{"id":51912,"date":"2018-09-01T10:46:32","date_gmt":"2018-09-01T08:46:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/?p=51912"},"modified":"2021-02-06T11:42:56","modified_gmt":"2021-02-06T10:42:56","slug":"informe-288-boe-septiembre-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/normas\/informes-mensuales\/informe-288-boe-septiembre-2018\/","title":{"rendered":"Informe 288. BOE septiembre 2018"},"content":{"rendered":"

<\/a>INFORME N\u00ba 288. (BOE SEPTIEMBRE de 2018)<\/span><\/strong><\/h1>\n
\n
\u00a0<\/div>\n<\/div>\n

Primera Parte: Secciones I y II.<\/strong><\/span><\/p>\n

IR A LISTA DE INFORMES MENSUALES<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n

IR A RESOLUCIONES DE SEPTIEMBRE<\/strong><\/span><\/a>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n

MINI INFORME DEL MES DE SEPTIEMBRE CON LOS 10 PLUS<\/strong><\/span><\/a><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Equipo de redacci\u00f3n:<\/strong><\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Jos\u00e9 F\u00e9lix Merino Escart\u00edn, registrador de la propiedad de Madrid.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Carlos Ballugera G\u00f3mez registrador de la propiedad de\u00a0Bilbao.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Alfonso de la Fuente Sancho, notario de San Crist\u00f3bal de La Laguna <\/a>(Tenerife).<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Mar\u00eda N\u00fa\u00f1ez N\u00fa\u00f1ez, registradora mercantil de Lugo<\/a>.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Inmaculada Espi\u00f1eira Soto, notario de Santiago de Compostela<\/a>.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Jorge L\u00f3pez Navarro, notario, con residencia en\u00a0Alicante<\/a>.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Jos\u00e9 \u00c1ngel Garc\u00eda-Valdecasas Butr\u00f3n, registrador.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Juan Carlos Casas Rojo, registrador de la propiedad de Vitigudino<\/a> (Salamanca)<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Jos\u00e9 Antonio Riera \u00c1lvarez, notario de Arucas<\/a> (Gran Canaria)<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Albert Capell Mart\u00ednez, notario de <\/span>Fraga<\/a> (Huesca) y antes de Bolta\u00f1a<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Gerardo Garc\u00eda-Boente D\u00e1vila, letrado en ejercicio,\u00a0E3 Universidad Comillas<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Mar\u00eda Garc\u00eda-Valdecasas Alguacil, registradora de Barcelona<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Emma Rojo Iglesias, registradora de Pinto (Madrid)<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Javier M\u00e1ximo Ju\u00e1rez Gonz\u00e1lez, notario de Valencia<\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/a>
DISPOSICIONES GENERALES:<\/b><\/span><\/h6>\n<\/a>
Transposici\u00f3n Directivas Pensiones, blanqueo, entrada y residencia de extranjeros. Reforma L Proc. Admvo. <\/span><\/h6>\n

Real Decreto-ley 11\/2018, de 31 de agosto, de transposici\u00f3n de directivas en materia de protecci\u00f3n de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de pa\u00edses terceros y por el que se modifica la Ley 39\/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas.<\/p>\n

Resumen:<\/strong> Este RDLey transpone tres directivas, ya fuera de plazo. Se crea el Registro de prestadores de servicios a sociedades y fideicomisarios. Modifica la Ley de Procedimiento Administrativo para ampliar su entrada en vigor hasta 2020 en cuanto al registro de apoderamientos y dem\u00e1s materias que ya estaban aplazadas hasta 2018.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/a>

Valle de Ambroz (C\u00e1ceres)<\/p><\/div>\n

La E. de M. alude a la necesidad de transponer las directivas comunitarias en plazo<\/strong>, pues, de no hacerse as\u00ed, el Reino de Espa\u00f1a puede sufrir la imposici\u00f3n de importantes sanciones econ\u00f3micas. <\/strong>De hecho, respecto a cada una de las tres directivas existe un procedimiento de infracci\u00f3n abierto por la Comisi\u00f3n Europea.<\/p>\n

Hay que tener en cuenta que la Comisi\u00f3n Europea<\/strong> ha endurecido su postura, pues, para cartas de emplazamiento posteriores al 19 de enero de 2017, solicita de manera sistem\u00e1tica la suma a tanto alzado que deba ser pagada por el Estado infractor<\/strong>, pese a que el art\u00edculo 260.3<\/a> del Tratado de Funcionamiento de la Uni\u00f3n Europea le da el car\u00e1cter de opcional. Y, adem\u00e1s, aunque un Estado miembro subsane<\/strong> la infracci\u00f3n mediante la transposici\u00f3n de la directiva en el curso de un procedimiento de infracci\u00f3n, la Comisi\u00f3n ya no desistir\u00e1<\/strong> de su recurso solo por ese motivo.<\/p>\n

Este RDLey trata de evitar un procedimiento judicial <\/strong>que finalizar\u00eda mediante una sentencia que declare el incumplimiento por parte del Reino de Espa\u00f1a de las obligaciones que le impone el Derecho de la Uni\u00f3n.<\/p>\n

Movilidad de trabajadores.<\/strong><\/p>\n

El T\u00edtulo I<\/strong> completa la transposici\u00f3n de la Directiva 2014\/50\/UE<\/a> del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a los requisitos m\u00ednimos para reforzar la movilidad de los trabajadores entre Estados miembros<\/strong> mediante la mejora de la adquisici\u00f3n y el mantenimiento de los derechos complementarios de pensi\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n

La Directiva <\/strong>limita los periodos de espera y de adquisici\u00f3n de derechos que se requieran para los reg\u00edmenes complementarios de pensi\u00f3n<\/strong>, fija un l\u00edmite en relaci\u00f3n con la edad m\u00ednima<\/strong> para adquirir los correspondientes derechos, regula el reembolso de las primas o aportaciones<\/strong> realizadas en caso de cese de la relaci\u00f3n laboral antes de adquirirse derechos, establece el mantenimiento de los derechos<\/strong> que se hubiesen adquirido cuando dicho cese tiene lugar, e impone obligaciones de informaci\u00f3n a los trabajadores<\/strong> sobre las condiciones de adquisici\u00f3n, el importe de los derechos adquiridos y el tratamiento de estos a partir del cese de la relaci\u00f3n laboral.<\/p>\n

Para transponerla, se modifica la disposici\u00f3n adicional primera<\/a> <\/strong>de la Ley de Regulaci\u00f3n de los Planes y Fondos de Pensiones<\/strong>. Esta D. Ad. establece la obligaci\u00f3n de instrumentar mediante seguros colectivos y planes de pensiones de empleo los compromisos por pensiones asumidos por las empresas<\/strong> con los trabajadores vinculados a determinadas contingencias, entre ellas la jubilaci\u00f3n<\/strong>, al tiempo que establece las condiciones b\u00e1sicas de los seguros aptos para tal finalidad.<\/p>\n

En el caso de seguros colectivos<\/strong>, modalidad en la que las primas abonadas por la empresa no se imputan fiscalmente a los trabajadores, las condiciones de adquisici\u00f3n y mantenimiento de derechos en caso de cese de la relaci\u00f3n laboral dependen en la actualidad de los t\u00e9rminos de los convenios colectivos<\/strong> o disposiciones equivalentes en los que se establecen los compromisos por pensiones.<\/p>\n

El legislador espa\u00f1ol ha acordado extender su aplicaci\u00f3n a todos los trabajadores<\/strong>, lo cual es potestativo, pues hubiera bastado con que afectara a los trabajadores que cesan la relaci\u00f3n laboral y se desplazan a otros Estados miembros.<\/p>\n

Tambi\u00e9n se a\u00f1aden dos disposiciones transitorias nuevas<\/strong>:<\/p>\n

– la novena regula la cuant\u00eda m\u00ednima de los derechos adquiridos<\/strong> en caso de cese de la relaci\u00f3n laboral por causa distinta de la jubilaci\u00f3n habiendo adquirido derechos anteriores al 21 de mayo de 2018 (fecha l\u00edmite para la transposici\u00f3n de la Directiva)<\/p>\n

– la d\u00e9cima\u00a0establece que la aplicaci\u00f3n de las modificaciones introducidas por este real decreto-ley no podr\u00e1 suponer reducci\u00f3n de derechos adquiridos<\/strong> con anterioridad.<\/p>\n

Blanqueo de capitales<\/strong><\/p>\n

El T\u00edtulo II <\/strong>intenta completar\u00a0la transposici\u00f3n de la Directiva (UE) 2015\/849<\/a> del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevenci\u00f3n de la utilizaci\u00f3n del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo<\/strong>, cuyo periodo de transposici\u00f3n concluy\u00f3 el 26 de junio de 2017.<\/p>\n

El r\u00e9gimen vigente en Espa\u00f1a se regula fundamentalmente por la Ley 10\/2010, de 28 de abril<\/strong><\/a>, reformada en 2013, y por el Reglamento, Real Decreto 304\/2014, de 5 de mayo<\/a>, que ya adelantaron buena parte de las medidas adoptadas en la Directiva, al seguir ambas disposiciones las Recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI<\/strong>) de febrero de 2012.<\/p>\n

Las principales medidas adicionales que ahora se incorporan a la Ley 10\/2010<\/a><\/strong> \u00a0son:<\/p>\n

– Se perfila con mayor precisi\u00f3n qu\u00e9 se entiende por titular real<\/strong>. Se mantiene el porcentaje del 25% como el determinante de una situaci\u00f3n de control de una persona jur\u00eddica, d\u00e1ndose indicaciones de cu\u00e1ndo se ejerce control por otros medios. Se concreta qui\u00e9nes tienes la consideraci\u00f3n de titulares en fideicomisos, trust y figuras an\u00e1logas. Y tambi\u00e9n se exige el an\u00e1lisis de las estructuras jur\u00eddicas sin personalidad. Art. 4.2<\/a>.<\/p>\n

– Los sujetos obligados aplicar\u00e1n medidas reforzadas de diligencia debida<\/strong> en relaci\u00f3n con los pa\u00edses que presenten deficiencias estrat\u00e9gicas<\/strong> en sus sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo y figuren en la decisi\u00f3n de la Comisi\u00f3n Europea. No hemos encontrado ese listado. Art. 11<\/a>.<\/p>\n

La conservaci\u00f3n de los documentos <\/strong>por los sujetos obligados ser\u00e1 por un periodo -m\u00ednimo y m\u00e1ximo- de diez a\u00f1os<\/strong>, debiendo proceder entonces a su eliminaci\u00f3n<\/strong>. Transcurridos cinco a\u00f1os<\/strong> desde la terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n de negocios o la ejecuci\u00f3n de la operaci\u00f3n ocasional, la documentaci\u00f3n conservada \u00fanicamente ser\u00e1 accesible por los \u00f3rganos de control interno del sujeto obligado, las unidades t\u00e9cnicas de prevenci\u00f3n, y, en su caso, los encargados de su defensa legal. Art. 25<\/a>.<\/p>\n

Los procedimientos internos<\/strong> de comunicaci\u00f3n de potenciales incumplimientos se regulan en el nuevo art. 26 bis<\/a>.<\/p>\n

El \u00f3rgano de control interno<\/strong> y nombramiento de representante<\/strong> ante el Servicio Ejecutivo se trata en el nuevo art. 26 ter<\/a>.<\/p>\n

– Se establece la obligaci\u00f3n de licencia o registro de los prestadores de servicios a sociedades,<\/strong> habi\u00e9ndose optado por la de registro, por su mayor econom\u00eda y facilidad. Nos remitimos al resumen que hizo al respecto Jos\u00e9 \u00c1ngel Garc\u00eda Valdecasas<\/a><\/strong>.<\/p>\n

– Se armoniza y aumenta el importe m\u00e1ximo posible de las sanciones<\/strong> a imponer en caso de incumplimiento de las obligaciones de prevenci\u00f3n, pero se mantienen los importes m\u00ednimos.<\/p>\n

– Respecto a la publicidad de las sanciones<\/strong>, se incorpora el elemento adicional de la publicidad an\u00f3nima<\/strong> de las sanciones impuestas, en el caso de que no se acuerde la publicaci\u00f3n.<\/p>\n

– Se desarrollan los canales de denuncias<\/strong>, tanto p\u00fablicos, como en el \u00e1mbito de los propios sujetos obligados de la ley. Los sujetos obligados deber\u00e1n contar con canales espec\u00edficos para la denuncia interna<\/strong> de conductas contrarias a la ley o a los procedimientos internos de la entidad aprobados para dar cumplimiento a aqu\u00e9lla. Y se crear\u00e1n canales de denuncia a la Administraci\u00f3n<\/strong> de potenciales incumplimientos por los sujetos obligados de las exigencias de esta normativa. Nuevos arts. 63 al 65<\/a>.<\/p>\n

– Se revisa el r\u00e9gimen aplicable a las personas con responsabilidad p\u00fablica<\/strong>. Ya no se distingue entre extranjeros y nacionales, unific\u00e1ndose el r\u00e9gimen, de tal modo que se considera a todas las personas con responsabilidad p\u00fablica, tanto nacionales como extranjeras, merecedoras de la aplicaci\u00f3n de las medidas de diligencia reforzada en cualquier caso<\/strong>.<\/p>\n

– Las personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas que comercien profesionalmente con bienes <\/strong>quedar\u00e1n sujetas a las obligaciones establecidas en los art\u00edculos 3, 17, 18, 19, 21, 24 y 25 respecto de las transacciones en que los cobros o pagos<\/strong> se efect\u00faen por personas f\u00edsicas no residentes<\/strong> con los medios de pago<\/strong> a que se refiere el art\u00edculo 34.2<\/a> de esta ley y por importe superior a 10.000 euros<\/strong>, ya se realicen en una o en varias operaciones entre las que parezca existir alg\u00fan tipo de relaci\u00f3n. Ver. Art. 38<\/a>.<\/p>\n

En el art\u00edculo 34.2<\/a> se incluyen estos medios de pago:<\/p>\n

a) El papel moneda<\/strong> y la moneda met\u00e1lica, nacionales o extranjeros.<\/p>\n

b) Los cheques bancarios al portador<\/strong> denominados en cualquier moneda.<\/p>\n

c) Cualquier otro medio<\/strong> f\u00edsico, incluidos los electr\u00f3nicos, concebido para ser utilizado como medio de pago al portador<\/strong>.<\/p>\n

El l\u00edmite estaba antes en 15.000 euros<\/strong> y no se restring\u00eda a no residentes.<\/p>\n

Entrada y residencia de determinados nacionales de pa\u00edses terceros<\/strong><\/p>\n

El T\u00edtulo III<\/strong> incorpora al ordenamiento interno la Directiva (UE) 2016\/801<\/a> del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a los requisitos de entrada y residencia de los nacionales de pa\u00edses terceros<\/strong> con fines de investigaci\u00f3n, estudios, pr\u00e1cticas, voluntariado, programas de intercambio de alumnos o proyectos educativos y colocaci\u00f3n\u00a0au pair<\/em>, cuyo plazo de transposici\u00f3n concluy\u00f3 el 23 de mayo de 2018.<\/p>\n

Se trata de promover la migraci\u00f3n legal, y especialmente la cualificada<\/strong>, tratando de mejorar la posici\u00f3n de la Uni\u00f3n Europea en la competencia mundial por atraer talento y promoverla como centro mundial de excelencia para estudios y formaci\u00f3n.<\/p>\n

En unos casos la transposici\u00f3n es obligada<\/strong>: condiciones armonizadas de entrada y residencia<\/strong> en la Uni\u00f3n Europea de nacionales de terceros pa\u00edses con fines de investigaci\u00f3n, estudios, pr\u00e1cticas o voluntariado en el Servicio Voluntario Europeo.<\/strong><\/p>\n

En otros, potestativa<\/strong>: para voluntarios fuera del Servicio Voluntario Europeo, alumnos y\u00a0au pairs<\/em><\/strong>.<\/p>\n

Dos leyes espa\u00f1olas<\/strong> se han ocupado del tema:<\/p>\n

A) La Ley 14\/2013, de 27 de septiembre<\/a>, de apoyo a los emprendedores y su internacionalizaci\u00f3n, en la secci\u00f3n de movilidad internacional, que ahora se reforma de este modo:<\/p>\n

– Se prev\u00e9 una autorizaci\u00f3n de residencia para los investigadores <\/strong>incluidos en el \u00e1mbito subjetivo en la Directiva, que tendr\u00e1n derecho a la movilidad<\/strong> dentro de la Uni\u00f3n Europea prevista en la norma comunitaria; manteniendo para otros investigadores la autorizaci\u00f3n ya existente en nuestro ordenamiento, que no dar\u00e1 acceso a dicha movilidad. Art. 72.<\/p>\n

– Se posibilita al investigador, una vez finalizada la actividad investigadora, la permanencia<\/strong> en nuestro pa\u00eds durante un tiempo limitado para la b\u00fasqueda de empleo<\/strong> o para emprender un proyecto empresarial<\/strong>, en l\u00ednea con el art\u00edculo 25 de la Directiva.<\/p>\n

– Se permite la expedici\u00f3n de visados de residencia de validez inferior a un a\u00f1o<\/strong>. Art. 75.4.<\/p>\n

– Ser\u00e1 preceptiva la tramitaci\u00f3n electr\u00f3nica de las autorizaciones<\/strong>, de acuerdo con lo establecido en el art\u00edculo 14.2 LPA<\/a>. Art. 76.<\/p>\n

– Los estudiantes internacionales que ya han finalizado sus estudios<\/strong> en Espa\u00f1a puedan acceder a una autorizaci\u00f3n de residencia para la b\u00fasqueda de empleo o para emprender un proyecto empresarial. D. Ad. 17\u00aa.<\/p>\n

– Se prev\u00e9 una autorizaci\u00f3n de residencia para participar en un programa de pr\u00e1cticas para los extranjeros<\/strong> que hayan obtenido un t\u00edtulo de educaci\u00f3n superior en los dos a\u00f1os anteriores a la fecha de solicitud o que est\u00e9n realizando estudios que conduzcan a la obtenci\u00f3n de un t\u00edtulo de educaci\u00f3n superior. D. Ad. 18\u00aa.<\/p>\n

– Las tasas<\/strong> se regulan de la D. Ad. 19\u00aa.<\/p>\n

– Se a\u00f1ade una nueva D. F. 13\u00aa para recoger que en lo no previsto<\/strong> en la Ley 14\/2013, de 27 de septiembre<\/a>, en relaci\u00f3n con la movilidad internacional, ser\u00e1 de aplicaci\u00f3n la Ley Org\u00e1nica 4\/2000, de 11 de enero.<\/p>\n

B) la Ley Org\u00e1nica 4\/2000, de 11 de enero<\/a><\/strong>, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa\u00f1a y su integraci\u00f3n social, y en su Reglamento<\/strong>, aprobado por Real Decreto 557\/2011, de 20 de abril<\/a>.<\/p>\n

La Ley no se toca<\/strong>, salvo la derogaci\u00f3n del art. 38 bis, que regulaba el r\u00e9gimen especial de los investigadores.<\/p>\n

Pero s\u00ed se reforma el Reglamento<\/strong>, especialmente en aspectos procedimentales, manteniendo el rango reglamentario a los preceptos afectados (D.F.3\u00aa):<\/p>\n

– Autorizaci\u00f3n prevista para los estudiantes internacionales<\/strong>, tanto en su primera admisi\u00f3n como en el caso de la intramovilidad UE. Los cambios afectan a su duraci\u00f3n, requisitos y movilidad. Se permite que la solicitud de autorizaciones de estancia por estudios UE tambi\u00e9n pueda ser presentada por la instituci\u00f3n de educaci\u00f3n superior en la que el estudiante va a cursar estudios as\u00ed como la posibilidad de tramitaci\u00f3n colectiva de autorizaciones.<\/p>\n

– Adapta la exigencia de requisitos a los voluntarios<\/strong> a lo establecido por la Directiva cuando estos participen en el Servicio Voluntario Europeo.<\/p>\n

– Se deroga<\/strong> el Cap\u00edtulo IV del T\u00edtulo IV<\/a>, que comprende los art\u00edculos 73 a 84, que regulaba a un procedimiento <\/strong>espec\u00edfico de admisi\u00f3n de nacionales de terceros pa\u00edses<\/strong> a efectos de investigaci\u00f3n cient\u00edfica<\/strong>.<\/p>\n

Procedimiento sancionador en movimientos de capitales.<\/strong><\/p>\n

El T\u00edtulo IV<\/strong> modifica parcialmente el art\u00edculo 12<\/a> de la Ley 19\/2003, de 4 de julio, sobre r\u00e9gimen jur\u00eddico de los movimientos de capitales y de las transacciones econ\u00f3micas con el exterior, con el objeto de elevar el plazo m\u00e1ximo a un a\u00f1o para la resoluci\u00f3n de los expedientes sancionadores<\/strong> afectados por dicha Ley, por su complejidad, en vez de los tres meses previstos de forma gen\u00e9rica en el art\u00edculo 21 de la Ley de Procedimiento Administrativo<\/a>.<\/p>\n

<\/a>Ley de Procedimiento Administrativo.<\/strong><\/p>\n

Y el T\u00edtulo V<\/strong> modifica la disposici\u00f3n final s\u00e9ptima de la Ley 39\/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas<\/a>. Seg\u00fan \u00e9sta, el 2 de octubre de 2018, entrar\u00edan en vigor las previsiones de la citada Ley relativas a:<\/p>\n

– registro electr\u00f3nico,<\/p>\n

– registro electr\u00f3nico de apoderamientos,<\/p>\n

– registro de empleados p\u00fablicos habilitados,<\/p>\n

– punto de acceso general electr\u00f3nico de la administraci\u00f3n y<\/p>\n

– archivo \u00fanico electr\u00f3nico.<\/p>\n

Ahora se ampl\u00eda la vacatio legis dos a\u00f1os m\u00e1s, hasta el 2 de octubre de 2020<\/strong>.<\/p>\n

Todas estas regulaciones son esenciales para que sea realidad que la relaci\u00f3n electr\u00f3nica es la v\u00eda principal de tramitaci\u00f3n de los procedimientos administrativos<\/strong>, lo que debe conducir a una administraci\u00f3n sin papeles.<\/p>\n

Sin embargo, la\u00a0vacatio legis<\/em>\u00a0prevista inicialmente no ha sido suficiente<\/strong>, al exigir importantes desarrollos tecnol\u00f3gicos y jur\u00eddicos<\/strong>, como en materia de notificaciones<\/strong>.<\/p>\n

Tambi\u00e9n resulta preciso que este desarrollo se adapte a la STC 55\/2018, de 24 de mayo<\/a>, lo que requiere acordar entre las Administraciones p\u00fablicas competentes las opciones que permitan una interoperabilidad respetuosa con sus respectivos \u00e1mbitos de competencias<\/strong>.<\/p>\n

Ir al resumen del\u00a0registro de los prestadores de servicios a sociedades<\/a><\/strong>.<\/p>\n

PDF (BOE-A-2018-12131 – 48\u00a0p\u00e1gs.<\/abbr>\u00a0– 772\u00a0KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0\u00a0<\/span>Otros formatos<\/a>\u00a0 \u00a0Convalidaci\u00f3n<\/a><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n<\/a>

Seguridad Inform\u00e1tica<\/span><\/h6>\n

Real Decreto-ley 12\/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de informaci\u00f3n.<\/p>\n

Resumen: <\/strong>Este real decreto-ley tiene por objeto regular la seguridad de las redes y sistemas de informaci\u00f3n utilizados para la provisi\u00f3n de los servicios esenciales y de los servicios digitales, y establecer un sistema de notificaci\u00f3n de incidentes.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

En la era de Internet las redes y sistemas de informaci\u00f3n<\/strong> desempe\u00f1an un papel crucial en nuestra sociedad como consecuencia de la evoluci\u00f3n de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y de la comunicaci\u00f3n.<\/p>\n

Su fiabilidad y seguridad<\/strong> se convierten en aspectos cr\u00edticos para el desarrollo normal de las actividades econ\u00f3micas y sociales, por lo que los incidentes<\/strong> que afecten a estas redes y sistemas alteran dichas actividades, representan una grave amenaza, pues, tanto si son fortuitos como si provienen de acciones, pueden provocar graves da\u00f1os<\/strong> en la econom\u00eda y a la sociedad.<\/p>\n

Las medidas de prevenci\u00f3n han de tener car\u00e1cter transversal, coordinado e interconectado<\/strong>, al igual que lo son estas tecnolog\u00edas.<\/p>\n

La Directiva (UE) 2016\/1148<\/a><\/strong> del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, se centra de determinar las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel com\u00fan de seguridad de las redes y sistemas de informaci\u00f3n en la Uni\u00f3n.<\/p>\n

Este real decreto la transpone<\/strong>, con contenido que trasciende a la Directiva. El plazo de transposici\u00f3n venci\u00f3 el 9 de mayo de 2018, habiendo iniciado la Comisi\u00f3n Europea un procedimiento formal de infracci\u00f3n n.\u00ba 2018\/168.<\/p>\n

Se aplicar\u00e1 a las entidades que presten servicios esenciales <\/strong>para la comunidad y dependan de las redes y sistemas de informaci\u00f3n <\/strong>para el desarrollo de su actividad. Su \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n se extiende a sectores que no est\u00e1n expresamente incluidos en la Directiva, para darle a este real decreto-ley un enfoque global, aunque se preserva su legislaci\u00f3n espec\u00edfica.<\/p>\n

En el caso de las actividades de explotaci\u00f3n de las redes<\/strong> y de prestaci\u00f3n de servicios de comunicaciones electr\u00f3nicas<\/strong> y los recursos asociados, as\u00ed como de los servicios electr\u00f3nicos de confianza<\/strong>, expresamente excluidos de dicha Directiva<\/strong>, el real decreto-ley se aplicar\u00e1 \u00fanicamente en lo que respecta a los operadores cr\u00edticos<\/strong>.<\/p>\n

El real decreto-ley se aplicar\u00e1 tambi\u00e9n a los proveedores de determinados servicios digitales<\/strong>, a los que la Directiva somete a un r\u00e9gimen de armonizaci\u00f3n m\u00e1xima, equivalente a un reglamento.<\/p>\n

El anexo II de la Directiva identifica los sectores<\/strong> en los que es necesario garantizar la protecci\u00f3n de las redes y sistemas de informaci\u00f3n:<\/p>\n

    \n
  1. Energ\u00eda<\/strong>. a) Electricidad. b) Crudo. c) Gas.<\/li>\n
  2. Transporte<\/strong>. a) A\u00e9reo. b) Ferrocarril. c) Mar\u00edtimo y fluvial. d) Por carretera<\/li>\n
  3. Banca<\/strong>. Entidades de cr\u00e9dito, tal como se definen en el art\u00edculo 4, punto 1, del Reglamento (UE) n.o 575\/2013<\/a> del Parlamento Europeo y del Consejo.<\/li>\n
  4. Infraestructuras de los mercados financieros<\/strong>. Gestores de centros de negociaci\u00f3n. Entidades de contrapartida central (CCP).<\/li>\n
  5. Sector sanitario<\/strong>. Entornos de asistencia sanitaria (entre ellos hospitales y cl\u00ednicas privadas). Prestadores de asistencia sanitaria.<\/li>\n
  6. Suministro y distribuci\u00f3n de agua potable<\/strong>.<\/li>\n
  7. Infraestructura digital<\/strong>. IXP (punto neutro o punto de intercambio de Internet). Proveedores de servicios del DNS. Registros de nombres de dominio de primer nivel.<\/li>\n<\/ol>\n

    En este RDL se hace remisi\u00f3n al anexo<\/a> de la Ley 8\/2011, de 28 de abril. Comparando los sectores<\/strong>, en este anexo se citan tambi\u00e9n como sectores estrat\u00e9gicos: <\/strong>la Administraci\u00f3n, el espacio, las industrias qu\u00edmica y nuclear, las instalaciones de investigaci\u00f3n y el sector de alimentaci\u00f3n.<\/p>\n

    El real decreto ley tambi\u00e9n establece procedimientos para identificar los servicios esenciales<\/strong> ofrecidos en dichos sectores, as\u00ed como los principales operadores<\/strong> que prestan dichos servicios, que son, en definitiva, los destinatarios de este real decreto-ley.<\/p>\n

    Los operadores de servicios esenciales y los proveedores de servicios digitales<\/strong> deber\u00e1n:<\/p>\n

    – adoptar medidas adecuadas<\/strong> para gestionar los riesgos<\/strong> que se planteen para la seguridad de las redes y sistemas de informaci\u00f3n que utilicen, aunque su gesti\u00f3n est\u00e9 externalizada. Las medidas han de ser proporcionales<\/strong> al nivel de los riesgos y estar basadas en una evaluaci\u00f3n previa<\/strong> de los mismos.<\/p>\n

    – notificar los incidentes<\/strong> significativos que sufran en las redes y servicios de informaci\u00f3n.<\/p>\n

    La Directiva protege a la entidad notificante y al personal que informe sobre incidentes ocurridos, tratando la informaci\u00f3n como confidencial<\/strong>.<\/p>\n

    El real decreto-ley trata de garantizar su coherencia con la aplicaci\u00f3n de otras normativas<\/strong> en materia de seguridad de la informaci\u00f3n como:<\/p>\n

    – la Ley 8\/2011, de 28 de abril<\/a>, por la que se establecen medidas para la protecci\u00f3n de las infraestructuras cr\u00edticas<\/strong>,<\/p>\n

    – la Ley 36\/2015, de 28 de septiembre<\/a>, de Seguridad Nacional<\/strong><\/p>\n

    – y con el Real Decreto 3\/2010, de 8 de enero<\/a>, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad<\/strong> en el \u00e1mbito de la Administraci\u00f3n Electr\u00f3nica.<\/p>\n

    Se atribuye al Consejo de Seguridad Nacional<\/strong> la funci\u00f3n de actuar como punto de contacto con otros pa\u00edses de la Uni\u00f3n Europea y un papel coordinador de la pol\u00edtica de ciberseguridad a trav\u00e9s de la Estrategia de Ciberseguridad Nacional.<\/p>\n

    La Estrategia de Ciberseguridad Nacional<\/strong> sienta las prioridades, objetivos y medidas adecuadas para alcanzar y mantener un elevado nivel de seguridad de las redes y sistemas de informaci\u00f3n.<\/p>\n

    Dentro de ella, los CSIRT<\/strong> son los equipos de respuesta<\/strong> a incidentes que analizan riesgos y supervisan incidentes a escala nacional, difunden alertas sobre ellos y aportan soluciones para mitigar sus efectos. En ellos se recibir\u00e1n las notificaciones de los incidentes para ser trasladados a las autoridades competentes.<\/p>\n

    Se prev\u00e9 la utilizaci\u00f3n de una plataforma com\u00fan para la notificaci\u00f3n de incidentes<\/strong>, para que los operadores no deban efectuar varias notificaciones en funci\u00f3n de la autoridad a la que deban dirigirse. Esta plataforma podr\u00e1 ser empleada tambi\u00e9n para la notificaci\u00f3n de vulneraciones de la seguridad de datos personales<\/strong>.<\/p>\n

    El RDL consta de siete t\u00edtulos:<\/strong><\/p>\n

    El t\u00edtulo I<\/strong> determina el objeto, \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n y enuncia definiciones como las de redes y sistemas de informaci\u00f3n o servicios esenciales.<\/p>\n

    En el t\u00edtulo II<\/strong> se fijan la forma y criterios de identificaci\u00f3n de los servicios esenciales<\/strong> y de los operadores<\/strong> que los presten a los que se aplicar\u00e1 el real decreto-ley.<\/p>\n

    El t\u00edtulo III<\/strong> recoge el marco estrat\u00e9gico e institucional<\/strong> de la seguridad de las redes y sistemas de informaci\u00f3n que se ha descrito anteriormente.<\/p>\n

    El t\u00edtulo IV<\/strong> se ocupa de las obligaciones de seguridad de los operadores<\/strong>, y en \u00e9l se prev\u00e9 la aplicaci\u00f3n preferente de normas sectoriales que impongan obligaciones equivalentes.<\/p>\n

    En el t\u00edtulo V<\/strong> se regula la notificaci\u00f3n de incidentes<\/strong> y coordinaci\u00f3n con otros Estados de la Uni\u00f3n Europea para su gesti\u00f3n.<\/p>\n

    El t\u00edtulo VI<\/strong> se dedica a las actividades de inspecci\u00f3n<\/strong> y control de las autoridades competentes y la cooperaci\u00f3n con las autoridades de otros Estados miembros.<\/p>\n

    Y en el t\u00edtulo VII se tipifican las infracciones y sanciones<\/strong>, decant\u00e1ndose por impulsar la subsanaci\u00f3n de la infracci\u00f3n antes que su castigo.<\/p>\n

    Este real decreto-ley se dicta en virtud de las competencias exclusivas<\/strong> atribuidas al Estado en materia de r\u00e9gimen general de telecomunicaciones y seguridad p\u00fablica.<\/p>\n

    Entr\u00f3 en vigor el 9 de septiembre de 2018.<\/p>\n

    Ver resumen del Real Decreto 43\/2021, de 26 de enero<\/strong>, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 12\/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de informaci\u00f3n.<\/a><\/p>\n

    PDF (BOE-A-2018-12257 – 22\u00a0p\u00e1gs.<\/abbr>\u00a0– 353\u00a0KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0\u00a0<\/span>Otros formatos<\/a>\u00a0 \u00a0 Convalidaci\u00f3n<\/a><\/p>\n

    \u00a0<\/p>\n<\/a>

    Impuesto sobre Sociedades y de no Residentes: modelos 202, 222 y 231.<\/span><\/h6>\n

    Orden HAC\/941\/2018, de 5 de septiembre, por la que se modifican la Orden HFP\/227\/2017, de 13 de marzo, por la que se aprueba el modelo 202 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y entidades en r\u00e9gimen de atribuci\u00f3n de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio espa\u00f1ol, y el modelo 222 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades en r\u00e9gimen de consolidaci\u00f3n fiscal y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentaci\u00f3n electr\u00f3nica, la Orden HFP\/441\/2018, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos de declaraci\u00f3n del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en r\u00e9gimen de atribuci\u00f3n de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio espa\u00f1ol, para los per\u00edodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, y la Orden HFP\/1978\/2016, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 231 de Declaraci\u00f3n de informaci\u00f3n pa\u00eds por pa\u00eds.<\/p>\n

    Resumen:<\/strong> se incorporan como anexos nuevas versiones de los modelos 202 y 222, adapt\u00e1ndose a la Ley de Presupuestos para 2018 y a la nueva normativa del Pa\u00eds Vasco y Navarra.<\/span><\/p>\n

    El modelo\u00a0202<\/strong> se utiliza para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y entidades en r\u00e9gimen de atribuci\u00f3n de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio espa\u00f1ol.<\/p>\n

    El modelo\u00a0222<\/strong> es para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades en r\u00e9gimen de consolidaci\u00f3n fiscal<\/p>\n

    Se adaptan as\u00ed a las reformas introducidas por la Ley de Presupuestos para 2018<\/a>, por la que:<\/p>\n

    – se procede a exceptuar a las entidades de capital-riesgo<\/strong> reguladas en la Ley\u00a022\/2014, de\u00a012 de noviembre, de la obligaci\u00f3n de efectuar el pago fraccionado m\u00ednimo aplicable a las grandes empresas.<\/p>\n

    – se aprueban las disposiciones relativas a la asignaci\u00f3n de cantidades a actividades de inter\u00e9s general consideradas de inter\u00e9s socia<\/strong>l, para que el Estado destine a subvencionar estas actividades, en la forma que reglamentariamente se establezca, el\u00a00,7 por ciento de la cuota \u00edntegra del Impuesto sobre Sociedades<\/strong>.<\/p>\n

    Tambi\u00e9n se adapta a cambios en la normativa del Pa\u00eds Vasco y Navarra<\/strong>, permitiendo que los contribuyentes sometidos a normativa foral que tributen conjuntamente a la Administraci\u00f3n del Estado y a la foral, puedan utilizar estos mismos modelos indicando que la normativa que aplican es la foral.<\/p>\n

    Tambi\u00e9n adapta el modelo 231<\/strong> de \u00abDeclaraci\u00f3n de informaci\u00f3n pa\u00eds por pa\u00eds\u00bb al cambio que sufri\u00f3 en 2017 el art\u00edculo 13.1<\/a> del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, respecto al \u00e1mbito subjetivo de las entidades que han de presentar la informaci\u00f3n pa\u00eds por pa\u00eds.<\/strong><\/p>\n

    PDF (BOE-A-2018-12515 – 17\u00a0p\u00e1gs.<\/abbr>\u00a0– 546\u00a0KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a>\u00a0 Correcci\u00f3n errores modelo 222<\/a><\/p>\n

    \u00a0<\/p>\n<\/a>

    Accesibilidad webs sector p\u00fablico<\/span><\/h6>\n

    Real Decreto 1112\/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos m\u00f3viles del sector p\u00fablico.<\/p>\n

    Resumen:<\/strong> Este real decreto tiene por objeto garantizar los requisitos de accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos m\u00f3viles de los organismos del sector p\u00fablico y otros obligados.<\/span><\/p>\n

    Se transpone la Directiva (UE) 2016\/2102<\/a><\/strong>, del Parlamento Europeo y del Consejo, de\u00a026 de octubre de\u00a02016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos m\u00f3viles de los organismos del sector p\u00fablico.<\/p>\n

    Define la accesibilidad<\/strong> como un conjunto de principios y t\u00e9cnicas que se deben respetar a la hora de dise\u00f1ar, construir, mantener y actualizar los sitios web y las aplicaciones para dispositivos m\u00f3viles.<\/p>\n

    Su \u00e1mbito subjetivo de aplicaci\u00f3n<\/strong> se extiende a la Administraci\u00f3n General del Estado, las de las comunidades aut\u00f3nomas y Administraci\u00f3n Local, el sector p\u00fablico institucional, las asociaciones constituidas por el sector p\u00fablico y la Administraci\u00f3n de Justicia.<\/p>\n

    En cuanto al \u00e1mbito objetivo de aplicaci\u00f3n<\/strong>, este comprende los sitios web y las aplicaciones<\/strong> para dispositivos m\u00f3viles. El art. 3 recoge exclusiones como los contenidos multimedia en directo.<\/p>\n

    Las entidades obligadas deber\u00e1n ofrecer a las personas usuarias un mecanismo de comunicaci\u00f3n<\/strong> que permita a cualquier persona presentar sugerencias y quejas<\/strong>, as\u00ed como informar sobre cualquier posible incumplimiento<\/strong> de los requisitos de accesibilidad y solicitar la informaci\u00f3n excluida.<\/p>\n

    Se crea la Red de Contactos de Accesibilidad Digital\u00a0de las Administraciones P\u00fablicas.<\/strong><\/p>\n

    Aplicaci\u00f3n de los criterios de accesibilidad<\/strong> a otras webs:<\/p>\n

    Las Administraciones P\u00fablicas exigir\u00e1n que se apliquen los criterios de accesibilidad de los art\u00edculos\u00a05 y\u00a06 del presente real decreto a los siguientes sitios web y aplicaciones para dispositivos m\u00f3viles:<\/p>\n

    a) los que reciban financiaci\u00f3n p\u00fablica<\/strong> para su dise\u00f1o o mantenimiento<\/p>\n

    b) los vinculados a la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos, de entidades y empresas que se encarguen, ya sea por v\u00eda concesional<\/strong> o a trav\u00e9s de otra v\u00eda contractual<\/strong>, de gestionar servicios p\u00fablicos<\/strong>, en especial, los que tengan car\u00e1cter educativo, sanitario, cultural, deportivo y de servicios sociales<\/p>\n

    c)\u2003los de centros privados educativos<\/strong>, de formaci\u00f3n y universitarios sostenidos, total o parcialmente, con fondos p\u00fablicos.<\/p>\n

    d) los del Congreso de los Diputados<\/strong>, Senado, Consejo de Estado, Consejo Econ\u00f3mico y Social, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Banco de Espa\u00f1a, Asambleas legislativas de las comunidades aut\u00f3nomas, as\u00ed como a las instituciones auton\u00f3micas que realicen funciones an\u00e1logas, en relaci\u00f3n con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo y con sujeci\u00f3n a su normativa espec\u00edfica.<\/p>\n

    El presente real decreto tiene car\u00e1cter de legislaci\u00f3n b\u00e1sica<\/strong> y est\u00e1 incluido en el Plan Anual Normativo de\u00a02018.<\/p>\n

    Entr\u00f3 en vigor, con salvedades, el 20 de septiembre de 2018.<\/p>\n

    PDF (BOE-A-2018-12699 – 17\u00a0p\u00e1gs.<\/abbr>\u00a0– 332\u00a0KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0\u00a0<\/span>Otros formatos<\/a><\/p>\n

    \u00a0<\/p>\n<\/a>

    Reforma de la Ley del Mercado de valores<\/span><\/h6>\n

    Real Decreto-ley 14\/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4\/2015, de 23 de octubre.<\/p>\n

    Resumen:<\/strong> La Ley del Mercado de Valores va transform\u00e1ndose en una ley marco mediante este real decreto ley que acaba de transponer tres directivas comunitarias, lo que afecta fundamentalmente a las empresas de servicios y actividades de inversi\u00f3n y a nuevas facultades de supervisi\u00f3n de la CNMV. La resoluci\u00f3n alternativa de litigios en materia de consumo en su \u00e1mbito ser\u00e1, de momento, ante\u00a0el servicio de reclamaciones de la CNMV.<\/span><\/p>\n

    Este real decreto-ley tiene como finalidad completar la transposici\u00f3n<\/strong> en normas de rango legal de:<\/p>\n

    – la Directiva 2014\/65\/UE<\/a><\/strong> del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros<\/strong>;<\/p>\n

    –<\/strong> la Directiva 2016\/1034<\/a><\/strong> del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de junio de 2016, que modifica la anterior<\/p>\n

    – y la Directiva Delegada 2017\/593\/UE<\/a><\/strong> de la Comisi\u00f3n de 7 de abril de 2016 por la que se complementa la Directiva 2014\/65\/UE en lo que respecta a la salvaguarda de los instrumentos financieros y los fondos pertenecientes a los clientes<\/strong>, las obligaciones en materia de gobernanza de productos y las normas aplicables a la entrega o percepci\u00f3n de honorarios, comisiones u otros beneficios monetarios o no monetarios.<\/p>\n

    La Directiva 2014\/65\/UE<\/strong> ya fue objeto de transposici\u00f3n parcial<\/strong> en disposiciones de rango legal mediante el Real Decreto-ley 21\/2017, de 29 de diciembre<\/a>. Ahora se completa.<\/strong><\/p>\n

    Las disposiciones de la Directiva que se transponen en este RDL son:<\/p>\n

    – las que regulan el r\u00e9gimen de autorizaci\u00f3n, conducta y supervisi\u00f3n de las empresas de servicios de inversi\u00f3n<\/strong>,<\/p>\n

    – las que reconocen nuevas facultades de supervisi\u00f3n a la CNMV<\/strong><\/p>\n

    – y las que establecen nuevas obligaciones de cooperaci\u00f3n<\/strong> entre la CNMV, las restantes autoridades nacionales supervisoras de la UE y la Agencia Europea de Valores y Mercados (AEVM).<\/p>\n

    Se canaliza a trav\u00e9s de la reforma del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores<\/strong>, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4\/2015, de 23 de octubre<\/a>. Se pretende reducirlo al contenido m\u00ednimo <\/strong>necesario que requiere estar en normas de rango legal, convirti\u00e9ndolo en una verdadera ley marco reguladora<\/strong> de los mercados de valores y las empresas de servicios y actividades de inversi\u00f3n, siguiendo la recomendaci\u00f3n formulada por el Consejo de Estado.<\/p>\n

    Los instrumentos<\/strong> que utiliza el Derecho Europeo para garantizar la adecuada protecci\u00f3n del inversor<\/strong> son en esencia los mismos que utiliza nuestra Ley del Mercado de Valores, especialmente tras su reforma de 2007, pero aumentando el nivel de exigencia<\/strong> y concreci\u00f3n en las obligaciones de informaci\u00f3n al cliente, o el grado de control que se exige sobre cualquier circunstancia que afecte a los conflictos de intereses de una empresa de servicios y actividades de inversi\u00f3n.<\/p>\n

    Estas son las principales novedades<\/strong>:<\/p>\n

    Entidades excluidas.<\/strong> En el t\u00edtulo preliminar, que contiene las disposiciones generales, se concretan las entidades que quedan excluidas<\/strong> del \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n<\/strong> del TRLMV.<\/p>\n

    Derivados.<\/strong> Se modifica el cap\u00edtulo V del t\u00edtulo IV<\/strong> recogiendo la posibilidad de que la CNMV pueda imponer l\u00edmites al volumen de una posici\u00f3n neta <\/strong>que se pueda mantener en determinados derivados, as\u00ed como las obligaciones de difusi\u00f3n y comunicaci\u00f3n de posiciones en determinados derivados por parte de los centros de negociaci\u00f3n.<\/p>\n

    Centros de negociaci\u00f3n<\/strong>. Se hace una referencia al Reglamento (UE) n.\u00ba 600\/2014<\/a>, y sus desarrollos, como normas reguladoras de las obligaciones de transparencia<\/strong> pre y post negociaci\u00f3n para los centros de negociaci\u00f3n, que es un elemento fundamental del conjunto de la reforma.<\/p>\n

    Empresas de servicios y actividades de inversi\u00f3n <\/strong>(en adelante, empresas).<\/p>\n

    – Sucursales.<\/strong> Se ordena lo relativo al establecimiento de sucursales<\/strong> y la libre prestaci\u00f3n de servicios, distinguiendo su regulaci\u00f3n en el \u00e1mbito de la Uni\u00f3n Europea y en el \u00e1mbito de terceros pa\u00edses. El establecimiento de sucursales de estas empresas en otros Estados miembros no requiere autorizaci\u00f3n previa de la CNMV sino simplemente comunicaci\u00f3n previa. Se regulan los agentes vinculados<\/strong> que pueden designar las sucursales o las entidades que act\u00faen en r\u00e9gimen de libre prestaci\u00f3n de servicios en nuestro pa\u00eds. Para ello, se modifican los cap\u00edtulos III, V, VI del t\u00edtulo V<\/strong> del texto refundido.<\/p>\n

    – Negociaci\u00f3n algor\u00edtmica.<\/strong> Se determinan las obligaciones que han de cumplir estas empresas cuando lleven a cabo actividades de negociaci\u00f3n algor\u00edtmica, las especialidades para tener en cuenta cuando se lleve a cabo la actividad de creaci\u00f3n de mercado en este contexto, as\u00ed como las obligaciones que deben cumplir cuando faciliten el acceso electr\u00f3nico directo a un mercado.<\/p>\n

    – Servicios de suministro de datos.<\/strong> Se introduce un nuevo t\u00edtulo V bis<\/strong> regulando una realidad que por primera vez se aborda en una Directiva europea, como son los servicios de suministro de datos, detallando los elementos fundamentales del procedimiento<\/strong> de autorizaci\u00f3n al que deben someterse los proveedores de dichos servicios as\u00ed como los requisitos de organizaci\u00f3n<\/strong> interna que deben cumplir<\/p>\n

    – Normas de conducta.<\/strong> Adem\u00e1s del refuerzo de las obligaciones de diligencia y transparencia<\/strong> y de las relativas a la gesti\u00f3n de conflictos de intereses, destacan las nuevas prescripciones sobre la vigilancia y control de productos financieros, por las que las empresas que dise\u00f1en instrumentos financieros para su venta a clientes deber\u00e1n asegurar una calidad m\u00ednima<\/strong> de los mismos y una adecuaci\u00f3n<\/strong> al segmento del mercado al que se dirijan. A ello se dedica el extenso t\u00edtulo VII<\/strong>.<\/p>\n

    – Informaci\u00f3n a los clientes.<\/strong> Se detalla su contenido, tanto dirigida a sus clientes como a los clientes potenciales, en relaci\u00f3n con el tipo de asesoramiento que se ofrece -indicando si es o no independiente- y, sobre los instrumentos financieros y estrategias de inversi\u00f3n propuestos y los costes y gastos<\/strong> asociados al servicio de inversi\u00f3n, antes y despu\u00e9s de su realizaci\u00f3n. Se prev\u00e9 la existencia de un formato normalizado<\/strong> para ofrecer toda esta informaci\u00f3n. En caso de que se ofrezca un servicio de inversi\u00f3n como parte de un producto financiero<\/strong>, o se ofrezca un servicio de inversi\u00f3n junto con otro servicio o producto o como parte de un paquete o como condici\u00f3n del mismo acuerdo o paquete, la empresa debe informar al cliente de la posibilidad de comprar o no por separado<\/strong> los distintos componentes y los costes y cargas de cada uno de ellos.<\/p>\n

    – Pagos y remuneraciones.<\/strong> Se hace expl\u00edcita la regla general de que las remuneraciones no entren en conflicto<\/strong> con la obligaci\u00f3n de la empresa de actuar en el mejor inter\u00e9s de sus clientes. Se detallan las condiciones admisibles para la prestaci\u00f3n de asesoramiento independiente y del servicio de gesti\u00f3n discrecional de carteras. Tambi\u00e9n se establecen las obligaciones y condiciones necesarias para poder percibir incentivos<\/strong>. Y se hace referencia a los conocimientos y competencias<\/strong> que deben reunir las personas que prestan asesoramiento o proporcionan informaci\u00f3n a los clientes.<\/p>\n

    – \u00d3rdenes de clientes. <\/strong>Entre las novedades destacan las especialidades para el caso de ejecuci\u00f3n de \u00f3rdenes a precio limitado<\/strong>. Tambi\u00e9n se incluye el concepto de contraprestaci\u00f3n total<\/strong> para determinar cu\u00e1l es el mejor resultado posible para un cliente cuando se ejecutan sus \u00f3rdenes, y la forma de comparar centros de ejecuci\u00f3n<\/strong> para determinar cu\u00e1l es el mejor resultado posible para el cliente. Se proh\u00edbe que la empresa perciba remuneraci\u00f3n, descuento o beneficio no monetario alguno por dirigir \u00f3rdenes a un determinado centro de negociaci\u00f3n o de ejecuci\u00f3n. Y ha de publicar anualmente los cinco principales centros de ejecuci\u00f3n de \u00f3rdenes con los que trabaja, acompa\u00f1ando informaci\u00f3n sobre la calidad de la ejecuci\u00f3n.<\/p>\n

    Facultades de supervisi\u00f3n. <\/strong>Se modifican y se a\u00f1aden algunas de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva 2014\/65\/UE<\/a>. Por ejemplo, se incorpora la facultad de la CNMV<\/strong> de requerir o solicitar informaci\u00f3n sobre el volumen de una posici\u00f3n, de limitar la capacidad de cualquier persona de suscribir un contrato de derivados sobre materias primas, o de suspender la comercializaci\u00f3n o venta de determinados instrumentos financieros.<\/p>\n

    Cooperaci\u00f3n con otras autoridades<\/strong>. Respecto a la cooperaci\u00f3n de la CNMV<\/strong> con otras autoridades de la Uni\u00f3n Europea, se incluyen las materias recogidas en el Reglamento (UE) n.\u00ba 600\/2014<\/a>, las relativas a los derechos de emisi\u00f3n y la cooperaci\u00f3n de la CNMV con la Oficina Espa\u00f1ola de Cambio Clim\u00e1tico, as\u00ed como las que conciernen a derivados sobre materias primas agr\u00edcolas y la cooperaci\u00f3n de la CNMV con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci\u00f3n. La CNMV ha de notificar<\/strong> a la Autoridad Europea de Valores y Mercados AEVM cualquier exigencia de limitaci\u00f3n de posiciones y cualquier l\u00edmite a la capacidad de las personas de contratar un instrumento financiero.<\/p>\n

    Secreto profesional. <\/strong>Se a\u00f1aden cuatro excepciones <\/strong>a la obligaci\u00f3n de guardar secreto profesional por parte de la CNMV, relativas a la informaci\u00f3n sobre derechos de emisi\u00f3n, la informaci\u00f3n relativa a derivados sobre materias primas agr\u00edcolas, la informaci\u00f3n que facilite la CNMV a otras autoridades competentes de la Uni\u00f3n Europea, y la informaci\u00f3n que la CNMV intercambie con otras autoridades competentes de Estados no miembros de la Uni\u00f3n Europea.<\/p>\n

    Infracciones.<\/strong> Se introducen dos nuevos cap\u00edtulos en el t\u00edtulo X relativos a la comunicaci\u00f3n de infracciones y a la publicidad de las mismas, incorporando las novedades derivadas de la normativa europea transpuesta.<\/p>\n

    Resoluci\u00f3n alternativa de litigios en materia de consumo. <\/strong>Hasta la creaci\u00f3n de la autoridad \u00fanica competente para la resoluci\u00f3n de litigios de consumo en el sector financiero prevista en la D. Ad. 1\u00aa<\/a> de la Ley 7\/2017, de 2 de noviembre, el servicio de reclamaciones de la CNMV<\/strong> regulado en el art\u00edculo 30<\/a> de la Ley 44\/2002, de 22 de noviembre, actuar\u00e1 como entidad de resoluci\u00f3n alternativa de litigios en el \u00e1mbito del mercado de valores<\/strong>.<\/p>\n

    El plazo de transposici\u00f3n<\/strong> de la Directiva ya est\u00e1 vencido<\/strong>, habiendo demandado la Comisi\u00f3n Europea al Reino de Espa\u00f1a ante el TJUE por falta de transposici\u00f3n completa.<\/p>\n

    Entr\u00f3 en vigor, con salvedades, el 30 de septiembre de 2018.<\/p>\n

    PDF (BOE-A-2018-13180 – 80\u00a0p\u00e1gs.<\/abbr>\u00a0– 1.475\u00a0KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0\u00a0<\/span>Otros formatos<\/a>\u00a0 \u00a0Convalidaci\u00f3n<\/a><\/p>\n

     <\/p>\n<\/a>

    Catastro: actualizaci\u00f3n de valores catastrales en determinados municipios<\/span><\/h6>\n

    Orden HAC\/994\/2018, de 17 de septiembre, por la que se establece la relaci\u00f3n de municipios a los que resultar\u00e1n de aplicaci\u00f3n los coeficientes de actualizaci\u00f3n de los valores catastrales que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el a\u00f1o 2019.<\/p>\n

    Resumen<\/span>:<\/strong> se publica la lista de municipios que podr\u00e1n actualizar los valores catastrales cara al ejercicio de 2019, aplicando los coeficientes que se determinen en la futura Ley de Presupuestos para 2019. La lista incluye diez capitales de provincia.<\/span><\/p>\n

    El\u00a0apartado 2 del art\u00edculo 32<\/a>\u00a0de la Ley del Catastro dispone que las leyes de presupuestos generales del Estado podr\u00e1n\u00a0actualizar los valores catastrales<\/strong>\u00a0de los inmuebles urbanos de un mismo municipio por aplicaci\u00f3n de\u00a0coeficientes<\/strong>\u00a0en funci\u00f3n del\u00a0a\u00f1o<\/strong>\u00a0de entrada en vigor de la correspondiente\u00a0ponencia de valores<\/strong>\u00a0del municipio.<\/p>\n

    Para ello, las\u00a0solicitudes de los Ayuntamientos<\/strong>, para el a\u00f1o 2019, han de cumplir los siguientes\u00a0requisitos<\/strong>:<\/p>\n

    a) Que hayan transcurrido al menos\u00a0cinco a\u00f1os desde la entrada en vigor de los valores catastrales\u00a0<\/strong>derivados del anterior procedimiento de valoraci\u00f3n colectiva de car\u00e1cter general. Es decir, la aplicaci\u00f3n de coeficientes de actualizaci\u00f3n para el a\u00f1o 2019 requiere que el a\u00f1o de entrada en vigor de la\u00a0ponencia de valores\u00a0<\/strong>de car\u00e1cter general sea\u00a0anterior a 2014<\/strong>.<\/p>\n

    b) Que se pongan de manifiesto\u00a0diferencias sustanciales\u00a0<\/strong>entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinaci\u00f3n de los valores catastrales vigentes, siempre que afecten de modo homog\u00e9neo al conjunto de usos, pol\u00edgonos, \u00e1reas o zonas existentes en el municipio.<\/p>\n

    c) Que la solicitud se comunique a la Direcci\u00f3n General del Catastro\u00a0antes del 31 de mayo,\u00a0<\/strong>sin que se haya desistido m\u00e1s tarde.<\/p>\n

    Tras las comprobaciones correspondientes, se dicta esta orden que incluye en su\u00a0anexo<\/strong>\u00a0los municipios afectados. Se a\u00f1aden a la lista\u00a0municipios que resultan beneficiarios de las medidas relativas a sus deudas con acreedores p\u00fablicos y\u00a0municipios que se acogen al Fondo de Ordenaci\u00f3n.\u00a0<\/p>\n

    Incluye\u00a0varias capitales de provincia<\/strong>: Almer\u00eda, C\u00e1diz, Santander, Granada, Guadalajara, Huelva, Huesca, Teruel, Valencia y Zaragoza.<\/p>\n

    Los\u00a0coeficientes<\/strong>\u00a0de actualizaci\u00f3n ser\u00e1n los que establezca la\u00a0Ley de Presupuestos Generales del Estado para el pr\u00f3ximo ejercicio 2019<\/strong>.<\/p>\n

    La presente orden entr\u00f3 en vigor el 30 de septiembre de 2018 y surtir\u00e1 efectos desde el 1 de enero de 2019. Este a\u00f1o la publicaci\u00f3n en el BOE ha sido\u00a0dentro de plazo<\/strong>, pues el\u00a0art\u00edculo 32<\/a>\u00a0del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario dispone que tiene que ser \u201ccon anterioridad al 30 de septiembre\u201d y se public\u00f3 el 29. No ocurri\u00f3 as\u00ed en 2016.\u00a0<\/p>\n

    PDF (BOE-A-2018-13183 – 25\u00a0p\u00e1gs.<\/abbr>\u00a0– 1.451\u00a0KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0\u00a0Otros formatos<\/a>\u00a0 \u00a0Correcci\u00f3n de errores<\/a><\/p>\n

    \u00a0<\/p>\n<\/a>

    Administraci\u00f3n perif\u00e9rica del Estado<\/span><\/h6>\n

    Real Decreto 1162\/2018, de 14 de septiembre, por el que se regula la Comisi\u00f3n interministerial de coordinaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n perif\u00e9rica del Estado.<\/p>\n

    Resumen: <\/strong>mediante un decreto se regulan las atribuciones, composici\u00f3n y funcionamiento de la Comisi\u00f3n interministerial de coordinaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n perif\u00e9rica del Estado, \u00f3rgano colegiado responsable de coordinar la actuaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n perif\u00e9rica del Estado con los distintos Departamentos ministeriales.<\/span><\/p>\n

    El art\u00edculo 72<\/a> de la Ley de R\u00e9gimen Jur\u00eddico del Sector P\u00fablico, atribuye a los Delegados del Gobierno<\/strong> la representaci\u00f3n del Gobierno de la Naci\u00f3n en el territorio de la respectiva Comunidad Aut\u00f3noma, encomend\u00e1ndoles, conforme al art\u00edculo 154 de la Constituci\u00f3n<\/a>, la direcci\u00f3n y supervisi\u00f3n de la Administraci\u00f3n General del Estado en el territorio.\u00a0Desde 2003, le ayuda en ese cometido esta Comisi\u00f3n, con resultados satisfactorios.<\/p>\n

    La Comisi\u00f3n se regir\u00e1 <\/strong>por lo dispuesto en el art\u00edculo 78<\/a> de la Ley del Sector P\u00fablico, por este real decreto y, en lo no previsto, por las normas generales de actuaci\u00f3n de los \u00f3rganos colegiados dispuestas en la secci\u00f3n 3.\u00aa del cap\u00edtulo II del T\u00edtulo Preliminar<\/a> de la Ley de R\u00e9gimen Jur\u00eddico del Sector P\u00fablico.<\/p>\n

    La Comisi\u00f3n se adscribe<\/strong> al Ministerio de Pol\u00edtica Territorial y Funci\u00f3n P\u00fablica, a trav\u00e9s de la Secretar\u00eda de Estado de Pol\u00edtica Territorial.<\/p>\n

    F<\/strong>uncionar\u00e1 en Pleno<\/strong>, que se reunir\u00e1 al menos una vez al a\u00f1o, o en Comisi\u00f3n Permanente<\/strong>. El Pleno se reunir\u00e1 al menos una vez al a\u00f1o y, en todo caso, cuando lo estime necesario su Presidente.<\/p>\n

    El resto de art\u00edculos determina la composici\u00f3n y funciones, tanto del Pleno como de la Comisi\u00f3n Permanente.<\/p>\n

    Entr\u00f3 en vigor el 30 de septiembre de 2018.<\/p>\n

    PDF (BOE-A-2018-13185 – 4\u00a0p\u00e1gs.<\/abbr>\u00a0– 174\u00a0KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0\u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

    \u00a0<\/p>\n<\/a>

    Altos cargos: Registros y Declaraciones Patrimoniales<\/strong><\/span><\/h6>\n

    Real Decreto 1208\/2018, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se desarrollan los t\u00edtulos Preliminar, II y III de la Ley 3\/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administraci\u00f3n General del Estado.<\/p>\n

    Resumen:<\/strong> este real decreto desarrolla la Ley 3\/2015 sobre el ejercicio del alto cargo en la AGE, aprobando un Reglamento donde, entre otros contenidos, se trata del Registro de Actividades y del Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales. El mismo d\u00eda se publican las declaraciones patrimoniales de los altos cargos 2014-2018.<\/span><\/p>\n

    La Ley 3\/2015, de 30 de marzo<\/a><\/strong>, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administraci\u00f3n General del Estado, incluye en una \u00fanica norma las disposiciones relativas al nombramiento<\/strong> de los altos cargos introduciendo mecanismos que tratan de asegurar la idoneidad<\/strong> del candidato, que permitan un an\u00e1lisis previo de la posible existencia de conflictos de intereses<\/strong> y que aseguren el control del \u00f3rgano que tiene asignadas las competencias en materia de incompatibilidades<\/strong> y conflictos de intereses.<\/p>\n

    La Ley remite<\/strong> a un futuro Reglamento <\/strong>-que es \u00e9ste– <\/strong>para desarrollar las materias que lo necesiten y que es aprobado en el \u00fanico art\u00edculo del real decreto.<\/p>\n

    En su cap\u00edtulo I<\/strong> se precisa el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n<\/strong> determinando cu\u00e1les son los cargos asimilados<\/strong> a que se refiere la Ley 3\/2015, en las letras d) y f) del apartado 2 de su art\u00edculo 1<\/a>.<\/p>\n

    Tambi\u00e9n regula los procedimientos<\/strong> para que la Oficina de Conflictos de Intereses<\/strong> tenga conocimiento de los nombramientos en puestos de altos cargos en organismos y entidades del sector p\u00fablico, as\u00ed como la documentaci\u00f3n que ha de recibir electr\u00f3nicamente para comprobar si estos re\u00fanen los requisitos previstos en el art\u00edculo 2<\/a> de la citada ley. Y prev\u00e9 unos modelos para casos en que haya necesidad de abstenerse.<\/p>\n

    En el cap\u00edtulo II<\/strong> se regulan las disposiciones comunes<\/strong> al registro de actividades y al registro de bienes y derechos patrimoniales de los altos cargos (que son dos distintos), estableciendo su dependencia y gesti\u00f3n a cargo de la Oficina de Conflictos de Intereses<\/strong>, as\u00ed como el contenido de las declaraciones que los altos cargos han de presentar, las funciones de la citada Oficina ante el incumplimiento de estas obligaciones, as\u00ed como el acceso a cada uno de esos registros.<\/p>\n

    Estos registros gestionar\u00e1n<\/strong> la inscripci\u00f3n, dep\u00f3sito, custodia de las declaraciones y comunicaciones previstas en este Reglamento, as\u00ed como la cancelaci\u00f3n de las inscripciones practicadas. Transcurridos seis a\u00f1os desde el cese del alto cargo, se proceder\u00e1 a la destrucci\u00f3n de los datos de car\u00e1cter personal contenidos en las declaraciones.<\/p>\n

    El cap\u00edtulo III<\/strong> se centra en el Registro de Actividades <\/strong>de altos cargos, que tiene por objeto la gesti\u00f3n, el dep\u00f3sito y custodia de las declaraciones<\/strong> a que se refieren los art\u00edculos 2 (curriculum vitae), 7 (opci\u00f3n de actividad o pensi\u00f3n al cesar), 15 (declaraci\u00f3n de actividades que vaya a realizar durante los dos a\u00f1os siguientes al cese) y 16 (declaraci\u00f3n de actividades durante los dos a\u00f1os previos a la toma de posesi\u00f3n) de la Ley 3\/2015, de 30 de marzo<\/a>.<\/p>\n

    El Registro de Actividades se rige <\/strong>por lo dispuesto en la Ley 3\/2015<\/a>, la Ley 19\/2013, de 9 de diciembre<\/a>, de transparencia, la Ley Org\u00e1nica 15\/1999, de 13 de diciembre<\/a>, de protecci\u00f3n de datos y sus normas de desarrollo.<\/p>\n

    Tiene car\u00e1cter p\u00fablico. <\/strong>Las personas que deseen conocer las declaraciones depositadas podr\u00e1n presentar electr\u00f3nicamente una solicitud de la certificaci\u00f3n de su contenido<\/strong> indicando el cargo de cuyo titular se desea conocer las declaraciones de actividades. No caben peticiones gen\u00e9ricas.<\/p>\n

    Se determina el procedimiento<\/strong> para presentar las declaraciones y sus variaciones.<\/p>\n

    Y el cap\u00edtulo IV<\/strong> es para el Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales <\/strong>de altos cargos.<\/strong><\/p>\n

    Este Registro tiene car\u00e1cter reservado<\/strong>, siendo su objeto<\/strong> la gesti\u00f3n, el dep\u00f3sito y custodia de las declaraciones de participaciones y de bienes y de las copias de los contratos y de las declaraciones tributarias que haya tenido obligaci\u00f3n de presentar el alto cargo, de conformidad con lo previsto en los art\u00edculos 14 (enajenaci\u00f3n o cesi\u00f3n de participaciones en determinadas empresas), 17 (declaraciones de IRPF y Patrimonio) y 18 (contratos para gesti\u00f3n de valores y activos financieros), respectivamente, de la Ley 3\/2015, de 30 de marzo<\/a>.<\/p>\n

    Los altos cargos est\u00e1n obligados a formular las declaraciones patrimoniales<\/strong> comprensivas de la totalidad de sus bienes, derechos y obligaciones, aunque no tengan que presentar declaraci\u00f3n del Impuesto de Patrimonio.<\/p>\n

    S\u00f3lo tendr\u00e1n acceso<\/strong> a esas declaraciones, y en determinadas circunstancias, el Congreso, Senado, \u00f3rganos judiciales y el Ministerio Fiscal.<\/p>\n

    De conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del art\u00edculo 21<\/a> de la Ley 3\/2015, de 30 de marzo, durante el primer trimestre de cada a\u00f1o natural<\/strong>, se proceder\u00e1 a publicar<\/strong> en el \u00abBolet\u00edn Oficial del Estado<\/strong>\u00bb las declaraciones de bienes, derechos y obligaciones patrimoniales<\/strong> de los altos cargos cuya toma de posesi\u00f3n o cese se haya producido en el a\u00f1o anterior<\/strong>. Realmente es un resumen<\/strong>, porque, en relaci\u00f3n con los bienes patrimoniales, se publicar\u00e1 una declaraci\u00f3n comprensiva de la situaci\u00f3n patrimonial de estos Altos Cargos, omiti\u00e9ndose aquellos datos referentes a su localizaci\u00f3n y salvaguardando la privacidad y seguridad de sus titulares.<\/p>\n

    La Resoluci\u00f3n de 26 de septiembre de 2018<\/a>, que se publica en el mismo BOE del 29 de septiembre, da a conocer las declaraciones comprensivas de la situaci\u00f3n patrimonial de los altos cargos nombrados y cesados desde el 1 de julio de 2014 hasta el 26 de junio de 2018.<\/p>\n

    Esta disposici\u00f3n se aprueba conforme a lo previsto en el Plan Anual Normativo 2018.<\/p>\n

    Entr\u00f3 en vigor el 30 de septiembre de 2018.<\/p>\n

    Contenido de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los altos cargos de la Administraci\u00f3n General del Estado<\/a><\/p>\n

    PDF (BOE-A-2018-13186 – 9\u00a0p\u00e1gs.<\/abbr>\u00a0– 212\u00a0KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0\u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

    \u00a0<\/p>\n<\/a>

    Disposiciones auton\u00f3micas<\/span><\/h6>\n

    Resumen:<\/strong> Ley valenciana\u00a0para el fomento de la responsabilidad social y ley balear\u00a0de apoyo a las familias.<\/span><\/p>\n

    \n

    COMUNITAT VALENCIANA.<\/strong> Ley 18\/2018, de 13 de julio, para el fomento de la responsabilidad social.<\/p>\n

    Este texto legal se estructura en cinco t\u00edtulos, y se complementa con dos disposiciones adicionales, una disposici\u00f3n transitoria \u00fanica, una disposici\u00f3n derogatoria \u00fanica y dos disposiciones finales.<\/p>\n

    En el t\u00edtulo preliminar se define el objeto de la ley, su \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n y una serie de definiciones necesarias para clarificar los conceptos y t\u00e9rminos relacionados con la responsabilidad social que recoge la ley.<\/p>\n

    El t\u00edtulo I hace referencia al fomento de la responsabilidad social. Se regulan en este t\u00edtulo los principios rectores de la acci\u00f3n administrativa de fomento de la responsabilidad social en sus diversos \u00e1mbitos: educativo, formativo, en el empleo, pol\u00edticas inclusivas y de accesibilidad universal, protecci\u00f3n ambiental y fomento del consumo responsable y sostenible.<\/p>\n

    El t\u00edtulo II se refiere a la responsabilidad social en el \u00e1mbito de la administraci\u00f3n p\u00fablica valenciana y en su sector p\u00fablico.<\/p>\n

    La ley prev\u00e9 la aprobaci\u00f3n del plan valenciano de responsabilidad social, y de otro lado, obliga a la administraci\u00f3n de la Generalitat a elaborar una memoria anual de responsabilidad social en la que se recoger\u00e1n el conjunto de pol\u00edticas, medidas y acciones llevadas a cabo en materia de responsabilidad social por la administraci\u00f3n de la Generalitat y su sector p\u00fablico instrumental.<\/p>\n

    El t\u00edtulo III regula la responsabilidad social en las entidades y empresas,<\/p>\n

    La ley posibilita, pues, que aquella entidad que quiera hacer un ejercicio de transparencia y visibilizar su buen gobierno corporativo pueda hacerlo y que le sea reconocido de forma verificada, previendo la singularidad de las peque\u00f1as empresas.<\/p>\n

    El t\u00edtulo IV, por \u00faltimo, crea el Consejo Valenciano de Responsabilidad Social<\/strong>, \u00f3rgano colegiado y de participaci\u00f3n en materia de responsabilidad social, a la vez que se constituye como observatorio valenciano de la responsabilidad social, actuando como \u00f3rgano de informaci\u00f3n y consulta en dicha materia.<\/p>\n

    Entr\u00f3 en vigor a los 20 d\u00edas de su publicaci\u00f3n en el \u00abDiario Oficial de la Generalitat Valenciana\u00bb, de 16 de julio de 2018. GGB<\/p>\n

    PDF (BOE-A-2018-12517 \u2013 21\u00a0p\u00e1gs.\u00a0\u2013 343\u00a0KB)<\/a>\u00a0 \u00a0\u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

    \u00a0<\/p>\n

    ILLES BALEARS.<\/strong>\u00a0Ley 8\/2018, de 31 de julio, de apoyo a las familias.<\/p>\n

    La ley se estructura en un t\u00edtulo preliminar y tres t\u00edtulos m\u00e1s, el primero con tres cap\u00edtulos, as\u00ed como en nueve disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria y tres finales.<\/p>\n

    En el t\u00edtulo preliminar se definen las disposiciones de car\u00e1cter general de la ley: el objeto, los principios rectores, los objetivos y el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n.<\/p>\n

    Adem\u00e1s, se detallan las situaciones familiares con necesidad de mayor protecci\u00f3n, con especial referencia a las familias monoparentales y a las situaciones familiares vinculadas a vulnerabilidad, riesgo y dependencia o discapacidad.<\/p>\n

    Finalmente, se reconoce la maternidad libre y decidida, as\u00ed como la situaci\u00f3n de las familias con dos hogares a causa de separaci\u00f3n o divorcio.<\/p>\n

    El t\u00edtulo I recoge el conjunto de medidas, servicios y prestaciones de apoyo a la familia; es el apartado en el que se detallan las actuaciones concretas que se deben desarrollar en cada uno de los \u00e1mbitos.<\/p>\n

    As\u00ed,<\/p>\n