{"id":49107,"date":"2018-06-06T20:57:53","date_gmt":"2018-06-06T18:57:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/?p=49107"},"modified":"2018-06-07T00:25:51","modified_gmt":"2018-06-06T22:25:51","slug":"la-nueva-ley-de-contratos-del-sector-publico-objetivos-ambito-subjetivo-y-objetivo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/secciones\/doctrina\/articulos-doctrina\/la-nueva-ley-de-contratos-del-sector-publico-objetivos-ambito-subjetivo-y-objetivo\/","title":{"rendered":"La nueva ley de contratos del sector p\u00fablico: Objetivos, \u00e1mbito subjetivo y objetivo."},"content":{"rendered":"

\u00a0LA NUEVA LEY 9\/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR P\u00daBLICO. OBJETIVOS DE LA LEY, \u00c1MBITO SUBJETIVO Y OBJETIVO (I).<\/strong><\/h1>\n

\u00a0<\/strong>Susana Bootello Fern\u00e1ndez. Abogada del Estado-Jefe en Ja\u00e9n<\/strong><\/h2>\n

Gabriel L\u00f3pez Samanes. Abogado del Estado en la Subdirecci\u00f3n General de los Servicios Contenciosos. Departamento de Penal<\/strong>\u00a0<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
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Susana Bootello Fern\u00e1ndez, abogado del Estado-jefe de Ja\u00e9n<\/p><\/div>\n<\/td>\n

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Gabriel L\u00f3pez Samanes. abogado del Estado en la Subdirecci\u00f3n General de los Servicios Contenciosos.<\/p><\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

1.- OBJETIVO Y FINALIDAD DE LA NUEVA LEY; SU EXPOSICI\u00d3N DE MOTIVOS. ESTRUCTURA DE LA LEY.<\/strong><\/h2>\n

El Bolet\u00edn Oficial del Estado n\u00fam. 272, de 9 de noviembre de 2017, public\u00f3 la\u00a0 nueva Ley 9\/2017, de 8 de noviembre<\/a>, de Contratos del Sector P\u00fablico, por la que se transponen al ordenamiento jur\u00eddico espa\u00f1ol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014\/23\/UE y 2014\/24\/UE, de 26 de febrero de 2014. Tras el transcurso de los cuatro meses que la disposici\u00f3n final decimosexta de la Ley fijaba como \u201cvacatio legis\u201d, el 9 de marzo de 2018, entr\u00f3 finalmente en vigor la nueva ley que ha de regir la contrataci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n

La entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector P\u00fablico, supone un cambio sustancial en el modelo de contrataci\u00f3n p\u00fablica<\/strong>, de marcado car\u00e1cter nacional, que encuentra, no obstante, el fundamento de muchas de sus instituciones m\u00e1s all\u00e1 de nuestras fronteras, dentro de la actividad normativa de instituciones de car\u00e1cter internacional, como es el caso de la OCDE, \u2013en el \u00e1mbito de la ONU\u2013, o, especialmente, de la Uni\u00f3n Europea.<\/p>\n

De su extensa r\u00fabrica se deduce que el motivo determinante<\/strong> de la ley es la incorporaci\u00f3n al ordenamiento jur\u00eddico espa\u00f1ol de la normativa de la Uni\u00f3n Europea sobre contrataci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n

Ha de partirse necesariamente de la premisa de que la Ley 9\/2017, de 8 de noviembre,\u00a0 llega de forma tard\u00eda<\/strong> al \u00e1mbito normativo espa\u00f1ol, ya que ha incorporado las Directivas 23[1]<\/a> y 24\/2014[2]<\/a> sobre contrataci\u00f3n p\u00fablica despu\u00e9s de que expirara el plazo de la transposici\u00f3n de las nuevas normas de contrataci\u00f3n p\u00fablica para los Estados Miembros, establecido para el 18 de abril de 2016.<\/p>\n

El incumplimiento del Estado espa\u00f1ol tuvo, como primera consecuencia, la aplicaci\u00f3n de la doctrina del efecto directo del Derecho comunitario<\/strong>, el cual permite a los particulares invocar directamente una norma europea ante una jurisdicci\u00f3n nacional o europea cuando un Estado Miembro no haya transpuesto la directiva antes del plazo correspondiente, siendo necesario, para el caso de las directivas, que sus disposiciones sean incondicionales y suficientemente claras y (STJCE del 4 de diciembre de 1974, Van Duyn). Estos tres a\u00f1os trascurrieron desde que en enero de 2014 se constituyera un grupo de expertos para la trasposici\u00f3n de aquellas Directivas (GELEC) hasta la aprobaci\u00f3n el 25 de noviembre de 2016 por el Gobierno del Proyecto de Ley, a lo que debe a\u00f1adirse su compleja tramitaci\u00f3n parlamentaria \u2013 en la que se han planteado 1081 enmiendas, de las que se han aceptado 975- hasta su publicaci\u00f3n el 9 de noviembre de 2017.<\/p>\n

Como expuso el Consejo de Estado<\/strong> en su Dictamen 1165\/2015 sobre el anteproyecto, las Directivas incorporadas tienen como principios informadores unos criterios que, en gran medida, se separan de los criterios tradicionales definidores de nuestra legislaci\u00f3n de contratos p\u00fablicos, en torno a las ideas de construcci\u00f3n formal de categor\u00edas y tipolog\u00edas de contratos, de prerrogativas administrativas -que atribuyen a la Administraci\u00f3n una situaci\u00f3n de preeminencia en la relaci\u00f3n contractual- y de inter\u00e9s p\u00fablico y eficacia administrativa. Esta concepci\u00f3n tiene su reflejo en la diferenciaci\u00f3n entre el contrato administrativo y el contrato privado.<\/p>\n

Sin embargo, las Directivas se fundamentan sobre unos principios opuestos a las mencionadas ideas. Como se\u00f1ala el Consejo de Estado, \u201cest\u00e1n animadas por unas categor\u00edas \u2013m\u00e1s propias del derecho anglosaj\u00f3n que del continental<\/strong> alejadas de toda formalidad que persiguen ante todo el funcionamiento transparente del mercado de la contrataci\u00f3n p\u00fablica. Se considera que, asegurando la transparencia del mercado, se garantiza el principio de igualdad. No se trata ya de garantizar la eficacia de la gesti\u00f3n administrativa \u2013que pasa a un segundo plano- sino la del mercado\u201d.<\/em><\/p>\n

La Exposici\u00f3n de Motivos<\/strong> de la Ley 9\/2017, de 8 de noviembre, manifiesta que estas Directivas constituyen la culminaci\u00f3n de un proceso iniciado en el seno de la Uni\u00f3n Europea en el a\u00f1o 2010, que despu\u00e9s de diversas propuestas y negociaciones, primero en la Comisi\u00f3n, luego en el Consejo de la Uni\u00f3n Europea y finalmente, entre el Parlamento y el Consejo, fue finalmente aprobado por aquel, el 15 de enero de 2014, siendo publicadas estas normas en el Diario Oficial de la Uni\u00f3n Europea el 28 de marzo de 2014.<\/p>\n

La nueva Ley trata de dise\u00f1ar un sistema de contrataci\u00f3n p\u00fablica, m\u00e1s eficiente, transparente e \u00edntegro<\/strong>, mediante el cual se consiga un mejor cumplimiento de los objetivos p\u00fablicos.<\/p>\n

Los objetivos<\/strong> que inspiran la regulaci\u00f3n contenida en la presente Ley son, en primer lugar, lograr una mayor transparencia en la contrataci\u00f3n p\u00fablica, y, en segundo lugar, el de conseguir una mejor relaci\u00f3n calidad-precio.<\/p>\n

Esta \u00faltimo objetivo conlleva un cambio de paradigma; la adjudicaci\u00f3n del contrato al licitador que ofrezca un precio m\u00e1s bajo, no supone siempre la mejor opci\u00f3n<\/strong>. Para lograrlo se establece la obligaci\u00f3n de los \u00f3rganos de contrataci\u00f3n de velar porque el dise\u00f1o de los criterios de adjudicaci\u00f3n permita obtener obras, suministros y servicios de gran calidad, concretamente mediante la inclusi\u00f3n de aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato, reforzando asimismo los mecanismos para evitar las ofertas anormalmente bajas. As\u00ed, la nueva Ley establece que, los \u00f3rganos de contrataci\u00f3n, deber\u00e1n rechazar las ofertas, si comprueban que son anormalmente bajas porque no cumplan las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral.<\/p>\n

A estos objetivos se a\u00f1ade el de reducir la burocracia y las cargas administrativas. La Exposici\u00f3n de Motivos enfatiza la necesidad de simplificaci\u00f3n de los tr\u00e1mites y con ello, de imponer una menor burocracia para los licitadores y mejor acceso para las PYMES. El proceso de licitaci\u00f3n debe resultar m\u00e1s simple<\/strong>, con la idea de reducir las cargas administrativas de todos los operadores econ\u00f3micos intervinientes en este \u00e1mbito, beneficiando as\u00ed tanto a los licitadores, como a los \u00f3rganos de contrataci\u00f3n.<\/p>\n

De otro lado, el sistema legal de contrataci\u00f3n p\u00fablica que establece la nueva normativa, persigue como finalidad principal aclarar las normas vigentes<\/strong>, en aras de una mayor seguridad jur\u00eddica y de conseguir que el modelo de la contrataci\u00f3n p\u00fablica que establece, sirva como instrumento para implementar las pol\u00edticas tanto europeas como nacionales en materia social, medioambiental, de innovaci\u00f3n y desarrollo, dando un papel m\u00e1s importante a las Pymes.<\/p>\n

Todas estas cuestiones se constituyen como verdaderos objetivos de la Ley, que finalmente invoca los principios constitucionales de seguridad jur\u00eddica, transparencia, proporcionalidad, igualdad y no discriminaci\u00f3n.<\/p>\n

Al igual que en la legislaci\u00f3n de contratos p\u00fablicos anterior, la nueva normativa establece como uno de los ejes fundamentales el concepto de poder adjudicador<\/strong>, que se impone como consecuencia de la incorporaci\u00f3n al derecho espa\u00f1ol de la anterior Directiva comunitaria de 2004[3]<\/a>.<\/p>\n

El otro eje fundamental en el que se apoya la regulaci\u00f3n de los contratos p\u00fablicos, como ya se hac\u00eda en la regulaci\u00f3n anterior, es el relativo a la distinci\u00f3n entre los contratos sujetos a regulaci\u00f3n armonizada y aquellos que no lo est\u00e1n.<\/strong><\/p>\n

Finalmente, dedica especial atenci\u00f3n a la lucha contra la corrupci\u00f3n y prevenci\u00f3n de los conflictos de intereses<\/strong>, introduciendo como principio inspirador el principio el de integridad y que ya queda consagrado en el propio \u00e1mbito objetivo de la ley. Bajo esta premisa, dentro del Libro I introduce una norma especial relativa a la lucha contra la corrupci\u00f3n y prevenci\u00f3n de los conflictos de intereses, mediante la cual se impone a los \u00f3rganos de contrataci\u00f3n la obligaci\u00f3n de tomar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude y la corrupci\u00f3n, as\u00ed como solucionar los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitaci\u00f3n.<\/p>\n

Transpone con ese objetivo las denominadas por las Directivas Comunitarias como \u00abmedidas de autocorrecci\u00f3n<\/strong>\u00bb, de manera que determinadas prohibiciones de contratar bien no se declarar\u00e1n o bien no se aplicar\u00e1n, seg\u00fan el caso, cuando el licitador en cuesti\u00f3n hubiera adoptado medidas de cumplimiento destinadas a reparar los da\u00f1os causados por su conducta il\u00edcita, en las condiciones que se regulan en esta Ley.<\/p>\n

En cuanto a la estructura<\/strong> de la Ley, se refleja que no se ha seguido lo que el Consejo de Estado determin\u00f3 en su Dictamen sobre el anteproyecto, que abogaba por una simplificaci\u00f3n en la regulaci\u00f3n de la contrataci\u00f3n p\u00fablica. Se trata de un texto extenso y prolijo que se ha estructurado en un T\u00edtulo Preliminar<\/strong> dedicado a recoger las disposiciones generales en esta materia y cuatro libros<\/strong> sucesivos:<\/p>\n