de proteger la confianza leg\u00edtima<\/strong> creada por la apariencia derivada del comportamiento de una de las partes, que induce a la otra a obrar en un determinado sentido, sobre la base en la que ha confiado.<\/p>\n

Pues bien ninguno<\/strong> de estos elementos, dice la sentencia, concurren<\/strong> en el caso enjuiciado.<\/p>\n

La conducta del demandante consintiendo la retribuci\u00f3n de los administradores lo \u00fanico que pod\u00eda originar \u00a0es que esa retribuci\u00f3n ya percibida no les podr\u00eda ser reclamada, \u00a0\u201cpero no(serv\u00eda) para generar la confianza en que seguir\u00eda prestando su consentimiento indefinidamente\u201d, a lo que se une que en el momento de percibir las retribuciones extraestatutarias el demandante estaba casado con una de las administradores, pero divorciado con posterioridad, dej\u00f3 de percibir, como integrante del n\u00facleo familiar, retribuci\u00f3n alg\u00fan la cual pas\u00f3 a repartirse \u00edntegramente entre los dos administradores existentes quedando \u00e9l apartado de todo beneficio social como minoritario que era.<\/p>\n

Conclusiones<\/strong>: Como de costumbre apuntamos una serie de conclusiones que nos puedan ser \u00fatiles en el \u00a0trabajo diario de los juristas encargados de la confecci\u00f3n o de la revisi\u00f3n y calificaci\u00f3n de los estatutos sociales:<\/p>\n

Primera<\/strong>: La importancia de una adecuada revisi\u00f3n de los estatutos sociales<\/strong>, tanto en los iniciales momento de la constituci\u00f3n de la sociedad, como en el momento de su inscripci\u00f3n en el Registro Mercantil.<\/p>\n

Segunda<\/strong>: Dentro de esa revisi\u00f3n de los estatutos deberemos estar muy atentos a los puntos m\u00e1s sensibles<\/strong> de los mismos, como son la regulaci\u00f3n del \u00f3rgano de administraci\u00f3n<\/strong> y de la junta general<\/strong>, en cuanto se aparten de lo legalmente establecido. Son aspectos que ordinariamente no plantan problemas, pero en momentos de crisis societaria una adecuada y correcta confecci\u00f3n de los estatutos sociales pueden ayudar eficazmente a la salvaci\u00f3n de la sociedad.<\/p>\n

Tercera<\/strong>: Tambi\u00e9n son de gran importancia los pactos relativos a la transmisi\u00f3n de participaciones sociales<\/strong>, pues pueden evitar, en sociedades normalmente personalistas y ligadas por v\u00ednculos familiares o de amistad, la entrada de elementos extra\u00f1os que puedan desestabilizar la vida de la sociedad. En este sentido es trascendente la debida evaluaci\u00f3n de los hoy d\u00eda cada vez m\u00e1s utilizados pactos de arrastre o acompa\u00f1amiento.<\/p>\n

Cuarta<\/strong>: Reconocemos la dificultad <\/strong>de la calificaci\u00f3n de una cl\u00e1usula como la enjuiciada por el TS.<\/p>\n

Dicha cl\u00e1usula<\/strong>, que normalmente coincid\u00eda exactamente con lo que dec\u00eda el art\u00edculo 66.3 de la LSRL de 1995, y que se mantuvo en el punto 2 del art\u00edculo 217 de la LSC hasta la reforma de 2014, era tremendamente frecuente<\/strong> en todos los modelos de estatutos que circulaban por las notar\u00edas y registros mercantiles de Espa\u00f1a. Cuando se rechazaba exigiendo que constara el sistema de retribuci\u00f3n el interesado, que no ten\u00eda ganas de modificar los estatutos y a veces ni siquiera de que el cargo de\u00a0 administrador fuera retribuido, nos alegaba que \u00e9l no hab\u00eda hecho otra cosa que copiar<\/strong> la LEY. Con este argumento, en ocasiones, se acced\u00eda a la inscripci\u00f3n de la cl\u00e1usula, la cual ordinariamente no planteaba problemas al no existir discrepancias entre los socios sobre la cuesti\u00f3n que regulaba el art\u00edculo estatutario.<\/p>\n

Quinta<\/strong>: Nos hubiera gustado que el TS, en el contexto de esta decisi\u00f3n, hubiera abordado el problema de la privaci\u00f3n al socio de su derecho de voto<\/strong> cuando en el acuerdo de la junta se le concede alg\u00fan derecho. En este punto y cuando nos enfrentemos a un acuerdo de estas caracter\u00edsticas es de tener muy en cuenta que en materia de retribuci\u00f3n de los administradores hay una clara contraposici\u00f3n<\/strong> de intereses entre el socio administrador y el socio no administrador. El socio administrador tratar\u00e1 de que esa retribuci\u00f3n sea la m\u00e1xima posible, lo que sin duda perjudica al socio no administrador pues esa retribuci\u00f3n disminuir\u00e1 los beneficios sociales y por tanto el posible reparto de dividendos sociales.<\/p>\n

Sexta<\/strong>: Tambi\u00e9n es de inter\u00e9s la exposici\u00f3n que hace \u00a0el TS sobre el tratamiento unitario de la retribuci\u00f3n de los administradores<\/strong> y sobre la doctrina de los actos propios, que hemos intentado resumir de la forma m\u00e1s clara posible, pues esas doctrinas nos pueden ayudar en los casos en que se evidencia, en diversos acuerdos de celebraciones de juntas conflictivas un desencuentro entre los socios.<\/p>\n

S\u00e9ptima<\/strong>: Todo acuerdo societario<\/strong> que se base en un art\u00edculo declarado judicialmente nulo<\/strong> est\u00e1 tambi\u00e9n viciado de nulidad<\/strong>.<\/p>\n

Octava<\/strong>: La calificaci\u00f3n registral<\/strong> puede evitar en estos casos o en otros similares, cuando los estatutos han superado los filtros previos, las situaciones de conflicto entre socios y entre ellos y la sociedad, por lo que la trascendencia de una cuidadosa y atenta calificaci\u00f3n se revela como un medio cardinal en la consecuci\u00f3n de seguridad jur\u00eddica.<\/p>\n

 <\/p>\n<\/a>

DISPOSICIONES GENERALES:<\/span><\/strong><\/span><\/h6>\n

Requisitos prudenciales de entidades de cr\u00e9dito y empresas de inversi\u00f3n<\/strong>Circular 3\/2017, de 24 de octubre, del Banco de Espa\u00f1a, por la que se modifica la Circular 2\/2014, de 31 de enero.<\/p>\n

El Real Decreto-ley 14\/2013, de 29 de noviembre<\/a>,<\/strong> de medidas urgentes para la adaptaci\u00f3n del derecho espa\u00f1ol a la normativa de la Uni\u00f3n Europea en materia de supervisi\u00f3n y solvencia de entidades financieras<\/strong>, realiz\u00f3 las adaptaciones m\u00e1s urgentes del ordenamiento jur\u00eddico espa\u00f1ol a las novedades derivadas de la Directiva 2013\/36\/UE, de 26 de junio<\/a>, y del Reglamento (UE) n.\u00ba 575\/2013, de 26 de junio de 2013<\/a>, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de cr\u00e9dito y las empresas de inversi\u00f3n.<\/p>\n

Dicho real decreto-ley habilit\u00f3 al Banco de Espa\u00f1a<\/strong> para hacer uso de las opciones que se atribuyen a las autoridades competentes<\/strong> nacionales en el Reglamento (UE) n.\u00ba 575\/2013, ejerciendo algunas de esas opciones mediante la Circular 2\/2014<\/a>, que ahora se modifica.<\/p>\n

Sim embargo, despu\u00e9s de publicada la Circular, se puso en marcha, en noviembre de 2014, el Mecanismo \u00danico de Supervisi\u00f3n<\/strong>. Desde entonces, el Banco Central Europeo<\/strong> es la autoridad competente para ejercer determinadas funciones de supervisi\u00f3n sobre las entidades definidas como significativas<\/strong> por el Reglamento (UE) n.\u00ba 1024\/2013. En ejercicio de esa facultad, el BCE aprob\u00f3 el Reglamento (UE) 2016\/445 y la Orientaci\u00f3n (UE) 2017\/697.<\/p>\n

Estas opciones difieren en algunos casos de las adoptadas por el Banco de Espa\u00f1a mediante la Circular 2\/2014, que ahora ha de modificarse con los siguientes objetivos<\/strong>:<\/p>\n

– Su \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n debe circunscribirse a las entidades menos significativas<\/strong>.<\/p>\n

– Se ajusta el contenido<\/strong> de la circular a las orientaciones emitidas por el BCE.<\/p>\n

– Se eliminan las normas relativas a opciones transitorias<\/strong> que resultaban de aplicaci\u00f3n hasta 2017.<\/p>\n

La presente reforma entrar\u00e1 en vigor el 1 de enero de 2018.<\/p>\n

PDF (BOE-A-2017-12562 – 5\u00a0p\u00e1gs.\u00a0– 184\u00a0KB)<\/a>Otros formatos<\/a><\/p>\n

\u00a0Consumidores: resoluci\u00f3n alternativa de litigios<\/strong><\/p>\n

Ley 7\/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jur\u00eddico espa\u00f1ol la Directiva 2013\/11\/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resoluci\u00f3n alternativa de litigios en materia de consumo.<\/p>\n

Ir al archivo especial<\/a>.<\/strong><\/p>\n

Hitos hist\u00f3ricos: <\/strong>En la evoluci\u00f3n de la protecci\u00f3n jur\u00eddica del consumidor<\/strong>, tanto en los ordenamientos nacionales como en el derecho comunitario, se pueden distinguir dos etapas<\/strong>:<\/p>\n