\u00a0<\/p>\n
1.\u00a0 EL EXPEDIENTE DE DOMINIO COMO SISTEMA INMATRICULADOR<\/h2>\n
La reforma legislativa introducida por las leyes 15\/2015 de Jurisdicci\u00f3n Voluntaria<\/strong> (LJV) y 13\/2015 de Reforma de la Ley Hipotecaria<\/strong> y de la Ley del Catastro Inmobiliario (LRHC) han tra\u00eddo como consecuencia una profunda modificaci\u00f3n de algunos de los procedimientos que tradicionalmente ven\u00eda regulando la legislaci\u00f3n hipotecaria.<\/p>\n Una de las l\u00edneas maestras de esta reforma legislativa es la desjudicializaci\u00f3n de muchos procedimientos de jurisdicci\u00f3n voluntaria<\/strong>, sin contenido jurisdiccional, y en los que predominan los elementos de naturaleza administrativa, que no pone en riesgo el cumplimiento de las garant\u00edas esenciales de tutela de los derechos e intereses afectados ni merma los derechos de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva, que siempre cabr\u00e1 por la v\u00eda del recurso.<\/p>\n Una de las materias que, de forma m\u00e1s se\u00f1alada, ha resultado afectada por la reforma es la relativa a la inmatriculaci\u00f3n de fincas<\/strong> en el Registro de la Propiedad que, hasta entonces, se articulaba b\u00e1sicamente sobre dos sistemas, el expediente inmatriculador de dominio, de competencia exclusivamente judicial, que regulaba el art\u00edculo 201 LH y la inmatriculaci\u00f3n mediante el sistema del doble t\u00edtulo p\u00fablico de adquisici\u00f3n, que regulaba el art\u00edculo 205 LH y de naturaleza notarial.<\/p>\n Sin duda, el exponencial aumento de la carga de trabajo de los Tribunales de Justicia, experimentado en los \u00faltimos a\u00f1os, con el subsiguiente aumento de los costes de tiempo y agilidad hab\u00edan inclinado la pr\u00e1ctica jur\u00eddica a favor el sistema de doble t\u00edtulo<\/strong>, concebido inicialmente con car\u00e1cter marginal y provisional, en detrimento del expediente judicial de dominio, a pesar de las mayores garant\u00edas de seguridad jur\u00eddica que ofrec\u00eda este \u00faltimo, pero con una mayor complejidad en su tramitaci\u00f3n.<\/p>\n Fiel al esp\u00edritu de la reforma, la Ley 13\/2015 modifica la regulaci\u00f3n legal de este procedimiento que pasa a ser de exclusiva competencia notarial<\/strong>. Sin embargo, aunque a simple vista pudiera entenderse que el cambio introducido por la Ley 13\/2015 consiste en una modificaci\u00f3n puramente subjetiva y competencial que sustituye al Juez por el Notario en la tramitaci\u00f3n del expediente, lo cierto es que se trata tambi\u00e9n de una modificaci\u00f3n cualitativa ya que la naturaleza de la actuaci\u00f3n judicial y la actuaci\u00f3n notarial se fundamentan en unas premisas legales completamente distintas. Y la cuesti\u00f3n del t\u00edtulo<\/strong> en el expediente de dominio es una de las materias donde m\u00e1s marcadamente se pone de manifiesto el car\u00e1cter cualitativo de esta modificaci\u00f3n legal<\/strong>.<\/p>\n Para intentar, con alguna garant\u00eda de \u00e9xito, una aproximaci\u00f3n al estudio del t\u00edtulo en el nuevo expediente notarial de dominio hay que detenerse en el examen de algunas cuestiones previas.<\/strong><\/p>\n La primera de ellas es la relativa a su naturaleza de procedimiento de jurisdicci\u00f3n voluntaria<\/strong>. Una de las notas distintivas que defin\u00eda el anterior expediente judicial de dominio para la inmatriculaci\u00f3n de fincas era el de su naturaleza de acto de jurisdicci\u00f3n voluntaria dirigido a la creaci\u00f3n o extinci\u00f3n de nuevas relaciones jur\u00eddicas, aunque sin la previa declaraci\u00f3n de derechos y sin producci\u00f3n de cosa juzgada material<\/strong>. Cab\u00eda la oposici\u00f3n hecha valer en el mismo expediente, que en ning\u00fan caso produc\u00eda la suspensi\u00f3n o el sobreseimiento de \u00e9ste. La oposici\u00f3n admitida s\u00f3lo autorizaba al opositor a promover y practicar las pruebas que estimase pertinentes, las cuales ser\u00edan valoradas por el Juez para dictar el auto, con la justificaci\u00f3n, o no, del dominio.<\/p>\n La facultad que ten\u00eda el Juez de resolver, dentro de la tramitaci\u00f3n del expediente, sobre la oposici\u00f3n formulada al mismo y sin que esta oposici\u00f3n<\/strong> por s\u00ed sola bastase para enervar el procedimiento, constituye una de las diferencias fundamentales de la nueva regulaci\u00f3n del expediente de dominio por la atribuci\u00f3n de la competencia al Notario, ya que \u00e9ste podr\u00e1 estimar o no el car\u00e1cter fundado de la oposici\u00f3n, pero en ning\u00fan caso entrar en la cuesti\u00f3n de su prueba<\/strong>. En este sentido la regla sexta del art\u00edculo 203, 1 LH<\/a> establece que, si se formulase oposici\u00f3n por cualquiera de los interesados, con expresi\u00f3n de la causa en que se funde, el Notario dar\u00e1 por concluso el expediente y archivar\u00e1 las actuaciones.<\/em><\/p>\n La segunda cuesti\u00f3n a examinar se refiere a la caracterizaci\u00f3n del expediente de dominio como sistema de titulaci\u00f3n supletoria<\/strong>. La finalidad del expediente de dominio es la de justificar, mediante un determinado t\u00edtulo, la adquisici\u00f3n de un derecho susceptible de inscripci\u00f3n en el Registro de la Propiedad. Pero no es lo mismo justificar un t\u00edtulo que suplir un t\u00edtulo. Por ello el documento (el t\u00edtulo formal de adquisici\u00f3n a que se refiere el art\u00edculo 3 LH) que justifique la adquisici\u00f3n ha de reunir todos los requisitos necesarios para su inscripci\u00f3n excepto el de la inscripci\u00f3n previa del derecho del transmitente porque la finca no est\u00e1 inmatriculada (art\u00edculo 20 LH). No hay que olvidar que el principio de tracto sucesivo es de naturaleza formal, esto es, afecta a la inscribibilidad del t\u00edtulo, pero no a su validez y eficacia.<\/p>\n La finalidad del expediente notarial de dominio<\/strong> no es la de suplir el t\u00edtulo de adquisici\u00f3n sino la de justificar la adquisici\u00f3n producida por el mismo (t\u00edtulo material de adquisici\u00f3n a que se refiere el art\u00edculo 2 LH) mediante la adopci\u00f3n de las medidas de garant\u00eda legalmente previstas para evitar situaciones de indefensi\u00f3n.<\/p>\n La anterior regulaci\u00f3n, en sede judicial, del expediente de dominio permit\u00eda la posibilidad de iniciar la tramitaci\u00f3n del expediente de dominio sin acreditar documentalmente el t\u00edtulo formal de adquisici\u00f3n. De ah\u00ed que la jurisprudencia haya entendido que el expediente judicial<\/strong> de dominio pudiera<\/strong>, en determinados supuestos, no tener la naturaleza de titulaci\u00f3n supletoria<\/strong>. En este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de octubre de 2004 declara que hay unos expedientes de dominio que suplen el t\u00edtulo de la transmisi\u00f3n previa, y, otros, que no suplen dicho t\u00edtulo. En unos casos ese t\u00edtulo transmisivo existe, no est\u00e1 en discusi\u00f3n y su realidad material se encuentra probada. En otros casos no existe este t\u00edtulo.<\/em><\/p>\n Pero, tras la reforma operada por la Ley 13\/2015, y como se ver\u00e1 m\u00e1s adelante, para iniciar y tramitar el expediente notarial de dominio<\/strong>, ser\u00e1 preciso aportar un t\u00edtulo formal de adquisici\u00f3n<\/strong> y no cabr\u00e1 sustituir el t\u00edtulo por otras pruebas que acrediten la adquisici\u00f3n.<\/p>\n La tercera cuesti\u00f3n pasa por diferenciar el expediente de dominio del sistema de inmatriculaci\u00f3n basado en el doble t\u00edtulo p\u00fablico de adquisici\u00f3n<\/strong>, procedimientos que, en muchas ocasiones, y sobre todo en lo relativo a sus consecuencias fiscales, no se delimitan con la necesaria precisi\u00f3n.<\/p>\n A diferencia del expediente notarial de dominio que requiere un \u00fanico t\u00edtulo de adquisici\u00f3n, la inmatriculaci\u00f3n de fincas mediante el sistema de doble t\u00edtulo p\u00fablico de adquisici\u00f3n, introducido por la reforma hipotecaria de 1944-46<\/strong>, basa su virtualidad inmatriculatoria en la existencia de un doble t\u00edtulo publico adquisitivo (denominados respectivamente t\u00edtulo previo adquisitivo y t\u00edtulo inmatriculador) para la inmatriculaci\u00f3n de una finca en el Registro de la Propiedad.<\/p>\n Cuesti\u00f3n muy diferente que, en muchas ocasiones, sin embargo, no se ha distinguido con la suficiente nitidez es la circunstancia de que, aunque el t\u00edtulo con el que se inicia el expediente notarial de dominio ha de contener necesariamente el t\u00edtulo de adquisici\u00f3n del transmitente (art\u00edculo 174 RN<\/a>) la menci\u00f3n de este t\u00edtulo no puede entenderse como el t\u00edtulo adquisitivo previo al que se refiere el art\u00edculo 205 LH. A diferencia de lo que ocurre en el supuesto de la inmatriculaci\u00f3n por doble t\u00edtulo adquisitivo el expediente notarial de dominio no requiere la acreditaci\u00f3n del t\u00edtulo previo del adquirente que inmatricula, ya que el fundamento y estructura del expediente notarial de dominio obedece una raz\u00f3n y finalidad distinta: la verificaci\u00f3n de la realidad del t\u00edtulo inmatriculador objeto del expediente.<\/p>\n Por esta causa, para su tramitaci\u00f3n, s\u00f3lo es necesario un \u00fanico t\u00edtulo transmisivo<\/strong>, que habr\u00e1 de ser aportado, debidamente liquidado, por el promotor para la iniciaci\u00f3n del expediente notarial de dominio. Y la menci\u00f3n en el t\u00edtulo del t\u00edtulo adquisitivo previo no supone un supuesto de titulaci\u00f3n supletoria sin que pueda, como se\u00f1ala la jurisprudencia m\u00e1s reciente, aplicarse el art\u00edculo 7,2) d) LITP<\/a>, ni entenderse o liquidarse como un reconocimiento de dominio.<\/p>\n En este sentido, la menci\u00f3n del t\u00edtulo previo de adquisici\u00f3n<\/strong> en el t\u00edtulo que inicia el expediente es un requisito formal<\/strong> para la inscripci\u00f3n en el Registro de la Propiedad de cualquier t\u00edtulo que se quiera inscribir (art\u00edculo 51 RH<\/a>), y por tanto, tambi\u00e9n del t\u00edtulo que se inmatricula mediante el expediente de dominio ya que como ha se\u00f1alado la sentencia de 31 de marzo de 2014 del Tribunal\u00a0Superior de Justicia de Andaluc\u00eda \u00abaunque se entienda que no es necesario acreditar fehacientemente la previa adquisici\u00f3n del derecho, esto no exime de la necesidad de indicar en el t\u00edtulo inmatriculador para su posterior constancia en la inscripci\u00f3n los datos esenciales de la previa adquisici\u00f3n\u00bb<\/em>.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n La reforma operada por la Ley 13\/2015 ubica el n\u00facleo de la intervenci\u00f3n notarial en materia de inmatriculaci\u00f3n mediante expediente de dominio en el nuevo art\u00edculo 203 LH<\/a><\/strong>, que, a su vez, constituye el ius commune<\/em> de otros procedimientos que se apoyan en \u00e9l, fundamentalmente, el expediente para la rectificaci\u00f3n de la descripci\u00f3n, superficie o linderos de fincas inscritas (art\u00edculo 201 LH<\/a>) y el expediente para la reanudaci\u00f3n del tracto sucesivo interrumpido (art\u00edculo 206 LH<\/a>).<\/p>\n Nos hallamos ante un procedimiento de jurisdicci\u00f3n voluntaria que se separa, en la medida en que se tramita notarialmente, del modelo tradicional basado en el acta de notoriedad<\/strong> que regula el art\u00edculo 209 RN<\/a>. Respecto del tipo espec\u00edfico de documento notarial, al tratarse de un procedimiento en el que pueden producirse incidencias que requieran el consentimiento de los otorgantes o de terceros, parece que habr\u00e1 que superar, en cierta medida, la r\u00edgida divisi\u00f3n del documento notarial en escrituras, p\u00f3lizas y actas que contiene el art\u00edculo 17 LN y atender a cada tr\u00e1mite del procedimiento, aunque la regla Tercera del art\u00edculo 203,1 LH hable de que el Notario levantar\u00e1 acta<\/em>.<\/p>\n Pero esto no significa, en ning\u00fan caso, que el acta de notoriedad no pueda ser utilizada en el expediente notarial de dominio puesto que, como veremos, puede revestir gran utilidad a la hora de la acreditaci\u00f3n documental del t\u00edtulo de adquisici\u00f3n sobre el que se fundamenta el expediente de dominio que regula el nuevo art\u00edculo 203 LH.<\/p>\n Del mismo modo, no parece conveniente incardinar<\/strong> el expediente notarial de dominio dentro de las llamadas actas de notificaci\u00f3n<\/strong> que regula el art\u00edculo 202 RN, ya que el promotor del expediente no hace un requerimiento al Notario para que notifique algo sino para que requiere al Notario para que inicie el expediente de dominio cuyo sistema de notificaciones viene regulado por el propio art\u00edculo 203 LH, y que se regir\u00e1 por la 39\/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas.<\/p>\n El art\u00edculo 203 LH inicia el expediente<\/strong> notarial de dominio mediante la aportaci\u00f3n de una serie de documentos con el fin de acreditar la legitimaci\u00f3n del promotor del expediente, identificar geogr\u00e1ficamente la finca y determinar la identidad de las personas e identificar los derechos que pudieran resultar afectados por la pretensi\u00f3n de inmatriculaci\u00f3n.<\/p>\n La necesidad de aportar<\/strong>, documentalmente, el t\u00edtulo de propiedad<\/strong> de la finca que se pretende inmatricular, exigencia que no estaba contemplada en su anterior tramitaci\u00f3n judicial, constituye una de las m\u00e1s significativas diferencias de la nueva regulaci\u00f3n legal del expediente de dominio.<\/p>\n El examen de este requisito impuesto por el nuevo art\u00edculo 203 LH<\/a> y sus posibles consecuencias pr\u00e1cticas precisa el examen de una cuesti\u00f3n previa cual es la distinci\u00f3n entre la adquisici\u00f3n de un derecho y la prueba de dicha adquisici\u00f3n<\/strong>. En nuestro Derecho rige el principio general de la libertad de forma en los negocios jur\u00eddicos de tal forma que no s\u00f3lo est\u00e1 admitida la plena validez y eficacia de los documentos privados, sino que cabe la posibilidad de la celebraci\u00f3n verbal, por contraposici\u00f3n a la escrita o documental, de tales negocios. Por esta causa se distingue entre el t\u00edtulo material<\/strong>, es decir, el negocio jur\u00eddico en virtud del cual se transmite o adquiere un derecho y el t\u00edtulo formal<\/strong>, que constituye el soporte documental de dicha transmisi\u00f3n o adquisici\u00f3n, t\u00edtulo formal que, a su vez, puede ser p\u00fablico o privado.<\/p>\n Esta distinci\u00f3n, recogida en los art\u00edculos 2 y 3 LH<\/a> que recogen, respectivamente, el t\u00edtulo material y el t\u00edtulo formal, reservando exclusivamente a los documentos p\u00fablicos<\/strong> la condici\u00f3n de inscribibles. De esta forma, mediante los documentos p\u00fablicos como t\u00edtulos inscribibles, el Registro de la Propiedad implementa un filtro de calidad de la informaci\u00f3n que va a acceder a su base de datos, por la intensidad de los efectos jur\u00eddicos que producen estos t\u00edtulos formales \u2500los t\u00edtulos p\u00fablicos\u2500, no solo respecto de su contenido sino tambi\u00e9n frente a terceros.<\/p>\n De ah\u00ed que haya que plantearse si el t\u00edtulo documental a que se refiere el nuevo art\u00edculo 203 LH ha de cumplir el requisito formal del art\u00edculo 3 LH, esto es, la titulaci\u00f3n p\u00fablica, o si, por el contrario, cabe tambi\u00e9n la posibilidad de iniciar el expediente notarial de dominio con un documento privado<\/strong>. En principio parece que esta \u00faltima soluci\u00f3n sea admisible ya que el art\u00edculo 203 LH no hace ninguna distinci\u00f3n.<\/p>\n Parece que, en aras de la claridad, habr\u00e1 que distinguir en este punto dos supuestos b\u00e1sicos<\/strong> atendiendo si el documento que se aporta es un t\u00edtulo p\u00fablico o si, por el contrario, lo que se pretende es la inmatriculaci\u00f3n sobre la base de un documento privado, esto es, se carece de t\u00edtulo p\u00fablico.<\/p>\n El primer supuesto es el que, en principio, plantea menos complicaciones si se tiene presente la naturaleza propia del procedimiento inmatriculador instrumentado por el art\u00edculo 203 LH y se diferencia conceptualmente del sistema inmatriculador basado en el doble t\u00edtulo adquisitivo que regula el art\u00edculo 205 LH. La utilidad de acudir al expediente notarial de dominio se pondr\u00e1 de manifiesto cuando el titular de la finca solo disponga de un t\u00edtulo, en este caso un documento p\u00fablico de adquisici\u00f3n<\/strong>, ya que a trav\u00e9s del expediente notarial de dominio y sin necesidad de acreditar ninguna otra transmisi\u00f3n podr\u00e1 inmatricular su finca en el Registro de la Propiedad.<\/p>\n La utilizaci\u00f3n de esta v\u00eda legal, que no era posible antes de la reforma operada por la Ley 13\/2015 LRHC, evitar\u00e1, o al menos podr\u00e1 reducir, lo que en gran medida constituy\u00f3 una preocupaci\u00f3n recurrente de la DGRN, patente en muchas de sus Resoluciones. Me refiero a la denominada creaci\u00f3n artificial<\/em> de documentaci\u00f3n p\u00fablica<\/strong> para inmatricular una finca al amparo del art\u00edculo 205 LH, \u00fanica posibilidad notarial de inmatriculaci\u00f3n existente antes de la reforma de 2015. Dejando aparte la espinosa cuesti\u00f3n de si el juicio sobre la existencia de causa en un contrato puede ser objeto de calificaci\u00f3n registral o si, por el contrario, es una materia de reserva judicial, lo cierto es que el expediente notarial de dominio que regula el nuevo art\u00edculo 203 LH abre una nueva v\u00eda para evitar estas situaciones.<\/p>\n En todo caso, el t\u00edtulo p\u00fablico ha de ser transmisivo<\/strong> de la propiedad y reunir todos los requisitos necesarios para su inscribibilidad en el Registro de la Propiedad, salvo que la finca no se halla inmatriculada a favor del transmitente. En este sentido ser\u00e1n t\u00edtulos aptos para iniciar el expediente notarial de dominio la escritura de aportaci\u00f3n de un inmueble a la sociedad de gananciales, en la que se exprese la causa de la aportaci\u00f3n, o la disoluci\u00f3n de comunidad.<\/p>\n Aunque en el t\u00edtulo ha de constar el t\u00edtulo adquisitivo previo del transmitente, seg\u00fan establece el art\u00edculo 174 RN, no es preciso justificar esta previa adquisici\u00f3n<\/strong>, ya que, como se ha visto, este sistema de inmatriculaci\u00f3n de fincas no se fundamenta en la doble titulaci\u00f3n al que se refiere el art\u00edculo 205 LH. No ser\u00e1 necesario, por la misma raz\u00f3n, el plazo m\u00ednimo de un a\u00f1o entre ambas transmisiones, ya que no se trata del supuesto contemplado en el art\u00edculo 205 LH.<\/p>\n Es decir, en este caso, y utilizando la terminolog\u00eda del Tribunal Supremo, se trata de titulaci\u00f3n no supletoria del t\u00edtulo de adquisici\u00f3n<\/strong>. Esta circunstancia tendr\u00e1 tambi\u00e9n indudables consecuencias fiscales ya que solo habr\u00e1 de liquidarse el impuesto que grave el t\u00edtulo p\u00fablico de adquisici\u00f3n que se aporta, ya que el expediente notarial de dominio, al no constituir en este caso titulaci\u00f3n supletoria, no queda sujeto al art\u00edculo 7,2) c) LITP<\/a>, criterio ha sido reiteradamente confirmado por nuestra jurisprudencia.<\/p>\n Toca examinar ahora el otro supuesto, esto es, cuando se carece de t\u00edtulo p\u00fablico de adquisici\u00f3n<\/strong>. Del examen del art\u00edculo 203 LH se pueden extraer dos conclusiones previas. La primera es que el t\u00edtulo documental es en todo caso necesario<\/strong> puesto que los preceptos legales que hiciesen posible una interpretaci\u00f3n a contrario<\/em> han sido derogados, de forma expresa o t\u00e1cita por la Ley 13\/2015. La segunda es que el procedimiento<\/strong> previsto para ambos casos, t\u00edtulo p\u00fablico o documento privado es exactamente el mismo<\/strong> sin que se establezca ning\u00fan requisito adicional de garant\u00eda para el supuesto de que el t\u00edtulo de adquisici\u00f3n que se aporte sea un documento privado. Se produce as\u00ed una situaci\u00f3n de asimetr\u00eda entre ambos supuestos, la inscripci\u00f3n directa de un documento privado, que no parece atender los fines \u2500dotar de mayor seguridad a las transacciones inmobiliarias\u2500 que busca la reforma de 2015.<\/p>\n Hay que tener en cuenta, adem\u00e1s, que el expediente notarial de dominio no es<\/strong>, en s\u00ed mismo considerado, un t\u00edtulo p\u00fablico de adquisici\u00f3n sino un procedimiento<\/strong> que tiene por objeto la inmatriculaci\u00f3n de fincas en el Registro de la Propiedad sobre la base de un t\u00edtulo documental de adquisici\u00f3n que ha de aportar el promotor del expediente. En consecuencia, parece arriesgado interpretar, al contrario de lo que suced\u00eda antes de la reforma de 2015, que el expediente notarial de dominio pueda ser considerado como titulaci\u00f3n supletoria, sobre todo en el caso de que se inicie mediante la aportaci\u00f3n de un documento privado.<\/p>\n A todo lo anterior se puede asimismo a\u00f1adir el cambio formal de la intervenci\u00f3n notarial en esta materia que se lleva a cabo mediante un documento notarial que no es un acta de notoriedad como ocurr\u00eda antes de la reforma de 2015 puesto que, en el caso de que el expediente notarial de dominio se iniciase aportando un t\u00edtulo p\u00fablico de adquisici\u00f3n, no parece necesario que el Notario<\/strong>, habida cuenta de los efectos jur\u00eddicos de los instrumentos p\u00fablicos, deba declarar notoriedad alguna<\/strong>.<\/p>\n \u00a0Una posible salida para esta cuesti\u00f3n pasar\u00eda por distinguir<\/strong>, como ha hecho la DGRN, entre el t\u00edtulo p\u00fablico de adquisici\u00f3n y la acreditaci\u00f3n<\/strong>, mediante instrumento p\u00fablico, del t\u00edtulo de adquisici\u00f3n. Aunque el supuesto de hecho se refer\u00eda al procedimiento inmatriculador mediante el doble t\u00edtulo adquisitivo del art\u00edculo 205 LH, los argumentos utilizados por la DGRN parecen aplicables al presente supuesto.<\/p>\n Considera la DGRN si cuando los otorgantes del t\u00edtulo p\u00fablico traslativo acreditan haber adquirido tambi\u00e9n la propiedad de la finca tambi\u00e9n mediante t\u00edtulo p\u00fablico, ese complemento circunstancial \u00abmediante t\u00edtulo p\u00fablico\u00bb se refiere al verbo acreditar o al verbo adquirir. Es decir, surge la cuesti\u00f3n de si cabe la posibilidad de que, mediante t\u00edtulo<\/strong> p\u00fablico no adquisitivo, sino meramente declarativo<\/strong>, se acredite el hecho y el momento de haberse producido una adquisici\u00f3n anterior.<\/p>\n La DGRN entiende que tal posibilidad resulta efectivamente admitida<\/strong> por la nueva redacci\u00f3n legal, de modo que, por ejemplo, tal adquisici\u00f3n anterior se puede acreditar mediante una sentencia declarativa del dominio en la que la autoridad judicial considere y declare probado el hecho y momento en que se produjo una adquisici\u00f3n anterior. De modo an\u00e1logo, se plantea la DGRN si ser\u00eda admisible \u2500si bien tal hipot\u00e9tica admisi\u00f3n no podr\u00e1 ya ampararse en la concreta redacci\u00f3n del derogado art\u00edculo 298 RH\u2500 acreditar esa previa adquisici\u00f3n mediante acta de notoriedad<\/strong>, que es un t\u00edtulo p\u00fablico, tramitada de conformidad con el art\u00edculo 209 RN. Y as\u00ed cerramos el c\u00edrculo y nos vamos de vuelta al primer supuesto, esto es, a la iniciaci\u00f3n del expediente notarial de dominio mediante la aportaci\u00f3n de un t\u00edtulo p\u00fablico que acredita la adquisici\u00f3n.<\/p>\n Adem\u00e1s, el acta de notoriedad no podr\u00e1 tener por objeto la simple declaraci\u00f3n de la notoriedad del hecho de que una determinada persona es tenida por due\u00f1a de una determinada finca, y ser\u00e1 necesario que, tras el requerimiento expreso en tal sentido y la pr\u00e1ctica de las pruebas y diligencias pertinentes, el Notario emita formalmente, si procede, su juicio sobre la acreditaci\u00f3n del hecho de la previa adquisici\u00f3n y de su fecha<\/strong>, siempre y cuando, como se\u00f1ala el mismo precepto reglamentario, tales extremos le resultasen evidentes por aplicaci\u00f3n directa de los preceptos legales atinentes al caso.<\/p>\n En este caso el promotor de expediente podr\u00e1 aportar, para la acreditaci\u00f3n de estos extremos la documentaci\u00f3n complementaria<\/strong> de que pueda disponer como recibos de pago de parte del precio, justificantes de pago de impuestos municipales relativos a la finca, facturas por realizaci\u00f3n de obras en la finca, notificaciones recibidas de Administraciones P\u00fablicas en concepto de propietario.<\/p>\n Esta ser\u00eda, pues, una posibilidad de iniciar el expediente notarial de dominio mediante la tramitaci\u00f3n previa de un acta de notoriedad ex<\/em> art\u00edculo 209 RN<\/a>, que constituir\u00eda el t\u00edtulo de adquisici\u00f3n a que se refiere el art\u00edculo 203 LH.<\/p>\n Todo ello haciendo dos observaciones<\/strong>. En primer lugar, que en este caso el acta de notoriedad es un t\u00edtulo supletorio<\/strong> y como tal quedar\u00eda sujeto a las consecuencias fiscales derivadas de la liquidaci\u00f3n del impuesto aplicable o de su prescripci\u00f3n en el caso de que, por la fecha de la adquisici\u00f3n, resultare aplicable esta circunstancia. En segundo lugar, hay que tener en cuenta el segundo apartado del art\u00edculo 198 LH que establece que los procedimientos<\/strong> contenidos en el T\u00edtulo VI de la Ley Hipotecaria podr\u00e1n acumularse<\/strong> cuando su finalidad sea compatible y recaiga en el mismo funcionario la competencia para su tramitaci\u00f3n, debiendo integrarse coet\u00e1neamente, si es posible, o sucesivamente en otro caso, la totalidad de los tr\u00e1mites exigidos para cada uno de ellos.<\/p>\n De esta forma, el acta de notoriedad<\/strong> regulada por el art\u00edculo 209 RN podr\u00eda integrarse en el expediente notarial de dominio<\/strong> que regula el art\u00edculo 203 LH, con la subsiguiente econom\u00eda procesal y evitando la duplicidad de notificaciones.<\/p>\n <\/p>\n \u00a0Antonio Jim\u00e9nez Clar<\/p>\n \u00a0Notario de J\u00e1vea<\/p>\n <\/p>\n ART\u00cdCULO EN PDF<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n CONCEPTOS B\u00c1SICOS LEY 13\/2015<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n FICHERO JUAN CARLOS CASAS: RESOLUCIONES SOBRE LA MATERIA<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n DESPLAZAMIENTOS DE LA CARTOGRAF\u00cdA<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n RESUMEN LEY 13\/2015<\/a>\u00a0y, en especial, del ART\u00cdCULO 203.1 LH<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n ENLACES DE INTER\u00c9S PARA ESTUDIAR LA REFORMA<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n SECCI\u00d3N TERRITORIO<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n \u00a0<\/span><\/p>\n NORMAS: \u00a0 Cuadro general.<\/a> \u00a0 \u00a0 Por meses. <\/a>\u00a0 \u00a0 + Destacadas<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n NORMAS: \u00a0 Res\u00famenes 2002 \u2013 2018.<\/a>\u00a0 \u00a0Futuras.<\/a>\u00a0 \u00a0Consumo<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n NORMAS: \u00a0\u00a0Tratados internacionales<\/a>,\u00a0\u00a0Derecho Foral<\/a>, \u00a0<\/span>Uni\u00f3n Europea<\/a><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n RESOLUCIONES: \u00a0 \u00a0Por meses.<\/a> \u00a0 Por titulares.<\/a>\u00a0 \u00cdndice Juan Carlos Casas<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n WEB: \u00a0\u00a0Qu\u00e9 ofrecemos<\/a>\u00a0 NyR, p\u00e1gina de inicio<\/a><\/span>\u00a0 \u00a0<\/span>Ideario<\/a><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n CASOS PR\u00c1CTICOS: \u00a0 Madrid y Bilbao.<\/a>\u00a0 \u00a0 Internacional<\/a>.<\/span><\/strong><\/p>\n2.\u00a0 LA NUEVA REGULACI\u00d3N DEL T\u00cdTULO EN EL EXPEDIENTE NOTARIAL DE DOMINIO POR LA LEY 13\/2015<\/h2>\n
Estudios sobre la representaci\u00f3n gr\u00e1fica de las fincas registrales (en Aranzadi)<\/em><\/a><\/h2>\n
![\"El](\"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Javea-Cala_Ambolo-Alicante.jpg\")
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