{"id":46901,"date":"2018-04-02T19:26:40","date_gmt":"2018-04-02T17:26:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/?p=46901"},"modified":"2018-06-22T19:11:03","modified_gmt":"2018-06-22T17:11:03","slug":"informe-283-boe-abril-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/normas\/informes-mensuales\/informe-283-boe-abril-2018\/","title":{"rendered":"Informe 283. BOE abril 2018"},"content":{"rendered":"

<\/a>INFORME N\u00ba 283. (BOE ABRIL de 2018)<\/span><\/strong><\/h1>\n

Primera Parte: Secciones I y II.<\/strong><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

IR A LISTA DE INFORMES MENSUALES<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n

IR A RESOLUCIONES DE ABRIL<\/strong><\/span><\/a><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Equipo de redacci\u00f3n:<\/strong><\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Jos\u00e9 F\u00e9lix Merino Escart\u00edn, registrador de la propiedad de Madrid.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Carlos Ballugera G\u00f3mez registrador de la propiedad de\u00a0Bilbao.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Alfonso de la Fuente Sancho, notario de San Crist\u00f3bal de La Laguna <\/a>(Tenerife).<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Mar\u00eda N\u00fa\u00f1ez N\u00fa\u00f1ez, registradora mercantil de Lugo<\/a>.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Inmaculada Espi\u00f1eira Soto, notario de Santiago de Compostela<\/a>.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Jorge L\u00f3pez Navarro, notario, con residencia en\u00a0Alicante<\/a>.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Jos\u00e9 \u00c1ngel Garc\u00eda-Valdecasas Butr\u00f3n, registrador.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Juan Carlos Casas Rojo, registrador de la propiedad de Vitigudino<\/a> (Salamanca)<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Jos\u00e9 Antonio Riera \u00c1lvarez, notario de Arucas<\/a> (Gran Canaria)<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Albert Capell Mart\u00ednez, notario de <\/span>Fraga<\/a> (Huesca) y antes de Bolta\u00f1a<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Gerardo Garc\u00eda-Boente D\u00e1vila, letrado en ejercicio,\u00a0E3 Universidad Comillas<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Mar\u00eda Garc\u00eda-Valdecasas Alguacil, registradora de Barcelona<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Emma Rojo Iglesias, registradora de Pinto (Madrid)<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Javier M\u00e1ximo Ju\u00e1rez Gonz\u00e1lez, notario de Valencia<\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/a>
DISPOSICIONES GENERALES:<\/b><\/span><\/h6>\n
\n
\n
\n<\/a>
<\/a>Estatutos del Organismo Aut\u00f3nomo Organismo Estatal Inspecci\u00f3n de Trabajo y Seguridad Social.<\/span><\/h6>\n
\n

Real Decreto 192\/2018, de 6 de abril, por el que se aprueban los estatutos del Organismo Aut\u00f3nomo Organismo Estatal Inspecci\u00f3n de Trabajo y Seguridad Social.<\/p>\n

Resumen:<\/strong> Se publican los estatutos del Organismo Estatal Inspecci\u00f3n de Trabajo y Seguridad Social<\/strong>, creado por la Ley 23\/2015, de 21 de julio<\/a> y se dispone su entrada en funcionamiento efectivo.<\/span><\/p>\n

La nueva Ley Ordenadora del Sistema de Inspecci\u00f3n de Trabajo y Seguridad Social<\/strong>, Ley 23\/2015, de 21 de julio, (ver resumen<\/a>), regula un nuevo modelo organizativo para la Inspecci\u00f3n, intentando compatibilizar los principios de unidad de funci\u00f3n inspectora y concepci\u00f3n \u00fanica e integral del Sistema con la existencia de una pluralidad de Administraciones responsables.<\/p>\n

Como pieza clave del nuevo modelo, cre\u00f3 el Organismo Estatal Inspecci\u00f3n de Trabajo y Seguridad Social<\/strong>, pasando a constituirse la Inspecci\u00f3n como un organismo aut\u00f3nomo<\/strong>, lo que permite una descentralizaci\u00f3n funcional<\/strong> tanto de los programas de actuaci\u00f3n en materias competencia de la Administraci\u00f3n General del Estado como de los que corresponden a materias competencia de las Comunidades Aut\u00f3nomas.<\/p>\n

La organizaci\u00f3n y estructura del organismo, conforme a la Ley del Sector P\u00fablico, se recoge en sus Estatutos <\/strong>cuya aprobaci\u00f3n corresponde al Gobierno.<\/p>\n

Este Real Decreto se dedica, en su art\u00edculo \u00fanico, a ello, regul\u00e1ndose su estructura <\/strong>central y perif\u00e9rica, los \u00f3rganos de direcci\u00f3n y participaci\u00f3n institucional, <\/strong>y lo relativo al r\u00e9gimen econ\u00f3mico, patrimonial y de contrataci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n

El organismo aut\u00f3nomo Organismo Estatal Inspecci\u00f3n de Trabajo y Seguridad Social entr\u00f3 en funcionamiento efectivo y qued\u00f3 constituido el 8 de abril de 2018<\/strong> y se ha subrogado en todos los derechos y obligaciones derivados de competencias de la Direcci\u00f3n General de Inspecci\u00f3n de Trabajo y Seguridad Social.<\/p>\n

Entr\u00f3 en vigor el 8 de abril de 2018.<\/p>\n

Ver Plan Estrat\u00e9gico 2018-2020<\/a>.<\/p>\n

PDF (BOE-A-2018-4753 – 26\u00a0p\u00e1gs.<\/abbr>\u00a0– 406\u00a0KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0\u00a0<\/span>Otros formatos<\/a><\/p>\n

 <\/p>\n<\/a>

Reglamento de conductores: aptitudes psicof\u00edsicas para conducir<\/strong><\/span><\/h6>\n

Orden PRA\/375\/2018, de 11 de abril, por la que se modifica el anexo IV del Reglamento General de Conductores, aprobado por Real Decreto 818\/2009, de 8 de mayo.<\/p>\n

Resumen:<\/strong> se modifica el anexo IV<\/a> del Reglamento de Conductores que recoge las aptitudes psicof\u00edsicas requeridas para obtener o prorrogar la vigencia del permiso o de la licencia de conducci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Esta orden adapta la normativa espa\u00f1ola a la Directiva (UE) 2016\/1106 de la Comisi\u00f3n<\/a><\/strong>, de 7 de julio de 2016, sobre el permiso de conducci\u00f3n<\/strong>, \u00a0modificando la regulaci\u00f3n de las afecciones que afectan a la aptitud del conductor<\/strong>, incluidas en el anexo IV<\/a><\/strong> del Reglamento General de Conductores, aprobado por Real Decreto 818\/2009, de 8 de mayo<\/a>.<\/p>\n

Seg\u00fan la exposici\u00f3n de motivos var\u00eda el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, de la hipoglucemia <\/strong>(con correcci\u00f3n de errores)\u00a0y de los tratamientos oncol\u00f3gicos<\/strong>, al objeto de actualizar los requisitos de aptitud psicof\u00edsica exigidos.<\/p>\n

Entrar\u00e1 en vigor: 2 de mayo de 2018.<\/p>\n

PDF (BOE-A-2018-4958 – 12\u00a0p\u00e1gs.<\/abbr>\u00a0– 469\u00a0KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0\u00a0<\/span>Otros formatos<\/a>\u00a0 \u00a0Correcci\u00f3n de errores<\/a><\/p>\n

 <\/p>\n<\/a>

Reforma 2018 Ley Propiedad intelectual<\/span><\/h6>\n

Real Decreto-ley 2\/2018, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1\/1996, de 12 de abril<\/a>, y por el que se incorporan al ordenamiento jur\u00eddico espa\u00f1ol la Directiva 2014\/26\/UE<\/a> del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017\/1564<\/a> del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017.<\/p>\n

Ir a la p\u00e1gina especial<\/a>.<\/strong><\/p>\n

Resumen<\/strong>: La Ley de Propiedad Intelectual se adapta a la Directiva 2014\/26\/UE<\/a>, principalmente en la gesti\u00f3n colectiva de los derechos de propiedad intelectual<\/strong>. Tambi\u00e9n permite prescindir de la autorizaci\u00f3n de sus titulares en ciertos casos que favorecen a personas con discapacidad.<\/span><\/p>\n

Este real decreto ley complementa la transposici\u00f3n -iniciada en 2014, ver resumen<\/a>– de la Directiva 2014\/26\/UE<\/a> y, relacionada con la anterior, la Directiva (UE) 2017\/1564<\/a>, modificando un amplio n\u00famero de art\u00edculos del TR de 1996 Ley de Propiedad Intelectual<\/a>. Se utiliza la forma del decreto-ley, porque han vencido, ya hace dos a\u00f1os, los plazos de transposici\u00f3n, intentando evitar\/minimizar las sanciones al Reino de Espa\u00f1a.<\/p>\n

Se afronta la problem\u00e1tica derivada de que la distribuci\u00f3n de bienes y prestaci\u00f3n de servicios que impliquen el uso de derechos de propiedad intelectual requiere, en principio, la autorizaci\u00f3n de sus titulares<\/strong>, siendo su concesi\u00f3n individual<\/strong> muchas veces inviable<\/strong> por su complejidad y coste.<\/p>\n

Para afrontarla surge la gesti\u00f3n colectiva<\/strong> llevada a cabo, tradicionalmente, por las entidades de gesti\u00f3n de derechos de propiedad intelectual<\/strong>.<\/p>\n

Su intervenci\u00f3n permite:<\/p>\n

– a los usuarios<\/strong> obtener autorizaciones para un gran n\u00famero de obras en aquellas circunstancias en que las negociaciones a t\u00edtulo individual ser\u00edan imposibles.<\/p>\n

– a los titulares de derechos<\/strong> de propiedad intelectual una remuneraci\u00f3n por usos de sus obras que, particularmente, no ser\u00edan capaces de controlar.<\/p>\n

Estas entidades de gesti\u00f3n desempe\u00f1an un papel fundamental a la hora de proteger y promover la diversidad cultural<\/strong> permitiendo el acceso al mercado a aquellos repertorios culturales locales o menos populares que, pese a su enorme valor y riqueza creativa, no gozan del mismo \u00e9xito comercial que otros repertorios m\u00e1s mayoritarios.<\/p>\n

La Directiva 2014\/26\/UE<\/strong><\/a> afronta por primera vez en el derecho europeo<\/strong> una regulaci\u00f3n de estas entidades. Pretende armonizar<\/strong> las distintas normativas nacionales para fortalecer su transparencia y gobernanza y la gesti\u00f3n de los derechos de propiedad intelectual.<\/p>\n

Potencia la situaci\u00f3n jur\u00eddica del miembro de la entidad de gesti\u00f3n<\/strong> -lo que es muy necesario en entidades de naturaleza asociativa en las que el control debe corresponder siempre prioritariamente a sus propios miembros-, dot\u00e1ndole de instrumentos, como el \u00f3rgano de control interno<\/strong>, que tambi\u00e9n facilita la rendici\u00f3n de cuentas por los \u00f3rganos de gobierno y representaci\u00f3n de la entidad de gesti\u00f3n.<\/p>\n

Asimismo, la directiva da respuesta jur\u00eddica a la necesidad de favorecer la concesi\u00f3n de licencias de derechos de autor sobre obras musicales <\/strong>para su utilizaci\u00f3n en l\u00ednea en un contexto transfronterizo.<\/p>\n

La armonizaci\u00f3n que realiza la directiva de la normativa sobre entidades de gesti\u00f3n se centra en las siguientes seis grandes \u00e1reas<\/strong>:<\/p>\n

– representaci\u00f3n<\/strong> de los titulares de derechos de propiedad intelectual y condici\u00f3n de miembro de la entidad de gesti\u00f3n<\/strong>;<\/p>\n

– organizaci\u00f3n interna;<\/p>\n

– gesti\u00f3n de los derechos recaudados<\/strong>;<\/p>\n

– acuerdos de reciprocidad con otras entidades de gesti\u00f3n;<\/p>\n

– relaciones con los usuarios<\/strong> (concesi\u00f3n de licencias);<\/p>\n

– y obligaciones de transparencia e informaci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n

Dentro del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual<\/strong>, la parte esencial de la reforma recae sobre el <\/strong>t\u00edtulo IV del libro tercero<\/strong><\/a>, cuyo contenido se reorganiza. Regula la gesti\u00f3n colectiva de los derechos reconocidos en la ley<\/strong>. Pasa a estar dividido en siete cap\u00edtulos<\/strong>.<\/p>\n

El cap\u00edtulo I<\/strong> regula los requisitos exigidos para gestionar<\/strong> colectivamente derechos de propiedad intelectual. Las entidades de gesti\u00f3n deber\u00e1n obtener la oportuna autorizaci\u00f3n<\/strong> del Ministerio de Educaci\u00f3n, Cultura y Deporte. Se recogen tambi\u00e9n los operadores de gesti\u00f3n independientes<\/strong>, que se diferencian de las entidades de gesti\u00f3n, fundamentalmente, porque tienen \u00e1nimo de lucro y porque no est\u00e1n controlados por los titulares de derechos.<\/p>\n

El cap\u00edtulo II <\/strong>regula la situaci\u00f3n jur\u00eddica del titular de derechos<\/strong> de propiedad intelectual en su relaci\u00f3n con la entidad de gesti\u00f3n a trav\u00e9s del contrato de gesti\u00f3n<\/strong>. Mediante este contrato, el titular de derechos, sin ceder la propiedad de estos, encomienda su gesti\u00f3n a una entidad de gesti\u00f3n. El titular de derechos deber\u00e1 dar consentimiento expl\u00edcito, por escrito, para cada derecho, categor\u00eda de derechos o tipo de obra o prestaci\u00f3n cuya gesti\u00f3n encomienda a la entidad y respecto de los territorios de su elecci\u00f3n.<\/p>\n

A partir de ahora, el titular podr\u00e1 revocar<\/strong> su contrato total o parcialmente siempre que realice un preaviso razonable no superior a seis meses que se regular\u00e1 en los estatutos de cada entidad de gesti\u00f3n. Se aplica tambi\u00e9n a contratos anteriores (D.Ad. 3\u00aa)<\/p>\n

Se considerar\u00e1 titular de derechos<\/strong>, a los efectos de este t\u00edtulo, a toda persona o entidad, distinta de una entidad de gesti\u00f3n, que sea titular de derechos de autor u otros derechos de propiedad intelectual o que, en virtud de un acuerdo de explotaci\u00f3n de derechos o por ley, est\u00e9 legitimada para percibir una parte de las cuant\u00edas generados por tales derechos.<\/p>\n

El cap\u00edtulo III<\/strong> se centra en el funcionamiento interno de las entidades de gesti\u00f3n<\/strong>, que est\u00e1n constituidas legalmente como asociaciones sin \u00e1nimo de lucro. Determina la composici\u00f3n de sus estatutos, regula las competencias de la asamblea general y los \u00f3rganos de gobierno y representaci\u00f3n.<\/p>\n

Introduce un \u00f3rgano de control interno<\/strong> de la gesti\u00f3n llevada a cabo por los \u00f3rganos de gobierno y representaci\u00f3n de la entidad, que apoyar\u00e1 a la asamblea general a la que informar\u00e1 anualmente. Controlar\u00e1 los repartos de los derechos recaudados, la tramitaci\u00f3n de los expedientes disciplinarios, las quejas y las reclamaciones y la ejecuci\u00f3n del presupuesto.<\/p>\n

El cap\u00edtulo IV<\/strong> regula las autorizaciones no exclusivas para el uso del repertorio de las entidades de gesti\u00f3n (licencias<\/strong>) y sus tarifas generales<\/strong>. Las licencias multiterritoriales facilitar\u00e1n a los proveedores de servicios de m\u00fasica en l\u00ednea la obtenci\u00f3n del permiso necesario, mediante una \u00fanica autorizaci\u00f3n trasfronteriza, para utilizar los derechos sobre obras o repertorios musicales en el territorio de varios Estados miembros e, incluso, de toda la Uni\u00f3n Europea.<\/p>\n

Habr\u00e1 una ventanilla \u00fanica de facturaci\u00f3n y pago<\/strong>, accesible a trav\u00e9s de internet, en la cual los usuarios del repertorio gestionado podr\u00e1n conocer de forma actualizada el coste individual y total a satisfacer al conjunto de dichas entidades y operadores, como resultado de la aplicaci\u00f3n de las tarifas a su actividad, y realizar el pago correspondiente.<\/p>\n

El cap\u00edtulo V<\/strong> regula la gesti\u00f3n de los derechos recaudados<\/strong> que abarca la recaudaci\u00f3n, reparto y pago de los importes generados por la concesi\u00f3n de licencias a los usuarios de derechos de propiedad intelectual. Se marca un plazo m\u00e1ximo de nueve meses<\/strong> para repartir y pagar a los titulares los derechos recaudados en el a\u00f1o anterior y se impone la obligaci\u00f3n de llevar una contabilidad anal\u00edtica.<\/p>\n

El cap\u00edtulo VI<\/strong> agrupa las distintas obligaciones de informaci\u00f3n, transparencia y contabilidad<\/strong> a las que est\u00e1n sujetas las entidades de gesti\u00f3n. Han de elaborar un informe anual de transparencia, en paralelo a las cuentas anuales. Hay remisi\u00f3n en materias como el nombramiento de auditor<\/strong> o presentaci\u00f3n de cuentas<\/strong> al Reglamento del Registro Mercantil (ver art. 187<\/a>). Un anexo determina el contenido del informe anual de transparencia.<\/p>\n

El cap\u00edtulo VII<\/strong> recoge el r\u00e9gimen sancionador<\/strong>, aclarando el reparto competencial y creando nuevas tipificaciones. Y regula el mecanismo de intercambio de informaci\u00f3n<\/strong> entre autoridades europeas respecto de las infracciones cometidas por entidades de gesti\u00f3n.<\/p>\n

Tambi\u00e9n se modifica el contenido del t\u00edtulo V<\/a> <\/strong>que ahora versa sobre la Comisi\u00f3n de Propiedad Intelectual<\/strong> y que recoge los art\u00edculos en vigor del texto refundido.<\/p>\n

Hay otras reformas, relacionadas con la renumeraci\u00f3n del articulado o la que modifica el plazo<\/strong> previsto en el art\u00edculo 20.4<\/a> en materia de reclamaci\u00f3n de derechos por retransmisi\u00f3n por cable<\/strong> para igualarlo con el plazo de cinco a\u00f1os previsto en el art\u00edculo 177 para la reclamaci\u00f3n de derechos de propiedad intelectual en general.<\/p>\n

Tambi\u00e9n se introduce el plazo para ejercer la acci\u00f3n de reembolso de la compensaci\u00f3n equitativa por copia privada<\/strong> regulada en el art\u00edculo 25.8<\/a> (ser\u00e1 de un a\u00f1o<\/strong> a computar desde la fecha consignada en la factura de la adquisici\u00f3n del equipo, aparato o soporte material que dio lugar al pago de compensaci\u00f3n equitativa).<\/p>\n

Personas con discapacidad<\/strong> Se incorpora al derecho espa\u00f1ol la Directiva (UE) 2017\/1564<\/a>, permitiendo ciertos usos de obras y prestaciones sin la autorizaci\u00f3n del titular<\/strong> de los derechos en favor de determinadas personas con discapacidad, como son las personas ciegas<\/strong>, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a textos impresos. Se cumple, as\u00ed, con el Tratado de Marrakech, de 27 de junio de 2013<\/a><\/strong>, mejorando la disponibilidad y el intercambio transfronterizo de determinadas obras y otras prestaciones protegidas, en formatos accesibles para ello.<\/p>\n

Se incorpora el art\u00edculo 31 ter<\/a> que exige determinados requisitos como carecer de finalidad lucrativa, guardar una relaci\u00f3n directa con la discapacidad de que se trate y llevarse a cabo mediante un procedimiento o medio adaptado a la discapacidad, limit\u00e1ndose a lo que \u00e9sta exige.<\/p>\n

Las disposiciones adicionales <\/strong>regulan el r\u00e9gimen jur\u00eddico aplicable a las situaciones jur\u00eddicas existentes<\/strong> al momento de su entrada en vigor. Destaca la primera que concede el plazo de un a\u00f1o<\/strong> para realizar la modificaci\u00f3n de los estatutos<\/strong> de las entidades de gesti\u00f3n y aprobaci\u00f3n o ratificaci\u00f3n del reglamento de reparto de derechos recaudados. Tres meses para las de m\u00e1s de 100 millones de euros.<\/p>\n

La disposici\u00f3n final primera<\/strong> modifica la Ley 16\/1985, de 25 de junio<\/a>, del Patrimonio Hist\u00f3rico Espa\u00f1ol<\/strong>, con objeto de aclarar el r\u00e9gimen aplicable a las importaciones de bienes muebles<\/strong>, modificando la redacci\u00f3n referente a las pr\u00f3rrogas<\/strong> que pueden solicitarse respecto de los bienes importados.<\/p>\n

La disposici\u00f3n final segunda <\/strong>prev\u00e9 un texto refundido<\/strong>, antes del 31 de diciembre de 2019, de la Ley 10\/2015, de 26 de mayo<\/a>, para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial<\/strong> y de la Ley 16\/1985, de 25 de junio<\/a>, del Patrimonio Hist\u00f3rico Espa\u00f1ol<\/strong>, as\u00ed como las disposiciones en materia de protecci\u00f3n del patrimonio hist\u00f3rico contenidas en normas con rango de ley.<\/p>\n

La disposici\u00f3n final tercera<\/strong> especifica el momento en el tiempo a partir del cual resultar\u00e1n de aplicaci\u00f3n a las entidades de gesti\u00f3n las normas de contabilidad y auditor\u00eda<\/strong> que se ven modificadas por este real decreto-ley y la obligaci\u00f3n de elaborar y aprobar el informe anual de transparencia<\/strong>.<\/p>\n

El presente real decreto-ley se aprueba al amparo de lo dispuesto en el art\u00edculo 149.1.9.\u00aa de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola<\/a><\/strong>, que atribuye al Estado la competencia sobre legislaci\u00f3n sobre propiedad intelectual.<\/p>\n

Entr\u00f3 en vigor:<\/strong> 15 de abril de 2018.<\/p>\n

Ir a la p\u00e1gina especial<\/a>.<\/strong><\/p>\n

PDF (BOE-A-2018-5059 – 55\u00a0p\u00e1gs.\u00a0– 891\u00a0KB)<\/a>Otros formatos<\/a>\u00a0 \u00a0Convalidaci\u00f3n<\/a><\/p>\n

 <\/p>\n<\/a>

<\/a>Plan Estrat\u00e9gico de la Inspecci\u00f3n de Trabajo y Seguridad Social<\/span><\/h6>\n

Resoluci\u00f3n de 11 de abril de 2018, de la Subsecretar\u00eda, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de abril de 2018, por el que se aprueba el Plan Estrat\u00e9gico de la Inspecci\u00f3n de Trabajo y Seguridad Social para el per\u00edodo 2018-2020.\u00a0<\/p>\n

Resumen:<\/strong> este Plan abarca el trienio 2018-2020 y persigue, aparte de la lucha contra el fraude, mejorar la calidad del empleo, reforzar la sostenibilidad del Sistema de la Seguridad Social. integrar a los inmigrantes a trav\u00e9s del empleo y la no discriminaci\u00f3n. Analiza nuevas formas empresariales.<\/span><\/p>\n

Durante la anterior legislatura, la prioridad estuvo en el Plan de Lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social<\/strong>, aprobado en 2012.<\/p>\n

En la actual legislatura, habiendo mejorado la situaci\u00f3n econ\u00f3mica y de empleo, es posible ampliar al campo de actuaciones prioritarias<\/strong> de la Inspecci\u00f3n de Trabajo y Seguridad Social, al mismo tiempo que se adapta al nuevo modelo de Inspecci\u00f3n<\/strong> establecido por la Ley 23\/2015, de 21 de julio (ver en este mismo informe<\/a> los estatutos y entrada en funcionamiento del nuevo Organismo Aut\u00f3nomo Estatal Inspecci\u00f3n de Trabajo y Seguridad Social) y avanzar en la modernizaci\u00f3n y uso de las nuevas tecnolog\u00edas<\/strong> de la informaci\u00f3n y de las comunicaciones.<\/p>\n

El Congreso de los Diputados, el 19 de septiembre de 2017, aprob\u00f3 una Proposici\u00f3n no de Ley<\/strong> por la que insta al Gobierno a elaborar una estrategia que incluya medidas normativas y planes de actuaci\u00f3n<\/strong> de la Inspecci\u00f3n de Trabajo y Seguridad Social.<\/p>\n

Esta Plan<\/strong>, aprobado por el Consejo de Ministros, que ahora se publica, es consecuencia de esta Proposici\u00f3n, Abarca el periodo 2018-2020<\/strong>, tratando de estructurar las actuaciones inspectoras de forma concreta y evaluable, dando curso a las prioridades<\/strong> del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para la presente legislatura y que son, entre otras, las siguientes:<\/p>\n

– mejora en la calidad<\/strong> del empleo,<\/p>\n

– refuerzo de la sostenibilidad y suficiencia del Sistema de la Seguridad Social<\/strong><\/p>\n

– inserci\u00f3n e integraci\u00f3n de los inmigrantes<\/strong> vinculada al empleo.<\/p>\n

Presta especial atenci\u00f3n a los retos derivados de las nuevas formas de organizaci\u00f3n empresarial<\/strong>, y a la actuaci\u00f3n de la Inspecci\u00f3n en materia de igualdad y no discriminaci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n

PDF (BOE-A-2018-5329 – 55\u00a0p\u00e1gs.<\/abbr>\u00a0– 1.067\u00a0KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0\u00a0<\/span>Otros formatos<\/a><\/p>\n

 <\/p>\n<\/div>\n<\/a>

Cartas de servicios del Ministerio de Justicia<\/span><\/h6>\n

Resoluci\u00f3n de 5 de abril de 2018, de la Subsecretar\u00eda, por la que se aprueba la actualizaci\u00f3n de las Cartas de servicios de la Subdirecci\u00f3n General del Notariado y de los Registros, de la Subdirecci\u00f3n General de Nacionalidad y Estado Civil, de la Subdirecci\u00f3n General de Relaciones con la Administraci\u00f3n de Justicia y el Ministerio Fiscal y de las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia.<\/p>\n

Resumen:<\/strong> Se actualizan cuatro de las ocho Cartas de Servicios del Ministerio de Justicia, entre ellas, la Carta de Servicios de la Subdirecci\u00f3n General del Notariado y de los Registros.<\/strong><\/span><\/p>\n

Las Cartas de Servicios son documentos escritos que constituyen un instrumento a trav\u00e9s del cual los \u00f3rganos de la Administraci\u00f3n General del Estado, sus Organismos P\u00fablicos y las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social informan a los ciudadanos sobre los servicios que tienen encomendados<\/strong> y acerca de los compromisos de calidad<\/strong> en su prestaci\u00f3n, as\u00ed como de los derechos de los ciudadanos y usuarios<\/strong> en relaci\u00f3n con estos servicios.<\/p>\n

El Ministerio de Justicia tiene en la actualidad ocho cartas de servicios<\/strong>, de las que ahora actualiza la mitad:<\/p>\n

– Carta de Servicios de la Subdirecci\u00f3n General del Notariado y de los Registros<\/a><\/strong>,<\/p>\n

– Carta de Servicios de la Subdirecci\u00f3n General de Nacionalidad y Estado Civil<\/a><\/strong>,<\/p>\n

– Carta de Servicios de la Subdirecci\u00f3n General de Relaciones con la Administraci\u00f3n de Justicia y el Ministerio Fiscal<\/a><\/strong> y<\/p>\n

– Carta de Servicios de las Gerencias Territoriales<\/a><\/strong> del Ministerio de Justicia.<\/p>\n

Los textos de estas Cartas de Servicios est\u00e1n disponibles en la sede electr\u00f3nica del Departamento<\/a>.<\/p>\n

PDF (BOE-A-2018-5365 – 1\u00a0p\u00e1g.<\/abbr>\u00a0– 152\u00a0KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0 <\/span>Otros formatos<\/a><\/p>\n

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Arrendamiento de veh\u00edculos con conductor.<\/span><\/h6>\n

Real Decreto-ley 3\/2018, de 20 de abril, por el que se modifica la Ley 16\/1987, de 30 de julio, de Ordenaci\u00f3n de los Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de veh\u00edculos con conductor.<\/p>\n

Resumen:<\/strong> se trata de reducir el conflicto entre taxistas y los empleados de empresas como Uber y Cabify, determinando la proporci\u00f3n de licencias y la adscripci\u00f3n de la prestaci\u00f3n de servicio a una comunidad aut\u00f3noma en la mayor parte de los recorridos.<\/span><\/p>\n

El Reglamento de la Ley de Ordenaci\u00f3n de los Transportes Terrestres<\/strong> establece, en sus art\u00edculos 181 y 182<\/a> determinadas condiciones en relaci\u00f3n con el ejercicio de la actividad de arrendamiento de veh\u00edculos con conductor<\/strong> y el otorgamiento de las autorizaciones que habilitan para ello.<\/p>\n

Este real decreto ley busca garantizar un adecuado equilibrio <\/strong>entre la oferta de servicios en esta modalidad de transporte (Cabify, Uber\u2026) y la que representan los taxis<\/strong>, amparados en las correspondientes licencias municipales y, en su caso, autorizaciones de transporte de viajeros en veh\u00edculos de turismo, fijando un r\u00e9gimen \u00fanico en todo el territorio nacional, aunque respetando las competencias de las CCAA y ayuntamientos:<\/p>\n

– Proceder\u00e1 denegar el otorgamiento de nuevas autorizaciones<\/strong> de arrendamiento de veh\u00edculos con conductor cuando la proporci\u00f3n entre el n\u00famero de las existentes en el territorio de la comunidad aut\u00f3noma en que pretendan domiciliarse y el de las de transporte de viajeros en veh\u00edculos de turismo domiciliadas en ese mismo territorio sea superior a una de aqu\u00e9llas por cada treinta de \u00e9stas<\/strong>. Las CCAA que, por delegaci\u00f3n del Estado, hubieran asumido competencias en esta materia, podr\u00e1n modificar la regla de proporcionalidad se\u00f1alada, siempre que la que apliquen sea menos restrictiva.<\/p>\n

– Las autorizaciones de arrendamiento de veh\u00edculos con conductor habilitan para realizar servicios en todo el territorio nacional, pero los veh\u00edculos que desarrollen esa actividad deber\u00e1n ser utilizados habitualmente<\/strong> en la prestaci\u00f3n de servicios dentro del territorio de la comunidad aut\u00f3noma<\/strong> en que se encuentre domiciliada la autorizaci\u00f3n en que se amparan. El 80% al menos de los servicios deber\u00e1n recorrer parte de ese territorio en c\u00f3mputo trimestral.<\/p>\n

Entr\u00f3 en vigor el 22 de abril de 2018.<\/p>\n

PDF (BOE-A-2018-5451 – 3\u00a0p\u00e1gs.<\/abbr>\u00a0– 167\u00a0KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0\u00a0<\/span>Otros formatos<\/a><\/p>\n

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Acuerdos internacionales<\/span><\/h6>\n

Resoluci\u00f3n de 16 de abril de 2018, de la Secretar\u00eda General T\u00e9cnica, sobre aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 24.2 de la Ley 25\/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales.<\/p>\n

Resumen:<\/strong>\u00a0Trimestralmente se publican las comunicaciones relativas a Tratados Internacionales Multilaterales en los que Espa\u00f1a es parte.<\/span><\/p>\n

De conformidad con lo establecido en el\u00a0art\u00edculo 24.2<\/a>\u00a0de la Ley 25\/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, se hacen p\u00fablicas las\u00a0comunicaciones<\/strong>\u00a0relativas a Tratados Internacionales Multilaterales en los que Espa\u00f1a es parte, que se han recibido en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci\u00f3n\u00a0desde la publicaci\u00f3n de la anterior\u00a0<\/a>hasta el 15 de abril de 2018 (es un suponer porque le falta el encabezado a la Resoluci\u00f3n).<\/p>\n

PDF (BOE-A-2018-5533 – 52\u00a0p\u00e1gs.<\/abbr>\u00a0– 819\u00a0KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0\u00a0<\/span>Otros formatos<\/a><\/p>\n

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Consulta vinculante a la DGRN sobre caducidad anotaciones de embargo y efectos sobre cargas posteriores.<\/span><\/h6>\n

Resoluci\u00f3n de 9 de abril de 2018, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, de la consulta vinculante formulada por el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles en materia de caducidad de las anotaciones de embargo y sus efectos sobre la posible cancelaci\u00f3n de cargas posteriores.<\/p>\n

Resumen:<\/strong>\u00a0el registrador\u00a0solo podr\u00e1 cancelar<\/strong>\u00a0las cargas inscritas o anotadas con posterioridad a la anotaci\u00f3n de embargo practicada a resultas del procedimiento de ejecuci\u00f3n del que deriva el mandamiento cancelatorio, cuando la referida anotaci\u00f3n preventiva de embargo est\u00e9 vigente<\/strong>\u00a0al presentarse el decreto de adjudicaci\u00f3n. El adjudicatario tendr\u00e1 que acudir a los tribunales para solicitar su cancelaci\u00f3n en estos casos.<\/span><\/p>\n

Ir a p\u00e1gina especial<\/a><\/strong><\/p>\n

Sobre las consultas vinculantes:<\/strong><\/p>\n

Est\u00e1n previstas en el art\u00edculo 103<\/a> de la Ley 24\/2001, de 27 de diciembre (el BOE cita por error la ley 24\/2011).<\/p>\n

Seg\u00fan este precepto, el Consejo General del Notariado y el Colegio de Registradores podr\u00e1n elevar consulta a la DGRN respecto de aquellos actos o negocios susceptibles de inscripci\u00f3n en cualquiera de los Registros a su cargo.<\/p>\n

Estas consultas del art\u00edculo 103 ser\u00e1n vinculantes<\/strong> para todos los Notarios y Registradores, quienes deber\u00e1n ajustar la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n que hagan del ordenamiento al contenido de las mismas.<\/p>\n

Prev\u00e9 un desarrollo reglamentario<\/strong> que no ha tenido lugar, lo cual no considera la DGRN obst\u00e1culo para evacuar la consulta, \u201cm\u00e1xime si se tiene en cuenta la trascendencia que para el tr\u00e1fico jur\u00eddico tiene la cuesti\u00f3n planteada<\/em>\u201d.<\/p>\n

Contenido de la consulta:<\/strong><\/p>\n

\u201cSI la extensi\u00f3n de la nota marginal acreditativa de haberse expedido certificaci\u00f3n de dominio y cargas en el procedimiento de ejecuci\u00f3n, supone una derogaci\u00f3n singular del art\u00edculo 86 de la Ley Hipotecaria<\/a>, y concretamente respecto de si, extendida aquella nota marginal, la anotaci\u00f3n preventiva caducada contin\u00faa o no produciendo efectos en orden a la cancelaci\u00f3n de las cargas posteriores<\/em>.\u201d<\/p>\n

El Colegio de Registradores pone de manifiesto en su escrito la posible contradicci\u00f3n<\/strong> que puede darse entre la doctrina de la DGRN<\/strong> sobre los efectos de la caducidad de las anotaciones preventivas y la interpretaci\u00f3n recogida en la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo<\/strong> de 7 de julio de 2017.<\/p>\n

Resumen de la Sentencia de 7 de julio de 2017. <\/strong><\/p>\n

Esta sentencia de la Sala Primera confirma doctrina de otras anteriores (de 12 de marzo de 2007 y 23 de febrero de 2015). Reconoce una especial significaci\u00f3n al momento de emisi\u00f3n por parte del Registro de la Propiedad de la certificaci\u00f3n de cargas y grav\u00e1menes<\/strong> (art\u00edculo 656 LEC<\/a>), pues con ella se consigue:<\/p>\n

a) Conocer el importe de todas las cargas<\/strong> y derechos anteriores al gravamen por el que se sigue la ejecuci\u00f3n a los efectos de determinar la valoraci\u00f3n del bien para la subasta<\/strong> (que se calcula deduciendo su importe del aval\u00fao);<\/p>\n

b) Proporcionar a los posibles licitadores una informaci\u00f3n completa sobre las condiciones de adquisici\u00f3n<\/strong> y, en concreto, sobre la existencia de cargas anteriores que subsistir\u00e1n;<\/p>\n

y c) Identificar e individualizar a los titulares<\/strong> de derechos y cargas inscritos o anotados con posterioridad al del acreedor ejecutante, los cuales quedar\u00e1n extinguidos por la realizaci\u00f3n del bien.<\/p>\n

La expedici\u00f3n de dicha certificaci\u00f3n ha dado lugar a la extensi\u00f3n de nota marginal<\/strong> en la hoja registral a efectos de publicidad; y la existencia de la ejecuci\u00f3n es comunicada<\/strong> a los titulares de derechos que figuren en asientos posteriores al del derecho del ejecutante.<\/p>\n

En consecuencia, el contenido de tal certificaci\u00f3n tiene un valor esencial en el desarrollo del procedimiento de apremio<\/strong> y que la situaci\u00f3n registral que proclama fija las condiciones para la adquisici\u00f3n del bien inmueble de que se trate<\/strong>, de forma que cualquier alteraci\u00f3n posterior -como puede ser la caducidad de la anotaci\u00f3n de embargo extendida a favor del ejecutante- no modifica dicha situaci\u00f3n<\/u><\/strong>.<\/p>\n

En definitiva, la aprobaci\u00f3n del remate y la adjudicaci\u00f3n conlleva como efecto propio la cancelaci\u00f3n de todas las anotaciones de embargo posteriores<\/u><\/strong>, que carecen de preferencia sobre la que serv\u00eda de apoyo a la ejecuci\u00f3n, pues la anotaci\u00f3n de embargo que beneficiaba al ejecutante ha causado estado<\/strong> y producido su finalidad para dicha ejecuci\u00f3n desde la fecha de la emisi\u00f3n de la citada certificaci\u00f3n de cargas y grav\u00e1menes<\/strong>.<\/p>\n

Doctrina tradicional de la DGRN.<\/strong><\/p>\n

A) Caducidad de la anotaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n

Las resoluciones que versan sobre este tema parten del contenido del art. 86.1 LH<\/strong><\/a>: \u201cLas anotaciones preventivas, cualquiera que sea su origen, caducar\u00e1n a los cuatro a\u00f1os<\/strong> de la fecha de la anotaci\u00f3n misma\u2026\u201d<\/em><\/p>\n

De \u00e9l se deduce que las anotaciones preventivas tienen una vigencia determinada y su caducidad opera \u00abipso iure\u00bb<\/strong> una vez agotado el plazo de cuatro a\u00f1os, hayan sido canceladas o no, si no han sido prorrogadas previamente, careciendo desde entonces de todo efecto jur\u00eddico<\/strong>, entre ellos la posici\u00f3n de prioridad<\/strong> que las mismas conceden a su titular, y que permite la inscripci\u00f3n de un bien con cancelaci\u00f3n de cargas posteriores<\/strong> a favor del adjudicatario, que ha adquirido en el procedimiento del que deriva la anotaci\u00f3n, de modo que los asientos posteriores mejoran su rango<\/strong> y no podr\u00e1n ser cancelados en virtud del mandamiento prevenido en el art\u00edculo 175.2.\u00aa RH<\/a> y 674 LEC<\/a>, si al tiempo de presentarse aquel en el Registro, se hab\u00eda operado ya la caducidad, por lo que el registrador ha de denegar su cancelaci\u00f3n.<\/p>\n

B) Pr\u00f3rrogas de la anotaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n

Aunque a la fecha de adjudicaci\u00f3n estuviese vigente la anotaci\u00f3n, la resoluci\u00f3n judicial no implica pr\u00f3rroga del plazo de vigencia de la anotaci\u00f3n<\/strong> y debe estarse a la fecha de su presentaci\u00f3n en el Registro de la Propiedad, nunca a la fecha de los documentos.<\/p>\n

La anotaci\u00f3n de embargo, desde la inicial Ley Hipotecaria, es un asiento provisional, transitorio<\/strong>, frente a la hipoteca judicial. Aunque puede prorrogarse, tras la LEC de 2000 no cabe la pr\u00f3rroga indefinida, quedando derogado t\u00e1citamente el art. 199 RH<\/a> que la preve\u00eda, por la nueva redacci\u00f3n del art. 86 LH<\/a>.<\/p>\n

Respecto a las anotaciones prorrogadas conforme a la legislaci\u00f3n anterior<\/strong> a la nueva LEC, la Instrucci\u00f3n DGRN de 12 de diciembre de 2000<\/a> aclar\u00f3 que no precisaban nueva pr\u00f3rroga y que podr\u00edan cancelarse pasados seis meses<\/strong> desde la emisi\u00f3n de la resoluci\u00f3n judicial firme<\/strong> en el proceso en que la anotaci\u00f3n preventiva y su pr\u00f3rroga fueron decretadas. Este enfoque se ha reiterado en resoluciones posteriores, entre las m\u00e1s recientes, la de 4 de noviembre de 2014<\/a>. Ahora bien, si no se ha solicitado su cancelaci\u00f3n, y se presenta el auto pasados esos seis meses, la anotaci\u00f3n se considera vigente y mantiene su capacidad cancelatoria de asientos posteriores (R. 3 de junio de 2005<\/a>).<\/p>\n

En definitiva, de acuerdo con el vigente art\u00edculo 86 LH<\/a>, caducada la anotaci\u00f3n preventiva se produce su extinci\u00f3n<\/strong>. El registrador debe actuar como si nunca se hubiera practicado la citada anotaci\u00f3n y, como consecuencia de los principios de prioridad y tracto, solo podr\u00e1 inscribir la adjudicaci\u00f3n de la finca si el deudor sigue conservando la titularidad de la misma<\/strong>. En caso de existir cargas posteriores no podr\u00e1n ser objeto de cancelaci\u00f3n registral<\/strong> al surgir un obst\u00e1culo derivado del Registro.<\/p>\n

C) Certificaci\u00f3n de dominio y cargas<\/strong> y su nota marginal<\/strong><\/p>\n

La certificaci\u00f3n de dominio y cargas<\/strong> y su nota marginal<\/strong> tienen una gran importancia en el proceso de ejecuci\u00f3n, sirviendo de veh\u00edculo de conexi\u00f3n entre el procedimiento judicial y las titularidades registrales que gozan de presunci\u00f3n de existencia y protecci\u00f3n judicial.<\/p>\n

La certificaci\u00f3n es un medio de publicidad del contenido del Registro<\/strong>, pero no produce en ning\u00fan caso la pr\u00f3rroga de la anotaci\u00f3n preventiva. <\/strong>Tampoco la produce la nota marginal<\/strong> que no hace sino consignar registralmente su expedici\u00f3n, pues, al tener la condici\u00f3n de asiento accesorio, dura tanto como el asiento principal<\/strong> que le sirve de soporte, la anotaci\u00f3n preventiva, por lo que la cancelaci\u00f3n por caducidad de esta conllevar\u00e1 necesariamente la de la nota marginal. Tampoco suponen el cierre del Registro.<\/p>\n

La certificaci\u00f3n registral<\/strong> hasta tiempos recientes ha sido est\u00e1tica<\/strong>, pues s\u00f3lo informaba de la situaci\u00f3n registral en un preciso momento temporal. Pero ahora es continuada<\/strong>, tras la reforma del art\u00edculo 135 LH<\/a>, 656.2<\/a> y 667.2 LEC<\/a>, por lo que el registrador ha de informar de asientos posteriores que se hayan practicado sobre la finca.<\/p>\n

Los efectos de la expedici\u00f3n de la certificaci\u00f3n y su nota marginal, sin embargo, no deben identificarse con los efectos de la propia anotaci\u00f3n preventiva de embargo<\/strong>. Puede emitirse una certificaci\u00f3n distinta para una ejecuci\u00f3n de una carga posterior y, si entonces la primera anotaci\u00f3n ha caducado, ni siquiera debe de incluirse en esta nueva certificaci\u00f3n. Es el caso de la de la STS 4 de noviembre de 2005<\/a>.<\/p>\n

Tratar de mantener la eficacia de una anotaci\u00f3n anterior caducada puede constituir un grave riesgo para los adjudicatarios de los procedimientos posteriores<\/strong> que podr\u00edan no tener conocimiento de la misma, si no const\u00f3 en la certificaci\u00f3n. Igual perjuicio podr\u00eda tener tambi\u00e9n el tercer poseedor<\/strong> que ha adquirido e inscrito el dominio de una finca que estuvo anteriormente gravada con una anotaci\u00f3n de embargo ya caducada y a cuyo margen constaba la extensi\u00f3n de la correspondiente nota marginal. Ver STS de 21 de noviembre de 2006<\/a>.<\/p>\n

El mecanismo legal previsto para evitar la caducidad es la pr\u00f3rroga<\/strong>, que puede repetirse si es necesario, por lo que no hay necesidad de forzar los efectos de la nota marginal m\u00e1s all\u00e1 de sus justos y legales t\u00e9rminos. Por tanto, parece desproporcionado que, en sede registral, sin una declaraci\u00f3n clara y terminante de la ley al respecto, se reconozca eficacia cancelatoria a una anotaci\u00f3n caducada y a\u00fan menos de forma permanente, por el hecho de haberse expedido en su d\u00eda, la certificaci\u00f3n de dominio y cargas.<\/p>\n

Sobre si existe contradicci\u00f3n TS – DGRN<\/strong><\/p>\n

Se analiza la anterior doctrina con las Sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 12 de marzo de 2007<\/a>, 23 de febrero de 2015<\/a> y 7 de julio de 2017<\/a> (esta \u00faltima es especialmente relevante ya que deriva de una calificaci\u00f3n registral, pero previa a la reforma \u00a0de la LEC, operada por la Ley 42\/2015, por lo que la certificaci\u00f3n no ten\u00eda el car\u00e1cter de continuada). Tambi\u00e9n se tiene en cuenta la STS 21 de noviembre de 2017<\/a>.<\/p>\n

Entrando en el fondo de la cuesti\u00f3n planteada, deben diferenciarse dos \u00e1mbitos distintos: el procesal y el registral.<\/strong><\/p>\n

A) \u00c1mbito procesal.<\/strong><\/p>\n

En cuanto al \u00e1mbito procesal<\/strong>, la STS de 7 de julio de 2017, contiene dos afirmaciones<\/strong> que se analizan por separado:<\/p>\n

Primera: \u201cla situaci\u00f3n registral que proclama (la certificaci\u00f3n) fija las condiciones para la adquisici\u00f3n del bien inmueble<\/strong> de que se trate, de forma que cualquier alteraci\u00f3n posterior -como puede ser la caducidad de la anotaci\u00f3n de embargo extendida a favor del ejecutante- no modifica dicha situaci\u00f3n<\/strong>\u201d<\/em>.<\/p>\n

Admite, pues, que no hay cierre registral y que la anotaci\u00f3n puede caducar.<\/p>\n

Cuando fija la situaci\u00f3n registral del inmueble conforme a la resultante de la expedici\u00f3n de la certificaci\u00f3n, debe entenderse que lo es a los solos efectos de la adquisici\u00f3n del inmueble derivada de la ejecuci\u00f3n<\/strong> y, por tanto, permanece inamovible \u00fanicamente dentro del proceso<\/strong>, donde adem\u00e1s podr\u00e1n dirimirse las controversias sobre la preferencia civil de embargos.<\/p>\n

Segunda: \u00abEn definitiva, la aprobaci\u00f3n del remate y la adjudicaci\u00f3n conlleva como efecto propio la cancelaci\u00f3n de todas las anotaciones de embargo posteriores<\/strong>, que carecen de preferencia sobre la que serv\u00eda de apoyo a la ejecuci\u00f3n, pues la anotaci\u00f3n de embargo que beneficiaba al ejecutante ha causado estado y producido su finalidad para dicha ejecuci\u00f3n desde la fecha de la emisi\u00f3n de la citada certificaci\u00f3n de cargas y grav\u00e1menes\u00bb.<\/em><\/p>\n

La sentencia destaca el efecto cancelatorio de la anotaci\u00f3n que sirve de apoyo a la ejecuci\u00f3n<\/strong>, esto es, la preferencia que tuviese conforme al contenido del Registro en el momento de expedir la certificaci\u00f3n es la que determina que asientos deber\u00e1n ser cancelados. Pero nuevamente lo es a los efectos del proceso<\/strong>.<\/p>\n

B) \u00c1mbito registral<\/strong><\/p>\n

En cuanto al \u00e1mbito puramente registral, la expedici\u00f3n de la certificaci\u00f3n y la extensi\u00f3n de la nota marginal determinan el momento en que se fijan las titularidades y cargas que condicionaran el proceso, pero no suponen el cierre del Registro<\/strong> ni siquiera la inalterabilidad de la situaci\u00f3n del resto de titularidades en \u00e9l publicadas ni la pr\u00f3rroga<\/strong> de la anotaci\u00f3n preventiva.<\/p>\n

No corresponde al registrador entrar en valoraciones sobre preferencia civil de embargos<\/strong>, que quedan reservadas a los procedimientos judiciales, fuera del \u00e1mbito de la seguridad jur\u00eddica preventiva, en la que la caducidad opera de manera autom\u00e1tica.<\/p>\n

La caducidad de la anotaci\u00f3n determina que el beneficiado por la misma ha perdido el derecho de purgar directamente<\/strong> y sin m\u00e1s tr\u00e1mites las cargas posteriores, pues el registrador est\u00e1 compelido por una norma legal como es el art. 86 LH y no puede valorar las pruebas sobre porqu\u00e9 no se prorrog\u00f3 el asiento.<\/p>\n

El adjudicatario podr\u00e1 obtener la cancelaci\u00f3n de esas cargas si insta un procedimiento distinto en el que sean parte los interesados<\/strong>, y en el que el juez se pronuncie sobre tal extremo en particular.<\/p>\n

El efecto cancelatorio de la anotaci\u00f3n caducada<\/strong>, aun cuando haya podido apreciarse en el proceso, no podr\u00e1 tener reflejo registral, ya que el asiento soporte de la preferencia ganada ha devenido inexistente<\/strong>. La expedici\u00f3n de certificaci\u00f3n carece de la virtualidad de prorrogar indefinidamente la anotaci\u00f3n a la que se refiere. El esp\u00edritu de la reforma del 2000 de la LEC acabo\u0301 con la vigencia indefinida de las anotaciones preventivas prorrogadas.<\/p>\n

En definitiva, el registrador deber\u00e1 calificar el mandamiento cancelatorio conforme al contenido registral en el momento de la presentaci\u00f3n del t\u00edtulo<\/strong>.<\/p>\n

Sobre la calificaci\u00f3n de los documentos judiciales<\/strong><\/p>\n

El \u00e1mbito de calificaci\u00f3n de los documentos judiciales ha sido objeto de estudio en la reciente Sentencia de Pleno del Tribunal Supremo 625\/2017, de 21 de noviembre<\/strong><\/a>, que literalmente dice: \u00ab\u2026 Y, en relaci\u00f3n con la inscripci\u00f3n de los mandamientos judiciales<\/strong>, el art. 100 RH dispone que la calificaci\u00f3n registral se limitar\u00e1 a la competencia del juzgado o tribunal, a la congruencia del mandamiento con el procedimiento o juicio en que se hubiera dictado, a las formalidades extr\u00ednsecas del documento presentado y a los obst\u00e1culos que surjan del Registro. Esta funci\u00f3n calificadora no le permite al registrador revisar el fondo de la resoluci\u00f3n judicial en la que se basa el mandamiento de cancelaci\u00f3n, esto es no puede juzgar sobre su procedencia. Pero s\u00ed comprobar que el mandamiento judicial deje constancia del cumplimiento de los requisitos legales que preservan los derechos de los titulares de los derechos inscritos en el registro cuya cancelaci\u00f3n se ordena por el tribunal<\/strong>\u00bb.<\/em><\/p>\n

En aplicaci\u00f3n de la citada doctrina, la protecci\u00f3n de los derechos de titulares inscritos<\/strong> impone que el registrador rechace la inscripci\u00f3n del mandamiento cancelatorio<\/strong> que, sin prejuzgar su validez en el \u00e1mbito procesal, no puede desplegar su eficacia frente a terceros inscritos que mejoran su rango en cuanto dejan de estar sujetos a la limitaci\u00f3n que para ellos implicaba la anotaci\u00f3n ahora inexistente.<\/p>\n

Ahora bien, reconoce la DGRN que el nuevo titular tabular puede acudir a los tribunales<\/strong> para que \u00e9stos resuelvan sobre la preferencia entre cargas<\/strong>, mediante la interposici\u00f3n de las correspondientes tercer\u00edas de mejor derecho, o de dominio, o por la ausencia de buena fe, con demanda a todos los interesados, evitando su indefensi\u00f3n. En el juicio verbal que dio lugar a la STS de 7 de julio de 2017 se ampli\u00f3 la demanda a los titulares de esas cargas, lo que, evidentemente, no pudo tener en cuenta la registradora al ser posterior a su calificaci\u00f3n.<\/p>\n

Conclusiones<\/strong><\/p>\n

Primera:<\/strong> En el \u00e1mbito de la calificaci\u00f3n, los registradores de la Propiedad habr\u00e1n de atenerse a lo establecido en el art\u00edculo 86 LH<\/a>, y solo podr\u00e1n cancelar<\/strong> (conforma a los art\u00edculos 674 LEC<\/a> y 175.2.\u00aa RH<\/a>), las cargas inscritas o anotadas con posterioridad a la anotaci\u00f3n de embargo practicada a resultas del procedimiento de ejecuci\u00f3n del que deriva el mandamiento cancelatorio, cuando la referida anotaci\u00f3n preventiva de embargo est\u00e9 vigente<\/strong>, por no haber transcurrido su plazo de vigencia que fija el citado art\u00edculo 86 LH<\/a>, o el de sus sucesivas pr\u00f3rrogas, al tiempo en que, al menos el decreto de adjudicaci\u00f3n, haya sido presentado en el Registro de la Propiedad.<\/p>\n

Segunda:<\/strong> Al adquirente de la finca adjudicada en el procedimiento de ejecuci\u00f3n le asiste el derecho de acudir a un proceso judicial<\/strong> en el que pueda discutirse, con la intervenci\u00f3n de todos los titulares de las cargas posteriores a la anotaci\u00f3n caducada, si procede o no la cancelaci\u00f3n de las mismas.<\/p>\n

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PDF (BOE-A-2018-5870 – 9\u00a0p\u00e1gs.<\/abbr>\u00a0– 267\u00a0KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0\u00a0<\/span>Otros formatos<\/a><\/p>\n

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Disposiciones auton\u00f3micas<\/span><\/h6>\n

Resumen:<\/strong> incluye disposiciones de Arag\u00f3n, Cantabria y la Comunitat Valenciana.\u00a0<\/span><\/p>\n

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ARAG\u00d3N.<\/strong> Ley 2\/2018, de 28 de febrero, de Presupuestos de la Comunidad Aut\u00f3noma de Arag\u00f3n para el ejercicio 2018.<\/p>\n

Aprobaci\u00f3n de los presupuestos para el ejercicio 2018.<\/p>\n

Desde un punto de vista fiscal, destacar que en la disposici\u00f3n adicional decimoquinta se regula la tarifa del impuesto sobre la contaminaci\u00f3n de las aguas.<\/p>\n

Entr\u00f3 en vigor el 9 de marzo de 2018. GGB<\/p>\n

PDF (BOE-A-2018-5003 \u2013 49\u00a0p\u00e1gs.\u00a0\u2013 831\u00a0KB)<\/a>\u00a0 \u00a0\u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

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CANTABRIA.<\/strong> Ley 1\/2018, de 21 de marzo, de Transparencia de la Actividad P\u00fablica.<\/p>\n

La ley consta de 52 art\u00edculos, estructurados en cuatro t\u00edtulos, once disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias y tres disposiciones finales.<\/p>\n

El t\u00edtulo I se dedica a las disposiciones generales<\/strong> precisando el objeto de la norma, que es promover los principios de transparencia en las relaciones del Gobierno y de la Administraci\u00f3n p\u00fablica con la ciudadan\u00eda.<\/p>\n

El cap\u00edtulo I reconoce un amplio y extenso \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n, que incluye a la Administraci\u00f3n General de la Comunidad Aut\u00f3noma de Cantabria, las entidades locales y cualesquiera organismos p\u00fablicos y entidades de derecho p\u00fablico o privado vinculadas o dependientes de las mismas.<\/p>\n

Tambi\u00e9n se establecen obligaciones de transparencia para los partidos pol\u00edticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales, as\u00ed como las asociaciones y fundaciones vinculadas a los mismos, cuando cualquiera de ellos perciba ayudas o subvenciones de las Administraciones p\u00fablicas de Cantabria, as\u00ed como para las entidades privadas y de iniciativa social que se financien con fondos p\u00fablicos a partir de ciertos umbrales.<\/p>\n

El cap\u00edtulo II regula el ejercicio del derecho de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n

Por su parte, el cap\u00edtulo III introduce la reutilizaci\u00f3n de la informaci\u00f3n p\u00fablica, sus objetivos y condiciones.<\/p>\n

Por \u00faltimo, el cap\u00edtulo IV trata la publicaci\u00f3n estad\u00edstica.<\/p>\n

El t\u00edtulo II regula y garantiza la publicidad activa<\/strong> y consta de dos cap\u00edtulos.<\/p>\n

El primero desarrolla las caracter\u00edsticas generales mientras que el segundo concreta las \u00e1reas y materias sujetas a transparencia.<\/p>\n

El t\u00edtulo III regula la organizaci\u00f3n, el fomento y control de la transparencia<\/strong>. Se prev\u00e9 la creaci\u00f3n del Consejo de Transparencia de Cantabria<\/strong> como entidad que, actuando con independencia org\u00e1nica y funcional, tendr\u00e1 encomendada la promoci\u00f3n de la transparencia de la actividad p\u00fablica en la Comunidad Aut\u00f3noma y la resoluci\u00f3n de las reclamaciones sobre el derecho de acceso.<\/p>\n

Se establece el Portal de Transparencia de Cantabria<\/strong>, en el que se incluir\u00e1 toda la informaci\u00f3n exigida en el r\u00e9gimen de publicidad activa, as\u00ed como aquella otra que se considere de inter\u00e9s, incluyendo el Portal de Participaci\u00f3n Ciudadana.<\/p>\n

El t\u00edtulo IV regula el r\u00e9gimen sancionador<\/strong>.<\/p>\n

Finalmente, la ley contiene las disposiciones necesarias para establecer los distintos reg\u00edmenes transitorios y de habilitaci\u00f3n para su desarrollo reglamentario e incluso anuncia la necesidad de adaptar la normativa auton\u00f3mica al \u00e1mbito del buen gobierno.<\/p>\n

La ley entrar\u00e1 en vigor a los seis meses de su publicaci\u00f3n en el \u00abBolet\u00edn Oficial de Cantabria\u00bb (21 de marzo de 2018). GGB<\/p>\n

PDF (BOE-A-2018-5393 \u2013 35\u00a0p\u00e1gs.\u00a0\u2013 540\u00a0KB)<\/a>\u00a0 \u00a0\u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

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COMUNITAT VALENCIANA.<\/strong> Ley 5\/2018, de 6 de marzo, de la Huerta de Val\u00e8ncia.<\/p>\n

La ley se desarrolla en cuarenta y siete art\u00edculos encuadrados en ocho cap\u00edtulos, tres disposiciones adicionales, tres transitorias y dos finales.<\/p>\n

Las disposiciones generales del primer cap\u00edtulo enfatizan no solamente los objetivos de la ley, sino su relevancia social y la actuaci\u00f3n de los poderes p\u00fablicos para refrendar esta consideraci\u00f3n.<\/p>\n

El segundo cap\u00edtulo se centra en la definici\u00f3n de los elementos que forman parte de la Huerta de Val\u00e8ncia, donde se incluyen a las personas que se dedican a la agricultura.<\/p>\n

El cap\u00edtulo tercero de la ley contempla la formulaci\u00f3n y aprobaci\u00f3n por el Consell de un plan de acci\u00f3n territorial de los definidos en el art\u00edculo 16 de la Ley 5\/2014.<\/p>\n

Se trata de un instrumento de ordenaci\u00f3n supramunicipal<\/strong> al que se deben adaptar los planes urban\u00edsticos de los municipios que integran el \u00e1mbito de la huerta. Este plan propondr\u00e1 un r\u00e9gimen jur\u00eddico para los suelos de la huerta, como suelos protegidos, y de compatibilidad de los distintos usos y actividades que puedan implantarse.<\/p>\n

El cap\u00edtulo cuarto de la ley establece un sistema de arrendamiento forzoso<\/strong> las parcelas en situaci\u00f3n de abandono o infrautilizaci\u00f3n, y que pudieran ser cultivadas, en favor de un tercero que se dedique activamente a la agricultura o la cesi\u00f3n al Consejo de la Huerta de Val\u00e8ncia<\/strong>, una vez determinado el incumplimiento de esta funci\u00f3n social, con la expropiaci\u00f3n del derecho de uso y aprovechamiento<\/strong> de las tierras de cultivo, aunque se fomenta de manera prioritaria la mediaci\u00f3n y el acuerdo amistoso entre el propietario y el profesional cultivador.<\/p>\n

El cap\u00edtulo cinco se refiere a la zonificaci\u00f3n y clasificaci\u00f3n del suelo de la huerta<\/strong>, aport\u00e1ndose como gran novedad la consideraci\u00f3n de dos nuevos instrumentos urban\u00edsticos de recuperaci\u00f3n de la huerta:<\/p>\n