{"id":49990,"date":"2018-07-02T14:54:16","date_gmt":"2018-07-02T12:54:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/?p=49990"},"modified":"2018-12-02T18:25:15","modified_gmt":"2018-12-02T17:25:15","slug":"informe-286-boe-julio-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/normas\/informes-mensuales\/informe-286-boe-julio-2018\/","title":{"rendered":"Informe 286. BOE julio 2018"},"content":{"rendered":"

<\/a>INFORME N\u00ba 286. (BOE JULIO de 2018)<\/span><\/strong><\/h1>\n
\n
\u00a0<\/div>\n<\/div>\n

Primera Parte: Secciones I y II.<\/strong><\/span><\/p>\n

MINI INFORME DEL MES CON LOS 10 PLUS<\/strong><\/span><\/a><\/p>\n

IR A LISTA DE INFORMES MENSUALES<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n

IR A RESOLUCIONES DE JULIO<\/strong><\/span><\/a><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Equipo de redacci\u00f3n:<\/strong><\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Jos\u00e9 F\u00e9lix Merino Escart\u00edn, registrador de la propiedad de Madrid.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Carlos Ballugera G\u00f3mez registrador de la propiedad de\u00a0Bilbao.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Alfonso de la Fuente Sancho, notario de San Crist\u00f3bal de La Laguna <\/a>(Tenerife).<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Mar\u00eda N\u00fa\u00f1ez N\u00fa\u00f1ez, registradora mercantil de Lugo<\/a>.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Inmaculada Espi\u00f1eira Soto, notario de Santiago de Compostela<\/a>.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Jorge L\u00f3pez Navarro, notario, con residencia en\u00a0Alicante<\/a>.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Jos\u00e9 \u00c1ngel Garc\u00eda-Valdecasas Butr\u00f3n, registrador.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Juan Carlos Casas Rojo, registrador de la propiedad de Vitigudino<\/a> (Salamanca)<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Jos\u00e9 Antonio Riera \u00c1lvarez, notario de Arucas<\/a> (Gran Canaria)<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Albert Capell Mart\u00ednez, notario de <\/span>Fraga<\/a> (Huesca) y antes de Bolta\u00f1a<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Gerardo Garc\u00eda-Boente D\u00e1vila, letrado en ejercicio,\u00a0E3 Universidad Comillas<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Mar\u00eda Garc\u00eda-Valdecasas Alguacil, registradora de Barcelona<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Emma Rojo Iglesias, registradora de Pinto (Madrid)<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Javier M\u00e1ximo Ju\u00e1rez Gonz\u00e1lez, notario de Valencia<\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/a>
DISPOSICIONES GENERALES:<\/b><\/span><\/h6>\n<\/a>
Comisiones Delegadas del Gobierno<\/span><\/h6>\n

Real Decreto 694\/2018, de 29 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1886\/2011, de 30 de diciembre<\/a>, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno.<\/p>\n

Resumen:<\/strong> Se crea la Comisi\u00f3n Delegada del Gobierno para Asuntos Migratorios.<\/span><\/p>\n

La nueva Comisi\u00f3n del Gobierno para Asuntos Migratorios<\/strong> es la s\u00e9ptima, que se une a las siguientes:<\/p>\n

a) para Asuntos Econ\u00f3micos.<\/p>\n

b) para la Seguridad Nacional.<\/p>\n

c) para Asuntos de Inteligencia.<\/p>\n

d) para Pol\u00edtica Cient\u00edfica y Tecnol\u00f3gica.<\/p>\n

e) para Pol\u00edtica de Igualdad.<\/p>\n

f) para Asuntos Culturales.<\/p>\n

Estar\u00e1 compuesta por<\/strong>:<\/p>\n

a) La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, que la presidir\u00e1.<\/p>\n

b) La Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, que ejercer\u00e1 las funciones de Vicepresidenta de la Comisi\u00f3n.<\/p>\n

c) Los Ministros de Asuntos Exteriores, Uni\u00f3n Europea y Cooperaci\u00f3n; del Interior y de Fomento.<\/p>\n

d) El Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y los Secretarios de Estado de Asuntos Exteriores; para la Uni\u00f3n Europea; de Cooperaci\u00f3n Internacional y para Iberoam\u00e9rica y el Caribe; y de Defensa, y las Secretarias de Estado de Seguridad; de Migraciones (ser\u00e1 la secretaria) y de Igualdad.<\/p>\n

Entr\u00f3 en vigor el 3 de julio de 2018.<\/p>\n

PDF (BOE-A-2018-9221 – 3\u00a0p\u00e1gs.<\/abbr>\u00a0– 164\u00a0KB<\/abbr>)<\/a>Otros formatos<\/a><\/p>\n

 <\/p>\n<\/a>

Presupuestos Generales del Estado para 2018<\/span><\/h6>\n

Ley 6\/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el a\u00f1o 2018.<\/p>\n

Ir al Archivo especial<\/a><\/strong><\/p>\n

Resumen:<\/strong> entre otros contenidos trata de Ingresos y gastos, deuda p\u00fablica, IRPF, IVA, Tasas, IBI, Seguridad Social, inter\u00e9s legal del dinero, inter\u00e9s de demora, IPREM. gastos de Personal, oferta de Empleo p\u00fablico, contratos de formaci\u00f3n y aprendizaje, pensiones p\u00fablicas, dependencia, creaci\u00f3n de la Tarjeta Social Universal, Entidades Locales y Comunidades Aut\u00f3nomas, subvenciones al transporte, Canarias, Catastro (dato del valor de referencia del mercado), asistencia Jur\u00eddica al Estado, Patrimonio de las AAPP, suspensi\u00f3n de contrato por paternidad y contratos del Sector P\u00fablico.<\/span><\/p>\n

Introducci\u00f3n<\/strong><\/span><\/p>\n

Se trata de la\u00a0Ley 6\/2018, de 3 de julio<\/a>, de Presupuestos Generales del Estado para el a\u00f1o 2018.<\/p>\n

Al no haber sido posible aprobar en tiempo los presupuestos para 2018, se ha tenido que aplicar, hasta la entrada en vigor de esta ley, el\u00a0art\u00edculo 134.4 de la Constituci\u00f3n<\/a>, que se\u00f1ala que\u00a0\u00absi la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer d\u00eda del ejercicio econ\u00f3mico correspondiente, se considerar\u00e1n\u00a0autom\u00e1ticamente prorrogados<\/strong>\u00a0los Presupuestos del ejercicio hasta la aprobaci\u00f3n de los nuevos\u00bb<\/em>.<\/p>\n

Los Presupuestos para 2018 son los sextos que se elaboran desde la aprobaci\u00f3n de la\u00a0Ley Org\u00e1nica\u00a02\/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria<\/a>\u00a0y Sostenibilidad Financiera, que ha venido a desarrollar el mandato contenido en\u00a0el art\u00edculo 135 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola<\/a>, reformado el 27 de septiembre de\u00a02011, y da cumplimiento al\u00a0Tratado de Estabilidad<\/a>, Coordinaci\u00f3n y Gobernanza en la Uni\u00f3n Econ\u00f3mica y Monetaria de 2 de marzo de 2012, garantizando una adaptaci\u00f3n continua y autom\u00e1tica a la normativa europea.<\/p>\n

En esta l\u00ednea, los Presupuestos Generales del Estado para 2018\u00a0tienen como objetivos<\/strong>\u00a0seguir\u00a0reduciendo el d\u00e9ficit p\u00fablico<\/em><\/strong>\u00a0y cumplir los compromisos de consolidaci\u00f3n fiscal con la Uni\u00f3n Europea, en un contexto de importante crecimiento econ\u00f3mico, de incremento de los recursos tributarios y de confianza de los mercados en Espa\u00f1a.<\/p>\n

Se sigue persiguiendo que en\u00a02020<\/strong> todas las Administraciones P\u00fablicas, salvo la Seguridad Social, alcancen el equilibrio presupuestario.<\/p>\n

Para 2018, el\u00a0objetivo de d\u00e9ficit<\/strong>\u00a0para el conjunto de las Administraciones P\u00fablicas en el\u00a02,2\u00a0por ciento del PIB\u00a0<\/strong>(3,1% en 2017, 2,8% en 2016, 4,2% en 2015, 5,8% en 2014), desglos\u00e1ndose del siguiente modo:<\/p>\n

\u2013 el Estado tendr\u00e1 un d\u00e9ficit del 0,7% (1,1% en 2017, 2,2% en 2016; 2,9% en 2015; 3,7% en 2014);<\/p>\n

\u2013 las Comunidades Aut\u00f3nomas, del 0,4% (0,6% en 2017, 0,3% en 2016; 0,7% en 2015; 1% en 2014);<\/p>\n

\u2013 la Seguridad Social, un 1,1% (1,4% en 2017, 0,3% en 2016; 0,6% en 2015; 1,1% en 2014).<\/p>\n

\u2013 las Corporaciones Locales, d\u00e9ficit cero.<\/p>\n

De todos modos, se tiene noticia por la prensa de que Bruselas ha autorizado al Gobierno a relajar este objetivo hasta el 2,7%, es decir, cinco d\u00e9cimas m\u00e1s.<\/p>\n

El\u00a0objetivo de deuda p\u00fablica<\/strong>\u00a0<\/a>queda fijado para la Administraci\u00f3n Central en un 70,8% del PIB<\/strong> en 2018 (72% en 2017, 72,6% en\u00a02016; 76,3% en 2015; 72,8 por\u00a0100 en 2014). Para las Comunidades Aut\u00f3nomas, un 24,1% y un 2,7% para las Entidades Locales. Total: un 97,6 del PIB para 2018<\/strong>, frente al\u00a099% de 2017.<\/p>\n

El\u00a0l\u00edmite de gasto no financiero <\/strong>del Estado\u00a0se fija en 119.834 millones de euros, un\u00a01,3 por\u00a0100 m\u00e1s respecto al Presupuesto de\u00a02017 (118.337.000.000 euros en 2017, 123.394.000.000 euros en 2016). La\u00a0D. Ad. 39\u00aa<\/a> dispone que cualquier nueva actuaci\u00f3n que propongan los departamentos ministeriales no podr\u00e1 suponer aumento neto de los gastos de personal al servicio de la Administraci\u00f3n.<\/p>\n

La D. Ad. 4\u00aa<\/a> permite al Gobierno autorizar la concesi\u00f3n por parte del Estado de pr\u00e9stamos a la Tesorer\u00eda General de la Seguridad Social<\/strong> por un importe de 13.830.090.000 euros. Estos pr\u00e9stamos no devengar\u00e1n intereses y su cancelaci\u00f3n se producir\u00e1 en un plazo m\u00e1ximo de diez a\u00f1os a partir de\u00a02019. Y la D. Ad. 7\u00aa ampl\u00eda en diez a\u00f1os m\u00e1s un pr\u00e9stamo similar concedido en 1998.<\/p>\n

No se dice expresamente que las previsiones sobre las que se sustentan estos Presupuestos Generales del Estado cuenten con el aval de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal\u00a0Ley Org\u00e1nica\u00a06\/2013, de\u00a014 de noviembre<\/a>.<\/p>\n

Carece de Ley de Acompa\u00f1amiento<\/strong>, pero como si la tuviera, pues cuenta con 131 art\u00edculos, 160 disposiciones adicionales \u201330 m\u00e1s que el r\u00e9cord anterior-, 8 transitorias, 4 derogatorias, 47 finales y 14 anexos.<\/p>\n

Ingresos y gastos<\/strong><\/span><\/p>\n

Los ingresos totales alcanzan la cifra de 300.903.211,16 euros.\u00a0Art. 2<\/a><\/p>\n

Los cr\u00e9ditos para gastos alcanzan los 397.121.596.980 euros.<\/p>\n

Los beneficios fiscales que afectan a los tributos del Estado se estiman en 34.825.110.000 euros.<\/p>\n

Deuda p\u00fablica<\/strong><\/span><\/p>\n

El t\u00edtulo V, \u00abDe las Operaciones Financieras\u00bb, se estructura en tres cap\u00edtulos, relativos, respectivamente, a deuda p\u00fablica, avales p\u00fablicos y otras garant\u00edas y relaciones del Estado con el Instituto de Cr\u00e9dito Oficial.\u00a0Arts. 46 al 58<\/a>.<\/p>\n

\u2013 La cuant\u00eda del\u00a0incremento del<\/em><\/strong>\u00a0saldo vivo<\/em><\/strong>\u00a0de la Deuda del Estado a 31 de diciembre 2018 no podr\u00e1 superar el correspondiente a 1 de enero de 2018 \u00a0en m\u00e1s de\u00a053.668.213,08 miles de euros (52.824.424,51 miles de euros en 2017, 52.882.394,53\u00a0miles en 2016, 49.503.001,95 miles en 2015 y 72.958.280,98 miles de euros en 2014), permitiendo que dicho l\u00edmite sea sobrepasado durante el curso del ejercicio y estableciendo los supuestos en que quedar\u00e1 autom\u00e1ticamente revisado.<\/p>\n

\u2013 El importe autorizado de\u00a0Deuda para los Organismos P\u00fablicos<\/strong>\u00a0se determina en el Anexo III de la Ley.<\/p>\n

\u2013 Se fija el l\u00edmite de la cuant\u00eda de los recursos ajenos del Fondo de Reestructuraci\u00f3n Ordenada Bancaria (FROB<\/strong>) en este ejercicio a 15.439.260 miles de euros (18.465.216,00 \u00a0en 2017, 19.916.826 en 2016, 17.891.000 en 2015 y 63.500.000 en 2014).<\/p>\n

– La deuda p\u00fablica nos cuesta<\/strong> este a\u00f1o 31.547.483.770 euros (algo menos de los 32.171.000.000 euros de 2017).<\/p>\n

IRPF.\u00a0<\/strong><\/span>Arts. 59 al 67<\/a><\/p>\n

– Se intensifica la reducci\u00f3n por obtenci\u00f3n de rendimientos del trabajo<\/strong> (para salarios inferiores a 16.825 euros). En consecuencia, crece el umbral m\u00ednimo de tributaci\u00f3n, esto es, la cuant\u00eda de salario bruto anual a partir de la cual se empieza a pagar el impuesto. Afecta al cuadro de retenciones.<\/p>\n

– Se ampl\u00edan las deducciones por maternidad<\/strong>, incrementando el incentivo fiscal cuando tenga que soportar gastos por la custodia del hijo menor de tres a\u00f1os en guarder\u00edas o centros educativos autorizados.<\/p>\n

– Se extienden los supuestos a los que se aplica la deducci\u00f3n por personas con discapacidad a cargo<\/strong>, al incluirse el c\u00f3nyuge no separado legalmente cuando este sea una persona con discapacidad que dependa econ\u00f3micamente del contribuyente.<\/p>\n

– Se ampl\u00eda la cuant\u00eda de los l\u00edmites establecidos para las deducciones por familia numerosa<\/strong>, por cada uno de los hijos que formen parte de la unidad familiar en la fecha de devengo de este Impuesto, si excede del m\u00ednimo de hijos, tanto en la categor\u00eda general como especial.<\/p>\n

– Por normativa europea, se establece una deducci\u00f3n sobre la cuota a favor de aquellos contribuyentes cuyos restantes miembros de la unidad familiar residan en otro Estado miembro de la Uni\u00f3n Europea<\/strong> o del Espacio Econ\u00f3mico Europeo, lo que les impide presentar declaraci\u00f3n conjunta. Se equipara as\u00ed al caso en que todos los miembros de la unidad familiar hubieran sido residentes fiscales en Espa\u00f1a.<\/p>\n

– Se eleva el porcentaje de la deducci\u00f3n por obtenci\u00f3n de rentas en Ceuta y Melilla<\/strong>. Esta modificaci\u00f3n se acompa\u00f1a de las necesarias en el sistema de pagos a cuenta con el fin de anticipar el impacto econ\u00f3mico de la medida.<\/p>\n

– Tambi\u00e9n se modifica la obligaci\u00f3n de declarar<\/strong> por este Impuesto, elevando el umbral inferior<\/strong> de la obligaci\u00f3n de declarar establecido para los perceptores de rendimientos del trabajo<\/strong>. Tampoco habr\u00e1 que declarar cuando la obligaci\u00f3n part\u00eda de haber obtenido ganancias patrimoniales derivadas de ayudas p\u00fablicas, <\/strong>si \u00e9stas son de reducida cuant\u00eda.<\/p>\n

Impuesto de Sociedades.\u00a0<\/strong>Arts. 68 al 72.<\/a><\/p>\n

Se modifica la reducci\u00f3n de las rentas procedentes de determinados activos intangibles<\/strong> y su r\u00e9gimen transitorio, para adaptar su regulaci\u00f3n a los acuerdos adoptados en el seno de la Uni\u00f3n Europea y de la OCDE respecto a los reg\u00edmenes conocidos como \u00abpatent box\u00bb.<\/p>\n

Adem\u00e1s, se procede a exceptuar a las entidades de capital-riesgo<\/strong> de la obligaci\u00f3n de efectuar el pago fraccionado m\u00ednimo aplicable a las grandes empresas, en lo que se refiere a sus rentas exentas.<\/p>\n

Patrimonio. <\/strong>Art. 73<\/a>.<\/p>\n

En el Impuesto sobre el Patrimonio, con el objeto de contribuir a la reducci\u00f3n del d\u00e9ficit p\u00fablico, se prorroga durante el a\u00f1o\u00a02018 la exigencia de su gravamen<\/strong>, con efectos desde el 1\u00ba de enero de 2018.<\/p>\n

El\u00a0art\u00edculo 33<\/a>\u00a0de la Ley 19\/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio. prev\u00e9 una bonificaci\u00f3n del 100 por ciento sobre la cuota \u00edntegra a favor de los sujetos pasivos por obligaci\u00f3n personal o real de contribuir.<\/p>\n

Sin embargo,\u00a0se ha retrasado de nuevo la vigencia de esa redacci\u00f3n<\/strong>\u00a0hasta el 1\u00ba de enero de 2019. Por tanto,\u00a0para el ejercicio \u00edntegro de 2018 no se aplica esa bonificaci\u00f3n total.<\/strong><\/p>\n

IVA. <\/strong>\u00a0<\/span>Arts. 75 al 79<\/a>.<\/strong><\/p>\n

– En el Impuesto sobre el Valor A\u00f1adido destaca la rebaja del tipo impositivo aplicable a la entrada a las salas cinematogr\u00e1ficas<\/strong>, que pasa de tributar del\u00a021 al\u00a010 por ciento.<\/p>\n

– En materia de exenciones se modifica la exenci\u00f3n por los servicios prestados directamente a sus miembros por uniones, agrupaciones o entidades aut\u00f3nomas<\/strong>, para ajustar su regulaci\u00f3n al Derecho de la Uni\u00f3n Europea.<\/p>\n

– Ha habido una reforma comunitaria sobre el IVA en las prestaciones de servicios y las ventas a distancia de bienes<\/strong>, en lo referente a las reglas de tributaci\u00f3n de los servicios prestados por v\u00eda electr\u00f3nica, de telecomunicaciones y de radiodifusi\u00f3n y televisi\u00f3n, cuando el destinatario no sea un empresario o profesional<\/strong> actuando como tal. Con efectos desde el\u00a01 de enero de\u00a02019, en beneficio de las microempresas, se establece un umbral com\u00fan a escala comunitaria de hasta\u00a010.000 euros anuales<\/strong> que de no ser rebasado implicar\u00e1 que estas prestaciones de servicios sigan estando sujetas al IVA en su Estado miembro de establecimiento.<\/p>\n

– Se suprime desde el\u00a01 de enero de\u00a02019 la limitaci\u00f3n actualmente existente de que los empresarios o profesionales no establecidos en la Comunidad<\/strong> pero registrados a efectos del IVA en un Estado miembro, no pueden utilizar ni el r\u00e9gimen especial aplicable a los empresarios no establecidos en la Comunidad ni el r\u00e9gimen especial aplicable para los empresarios o profesionales establecidos en la Comunidad.<\/p>\n

ITPyAJD.\u00a0<\/strong><\/span>Art. 80<\/a>.<\/p>\n

Se actualiza la escala que grava la transmisi\u00f3n y rehabilitaci\u00f3n de Grandezas y\u00a0T\u00edtulos Nobiliarios<\/strong>\u00a0al 1 por ciento.\u00a0<\/strong><\/p>\n

Tasas.<\/span>\u00a0<\/strong>Arts. 86 al 98<\/a>.<\/p>\n

Suben un 1%<\/strong>, con car\u00e1cter general, los tipos de cuant\u00eda fija de las tasas de la Hacienda estatal, excepto las que se hayan creado o actualizado espec\u00edficamente por normas dictadas desde el\u00a01 de enero de\u00a02017.<\/p>\n

Para Ceuta y Melilla<\/strong>, se minoran en un\u00a050 por ciento los importes de las tasas sobre el juego<\/strong>, recogidas en el Real Decreto-ley\u00a016\/1977, de\u00a025 de febrero.<\/p>\n

No se modifica la cuant\u00eda de la tasa de regularizaci\u00f3n catastral<\/strong>.<\/p>\n

Impuesto de Bienes Inmuebles<\/strong><\/span><\/p>\n

La D. F. 21\u00aa<\/a> modifica la D. Tr 3\u00aa<\/a> de la Ley de Haciendas Locales, relativa a los Beneficios fiscales en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Permite a los ayuntamientos que ven\u00edan aplicando bonificaci\u00f3n<\/strong> con anterioridad a la entrada en vigor de nuevos valores catastrales, como consecuencia de procedimientos de valoraci\u00f3n colectiva de car\u00e1cter general, que puedan seguir haci\u00e9ndolo durante nueve a\u00f1os<\/strong> m\u00e1s a contar desde la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales<\/strong>.<\/p>\n

Aranceles.<\/strong><\/span><\/p>\n

No se ha encontrado normativa sobre la materia.<\/p>\n

Seguridad Social.\u00a0<\/strong><\/span>Arts. 130 y 131.<\/a><\/p>\n

El\u00a0T\u00edtulo VIII<\/a>, bajo la r\u00fabrica \u00abCotizaciones Sociales<\/strong>\u00bb, contiene la normativa relativa a las bases y tipos de cotizaci\u00f3n de los distintos reg\u00edmenes de la Seguridad Social, procediendo a su actualizaci\u00f3n.<\/p>\n

El T\u00edtulo consta de dos art\u00edculos<\/strong> relativos, respectivamente, a \u201cBases y tipos<\/strong> de cotizaci\u00f3n a la Seguridad Social, Desempleo, Protecci\u00f3n por cese de actividad, Fondo de Garant\u00eda Salarial y Formaci\u00f3n Profesional durante el a\u00f1o 2018\u201d y \u201cCotizaci\u00f3n a derechos pasivos<\/strong> y a las Mutualidades Generales de Funcionarios para el a\u00f1o 2018\u201d.<\/p>\n

Los\u00a0tipos de cotizaci\u00f3n<\/strong>\u00a0en el R\u00e9gimen General se mantienen<\/strong> con car\u00e1cter general para 2018, salvo los de los empleados de hogar:<\/p>\n

\u00a0\u2013 para las\u00a0contingencias comunes<\/strong>\u00a0ser\u00e1n el 28,30 por 100, (23,60 por 100 a cargo de la empresa y el 4,70 por 100 a cargo del trabajador);<\/p>\n

\u00a0\u2013 para la contingencia de\u00a0desempleo<\/strong>\u00a0en contrataci\u00f3n indefinida, el 7,05 por ciento, del que el 5,50 por ciento ser\u00e1 a cargo del empresario y el 1,55 por ciento a cargo del trabajador;<\/p>\n

\u2013 para la cotizaci\u00f3n al\u00a0Fondo de Garant\u00eda Salarial<\/strong>, el 0,20 por ciento a cargo exclusivo de la empresa.<\/p>\n

\u00a0\u2013 para la cotizaci\u00f3n por\u00a0Formaci\u00f3n Profesional<\/strong>, el 0,70 por ciento, siendo el 0,60 por ciento a cargo de la empresa y el 0,10 por ciento a cargo del trabajador.<\/p>\n

\u00a0El\u00a0tope m\u00e1ximo<\/strong>\u00a0de la base de cotizaci\u00f3n, en cada uno de los Reg\u00edmenes de la Seguridad Social que lo tengan establecido, queda fijado en 3.803,70 euros mensuales (3751,20 en 2017).<\/p>\n

El apartado cuarto regula la cotizaci\u00f3n en el Sistema Especial para\u00a0Empleados de Hogar<\/strong>. El tipo de cotizaci\u00f3n por contingencias comunes ser\u00e1 el\u00a027,40 por ciento (26,50 en 2017), siendo el 22,85 por ciento a cargo del empleador y el 4,55 por ciento a cargo del empleado (en 2017, 22,10% y 4,40%).<\/p>\n

Los apartados cinco, nueve y diez se dedican a la cotizaci\u00f3n en el R\u00e9gimen Especial de los\u00a0Trabajadores por Cuenta Propia o Aut\u00f3nomos<\/strong>. La base m\u00e1xima de cotizaci\u00f3n ser\u00e1 de 3.803,70 euros mensuales y la base m\u00ednima ser\u00e1 de 932,70. Hay reglas especiales para menores y mayores de 48 a\u00f1os.<\/p>\n

El apartado once trata de la cotizaci\u00f3n en los contratos para la\u00a0formaci\u00f3n y el aprendizaje<\/strong>.<\/p>\n

Prestaciones familiares. <\/strong>La D. Ad. 46\u00aa<\/a> regula la cuant\u00eda de las prestaciones familiares<\/strong> de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva<\/strong>, as\u00ed como el importe del l\u00edmite de ingresos para el acceso a las mismas.<\/p>\n

La cuant\u00eda de la prestaci\u00f3n por\u00a0nacimiento o adopci\u00f3n<\/em><\/strong>\u00a0de hijo establecida en art\u00edculo\u00a0186.1 ser\u00e1 de\u00a01.000 euros que s\u00f3lo es aplicable a algunos casos como madres con discapacidad, familias numerosas o monoparentales.<\/p>\n

Los l\u00edmites de ingresos para tener derecho a la\u00a0asignaci\u00f3n econ\u00f3mica por hijo<\/strong>\u00a0o menor acogido a cargo quedan fijados\u00a0en\u00a011.953,94 euros anuales y, si se trata de familias numerosas, en\u00a017.991,42 euros, increment\u00e1ndose en\u00a02.914,12 euros por cada hijo a cargo a partir del cuarto, \u00e9ste incluido.\u00a0<\/p>\n

La D. Ad. 54\u00aa<\/a> se dedica a la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica en la situaci\u00f3n de incapacidad temporal<\/strong> del personal al servicio de las AAPP.<\/p>\n

La bonificaci\u00f3n del 50\u2005por ciento en la cotizaci\u00f3n a la Seguridad Social por cambio de puesto de trabajo por\u00a0riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural<\/em><\/strong>, as\u00ed como en los supuestos de enfermedad profesional<\/em><\/strong> se regula en la\u00a0D.Ad. 122\u00aa<\/a>.<\/p>\n

La\u00a0D. F. 11\u00aa\u00a0<\/a>modifica el r\u00e9gimen especial de la Seguridad Social del\u00a0personal al servicio de la administraci\u00f3n de justicia<\/strong>.<\/p>\n

La\u00a0D. F. 12\u00aa\u00a0<\/a>modifica el texto refundido de la\u00a0Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado<\/a><\/strong>, en actos de reconocimiento de las prestaciones.<\/p>\n

La\u00a0D. Ad 126\u00aa<\/a>\u00a0 retrasa la aplicaci\u00f3n, hasta el 1 de enero de 2019, de lo previsto en los\u00a0art\u00edculos\u00a01.1<\/a>, primer p\u00e1rrafo;\u00a024, segundo p\u00e1rrafo<\/a>; y\u00a025.4<\/a>\u00a0(con nueva redacci\u00f3n) de la\u00a0Ley 20\/2007, de 11 de julio<\/a>, del Estatuto del\u00a0Trabajo Aut\u00f3nomo<\/strong>, en todo lo relativo a los\u00a0trabajadores por cuenta propia que ejerzan su actividad a tiempo parcial<\/strong>.<\/p>\n

– La D.F. 38\u00aa<\/a> modifica el art. 185 TRLGSS<\/a>, relativo a la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica por paternidad<\/strong> que consistir\u00e1 en un subsidio. Ahora un segundo p\u00e1rrafo lo relaciona con el disfrute del descanso por paternidad y su posible interrupci\u00f3n.<\/p>\n

Y la\u00a0D. F. 40\u00aa<\/a>\u00a0 modifica el\u00a0texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social<\/a><\/strong>, <\/strong>aprobado por el Real Decreto Legislativo 8\/2015, de 30 de octubre.<\/p>\n

Inter\u00e9s legal del dinero\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n

Se mantiene en el 3%<\/strong> hasta el 31 de diciembre del a\u00f1o 2018 (estaba en el 3,5% en 2015 y en el 4% en 2014). (Disp. Ad. 57\u00aa<\/a>).<\/p>\n

Inter\u00e9s de demora<\/strong><\/span><\/p>\n

Durante el mismo per\u00edodo, el inter\u00e9s de demora a que se refieren el\u00a0art\u00edculo 26.6<\/a>\u00a0de la Ley General Tributaria, y\u00a038.2<\/a>\u00a0<\/strong>de la Ley\u00a038\/2003, de\u00a017 de noviembre, General de Subvenciones,\u00a0contin\u00faa en el\u00a0 3,75%,<\/strong>\u00a0como en 2017 y 2016\u00a0(estaba en el 4,375% en 2015 y en el 5% en 2014). (Disp. Ad. 57\u00aa<\/a>).<\/p>\n

IPREM<\/strong><\/span><\/p>\n

El indicador p\u00fablico de renta de efectos m\u00faltiples\u00a0(IPREM)<\/a>\u00a0se mantiene igual al vigente durante\u00a02017 (Disp. Ad. 119\u00aa<\/a>):<\/p>\n

    \n
  1. a) El IPREM diario, 17,93 euros.<\/li>\n
  2. b) El IPREM mensual, 537,84 euros.<\/li>\n
  3. c) El IPREM anual, 6454,03 euros.<\/li>\n
  4. d) En los supuestos en que la referencia al salario m\u00ednimo interprofesional ha sido sustituida por la referencia al IPREM en aplicaci\u00f3n de lo establecido en el\u00a0Real Decreto-Ley 3\/2004, de 25 de junio<\/a>, la cuant\u00eda anual del IPREM ser\u00e1 de 7.519,59 euros cuando las correspondientes normas se refieran al salario m\u00ednimo interprofesional en c\u00f3mputo anual, salvo que expresamente excluyeran las pagas extraordinarias; en este caso, la cuant\u00eda ser\u00e1 de 6.454,03 euros.<\/li>\n<\/ol>\n

    Gastos de Personal.\u00a0<\/strong><\/span>T\u00edtulo III<\/a>.<\/strong>\u00a0<\/p>\n

    – En el a\u00f1o 2018, las retribuciones del personal al servicio del sector p\u00fablico no podr\u00e1n experimentar un incremento global superior al 1,5 por ciento<\/strong> respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017 (1% en 2017), en t\u00e9rminos de homogeneidad para los dos per\u00edodos de la comparaci\u00f3n, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antig\u00fcedad del mismo.<\/p>\n

    – Se prev\u00e9 un incremento adicional del 0,25% para el caso en que el PIB alcance el 3,1% Ser\u00eda aplicable a partir del 1\u00ba de julio de 2018.<\/p>\n

    – Por primer a\u00f1o, tras la crisis, en el sector p\u00fablico se podr\u00e1n realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo<\/strong> o contratos de seguro colectivos, siempre que no se supere el incremento global fijado. Ver. D. Ad. 42\u00aa<\/a><\/p>\n

    \u2013 En el\u00a0cap\u00edtulo II<\/a>, se actualizan para el a\u00f1o 2018 las\u00a0retribuciones<\/strong>\u00a0de los altos cargos, Carrera Judicial, Fiscal y Letrados<\/strong> de la Administraci\u00f3n de Justicia\u2026 Incluye normas relativas a las retribuciones del personal laboral del sector p\u00fablico estatal as\u00ed como del personal estatutario y del personal de la Seguridad Social no estatutario.<\/p>\n

    \u2013 En el\u00a0cap\u00edtulo III<\/a>, entre otros contenidos, se establecen los requisitos para la determinaci\u00f3n o modificaci\u00f3n de retribuciones del\u00a0personal laboral y no funcionario<\/em><\/strong>\u00a0que exigir\u00e1n del informe favorable del Ministerio de Hacienda y Funci\u00f3n P\u00fablica.<\/p>\n

    \u2013 La\u00a0D. Ad. 40\u00aa\u00a0<\/a>regula la\u00a0recuperaci\u00f3n de la paga extraordinaria\u00a0<\/strong>y adicional del mes de diciembre de\u00a02012, en la parte todav\u00eda no abonada.<\/p>\n

    Se establece como norma de cierre<\/strong> que cualquier actuaci\u00f3n que propongan los departamentos ministeriales durante el ejercicio no podr\u00e1 suponer aumento neto de los gastos de personal<\/strong> al servicio de la Administraci\u00f3n en los t\u00e9rminos que se contemplan. D. Ad. 39\u00aa<\/a><\/p>\n

    Oferta de Empleo p\u00fablico.\u00a0<\/strong><\/span>Art. 19<\/a>.<\/p>\n

    \u2013 La presente Ley de Presupuestos, al igual que las anteriores, mantiene su regulaci\u00f3n en\u00a0un \u00fanico art\u00edculo<\/strong>, fijando los l\u00edmites y requisitos para la incorporaci\u00f3n de nuevo personal en el sector p\u00fablico a\u00a0excepci\u00f3n<\/strong>\u00a0de las sociedades mercantiles p\u00fablicas y entidades p\u00fablicas empresariales, fundaciones del sector p\u00fablico y consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que integran el Sector P\u00fablico, que se regir\u00e1n por lo dispuesto en las disposiciones adicionales 29\u00aa<\/a>, 30\u00aa<\/a> y 31\u00aa<\/a> respectivamente (hay error de remisi\u00f3n en el art. 19), de esta Ley y de los \u00d3rganos Constitucionales del Estado.<\/p>\n

    . Se establece una\u00a0tasa de reposici\u00f3n del 100 por ciento <\/strong>para las Administraciones P\u00fablicas que en el ejercicio anterior hayan cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda p\u00fablica y la regla de gasto. Fue del 50% en 2017. Incluso se prev\u00e9 un 8% adicional en determinados sectores prioritarios.\u00a0 Las que no hayan cumplido tendr\u00e1n esa tasa de reposici\u00f3n del 100%, pero s\u00f3lo en determinados sectores.<\/p>\n

    \u2013 La oferta de Empleo P\u00fablico para el acceso a las\u00a0carreras judicial y fiscal<\/strong> no podr\u00e1 superar el\u00a0l\u00edmite m\u00e1ximo de 300 plazas<\/strong> (100 en 2017), que se destinar\u00e1n a la sustituci\u00f3n paulatina de empleo temporal y a la cobertura de las necesidades de la Administraci\u00f3n de Justicia. D. Ad. 20\u00aa<\/a><\/p>\n

    – Jornada de trabajo<\/strong>. Ser\u00e1, como regla general, de 37 horas y media a la semana en promedio anual. Se regula por la D. Ad. 144\u00aa<\/a>.<\/p>\n

    Contratos de formaci\u00f3n y aprendizaje<\/strong><\/span><\/p>\n

    La D. Ad. 120\u00aa<\/a> regula los requisitos que han de cumplir los j\u00f3venes para acceder a estos contratos y las ayudas econ\u00f3micas de acompa\u00f1amiento (80% del IPREM), entre otras materias.<\/p>\n

    Y la D. Ad. 121<\/a> regula la bonificaci\u00f3n por conversi\u00f3n en indefinidos de los contratos<\/strong> para la formaci\u00f3n y el aprendizaje celebrados con j\u00f3venes beneficiarios de la ayuda econ\u00f3mica de acompa\u00f1amiento.<\/p>\n

    Pensiones p\u00fablicas.\u00a0<\/strong><\/span>T\u00edtulo IV\u00a0(arts. 35 al 45)<\/a>.<\/p>\n

    Seg\u00fan el art. 35<\/a>, las pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social, as\u00ed como de Clases Pasivas, se revalorizar\u00e1n en 2018, con car\u00e1cter general, un\u00a00,25% por ciento\u00a0<\/em><\/strong>(lo mismo que en 2014, 2015, 2016 y 2017).\u00a0<\/p>\n

    Sin embargo, la D. Ad. 51\u00aa<\/a> prev\u00e9 un aumento adicional: en el a\u00f1o\u00a02018, las pensiones contributivas abonadas por el sistema de la Seguridad Social, as\u00ed como las pensiones de Clases Pasivas del Estado, se incrementar\u00e1n en un\u00a01,35 % adicional<\/strong> a lo previsto en el art\u00edculo\u00a035 de esta Ley. Las cuant\u00edas m\u00ednimas aumentar\u00e1n m\u00e1s, un 2,75%.<\/p>\n

    No se incrementan las que excedan 2.580,13 euros en c\u00f3mputo mensual (2.573,70 en 2017). Tampoco podr\u00e1n suponer un valor \u00edntegro anual superior a 36.121,82 euros. Sin embargo, seg\u00fan la D. Ad. 51\u00aa, los l\u00edmites pasan a ser de 36.609,44 euros\/a\u00f1o o 2.614,96 euros\/mes<\/strong>.<\/p>\n

    La cuant\u00eda de las pensiones de jubilaci\u00f3n e invalidez del sistema de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva<\/strong>, se fija en\u00a05.178,60 euros \u00edntegros anuales.<\/p>\n

    Factor de sostenibilidad.<\/strong> Dice la D. F. 38\u00aa<\/a>: \u201cLa aplicaci\u00f3n del factor de sostenibilidad regulado en el art\u00edculo 211<\/a> del Texto Refundido se llevar\u00e1 a cabo una vez que, en el seno de la Comisi\u00f3n de Seguimiento y Evaluaci\u00f3n de los Acuerdos del Pacto de Toledo, se alcance un acuerdo acerca de la aplicaci\u00f3n de las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema. No obstante y en todo caso, su entrada en vigor se producir\u00e1 en una fecha no posterior al 1 de enero de 2023.\u201d<\/em><\/p>\n

    Ver tambi\u00e9n la D. F. 2\u00aa<\/a>.<\/p>\n

    Pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n Tribunales, Universidad y Registradores.<\/strong><\/span><\/p>\n

    La D. F. 39\u00aa<\/a>, que modifica la D.F.5\u00aa LOPJ dispone: \u201cA<\/em> los Jueces, Magistrados, Abogados Fiscales, Fiscales, Letrados de la Administraci\u00f3n de Justicia, docentes universitarios y Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles incluidos en el R\u00e9gimen de Clases Pasivas del Estado que causen o que hayan causado pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n a partir de\u00a01 de enero de\u00a02015<\/strong> y que en el momento de dicho hecho causante cuenten, al menos, con sesenta y cinco a\u00f1os de edad cumplidos, as\u00ed como a los Magistrados y Fiscales del Tribunal Supremo que en la indicada fecha estuvieran prestando servicios como em\u00e9ritos, les ser\u00e1 de aplicaci\u00f3n lo establecido en la disposici\u00f3n adicional decimos\u00e9ptima<\/a> del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado\u2026<\/em><\/p>\n

    En estos supuestos se reconocer\u00e1 a los interesados un porcentaje adicional por cada a\u00f1o completo<\/strong> de servicios efectivos al Estado entre la fecha en que cumplieron sesenta y cinco a\u00f1os, y la del hecho causante de la pensi\u00f3n, cuya cuant\u00eda estar\u00e1 en funci\u00f3n de los a\u00f1os de servicio acreditados en la primera de las fechas indicadas, seg\u00fan la escala prevista en la disposici\u00f3n adicional mencionada en el p\u00e1rrafo anterior.\u201d<\/em><\/p>\n

    Por una disposici\u00f3n transitoria, estos reconocimientos de pensiones de jubilaci\u00f3n, causadas a partir de\u00a01 de enero de\u00a02015, se revisar\u00e1n de oficio<\/strong> para adecuarlos a lo indicado, con efectos econ\u00f3micos a partir del d\u00eda primero del mes siguiente al hecho causante.<\/p>\n

    Dependencia.\u00a0<\/strong><\/span>D. Ad. 104\u00aa<\/a><\/p>\n

    Durante\u00a02018 se suspende la aplicaci\u00f3n del\u00a0art\u00edculo\u00a07.2<\/a>\u00a0(convenios sobre nivel de protecci\u00f3n con las CCAA<\/strong>), del art\u00edculo\u00a08.2.a) (facultades del Consejo Territorial de Servicios Sociales)<\/strong>, del art\u00edculo 10 (cooperaci\u00f3n entre Adm\u00f3n del Estado y CCAA) y del art\u00edculo\u00a032.3, p\u00e1rrafo primero (financiaci\u00f3n de los convenios) de la\u00a0Ley\u00a039\/2006, de\u00a014 de diciembre<\/a>, de Promoci\u00f3n de la Autonom\u00eda Personal y Atenci\u00f3n a las personas en situaci\u00f3n de dependencia.\u00a0<\/p>\n

    Creaci\u00f3n de la Tarjeta Social Universal.\u00a0<\/strong><\/span>D. Ad. 141\u00aa<\/a><\/p>\n

    Se crea la Tarjeta Social Universal como sistema de informaci\u00f3n, al objeto de mejorar y coordinar las pol\u00edticas de protecci\u00f3n social<\/strong> impulsadas por las diferentes administraciones p\u00fablicas<\/strong>.<\/p>\n

    La Tarjeta incluir\u00e1 la informaci\u00f3n actualizada correspondiente a todas las prestaciones sociales<\/strong> contributivas, no contributivas y asistenciales, de contenido econ\u00f3mico, financiadas con cargo a recursos de car\u00e1cter p\u00fablico, entre otros datos y utilidades para los ciudadanos.<\/p>\n

    Ser\u00e1 gestionada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a trav\u00e9s del Instituto Nacional de la Seguridad Social<\/strong>.<\/p>\n

    La efectividad pr\u00e1ctica de la puesta en funcionamiento<\/strong> del Sistema de Tarjeta Social Universal se producir\u00e1 a partir del 5 de octubre de 2018<\/strong>.<\/p>\n

    Entidades Locales y Comunidades Aut\u00f3nomas<\/strong><\/span><\/p>\n

    El T\u00edtulo VII (arts 99 al 129)<\/a> se estructura en dos cap\u00edtulos<\/strong>, dedicados, respectivamente, a Entidades Locales y Comunidades Aut\u00f3nomas.<\/p>\n

    Dentro del Cap\u00edtulo I<\/strong> se contienen normas relativas a la financiaci\u00f3n de las Entidades Locales<\/strong>, englobando en el mismo a los municipios, provincias, cabildos y consejos insulares, as\u00ed como Comunidades Aut\u00f3nomas uniprovinciales.<\/p>\n

    El Cap\u00edtulo II<\/strong> regula determinados aspectos de la financiaci\u00f3n de las Comunidades Aut\u00f3nomas de r\u00e9gimen com\u00fan y de las Ciudades con Estatuto de Autonom\u00eda.<\/p>\n

    Los\u00a0recursos financieros<\/strong>\u00a0que el sistema asigna para la cobertura de las necesidades globales de financiaci\u00f3n de cada Comunidad Aut\u00f3noma est\u00e1n constituidos por el Fondo de Suficiencia Global, la Transferencia del Fondo de Garant\u00eda de Servicios P\u00fablicos Fundamentales y la Capacidad Tributaria. El Presupuesto de gastos del Estado recoge el Fondo de Suficiencia Global y la Aportaci\u00f3n del Estado al Fondo de Garant\u00eda. La recaudaci\u00f3n de los tributos que el Estado les ha cedido total o parcialmente, sin embargo, por su naturaleza, no tienen reflejo en los Presupuestos Generales del Estado.<\/p>\n

    Adem\u00e1s, para favorecer la convergencia entre Comunidades Aut\u00f3nomas y el desarrollo de aquellas que tengan menor renta per c\u00e1pita, la Ley 22\/2009 regula\u00a0dos Fondos de Convergencia<\/strong>\u00a0Auton\u00f3mica<\/strong>\u00a0dotados con recursos adicionales del Estado:\u00a0el Fondo de Competitividad y el Fondo de Cooperaci\u00f3n.<\/em><\/strong><\/p>\n

    Por otra parte, en el a\u00f1o 2018 se practicar\u00e1 la liquidaci\u00f3n<\/strong> del sistema de financiaci\u00f3n correspondiente a 2016<\/strong>, regul\u00e1ndose en el indicado cap\u00edtulo los aspectos necesarios para su cuantificaci\u00f3n.<\/p>\n

    Se regula en el citado cap\u00edtulo el r\u00e9gimen de transferencia en el a\u00f1o 2018<\/strong> correspondiente al coste efectivo de los servicios asumidos por las Comunidades Aut\u00f3nomas, as\u00ed como el contenido m\u00ednimo de los Reales Decretos que aprueben las nuevas transferencias.<\/p>\n

    Por \u00faltimo, se recoge la regulaci\u00f3n de los Fondos de Compensaci\u00f3n Interterritorial<\/strong>, distinguiendo entre Fondo de Compensaci\u00f3n y Fondo Complementario. Ambos Fondos tienen como destino la financiaci\u00f3n de gastos de inversi\u00f3n por las Comunidades Aut\u00f3nomas.<\/p>\n

    Ver tambi\u00e9n la\u00a0D. Ad. 1\u00aa<\/a>\u00a0sobre\u00a0concesi\u00f3n de subvenciones o suscripci\u00f3n de convenios<\/em><\/strong>\u00a0con Comunidades Aut\u00f3nomas que incumplan su objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda p\u00fablica o de la regla de gasto.<\/p>\n

    Subvenciones al transporte<\/strong><\/span><\/p>\n

    La\u00a0D. Ad. 147\u00aa\u00a0<\/a>regula las subvenciones al transporte mar\u00edtimo y a\u00e9reo para residentes en\u00a0Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla<\/strong>. Se autoriza al Gobierno<\/strong> para que durante el a\u00f1o 2018 y con vigencia indefinida, aumente el porcentaje de la bonificaci\u00f3n hasta el 75%<\/strong> para los trayectos entre las Comunidades Aut\u00f3nomas de Canarias, Illes Balears y las Ciudades Aut\u00f3nomas de Ceuta y Melilla (territorios no peninsulares) con el resto del territorio espa\u00f1ol.<\/p>\n

    El Real Decreto 949\/2018, de 27 de julio<\/a>, desarrolla esta D. Ad,<\/p>\n

    La\u00a0D. Ad. 148\u00aa<\/a>\u00a0se dedica a las subvenciones para el transporte de mercanc\u00edas.<\/p>\n

    Canarias<\/strong><\/span><\/p>\n

    Aparte de las subvenciones al transporte, la D.F. 3\u00aa.<\/a> Modifica la Ley 20\/1991, de 7 de junio<\/a>, de modificaci\u00f3n de los aspectos fiscales del R\u00e9gimen Econ\u00f3mico Fiscal de Canarias.<\/p>\n

    Catastro.<\/strong><\/span><\/p>\n

    La D. F. 20\u00aa <\/strong>modifica el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario<\/a><\/strong>, aprobado por Real Decreto Legislativo\u00a01\/2004, de\u00a05 de marzo.<\/p>\n

    Valor de referencia del mercado.<\/strong> Se a\u00f1ade este dato a la descripci\u00f3n catastral de los bienes inmuebles recogida en el art. 3.1<\/a>.<\/p>\n

    Se introduce tambi\u00e9n una D.F.3\u00ba<\/a> dedicada al valor de referencia de mercado:<\/strong><\/p>\n

    \u201cEn la forma en la que reglamentariamente se determine, la Direcci\u00f3n General del Catastro estimar\u00e1 de forma objetiva, para cada bien inmueble<\/strong> y a partir de los datos obrantes en el Catastro, su valor de referencia de mercado, entendiendo por tal el resultante del an\u00e1lisis de los precios comunicados por los fedatarios p\u00fablicos<\/strong> en las transacciones inmobiliarias efectuadas, contrastados con las restantes fuentes de informaci\u00f3n<\/strong> de que disponga.<\/em><\/p>\n

    A estos efectos, elaborar\u00e1 un mapa de valores<\/strong> que contendr\u00e1 la delimitaci\u00f3n de \u00e1mbitos territoriales homog\u00e9neos de valoraci\u00f3n, a los que asignar\u00e1 m\u00f3dulos de valor de los productos inmobiliarios<\/strong> representativos en dichos \u00e1mbitos, y que se publicar\u00e1 con periodicidad m\u00ednima anual<\/strong>, previa resoluci\u00f3n, en la sede electr\u00f3nica de la Direcci\u00f3n General del Catastro.\u201d<\/em><\/p>\n

    En tanto no se apruebe el desarrollo reglamentario previsto, la nueva D. Tr. 9\u00aa<\/a><\/strong> regula c\u00f3mo se determinar\u00e1 el valor de referencia.<\/p>\n

    Procedimiento de regularizaci\u00f3n catastral. <\/strong>Se modifica la D. Ad. 3\u00aa<\/a> para hacer desaparecer la necesidad de que la resoluci\u00f3n de la Direcci\u00f3n General del Catastro que determina a qu\u00e9 municipios y periodo se aplicar\u00e1 el procedimiento de regularizaci\u00f3n, tenga que publicarse en el \u201cBolet\u00edn Oficial del Estado\u201d antes de una fecha determinada.<\/p>\n

    Asistencia Jur\u00eddica al Estado.<\/strong><\/span><\/p>\n

    La D. F. 8\u00aa<\/a> modifica el art\u00edculo 7<\/a> de la Ley\u00a052\/1997, de\u00a027 de noviembre, de Asistencia Jur\u00eddica al Estado, relativo a la disposici\u00f3n de la acci\u00f3n procesal. Para desistir de acciones o recursos<\/strong>, apartarse de querellas, o allanarse, el Abogado del Estado ha de pedir previa autorizaci\u00f3n<\/strong> expresa de la Abogac\u00eda General del Estado – Direcci\u00f3n del Servicio Jur\u00eddico del Estado, la cual tiene, a su vez, que recabar informe<\/strong> del Departamento, Organismo o entidad p\u00fablica correspondiente. Ahora se a\u00f1ade un p\u00e1rrafo segundo donde se determina qui\u00e9n lo ha de emitir y qu\u00e9 ha de contener. Si afecta en m\u00e1s de un mill\u00f3n de euros a la Hacienda P\u00fablica, se precisar\u00e1 una memoria.<\/p>\n

    Patrimonio de las Administraciones P\u00fablicas.<\/strong><\/span><\/p>\n

    La D. F. 17\u00aa<\/a> recoge dos modificaciones de la Ley\u00a033\/2003, de\u00a03 de noviembre, General del Patrimonio de las Administraciones P\u00fablicas, que afectan al art. 10<\/a> (diversos apartados) y al 30<\/a>.<\/p>\n

    – Se considera que es funci\u00f3n de la Direcci\u00f3n General del Patrimonio del Estado<\/strong>, \u201c<\/em>f) Ejercer las funciones relativas a la vigilancia, protecci\u00f3n jur\u00eddica, defensa, inventario, administraci\u00f3n, conservaci\u00f3n, y dem\u00e1s actuaciones que requiera la correcta gesti\u00f3n de los bienes y derechos patrimoniales de la Administraci\u00f3n General del Estado<\/strong>.\u201d <\/em><\/p>\n

    – Los departamentos ministeriales<\/strong>, respecto de los bienes y derechos del Patrimonio del Estado que tengan afectados o cuya administraci\u00f3n y gesti\u00f3n les corresponda, tendr\u00e1 la consideraci\u00f3n de obligado tributario<\/strong> en relaci\u00f3n con los tributos que graven estos bienes y derechos, conforme al art. 35.4 LGT<\/a>. Tambi\u00e9n la Direcci\u00f3n General del Patrimonio del Estado y los organismos p\u00fablicos dependientes de la Administraci\u00f3n General del Estado.<\/p>\n

    En caso de embargo de un bien patrimonial<\/strong> del Estado por deudas de \u00e9ste, se arbitra el procedimiento para compensar la p\u00e9rdida del elemento o valor patrimonial.<\/p>\n

    Tambi\u00e9n se aclara que, en las diligencias de embargo<\/strong> contra bienes y derechos patrimoniales de la Administraci\u00f3n General del Estado por deudas tributarias s\u00f3lo podr\u00e1n acumularse deudas correspondientes a un \u00fanico obligado tributario<\/strong>.<\/p>\n

    Suspensi\u00f3n de contrato por paternidad.<\/strong><\/span><\/p>\n

    La D. F. 38\u00aa<\/a> reforma el art 48.7 del Estatuto de los Trabajadores<\/a> y el art\u00edculo\u00a049 c) del Estatuto B\u00e1sico del Empleado P\u00fablico<\/a>. En los supuestos de nacimiento de hijo, adopci\u00f3n, guarda con fines de adopci\u00f3n o acogimiento, el trabajador tendr\u00e1 derecho a la suspensi\u00f3n del contrato<\/strong> por paternidad (concesi\u00f3n de permiso<\/strong> en el empleado p\u00fablico) durante cinco semanas <\/strong>(antes cuatro), ampliables en dos d\u00edas m\u00e1s por cada hijo a partir del segundo. Se han de usar ininterrumpidamente, salvo la \u00faltima. Se cobrar\u00e1 subsidio por paternidad a cargo de la Seguridad Social para compensar la p\u00e9rdida de ingresos.<\/p>\n

    Contratos del Sector P\u00fablico<\/span> <\/strong><\/p>\n

    La D.F. 44\u00aa<\/a> modifica la Ley 9\/2017, de\u00a08 de noviembre,<\/a> de Contratos del Sector P\u00fablico, para trasponer al ordenamiento jur\u00eddico espa\u00f1ol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014\/23\/UE<\/a> y 2014\/24\/UE<\/a>, de 26 de febrero de 2014.<\/p>\n

    – Se modifica el art. 32.7<\/a>. El art\u00edculo trata de los encargos de los poderes adjudicadores a medios propios personificados.<\/p>\n

    Se a\u00f1ade la D. Ad. 54\u00aa<\/a>, sobre el R\u00e9gimen aplicable a los contratos celebrados por los agentes p\u00fablicos del Sistema Espa\u00f1ol de Ciencia, Tecnolog\u00eda e Innovaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n

    Anexos<\/strong><\/span><\/p>\n

    Entre los\u00a0catorce anexos<\/strong>, hay varios que enumeran\u00a0diversos tipos de entidades o bienes:<\/strong><\/p>\n

    \u2013\u00a0Anexo VIII.<\/a> Consorcios y restantes Entidades del sector p\u00fablico administrativo<\/p>\n

    \u2013\u00a0Anexo X.<\/a> Fundaciones del sector p\u00fablico estatal<\/p>\n

    \u2013\u00a0Anexo XI.<\/a> Fondos sin personalidad jur\u00eddica<\/p>\n

    \u2013\u00a0Anexo XIII.<\/a> Bienes del Patrimonio Hist\u00f3rico Espa\u00f1ol (actividades prioritarias de mecenazgo<\/a>)<\/p>\n

    Entrada en vigor<\/strong><\/span><\/p>\n

    Entr\u00f3 en vigor el 5 de julio de 2018<\/strong>, seg\u00fan la\u00a0DF 46\u00aa\u00a0<\/a><\/p>\n

    La efectividad pr\u00e1ctica de la puesta en funcionamiento del Sistema de Tarjeta Social Universal<\/strong> se producir\u00e1 a los tres meses de la fecha anterior, es decir, el 5 de octubre de 2018.<\/p>\n

    La D. Ad. 120\u00aa<\/a>, relativa a la Ayuda econ\u00f3mica de acompa\u00f1amiento a j\u00f3venes inscritos en el Sistema Nacional de Garant\u00eda Juvenil<\/strong> que suscriban un contrato para la formaci\u00f3n y el aprendizaje, entrar\u00e1 en vigor el mes siguiente al de su publicaci\u00f3n en el BOE y se extender\u00e1 mientras est\u00e9 vigente la Iniciativa de Empleo Juvenil. (JFME)\u00a0<\/p>\n

    Ir al Archivo especial<\/a><\/strong><\/p>\n

    PDF (BOE-A-2018-9268 – 734\u00a0p\u00e1gs.<\/abbr>\u00a0– 31.610\u00a0KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0\u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

     <\/p>\n<\/a>

    Acuerdos Internacionales<\/span><\/h6>\n

    Resoluci\u00f3n de 10 de julio de 2018, de la Secretar\u00eda General T\u00e9cnica, sobre aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 24.2 de la Ley 25\/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales.<\/p>\n

    Resumen:<\/strong>\u00a0Trimestralmente se publican las comunicaciones relativas a Tratados Internacionales Multilaterales en los que Espa\u00f1a es parte.<\/span><\/p>\n

    De conformidad con lo establecido en el\u00a0art\u00edculo 24.2<\/a>\u00a0de la Ley 25\/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, se hacen p\u00fablicas las\u00a0comunicaciones<\/strong>\u00a0relativas a Tratados Internacionales Multilaterales en los que Espa\u00f1a es parte, que se han recibido en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci\u00f3n\u00a0desde la publicaci\u00f3n de la anterior<\/a>\u00a0hasta el 30 de junio de 2018<\/strong>.<\/p>\n

    PDF (BOE-A-2018-9996 – 82\u00a0p\u00e1gs.<\/abbr>\u00a0– 1.479\u00a0KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

    \u00a0<\/p>\n<\/a>

    Modelos 143, 122 y 136<\/span><\/h6>\n

    Orden HAC\/763\/2018, de 10 de julio, por la que se modifica la Orden HAP\/2486\/2014, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 143 para la solicitud del abono anticipado de las deducciones por familia numerosa y personas con discapacidad a cargo del Impuesto sobre la Renta de las Personas F\u00edsicas y se regulan el lugar, plazo y formas de presentaci\u00f3n; la Orden HFP\/105\/2017, de 6 de febrero, por la que se aprueba el modelo 122 \u00abImpuesto sobre la Renta de las Personas F\u00edsicas. Deducciones por familia numerosa, por personas con discapacidad a cargo o por ascendiente con dos hijos separado legalmente o sin v\u00ednculo matrimonial. Regularizaci\u00f3n del derecho a la deducci\u00f3n por contribuyentes no obligados a presentar declaraci\u00f3n\u00bb; y el modelo 136 \u00abImpuesto sobre la Renta de las Personas F\u00edsicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Gravamen Especial sobre los Premios de determinadas Loter\u00edas y Apuestas. Autoliquidaci\u00f3n\u00bb aprobado por la Orden HAP\/70\/2013, de 30 de enero.<\/p>\n

    Resumen:<\/strong> Se publican nuevas versiones de los tres modelos, dedicados a deducciones y\u00a0abono anticipado de deducciones por familia numerosa y personas con discapacidad (122 y 143) y a premiso de loter\u00edas y apuestas (136).<\/span><\/p>\n

    Modelo 143. <\/strong>Es para la solicitud del abono anticipado de las deducciones por familia numerosa<\/strong> y personas con discapacidad<\/strong> a cargo del IRPF. La modificaci\u00f3n viene motivada por la reforma introducida en la reciente Ley\u00a06\/2018, de\u00a03 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el a\u00f1o\u00a02018<\/a>, que prev\u00e9 la reducci\u00f3n de la tributaci\u00f3n de los contribuyentes que soportan mayores cargas familiares, entre otros, las familias numerosas o las personas con discapacidad. Por una disposici\u00f3n transitoria<\/strong>, si el contribuyente ya ha solicitado el abono anticipado por familia numerosa antes de la entrada en vigor de la orden, no ha de pedirlo de nuevo.<\/p>\n

    El anexo I recoge el modelo en su nueva versi\u00f3n.<\/p>\n

    Modelo 122.<\/strong> Es el que recoge para el IRPF las \u201cDeducciones por familia numerosa<\/strong>, por personas con discapacidad a cargo<\/strong> o por ascendiente con dos hijos separado legalmente o sin v\u00ednculo matrimonial. Regularizaci\u00f3n del derecho a la deducci\u00f3n por contribuyentes no obligados a presentar declaraci\u00f3n\u201d. Afecta a su \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n indic\u00e1ndose que los contribuyentes no obligados a presentar declaraci\u00f3n por el IRPF deber\u00e1n regularizar su situaci\u00f3n tributaria, cuando el abono anticipado percibido exceda de la cuant\u00eda de la deducci\u00f3n a la que tengan derecho, mediante la presentaci\u00f3n del modelo\u00a0122.<\/p>\n

    Se incorpora en el anexo II, una nueva versi\u00f3n del modelo.<\/p>\n

    Modelo 136.<\/strong> Es el dedicado al IRPF e Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Gravamen Especial sobre los Premios de determinadas Loter\u00edas y Apuestas<\/strong>. Autoliquidaci\u00f3n\u00bb<\/p>\n

    En el anexo III aparece una nueva versi\u00f3n del modelo.<\/p>\n

    Entr\u00f3 en vigor el 19 de julio de 2018<\/strong>, con dos salvedades:<\/strong><\/p>\n

    – Ser\u00e1 de aplicaci\u00f3n para las solicitudes del abono anticipado<\/strong> de las deducciones por familia numerosa y personas con discapacidad a cargo presentadas a partir del\u00a01 de agosto de\u00a02018.<\/p>\n

    – El nuevo modelo\u00a0136 (Premios<\/strong>) se utilizar\u00e1 para las autoliquidaciones correspondientes al tercer trimestre del a\u00f1o\u00a02018 y siguientes.<\/p>\n

    PDF (BOE-A-2018-10064 – 11\u00a0p\u00e1gs.<\/abbr>\u00a0– 415\u00a0KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0\u00a0<\/span>Otros formatos<\/a><\/p>\n

     <\/p>\n

    \n
    \n
    \n
    \n<\/a>
    Patrimonio natural y biodiversidad: especies ex\u00f3ticas<\/span><\/h6>\n

    Ley 7\/2018, de 20 de julio, de modificaci\u00f3n de la Ley 42\/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.<\/p>\n

    Resumen: <\/strong>Esta modificaci\u00f3n de la Ley 42\/2007, de 13 de diciembre<\/a>, tiene por objeto<\/strong> compatibilizar la lucha contra las especies ex\u00f3ticas invasoras con su aprovechamiento para la caza y la pesca en aquellas \u00e1reas que, al estar ocupadas desde antiguo, su presencia no suponga un problema ambiental.<\/span><\/p>\n

    Con el fin de mejorar la aplicaci\u00f3n de las pol\u00edticas de lucha contra las especies ex\u00f3ticas invasoras<\/strong>, el Gobierno aprob\u00f3 el Real Decreto 630\/2013, de 2 de agosto<\/a>,<\/strong> por el que se regula el Cat\u00e1logo espa\u00f1ol<\/strong> de especies ex\u00f3ticas invasoras, que sustituy\u00f3 a otro de 2011 que present\u00f3 grandes problemas de aplicabilidad.<\/p>\n

    Sin embargo, como consecuencia del recurso de varias ONGs, el Tribunal Supremo dict\u00f3 la sentencia n.\u00ba 637\/2016, de 16 de marzo<\/strong>, en la que modific\u00f3 la lista de especies catalogadas y anul\u00f3 varias disposiciones del Real Decreto 630\/2013, lo que ha provocado importantes problemas socio econ\u00f3micos por la prohibici\u00f3n gen\u00e9rica de posesi\u00f3n, transporte, tr\u00e1fico y comercio de ejemplares vivos de varias especies que son objeto de aprovechamiento pisc\u00edcola o cineg\u00e9tico, afectando tambi\u00e9n a actividades comerciales e industriales.<\/p>\n

    Esta modificaci\u00f3n de la Ley 42\/2007, de 13 de diciembre<\/a>, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, tiene por objeto<\/strong> compatibilizar la imprescindible lucha contra las especies ex\u00f3ticas invasoras con su aprovechamiento para la caza y la pesca en aquellas \u00e1reas que, al estar ocupadas desde antiguo, su presencia no suponga un problema ambiental. Atiende tambi\u00e9n al Reglamento 1143\/2014, de 22 de octubre<\/a>, del Parlamento Europeo y del Consejo.<\/p>\n

    La reforma, que tambi\u00e9n pretende establecer un marco<\/strong> para que las comunidades aut\u00f3nomas puedan ejercer sus competencias de gesti\u00f3n en la materia y dotar de seguridad jur\u00eddica a los sectores, incorpora una definici\u00f3n de los recursos zoogen\u00e9ticos<\/strong>.<\/p>\n

    En la modificaci\u00f3n de la ley se seguir\u00e1 considerando que las especies ex\u00f3ticas invasoras<\/strong> para las que exista suficiente informaci\u00f3n cient\u00edfica deber\u00e1n ser catalogadas<\/strong>, pero se permitir\u00e1 que en aquellas \u00e1reas ocupadas antes de 2007<\/strong>, a\u00f1o en que se promulg\u00f3 la primera regulaci\u00f3n de esta materia, se podr\u00e1n utilizar todas las modalidades de caza y pesca<\/strong> para su control o erradicaci\u00f3n. Por el contrario, fuera de esas \u00e1reas<\/strong> queda prohibido el aprovechamiento de pesca o caza deportivas, como forma de desincentivar las sueltas ilegales que se han seguido produciendo.<\/p>\n

    La modificaci\u00f3n de la ley tambi\u00e9n regula la acuicultura<\/strong>, de acuerdo con el Reglamento 708\/2007 del Consejo, de 11 de junio de 2007<\/a>. Se podr\u00e1 permitir la suelta de truchas arco\u00edris en tramos concretos, pero s\u00f3lo de ejemplares sin ninguna capacidad reproductiva.<\/p>\n

    Y se habilita un mecanismo <\/strong>para que la Comisi\u00f3n Estatal de Patrimonio Natural y la Biodiversidad pueda acordar, en casos excepcionales y en los supuestos con regulaci\u00f3n espec\u00edfica, cuando exista un inter\u00e9s p\u00fablico de primer orden, la suspensi\u00f3n <\/strong>del procedimiento de catalogaci\u00f3n de una especie o promover la descatalogaci\u00f3n <\/strong>de una especie previamente catalogada.<\/p>\n

    Entr\u00f3 en vigor el 22 de julio de 2018.<\/p>\n

    \u00a0<\/div>\n

    PDF (BOE-A-2018-10240 – 7\u00a0p\u00e1gs.<\/abbr>\u00a0– 198\u00a0KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0\u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

    \u00a0<\/p>\n<\/div>\n<\/a>

    Ministerio de Econom\u00eda y Empresa<\/span><\/h6>\n

    Real Decreto 948\/2018, de 24 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 355\/2018, de 6 de junio, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales.<\/p>\n

    Resumen:<\/strong> dentro del Ministerio de Econom\u00eda y Empresa se crea, como \u00f3rgano superior, la\u00a0Secretar\u00eda de Estado para el Avance Digital.<\/span><\/p>\n

    La reforma\u00a0del art. 16<\/a> del Real Decreto 355\/2018, de 6 de junio, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, consiste en crear, como \u00f3rgano superior,\u00a0la Secretar\u00eda de Estado para el Avance Digital<\/strong> y suprimir la Secretar\u00eda de Estado para la Sociedad de la Informaci\u00f3n y la Agenda Digital.<\/p>\n

    \n

    PDF (BOE-A-2018-10518 – 1\u00a0p\u00e1g.<\/abbr>\u00a0– 151\u00a0KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0\u00a0Otros formatos<\/a>\u00a0 \u00a0<\/p>\n

     <\/p>\n<\/a>

    Subvenci\u00f3n al transporte: Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.<\/span><\/h6>\n

    Real Decreto 949\/2018, de 27 de julio, por el que se modifica la cuant\u00eda de la subvenci\u00f3n al transporte regular, a\u00e9reo y mar\u00edtimo, de los residentes en los territorios no peninsulares con el resto del territorio nacional, de conformidad con lo previsto en la disposici\u00f3n adicional cent\u00e9sima cuadrag\u00e9sima s\u00e9ptima de la Ley 6\/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el a\u00f1o 2018.<\/p>\n

    Resumen:<\/strong> los residentes en Canarias, Illes Balears, Ceuta y Melilla gozan, desde el 16 de julio de 2018, de una bonificaci\u00f3n del 75% en sus billetes de barco o de avi\u00f3n para los trayectos directos entre el respectivo territorio no peninsular y el resto del territorio nacional.<\/span><\/p>\n

    Este real decreto desarrolla<\/strong> lo dispuesto en la D. Ad. 147\u00aa de la Ley de Presupuestos<\/strong> Generales del Estado para 2018 (ver resumen<\/a>).<\/p>\n

    El porcentaje de las bonificaciones al transporte regular, mar\u00edtimo y a\u00e9reo, para residentes en Canarias, Illes Balears, Ceuta y Melilla, establecido en los apartados dos y tres de la D. Ad. 13\u00aa<\/a> <\/strong>de la Ley 17\/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a\u00f1o 2013, para los trayectos directos, ya sean de ida o de ida y vuelta, entre el respectivo territorio no peninsular y el resto del territorio nacional queda fijado, con car\u00e1cter indefinido, en el setenta y cinco por ciento <\/strong>(antes era el 50%).<\/p>\n

    El resto de dichos apartados 2 y 3 sigue igual.<\/p>\n

    Se autoriza al Ministro de Fomento y a la Ministra de Hacienda para dictar, en el \u00e1mbito de sus respectivas competencias, las disposiciones que sean precisas para la aplicaci\u00f3n de lo establecido en este real decreto<\/p>\n

    Es de aplicaci\u00f3n<\/strong> a los billetes emitidos por las compa\u00f1\u00edas a\u00e9reas y mar\u00edtimas desde las 9:00, hora peninsular, del d\u00eda 16 de julio de 2018<\/strong>, a pesar de que entr\u00f3 en vigor el 29 de julio de 2018.<\/p>\n

    PDF (BOE-A-2018-10651 – 2\u00a0p\u00e1gs.<\/abbr>\u00a0– 161\u00a0KB<\/abbr>)<\/a>Otros formatos<\/a><\/p>\n

    \u00a0<\/p>\n<\/div>\n

    \n<\/a>
    Trabajo a tiempo parcial vertical y p<\/span>rotecci\u00f3n por desempleo.<\/span><\/h6>\n

    Real Decreto 950\/2018, de 27 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 625\/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31\/1984, de 2 de agosto, de protecci\u00f3n por desempleo.<\/p>\n

    Resumen:<\/strong> los trabajadores a tiempo parcial vertical (s\u00f3lo trabajan ciertos d\u00edas a la semana) gozar\u00e1n del mismo c\u00f3mputo de tiempo, cara al desempleo, que los trabajadores a tiempo parcial horizontal.<\/span><\/p>\n

    El Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea<\/strong> ha resuelto mediante la sentencia de 9 de noviembre de 2017 la cuesti\u00f3n prejudicial<\/strong> planteada por el Juzgado de lo Social n\u00famero 33 de Barcelona), en relaci\u00f3n con la duraci\u00f3n de la prestaci\u00f3n contributiva por desempleo<\/strong> originada por la p\u00e9rdida de un trabajo a tiempo parcial de varios a\u00f1os de duraci\u00f3n, en el que la prestaci\u00f3n de servicios se realiza solo algunos d\u00edas a la semana, lo que se conoce como trabajo a tiempo parcial vertical.<\/strong><\/p>\n

    Considera que la anterior redacci\u00f3n del art\u00edculo 3.4<\/a><\/strong> del Real Decreto 625\/1985, de 2 de abril, al s\u00f3lo tener en cuenta las jornadas de trabajo efectivo, es discriminatorio, atendiendo a la prohibici\u00f3n de discriminaci\u00f3n por raz\u00f3n de sexo, directa o indirecta, que contempla el art\u00edculo 4.1 de la Directiva 79\/7\/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978<\/a>, ya que este tipo de trabajo est\u00e1 realizado fundamentalmente por mujeres.<\/p>\n

    Para evitar situaciones an\u00e1logas a las del caso resuelto, se modifica el referido art\u00edculo 3.4, que queda con la siguiente redacci\u00f3n:<\/p>\n

    \u00ab4. Cuando las cotizaciones acreditadas correspondan a trabajos a tiempo parcial realizados al amparo del art\u00edculo 12<\/a> del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se computar\u00e1 el per\u00edodo\u00a0durante el que el trabajador haya permanecido en alta\u00a0con independencia de que se hayan trabajado todos los d\u00edas laborables o solo parte de los mismos, y ello, cualquiera que haya sido la duraci\u00f3n de la jornada.<\/em><\/p>\n

    Se excluyen de dicho c\u00f3mputo los per\u00edodos de inactividad productiva a los que se refiere el art\u00edculo 267.1.d)<\/a> del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.\u00bb<\/em><\/p>\n

    Entr\u00f3 en vigor el 29 de julio de 2018<\/p>\n

    PDF (BOE-A-2018-10652 – 3\u00a0p\u00e1gs.<\/abbr>\u00a0– 165\u00a0KB<\/abbr>)<\/a>Otros formatos<\/a><\/p>\n

    <\/p>\n<\/a>

    Plan Director por un Trabajo Digno<\/span><\/strong><\/h6>\n

    Resoluci\u00f3n de 27 de julio de 2018, de la Subsecretar\u00eda, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de julio de 2018, por el que se aprueba el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2019-2020.<\/p>\n

    Resumen:<\/strong> Se da publicidad al Acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros, en su reuni\u00f3n del d\u00eda 27 de julio de 2018, por el que se aprueba el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2019-2020. Contiene 75 medidas.<\/span><\/p>\n

    Seg\u00fan la Organizaci\u00f3n Internacional de Trabajo<\/strong>, el trabajo decente es el punto de convergencia de sus cuatro objetivos estrat\u00e9gicos<\/strong>: la promoci\u00f3n de los derechos fundamentales<\/strong> en el trabajo, el empleo<\/strong> (que permita un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado, sin discriminaci\u00f3n de g\u00e9nero o de cualquier otro tipo), la protecci\u00f3n social<\/strong> y el dialogo social<\/strong>.<\/p>\n

    Este Plan est\u00e1 llamado a ser la principal herramienta, desde las competencias de la Inspecci\u00f3n de Trabajo y Seguridad Social<\/strong>, para hacer frente a los problemas m\u00e1s graves de nuestro mercado laboral en la actual etapa de salida de la \u00faltima crisis econ\u00f3mica: la precariedad en el empleo, recuperar derechos laborales y mejorar la calidad del empleo y de las condiciones de trabajo. Tambi\u00e9n trata de lograr la competencia leal entre empresas en el mercado de trabajo.<\/p>\n

    Algunas de las \u00e1reas<\/strong> a las que afectan las medidas son las siguientes:<\/p>\n

      \n
    1. Luchar contra el abuso y el fraude en la utilizaci\u00f3n de los contratos temporales<\/strong>.<\/li>\n
    2. Luchar contra los abusos en la contrataci\u00f3n a tiempo parcial<\/strong>, los excesos de jornadas y horas extraordinarias<\/strong> no pagadas ni compensadas.<\/li>\n
    3. Medidas para corregir los incumplimientos<\/strong> en materia salarial y los derivados de la externalizaci\u00f3n<\/strong> de actividades.<\/li>\n
    4. Protecci\u00f3n de derechos fundamentales<\/strong> y promoci\u00f3n de la igualdad.<\/li>\n
    5. Refuerzo de la lucha contra la econom\u00eda irregular<\/strong>.<\/li>\n
    6. Afrontar las nuevas modalidades<\/strong> de prestaci\u00f3n del trabajo.<\/li>\n
    7. Regularizar la situaci\u00f3n de los que se encuentren bajo la figura de \u00abFalso becario<\/strong>\u00bb<\/li>\n
    8. Reforzar las actuaciones para reducir la accidentalidad<\/strong> y morbilidad laboral<\/li>\n
    9. Garantizar los derechos sindicales<\/strong> para luchar contra la precariedad laboral.<\/li>\n<\/ol>\n

      Tambi\u00e9n incluye medidas organizativas<\/strong> en estas \u00e1reas.<\/p>\n

        \n
      1. Puesta en marcha y refuerzo de los medios humanos y materiales del Organismo Estatal Inspecci\u00f3n de Trabajo y Seguridad Social<\/strong><\/li>\n
      2. Potenciaci\u00f3n de la Herramienta de Lucha contra el Fraude<\/strong> (HLF)<\/li>\n
      3. Modernizaci\u00f3n de los procedimientos de gesti\u00f3n<\/strong> de la Inspecci\u00f3n de Trabajo<\/li>\n
      4. Refuerzo de la colaboraci\u00f3n y coordinaci\u00f3n institucional<\/strong><\/li>\n
      5. Buz\u00f3n<\/strong> de la Inspecci\u00f3n de Trabajo y Seguridad Social<\/li>\n
      6. Reforzar la cooperaci\u00f3n en la lucha contra la precariedad y el fraude Internacional<\/strong><\/li>\n
      7. Plan de comunicaci\u00f3n<\/strong> de la Inspecci\u00f3n de Trabajo y Seguridad Social<\/li>\n<\/ol>\n
        \n

        PDF (BOE-A-2018-10653 – 43\u00a0p\u00e1gs.<\/abbr>\u00a0– 795\u00a0KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0\u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

         <\/p>\n<\/a>

        Protecci\u00f3n de datos: adaptaci\u00f3n a la normativa europea.<\/span><\/h6>\n

        Real Decreto-ley 5\/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptaci\u00f3n del Derecho espa\u00f1ol a la normativa de la Uni\u00f3n Europea en materia de protecci\u00f3n de datos.<\/p>\n

        Resumen: <\/strong>Este real decreto ley adapta el derecho espa\u00f1ol, en aquellas materias que no exigen el rango de Ley org\u00e1nica, al Reglamento (UE) 2016\/679, que entr\u00f3 en vigor el pasado 25 de mayo a la espera de la reforma de la Ley Org\u00e1nica. Determina qui\u00e9nes inspeccionan y sus facultades, el r\u00e9gimen sancionador y el procedimiento.<\/span><\/p>\n

        \"Protecci\u00f3n<\/a>

        Luna en Murcia. Por Mar\u00eda Isabel de la Puente<\/p><\/div>\n

        El Reglamento (UE) 2016\/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016<\/a>, relativo a la protecci\u00f3n de las personas f\u00edsicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales<\/strong> y a la libre circulaci\u00f3n de estos datos, es plenamente aplicable en Espa\u00f1a desde el pasado 25 de mayo<\/strong>. Supone una profunda modificaci\u00f3n<\/strong> del r\u00e9gimen vigente en materia de protecci\u00f3n de datos personales, no s\u00f3lo desde el punto de vista sustantivo y de cumplimiento por los sujetos obligados<\/strong>, sino particularmente en lo que afecta a la actividad de supervisi\u00f3n<\/strong> por parte de las autoridades de control que el mismo regula.<\/p>\n

        Desplaza aquellas disposiciones de Derecho interno que no resulten conformes<\/strong> con el r\u00e9gimen que el mismo establece, por lo que afecta a muchos de los preceptos de la Ley Org\u00e1nica 15\/1999, de 13 de diciembre<\/a>, de Protecci\u00f3n de Datos de Car\u00e1cter Personal y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1720\/2007, de 21 de diciembre<\/a>.<\/p>\n

        La reforma de la Ley Org\u00e1nica<\/strong> se encuentra actualmente en tr\u00e1mite parlamentario<\/strong>.<\/p>\n

        Aunque el Reglamento comunitario es de aplicaci\u00f3n directa, tiene 56 remisiones a los ordenamientos nacionales<\/strong>, que han de ser objeto de desarrollo, obligatorio o potestativo, seg\u00fan los casos, por los Estados miembros.<\/p>\n

        Entre las remisiones<\/strong>, son de destacar:<\/p>\n

        – la regulaci\u00f3n del estatuto de las autoridades de control<\/strong>,<\/p>\n

        – la determinaci\u00f3n del r\u00e9gimen aplicable a los inspectores de un tercer Estado<\/strong> que lleven a cabo actividades conjuntas de investigaci\u00f3n<\/p>\n

        – o la designaci\u00f3n de la autoridad que representar\u00e1<\/strong> al Estado miembro en el Comit\u00e9 Europeo de Protecci\u00f3n de Datos.<\/p>\n

        A veces, aunque no hace remisi\u00f3n expresa, su regulaci\u00f3n resulta incompleta<\/strong>. Por ejemplo:<\/p>\n

        – Aunque establece un r\u00e9gimen sancionador, no regula <\/strong>los plazos de prescripci\u00f3n<\/strong> de las infracciones.<\/p>\n

        – Establece un procedimiento de cooperaci\u00f3n<\/strong> entre los Estados miembros en los supuestos de tratamientos denominados transfronterizos, pero no regula el modo en que el Derecho interno de los Estados habr\u00e1 de verse afectado por los tr\u00e1mites previstos.<\/p>\n

        As\u00ed pues, entre remisiones, lagunas y preceptos internos afectados<\/strong>, resulta muy urgente dictar normas sobre la materia, con la limitaci\u00f3n de que no exijan el rango de ley org\u00e1nica, pues, para ellas, habr\u00e1 que esperar a que concluya el tr\u00e1mite parlamentario en curso.<\/p>\n

        El real decreto-ley tiene tres cap\u00edtulos:<\/strong><\/p>\n

        Qui\u00e9nes inspeccionan y facultades.<\/strong><\/p>\n

        A ello se dedica el Cap\u00edtulo I<\/strong>, del que entresacamos:<\/p>\n

        La actividad de investigaci\u00f3n de la Agencia Espa\u00f1ola de Protecci\u00f3n de Datos (AEPD) se llevar\u00e1 a cabo por los funcionarios de la Agencia<\/strong> o por funcionarios ajenos a ella habilitados expresamente por su Director.<\/p>\n

        Estos funcionarios tendr\u00e1n la consideraci\u00f3n de agentes de la autoridad<\/strong> en el ejercicio de sus funciones, y estar\u00e1n obligados a guardar secreto.<\/p>\n

        Podr\u00e1n recabar las informaciones precisas<\/strong> para el cumplimiento de sus funciones, realizar inspecciones, requerir la exhibici\u00f3n o el env\u00edo de los documentos<\/strong> y datos necesarios, examinarlos en el lugar en que se encuentren depositados o en donde se lleven a cabo los tratamientos, obtener copia<\/strong> de ellos, inspeccionar los equipos f\u00edsicos y l\u00f3gicos y requerir la ejecuci\u00f3n de tratamientos y programas o procedimientos de gesti\u00f3n y soporte del tratamiento sujetos a investigaci\u00f3n.<\/p>\n

        R\u00e9gimen sancionador en materia de protecci\u00f3n de datos.<\/strong><\/p>\n

        Es la materia del Cap\u00edtulo II<\/strong> que desarrolla el novedoso r\u00e9gimen sancionador<\/strong> establecido en el Reglamento General de Protecci\u00f3n de Datos, reemplazando los tipos infractores actualmente contenidos en la Ley Org\u00e1nica 15\/1999.<\/p>\n

        Est\u00e1n sometidos a este r\u00e9gimen los siguientes sujetos responsables:<\/strong><\/p>\n

        a) Los responsables de los tratamientos.<\/p>\n

        b) Los encargados de los tratamientos.<\/p>\n

        c) Los representantes de los anteriores no establecidos en el territorio de la Uni\u00f3n Europea.<\/p>\n

        d) Las entidades de certificaci\u00f3n.<\/p>\n

        e) Las entidades acreditadas de supervisi\u00f3n de los c\u00f3digos de conducta.<\/p>\n

        No se aplicar\u00e1 al delegado de protecci\u00f3n de datos.<\/p>\n

        En cuanto a las infracciones<\/strong>, hay remisi\u00f3n a los apartados 4, 5 y 6 de art\u00edculo 83 del Reglamento. Se regula su prescripci\u00f3n<\/strong>, que ser\u00e1 de tres a\u00f1os<\/strong> para las m\u00e1s graves y de dos<\/strong> para el resto, determin\u00e1ndose cu\u00e1ndo se produce la interrupci\u00f3n del plazo.<\/p>\n

        Tambi\u00e9n se determina la prescripci\u00f3n de las sanciones. <\/strong>Ser\u00e1 de uno, dos \u00f3 tres a\u00f1os, atendiendo al importe de la multa.<\/p>\n

        Procedimientos en caso de posible vulneraci\u00f3n de la normativa de protecci\u00f3n de datos<\/strong><\/p>\n

        El Cap\u00edtulo III<\/strong> los regula, teniendo en cuenta que el reglamento distingue en la pr\u00e1ctica tres tipos de tratamientos<\/strong> a los que aplicar\u00eda distintas normas procedimentales:<\/p>\n

        – los tratamientos transfronterizos<\/strong>,<\/p>\n

        – los transfronterizos con relevancia local en un Estado miembro<\/strong><\/p>\n

        – y los exclusivamente nacionales<\/strong>.<\/p>\n

        Su objetivo es hacer posible la aplicaci\u00f3n de las especialidades del r\u00e9gimen procedimental del Reglamento General de Protecci\u00f3n de Datos<\/strong>, en un contexto en el que, siendo la norma europea directamente aplicable, ya se han puesto en marcha procedimientos de especial trascendencia al amparo de este r\u00e9gimen.<\/p>\n

        Se incorporan al procedimiento fases espec\u00edficas <\/strong>como la admisi\u00f3n a tr\u00e1mite de las reclamaciones<\/strong> o la posibilidad de archivo provisional<\/strong> del expediente en los supuestos en que la Agencia Espa\u00f1ola de Protecci\u00f3n de Datos no tramite la reclamaci\u00f3n pero pueda tener que resolver sobre la misma. Tambi\u00e9n, determinados casos en que se precisa la suspensi\u00f3n<\/strong> del procedimiento.<\/p>\n

        Afecta a los procedimientos tramitados por la AEPD en dos supuestos:<\/strong><\/p>\n

        – Cuando un afectado reclame<\/strong> que no ha sido atendida su solicitud de ejercicio de los derechos reconocidos en los art\u00edculos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016\/679<\/a>. Se trata de los derechos de acceso, rectificaci\u00f3n, supresi\u00f3n, limitaci\u00f3n de tratamiento, portabilidad de datos, oposici\u00f3n\u2026<\/p>\n

        – Cuando la AEPD investigue<\/strong> la existencia de una posible infracci\u00f3n de lo dispuesto en el mencionado reglamento y la normativa espa\u00f1ola de protecci\u00f3n de datos.<\/p>\n

        Fuentes: <\/strong>Los procedimientos tramitados por la AEPD se regir\u00e1n por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016\/679, en la normativa espa\u00f1ola de protecci\u00f3n de datos y, en cuanto no las contradigan, con car\u00e1cter subsidiario, por las normas generales sobre los procedimientos administrativos.<\/p>\n

        Cuando el interesado sea el promotor, atendiendo a sus derechos reconocidos referidos, su duraci\u00f3n m\u00e1xima es de seis meses<\/strong> con silencio positivo.<\/p>\n

        Cuando sea por infracci\u00f3n de la normativa<\/strong>, nueve meses<\/strong>, pasados los cuales, se entender\u00e1 caducado.<\/p>\n

        La AEPD puede acordar medidas provisionales<\/strong> como el bloqueo cautelar de los datos y la obligaci\u00f3n inmediata de atender el derecho solicitado.<\/p>\n

        La D. Ad. 1\u00aa designa a la Agencia Espa\u00f1ola de Protecci\u00f3n de Datos (AEPD)<\/strong> representante<\/strong> espa\u00f1ola en el Comit\u00e9 Europeo de Protecci\u00f3n de Datos, con obligaci\u00f3n de recabar el parecer e informas a las autoridades auton\u00f3micas.<\/p>\n

        La D. Ad. 2\u00aa determina qu\u00e9 resoluciones de la AEPD han de ser publicadas<\/strong>, aunque no indica d\u00f3nde.<\/p>\n

        Las disposiciones transitorias <\/strong>regulan los procedimientos ya iniciados, que se regir\u00e1n por la normativa anterior, salvo que la nueva regulaci\u00f3n sea m\u00e1s favorable para el interesado. Tambi\u00e9n hay una dedicada a los contratos de encargado del tratamiento.<\/p>\n

        Se derogan determinados art\u00edculos de la Ley Org\u00e1nica 15\/1999, de 13 de diciembre, de Protecci\u00f3n de Datos de Car\u00e1cter Personal<\/a>, que no tienen rango de ley org\u00e1nica.<\/p>\n

        Entr\u00f3 en vigor<\/strong> el 31 de julio de 2018 y lo estar\u00e1 hasta<\/strong> la vigencia de la nueva legislaci\u00f3n<\/strong> org\u00e1nica<\/strong> de protecci\u00f3n de datos que tenga por objeto adaptar el ordenamiento jur\u00eddico espa\u00f1ol al Reglamento Europeo(UE) 2016\/679.<\/p>\n

        PDF (BOE-A-2018-10751 – 9\u00a0p\u00e1gs.<\/abbr>\u00a0– 218\u00a0KB<\/abbr>)<\/a>Otros formatos<\/a>\u00a0 \u00a0Convalidaci\u00f3n<\/a><\/p>\n

         <\/p>\n<\/a>

        Acceso universal al Sistema Nacional de Salud<\/span><\/h6>\n

        Real Decreto-ley 7\/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud.<\/p>\n

        Resumen: <\/strong>este real decreto ley extiende el acceso al Sistema Nacional de Salud y farmac\u00e9utico a la poblaci\u00f3n extranjera no registrada ni autorizada a residir en Espa\u00f1a, garantizando la atenci\u00f3n sanitaria, en las mismas condiciones, a todas las personas que se encuentren en el Estado Espa\u00f1ol.\u00a0<\/span><\/p>\n

        Desde el Real Decreto-ley 16\/2012, de 20 de abril<\/strong>, dictado en plena crisis, las personas adultas no registradas ni autorizadas a residir en Espa\u00f1a contaban con prestaci\u00f3n sanitaria s\u00f3lo en caso de urgencia por enfermedad grave o accidente hasta la situaci\u00f3n de alta m\u00e9dica y asistencia durante el embarazo, parto y posparto.<\/p>\n

        El presente real decreto-ley garantiza la universalidad de la asistenci<\/strong>a, es decir, el derecho a la protecci\u00f3n de la salud y a la atenci\u00f3n sanitaria, en las mismas condiciones, a todas las personas que se encuentren en el Estado Espa\u00f1ol. <\/strong><\/p>\n

        Se apoya en el art\u00edculo 43 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola<\/a> y en tratados internacionales que no se enumeran en la E. de M.<\/p>\n

        El nuevo modelo desliga el aseguramiento con cargo a los fondos p\u00fablicos de la Seguridad Social y se vincula a la residencia en Espa\u00f1a<\/strong>, as\u00ed como a aquellas personas que, sin residir habitualmente en el territorio espa\u00f1ol, tengan reconocido su derecho a la asistencia sanitaria en Espa\u00f1a por cualquier otro t\u00edtulo jur\u00eddico.<\/p>\n

        El reconocimiento y control del derecho a la protecci\u00f3n de la salud y a la atenci\u00f3n sanitaria con cargo a fondos p\u00fablicos corresponder\u00e1 al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.<\/strong><\/p>\n

        Se establecen criterios para evitar el uso inapropiado<\/strong> del derecho a la asistencia sanitaria, como son que la asistencia ser\u00e1 con cargo a fondos p\u00fablicos siempre que no exista un tercero obligado al pago<\/strong>, o que no se tenga la obligaci\u00f3n de acreditar la cobertura obligatoria por otra v\u00eda, o bien, que no se pueda exportar el derecho de cobertura sanitaria desde su pa\u00eds de origen o procedencia.<\/p>\n

        Entr\u00f3 en vigor el 31 de julio de 2018.<\/p>\n

        PDF (BOE-A-2018-10752 – 7\u00a0p\u00e1gs.<\/abbr>\u00a0– 202\u00a0KB<\/abbr>)<\/a>Otros formatos<\/a>\u00a0 \u00a0Convalidaci\u00f3n<\/a><\/p>\n

        \u00a0<\/p>\n<\/a>

        Incapacidad temporal Personal Administraci\u00f3n del Estado<\/span><\/strong><\/h6>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

        Real Decreto 956\/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba y publica el Acuerdo adoptado por la Mesa General de Negociaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n General del Estado el 23 de julio de 2018, en relaci\u00f3n al r\u00e9gimen retributivo de la situaci\u00f3n de incapacidad temporal del personal al servicio de la Administraci\u00f3n General del Estado y Organismos o Entidades P\u00fablicas dependientes.<\/p>\n

        Resumen: <\/strong>Se publica un real decreto que aprueba el acuerdo adoptado por la Mesa General de Negociaci\u00f3n de la AGE en relaci\u00f3n al r\u00e9gimen retributivo de la situaci\u00f3n de incapacidad temporal del personal al servicio de la Administraci\u00f3n General del Estado y Organismos o Entidades P\u00fablicas dependientes. Prev\u00e9 la plenitud retributiva.<\/span><\/p>\n

        La Ley de Presupuestos para 2018, a trav\u00e9s de su D. Ad. 54\u00aa<\/a> estableci\u00f3 un nuevo marco normativo para el r\u00e9gimen de incapacidad temporal<\/strong> del personal al servicio de las Administraciones P\u00fablicas, que elimina las restricciones existentes hasta este momento y permite que cada Administraci\u00f3n P\u00fablica determine<\/strong>, previa negociaci\u00f3n colectiva, las retribuciones que ha de percibir durante la situaci\u00f3n de incapacidad temporal el personal a su servicio y al de sus Organismos y Entidades p\u00fablicas dependientes.<\/p>\n

        Para su aplicaci\u00f3n, en el \u00e1mbito de la AGE, se ha llevado a cabo la preceptiva negociaci\u00f3n colectiva<\/strong> en la Mesa General de Negociaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n General del Estado, alcanz\u00e1ndose un Acuerdo por el que se establece la plenitud retributiva<\/strong> para el personal funcionario, estatutario o laboral al servicio de la Administraci\u00f3n General del Estado, de sus Organismos o de sus Entidades P\u00fablicas dependientes, que se encuentre en la situaci\u00f3n legal de incapacidad temporal, garantizando durante esta situaci\u00f3n la percepci\u00f3n del cien por cien de las retribuciones ordinarias correspondientes al mes de inicio de la incapacidad temporal.<\/p>\n

        Tras la aprobaci\u00f3n del Acuerdo, \u00e9ste ser\u00e1 directamente aplicable<\/strong> al personal incluido en su \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n, sin perjuicio de que a efectos formales se requiera la modificaci\u00f3n o derogaci\u00f3n, en su caso, de la normativa reglamentaria correspondiente.<\/p>\n

        Entr\u00f3 en vigor el 31 de julio de 2018<\/p>\n

        PDF (BOE-A-2018-10757 – 4\u00a0p\u00e1gs.<\/abbr>\u00a0– 173\u00a0KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0\u00a0<\/span>Otros formatos<\/a><\/p>\n

        \u00a0<\/p>\n<\/a>

        Oferta de empleo p\u00fablico 2018 (2RD)<\/span><\/h6>\n

        Real Decreto 955\/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo p\u00fablico para el a\u00f1o 2018.<\/p>\n

        Real Decreto 954\/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo p\u00fablico de estabilizaci\u00f3n correspondiente a la Ley 3\/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017 y se aprueba la oferta de empleo p\u00fablico de estabilizaci\u00f3n para el personal de la Administraci\u00f3n de Justicia para 2018.<\/p>\n

        Resumen:<\/strong> son dos reales decretos. El primero incluye la oferta de empleo p\u00fablico de la Administraci\u00f3n General del Estado, sus entes y funcionarios de Administraci\u00f3n Local con habilitaci\u00f3n de car\u00e1cter nacional, tanto libre como de promoci\u00f3n interna, con un importante incremento. El segundo recoge la oferta p\u00fablica para la estabilizaci\u00f3n de empleo temporal en determinados sectores, entre ellos la Administraci\u00f3n de Justicia, con unas 11.000 plazas.<\/span><\/p>\n

        EL art\u00edculo 19<\/a> de la Ley de Presupuestos Generales del Estado<\/strong> para el a\u00f1o 2018, dispone que a lo largo del presente a\u00f1o, la incorporaci\u00f3n de nuevo personal a las Administraciones P\u00fablicas estar\u00e1 sometida a los l\u00edmites<\/strong> establecidos en la misma, determin\u00e1ndose que, para los \u00e1mbitos y sectores en que as\u00ed se indica, la tasa de reposici\u00f3n ser\u00e1 de hasta un m\u00e1ximo del 100 por ciento<\/strong> de las bajas producidas y de un 75 por ciento<\/strong> para los restantes sectores, sin tener en cuenta las promociones internas.<\/p>\n

        Esta oferte corresponde a la Administraci\u00f3n General del Estado<\/strong>, sus organismos p\u00fablicos y dem\u00e1s entes p\u00fablicos estatales. Tambi\u00e9n a los funcionarios de Administraci\u00f3n Local<\/strong> con habilitaci\u00f3n de car\u00e1cter nacional.<\/p>\n

        Incluye los criterios<\/strong> que deben orientar los procesos de selecci\u00f3n de los candidatos y se refiere tanto la previsi\u00f3n de plazas de turno libre<\/strong> como de promoci\u00f3n interna<\/strong>.<\/p>\n

        Este es el contenido de algunos de los anexos:<\/strong><\/p>\n

        En el anexo I<\/strong> se incluyen las plazas que se autorizan en la Administraci\u00f3n General del Estado y en los entes p\u00fablicos para ingreso de nuevo personal<\/strong>.<\/p>\n

        En el anexo II<\/strong> se autorizan las plazas de personal al servicio de la Administraci\u00f3n de Justicia<\/strong>, tanto de ingreso libre como de promoci\u00f3n interna.<\/p>\n

        En el anexo III<\/strong> est\u00e1n las plazas de las Escalas de Funcionarios de Administraci\u00f3n Local<\/strong> con habilitaci\u00f3n de car\u00e1cter nacional.<\/p>\n

        En el anexo V<\/strong> se incluyen las plazas a convocar por promoci\u00f3n interna<\/strong> en la Administraci\u00f3n General del Estado, detallando su distribuci\u00f3n.<\/p>\n

        Citemos la\u00a0oferta en algunos cuerpos<\/strong>, observ\u00e1ndose, con car\u00e1cter general un importante incremento de plazas<\/strong> respecto a 2017\u00a0(general + discapacidad = total):<\/p>\n

        \u2013 Abogados del Estado: 24 +1 = 25<\/p>\n

        \u2013 Carrera Diplom\u00e1tica: 32 +2 = 34<\/p>\n

        \u2013 Superior de Administradores Civiles del Estado: 62 + 3 = 65<\/p>\n

        \u2013 Superior de Gesti\u00f3n Catastral: 13 + 1 =14<\/p>\n

        \u2013 Superior de Letrados de la Administraci\u00f3n General de la Seguridad Social: 24 + 1 = 25<\/p>\n

        \u2013 Letrados de la Administraci\u00f3n de Justicia: 62 + 5 = 67<\/p>\n

        \u2013 Funcionarios de la Administraci\u00f3n Local (3 escalas): 264 + 14 = 278<\/p>\n

        \u2013 Letrados del Consejo General del Poder Judicial: 5<\/p>\n

        \u2013 Superior de Inspectores de Hacienda del Estado: 37 + 2 =39<\/p>\n

        \u2013 Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social: 43 +2 = 45<\/p>\n

        \u2013 Superior de T\u00e9cnicos Comerciales y Economistas del Estado: 19 + 1 = 20<\/p>\n

        \u2013 Superior de Interventores y Auditores del Estado: s\u00f3lo promoci\u00f3n interna<\/p>\n

        \u2013 Superior Inspectores de Seguros del Estado: 13 + 1 = 14<\/p>\n

        \u2013 Superior de Interventores y Auditores Adm\u00f3n de la Seguridad Social: 11 + 1 = 12<\/p>\n

        \u2013 Superior de T\u00e9cnicos de la Administraci\u00f3n de la Seguridad Social: s\u00f3lo promoci\u00f3n interna<\/p>\n

        El segundo real decreto<\/strong> da cumplimiento a lo dispuesto en el art\u00edculo 19.uno.6<\/a> de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el a\u00f1o 2017, en el que se aprueba la oferta p\u00fablica para la estabilizaci\u00f3n de empleo temporal<\/strong> en determinados sectores que se recogen en los anexos de este real decreto.<\/p>\n

        El primer anexo incluye, entre otros, los cuerpos generales de funcionarios<\/strong> y grupos profesionales del III Convenio colectivo \u00fanico para el personal laboral de la Administraci\u00f3n General del Estado, las plazas de la Agencia Estatal de Administraci\u00f3n Tributaria y las plazas del Ente P\u00fablico Puertos del Estado. Son m\u00e1s de 6000 plazas en total.<\/p>\n

        El segundo anexo se centra en el personal de la Administraci\u00f3n de Justicia<\/strong>, alcanzando cerca de 5000 plazas.<\/p>\n

        Entraron en vigor el 1\u00ba de agosto de 2018.<\/p>\n

        PDF (BOE-A-2018-10858 – 17\u00a0p\u00e1gs.<\/abbr>\u00a0– 694\u00a0KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0\u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

        PDF (BOE-A-2018-10857 – 6\u00a0p\u00e1gs.<\/abbr>\u00a0– 268\u00a0KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0\u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

         <\/p>\n<\/a>

        Disposiciones Auton\u00f3micas<\/span><\/h6>\n
        \n

        CASTILLA-LE\u00d3N.<\/strong>\u00a0Ley 2\/2018, de 18 de junio, por la que se modifica la Ley 4\/2002, de 11 de abril, de Cooperativas de la Comunidad de Castilla y Le\u00f3n.<\/p>\n

        La modificaci\u00f3n de la Ley 4\/2002, de 11 de abril, de Cooperativas de la Comunidad de Castilla y Le\u00f3n, afecta a cuarenta y cuatro art\u00edculos e incorpora dos disposiciones transitorias y dos finales. De los art\u00edculos modificados, la mayor parte, veintiocho, se refieren al t\u00edtulo I \u00abDe la sociedad cooperativa. Normas Comunes\u00bb y otros doce al t\u00edtulo II \u00abDe las clases de cooperativas y otras formas de cooperaci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n

        Entre otras, destacar las siguientes modificaciones:<\/p>\n

        Por lo que respecta a las modificaciones operadas en el t\u00edtulo I, cabe destacar la relativa al capital social m\u00ednimo<\/strong> que queda establecido en 3.000 euros.<\/p>\n

        Se suprime del contenido m\u00ednimo de los Estatutos la inclusi\u00f3n de la cl\u00e1usula de sometimiento al arbitraje cooperativo.<\/p>\n

        Las modificaciones efectuadas en el art\u00edculo 22 tienen como finalidad reducir el plazo m\u00e1ximo previsto en la ley de tres meses a cuarenta y cinco d\u00edas para proporcionar la informaci\u00f3n relativa a la situaci\u00f3n econ\u00f3mica de la cooperativa y los acuerdos del Consejo Rector.<\/p>\n

        Un aspecto fundamental introducido por la presente modificaci\u00f3n es el valor positivo del silencio administrativo<\/strong>.<\/p>\n

        En relaci\u00f3n a los art\u00edculos dedicados por la ley a los socios de las cooperativas, se introduce la posibilidad de que, para determinados supuestos, pueda establecerse un per\u00edodo mayor para que el socio pueda darse de baja voluntaria. Por otro lado, se introduce una nueva categor\u00eda de socio en el art\u00edculo 26, el socio de servicios<\/strong>.<\/p>\n

        Se modifica el art\u00edculo 46 determinando que sean los Estatutos de la cooperativa los que establezcan el n\u00famero de Interventores previendo la posibilidad de que en los mismos se disponga la no obligatoriedad de dicha figura en aquellas cooperativas sujetas a auditor\u00eda de cuentas.<\/p>\n

        Otras modificaciones tienen como finalidad la reducci\u00f3n de las cargas administrativas<\/strong> a las cooperativas.<\/p>\n

        En el art\u00edculo 88 se establece un porcentaje m\u00ednimo de socios del 20 % para el inicio del procedimiento de escisi\u00f3n<\/strong>, teniendo en cuenta que se trata de una decisi\u00f3n de especial trascendencia para la vida de la cooperativa, por lo que no puede dejarse \u00fanicamente a lo que se establezca en los Estatutos de la cooperativa.<\/p>\n

        En relaci\u00f3n al t\u00edtulo II, se modifica el apartado 1 del art\u00edculo 98 suprimi\u00e9ndose los grupos al clasificar las cooperativas<\/strong>.<\/p>\n

        Respecto a las cooperativas de trabajo<\/strong>, se modifica el art\u00edculo 100, aceptando la posibilidad de cooperativas de trabajo con dos socios trabajadores. Se ampl\u00eda el n\u00famero m\u00e1ximo de horas\/a\u00f1o a realizar por los trabajadores por cuenta ajena al 50 por ciento.<\/p>\n

        As\u00ed mismo las cooperativas con m\u00e1s de 25 socios trabajadores recoger\u00e1n las condiciones de protecci\u00f3n social de los socios trabajadores, para aquellas situaciones en las que el sistema de protecci\u00f3n p\u00fablico no cubra total o parcialmente las necesidades de \u00e9stos.<\/p>\n

        Por lo que se refiere a las cooperativas de viviendas<\/strong> reguladas en el art\u00edculo 118 se determina un porcentaje m\u00ednimo de socios inscritos sobre los previstos totales para la toma de determinadas decisiones sobre aspectos importantes en la vida de \u00e9stas. Se incluye la figura de los gestores profesionales de cooperativas, regulando m\u00ednimamente, las incompatibilidades, su autorizaci\u00f3n por la Asamblea y su r\u00e9gimen de responsabilidad.\u00bb<\/p>\n

        En cuanto a las cooperativas de cr\u00e9dito y cooperativas de seguros<\/strong>, la nueva redacci\u00f3n del art\u00edculo 122 establece con mayor claridad la existencia de dos clases de cooperativas, si\u00e9ndoles de aplicaci\u00f3n tambi\u00e9n las normas que, con car\u00e1cter general, regulan la actividad de las entidades de cr\u00e9dito y de las entidades aseguradoras.<\/p>\n

        Por \u00faltimo, se a\u00f1ade un nuevo art\u00edculo 123 bis estableciendo un nuevo tipo de cooperativa, la cooperativa integral, regulando una realidad existente. Se definen como aquellas que, con independencia de su clase, su actividad cooperativizada es doble o plural, cumpliendo las finalidades propias de diferentes clases de cooperativas.<\/p>\n

        Entr\u00f3 en vigor el a los veinte d\u00edas de su publicaci\u00f3n en el \u00abBolet\u00edn Oficial de Castilla y Le\u00f3n\u00bb (25 de junio de 2018). GGB<\/p>\n

        PDF (BOE-A-2018-9339 \u2013 21\u00a0p\u00e1gs.\u00a0\u2013 341\u00a0KB)<\/a>\u00a0 \u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

         <\/p>\n

        CASTILLA-LA MANCHA.<\/strong>\u00a0Ley 3\/2018, de 24 de mayo, de protecci\u00f3n y apoyo garantizado para personas con discapacidad en Castilla-La Mancha.<\/p>\n

        La ley consta de diecinueve art\u00edculos, agrupados en tres t\u00edtulos, dos disposiciones adicionales y tres disposiciones finales.<\/p>\n

        El t\u00edtulo preliminar recoge las disposiciones generales que orientan el texto normativo, el objeto, \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n, destinatarios, principios informadores que han de regir su aplicaci\u00f3n y desarrollo y definiciones a los efectos de la ley.<\/p>\n

        El t\u00edtulo I establece el sistema de apoyos para las personas con discapacidad que dise\u00f1a la ley, constituido por el establecimiento de las unidades de orientaci\u00f3n y apoyo en las que un profesional de referencia, el agente de mediaci\u00f3n, apoyar\u00e1 a la persona con discapacidad que necesite apoyo para la toma de decisiones en el dise\u00f1o de su plan personal de futuro. Se prev\u00e9, asimismo, la creaci\u00f3n de una oficina regional de orientaci\u00f3n y apoyo a la que se le encomienda la coordinaci\u00f3n de las unidades de orientaci\u00f3n y apoyo. Se cierra el sistema con una garant\u00eda adicional de apoyo residencial en el caso de que sea necesaria, cuando los apoyos familiares falten.<\/p>\n

        El t\u00edtulo II se centra en los detalles y contenido del plan personal de futuro, su registro y formalizaci\u00f3n as\u00ed como su futura puesta en marcha.<\/p>\n

        Entr\u00f3 en vigor el 6 de julio de 2018. GGB<\/p>\n

        PDF (BOE-A-2018-9415 \u2013 10\u00a0p\u00e1gs.\u00a0\u2013 271\u00a0KB)<\/a>\u00a0 \u00a0\u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

         <\/p>\n

        ILLES BALEARS.<\/strong>\u00a0Ley 5\/2018, de 19 de junio, de la vivienda de las Illes Balears.<\/p>\n

        El texto de esta ley se estructura en nueve t\u00edtulos, seguidos de diecisiete disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria y cuatro finales.<\/p>\n

        El t\u00edtulo I de la ley desarrolla las disposiciones generales aplicables<\/strong>, con la concreci\u00f3n de los principios rectores que permitir\u00e1n interpretar la voluntad del legislador en esta materia, la incorporaci\u00f3n de un conjunto de definiciones que facilitar\u00e1n su aplicaci\u00f3n, y la consideraci\u00f3n de la pol\u00edtica de vivienda como un servicio de inter\u00e9s general, de manera que se encaja con los pronunciamientos ya consolidados en las instituciones europeas.<\/p>\n

        Tambi\u00e9n se incorpora un precepto destinado a garantizar la presencia de la vivienda en las pol\u00edticas p\u00fablicas y, entre otros, en los instrumentos de planificaci\u00f3n urban\u00edstica.<\/p>\n

        El t\u00edtulo II contiene la referencia a la distribuci\u00f3n de competencias<\/strong> entre las diferentes administraciones p\u00fablicas en materia de vivienda, a partir del principio de colaboraci\u00f3n entre las mismas.<\/p>\n

        El t\u00edtulo III se dedica a concretar todo aquello relacionado con las condiciones de la vivienda en un sentido amplio.<\/p>\n

        Incluye un cap\u00edtulo I, destinado a regular las condiciones f\u00edsicas de las viviendas<\/strong> teniendo en cuenta par\u00e1metros de calidad, dise\u00f1o y habitabilidad; y un cap\u00edtulo II, en el que se desarrolla el deber de conservaci\u00f3n y rehabilitaci\u00f3n<\/strong> y tambi\u00e9n su alcance.<\/p>\n

        El t\u00edtulo IV es el m\u00e1s extenso de la ley y tambi\u00e9n el m\u00e1s innovador en la medida en que contiene todas las acciones que configuran una pol\u00edtica de protecci\u00f3n y promoci\u00f3n de la vivienda<\/strong>.<\/p>\n

        En el cap\u00edtulo I se incluye una regulaci\u00f3n dirigida a proteger a los adquirentes y usuarios de las viviendas.<\/p>\n

        El cap\u00edtulo II tiene como finalidad establecer qu\u00e9 mecanismos adopta el Gobierno balear para atender a la poblaci\u00f3n con dificultades para acceder a una vivienda o para mantenerse en ella.<\/p>\n

        Sin perjuicio de otras medidas que se desarrollar\u00e1n reglamentariamente, la ley ya se posiciona directamente a favor de la existencia de ayudas y prestaciones diversas, de la existencia de un programa de cesi\u00f3n que facilite la gesti\u00f3n temporal de las viviendas de propietarios interesados en tener un alquiler estable, y de facilitar la existencia de una red especializada para la gesti\u00f3n de las viviendas de inserci\u00f3n. Estas l\u00edneas de acci\u00f3n configuran la acci\u00f3n positiva que el Gobierno pone a disposici\u00f3n de la poblaci\u00f3n para promocionar la vivienda.<\/p>\n

        Aparte de las l\u00edneas de acci\u00f3n mencionadas, el cap\u00edtulo III prev\u00e9 la creaci\u00f3n del Servicio de Acompa\u00f1amiento en materia de vivienda<\/strong>, un instrumento espec\u00edfico que, dependiente del Instituto Balear de la Vivienda, dar\u00e1 apoyo a las personas que necesitan asesoramiento y atenci\u00f3n en materia de vivienda, articulado como un asesoramiento previo y proactivo en los procesos de compra, financiaci\u00f3n o alquiler de vivienda, como un acompa\u00f1amiento efectivo en todos los procesos que suponen un riesgo de p\u00e9rdida de la vivienda.<\/p>\n

        La problem\u00e1tica de las viviendas desocupadas<\/strong> se regula en el cap\u00edtulo IV. Adem\u00e1s de especificar las situaciones en que una vivienda se puede considerar desocupada, se establece el deber de colaboraci\u00f3n en la detecci\u00f3n de estas situaciones<\/strong>, complementado con medidas positivas de fomento de la ocupaci\u00f3n.<\/p>\n

        Con el fin de tener una imagen fiable y poder someter a una fiscalizaci\u00f3n m\u00e1s elevada la actividad de los grandes tenedores, se regula la creaci\u00f3n de un registro de viviendas desocupadas<\/strong>, en el que estas entidades est\u00e1n obligadas a inscribir todas las viviendas desocupadas de que disponen. Esta informaci\u00f3n se integrar\u00e1 con las medidas siguientes destinadas a fomentar el parque de vivienda en r\u00e9gimen de alquiler.<\/p>\n

        Para poder hacer efectivos los controles de las viviendas vac\u00edas, mejorar y vehicular el seguimiento de las pol\u00edticas p\u00fablicas de movilizaci\u00f3n de la vivienda desocupada para activar su funci\u00f3n social se crea el Servicio de Vivienda Desocupada<\/strong>.<\/p>\n

        Se aborda una pol\u00edtica de actuaci\u00f3n ante la desocupaci\u00f3n de las viviendas, consistente en penalizar el mantenimiento de estas viviendas como espacios sin ocupaci\u00f3n<\/strong> s\u00f3lo en caso de que se encuentren en manos de los llamados grandes tenedores de vivienda, es decir, entidades y personas que disponen del control efectivo de diez o m\u00e1s viviendas y tienen actividad en este mercado, de manera que se justifica una especial exigencia de responsabilidad social hacia estas.<\/p>\n

        En el caso de los grandes tenedores, la ley prev\u00e9 la cesi\u00f3n obligatoria de sus viviendas a la gesti\u00f3n p\u00fablica<\/strong>, de manera que se garantice su alquiler si hay una demanda de vivienda insatisfecha en la misma poblaci\u00f3n. Esta cesi\u00f3n se har\u00e1, en todo caso, con garant\u00edas suficientes hacia los grandes tenedores.<\/p>\n

        Finalmente, el cap\u00edtulo V se dedica a la protecci\u00f3n en los casos de la denominada garant\u00eda del mantenimiento de los suministros b\u00e1sicos<\/strong>. Se regulan las situaciones que se tienen que proteger y los mecanismos para hacerlo, y se crea un fondo de atenci\u00f3n solidaria y la obligaci\u00f3n de establecer protocolos de actuaci\u00f3n<\/strong>, acuerdos y convenios de colaboraci\u00f3n con el fin de coordinar y estructurar las actuaciones y as\u00ed ofrecer una atenci\u00f3n eficiente a la ciudadan\u00eda.<\/p>\n

        El t\u00edtulo V regula la Mesa Auton\u00f3mica de la Vivienda<\/strong> como un espacio espec\u00edfico de reflexi\u00f3n en la que participen tambi\u00e9n otros agentes implicados, tanto p\u00fablicos como privados, del \u00e1mbito balear.<\/p>\n

        Correspondientemente, el t\u00edtulo VI recoge y regula la Mesa para la garant\u00eda del mantenimiento de los suministros b\u00e1sicos, un \u00f3rgano de consulta, debate y asesoramiento para establecer criterios y actuaciones en el \u00e1mbito relativo a la garant\u00eda del mantenimiento de los suministros b\u00e1sicos, as\u00ed como para diagnosticar estas situaciones y articular las medidas de coordinaci\u00f3n y colaboraci\u00f3n necesarias entre todos los agentes participantes para asegurar los suministros b\u00e1sicos a las familias.<\/p>\n

        Mediante el t\u00edtulo VII, la ley regula la obligaci\u00f3n de dep\u00f3sito de las fianzas de arrendamiento<\/u><\/strong>, aspecto establecido en la legislaci\u00f3n de arrendamientos urbanos y hasta hoy no tratado en la legislaci\u00f3n balear. As\u00ed, se crea el Registro de fianzas de contratos de arrendamiento de fincas urbanas<\/strong> y se dispone la obligatoriedad de depositar la fianza, en virtud de lo que establece la disposici\u00f3n adicional tercera de la Ley 29\/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.<\/p>\n

        En el t\u00edtulo VIII se aborda por primera vez en la comunidad aut\u00f3noma de las Illes Balears, con rango de ley, el r\u00e9gimen jur\u00eddico de la vivienda protegida<\/strong>. En este sentido, y con el fin de garantizar la existencia de un parque inmobiliario de protecci\u00f3n p\u00fablica suficiente, se establece un r\u00e9gimen de protecci\u00f3n de car\u00e1cter permanente, sin posibilidad de descalificaci\u00f3n voluntaria<\/strong>.<\/p>\n

        Finalmente, el t\u00edtulo IX permite el establecimiento de un r\u00e9gimen sancionador<\/strong> relacionado con el contenido del resto de la ley.<\/p>\n

        Entr\u00f3 en vigor el 27 de junio de 2018. GGB<\/p>\n

        PDF (BOE-A-2018-9774 \u2013 48\u00a0p\u00e1gs.\u00a0\u2013 807\u00a0KB)<\/a>\u00a0 \u00a0\u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

         <\/p>\n

        ILLES BALEARS.\u00a0\u00a0<\/strong>Ley 6\/2018, de 22 de junio, por la que se modifican varias normas del ordenamiento jur\u00eddico de las Illes Balears en materia de turismo, de funci\u00f3n p\u00fablica, presupuestaria, de personal, de urbanismo, de ordenaci\u00f3n farmac\u00e9utica, de transportes, de residuos y de r\u00e9gimen local, y se autoriza al Gobierno de las Illes Balears para aprobar determinados textos refundidos.<\/p>\n

        Por eso, la ley dedica el cap\u00edtulo I a la modificaci\u00f3n de varias normas del ordenamiento jur\u00eddico de las Illes Balears en materia de turismo, de funci\u00f3n p\u00fablica, de presupuestos, de personal, de urbanismo, de ordenaci\u00f3n farmac\u00e9utica, de transportes, de residuos y de r\u00e9gimen local.<\/p>\n

        As\u00ed, en el art\u00edculo 1 se modifica la Ley 8\/2012, de 19 de julio, del turismo de las Illes Balears, modificaci\u00f3n que supone la adaptaci\u00f3n a la Directiva 2015\/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a agencias de viajes<\/strong>.<\/p>\n

        El art\u00edculo 2 modifica la Ley 3\/2007, de 27 de marzo, de la funci\u00f3n p\u00fablica de la comunidad aut\u00f3noma de las Illes Balears, para regular diferentes aspectos de la carrera profesional horizontal<\/strong>, consistente en la progresi\u00f3n de nivel, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo, como consecuencia de la valoraci\u00f3n del desempe\u00f1o.<\/p>\n

        El art\u00edculo 5 modifica la Ley 12\/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears, para enmendar un error material detectado y para introducir una aclaraci\u00f3n conceptual en el art\u00edculo 26.<\/p>\n

        El art\u00edculo 6 modifica la Ley 7\/1998, de 12 de noviembre, de ordenaci\u00f3n farmac\u00e9utica, para adecuarla a la normativa auton\u00f3mica comparada, en cuanto a los supuestos de nombramiento de farmac\u00e9utico regente, para recoger los procedimientos que se siguen para la apertura de una oficina de farmacia, como tambi\u00e9n para introducir alguna norma que hace referencia a la catalogaci\u00f3n y la planificaci\u00f3n farmac\u00e9uticas.<\/p>\n

        El art\u00edculo 7 modifica la Ley 4\/2014, de 20 de junio, de transportes terrestres y movilidad sostenible de las Illes Balears, para adecuar la norma a determinadas necesidades actuales de transporte y movilidad.<\/p>\n

        El art\u00edculo 8 deroga el art\u00edculo 19 de la Ley 13\/2012, de 20 de noviembre, de medidas urgentes para la activaci\u00f3n econ\u00f3mica en materia de industria y energ\u00eda, nuevas tecnolog\u00edas, residuos, aguas, otras actividades y medidas tributarias; art\u00edculo relativo al traslado y al tratamiento de combustible derivado de residuos que provienen de la Uni\u00f3n Europea.<\/p>\n

        Y finalmente, el art\u00edculo 9 deroga el punto 3 del art\u00edculo 188 de la Ley 20\/2006, de 15 de diciembre, municipal y de r\u00e9gimen local, para adaptar esta norma a la Ley 9\/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector p\u00fablico.<\/p>\n

        Por su parte, el cap\u00edtulo II autoriza al Gobierno de las Illes Balears a aprobar determinados textos refundidos, modificando la Ley 5\/2015, de 23 de marzo, de racionalizaci\u00f3n y simplificaci\u00f3n del ordenamiento legal y reglamentario de la comunidad aut\u00f3noma de las Illes Balears.<\/p>\n

        El art\u00edculo 10, referido a los textos refundidos, modifica el art\u00edculo 2 de la Ley 5\/2015, de 23 de marzo, de racionalizaci\u00f3n y simplificaci\u00f3n del ordenamiento legal y reglamentario de la comunidad aut\u00f3noma de las Illes Balears, para autorizar el Gobierno para que, antes del d\u00eda 31 de diciembre de 2019, apruebe los textos refundidos de las leyes que se indican en el anexo 1, de acuerdo con el art\u00edculo 37 de la Ley 4\/2001, de 14 de marzo, del Gobierno de las Illes Balears. Esta autorizaci\u00f3n incluye la posibilidad de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que se tienen que refundir.<\/p>\n

        El art\u00edculo 11, por su parte, modifica el anexo 1 de la Ley 5\/2015, de 23 de marzo, de racionalizaci\u00f3n y simplificaci\u00f3n del ordenamiento legal y reglamentario de la comunidad aut\u00f3noma de las Illes Balears, y enumera las normas legales que se tienen que refundir.<\/p>\n

        Entr\u00f3 en vigor el 27 de junio de 2018. GGB<\/p>\n

        PDF (BOE-A-2018-9775 \u2013 26\u00a0p\u00e1gs.\u00a0\u2013 368\u00a0KB)<\/a>\u00a0 \u00a0\u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

         <\/p>\n

        ASTURIAS.\u00a0<\/strong>Ley 5\/2018, de 22 de junio, sobre derechos y garant\u00edas de la dignidad de las personas en el proceso del final de la vida.<\/p>\n

        La ley se estructura en cinco T\u00edtulos.<\/p>\n

        El T\u00edtulo preliminar tiene por objeto establecer las disposiciones y definiciones generales de la norma, fij\u00e1ndose el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n y los objetivos que pretende. Resulta de aplicaci\u00f3n tanto en el \u00e1mbito p\u00fablico como privado, en instituciones sanitarias y de servicios sociales en las que se presta asistencia sanitaria.<\/p>\n

        El T\u00edtulo I constituye el n\u00facleo principal de la norma contemplando los derechos de las personas en el proceso del final de la vida.<\/p>\n

        Partiendo del reconocimiento del derecho a la dignidad de la persona, se reconocen derechos esenciales en esta fase, como recibir informaci\u00f3n asistencial, manifestar el consentimiento informado, otorgar instrucciones previas, gozar de acompa\u00f1amiento, recibir cuidados paliativos, tratamiento del dolor y administraci\u00f3n de sedaci\u00f3n paliativa.<\/p>\n

        De estos derechos se derivan una serie de deberes para los profesionales sanitarios, los cuales son contemplados en el T\u00edtulo II, pero que tambi\u00e9n desembocan en obligaciones para los centros e instituciones sanitarias y de servicios sociales en los que se presta asistencia sanitaria, recogidas en el T\u00edtulo III.<\/p>\n

        El T\u00edtulo IV contempla una serie de infracciones y sanciones por incumplimiento de la norma. Por \u00faltimo, se recogen tres disposiciones adicionales, cuya finalidad es mejorar la calidad en la aplicaci\u00f3n de la ley.<\/p>\n

        Entrar\u00e1 en vigor a los tres meses de su publicaci\u00f3n en el \u00abBolet\u00edn Oficial del Principado de Asturias\u00bb (4 de julio de 2018). GGB<\/p>\n

        PDF (BOE-A-2018-10580 \u2013 17\u00a0p\u00e1gs.\u00a0\u2013 316\u00a0KB)<\/a>\u00a0 \u00a0\u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

         <\/p>\n

        ANDALUC\u00cdA.\u00a0<\/strong>Ley 5\/2018, de 19 de junio, por la que se modifica la Ley 14\/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.<\/p>\n

        Mediante esta ley se busca adecuar el r\u00e9gimen sancionador cooperativo a la peculiar naturaleza y actividad de las secciones de cr\u00e9dito, para lo cual se introducen en esa norma medidas espec\u00edficas orientadas a la garant\u00eda del procedimiento, as\u00ed como a cumplir plenamente su finalidad punitiva, que deber\u00e1n ser objeto de desarrollo reglamentario.<\/p>\n

        Aprovechando la actualizaci\u00f3n del r\u00e9gimen sancionador, se reclasifica la posible infracci\u00f3n de no someter las cuentas a auditor\u00eda externa cuando ello fuera preceptivo pasando de grave a muy grave, y se introducen nuevas infracciones, como la relacionada con las cooperativas de impulso empresarial que atiende a los mismos motivos indicados para la tipificaci\u00f3n de infracciones en materia de secciones de cr\u00e9dito, a saber, la necesidad de responder punitivamente al incumplimiento reglamentario, en este caso, de las obligaciones previstas respecto al fondo espec\u00edfico y la garant\u00eda financiera, necesarios para la constituci\u00f3n de tales cooperativas, y otra que afecta a cooperativas de trabajo, como superar el n\u00famero de jornadas realizadas por cuenta ajena.<\/p>\n

        Con independencia de estas dos finalidades principales, se aprovecha la presente reforma de la Ley 14\/2011, de 23 de diciembre, para incluir en su articulado diversas modificaciones de car\u00e1cter t\u00e9cnico, necesarias para su correcta ejecuci\u00f3n, que responden a la necesidad de salvar determinadas incongruencias o corregir ciertos errores de hecho detectados en su aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica.<\/p>\n

        Entr\u00f3 en vigor el 3 de julio de 2018. GGB<\/p>\n

        PDF (BOE-A-2018-10758 \u2013 11\u00a0p\u00e1gs.\u00a0\u2013 274\u00a0KB)<\/a>\u00a0\u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

         <\/p>\n

        MURCIA.\u00a0<\/strong>Ley 7\/2018, de 3 de julio, de Parejas de Hecho de la Comunidad Aut\u00f3noma de la Regi\u00f3n de Murcia.<\/p>\n

        La presente ley comienza extendiendo su \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n a la situaci\u00f3n creada por la convivencia libre, p\u00fablica y notoria de dos personas, con independencia de su orientaci\u00f3n sexual, y combinando esta situaci\u00f3n con la eventual inscripci\u00f3n<\/strong> de dicha uni\u00f3n en un registro p\u00fablico que la propia norma crea y regula.<\/p>\n

        Por otra parte, la ley da un especial tratamiento a las exigencias necesarias para la constituci\u00f3n de este tipo de uniones, prohibiendo el acceso al Registro de Parejas de Hecho<\/strong> tanto a aquellas personas que tienen un v\u00ednculo, matrimonial o no, con otra persona, las que tengan relaci\u00f3n de parentesco entre s\u00ed, htwlos menores de edad no emancipados y los incapacitados judicialmente.<\/p>\n

        La ley dedica su cap\u00edtulo segundo a la acreditaci\u00f3n de la existencia de la pareja de hecho<\/strong>, contemplando varias v\u00edas abiertas a la libre elecci\u00f3n de los convivientes seg\u00fan sus preferencias personales.<\/p>\n

        Se crear\u00e1 un registro administrativo de parejas de hecho<\/strong> donde las parejas de hecho, y bajo la regla general de su voluntariedad, podr\u00e1n inscribir determinados sucesos que afectan a la vida de la pareja. Tambi\u00e9n es objeto de atenci\u00f3n en la ley el r\u00e9gimen de publicidad del citado registro, todo ello reflejado en el cap\u00edtulo III.<\/p>\n

        En cuanto a la extinci\u00f3n de la pareja de hecho, la ley dedica su cap\u00edtulo quinto a se\u00f1alar las causas que ponen fin a su existencia, as\u00ed como la inscripci\u00f3n registral de tal eventualidad y los derechos que puede desplegar esta extinci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n

        Las consecuencias jur\u00eddicas derivadas de la existencia de una pareja de hecho se regulan en el cap\u00edtulo sexto de la ley, otorgando a aqu\u00e9lla los mismos beneficios que a las parejas que hayan contra\u00eddo matrimonio<\/strong>, tanto en el \u00e1mbito de la funci\u00f3n p\u00fablica de la Comunidad Aut\u00f3noma de la Regi\u00f3n de Murcia como para el resto de la normativa auton\u00f3mica de Derecho P\u00fablico.<\/p>\n

        Entr\u00f3 en vigor el 3 de agosto de 2018. GGB<\/p>\n

        PDF (BOE-A-2018-10759 \u2013 6\u00a0p\u00e1gs.\u00a0\u2013 252\u00a0KB)<\/a>\u00a0 \u00a0\u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

         <\/p>\n

        COMUNITAT VALENCIANA.\u00a0<\/strong>Ley 16\/2018, de 28 de junio, de derechos y garant\u00edas de la dignidad de la persona en el proceso de atenci\u00f3n al final de la vida.<\/p>\n

        La ley regula fundamentalmente los siguientes aspectos:<\/p>\n

          \n
        1. Regular el ejercicio de los derechos de la persona en el proceso final de su vida para asegurar el respeto a su dignidad y autonom\u00eda e intimidad, y velar por la calidad de su vida durante dicho proceso.<\/li>\n
        2. Establecer los deberes que han de cumplir las instituciones y centros, sanitarios y sociales, tanto de titularidad p\u00fablica como privada, y su personal, as\u00ed como las entidades aseguradoras que presten servicios en la Comunitat Valenciana, que atiendan a las personas en el proceso final de su vida.<\/li>\n
        3. Establecer las garant\u00edas que deben proporcionar dichas instituciones, centros y aseguradoras a lo largo del proceso.<\/li>\n<\/ol>\n

          Entrar\u00e1 en vigor a los tres meses de su publicaci\u00f3n en el \u00abDiario Oficial de la Generalitat Valenciana\u00bb (29 de junio de 2018). GGB<\/p>\n

          PDF (BOE-A-2018-10760 \u2013 21\u00a0p\u00e1gs.\u00a0\u2013 352\u00a0KB)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n<\/div>\n

          \n

           <\/p>\n<\/div>\n<\/a>

          Tribunal Constitucional<\/span><\/strong><\/h6>\n

          RECURSO DE CASACI\u00d3N POR NORMAS AUTON\u00d3MICAS.\u00a0<\/strong>Cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad n.\u00ba 2861-2018, en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 86.3<\/a>, p\u00e1rrafos segundo y tercero, de la Ley 29\/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicci\u00f3n Contencioso-Administrativa, en la redacci\u00f3n dada por la Ley Org\u00e1nica 7\/2015, de 21 de julio, por posible vulneraci\u00f3n de los art\u00edculos 122.1, 9.3, 14 y 24 de la CE.<\/p>\n

          El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado admitir a tr\u00e1mite<\/strong> la cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad n\u00fam. 2861-2018, planteada por Secci\u00f3n Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla- La Mancha, con sede en Albacete, en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 86.3, p\u00e1rrafos segundo y tercero,LJCA<\/a>, por posible vulneraci\u00f3n de los art\u00edculos 122.1<\/a>, 9.3<\/a>, 14<\/a> y 24 de la CE<\/a><\/p>\n

          Los p\u00e1rrafos controvertidos<\/strong> dicen:<\/p>\n

          \u00abCuando el recurso se fundare en infracci\u00f3n de normas emanadas de la Comunidad Aut\u00f3noma ser\u00e1 competente una Secci\u00f3n de la Sala de lo Contencioso-administrativo que tenga su sede en el Tribunal Superior de Justicia compuesta por el Presidente de dicha Sala, que la presidir\u00e1, por el Presidente o Presidentes de las dem\u00e1s Salas de lo Contencioso-administrativo y, en su caso, de las Secciones de las mismas, en n\u00famero no superior a dos, y por los Magistrados de la referida Sala o Salas que fueran necesarios para completar un total de cinco miembros.<\/em><\/p>\n

          Si la Sala o Salas de lo Contencioso-administrativo tuviesen m\u00e1s de una Secci\u00f3n, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia establecer\u00e1 para cada a\u00f1o judicial el turno con arreglo al cual los Presidentes de Secci\u00f3n ocupar\u00e1n los puestos de la regulada en este apartado. Tambi\u00e9n lo establecer\u00e1 entre todos los Magistrados que presten servicio en la Sala o Salas.\u00bb<\/em><\/p>\n

          Se publica otra cuesti\u00f3n similar<\/strong>, planteada por el mismo \u00f3rgano judicial, la 3019\/2018.<\/p>\n

          \n

          PDF (BOE-A-2018-9638 – 1\u00a0p\u00e1g.<\/abbr>\u00a0– 148\u00a0KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0\u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n<\/div>\n

          \n

          PDF (BOE-A-2018-9639 – 1\u00a0p\u00e1g.<\/abbr>\u00a0– 148\u00a0KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0\u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

           <\/p>\n

          MOCI\u00d3N PARLAMENTO CATALU\u00d1A.<\/strong> Impugnaci\u00f3n de disposiciones auton\u00f3micas (T\u00edtulo V LOTC) n.\u00ba 4039-2018, contra los apartados 1 a 5 de la Moci\u00f3n 5\/XII del Parlamento de Catalu\u00f1a, sobre normativa del Parlamento anulada y suspendida por el Tribunal Constitucional, aprobada en sesi\u00f3n de 5 de julio de 2018.<\/p>\n

          El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a tr\u00e1mite la impugnaci\u00f3n de disposiciones auton\u00f3micas promovida por el Gobierno de la Naci\u00f3n contra los apartados 1 a 5 de la Moci\u00f3n 5\/XII del Parlamento de Catalu\u00f1a, sobre normativa del Parlamento anulada y suspendida por el Tribunal Constitucional<\/strong>, aprobada en sesi\u00f3n de 5 de julio de 2018. Dichos apartados han quedado en suspenso.\u00a0<\/p>\n

          PDF (BOE-A-2018-10063 – 1\u00a0p\u00e1g.<\/abbr>\u00a0– 147\u00a0KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0\u00a0<\/span>Otros formatos<\/a><\/p>\n

           <\/p>\n<\/div>\n

          JUECES Y MAGISTRADOS SUSPENSOS.<\/strong> Cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad n.\u00ba 3377-2018, en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 367.1<\/a> de la Ley Org\u00e1nica 6\/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, por posible vulneraci\u00f3n de los arts. 9.3 y 117.1 y 2 de la CE.<\/p>\n

          Dice as\u00ed el apartado cuestionado del art. 367 LOPJ<\/a>:<\/p>\n

          1. El reingreso en el servicio activo de los suspensos exigir\u00e1 la previa declaraci\u00f3n de aptitud por el Consejo General del Poder Judicial, quien recabar\u00e1 los informes y practicar\u00e1 las actuaciones necesarias para su comprobaci\u00f3n.<\/p>\n

          \n

          PDF (BOE-A-2018-10395 – 1\u00a0p\u00e1g.<\/abbr>\u00a0– 145\u00a0KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0\u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

           <\/p>\n<\/div>\n

          JURISDICCI\u00d3N VOLUNTARIA: COMPARECENCIA MENORES.<\/strong> Cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad n.\u00ba 3442-2018, en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 18.4 de la Ley 15\/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicci\u00f3n Voluntaria, por posible vulneraci\u00f3n del art\u00edculo 18.1 de la CE.<\/p>\n

          El art\u00edculo 18 s\u00f3lo tiene dos apartados por lo que no existe el 18.4.<\/p>\n

          Lo m\u00e1s cercano podr\u00eda ser el art. 18.2 4\u00aa<\/a> regla que dice as\u00ed (comparecencia en expedientes de jurisdicci\u00f3n voluntaria con menores afectados):<\/p>\n

          \u00ab4.\u00aa Cuando el expediente afecte a los intereses de un menor o persona con capacidad modificada judicialmente, se practicar\u00e1n tambi\u00e9n en el mismo acto o, si no fuere posible, en los diez d\u00edas siguientes, las diligencias relativas a dichos intereses que se acuerden de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal.<\/em><\/p>\n

          El Juez o el Secretario judicial podr\u00e1n acordar que la audiencia del menor o persona con capacidad modificada judicialmente se practique en acto separado, sin interferencias de otras personas, pudiendo asistir el Ministerio Fiscal. En todo caso se garantizar\u00e1 que puedan ser o\u00eddos en condiciones id\u00f3neas, en t\u00e9rminos que les sean accesibles, comprensibles y adaptados a su edad, madurez y circunstancias, recabando el auxilio de especialistas cuando ello fuera necesario.<\/em><\/p>\n

          Del resultado de la exploraci\u00f3n se extender\u00e1 acta detallada y, siempre que sea posible, ser\u00e1 grabada en soporte audiovisual. Si ello tuviera lugar despu\u00e9s de la comparecencia, se dar\u00e1 traslado del acta correspondiente a los interesados para que puedan efectuar alegaciones en el plazo de cinco d\u00edas.\u00bb<\/em><\/p>\n

          \n

          PDF (BOE-A-2018-10396 – 1\u00a0p\u00e1g.<\/abbr>\u00a0– 144\u00a0KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0\u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

           <\/p>\n<\/div>\n<\/a>

          SECCI\u00d3N II:<\/span><\/h6>\n<\/a>
          Ceses y nombramientos<\/span><\/strong><\/h6>\n

          Fiscal General del Estado.<\/strong> Se nombra Fiscal General del Estado a do\u00f1a Mar\u00eda Jos\u00e9 Segarra Crespo.<\/p>\n

          Consejo de Estado.<\/strong>\u00a0Cesa de don Jos\u00e9 Manuel Romay Beccar\u00eda como Presidente del Consejo de Estado y se nombra a do\u00f1a\u00a0Mar\u00eda Teresa Fern\u00e1ndez de la Vega Sanz.<\/p>\n

          ORGA.<\/strong> Se nombra Directora General de Modernizaci\u00f3n de la Justicia, Desarrollo Tecnol\u00f3gico y Recuperaci\u00f3n y Gesti\u00f3n de Activos a do\u00f1a Sof\u00eda Duarte Dom\u00ednguez.<\/p>\n

          \u00a0<\/p>\n<\/a>

          Concursos Registros<\/span><\/h6>\n

          DGRN.<\/strong>\u00a0Resoluci\u00f3n de 3 de julio de 2018, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, por la que se convoca concurso ordinario n\u00famero 300 para la provisi\u00f3n de Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.<\/p>\n

          Se ofrecen 55 plazas<\/strong>.<\/p>\n

          El plazo vence, salvo error, el 25 de julio, mi\u00e9rcoles<\/strong>.<\/p>\n

          Ver archivo de Concursos<\/a>\u00a0 Resultado provisional<\/a>\u00a0 \u00a0Resultado definitivo<\/a><\/strong><\/p>\n

          PDF (BOE-A-2018-9596 – 7\u00a0p\u00e1gs.<\/abbr>\u00a0– 350\u00a0KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0\u00a0<\/span>Otros formatos<\/a><\/p>\n

          CATALU\u00d1A.<\/strong> Resoluci\u00f3n de 3 de julio de 2018, de la Direcci\u00f3n General de Derecho y Entidades Jur\u00eddicas, del Departamento de Justicia, por la que se convoca el concurso ordinario n.\u00ba 300 para proveer Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.<\/p>\n

          Se ofrecen 10 plazas<\/strong>.<\/p>\n

          El plazo vence, salvo error, el 25 de julio, mi\u00e9rcoles<\/strong>.<\/p>\n

          Ver archivo de Concursos<\/a>\u00a0 \u00a0\u00a0Resultado definitivo<\/a><\/strong><\/p>\n

          PDF (BOE-A-2018-9601 – 5\u00a0p\u00e1gs.<\/abbr>\u00a0– 745\u00a0KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0\u00a0<\/span>Otros formatos<\/a><\/p>\n

          \u00a0<\/p>\n<\/a>

          Jubilaciones<\/span><\/h6>\n

          Se jubila al notario de Castalla don Jos\u00e9 Luis Moler Bienes.<\/p>\n

          \n

          Se jubila al notario de Alcal\u00e1 de Henares don Jos\u00e9 Javier Castiella Rodr\u00edguez.<\/p>\n<\/div>\n

          Se jubila al notario de Moj\u00e1car don Diego Ortega Leyva.<\/p>\n

          Se jubila a don Emilio Garc\u00eda-Pumarino y Ramos, registrador de la propiedad de Colmenar Viejo n.\u00ba 1.<\/p>\n

           <\/p>\n<\/a>

          RESOLUCIONES<\/strong><\/span><\/h6>\n

          En\u00a0 JULIO\u00a0<\/b><\/span>se han publicado CUARENTA Y SEIS<\/span><\/strong>.\u00a0<\/b>Se ofrecen en ARCHIVO APARTE<\/strong><\/span><\/a>.\u00a0<\/p>\n

           <\/p>\n<\/a>

          <\/a>ENLACES:<\/span><\/h6>\n

          MINI INFORME DEL MES CON LOS 10 PLUS<\/strong><\/span><\/a><\/p>\n

          NORMAS: Cuadro general.<\/a> Por meses. <\/a> + Destacadas<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n

          NORMAS: Res\u00famenes 2002 \u2013 2018.<\/a> Futuras.<\/a> Consumo<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n

          NORMAS: Tratados internacionales<\/a>, Derecho Foral<\/a>, <\/span>Uni\u00f3n Europea<\/a><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

          RESOLUCIONES: Por meses.<\/a> Por titulares.<\/a> \u00cdndice Juan Carlos Casas<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n

          WEB: Qu\u00e9 ofrecemos<\/a> NyR, p\u00e1gina de inicio<\/a><\/span> Ideario<\/a><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

          CASOS PR\u00c1CTICOS: Madrid y Bilbao.<\/a> Internacional<\/a>.<\/span><\/strong><\/p>\n

          IR ARRIBA<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n

          PORTADA DE LA WEB<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n

          \"Informe<\/a>

          Hojas de hielo. Por Juan Villalobos Cabrera.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

          INFORME N\u00ba 286. (BOE JULIO de 2018) \u00a0 Primera Parte: Secciones I y II. MINI INFORME DEL MES CON LOS 10 PLUS IR A LISTA DE INFORMES MENSUALES IR A RESOLUCIONES DE JULIO Equipo de redacci\u00f3n: * Jos\u00e9 F\u00e9lix Merino Escart\u00edn, registrador de la propiedad de Madrid. * Carlos Ballugera G\u00f3mez registrador de la propiedad […]<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":50069,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"footnotes":""},"categories":[180],"tags":[9705,1013,9704,9585,9707,9699,9706,1759,1323,9486,8230,9485,7066,9698,9697,5311,2087,9703,9628,9696,7892,9700,9702,9701],"class_list":{"0":"post-49990","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-informes-mensuales","8":"tag-acceso-universal-sistema-nacional-salud","9":"tag-acuerdos-internacionales","10":"tag-adaptacion-a-la-normativa-europea","11":"tag-comisiones-delegadas-gobierno","12":"tag-empleo-publico-2018","13":"tag-especies-exoticas","14":"tag-incapacidad-personal-administracion-estado","15":"tag-incapacidad-temporal","16":"tag-informe-boe","17":"tag-informe-boe-julio-2018","18":"tag-juan-villalobos-cabrera","19":"tag-julio-2018","20":"tag-modelo-122","21":"tag-modelo-136","22":"tag-modelo-143","23":"tag-oferta-de-empleo-publico","24":"tag-patrimonio-natural-y-biodiversidad","25":"tag-plan-director-trabajo-digno","26":"tag-presupuestos-2018","27":"tag-presupuestos-generales-del-estado-para-2018","28":"tag-proteccion-de-datos","29":"tag-subvencion-al-transporte-vuelos-canarias","30":"tag-trabajo-a-tiempo-parcial-vertical","31":"tag-vuelos-baleares"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/49990","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/users\/10"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=49990"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/49990\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media\/50069"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=49990"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=49990"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=49990"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}