Notario con residencia en Lucena<\/a> (C\u00f3rdoba)<\/b><\/span><\/p>\n \u00a0<\/strong>\u00a0<\/p>\n Sentencias del Tribunal Supremo.<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n Sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional.<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n Consultas de la Direcci\u00f3n General de Tributos.<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n Consultas de la Diputaci\u00f3n Foral de Bizcaia.<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n Resoluciones del Tribunal Econ\u00f3mico-administrativo Central<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n Consultas de la Agencia Tributaria de Catalu\u00f1a<\/a>.<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n Resoluciones y sentencias para recordar<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n \u00a0<\/p>\n .<\/a><\/p>\n SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO.<\/strong><\/span><\/p>\n Sentencia del TS de 19 de noviembre de 2014, Recurso 533\/2014. Anula la Orden de 15 de octubre de 1999, que limitaba la exenci\u00f3n del ICIO s\u00f3lo\u00a0 a los inmuebles de la Iglesia Cat\u00f3lica\u00a0 que gozasen de la exenci\u00f3n del IBI, por ser contraria al art. IV,1.B del Acuerdo entre el Estado Espa\u00f1ol y la Santa Sede para Asuntos Econ\u00f3micos.<\/p>\n La Orden limitaba el alcance de una exenci\u00f3n establecida en el citado Acuerdo. Como ha declarado la Sentencia del TS de 4 de abril de 2014, Recurso 653\/2013, est\u00e1n exentos del IBI los bienes de la Iglesia \u201csiempre que no est\u00e9n afectos a actividades econ\u00f3micas y los que est\u00e9n afectos a explotaciones econ\u00f3micas cuyas rentas se encuentren exentas del Impuesto sobre Sociedades en virtud del art\u00edculo 7 de la Ley 49\/2002\u201d\u00a0 As\u00ed un bar y una hospeder\u00eda propiedad de un Obispado tributa por IBI como resulta del Consulta\u00a0 publicada por El Consultor de los Ayuntamientos, N\u00ba 2, 2015, p\u00e1ginas 135 y 136.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Sentencia del TS de 26 de febrero de 2015, Recurso 2311\/2013. Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur\u00eddicos Documentados. Cl\u00e1usula contenida en una escritura de transmisi\u00f3n empresarial en la que se establece la condici\u00f3n resolutoria explicita del contrato de compraventa en favor del adquirente en garant\u00eda de que no pudiese adquirir la plena propiedad y pacifica de la finca resultante de un proyecto de compensaci\u00f3n con las caracter\u00edsticas pactadas: No sujeci\u00f3n al Impuesto de Actos Jur\u00eddicos Documentados por la falta de concurrencia de los requisitos del art. 31.2 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur\u00eddicos<\/em><\/strong>\u00a0 Documentados.<\/p>\n \u201c<\/strong>Parece claro que s\u00f3lo pueden quedar sujetas a tributaci\u00f3n por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur\u00eddicos Documentados las condiciones resolutorias explicitas a las que hace referencia el art. 11 de la Ley Hipotecaria , no cualquier otro tipo de condici\u00f3n resolutoria, pues este tipo de condiciones resolutorias explicitas en garant\u00eda del precio se realizan en favor del vendedor, asimil\u00e1ndose a estos efectos a un derecho real de hipoteca<\/strong>, por lo que resultan inscribibles, teniendo un objeto valuable, el precio aplazado cuyo cumplimiento permite al vendedor ejercitar la acci\u00f3n para recuperar la cosa frente a cualquier titular registral, a diferencia de las condiciones que puedan acordarse en favor del comprador, que los contratantes puedan pactar en sus contratos, que por su propia naturaleza no constituyen convenci\u00f3n independiente, ni resultan inscribible por su falta de oponibilidad a tercero.<\/p>\n As\u00ed lo entendi\u00f3 el propio Registrador de la Propiedad al calificar el contrato celebrado, precisando que tal condici\u00f3n implicaba un mero pacto de vinculaci\u00f3n para las partes, pero sin producci\u00f3n de efectos de terceros<\/strong>, debiendo reconocerse que la postura mantenida por la Sala de instancia supone una duplicidad impositiva al gravar por Actos Jur\u00eddicos Documentados, tanto por el objeto de compraventa como por la condici\u00f3n resolutoria, partiendo de la totalidad del precio de la compraventa.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del TS de 12 de marzo de 2015, Recurso 625\/2013. Suspensi\u00f3n obligada de las liquidaciones tributarias en el ISD cuando se promueva juicio voluntario de testamentar\u00eda.<\/p>\n \u201c<\/strong>El apartado 2 del art\u00edculo 69 \u2013del Reglamento- \u00a0<\/em>mencionado, al contrario de lo que sucede en el apartado 3 del mismo precepto para los casos que en \u00e9l se contemplan, no establece la suspensi\u00f3n de la liquidaci\u00f3n como un acto facultativo de la Administraci\u00f3n, sino como un acto imperativo (\u00abla Administraci\u00f3n suspender\u00e1 la liquidaci\u00f3n\u00bb <\/em>), de lo que se deduce que, tanto si la Administraci\u00f3n dicta un acto suspendiendo expresamente la pr\u00e1ctica de la liquidaci\u00f3n como si no lo hace, la suspensi\u00f3n de la liquidaci\u00f3n se inicia, \u00abex lege\u00bb, en la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda, como se deduce de una interpretaci\u00f3n conjunta de los apartados 2 y 7 del art\u00edculo parcialmente transcrito. Dicha suspensi\u00f3n de la liquidaci\u00f3n a tenor del apartado 6 del mismo precepto, interrumpe el plazo para la pr\u00e1ctica de la liquidaci\u00f3n, que comenzar\u00e1 a contarse, de nuevo, a partir de la firmeza de la sentencia o desde que los interesados desistieren del juicio promovido.\u201d<\/p>\n \u00a0\u00a0<\/a><\/p>\n SENTENCIAS DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA Y DE LA\u00a0AUDIENCIA NACIONAL<\/strong><\/span><\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 2 de diciembre de 2014, Recurso 3269\/2011. La exenci\u00f3n de VPO se extiende no s\u00f3lo a las viviendas.<\/p>\n \u201cEs verdad que, como resultado de una evoluci\u00f3n normativa -magistralmente descrita en la STS de 7-12-1995 – el r\u00e9gimen de vivienda de protecci\u00f3n oficial no se limita a fomentar y proteger solamente lo que es vivienda sensu stricto<\/em>, sino que, de acuerdo con principios e ideas urban\u00edsticas modernas, contempla tambi\u00e9n el entorno necesario de la vivienda y de la convivencia ciudadana,<\/strong> incluyendo en su concepto delimitador, los locales comerciales, las edificaciones y servicios complementarios (jardines etc.), los terrenos y obras de urbanizaci\u00f3n, etc.<\/p>\n En tal sentido cabe recordar uno de los \u00faltimos hitos de dicha evoluci\u00f3n, el RD 3.148\/1978, de 10 de noviembre (que desarroll\u00f3 el RD- Ley 31\/1978, de 31 de octubre), cuyo art. 2 \u00ba prev\u00e9 expresamente que la protecci\u00f3n oficial se extender\u00e1 tambi\u00e9n, con determinadas condiciones, a los locales de negocios; a los talleres de artesanos, labradores, ganaderos y pescadores, los despachos de los profesionales, las edificaciones, instalaciones y servicios complementarios<\/strong> para diversos fines que cita exhaustivamente, todos ellos propias de la convivencia ciudadana; a los garajes que sean \u00abanejos inseparables de las viviendas del inmueble\u00bb.<\/strong><\/p>\n Tambi\u00e9n hay que recordar aqu\u00ed el RD-Ley 12\/1980, de 26 de septiembre, que extendi\u00f3 la protecci\u00f3n oficial en materia de viviendas a la adquisici\u00f3n y preparaci\u00f3n de suelo preferentemente residencial, al equipamiento comunitario primario, a la rehabilitaci\u00f3n de viviendas, y a las obras de mejora de las viviendas que produzcan ahorro energ\u00e9tico.<\/p>\n En esta l\u00ednea legislativa se inscribe asimismo el art. 45.1 de la Ley valenciana 8\/2004, de Vivienda de la Comunitat, citado por la parte recurrente, seg\u00fan el cual \u00abla protecci\u00f3n p\u00fablica se podr\u00e1 extender a otros elementos diferentes de la vivienda, pero pertenecientes a la misma: garajes, anejos, trasteros y otros locales asimilados, lo que se regular\u00e1 administrativamente\u00bb.<\/p>\n Pues bien, a la hora de calcular la base beneficiada por la exenci\u00f3n del art. art. 45 Uno 12 b) de la Ley del Impuesto, es lo propio que se tenga en cuenta no s\u00f3lo la extensi\u00f3n correspondiente a las viviendas de protecci\u00f3n oficial, sino igualmente las extensiones anejas y las destinadas a uso terciario y que proporcionalmente correspondan a dichas viviendas.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 3 de diciembre de 2014, Recurso 1398\/2011. Si la finca es privativa de uno de los c\u00f3nyuges y la actividad empresarial es desarrollada en la misma por el otro c\u00f3nyuge, en el caso de transmisi\u00f3n de dicha finca privativa, el primero de los esposos, propietario de la misma, no es sujeto pasivo de IVA, s\u00f3lo el segundo. En consecuencia, la transmisi\u00f3n no est\u00e1 sujeta a IVA.<\/p>\n \u201cEl recurso se funda en considerar en primer lugar el sentido del acuerdo de la Oficina gestora, en cuanto indica que examinada la declaraci\u00f3n conjunta de IRPF formulada por la vendedora de la finca, y si bien se tributa por el esposo en r\u00e9gimen de tributaci\u00f3n objetiva rendimientos procedentes de dicha finca, al tratarse de un bien privativo, debe declarar los frutos el titular del bien; que la cooperativa no menciona a D. Rosario como empresaria, y puesto que no aparece como titular o cotitular de la actividad agr\u00edcola no cabe considerarse empresaria a los efectos del art. 5 LIVA concluyendo que no se trata por tanto de una operaci\u00f3n sujeta a IVA sino a<\/em> ITP.\u201d \u201c<\/strong>La operaci\u00f3n gravada consisti\u00f3 en compraventa de una finca r\u00fastica por medio de escritura de fecha 2 de febrero de 2006, siendo vendedora D. Rosario y compradora la mercantil V\u2026\u2026\u2026..S.L., estando en cuesti\u00f3n la sujeci\u00f3n de la misma a IVA o bien a ITP, en base a la condici\u00f3n de la vendedora como empresaria, o bien como particular.\u201d<\/p>\n \u201c<\/strong>En nuestro supuesto, por el \u00f3rgano de gesti\u00f3n se ha acreditado en procedimiento de comprobaci\u00f3n limitada que la vendedora no ten\u00eda la condici\u00f3n de empresaria seg\u00fan declar\u00f3 en escritura, pues requerida a fin de que lo verificara mediante oportuna documentaci\u00f3n, de la presentada se desprende lo contrario: la vendedora no tribut\u00f3 en ejercicio 2006 por rendimientos de actividad agraria, ni tienen noticia en la cooperativa a que se asocia la explotaci\u00f3n de la finca, de su actividad agraria, sino de su esposo, el cual figura a efectos de la cooperativa como \u00abpropietario\u00bb de la finca.<\/strong> En todo caso refiere el certificado no haber sido explotada la finca durante el ejercicio en cuesti\u00f3n.<\/p>\n El informe de gesti\u00f3n menciona una declaraci\u00f3n por IRPF conjunta, que no obra en las actuaciones, en la que aparece el esposo como perceptor de rendimientos de actividad agraria, por la que tributa en r\u00e9gimen objetivo.<\/p>\n Por tanto aun admitiendo que la finca fuera objeto de explotaci\u00f3n, no lo es por la actora, sino por su esposo, sin que la titularidad dominical de la finca comporte por s\u00ed la titularidad de la actividad consistente en su explotaci\u00f3n<\/strong>, de acuerdo con la descripci\u00f3n de actividad empresarial obrante al art. 5.1 LIVA antes transcrito, sino que la cualidad de empresario corresponde a quien ordena recursos materiales y humanos a la obtenci\u00f3n de producci\u00f3n, pudiendo disponer de tales recursos por virtud de titularidad dominical, u otro t\u00edtulo cualquiera: comodato, uso, etc.<\/p>\n Por tanto sin entrar a considerar si el esposo efectivamente explota dicha finca o cuenta con alta en el censo de actividades, pues nada obra al expediente ni se ha propuesto prueba, lo cierto es que la Administraci\u00f3n tributaria ha acreditado que D. Rosario no la explota ni tiene la condici\u00f3n de empresaria, y la recurrente no ha logrado desvirtuar tales conclusiones, al no haber propuesto prueba.<\/p>\n En semejantes t\u00e9rminos se ha pronunciado anteriormente esta Sala y Secci\u00f3n en sentencia TSJ de Valencia Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 3\u00aa, S 3-6-2014, n\u00ba 2105\/2014, rec. 1399\/2011.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc\u00eda, Sede de M\u00e1laga, de 9 de diciembre de 2014, Recurso 962\/2012. Si el contribuyente ha utilizado en la valoraci\u00f3n un m\u00e9todo legal, el resultado del mismo no puede ser cambiado por la Administraci\u00f3n utilizando otro m\u00e9todo legal que le beneficie.<\/p>\n \u201cComo bien indica esta Sentencia, el art. 57 de la Ley no establece la preferencia de ninguno de los medios de comprobaci\u00f3n sobre los dem\u00e1s y tambi\u00e9n que no puede la Administraci\u00f3n comprobar cuando el obligado tributario haya declarado de acuerdo con los valores publicados por la propia Administraci\u00f3n actuante en aplicaci\u00f3n de alguno de los medios previstos en el apdo. 1 del art. 57 LGT.<\/p>\n En este caso en el que el contribuyente declar\u00f3 de acuerdo pr\u00e1cticamente con el valor hipotecario del inmueble y, por tanto, de conformidad con un m\u00e9todo legal la Sala entiende que debe ser mantenido en su autoliquidaci\u00f3n sin tener que soportar otra valoraci\u00f3n diferente, basada en otro m\u00e9todo legal pero que claramente le perjudica aunque sea beneficioso para la Administraci\u00f3n actuante que en tantas otras ocasiones ha venido a utilizar el m\u00e9todo de comprobaci\u00f3n del apdo. g) del art. 57.1 de la Ley, siendo ratificada en su criterio por los Tribunales por tratarse de un m\u00e9todo legal.\u201d<\/p>\n Se cita la Sentencia del TS de 7 de diciembre de 2011, Recurso 71\/2010.<\/p>\n Sentencia del Tribunal *Superior de Justicia de Galicia de 10 de diciembre de 2014, Recurso 15463\/2013. Impuesto sobre Donaciones. Aportaci\u00f3n de bienes a la futura sociedad de gananciales que se disuelve siete d\u00edas despu\u00e9s. Se trata de una aportaci\u00f3n y disoluci\u00f3n que conlleva una donaci\u00f3n a uno de los c\u00f3nyuges<\/strong>.<\/strong><\/p>\n \u201c<\/strong>La aportaci\u00f3n a la sociedad de gananciales de un bien privativo de la esposa (en este caso el producto de la venta de un inmueble, que se invirti\u00f3 en otros bienes) no constituy\u00f3 una donaci\u00f3n <\/em>de la mitad del producto de la venta al esposo que posibilite la aplicaci\u00f3n del art 3.1.b) de la Ley 29\/87, del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. No es posible que, a pesar de la evidente exenci\u00f3n del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur\u00eddicos Documentados, se pretenda por parte de la Administraci\u00f3n someter la operaci\u00f3n a otro tributo diferente, por el que s\u00ed resultar\u00eda gravada, ya <\/em>que ello solo ser\u00eda posible en caso de utilizaci\u00f3n fraudulenta de la exenci\u00f3n, como podr\u00eda ser el caso de que a la aportaci\u00f3n del bien privativo de uno de los c\u00f3nyuges a la sociedad conyugal siguiera en el tiempo, inmediatamente, una disoluci\u00f3n de la misma.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n \u00a0Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de de 10 de diciembre de 2014, Recurso 244\/2011. No sujeci\u00f3n a ITP de la adjudicaci\u00f3n a un comunero, propietario de la mitad indivisa de los tres inmuebles que formaban una comunidad de bienes que se disuelve, abonando el exceso a los dem\u00e1s comuneros, 14 personas, copropietarios de la restantes mitades indivisas de los tres bienes antes citados.\u201d<\/strong><\/p>\n \u201cEn escritura p\u00fablica se disolvi\u00f3 la CB existente respecto de determinados tres inmuebles, adjudic\u00e1ndose las fincas a A\u2026. S.L., y como compensaci\u00f3n y pago a los restantes 14 comuneros se les hizo un pago en efectivo, adquiriendo la mercantil el pleno dominio de los inmuebles, por lo que no constituye un supuesto de exceso de adjudicaci\u00f3n, a tenor del art 1062 C\u00f3digo Civil , pues las fincas no eran susceptibles de divisi\u00f3n.\u201d<\/p>\n Para el Tribunal la cuesti\u00f3n \u201c<\/strong>ha de ser resuelta por la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de abril de 2010 (recurso de casaci\u00f3n en inter\u00e9s de la Ley n\u00famero 21\/2008), y en cuyo fundamento de derecho sexto literalmente se declara que dicha Sala \u00ab niega la sujeci\u00f3n por la modalidad de transmisiones patrimoniales en aquellos supuestos en los que la divisi\u00f3n de la cosa com\u00fan resulta imposible por ser el bien indivisible o de divisi\u00f3n que reduce sustancialmente su valor y la totalidad del bien se adjudica a uno o varios comuneros con obligaci\u00f3n de compensar al resto con met\u00e1lico <\/em>\u00bb.<\/p>\n Por lo tanto, de acuerdo con los preceptos transcritos y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, si el desequilibrio en los lotes se produce por imposibilidad de formar los lotes equivalentes, por la existencia de un bien no divisible y, adem\u00e1s, dicho desequilibrio se compensa con dinero, el exceso de adjudicaci\u00f3n no tributar\u00e1 por la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas del ITP.<\/p>\n Aplicando la referida doctrina al caso de autos hay que se\u00f1alar que la indivisibilidad de la finca distribuida entre los comuneros, desde el punto de vista que se examina es palmaria, por cuanto se trata de tres inmuebles con un valor no homog\u00e9neo a distribuir y adjudicar entre una sociedad que detenta la mitad de esos bienes y otros 14 comuneros personas f\u00edsicas, lo que resulta imposible de fraccionar de manera equitativa, salve extremo desmerecimiento, por lo que resultaba razonable adjudicar el pleno dominio a un comunero y compensar en dinero a los dem\u00e1s, de conformidad a los criterios expuestos anteriormente, sin que sea de recibo la<\/strong> artesanal y poco seria distribuci\u00f3n operada por la liquidaci\u00f3n controvertida, pues no cabe en buena l\u00f3gica pretender que se adjudique finca y media a la codemandada y el resto a partes iguales a los restantes 14 comuneros.\u201d<\/em><\/strong><\/p>\n \u00a0<\/em><\/strong><\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 11 de diciembre de 2014, Recurso 1207\/2011. En la condici\u00f3n suspensiva no se devenga el impuesto de AJD hasta que la condici\u00f3n no se cumple.<\/p>\n \u201cLa liquidaci\u00f3n que se impugna, 46\/2008\/LZJ\/10704\/2, cuant\u00eda 9.512,26#, se gira por la Administraci\u00f3n en AJD, en relaci\u00f3n con el documento n\u00ba 4.010\/06: Mediante escritura p\u00fablica de 6-10-2006, se pacta la transmisi\u00f3n por permuta de determinada finca rustica de su `propiedad, valorada en 865.457,42#, por elementos inmobiliarios equivalentes al 40% de valor de mercado del edificio a construir por la adquirente en dicha finca; se pacta en la escritura condici\u00f3n resolutoria por la que se podr\u00eda resolver, sin transmisi\u00f3n, el contrato ante determinados incumplimientos de la adquirente que se reflejan en la estipulaci\u00f3n 11\u00aa, y en 12\u00aa condici\u00f3n suspensiva por la que la eficacia quedaba condicionada a la aprobaci\u00f3n del planeamiento, reparcelaci\u00f3n y otras que a su vez se reflejan en dicha estipulaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n El Tribunal Valenciano discrepando \u201cdel criterio expuesto seguido por el TSJ Catalu\u00f1a \u2013en la sentencia de 19 de abril de 2014, Recurso 79\/2009-, en cuanto el art 2,2 del TR se encuentra incluido entre las disposiciones generales aplicables a ambos tributos y por tanto al de AJD, deberemos concluir dando por reiterados los argumentos de la sentencia antes citada que en los casos de contratos sometidos a condici\u00f3n suspensiva no se devenga el citado impuesto hasta que dicha condici\u00f3n se cumpla, lo que determina en el caso de autos la estimaci\u00f3n del recurso entablado.\u201d\u00a0 La doctrina expuesta es muy discutida.<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc\u00eda, Sede de M\u00e1laga, de 23 de diciembre de 2014, Recurso 250\/2013. Aplicaci\u00f3n del tipo reducido en Andaluc\u00eda cuando se incorpora la finca adquirida al activo circulante. Acreditaci\u00f3n.<\/p>\n \u201cLa acreditaci\u00f3n de las condiciones precisas para beneficiarse de este tipo reducido, en este punto el art\u00edculo 25.3 del Decreto legislativo 1\/2009, que aprueba el texto refundido de la Ley en materia de impuestos cedidos a la Junta de Andaluc\u00eda, previene que la acreditaci\u00f3n del cumplimiento de los requisitos necesarios para la aplicaci\u00f3n del tipo de gravamen reducido previsto en el apartado 1 del presente art\u00edculo se efectuar\u00e1 de acuerdo con las siguientes normas:<\/p>\n a) La circunstancia de ser un sujeto pasivo al que resultan aplicables las normas de adaptaci\u00f3n del Plan General de Contabilidad del Sector Inmobiliario se acreditar\u00e1 mediante certificaci\u00f3n de encontrarse en situaci\u00f3n de alta en el ep\u00edgrafe correspondiente de la Clasificaci\u00f3n Nacional de Actividades Econ\u00f3micas. Dicha certificaci\u00f3n deber\u00e1 presentarse junto con la autoliquidaci\u00f3n del impuesto y podr\u00e1 sustituirse por la inscripci\u00f3n en el censo correspondiente de la Consejer\u00eda de Econom\u00eda y Hacienda.<\/p>\n b) La circunstancia prevista en el p\u00e1rrafo a) del apartado 1 de este art\u00edculo requerir\u00e1 que el sujeto pasivo haga constar en el documento que formalice la transmisi\u00f3n su intenci\u00f3n de incorporar el inmueble a su activo circulante. Lo dispuesto en el p\u00e1rrafo anterior se entender\u00e1 sin perjuicio de la comprobaci\u00f3n administrativa que pueda efectuarse.<\/p>\n c) El cumplimiento del requisito previsto en el p\u00e1rrafo b) del apartado 1 de este art\u00edculo se entender\u00e1 cumplido con el otorgamiento de la escritura p\u00fablica de compraventa.<\/p>\n En nuestro caso la problem\u00e1tica se suscita en torno a la acreditaci\u00f3n del requisito de la incorporaci\u00f3n de la finca adquirida al activo circulante de la compa\u00f1\u00eda actora<\/strong>. Como quiera que la adquisici\u00f3n se verific\u00f3 por medio de adjudicaci\u00f3n en el marco de un proceso de ejecuci\u00f3n judicial, no qued\u00f3 constancia de la intenci\u00f3n de efectuar dicha incorporaci\u00f3n al activo circulante de la sociedad en documento p\u00fablico alguno.<\/p>\n Para estos supuestos la instrucci\u00f3n 2\/2003, de 17 de febrero de la Direcci\u00f3n General de Tributos, contemplaba la alternativa de efectuar una declaraci\u00f3n ante el funcionario en el momento de presentar la autoliquidaci\u00f3n o bien acompa\u00f1ar una declaraci\u00f3n jurada al impreso de la autoliquidaci\u00f3n, al efecto de revelar el destino del inmueble y su inmediata incorporaci\u00f3n<\/strong> al activo circulante de la mercantil.<\/strong><\/p>\n En sentencias de esta misma Sala como la de 26 de julio de 2012 (rec. 513\/09 ) se admiti\u00f3 la posibilidad de acreditar a posteriori la incorporaci\u00f3n del inmueble al activo circulante, mediante la aportaci\u00f3n de la documentaci\u00f3n contable de la sociedad, de este modo, acreditado igualmente que se procedi\u00f3 a la venta del inmueble dentro del plazo de 2 a\u00f1os previsto en la norma se entendi\u00f3 que no exist\u00eda objeci\u00f3n para la aplicaci\u00f3n del tipo reducido, con base a una interpretaci\u00f3n finalista de la norma ajustada a las circunstancias del caso.<\/strong><\/p>\n Ahora bien es preciso tener en cuenta que este tipo reducido en cuanto que medida de fomento econ\u00f3mico de una determinada actividad empresarial, representa una excepci\u00f3n al r\u00e9gimen general de tributaci\u00f3n, por lo que se debe ser exigente en el modo de cumplimentar la prueba del agotamiento de los requisitos subjetivos y objetivos que permiten la aplicaci\u00f3n de la medida excepcional.<\/strong><\/p>\n En esta l\u00ednea la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo de Sevilla de este Tribunal Superior de fecha 7 de diciembre de 2012 (rec. 1133\/2011 ) apunta la insuficiencia de cualquier anotaci\u00f3n contable para adverar la realidad de la incorporaci\u00f3n de la vivienda al activo circulante de la sociedad, exigiendo la aportaci\u00f3n de cuentas auditadas y previa su presentaci\u00f3n ante el Registro de la Propiedad, como corroborantes externos de la realidad de la anotaci\u00f3n consignada unilateralmente por la propia compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n En el caso, admitida la posibilidad de acreditar por otros medios de prueba suficientes la inclusi\u00f3n de la vivienda en el cat\u00e1logo de existencias de la compa\u00f1\u00eda, la recurrente comparece sirvi\u00e9ndose de una copia de una hoja del libro de diario (doc.1), extracto del que se deduce que en la cartera de inmuebles de la compa\u00f1\u00eda figura un inmueble identificado con un c\u00f3digo alfanum\u00e9rico indescifrable para esta Sala, cuya \u00fanica conexi\u00f3n con el inmueble de autos es el importe valor consignado en contabilidad coincidente con el valor declarado del inmueble en la autoliquidaci\u00f3n del ITP de 5 de octubre de 2010. Estamos ante un documento unilateralmente confeccionado por la recurrente, cuyo paup\u00e9rrimo valor acreditativo se evidencia adem\u00e1s de por su mermado contenido, y desconexi\u00f3n sistem\u00e1tica de la contabilidad empresarial, por la ausencia de cualquier mecanismo de corroboraci\u00f3n externa pues no consta fiscalizado por ninguna auditor\u00eda, ni figura sello alguno del Registro de la Propiedad.<\/p>\n Adem\u00e1s y desde una perspectiva sustantiva se hace notar que a la fecha de la interposici\u00f3n del presente recurso -19 de abril de 2013-, transcurridos m\u00e1s dos a\u00f1os desde la adquisici\u00f3n del inmueble, no consta que \u00e9ste se hubiera transmitido a terceros mediante una operaci\u00f3n sujeta a ITP, lo que de ser as\u00ed dejar\u00eda sin objeto el presente recurso por la inoperatividad de la reducci\u00f3n de tipo prevista.\u201d<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 30 de diciembre de 2014, Recurso 504\/2012. El valor en VPO es el precio m\u00e1ximo<\/p>\n \u201c<\/strong>El TEAR estima la citada reclamaci\u00f3n econ\u00f3mica administrativa en virtud de lo declarado por el Tribunal Supremo en la sentencia de 26 de febrero de 2004 que afirma que al estar ante viviendas de protecci\u00f3n oficial, cuyo valor de venta est\u00e1 legalmente tasado por aplicaci\u00f3n de su legislaci\u00f3n espec\u00edfica, el impuesto no puede recaer sino sobre el precio m\u00e1ximo legal, siendo por ello innecesaria la comprobaci\u00f3n por lo que cualquiera que hubiera sido el valor asignado por el interesado,<\/strong> la Administraci\u00f3n tributaria estaba obligada, al practicar la liquidaci\u00f3n, a ajustarse a estas normas objetivas. Y por ello el TEAR concluye que \u00abvista la reiterada doctrina del Tribunal Supremo expuesta, se deduce que \u00e9sta no ha sido aplicada en el procedimiento aqu\u00ed revisado, por lo que procede anular el acto impugnado y la liquidaci\u00f3n de la que trae causa\u00bb.\u201d<\/em>\u00a0 Los Servicios Jur\u00eddicos de la Comunidad de Madrid \u201c<\/strong>en contra de lo que mantiene el TEAR, no se ha realizado una comprobaci\u00f3n de valor por parte de la Administraci\u00f3n elevando el valor de la vivienda de protecci\u00f3n oficial por encima de su precio m\u00e1ximo de venta sino que la Administraci\u00f3n se ha limitado a tomar el valor de la vivienda que voluntariamente la interesada hab\u00eda fijado en la escritura de aceptaci\u00f3n de herencia. Y, por ello, la cuesti\u00f3n que se discute no es la resuelta por el TEAR sino si se ha acreditado o no por la interesada haber incurrido en un error al declarar el valor de la vivienda en la escritura p\u00fablica de aceptaci\u00f3n de la herencia que pueda luego por ese motivo ser modificado. Y, en este sentido, la Comunidad de Madrid de acuerdo con lo dispuesto en los art\u00edculos 108.4 y 119 de la LGT concluye que los datos consignados por la interesada en la escritura de aceptaci\u00f3n de la herencia tienen el car\u00e1cter de declaraci\u00f3n tributaria que no pueden modificarse por una escritura p\u00fablica posterior de subsanaci\u00f3n de la anterior.\u201d<\/p>\n \u201c<\/strong>En este caso esta Sala no admite el planteamiento que realizan los Servicios Jur\u00eddicos de la Comunidad de Madrid en el escrito de demanda. La Comunidad de Madrid podr\u00eda tener raz\u00f3n si se estuviera ante una rectificaci\u00f3n de la autoliquidaci\u00f3n, que no es el caso pues el interesado \u00fanicamente ha presentado una \u00fanica autoliquidaci\u00f3n por el Impuesto sobre Sucesiones en fecha 26 de mayo de 2006 en la que ya se fijaba al inmueble que se discute el valor de 55.932,12 euros. Es cierto que a la citada autoliquidaci\u00f3n se acompa\u00f1aba la escritura p\u00fablica otorgada en fecha 23 de marzo de 2006 en la que se asignaba al inmueble un valor por importe de 143.750 euros, que se modifico en virtud de la escritura p\u00fablica de subsanaci\u00f3n de la anterior otorgada en fecha 29 de abril de 2010 en la que se refer\u00eda el error cometido en la anterior valoraci\u00f3n del inmueble pues se hab\u00eda efectuado sin tener en cuenta su consideraci\u00f3n de vivienda de protecci\u00f3n oficial y para su acreditaci\u00f3n se acompa\u00f1aba un informe de la Comunidad de Madrid que as\u00ed lo reconoc\u00eda y que fijaba a la vivienda un valor bastante inferior al inicialmente fijado, concretamente en 55.932,12 euros.<\/strong><\/p>\n Como se ha expuesto, nos encontramos en este caso con una sola declaraci\u00f3n tributaria que es la autoliquidaci\u00f3n que presenta el sujeto pasivo en fecha 26 de mayo de 2006 en la que se indica una valoraci\u00f3n concreta a la vivienda objeto de an\u00e1lisis por importe de 55.932,12 euros. Valoraci\u00f3n que no ha sido objeto de modificaci\u00f3n ante la Administraci\u00f3n Tributaria. Lo que si se ha modificado y subsanado ha sido la escritura p\u00fablica inicial de manifestaci\u00f3n y aceptaci\u00f3n de herencia de fecha 23 de marzo de 2006 por otra posterior –<\/strong>de fecha 29 de abril 2010-en el aspecto relativo al valor de uno de los inmuebles que formaban parte de la herencia. Pero las modificaciones y subsanaciones de la escritura p\u00fablica acaecidas en este caso entran dentro de la autonom\u00eda de las partes que no afectan a la \u00fanica declaraci\u00f3n tributaria presentada lo que impide analizar si existe o no error de hecho pues se insiste en que la modificaci\u00f3n no se ha producido en la declaraci\u00f3n tributaria.<\/strong> Lo expuesto no significa que la Comunidad de Madrid, si considerase que el valor atribuido a la citada vivienda pudiera ser inferior al que realmente corresponda, pueda iniciar un expediente de comprobaci\u00f3n de valores a fin de averiguar que el valor se corresponde o no con el valor real pero no utilizar el mecanismo de la modificaci\u00f3n de las declaraciones tributarias ni iniciar el procedimiento de comprobaci\u00f3n de valores aceptando el valor declarado en la escritura de aceptaci\u00f3n de la herencia sin constatar que este valor no coincid\u00eda con el reflejado en la autoliquidaci\u00f3n.<\/p>\n Ante esta situaci\u00f3n la Comunidad<\/strong> de Madrid si entiende que, no ha sido correcto el valor asignado al inmueble en la declaraci\u00f3n tributaria presentada (autoliquidaci\u00f3n, modelo 650) debe iniciar un procedimiento de comprobaci\u00f3n de valores en el que se podr\u00e1 discutir si el valor asignado en la autoliquidaci\u00f3n es o no correcto pero no afirmar, sin m\u00e1s, que es incorrecto porque en la escritura de aceptaci\u00f3n de herencia que se acompa\u00f1a a la autoliquidaci\u00f3n se ha fijado un valor superior con el que se est\u00e1 mas de acuerdo.<\/strong><\/p>\n Por tanto, se debe desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto y, en consecuencia, se confirma la resoluci\u00f3n dictada por el TEAR aunque por motivos distintos de los recogidos en dicha resoluci\u00f3n.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/strong><\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Castilla La Mancha de 2 de enero de 2015, Recurso 273\/2012. Impuesto sobre Donaciones. Competencia para la revisi\u00f3n de la valoraci\u00f3n cuando son donados bienes en diferentes<\/strong>\u00a0territorios.<\/p>\n Debe rechazarse\u00a0 la \u201c<\/strong>alegaci\u00f3n del actor, pretendiendo que aun en el caso en que se admita la presentaci\u00f3n de los documentos en una sola Comunidad Aut\u00f3noma, en aplicaci\u00f3n de la unidad de competencia territorial del art\u00edculo 72 del Reglamento, en este caso en la Comunidad de Madrid, debe admitirse que a la Administraci\u00f3n a la que le corresponde el rendimiento, pueda realizar una revisi\u00f3n de valores<\/strong> conforme el art\u00edculo 134 y siguientes de la LGT , pues tal y como hemos se\u00f1alado, el art\u00edculo 71 del Reglamento, se\u00f1ala expresamente que se mantiene por la oficina que tenga atribuida la competencia territorial, la competencia para la gesti\u00f3n y liquidaci\u00f3n del Impuesto, sin perjuicio de que el importe se transfiera al ente p\u00fablico a que corresponda<\/strong>, y el art\u00edculo 72 del mismo Reglamento se\u00f1ala que la oficina competente conforme el art\u00edculo 70 liquidar\u00e1 todos los actos y contratos, resultando que la comprobaci\u00f3n de valores es un procedimiento integrado en el procedimiento de gesti\u00f3n tributaria, conforme establece el art\u00edculo 123 de la LGT , por lo que siendo que la competencia para la gesti\u00f3n y liquidaci\u00f3n se mantiene por la oficina a la que corresponda la competencia territorial, debe desestimarse dicha pretensi\u00f3n. Por todo lo expuesto, el recurso contencioso-administrativo interpuesto debe ser desestimado.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 21 de enero de 2015, Recurso 15418\/2014. \u00a0Imputaci\u00f3n e la ganancia patrimonial de la finca expropiada al ejercicio en el que se obtenga sentencia firme<\/p>\n \u201cEl criterio general es la imputaci\u00f3n de la ganancia patrimonial derivada de la expropiaci\u00f3n al ejercicio en que se produce la alteraci\u00f3n patrimonial. En aquellos casos como el presente, en que la determinaci\u00f3n del justiprecio se efect\u00faa por sentencia judicial, ha de imputarse el mayor importe reconocido al ejercicio en que la sentencia alcanza firmeza<\/strong> (aunque se cobre m\u00e1s tarde) pues hasta entonces solo era una expectativa. De modo que en el presente caso, pese a lo alegado por los contribuyentes, la imputaci\u00f3n temporal realizada por la Administraci\u00f3n es correcta ya que solo afecta al mayor valor reconocido en virtud de la sentencia judicial, 48.010,20 euros, excluyendo el importe objeto de dep\u00f3sito previo (13.199,42 euros), que debi\u00f3 declararse en su d\u00eda (ejercicio 1995) pero, dado que no se hizo ni la AEAT liquid\u00f3 aquella ganancia, en lo que s\u00ed debemos darle la raz\u00f3n a los demandantes es que del importe que se imputa al ejercicio 2009 debe descontarse el precio de adquisici\u00f3n para determinar la ganancia patrimonial, debiendo aplicar adem\u00e1s los coeficientes de abatimiento procedentes, por raz\u00f3n de la fecha de adquisici\u00f3n del bien y teniendo en cuenta que, aunque su ocupaci\u00f3n se realiz\u00f3 en el a\u00f1o 1995, no es posible determinar la ganancia patrimonial hasta el 2009, fecha de la firmeza de la sentencia que fija el justiprecio, de modo que este es el a\u00f1o que ha de tomarse en consideraci\u00f3n a todos los efectos (legislaci\u00f3n aplicable…). En consecuencia, y dado que la Administraci\u00f3n omiti\u00f3 todo pronunciamiento sobre estas cuestiones, ha de estimarse el recurso en cuanto a la falta de motivaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n que debe practicarse seg\u00fan lo expuesto.\u201d<\/p>\n \u00a0\u00a0<\/p>\n<\/a> Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 22 de enero 2015, Recurso 781\/2012. Cu\u00e1ndo se interrumpe la prescripci\u00f3n por la actuaci\u00f3n del presentador.<\/p>\n \u201cL\u00f3gicamente, para que se produzca la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n es preciso que la actuaci\u00f3n fehaciente sea llevada a cabo o bien por el obligado tributario, o bien por su representante. No basta con que se entregue la documentaci\u00f3n por un mero \u00abpresentador\u00bb.<\/strong> As\u00ed, lo ha declarado el Tribunal Supremo en distintas sentencias. En las de 14 febrero 2000 se recoge la siguiente doctrina:<\/p>\n \u00bb sin que sea confundida, adem\u00e1s, la condici\u00f3n de estricto mandatario o representante con la de \u00abpresentador\u00bb, que, a modo de nuncio o mensajero, ejecuta un mero encargo f\u00e1ctico (que deber\u00eda estar carente, en principio, de todo contenido representativo), la Ley puede atribuir, en consecuencia, ciertos efectos, por v\u00eda de presunci\u00f3n de la representaci\u00f3n, a quien realiza la presentaci\u00f3n del documento;<\/em><\/strong> as\u00ed los art\u00edculos 36.2 de la Ley 29\/1987, de 18 diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones EDL 1987\/13245 y 59.2 del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur\u00eddicos Documentos de 1980 , antes y despu\u00e9s de la redacci\u00f3n dada por la Ley 29\/1991, de 16 diciembre. Pero aun en estos casos, debe distinguirse entre la mera ejecuci\u00f3n del encargo de presentaci\u00f3n, sin funci\u00f3n representativa alguna, y la aut\u00e9ntica representaci\u00f3n que se presume por la Ley,\u00bbex factis\u00bb, del hecho de declararse el tercero presentador del documento.<\/em><\/p>\n Por tanto, y a sensu contrario, siguiendo la tesis que hemos sentado con car\u00e1cter general, si la declaraci\u00f3n tributaria es presentada por un tercero, sin apoderamiento expreso, despu\u00e9s del plazo reglamentariamente fijado para hacerlo en cada clase de Impuestos y, en consecuencia, a tenor del art\u00edculo 65, segundo p\u00e1rrafo, punto a), antes citado, de la LGT (versi\u00f3n de la Ley 10\/1985, de 26 abril), con posterioridad, tambi\u00e9n, al comienzo del c\u00f3mputo de la prescripci\u00f3n, o sea, despu\u00e9s del \u00abdies a quo\u00bb del lapso temporal prescriptivo, esa actuaci\u00f3n de tercero, fechada el 27 de septiembre de 1990, por las posibles implicaciones negativas que puede tener para el obligado tributario, no puede conceptuarse, ya, seg\u00fan el criterio general, como un \u00abacto de mero tr\u00e1mite\u00bb, y no puede presumirse, por tanto, que, para su materializaci\u00f3n, se tenga concedida (o se haya tenido concedida), indefectiblemente, la oportuna y precisa representaci\u00f3n.<\/strong> En consecuencia, si la declaraci\u00f3n tributaria de autos no es un acto de mero tr\u00e1mite, y, por tanto, no est\u00e1 investida de la presunci\u00f3n a que se refiere el \u00faltimo inciso del punto o p\u00e1rrafo 2\u00ba del art\u00edculo 43; si el Ayuntamiento no requiri\u00f3 al sujeto pasivo para que acreditase la representaci\u00f3n del presunto tercero presentador; y si tampoco hay prueba de qui\u00e9n, realmente, formul\u00f3 la declaraci\u00f3n, la sentencia de instancia infringe el comentado inciso del art\u00edculo 43 de la LGT, en conexi\u00f3n con el 24.2 de la LPA EDL 1958\/101, por su aplicaci\u00f3n indebida, as\u00ed como el resto de los preceptos y criterios jurisprudenciales aducidos por el recurrente, y procede estimar el recurso de casaci\u00f3n <\/strong><\/em>\u00ab<\/strong><\/p>\n Es decir, el Tribunal Supremo exige que haya un apoderamiento expreso para poder realizar actos que no sean de mero tr\u00e1mite en nombre de otro. No constando al poder representativo en el presente caso no<\/strong> se le puede reconocer efecto interruptivo a la presentaci\u00f3n de la escritura p\u00fablica por parte de la gestor\u00eda.<\/strong><\/p>\n Pero es que, adem\u00e1s, como afirma el Abogado del Estado una vez que han sido declaradas inconstitucionales las normas de la ley del Impuesto sobre presunci\u00f3n de representaci\u00f3n de los presentadores de documentos habr\u00e1 de estarse a lo preceptuado en el C\u00f3digo Civil sobre la materia y, m\u00e1s en concreto, lo previsto en el art\u00edculo 1717 y siguientes del C\u00f3digo Civil a cuyo tenor, en caso de inexistencia de apoderamiento expreso, s\u00f3lo derivan efectos contra el mandante en caso de que concurra la denominada contemplatio domini<\/em> y la consecuci\u00f3n de beneficios en pro del pretendido representante. Tales circunstancias no concurren en el presente caso pues la representaci\u00f3n ha sido negada por los interesados y la presentaci\u00f3n de la documentaci\u00f3n ante la Administraci\u00f3n no produce beneficio alguno a los herederos que ya han sido adquirentes de los bienes que compon\u00edan la herencia.\u201d<\/p>\n \u00a0\u00a0<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 23 de enero de 2015, Recurso 2943\/2011. Tributaci\u00f3n de un evidente exceso de adjudicaci\u00f3n en la liquidaci\u00f3n de una sociedad ganancial.<\/p>\n \u201cLa exenci\u00f3n contemplada en el art. 43.1.B.3 TRLITPyAJD#93 no alcanza a los excesos de adjudicaci\u00f3n que se produzcan en favor de un c\u00f3nyuge con ocasi\u00f3n de la disoluci\u00f3n de la sociedad de gananciales, ello en la medida en que tal exenci\u00f3n s\u00f3lo afecta a las adjudicaciones en pago de su haber de gananciales y no a los excesos, cuya naturaleza no es la propia de una especificaci\u00f3n de derechos, sino de una transmisi\u00f3n de bienes y derechos entre c\u00f3nyuges. En estos casos, se producir\u00eda la sujeci\u00f3n al ITP si existe -como en nuestro caso- una compensaci\u00f3n econ\u00f3mica, dada la exigencia de la nota de onerosidad a efectos de la sujeci\u00f3n. En otro caso (esto es, si el exceso de adjudicaci\u00f3n trajera causa de un negocio a t\u00edtulo gratuito), la sujeci\u00f3n lo ser\u00eda al Impuesto sobre Donaciones. Y es que no debe perderse de vista que los excesos de adjudicaci\u00f3n se producen cuando lo adjudicado a una persona supera el valor de su te\u00f3rico derecho de participaci\u00f3n. Cuesti\u00f3n distinta es que la compensaci\u00f3n econ\u00f3mica por la atribuci\u00f3n de un valor superior al que corresponde derive de la indivisibilidad del bien adjudicado, que es precisamente el supuesto al que se refiere el TEARCV en su resoluci\u00f3n con cita de los preceptos legales y doctrina jurisprudencial a este respecto, pero esto es lo que pasamos a tratar en el siguiente fundamento jur\u00eddico.<\/p>\n Para dar respuesta a tal cuesti\u00f3n debemos partir de los elementos del haber ganancial a liquidar, el que se encontraba conformado por cuatro inmuebles (valorados, respectivamente, en los importes de 30.000 # -finca r\u00fastica-, 90.000 # -vivienda unifamiliar en campo de tierra de regad\u00edo-, 120.000 # -piso o vivienda- y 20.000 # -plaza de garaje-) y 239 participaciones sociales de determinada mercantil (valoradas en 60.000 #). Pues bien, habida cuenta del juego de posibilidades que permite la multiplicidad de bienes de la sociedad conyugal a disolver, resulta evidente que existen diversas alternativas de adjudicaci\u00f3n que hubieran evitado la compensaci\u00f3n en met\u00e1lico (o habr\u00edan hecho \u00e9sta mucho m\u00e1s ajustada), con lo que, al no haberse hecho as\u00ed, no queda m\u00e1s remedio que entender que -en realidad- la forma de adjudicaci\u00f3n elegida no persegu\u00eda una efectiva distribuci\u00f3n de los bienes que integraban el haber ganancial, sino una consciente y voluntaria atribuci\u00f3n espec\u00edfica (la elegida, en la que se adjudican todos los inmuebles a la esposa y al marido se le dejan exclusivamente las participaciones en una mercantil). Por todo ello no cabe sino concluir con la inaplicabilidad al caso de la doctrina jurisprudencial a que se refiere la resoluci\u00f3n del TEARCV y el segundo de los razonamientos del escrito de contestaci\u00f3n a la demanda presentada por la Abogac\u00eda del Estado, con la consecuencia derivada de la estimaci\u00f3n del recurso presentado por la Generalitat Valenciana.\u201d<\/p>\n Sentado lo anterior, y entrando ya en lo que es la principal cuesti\u00f3n controvertida en esta litis, todas las partes se muestran concordes en el hecho de que en el supuesto de adjudicaci\u00f3n entre c\u00f3nyuges de un bien indivisible a uno de ellos con compensaci\u00f3n econ\u00f3mica al otro no se dar\u00eda la sujeci\u00f3n al ITP. Sin embargo, la cuesti\u00f3n que hay que dilucidar aqu\u00ed es si nos encontramos ante tal supuesto en el caso de autos.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le\u00f3n, Sede de Valladolid, de 30 de enero de 2015, Recurso 36\/2013. Relato surrealista en una valoraci\u00f3n inmobiliaria con ribetes de los hermanos Marx<\/p>\n \u201cSe juzga conveniente se\u00f1alar, uno, que sigue siendo inadmisible que se apliquen unos coeficientes por circunstancias tales como la del estado de conservaci\u00f3n, el nivel de las instalaciones interiores o la calidad de los materiales de fachadas y suelos (en cuanto a \u00e9sta por ejemplo por qu\u00e9 mala, que supone un coeficiente H = 0,60, y no muy mala, que hubiese representado un coeficiente H = 0,50) cuando no se han podido examinar los inmuebles -as\u00ed ya se dec\u00eda en la sentencia de esta Sala a que antes se ha hecho menci\u00f3n-, sin que sean distintas las cosas cuando como se admite en las observaciones no ha sido posible determinar las condiciones existentes a la fecha de devengo del impuesto por haber sido derribados los edificios y sustituidos por otros nuevos, dos, que no tiene el contribuyente la culpa de que unos bienes adquiridos a fines de 1999 hayan de valorarse en enero de 2012, sin que se estime suficiente al respecto el proyecto de derribo redactado cuatro a\u00f1os despu\u00e9s, y tres, que no deja de llamar la atenci\u00f3n que valoradas tres veces tres casas se llegue a nueve valoraciones diferentes (sic)<\/em>,<\/em> y ello por no hablar de que aunque la suma final y por tanto la base imponible sea inferior, en la comprobaci\u00f3n que aqu\u00ed interesa, despu\u00e9s de haber ganado el demandante dos reclamaciones, se estableci\u00f3 para una de las edificaciones (la casa de la CALLE000 n\u00ba NUM003 ) el valor m\u00e1s alto de todos los existentes, 133.312,34 euros (folios 90 y siguientes), lo que claramente vulnera el principio que proh\u00edbe la reformatio in peius<\/em> -esa casa se valor\u00f3 en el a\u00f1o 2003, folios 15 y 16, en 83.633,46 euros, es decir, en casi cincuenta mil euros menos de los tenidos en cuenta en la liquidaci\u00f3n discutida en este pleito-.\u201d\u00a0 Obviamente, se estima el recurso del contribuyente que padeci\u00f3 la kafkiana situaci\u00f3n descrita.<\/p>\n \u00a0\u00a0<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le\u00f3n, Sede de Valladolid, de 30 de enero de 2015, Recurso 1321\/2013. No se puede sancionar al que conf\u00eda en los datos fiscales proporcionados por la Administraci\u00f3n, efectuando la declaraci\u00f3n conforme a los mismos.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del TSJ de Madrid de 4 de febrero de 2015, Recurso 1595\/2012. Existencia de ganancia patrimonial al abonarse el exceso de adjudicaci\u00f3n en la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal con dinero privativo del adjudicatario.<\/p>\n \u201cUna vez delimitadas las cuestiones suscitadas por las partes, hay que tener en cuenta que la Ley 35\/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas F\u00edsicas, conforme a lo dispuesto en su art. 33.2.b) \u00bb Se estimar\u00e1 que no existe alteraci\u00f3n en la composici\u00f3n del patrimonio: (…) b) En la disoluci\u00f3n de la sociedad de gananciales…\u00bb<\/em><\/p>\n Pues bien, en el presente caso del examen de la escritura p\u00fablica de liquidaci\u00f3n de la sociedad de gananciales de 24 de julio de 2008 se puede apreciar que en ella se determina que el valor total de los bienes inventariados de car\u00e1cter ganancial es de 1.976.578,89 euros, de los que descontada la suma de las cantidades que corresponden a los saldos pendientes de las hipotecas que gravan las fincas descritas, queda un saldo neto partible de 1.908.231,06 euros.<\/p>\n Esta \u00faltima cifra que constituye el valor de los bienes inventariados de car\u00e1cter ganancial, dividida entre dos resulta la cantidad de 954.115,53 euros, que corresponde al 50% que corresponde a cada c\u00f3nyuge. Dicho importe se fija igualmente en la citada escritura p\u00fablica.<\/p>\n Como se puede apreciar en la escritura p\u00fablica referida, en ella se consigna claramente que al esposo aqu\u00ed recurrente se adjudican bienes por un valor total l\u00edquido de 995.323,54 euros, por lo que teniendo en cuenta que le correspond\u00edan bienes por valor de 954.115,53 euros, se ha adjudicado un importe de 41.208,01 euros, superior al que le correspond\u00eda.<\/p>\n En relaci\u00f3n con las alegaciones del recurrente, se debe precisar que los saldos existentes en las cuentas descritas en la escritura p\u00fablica de liquidaci\u00f3n de la sociedad de gananciales ya fueron tenidos en cuenta para determinar el valor \u00edntegro de los bienes gananciales, por lo que no puede considerarse que no se tuvieran en cuenta para determinar el exceso de adjudicaci\u00f3n, de tal manera que no pueden estimarse las alegaciones del recurrente referidas a que el exceso de adjudicaci\u00f3n se compens\u00f3 con el importe de las cuentas que constitu\u00edan bienes gananciales, pues de haberse efectuado as\u00ed se habr\u00eda recogido en la escritura p\u00fablica de liquidaci\u00f3n de la sociedad de gananciales y si el recurrente no estaba de acuerdo con los bienes incluidos entre los gananciales o en el exceso de adjudicaci\u00f3n resultante, deber\u00eda de haber instado la oportuna rectificaci\u00f3n de la escritura p\u00fablica de liquidaci\u00f3n de la sociedad de gananciales, lo que no consta que hubiera realizado. Por tanto, cuando en la escritura p\u00fablica mencionada se expresa que el recurrente se obliga a abonar a Do\u00f1a Elvira, antes del 31 de julio de 2008, el exceso de adjudicaci\u00f3n por importe de 41.208,01 euros, no puede considerarse abonado con bienes gananciales, sino con bienes propios del recurrente, despu\u00e9s de efectuada la liquidaci\u00f3n de la sociedad de gananciales, es decir, en modo alguno, puede considerarse que se abonase dicho importe de 41.208,01 euros a la esposa con bienes gananciales, con independencia de la cuenta desde la que el recurrente girase el importe a la esposa.<\/p>\n La pretensi\u00f3n del recurrente es contraria a lo acordado en la escritura p\u00fablica de liquidaci\u00f3n de la sociedad de gananciales y, como se ha dicho, si considera que en ella se incurri\u00f3 en alg\u00fan error, deber\u00eda haber instado la oportuna rectificaci\u00f3n de la escritura p\u00fablica, que surte efecto frente a terceros, como lo es la Administraci\u00f3n P\u00fablica, conforme a lo dispuesto en el art. 1227 del C\u00f3digo Civil.<\/p>\n Por otra parte, en cuanto a las alegaciones del recurrente sobre la resoluci\u00f3n del TEAR, debe precisarse que con independencia de los concretos razonamientos de la resoluci\u00f3n recurrida en torno a los efectos en el c\u00f3nyuge a quien se atribuyen bienes por un valor inferior a su cuota en la sociedad de gananciales, lo que no es objeto del presente recurso, lo cierto es que en cuanto al recurrente, es correcta la resoluci\u00f3n recurrida, por cuanto se atribuye al mismo un exceso de adjudicaci\u00f3n sobre su cuota en la sociedad de gananciales.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo N\u00famero 3 de Donostia-San Sebasti\u00e1n de 5 de febrero de 2015. Se plantea cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad de los art\u00edculos 107 y 110 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al someterse a gravamen en el caso planteado un incremento de valor inexistente sin admisi\u00f3n de prueba en contrario, vulner\u00e1ndose el principio de constitucional de capacidad econ\u00f3mica y el principio de la tutela judicial efectiva.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n Dicho Auto<\/a> es comentado en el n\u00famero 53, enero-febrero 2015, del Bolet\u00edn del Instituto de Derecho Local _UAM por el Catedr\u00e1tico de Derecho Financiero y Tributario Diego Mar\u00edn-Barnuevo Fabo en un interesante art\u00edculo titulado \u201cPlanteada la cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad IIVTNU\u201d<\/a><\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 18 de febrero 2015, Recurso 15059\/2014. Adici\u00f3n del valor de las cargas en la determinaci\u00f3n de la base imponible del bien vendido<\/p>\n \u201cEn escritura p\u00fablica de fecha 4 de diciembre de 2009, D. I\u00f1igo cedi\u00f3 a la demandante dos bienes inmuebles, con carga hipotecaria, en pago de un pr\u00e9stamo recibido y no devuelto, valorando a efectos fiscales la adjudicaci\u00f3n en la cantidad de 135.460 euros, que es la cantidad fijada por la actora como base imponible del tributo discutido. No obstante, la Administraci\u00f3n demandada adicion\u00f3 a dicha cantidad la correspondiente a la carga hipotecaria pendiente de los inmuebles, dando lugar a la liquidaci\u00f3n de autos. Entendi\u00f3 el TEAR que no habiendo estipulado expresamente la deducci\u00f3n de tales cantidades en la escritura, deb\u00edan conformar la base imponible, lo que rechaza la actora invocando la improcedencia de tal criterio toda vez que con la daci\u00f3n en pago ni asumi\u00f3 ni se subrog\u00f3 en la carga hipotecaria pendiente, sin que tampoco se haga cargo de la misma, como ha acreditado en per\u00edodo probatorio. Entiende que en el presente caso concurre simplemente una adjudicaci\u00f3n en pago y no, por el contrario una adjudicaci\u00f3n de pago para la asunci\u00f3n de deuda.\u201d<\/p>\n El Tribunal tiene en cuenta\u00a0 el art\u00edculo 38 del Reglamento del Impuesto\u00a0 que establece que \u00abtodas las cargas, merezcan o no la calificaci\u00f3n de deducibles, se presumir\u00e1 que han sido rebajadas por los interesados al fijar el precio y, en consecuencia, se aumentar\u00e1 a \u00e9ste, para determinar el valor declarado, el importe de las cargas que, seg\u00fan el art\u00edculo 37 anterior, no tienen la consideraci\u00f3n de deducibles, salvo que los contratantes estipulen expresamente la deducci\u00f3n de estas cargas del precio fijado, o el adquirente se reserve parte de \u00e9ste para satisfacer aqu\u00e9llas\u00bb. Pues bien, dicho precepto, en efecto, establece una presunci\u00f3n iuris tantum<\/em> en orden a que las cargas se han rebajado por los interesados al fijar el precio, salvo que estipulen los contratantes directamente su deducci\u00f3n del precio fijado o el adquirente se reserve parte del precio para pagarlo. Debe repararse en que en el presente caso no concurre ninguna de ambas circunstancias, situando la demanda su posici\u00f3n esencial, de una parte, en que no se pact\u00f3 la asunci\u00f3n de la deuda; y, de otra, en que su importe no se satisface por la recurrente. En efecto, en oficio de fecha 8 de octubre de 2014 el Sr. Director de la Oficina de Ourense de I\u2026…Banco informa que la demandante no es titular ni cotitular del pr\u00e9stamo con garant\u00eda hipotecaria, sin que le conste que sea deudora o codeudora del mismo. Entiende la recurrente que, como diligencia final, la Sala deber\u00eda interesar de la entidad bancaria la identificaci\u00f3n espec\u00edfica de los iniciales prestatarios como quienes asumen el pago del pr\u00e9stamo, entre ellos el adjudicante; pero debe contemplarse que dicho oficio ya expone que el pago se hace en efectivo, sin que conste que en tal modalidad se comprueba la identidad de quien efect\u00faa el ingreso. Y es que la ficci\u00f3n que la presunci\u00f3n encierra no se destruye, como la demanda pretende, con la asunci\u00f3n de la deuda, sino con la expresa constataci\u00f3n en la escritura, como se dijo de que expresamente se pacte la deducci\u00f3n de las cargas del precio fijado, lo que no es el caso, o que el adquirente se reserve parte de \u00e9ste para satisfacer aqu\u00e9llas, lo que tampoco concurre. Lo cual constituye un l\u00edmite insuperable para el \u00e9xito de las tesis de la demanda, por m\u00e1s que se pueda compartir tambi\u00e9n que la jurisprudencia que cita la Abogac\u00eda del Estado parta de la asunci\u00f3n de la deuda; algo que simplificar\u00eda la cuesti\u00f3n pero que no es decisivo para su resoluci\u00f3n en los t\u00e9rminos expuestos.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 18 de febrero de 2014, Recurso 1683\/2012. Inadmisi\u00f3n de la rectificaci\u00f3n del precio fijado en la escritura para disminuir la ganancia patrimonial<\/p>\n \u201c<\/strong>Se\u00f1ala el actor que el valor de adquisici\u00f3n del inmueble, el 18 de marzo de 2005, no fue el que figura en la escritura p\u00fablica de compraventa de 252.000 # sino que hab\u00eda sido de 315.530 # tal como constaba en el contrato privado de compraventa suscrito con los vendedores el d\u00eda 3 de febrero de 2005, <\/strong>sin que pueda darse, seg\u00fan lo establecido en el c\u00f3digo civil y ley de enjuiciamiento civil, mayor probatorio valor a la escritura p\u00fablica que a un documento privado. Aduce el actor que ha presentado distintos documentos que acreditan el valor de compra del inmueble, as\u00ed una oferta de compra, de fecha 27 de enero de 2005, donde consta que el importe del citado inmueble en el que estaba interesado el reclamante ascend\u00eda a 312.526,29 #. Asimismo ha presentado certificado de tasaci\u00f3n del inmueble, efectuado por la empresa de tasaci\u00f3n V\u2026.. SA, de 2 de marzo de 2005, donde consta que el valor de tasaci\u00f3n del inmueble ascend\u00eda a 335.000 #.<\/strong> Por otro lado, tambi\u00e9n ha aportado escritura de pr\u00e9stamo con garant\u00eda hipotecaria, de fecha 18 de marzo de 2005, donde consta que el importe del mismo fue de 335.000 #. Tambi\u00e9n ha justificado que pertenece a la Mutualidad General Judicial y que al tratarse de una hipoteca reglada, pactada por la entidad BBVA con el colectivo judicial, en ning\u00fan caso el importe del pr\u00e9stamo hipotecario pod\u00eda ser superior al precio real de la finca. Entiende que, por ello, ha acreditado debidamente el valor de adquisici\u00f3n del inmueble controvertido, al que habr\u00eda que sumar los gastos de adquisici\u00f3n y habiendo sido el valor de transmisi\u00f3n de 365.772,12 #, la ganancia patrimonial obtenida ser\u00eda de 5.305,02 #, por lo que tendr\u00eda derecho a una devoluci\u00f3n de 1419,69#.<\/p>\n Debemos centrarnos en este recurso en determinar cu\u00e1l fue la ganancia patrimonial obtenida por la transmisi\u00f3n de un inmueble propiedad del actor, situado en la C\/ CALLE000 num. NUM003 – NUM002 de Madrid, respecto del que se discute cual fue el valor de adquisici\u00f3n del mismo, el 18 de marzo de 2005, siendo pac\u00edfico el valor de transmisi\u00f3n, el 28 de marzo de 2008, por importe de 375,772,12 #. En la solicitud de rectificaci\u00f3n de la autoliquidaci\u00f3n de 2008 a la AEAT de 10 de junio de 2009 se\u00f1al\u00f3:<\/p>\n \u00a0\u201cQue cuando el suscribiente present\u00f3 dicha declaraci\u00f3n de la renta crey\u00f3 conveniente optar por no declarar la ganancia patrimonial obtenida por la transmisi\u00f3n de su vivienda habitual el 28 de marzo de 2008, comprometi\u00e9ndose en reinvertir el importe obtenido por dicha venta en los dos a\u00f1os siguientes a dicha operaci\u00f3n en la adquisici\u00f3n de otra vivienda habitual. Sin embargo<\/strong>, habiendo meditado posteriormente dicha decisi\u00f3n, ha cambiado de idea y ha decidido tributar por la ganancia patrimonial obtenida por la citada venta, declarando la ganancia patrimonial obtenida, m\u00e1xime teniendo en cuenta que cuando se confeccion\u00f3 la declaraci\u00f3n de la renta correspondiente al ejercicio 2008 hubo un error a la hora de fijar el valor de adquisici\u00f3n del inmueble transmitido\u201d.<\/p>\n Es decir, lo que se desprende de tales argumentos es que el actor no ten\u00eda intenci\u00f3n de declarar la ganancia patrimonial obtenida por la venta de su vivienda habitual, porque pensaba reinvertir la misma en la adquisici\u00f3n de una nueva vivienda habitual en dos a\u00f1os, y que, al pens\u00e1rselo mejor, decidi\u00f3 tributar por la ganancia patrimonial obtenida, reconociendo tambi\u00e9n que el valor de adquisici\u00f3n de la vivienda que hab\u00eda dado en su autoliquidaci\u00f3n de 2008 era err\u00f3neo. Dicho valor, tal como consta en la citada autoliquidaci\u00f3n, fue de 360.467,10 #. Sin embargo, en el escrito de alegaciones presentado a la AEAT en diciembre de 2009 se\u00f1al\u00f3 que el valor de lo percibido era de 315.000 #.\u201d<\/p>\n Es destacable tambi\u00e9n que el actor en el documento del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur\u00eddicos Documentados presentado y pagado en la Comunidad de Madrid 11\/04\/2005, el contribuyente manifiesta que el valor declarado del inmueble es de 252.000 euros.<\/p>\n Todo ello implica que el actor debe estar a sus propios actos y que no ha conseguido acreditar que el precio pagado realmente por la compra de la vivienda fuese el de 315.000 # y no el reflejado en la escritura p\u00fablica de compraventa, de 18 de marzo de 2005 ,ya que no podemos basarnos en suposiciones como que el pr\u00e9stamo hipotecario era para el pago de la totalidad del precio del inmueble o en el valor otorgado a una tasaci\u00f3n pericial del mismo, sin que un documento privado \u00a0pueda destruir el valor probatorio de un documento p\u00fablico como es la escritura p\u00fablica de compraventa suscrita por el actor y las autoliquidaciones previamente practicadas por \u00e9l mismo, tanto por IRPF como por el Impuesto sobre transmisiones Patrimoniales y Actos Jur\u00eddicos Documentados.\u201d<\/strong><\/p>\n \u00a0\u00a0<\/strong><\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 2 de marzo de 2015, Recurso 95\/2014. \u00bfCondici\u00f3n suspensiva o condici\u00f3n resolutoria? No se aprecia la primera.<\/p>\n \u201cPara resolver esta cuesti\u00f3n es preciso partir de los siguientes hechos que resultan del expediente administrativo: 1.- En fecha 18 de noviembre de 2011 fue otorgada escritura publica de compraventa ante la Notaria de Madrid, R\u2026.., en virtud de la cual Jos\u00e9 \u2026\u2026, en representaci\u00f3n de S\u2026\u2026S.L. vend\u00eda a B\u2026\u2026S.L., una finca urbana sita en el municipio de Navas del Marques (\u00c1vila) por un precio de 160.000 euros. En dicha escritura consta, en la estipulaci\u00f3n PRIMERA que la sociedad S\u2026\u2026 S.L. VENDE Y TRANSMITE A B\u2026.. E\u2026\u2026.S.L. que, COMPRA Y ADQUIERE, la indicada finca, y a\u00f1ade a continuaci\u00f3n \u00ab…transmiti\u00e9ndole por este acto la posesi\u00f3n y pleno dominio de la misma…\u00bb.<\/p>\n En la estipulaci\u00f3n SEGUNDA se indica que el PRECIO convenido es de 160.000 euros y que \u00abdicho precio queda totalmente aplazado para ser satisfecho \u00edntegramente, una vez que se acredite el cumplimiento conjunto de las condiciones suspensivas que se refieren a continuaci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n Y en la estipulaci\u00f3n TERCERA se conviene que \u00abLa presente compraventa suspende sus efectos hasta el cumplimiento, sucesivo y conjunto, de las siguientes condiciones: 1) que la transmisi\u00f3n no sea objeto de comprobaci\u00f3n de valores por parte de la Administraci\u00f3n y 2) que la escisi\u00f3n de S\u2026.S.L. -otorgada en escritura p\u00fablica el d\u00eda 26 de noviembre de 2008…- sea ratificada por las Autoridades Fiscales en aplicaci\u00f3n del r\u00e9gimen especial regulado en el Cap\u00edtulo VIII del T\u00edtulo VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades<\/strong>\u00ab.<\/p>\n Para el Tribunal \u201csin olvidar que nos movemos dentro de la esfera tributaria del negocio jur\u00eddico, s\u00f3lo puede admitirse la calificaci\u00f3n de condici\u00f3n suspensiva respecto de aquellos sucesos que impiden que el negocio jur\u00eddico celebrado produzca sus efectos, pero si este negocio produce los propios del contrato celebrado como es el desplazamiento del bien de uno a otro patrimonio (en la compraventa de inmuebles lo produce el otorgamiento de escritura p\u00fablica, seg\u00fan el art. 1462 CC ), la condici\u00f3n ser\u00e1 resolutoria. Se insiste en que, con la condici\u00f3n suspensiva las partes subordinan la eficacia del negocio a la realizaci\u00f3n del evento mientras que, en la resolutoria el negocio produce inmediatamente sus efectos como si fuera puro pero si se produce el evento se cancelar\u00e1n sus efectos. La condici\u00f3n suspensiva constituye una concausa de la eficacia y opera desde el interior del negocio mientras que la condici\u00f3n resolutoria es estructuralmente aut\u00f3noma y opera desde el exterior del negocio en un momento en el que \u00e9ste ha desplegado sus efectos. En el presente supuesto la transmisi\u00f3n tuvo lugar en el momento de otorgarse la escritura publica produci\u00e9ndose de este modo el hecho imponible del impuesto, transmisi\u00f3n que los propios intervinientes en el negocio reconocen producida cuando establecen como condici\u00f3n que la misma \u00ab…no sea objeto de comprobaci\u00f3n de valores por parte de la Administraci\u00f3n…\u00bb. Frente a ello no cabe oponer que la titularidad del bien sigue a nombre de la sociedad vendedora en el registro de la propiedad pues para que en nuestro derecho tenga lugar la transmisi\u00f3n de un bien no es preciso que este se inscriba en el Registro de la Propiedad a nombre del nuevo propietario sino que tenga lugar la concurrencia de un titulo y un modo, como acontece en este supuesto.<\/strong><\/p>\n Finalmente y a mayor abundamiento debemos se\u00f1alar que todo lo expuesto viene a sugerir la existencia de una posible simulaci\u00f3n en la existencia de estas condiciones, por innecesariedad de las mismas<\/strong> e irrelevancia respecto del hecho imponible, simulaci\u00f3n de la que se hizo eco el informe elaborado por el Jefe del la Secci\u00f3n de Inspecci\u00f3n y Valoraci\u00f3n del Servicio de Hacienda aunque posteriormente no fue tenido en cuenta por la resoluci\u00f3n recurrida.\u201d<\/p>\n \u00a0\u00a0<\/p>\n<\/a> Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le\u00f3n, Sede de Valladolid, de 3 de marzo de 2015, Recurso 954\/2013. Todo exceso de adjudicaci\u00f3n tributa por ITO, no s\u00f3lo el que exceda del 50%<\/p>\n \u201cCabe ya se\u00f1alar que aunque la adquisici\u00f3n de bienes y derechos por herencia o por donaci\u00f3n, o sea, a t\u00edtulo lucrativo, constituye el hecho imponible del ISD, mientras que las transmisiones onerosas de toda clase de bienes y derechos tributan por ITPyAJD, existen en las leyes reguladoras de ambos Impuestos unas normas especiales que contemplan los excesos de adjudicaci\u00f3n y que los someten a tributaci\u00f3n por el segundo de los tributos mencionados, conclusi\u00f3n que resulta con claridad del citado art\u00edculo 27.3 LISD, as\u00ed como del art\u00edculo 56 del Reglamento de este Impuesto , que igualmente remite a las normas establecidas en el ITPyAJD no solo cuando lo adjudicado a uno de los herederos exceda en m\u00e1s del 50% del valor que le corresponder\u00eda en virtud de su t\u00edtulo (apartado 4) sino tambi\u00e9n cuando existen sin m\u00e1s diferencias, seg\u00fan el valor declarado, en las adjudicaciones efectuadas a los herederos o legatarios en relaci\u00f3n con el t\u00edtulo hereditario (apartado 3)<\/strong>. Puede por tanto concluirse que los excesos de adjudicaci\u00f3n se someten al impuesto sobre transmisiones patrimoniales sin distinci\u00f3n alguna, entre otras razones porque el int\u00e9rprete de la ley no debe distinguir all\u00ed donde no lo hace la Ley y seg\u00fan lo expuesto la Ley 29\/1987 no distingue entre los excesos onerosos y los lucrativos. No est\u00e1 de m\u00e1s subrayar, a este respecto, que aunque es verdad como dice la Letrada de la Comunidad Aut\u00f3noma que algunos Tribunales Superiores de Justicia mantienen una postura diferente y afirman que cuando no hay contraprestaci\u00f3n se est\u00e1 ante una transmisi\u00f3n gratuita sujeta al ISD (adem\u00e1s de las citadas por aqu\u00e9lla cabe mencionar las sentencias del de Andaluc\u00eda, sede en Granada, de 11 de noviembre de 2013 o la del de Galicia de 9 de abril de 2014 ), no lo es menos que hay otros que sostienen lo contrario, lo mismo por consiguiente que esta Sala en la presente sentencia, pudiendo citarse en tal sentido las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia de Murcia de 19 de abril de 2006, de Andaluc\u00eda, tambi\u00e9n sede de Granada, de 19 de octubre y 3 de noviembre de 2009 y de Cantabria de 16 de diciembre de 2011<\/strong>. No sobra a\u00f1adir, en apoyo del criterio aqu\u00ed seguido, adem\u00e1s de que no siempre es f\u00e1cil acreditar la compensaci\u00f3n en met\u00e1lico<\/strong> o la falta de ella a los herederos del causante que reciban de menos o de que la validez de las donaciones est\u00e1 sujeta al cumplimiento de determinados requisitos legales ( art\u00edculos 629 y siguientes, sobre todo el 633, del C\u00f3digo Civil ), que de aceptarse la postura mantenida en el supuesto de autos por la Oficina Gestora, confirmada por el TEAR de Castilla y Le\u00f3n, se producir\u00eda la circunstancia incongruente de que recibiendo un heredero menos bienes de los que por leg\u00edtima le corresponden pero no hace uso de las acciones previstas en el art\u00edculo 815 del C\u00f3digo Civil , el resto de herederos que participan de la herencia y que se ven beneficiados por lo dispuesto por el testador tienen que pagar por el impuesto de donaciones lo que el coheredero perjudicado lleva de menos seg\u00fan el c\u00f3mputo de las leg\u00edtimas y, sin embargo, si un heredero renuncia pura y simplemente a la herencia y los dem\u00e1s reciben una cuota mayor no se les aplicar\u00eda el impuesto de donaciones sino que se aplicar\u00eda a la cuota total recibida el impuesto de sucesiones en su plenitud con las exenciones y reducciones correspondientes y los tipos del impuesto de sucesiones previstos que son inferiores a lo previsto para las donaciones. Dicho lo anterior, en definitiva que de tributar los excesos de adjudicaci\u00f3n lo hacen por el ITPyAJD, hay que poner de relieve que en aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en el art\u00edculo 7.2.B) TRLITPyAJD puede afirmarse que no todo exceso de adjudicaci\u00f3n se considera transmisi\u00f3n patrimonial a efectos de liquidaci\u00f3n y pago del impuesto, pues no tienen tal consideraci\u00f3n los que surgen de dar cumplimiento a los art\u00edculos 821 , 829 , 1056 (segundo) y 1062 (primero) del C\u00f3digo Civil <\/strong>-en lo que aqu\u00ed importa en los supuestos en que la voluntad del testador sea la de preservar indivisa una explotaci\u00f3n econ\u00f3mica o en que las cosas sean indivisibles o desmerezcan mucho por su divisi\u00f3n-, pero que fuera de esta salvedad, o cuando lo adjudicado exceda del 50%, si est\u00e1n sujetas al pago de dicho impuesto.<\/p>\n Aplicando al presente caso los razonamientos expuestos en el fundamento de derecho anterior, debe concluirse, uno, que procede rechazar la pretensi\u00f3n principal de los demandantes -que se declare que los excesos de adjudicaci\u00f3n litigiosos no deben ser sometidos a tributaci\u00f3n-, pues no es cierto que \u00fanicamente est\u00e9n sujetos cuando el valor adjudicado de m\u00e1s exceda del 50%<\/strong> y ni siquiera se ha alegado que se den las salvedades legalmente previstas, la de que los bienes sean indivisibles -lo que por lo dem\u00e1s tampoco resulta de los bienes que integraban el caudal relicto en relaci\u00f3n con el criterio de esta Sala seg\u00fan el cual el dato de que la cosa sea indivisible o desmerezca mucho por su divisi\u00f3n debe referirse al conjunto y no a cada uno de los bienes que integran la herencia ( sentencias de 14 de julio de 2011 y 16 de enero y 20 de mayo de 2014 )-, y dos, que procede por el contrario estimar la pretensi\u00f3n subsidiaria, la de que se declare que la tributaci\u00f3n de los excesos de adjudicaci\u00f3n de autos ha de hacerse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, como transmisi\u00f3n onerosa, lo que supone la anulaci\u00f3n de los actos impugnados y como se interesa que despu\u00e9s de practicadas por la Administraci\u00f3n Auton\u00f3mica las pertinentes liquidaciones por ese tributo se l<\/strong>es devuelvan a los demandantes las diferencias resultantes a su favor. Por lo que ata\u00f1e a este segundo pronunciamiento se juzga oportuno subrayar, a mayores y espec\u00edficamente referido al supuesto que aqu\u00ed se enjuicia, que en la escritura de partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n de herencia de 20 de mayo de 2011 los comparecientes, los cinco hermanos, manifestaron que las diferencias de valor en las precedentes adjudicaciones no eran tales ni respond\u00edan a excesos o defectos de adjudicaci\u00f3n, sino que obedec\u00edan a aumentos de valor que hab\u00edan experimentado algunos de los bienes y derechos que integraban el caudal relicto desde la fecha del fallecimiento de la causante -recu\u00e9rdese que se produjo el 7 de febrero de 2006-, y \u00abmuy especialmente a liberalidades o cesiones gratuitas hechas en vida por la causante a favor de alguno o algunos herederos\u00bb (folio 28 del expediente de gesti\u00f3n), lo que ha de ponerse en conexi\u00f3n con los requisitos legales de la donaci\u00f3n, entre otros con la necesidad de que conste tanto el animus donandi por parte del donante como la aceptaci\u00f3n expresa por parte del donatario.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Castilla y Le\u00f3n, Sede de Valladolid, de 2 de marzo de 2015, Recurso 580\/2013. Exceso de adjudicaci\u00f3n que tributa en ITP<\/p>\n \u201cHay que convenir con la resoluci\u00f3n recurrida del TEAR de Castilla y Le\u00f3n en que cuando hay un condominio sobre once inmuebles y como consecuencia de su disoluci\u00f3n se adjudican todos ellos a uno solo de los due\u00f1os<\/em>, no se dan las condiciones de indivisibilidad necesarias para que el exceso de adjudicaci\u00f3n producido no tribute, pues no parece dif\u00edcil que pudieran haberse hecho dos lotes de semejante valor -se trataba de diez viviendas y una oficina, o sea, de fincas distintas e independientes susceptibles de ser objeto de tr\u00e1fico jur\u00eddico por separado <\/strong>y parece indudable que era posible haber hecho otra adjudicaci\u00f3n m\u00e1s proporcional al inter\u00e9s de cada comunero que habr\u00eda si no evitado s\u00ed al menos aminorado el exceso de adjudicaci\u00f3n producido-, conclusi\u00f3n que no se ve alterada por las alegaciones hechas en la demanda, primero, porque la indivisibilidad es un dato objetivo no confundible con las dificultades que puedan tener los copropietarios para llegar a un acuerdo, lo que se mueve en un plano m\u00e1s subjetivo, y segundo, porque al enjuiciar una decisi\u00f3n de la Administraci\u00f3n tributaria lo que hay que tener presente es el negocio jur\u00eddico efectivamente celebrado, que es lo que constituye el hecho imponible, y no otros que eventualmente hubiesen podido realizarse pero que no se han llevado \u2013compraventa sobre el 50% de cada uno de los inmuebles u otorgamiento de tantos documentos p\u00fablicos como inmuebles en proindiviso-, pues la conformidad o no a derecho de los actos administrativos es en principio ajena a la opci\u00f3n fiscal que suponga una mayor o menor tributaci\u00f3n.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 4 de marzo de 2014, Recurso 15204\/2014. No aplicaci\u00f3n de las reducciones en el ISD al no concurrir los requisitos legales al no ejercer funciones de direcci\u00f3n la persona invocada.<\/p>\n \u201cAduce la recurrente, respecto de la mercantil C\u2026. SL para justificar el desempe\u00f1o por don Sergio de funciones directivas que el causante, se\u00f1or Juan Pablo se jubil\u00f3 en el a\u00f1o 2005 y que desde entonces aqu\u00e9l viene cotizando por el grupo I correspondiente a ingeniero licenciado de lo que, a su juicio, se colige la equivalencia con el cargo de Gerente o director de departamento a\u00f1adiendo que don Sergio ha venido desempe\u00f1ando todas las funciones que cabe atribuir a un gerente tales como la elaboraci\u00f3n de presupuestos, liquidaciones de obra, contrataci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de personal compareciendo ante los organismos p\u00fablicos en representaci\u00f3n de la sociedad.<\/p>\n Se aporta como justificaci\u00f3n, como documento 11 una copia de una n\u00f3mina correspondiente a septiembre de 2010 en el que figura como categor\u00eda la de gerente percibiendo un l\u00edquido de 1.036,53 #; un contrato de servicio telef\u00f3nico con la empresa Vodafone de fecha 20.9.06 suscrito como persona autorizada por la empresa C\u2026\u2026. s.l. (si bien no est\u00e1 firmado por la empresa suministradora); diversos presupuestos (docs.14 a 17 de carpinter\u00eda Alberto SL con L\u2026\u2026\u2026 con firma ilegible.<\/p>\n Frente a esta documentaci\u00f3n el Tribunal Econ\u00f3mico Administrativo Regional de Galicia contrapone que los administradores solidarios de C\u2026\u2026\u2026 SL eran don Juan Pablo (hasta su fallecimiento) y su esposa.<\/p>\n El nombramiento de don Romualdo como administrador solidario no se produjo hasta el mes de junio de 2008 – m\u00e1s de un a\u00f1o despu\u00e9s del fallecimiento del se\u00f1or Juan Pablo -de lo que se colige, obviamente, que no ostentaba dicho cargo con anterioridad.<\/strong><\/p>\n Por otra parte resulta acreditado y no controvertido que don Sergio, junto con sus hermanos don Silvio y don Roque tienen contrato laboral en vigor con la empresa y cotizan como oficiales de primera y segunda en la entidad C\u2026\u2026\u2026 SL d\u00e1ndose la circunstancia de que los contratos de don Sergio como de su hermano don Jose Mar\u00eda presentados ante INEM en fecha 14.3.91 son en ambos casos semejantes perteneciendo a la categor\u00eda laboral de carpintero oficial de segunda<\/strong>.<\/p>\n Por otra parte resulta acreditado y no controvertido que don Sergio, junto con sus hermanos don Silvio y don Roque tienen contrato laboral en vigor con la empresa y cotizan como oficiales de primera y segunda en la entidad C\u2026\u2026.. SL d\u00e1ndose la circunstancia de que los contratos de don Sergio como de su hermano don Jos\u00e9 Mar\u00eda presentado ante INEM en fecha 14.3.91 son en ambos casos semejantes perteneciendo a la categor\u00eda laboral de carpintero oficial de segunda.<\/p>\n En otro orden de cosas tanto don Sergio, don Silvio como don Roque percibieron un salario similar a la vista de los certificados de retenciones de IRPF correspondientes al ejercicio 2005, si bien en los ejercicios 2006 y 2007 estos dos \u00faltimos percibieron emolumentos superiores a los percibidos por don Sergio el cual percibi\u00f3 el mismo salario que don Jos\u00e9 Mar\u00eda.<\/p>\n En definitiva entendemos, en consonancia con la resoluci\u00f3n del Tribunal Econ\u00f3mico \u2013 Administrativo Regional de Galicia, que no se ha acreditado de forma fehaciente el desempe\u00f1o de funciones directivas en la mercantil C\u2026\u2026\u2026 SL por parte de don Sergio.<\/p>\n Por \u00faltimo y respecto de la concurrencia en la persona de do\u00f1a Carmela de los requisitos establecidos en el citado art\u00edculo 5 del Real Decreto 1704\/1999, de 5 de noviembre en relaci\u00f3n con la mercantil C\u2026\u2026.. SL – de la que son administradores solidarios aduce la recurrente que la citada se\u00f1ora ejerc\u00eda de facto las funciones de direcci\u00f3n con base en el acuerdo de l Junta Universal celebrada el 5.1.07 aportando acta testimoniada notarialmente.<\/p>\n En dicho acuerdo se hace constar que procede dar de alta como Jefe Superior a do\u00f1a Carmela con fecha 5.1.07 si bien el testimonio notarial se llev\u00f3 a cabo con fecha 14.4.14 por lo que no ha quedado probado que el acuerdo fuera anterior al fallecimiento del causante por cuanto el testimonio notarial no se extiende a la fecha real del acuerdo sino a la concordancia con el libro de actas que se exhibe al notario.<\/p>\n Ello no obstante y a\u00fan admitiendo que se ha de estar al ejercicio del irpf correspondiente al a\u00f1o en que fallece el causante para computar los ingresos del sujeto pasivo a los efectos de aplicar la reducci\u00f3n fiscal lo cierto es que a la vista del contrato de trabajo suscrito por la se\u00f1ora Mar\u00eda Inmaculada con la mercantil C\u2026\u2026\u2026\u2026 SL en fecha 13 de enero de 2007 atendiendo a su clausulado se observa que si bien los servicios se prestar\u00e1n con la categor\u00eda de jefe superior en su cl\u00e1usula sexta dispone que el contrato de duraci\u00f3n determinada se celebra para atender a las exigencia circunstancias del mercado acumulaci\u00f3n de tareas o exceso de pedidos, consistentes en mayor demanda de servicios, a\u00fan trat\u00e1ndose de la actividad normal de la empresa.<\/strong><\/p>\n Es decir, ante la falta del nombramiento como administradora, del clausulado del contrato de trabajo, y a falta de pruebas adicionales, no cabe colegir que dicha se\u00f1ora viniera desempe\u00f1ando funciones de direcci\u00f3n en la citada mercantil.\u201d<\/strong><\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares de 10 de marzo de 2015, Recurso 13\/2013. Para transmitir la propiedad adem\u00e1s del t\u00edtulo basta la posesi\u00f3n mediata, transmiti\u00e9ndose en ese caso la propiedad.<\/strong><\/p>\n \u201cEl tema del presente contencioso, relativo a la transmisi\u00f3n de dos fincas r\u00fasticas sitas en el t\u00e9rmino municipal de Calvi\u00e1, se centra en la determinaci\u00f3n del momento en el que se produjo esa transmisi\u00f3n, que la compradora y aqu\u00ed demandante, D\u2026.., Sociedad Limitada, sostiene que fue el 4 de junio de 2009 y no antes; y ello por cuanto que considera que fue entonces cuando se produjo la traditio, lo que habr\u00eda sido debido a que la parte vendedora hab\u00eda retenido la finca en su poder y posesi\u00f3n hasta el total pago del plazo aplazado, haci\u00e9ndose cargo de sus gastos y mantenimiento y contando con aparcero contratado por esa vendedora, que le vino dando cuenta a ella hasta que en septiembre de 2009 la ahora demandante le renov\u00f3 el contrato.\u201d<\/p>\n Se responde por el Tribunal que \u201cuna de las modalidades o especies de traditio ficta es la denominada constitutum possessorium, en la que el transmitente, como ocurre en nuestro caso, contin\u00faa poseyendo la cosa.<\/p>\n Ahora bien, en esos casos, como ocurre en el nuestro, el transmitente, constituido en poseedor<\/p>\n Inmediato que continua con la cosa, pasa a reconocer la posesi\u00f3n mediata del adquirente.<\/p>\n Es cierto que el C\u00f3digo Civil no contempla expresamente la constitutum possessorium, pero la jurisprudencia constante, como se recuerda en la sentencia de 10 de julio de 1997<\/strong> -ROJ: STS 4916\/1997, ECLI:<\/p>\n ES: TS: 1997:4916-, viene considerando que la constitutum possessorium cabe en la tradici\u00f3n instrumental prevista en los art\u00edculos 1462.2 y 1463 del C\u00f3digo Civil.<\/p>\n La distinci\u00f3n entre la posesi\u00f3n mediata e inmediata fue importada de la doctrina alemana y aceptada por la doctrina espa\u00f1ola y por la jurisprudencia, de las que son muestra, y no de las primeras, las ya lejanas sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 29 de mayo y 8 de junio de 1990, habi\u00e9ndose se\u00f1alado al respecto en la sentencia de 10 de julio de 1997 -ROJ: STS 4916\/1997, ECLI: ES: TS: 1997:4916- lo siguiente:<\/strong><\/p>\n \u00abLa posesi\u00f3n inmediata se tiene directamente, sin mediador posesorio. La posesi\u00f3n mediata se tiene a trav\u00e9s de la posesi\u00f3n de otro; hay desdoblamiento de posesiones: el mediato tiene la posesi\u00f3n como poder jur\u00eddico y el inmediato, como poder de hecho. Por tanto, la posesi\u00f3n mediata es la que se ostenta o tiene a trav\u00e9s de otra posesi\u00f3n correspondiente a persona distinta con la que el poseedor mediato mantiene una relaci\u00f3n de donde surge la dualidad o pluralidad posesoria.<\/strong><\/p>\n Pues bien, como ya hemos visto, en nuestro caso la traditio ficta no solo no la desmiente lo pactado sino que precisamente es confirmada por lo que se pact\u00f3 en la escritura p\u00fablica de 28 de agosto de 2008 que, como ya hemos dicho, fue, en lo que ahora mismo puede interesar, que ese otorgamiento constitu\u00eda la traditio instrumental – art\u00edculo 1462 del C\u00f3digo Civil – pese a que la vendedora retendr\u00eda la posesi\u00f3n material de las fincas hasta el pago de la cantidad aplazada.<\/p>\n Por lo tanto, en nuestro caso se cumpli\u00f3 la teor\u00eda del t\u00edtulo y el modo, sin infracci\u00f3n de los art\u00edculos 609 y 1.095 del C\u00f3digo Civil; hubo tradici\u00f3n, en concreto la denominada constitutum possessorium, y no se infringi\u00f3 el art\u00edculo 1462 del C\u00f3digo Civil, de modo que si bien la vendedora, era poseedora, era poseedora inmediata, y ello en tanto que reconoc\u00eda a la compradora como poseedora mediata, esto es, con ius possidendi<\/em> superior.<\/strong><\/p>\n La demandante se ha fijado en lo previsto en el art\u00edculo 80.Uno.2\u00ba de la Ley 37\/1992, del IVA, y aduce que podr\u00eda serle aplicable a su caso, que, como sabemos, se refiere a otro impuesto -ITP y AJD-.<\/p>\n Para dar respuesta a ese planteamiento, en primer lugar, debe tenerse en cuenta que el art\u00edculo 14 de la Ley 58\/2003 proh\u00edbe la analog\u00eda, pero, sobre todo, ha de se\u00f1alarse que el art\u00edculo 80.Uno.2\u00ba de la Ley 37\/1992 trata de caso de descuento o bonificaci\u00f3n, esto es, de una rebaja sin contraprestaci\u00f3n, sin que en modo alguno conste que eso fuera lo que se diera entre vendedora y compradora en nuestro caso ya que, como antes dec\u00edamos, a falta de justificaci\u00f3n cualquiera por quien deber\u00eda haberla dado, es decir, a falta de que por la aqu\u00ed demandante se ofreciera justificaci\u00f3n alguna, al fin, como as\u00ed acertadamente lo consider\u00f3 la Administraci\u00f3n actuante, ten\u00eda que contemplarse lo acordado en la escritura otorgada el 4 de junio de 2009 como lo hizo la Administraci\u00f3n, esto es, como un supuesto de condonaci\u00f3n de parte del precio, que a primera vista ya no se presenta como desligada de contraprestaci\u00f3n, bien fuera esa contraprestaci\u00f3n por pronto pago -4 de junio de 2009 en lugar de 29 de agosto de 2009- o por la raz\u00f3n que fuera, que deb\u00edan saberla los vendedores y la compradora.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 18 de marzo de 2015, Recurso 15233\/2014.\u00a0 La extinci\u00f3n de una comunidad creada con motivo de la adjudicaci\u00f3n hereditaria tributa en AJD.<\/p>\n \u201cEn la escritura del a\u00f1o 2009, en el otorgando primero, se acepta la herencia y en pago de los respectivos derechos, por gananciales, legado y herencia se adjudican los bienes integrantes de la misma de la forma que a continuaci\u00f3n se expresa. En particular para los cuatro hijos, se adjudican por cuartas e iguales partes indivisas los inmuebles inventariados en los n\u00fameros 2), 3), 4) y 5) y las cuentas de los n\u00fameros 6) y 7). Es evidente que \u00e9sta es la escritura en la que se adjudican los bienes de la herencia, optando los cuatro herederos por el condominio que luego extinguen en virtud de la escritura que nos ocupa, tal y como refleja el apartado primero. Estamos en presencia de otro hecho imponible sujeto al impuesto sobre actos jur\u00eddicos documentados pues la escritura de aceptaci\u00f3n y adjudicaci\u00f3n de la herencia fue la otorgada en el a\u00f1o 2009, mientras que la del a\u00f1o 2012 extingue la comunidad formada voluntariamente en aquella. (En tal sentido podemos citar la sentencia n\u00fam. 395\/2006 de 24 julio, -JT 2006\\1471- del TSJ de Castilla-La Mancha).\u201d<\/p>\n Por \u00faltimo, el Tribunal destaca \u00a0\u201cque las consultas vinculantes a la DGT y sentencias de otros tribunales superiores de justicia citadas en el escrito de demanda no son de aplicaci\u00f3n al caso de autos, bien porque nos incumbe el impuesto sobre actos jur\u00eddicos documentados y no el de transmisiones patrimoniales ya, porque en el supuesto de autos existi\u00f3 una escritura anterior a la que nos ocupa en la que se acept\u00f3 la herencia con adjudicaci\u00f3n de bienes, optando en aquel momento por el condominio los cuatro herederos, que no es el caso que analiza la sentencia n\u00fam. 3204\/2013 de 11 noviembre, -JUR 2014\\34634- del TSJ de Andaluc\u00eda.\u201d<\/p>\nEn\u00a0ITP s\u00f3lo se gravan las condiciones resolutorias en garant\u00eda del precio aplazado de la venta de un inmueble.<\/span><\/h6>\n
La propietaria de un terreno que explota el marido no es empresaria a efectos del IVA.<\/strong><\/span><\/h6>\n
El presentador de un documento sin poder expreso no interrumpe la prescripci\u00f3n.<\/strong><\/span><\/h6>\n
Relato surrealista:\u00a0valor\u00e1ndose unas casas inexistentes desde hace tiempo resultan nueve valoraciones.<\/strong><\/span><\/h6>\n
Planteada cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad de los art\u00edculos 107 y 110 de la Ley de Haciendas Locales (Plusval\u00eda Municipal).<\/strong><\/span><\/h6>\n
Inadmisi\u00f3n a efectos fiscales de la rectificaci\u00f3n del precio escriturado para disminuir la ganancia patrimonial.<\/strong><\/span><\/h6>\n
Todo exceso de adjudicaci\u00f3n tributa por ITP.<\/strong><\/span><\/h6>\n
La extinci\u00f3n de una comunidad creada con motivo de la adjudicaci\u00f3n hereditaria tributa enAJD.<\/strong><\/span><\/h6>\n