{"id":5279,"date":"2015-06-01T15:52:22","date_gmt":"2015-06-01T14:52:22","guid":{"rendered":"http:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/?p=5279"},"modified":"2021-03-27T20:12:35","modified_gmt":"2021-03-27T19:12:35","slug":"informe-249-boe-junio-2015","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/normas\/informes-mensuales\/informe-249-boe-junio-2015\/","title":{"rendered":"Informe 249. BOE junio 2015"},"content":{"rendered":"

INFORME N\u00ba 249. (BOE JUNIO de 2015)<\/strong><\/span><\/h1>\n

 <\/p>\n

IR A LISTA DE INFORMES MENSUALES<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Equipo de redacci\u00f3n:<\/strong><\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Jos\u00e9 F\u00e9lix Merino Escart\u00edn, registrador de la propiedad de Madrid.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Joaqu\u00edn Delgado Ramos, registrador de la propiedad de Santa F\u00e9<\/a> (Granada) y notario\u00a0 excedente.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Carlos Ballugera G\u00f3mez registrador de la propiedad de\u00a0Torrej\u00f3n de Ardoz<\/a>.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Alfonso de la Fuente Sancho, notario de San Crist\u00f3bal de La Laguna <\/a>(Tenerife).<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Mar\u00eda N\u00fa\u00f1ez N\u00fa\u00f1ez, registradora mercantil de Lugo<\/a>.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Inmaculada Espi\u00f1eira Soto, notario de Santiago de Compostela<\/a>.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Jorge L\u00f3pez Navarro, notario de Alicante<\/a>.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Jos\u00e9 \u00c1ngel Garc\u00eda-Valdecasas Butr\u00f3n, registrador mercantil de Granada<\/a>.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Joaqu\u00edn Zejalbo Mart\u00edn, notario de Lucena<\/a> (C\u00f3rdoba)<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Juan Carlos Casas Rojo, registrador de la propiedad de Vitigudino<\/a> (Salamanca)<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Jos\u00e9 Antonio Riera \u00c1lvarez, notario de Arucas<\/a> (Gran Canaria)<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Albert Capell Mart\u00ednez, Notario de\u00a0Bolta\u00f1a<\/a>\u00a0(Huesca)<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Gerardo Garc\u00eda-Boente D\u00e1vila, Letrado del despacho ASHURST y E3 Universidad Comillas.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/a>
DISPOSICIONES GENERALES:<\/span><\/b><\/span><\/h6>\n<\/a>
Catalu\u00f1a C\u00f3digo Civil. Propiedad horizontal.<\/span><\/h6>\n

Ley 5\/2015, de 13 de mayo, de modificaci\u00f3n del libro quinto del C\u00f3digo civil<\/a> de Catalu\u00f1a, relativo a los derechos reales.<\/p>\n

La reforma se centra en\u00a0el cap\u00edtulo III del t\u00edtulo V del libro quinto del C\u00f3digo Civil de Catalu\u00f1a que se sustituye \u00edntegramente y se dedica al r\u00e9gimen jur\u00eddico de la propiedad horizontal<\/strong>. Son 59 art\u00edculos que comienzan todos por 553, seg\u00fan la nomenclatura catalana. El 553 est\u00e1 formado por el n\u00famero del libro (5), el n\u00famero del t\u00edtulo (5) y el n\u00famero del cap\u00edtulo (3).<\/p>\n

Se pretende dar soluci\u00f3n a gran parte de los problemas manifestados en la pr\u00e1ctica durante los \u00faltimos nueve a\u00f1os <\/strong>y armonizar su contenido con otras partes del libro quinto y normas posteriores.\u00a0Por ejemplo, se sustituye el t\u00e9rmino edificio por el t\u00e9rmino inmueble<\/strong> en todos los preceptos en que es adecuado, para incluir todas las situaciones comprendidas en la propiedad horizontal.\u00a0<\/p>\n

Pero la reforma no supone la modificaci\u00f3n de los principios<\/strong> que inspiran el r\u00e9gimen vigente de la propiedad horizontal en Catalu\u00f1a. \u00a0<\/p>\n

Secci\u00f3n 1\u00ba: Disposiciones Generales.<\/strong><\/p>\n

– En cuanto a la caracterizaci\u00f3n jur\u00eddica del cr\u00e9dito de la comunidad frente a los propietarios<\/strong>, se mantiene la afecci\u00f3n real y, adem\u00e1s, se se\u00f1ala su preferencia de car\u00e1cter especial sobre el elemento privativo, con la prelaci\u00f3n que en cada caso corresponda seg\u00fan la ley.\u00a0<\/p>\n

A) Los cr\u00e9ditos de la comunidad contra los propietarios por los gastos comunes, ordinarios y extraordinarios, y por el fondo de reserva correspondientes a la parte vencida del a\u00f1o en curso y a los cuatro a\u00f1os inmediatamente anteriores<\/strong>, contados del 1 de enero al 31 de diciembre, tienen preferencia de cobro sobre el elemento privativo con la prelaci\u00f3n que determine la ley.<\/p>\n

B) Los elementos privativos est\u00e1n afectados con car\u00e1cter real<\/strong> y responden del pago de los importes que deben los titulares, as\u00ed como los anteriores titulares, por raz\u00f3n de los gastos comunes, ordinarios o extraordinarios, y por el fondo de reserva, que correspondan a la parte vencida del a\u00f1o en curso y a los cuatro a\u00f1os inmediatamente anteriores, contados del 1 de enero al 31 de diciembre, sin perjuicio, si procede, de la responsabilidad de quien transmite.<\/p>\n

La nueva regulaci\u00f3n se aplicar\u00e1\u00a0a los cr\u00e9ditos que se reclamen judicialmente o a las transmisiones que se produzcan a partir de la entrada en vigor de la presente ley:<\/p>\n

– Se ha ampliado la necesidad de aportar un certificado relativo a las deudas pendientes de pago<\/strong> en las transmisiones lucrativas del elemento privativo, porque la situaci\u00f3n puede afectar al consentimiento de la adquisici\u00f3n, que es lo que se protege. Sin manifestaci\u00f3n y certificado no se puede otorgar la escritura salvo que ambas partes renuncien a su exigencia.<\/p>\n

– Para agilizar la gesti\u00f3n del fondo de reserva<\/strong>, se establece la obligaci\u00f3n de llevar una contabilidad separada y de abrir una cuenta bancaria especial para este fondo a nombre de la comunidad. Este fondo se ha de dedicar a atender\u00a0los gastos de la comunidad que sobrevengan o que tengan un coste excepcional, especialmente en cuanto a actuaciones de gran mantenimiento, reparaci\u00f3n, rehabilitaci\u00f3n, nuevos servicios comunes, seguridad, reforma o adecuaci\u00f3n a normativas sectoriales de los elementos comunes del edificio.<\/p>\n

– Se mantiene el criterio que el establecimiento del r\u00e9gimen de propiedad horizontal requiere el otorgamiento del t\u00edtulo de constituci\u00f3n<\/strong>, aunque no es preciso que, en el momento de otorgarlo, la construcci\u00f3n est\u00e9 terminada y se aclaran cuestiones relativas a la legitimaci\u00f3n para el otorgamiento.<\/p>\n

Se modifica, en paralelo el art. 551-2.2 -que est\u00e1 fuera del cap\u00edtulo- para determinar que\u00a0las situaciones de comunidad que cumplen los requisitos de la propiedad horizontal y no se hayan configurado<\/strong> de acuerdo con lo establecido por el cap\u00edtulo III se rigen por los pactos establecidos entre los copropietarios, por las normas de la comunidad ordinaria y, si procede, por las disposiciones del cap\u00edtulo III que sean adecuadas a las circunstancias del caso.<\/p>\n

– Se incluye una reforma profunda de la organizaci\u00f3n de la comunidad<\/strong>. Desaparece la doble convocatoria de la junta; se incorporan las nuevas tecnolog\u00edas para hacer notificaciones y requerimientos; se precisa el r\u00e9gimen de asistencia y participaci\u00f3n en la junta; se corrigen las contradicciones observadas en los plazos de custodia de la documentaci\u00f3n de la comunidad; se da visibilidad al cargo de la vicepresidencia y se regula este cargo, y se ordenan las funciones de cada \u00f3rgano de la comunidad.<\/p>\n

– Respecto al r\u00e9gimen de los acuerdos<\/strong> con relaci\u00f3n a las mayor\u00edas exigidas, en general se simplifican las mayor\u00edas requeridas, que ahora se reducen a las siguientes:<\/p>\n

a) el r\u00e9gimen general, que es el de la doble mayor\u00eda simple<\/strong> de propietarios y cuotas;<\/p>\n

b) los reg\u00edmenes particulares de la mayor\u00eda cualificada<\/strong> de cuatro quintas partes de propietarios y cuotas<\/p>\n

c) la exigencia de unanimidad<\/strong> se limita a ocho supuestos concretos (ver art. 553.26)<\/p>\n

Se da contenido a la abstenci\u00f3n<\/strong> en el voto y al voto correspondiente a los elementos privativos de beneficio com\u00fan.<\/p>\n

Se otorga una consideraci\u00f3n especial a la adopci\u00f3n de acuerdos que afectan a las obras obligadas de adaptaci\u00f3n<\/strong> del edificio a las necesidades de las personas con discapacidad y para las personas mayores de setenta a\u00f1os.<\/p>\n

– Se distingue entre los acuerdos de formaci\u00f3n instant\u00e1nea y los de formaci\u00f3n sucesiva<\/strong>; en estos \u00faltimos debe esperarse a comprobar la voluntad de las personas que no han asistido a la junta. El nuevo sistema parte de la necesidad de que los propietarios presentes en la reuni\u00f3n hayan votado a favor del acuerdo por mayor\u00eda simple, y entonces el c\u00f3mputo de la mayor\u00eda cualificada o de la unanimidad se hace con los votos favorables de los que no se han opuesto al acuerdo en el plazo de un mes. El r\u00e9gimen de impugnaci\u00f3n de los acuerdos tambi\u00e9n tiene en cuenta esta formaci\u00f3n sucesiva.<\/p>\n

– Para favorecer la resoluci\u00f3n extrajudicial de los conflictos surgidos en el \u00e1mbito de la propiedad horizontal, se establece expl\u00edcitamente que los propietarios pueden acordar acudir al arbitraje<\/strong> por cualquier cuesti\u00f3n relativa al r\u00e9gimen. Tambi\u00e9n se fomenta la mediaci\u00f3n<\/strong> como m\u00e9todo para favorecer la resoluci\u00f3n de conflictos.<\/p>\n

– Se aclaran las dudas interpretativas relativas al r\u00e9gimen y los plazos de impugnaci\u00f3n<\/strong> de los acuerdos comunitarios.<\/p>\n

Secci\u00f3n 2\u00aa: Propiedad horizontal simple.\u00a0<\/strong><\/p>\n

– Se introducen precisiones en la configuraci\u00f3n de los elementos privativos<\/strong> de beneficio com\u00fan y se suprimen las restricciones injustificadas a la disposici\u00f3n del uso y disfrute de los anexos<\/strong>.<\/p>\n

– Se favorece la instalaci\u00f3n de puntos de recarga de veh\u00edculos el\u00e9ctricos<\/strong> y se otorga a los propietarios esta facultad, previa obligaci\u00f3n de enviar el proyecto t\u00e9cnico a la presidencia o a la administraci\u00f3n.<\/p>\n

– Se fomenta el cumplimiento de la obligaci\u00f3n de comunicar el cambio de titularidad<\/strong> del elemento privativo con el establecimiento de la responsabilidad solidaria<\/strong> del transmitente respecto a las deudas que se devenguen hasta la notificaci\u00f3n efectiva de la transmisi\u00f3n a la comunidad.<\/p>\n

– Se especifica el procedimiento para reclamar los gastos comunes<\/strong>.<\/p>\n

– Se suprime la distinci\u00f3n entre elementos comunes de uso restringido y elementos comunes de uso exclusivo, y se instaura un \u00fanico r\u00e9gimen para los elementos comunes<\/strong> cuyo uso sea atribuido a uno o varios propietarios de elementos privativos.<\/p>\n

– Se concentra\u00a0en un \u00fanico precepto el r\u00e9gimen de las actividades prohibidas<\/strong> tanto en los elementos privativos como en los elementos comunes.<\/p>\n

Secci\u00f3n 3\u00aa: Propiedad horizontal compleja.\u00a0<\/strong><\/p>\n

–\u00a0La propiedad horizontal compleja implica la coexistencia de subcomunidades<\/strong> integradas en un inmueble o en un conjunto inmobiliario formado por varias escaleras o portales o por una pluralidad de edificios<\/strong> independientes y separados que se conectan entre ellos y comparten zonas ajardinadas y de recreo, piscinas u otros elementos comunes similares.<\/p>\n

– La presente ley respeta en l\u00edneas generales el r\u00e9gimen vigente.<\/p>\n

– Se precisan los aspectos relativos a su inscripci\u00f3n, con triple folio.<\/p>\n

– Las comunidades y subcomunidades para garajes y trasteros tienen una regulaci\u00f3n espec\u00edfica.<\/p>\n

Secci\u00f3n 4\u00aa: Propiedad horizontal por parcelas.\u00a0<\/strong><\/p>\n

–\u00a0El r\u00e9gimen de la propiedad horizontal puede establecerse, por parcelas, sobre un conjunto de fincas independientes<\/strong> que tienen la consideraci\u00f3n de solares, edificados o no, forman parte de una actuaci\u00f3n urban\u00edstica y participan con car\u00e1cter inseparable de unos elementos de titularidad com\u00fan.<\/p>\n

– Se ha reforzado el principio de autonom\u00eda privada<\/strong>.<\/p>\n

– Se han suprimido todas las alusiones que err\u00f3neamente se hac\u00edan a la urbanizaci\u00f3n, t\u00e9rmino que se ha sustituido por la locuci\u00f3n propiedad horizontal por parcelas,<\/p>\n

– Se determina el contenido m\u00ednimo de la escritura p\u00fablica de constituci\u00f3n<\/strong> (art. 553-57).<\/p>\n

– Se precisan los aspectos relativos a su inscripci\u00f3n<\/strong> (art. 553-58).<\/p>\n

– Se ha armonizado la mayor\u00eda prevista para la extinci\u00f3n<\/strong> de la propiedad horizontal por parcelas con la que se requiere para las modificaciones del t\u00edtulo de constituci\u00f3n y los estatutos.\u00a0<\/p>\n

– Para las existentes antes del 1 de julio de 2006<\/strong>, la disposici\u00f3n transitoria establece un nuevo plazo de cuatro a\u00f1os<\/strong> a contar de la entrada en vigor de la presente ley, a partir del cual cualquier propietario puede exigir ante los tribunales el otorgamiento forzoso del t\u00edtulo de constituci\u00f3n.<\/p>\n

Entrar\u00e1 en vigor 20 de junio de 2015 y\u00a0se aplicar\u00e1 tambi\u00e9n a los inmuebles constituidos en r\u00e9gimen de propiedad horizontal antes de su entrada en vigor.<\/p>\n

\n

PDF (BOE-A-2015-6013 – 24 p\u00e1gs.<\/abbr> – 368 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

 <\/p>\n<\/div>\n<\/a>

Catalu\u00f1a C\u00f3digo Civil. Armonizaci\u00f3n.<\/strong><\/span><\/h6>\n

Ley 6\/2015, de 13 de mayo, de armonizaci\u00f3n del C\u00f3digo civil de Catalu\u00f1a.<\/p>\n

Mientras que la Ley anterior modifica un cap\u00edtulo concreto del libro quinto, \u00e9sta afecta a cuatro libros diferentes<\/strong>, de los cinco actualmente existentes, pero con menor intensidad. \u00a0<\/p>\n

El Libro sexto se esta elaborando.<\/strong> \u00a0Se dedicar\u00e1 a las\u00a0obligaciones y los contratos<\/strong>, incluyendo la regulaci\u00f3n de los contratos especiales y de la contrataci\u00f3n que afecta a los consumidores.<\/p>\n

Los trabajos prelegislativos, que est\u00e1n permitiendo alumbrar tan amplia obra, proceden de muy diferentes fuentes. Por ello, resulta preciso fortalecer la\u00a0necesaria coherencia del resultado final<\/strong>, tanto en aspectos terminol\u00f3gicos como en algunas soluciones de fondo.<\/p>\n

La finalidad de la presente ley es iniciar la tarea de armonizaci\u00f3n del conjunto del C\u00f3digo civil de Catalu\u00f1a<\/strong> para enmendar errores u omisiones, y evitar la producci\u00f3n de efectos indeseados derivados de la redacci\u00f3n de ciertos preceptos.<\/p>\n

No afecta al libro tercero, al haberse tramitado una iniciativa dirigida exclusivamente a \u00e9l<\/a>. Y no es una armonizaci\u00f3n definitiva<\/strong>, pues tendr\u00e1 que haber otra cuando se promulgue el libro sexto.\u00a0<\/p>\n

Vamos a citar algunas novedades<\/strong> por libros:<\/p>\n

Libro primero. Disposiciones generales.<\/strong><\/a><\/p>\n

– La ley aprovecha para\u00a0recuperar una norma reguladora de la vigencia de las leyes<\/strong>, cuesti\u00f3n que hab\u00eda sido regulada por la Ley 3\/1982, de 23 de marzo. Art. 110-10<\/p>\n

\"Sant<\/a>

Sant Climent de Ta\u00fcll (Lleida)<\/p><\/div>\n

– Se incluyen los requisitos de la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n<\/strong> y los efectos que esta produce tambi\u00e9n desde el punto de vista del sujeto pasivo de la pretensi\u00f3n. Arts. 121-12 y 14<\/p>\n

Libro segundo. La persona y familia.<\/strong><\/a> \u00a0<\/strong><\/p>\n

– Cambia la regulaci\u00f3n de la conmoriencia. <\/strong>La nueva redacci\u00f3n limita aquella disposici\u00f3n a los casos en que dos personas llamadas a sucederse mueren como consecuencia de una misma causa o circunstancia, ya sea en un mismo accidente de tr\u00e1fico o por cualquier otro motivo en que ambas se vean implicadas. Art. 211-2<\/p>\n

– Se corrige la omisi\u00f3n sobre el dep\u00f3sito de las cuentas anuales de la tutela<\/strong> una vez se han rendido al Juez. Art. 222-31.<\/p>\n

– Se determina que las sucesivas aportaciones a un patrimonio protegido<\/strong> deben formalizarse en escritura p\u00fablica y su administraci\u00f3n debe sujetarse a lo que se haya establecido en la escritura de constituci\u00f3n, si son adecuadas. Art. 227-3.<\/p>\n

– Se determina la caducidad de los pactos antenupciales<\/strong> en previsi\u00f3n de la ruptura si los otorgantes no contraen matrimonio antes de un a\u00f1o. Art. 231-20<\/p>\n

– Se enmienda la remisi\u00f3n que se hac\u00eda a las normas matrimoniales en la secci\u00f3n dedicada a la extinci\u00f3n de la pareja estable,<\/strong> a fin de poner de relieve que se aplican las reglas sobre la aprobaci\u00f3n judicial de los acuerdos alcanzados despu\u00e9s del cese de la convivencia as\u00ed como las que permiten, bajo ciertas condiciones, dejarlos sin efecto. Y se aclara que si no hay acuerdo o este no es aprobado, es procedente la determinaci\u00f3n judicial de las medidas previstas para la extinci\u00f3n de la convivencia estable en pareja. Art. 234-6.<\/p>\n

Libro cuarto. Sucesiones.<\/strong><\/a><\/p>\n

– Con relaci\u00f3n a la ineficacia de los testamentos en contextos de crisis matrimonial<\/strong>, se ha constatado que la pr\u00e1ctica ha dado ejemplos de la necesidad de incorporar la ineficacia, en estos supuestos, de las disposiciones sucesorias hechas a los parientes del c\u00f3nyuge o conviviente, y garantizar as\u00ed una coherencia en las soluciones a la sucesi\u00f3n mediante pacto sucesorio y a la sucesi\u00f3n testamentaria. En este punto, el l\u00edmite fijado del cuarto grado resulta de la concordancia con lo establecido por el art\u00edculo 423-9, si bien se extiende tambi\u00e9n a los afines por coherencia con el fin de la norma. Art. 422-13 y 431-17.<\/p>\n

– Se modifica el criterio establecido para valorar los bienes donados<\/strong> que han sido enajenados o perdidos por el donatario, al efecto de la computaci\u00f3n legitimaria. Art. 451-5<\/p>\n

– Se suprime el plazo de caducidad del derecho del llamado a aceptar o repudiar la herencia<\/strong>, ya que en la pr\u00e1ctica pod\u00eda suponer la inaplicaci\u00f3n del principio de imprescriptibilidad de la acci\u00f3n de reconocimiento del t\u00edtulo de heredero y, por extensi\u00f3n, de la acci\u00f3n de petici\u00f3n de herencia. Se dice expresamente que el derecho a aceptar o repudiar la herencia no est\u00e1 sujeto a plazo. Art. 461.12. Un apartado en la disposici\u00f3n final de entrada en vigor indica que es de aplicaci\u00f3n al derecho vigente del llamado a aceptar o repudiar la herencia en el momento de la entrada en vigor de la presente ley.<\/p>\n

– Se ha revisado la menci\u00f3n expresa al deber del heredero que goza del beneficio de inventario de solicitar la declaraci\u00f3n de concurso de la herencia<\/strong>, y se remite ahora, m\u00e1s gen\u00e9ricamente, a lo dispuesto por la legislaci\u00f3n concursal sobre esta materia. Art. 461.22<\/p>\n

– Con relaci\u00f3n a la cancelaci\u00f3n de asientos registrales referentes a fideicomisos condicionales<\/strong>, se ha considerado que la disposici\u00f3n transitoria cuarta<\/a> de la Ley 10\/2008 fijaba requisitos demasiado dif\u00edciles de alcanzar para quien estuviese interesado en comprobar si se hab\u00eda cumplido la condici\u00f3n de la que depend\u00eda la sustituci\u00f3n, especialmente la exigencia que se aportase el certificado de defunci\u00f3n del fiduciario. Ahora, en cambio, la muerte del fiduciario puede acreditarse por cualquier medio de prueba. Por otra parte, tambi\u00e9n se permite la cancelaci\u00f3n autom\u00e1tica una vez transcurrido un plazo de noventa a\u00f1os desde la venta de la finca, en el cual, muy previsiblemente, el fiduciario habr\u00e1 muerto y podr\u00e1 conocerse, en consecuencia, si se ha hecho efectiva la condici\u00f3n de la que depend\u00eda el fideicomiso.<\/p>\n

Libro quinto. Derechos reales.<\/a><\/p>\n

– La Ley aclara que l<\/strong>os usufructuarios de fincas que estaban hipotecadas<\/strong> al constituirse el usufructo no han de pagar la deuda garantizada con la hipoteca. Tambi\u00e9n determina las fuentes supletorias del usufructo. Arts. 561.1 y 561.13<\/p>\n

– La duraci\u00f3n del derecho de superficie <\/strong>no puede exceder de 99 a\u00f1os. Art. 564.3<\/p>\n

– Se ratifica de forma expresa la posibilidad de extinci\u00f3n de los censos<\/strong> por falta de actividad del censualista, en la l\u00ednea de la Ley 6\/1990, de 16 de marzo<\/a>, de los censos (hoy derogada), y del derecho tradicional catal\u00e1n.\u00a0Tambi\u00e9n se ha incorporado un apartado en la disposici\u00f3n final de entrada en vigor que extiende la aplicaci\u00f3n del nuevo precepto a las situaciones anteriores. Art. 565.11<\/p>\n

– Tambi\u00e9n, en materia de censos, la Ley determina que la cuota del laudemio<\/strong>, si no se ha pactado, es del 1 % en toda Catalu\u00f1a. Art. 565.17<\/p>\n

– En los derechos de adquisici\u00f3n voluntaria<\/strong> se aclara que el plazo de duraci\u00f3n del derecho, si no se fija, se entiende que es de cuatro a\u00f1os, y el plazo de su ejercicio, si procede (antes un mes). Art. 568-6<\/p>\n

– Respecto a la hipoteca en garant\u00eda de la obligaci\u00f3n de urbanizar<\/strong>, se suprime una referencia a que ha de constituirse por un valor suficiente y a su aceptaci\u00f3n mediante escritura p\u00fablica o documento administrativo. Art. 569-42<\/p>\n

La presente ley entr\u00f3 en vigor el 9 de junio de 2015.<\/p>\n

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PDF (BOE-A-2015-6014 – 8 p\u00e1gs.<\/abbr> – 204 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

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Impuesto sobre Actividades Econ\u00f3micas<\/strong><\/span><\/h6>\n

Resoluci\u00f3n de 26 de mayo de 2015, del Departamento de Recaudaci\u00f3n de la Agencia Estatal de Administraci\u00f3n Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades Econ\u00f3micas del ejercicio 2015 relativos a las cuotas nacionales y provinciales y se establece el lugar de pago de dichas cuotas.<\/p>\n

Para las cuotas nacionales y provinciales<\/strong> del Impuesto sobre Actividades Econ\u00f3micas del ejercicio 2015<\/strong>, se establece que su cobro se realice a trav\u00e9s de las Entidades de cr\u00e9dito<\/strong> colaboradoras en la recaudaci\u00f3n, con el documento de ingreso<\/strong> que a tal efecto se har\u00e1 llegar al contribuyente.<\/p>\n

En el supuesto de que dicho documento de ingreso no fuera recibido o se hubiese extraviado<\/strong>, deber\u00e1 realizarse el ingreso con un duplicado que se recoger\u00e1 en la Delegaci\u00f3n o Administraciones de la Agencia Estatal de Administraci\u00f3n Tributaria correspondientes a la provincia del domicilio fiscal del contribuyente, en el caso de cuotas de clase nacional, o correspondientes a la provincia del domicilio donde se realice la actividad, en el caso de cuotas de clase provincial.<\/p>\n

Se modifica el plazo de ingreso en per\u00edodo voluntario<\/strong> del Impuesto sobre Actividades Econ\u00f3micas del ejercicio 2015 cuando se trate de las cuotas aludidas, fij\u00e1ndose un nuevo plazo que comprender\u00e1 desde el 15 de septiembre hasta el 20 de noviembre de 2015<\/strong>, ambos inclusive.<\/p>\n

PDF (BOE-A-2015-6201 – 1 p\u00e1g.<\/abbr> – 144 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n<\/a>

Modelos tributarios. Sociedades y No Residentes.\u00a0<\/strong><\/span><\/h6>\n

Orden HAP\/1067\/2015, de 5 de junio, por la que se aprueban los modelos de declaraci\u00f3n del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en r\u00e9gimen de atribuci\u00f3n de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio espa\u00f1ol, para los per\u00edodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaraci\u00f3n e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentaci\u00f3n electr\u00f3nica.<\/p>\n

Contenido b\u00e1sico<\/strong> de esta Orden:<\/p>\n

– Aprobaci\u00f3n de los modelos de declaraci\u00f3n del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en r\u00e9gimen de atribuci\u00f3n de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio espa\u00f1ol). Afecta a los modelos 200, 206 y 220<\/strong>.\u00a0<\/p>\n

– Forma de presentaci\u00f3n<\/strong> de los modelos 200 y 220.<\/p>\n

– Pago de los modelos 200 y 220 mediante domiciliaci\u00f3n bancaria<\/strong>.<\/p>\n

– Condiciones y procedimiento para la presentaci\u00f3n electr\u00f3nica<\/strong> de las declaraciones.<\/p>\n

– Plazo de presentaci\u00f3n<\/strong> de los modelos 200, 206 y 220. Como regla general, los modelos 200 y 206\u00a0se presentar\u00e1n en el plazo de los 25 d\u00edas naturales siguientes a los seis meses posteriores a la conclusi\u00f3n del per\u00edodo impositivo<\/strong>. El modelo 220 se presentar\u00e1 dentro del plazo correspondiente a la declaraci\u00f3n en r\u00e9gimen de tributaci\u00f3n individual de la sociedad dominante o entidad cabecera de grupo.<\/p>\n

La presente Orden entrar\u00e1 en vigor el d\u00eda 1 de julio de 2015.<\/p>\n

PDF (BOE-A-2015-6310 – 141 p\u00e1gs.<\/abbr> – 4.500 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a>\u00a0 \u00a0 Correcci\u00f3n de errores<\/a><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n<\/a>

Jap\u00f3n: pensiones.\u00a0<\/span><\/h6>\n

Intercambio de Notas Verbales en relaci\u00f3n con la aplicaci\u00f3n del Convenio de Seguridad Social entre Espa\u00f1a y Jap\u00f3n, hecho en Tokio el 12 de noviembre de 2008.<\/p>\n

Las notas hacen referencia a la reforma de la legislaci\u00f3n japonesa en materia de sistemas de pensiones<\/strong> que entrar\u00e1 en vigor el 1 de octubre de 2015.<\/p>\n

los funcionarios nacionales y locales<\/strong>, el personal de colegios privados y el personal de condici\u00f3n similar podr\u00e1n acogerse al Seguro de Pensiones de Asalariados desde el 1 de octubre de 2015, fecha en la que se suprimir\u00e1n las pensiones complementarias para determinadas ocupaciones.<\/p>\n

El Convenio no ser\u00e1 de aplicaci\u00f3n<\/strong> a las prestaciones abonadas en concepto de pensiones de jubilaci\u00f3n<\/strong> o de otro tipo ni a las prestaciones id\u00e9nticas o sustancialmente asimiladas que se introduzcan a partir del 1 de octubre de 2015<\/strong> adem\u00e1s de las prestaciones abonadas en concepto de pensiones de jubilaci\u00f3n o de otro tipo ni en sustituci\u00f3n de \u00e9stas.<\/p>\n

PDF (BOE-A-2015-6466 – 2 p\u00e1gs.<\/abbr> – 152 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n<\/a>

Familia Real. T\u00edtulos<\/span><\/strong><\/h6>\n

Real Decreto 470\/2015, de 11 de junio, por el que se revoca la atribuci\u00f3n a Su Alteza Real la Infanta Do\u00f1a Cristina de la facultad de usar el t\u00edtulo de Duquesa de Palma de Mallorca.<\/p>\n

\u00abDe conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 6<\/a> del Real Decreto 1368\/1987, de 6 de noviembre, sobre r\u00e9gimen de t\u00edtulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes, he resuelto revocar la atribuci\u00f3n a Su Alteza Real la Infanta Do\u00f1a Cristina de la facultad de usar el t\u00edtulo de Duquesa de Palma de Mallorca, que le fue conferida mediante Real Decreto 1502\/1997, de 26 de septiembre.\u00bb<\/p>\n

PDF (BOE-A-2015-6493 – 1 p\u00e1g.<\/abbr> – 140 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n<\/a>

Comunidades Aut\u00f3nomas: financiaci\u00f3n y presupuestos<\/strong><\/span><\/h6>\n

Ley Org\u00e1nica 6\/2015, de 12 de junio, de modificaci\u00f3n de la Ley Org\u00e1nica 8\/1980, de 22 de septiembre, de financiaci\u00f3n de las Comunidades Aut\u00f3nomas y de la Ley Org\u00e1nica 2\/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.<\/p>\n

Esta Ley Org\u00e1nica modifica, a su vez, otras dos<\/strong>:<\/p>\n

– la Ley Org\u00e1nica 8\/1980, de 22 de septiembre<\/a>, de Financiaci\u00f3n de las Comunidades Aut\u00f3nomas (LOFCA<\/strong>), para garantizar la adecuada financiaci\u00f3n de los servicios sociales, desarrollando el principio de prudencia financiera para\u00a0que las operaciones financieras de las CCAA se formalicen cumpliendo unas condiciones razonables de coste y riesgo.<\/p>\n

– la Ley Org\u00e1nica 2\/2012, de 27 de abril<\/a>, para adaptar la disposici\u00f3n adicional primera, a la nueva configuraci\u00f3n de los mecanismos adicionales de financiaci\u00f3n de las CCAA.<\/p>\n

Entre sus muchas disposiciones finales<\/strong> destacamos:<\/p>\n

D. F. 1\u00aa . Modificaci\u00f3n de la Ley 14\/1986, de 25 de abril, General de Sanidad<\/strong>.<\/p>\n

D. F. 2\u00aa .Disposici\u00f3n final segunda. Modificaci\u00f3n de la D. Ad. 20\u00aa <\/a>LRJAAPPyPAC. La reforma admite, la contrataci\u00f3n directa, con car\u00e1cter excepcional, del personal\u00a0al servicio de los consorcios<\/strong>.<\/p>\n

D. F. 5\u00aa . Modificaci\u00f3n de la \u00a0D. Ad. 9\u00aa <\/a>Ley General Presupuestaria, relativa a\u00a0Sociedades mercantiles y otros entes controlados por el sector p\u00fablico<\/strong>.<\/p>\n

D. F. 6\u00aa. Modificaci\u00f3n de la Ley 25\/2013, de 27 de diciembre<\/a>, de impulso de la factura electr\u00f3nica<\/strong> y creaci\u00f3n del registro contable de facturas en el Sector P\u00fablico.<\/p>\n

Entr\u00f3 en vigor el 14 de junio de 2015.<\/p>\n

PDF (BOE-A-2015-6517 – 20 p\u00e1gs.<\/abbr> – 315 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n<\/a>

SRL: modelos de estatutos y de escritura. Agenda Electr\u00f3nica Notarial. Bolsa denominaciones sociales <\/strong><\/span><\/h6>\n

Real Decreto 421\/2015, de 29 de mayo, por el que se regulan los modelos de estatutos-tipo y de escritura p\u00fablica estandarizados de las sociedades de responsabilidad limitada, se aprueba modelo de estatutos-tipo, se regula la Agenda Electr\u00f3nica Notarial y la Bolsa de denominaciones sociales con reserva.<\/p>\n

I. Exposici\u00f3n de motivos.<\/strong><\/p>\n

Se explica en la EM del RD que el mismo es una consecuencia de los art\u00edculos 15 y 16 de la Ley 14\/2013, de 27 de septiembre<\/a>, de apoyo a los emprendedores y su internacionalizaci\u00f3n. Ley que tuvo como una de sus finalidades principales el agilizar \u00a0\u00a0el inicio de la actividad emprendedora.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n

Recuerda a continuaci\u00f3n que el art\u00edculo 15 de la citada Ley regulaba la constituci\u00f3n de sociedades limitadas mediante escritura y estatutos tipo debiendo autorizarse la escritura en el plazo m\u00e1ximo de 12 horas h\u00e1biles e inscribirse, en su caso, en el plazo de seis horas, todo ello mediante el DUE (documento \u00fanico electr\u00f3nico) y a trav\u00e9s del CIRCE (Centro de Informaci\u00f3n y Red de Creaci\u00f3n de Empresas). Ello s\u00f3lo ser\u00e1 posible mediante la estandarizaci\u00f3n de los estatutos tipo<\/strong>. Por tanto se aprueba un modelo de estatutos de gran sencillez sin perjuicio de que en el futuro se aprueben otros modelos<\/strong> de mayos complejidad que puedan responder a otras exigencias empresariales.\u00a0<\/p>\n

Por su parte el art\u00edculo 16 de la citada Ley regula la constituci\u00f3n, tambi\u00e9n en plazos muy cortos, de sociedades sin estatutos tipo. Para ello se remite a lo dispuesto en el art\u00edculo 15 lo que permitir\u00e1 la utilizaci\u00f3n en estas sociedades del mismo modelo de escritura estandarizada<\/strong>. \u00a0Por ello sigue diciendo la EM el RD aprueba los aspectos que debe reunir la escritura, dejando la aprobaci\u00f3n del modelo concreto de escritura a una futura Orden del Ministro de Justicia<\/strong>.<\/p>\n

Finalmente se aprovecha el RD para regular la llamada Bolsa de Denominaciones<\/strong>, pendiente desde 2007 y que encuentra su apoyo legal actual en la DF 1\u00aa del RDL 1\/2010 de 2 de julio, de LSC,<\/a> y la llamada Agenda Notarial Electr\u00f3nica<\/strong> \u00a0notarial para \u00a0concertar la cita<\/strong> a los efectos del otorgamiento de la escritura p\u00fablica.<\/p>\n

II. Objeto y escritura con estatutos tipo.<\/strong><\/p>\n

El objeto del RD, coincidente con lo ya expresado, se contiene en el art\u00edculo 1 y el 2 se dedica a expresar que el modelo de estatutos aprobado sirve para las sociedades limitadas de capital social no inferior a 3000 euros y para las limitadas de formaci\u00f3n sucesiva.<\/p>\n

La referencia que se hace al capital de la sociedad es una redundancia<\/strong> pues no pueden existir sociedades limitadas de capital inferior a 3000 euros, capital m\u00ednimo legal de dichas sociedades (cfr. art. 4 LSC<\/a>), salvo que se trate de las sociedades de formaci\u00f3n sucesiva a las que se refiere de forma expresa. Para su contenido y formato se remite a los anexos del mismo RD. Quiz\u00e1s a lo \u00a0que quiera referirse el real decreto es que este tipo de sociedad no puede tener un capital superior a 3100 euros como despu\u00e9s se ve en la aplicaci\u00f3n de las normas arancelarias. Pero por ahora dice lo que dice y lo cierto es que en el art\u00edculo 15 de la Ley de Emprendedores<\/a> no se establece ning\u00fan l\u00edmite al capital social de estas sociedades.<\/p>\n

III. Campos codificados.<\/strong><\/p>\n

En el art\u00edculo 3 se nos explica que los estatutos tipo se hacen a base de campos rellenables en los que se introducir\u00e1n los campos codificados que corresponden a su numeraci\u00f3n. Todo ello debe hacerse as\u00ed para que la informaci\u00f3n sea electr\u00f3nicamente tratable<\/strong>.<\/p>\n

IV. Objeto social. <\/strong><\/p>\n

Dada su trascendencia se dedica un art\u00edculo, el 4, a la determinaci\u00f3n del objeto social. Debe hacerse por el CNAE del 2009, pudiendo incluir una o m\u00e1s actividades se\u00f1aladas al menos con dos d\u00edgitos. Debe se\u00f1alarse una, que ser\u00e1 la actividad principal, la cual deber\u00e1 tener el c\u00f3digo CNAE de cuatro d\u00edgitos.<\/p>\n

De la redacci\u00f3n del art\u00edculo resulta claro que no bastar\u00e1 poner el c\u00f3digo CNAE, sino que deber\u00e1 se\u00f1alarse expresamente la actividad econ\u00f3mica a que dicho c\u00f3digo se refiere.<\/p>\n

V. Formalizaci\u00f3n estatutos tipo.<\/strong><\/p>\n

El art\u00edculo 5 se\u00f1ala que ya no es necesario redactar unos estatutos como documento separado, sino que su redacci\u00f3n se har\u00e1 directamente en la plataforma CIRCE<\/strong> mediante la cumplimentaci\u00f3n de los datos variables<\/strong>.\u00a0 Una vez hecho esto se asigna un c\u00f3digo ID-CIRCE (Orden ECO\/1371\/2003<\/a>) que identifica la sociedad, y dichos estatutos en formato xml<\/strong> ser\u00e1n remitidos al notario para la formalizaci\u00f3n de la escritura de constituci\u00f3n, tambi\u00e9n en formato estandarizado y que ahora veremos.<\/p>\n

A la vista de este art\u00edculo parece que el emprendedor o persona o personas que quieran constituir una sociedad de estas caracter\u00edsticas, lo primero que deben hacer es acudir a la plataforma CIRCE en la que dar\u00e1n la totalidad de sus datos y confeccionar\u00e1n los estatutos tipos pues todo ello ser\u00e1 remitido al notario. Por tanto el notario ver\u00e1 por primera vez a los otorgantes o comparecientes en el mismo momento de la firma de la escritura.<\/p>\n

VI. Modelo de escritura estandarizada.<\/strong><\/p>\n

Este modelo, tambi\u00e9n de campos codificados rellenables, para poder ser tratada electr\u00f3nicamente, se aprobar\u00e1 por Orden del Ministro de Justicia<\/a>. Aqu\u00ed s\u00ed podr\u00e1 intervenir el notario pues de forma no excesivamente clara se dice que los campos pueden ser completados por el notario siguiendo las instrucciones contenidas en cada caso.\u00a0 No dice de quien tienen que venir estas instrucciones, si directamente del CIRCE o de los propios fundadores, suponemos que ser\u00e1 de estos \u00faltimos y que podr\u00e1n referirse a las especialidades que se quieran incluir en la escritura no contempladas o fuera de los campos codificados. Creemos que estas instrucciones tambi\u00e9n podr\u00e1n llegar directamente \u00a0del propio CIRCE, seg\u00fan las indicaciones recibidas en la plataforma por los interesados.<\/p>\n

Al final se aclara que este modelo estandarizado de escritura ser\u00e1 de utilizaci\u00f3n obligatoria<\/strong> tanto para las constituciones con estatutos tipo como sin estatutos tipo<\/strong>.<\/p>\n

VII. Remisi\u00f3n de la escritura al Registro Mercantil. Art. 7.<\/strong><\/p>\n

La escritura y los estatutos, se remiten al registro en formato xml<\/strong> bajo la firma electr\u00f3nica reconocida del notario autorizante. Aunque se dice expresamente, era obvio que tanto escritura como estatutos tipo, en su caso, deben poder ser tratados de forma electr\u00f3nica<\/strong>.<\/p>\n

Adem\u00e1s una copia simple electr\u00f3nica<\/strong> de la escritura debe poderse a disposici\u00f3n de los interesados, de forma gratuita en los Puntos del Atenci\u00f3n al Emprendedor (PAE). A\u00f1ade, creemos que de forma innecesaria, que si se utiliza el DUE, ello debe hacerse por medio del CIRCE. Decimos de forma innecesaria porque toda la tramitaci\u00f3n de estas sociedades se hace en base a dicho documento<\/strong> y por tanto sin DUE creemos que no existe constituci\u00f3n de sociedad conforme a los art\u00edculos 15 y 16 de la Ley de Emprendedores.<\/p>\n

No se dice nada de la forma de proceder del Registro Mercantil una vez reciba el texto xml, pero dicha forma ya qued\u00f3 establecida en los art\u00edculos 15 y 16 que ahora se desarrollan y por ello se ha considerado innecesario el hacer m\u00e1s especificaciones.<\/p>\n

De todas forma creemos que al menos se deber\u00eda haber establecido desde cuando se cuentan las seis horas establecidas para el despacho<\/strong> pues en nuestra opini\u00f3n no debe ser desde el mismo instante de la entrada telem\u00e1tica<\/strong> sino que deben contarse a partir de la hora siguiente a los efectos de poder comprobar, inform\u00e1ticamente, en el momento de la presentaci\u00f3n que se simultanea con la presentaci\u00f3n f\u00edsica, que se trata de una de estas sociedades en dicho plazo de 60 minutos<\/strong> y una vez comprobado darle el trato establecido.<\/p>\n

VIII. Agenda Electr\u00f3nica Notarial. Art. 8.<\/strong><\/p>\n

Su regulaci\u00f3n de forma esquematizada es la siguiente:<\/p>\n

— Se desarrolla y gestiona por el CGN<\/strong> bajo la supervisi\u00f3n de la DGRN.<\/p>\n

— Debe contener un calendario de disponibilidad<\/strong> de los notarios para la firma de la escritura.<\/p>\n

— La Agenda debe permitir la reserva de cita<\/strong> con el notario que debe otorgar la escritura.<\/p>\n

— Se genera un justificante para el interesado<\/strong> con indicaci\u00f3n de notario, fecha y hora de autorizaci\u00f3n.<\/p>\n

— Si el notario, por causa justificada, no puede autorizar la escritura<\/strong>, debe ponerlo en conocimiento del CGN.<\/p>\n

— El CGN debe poner a disposici\u00f3n del solicitante otro notario<\/strong> si la imposibilidad se ha manifestado antes de que falten seis horas para que finalice el plazo.<\/p>\n

— Todo cambio o alteraci\u00f3n de cita<\/strong> debe ser puesto en conocimiento del CIRCE.<\/p>\n

— Todo este sistema debe estar implantado en el plazo de tres meses<\/strong> desde la publicaci\u00f3n del RD.<\/p>\n

De toda esta regulaci\u00f3n nos ofrece dudas la justificaci\u00f3n de la causa<\/strong> por la que el notario no pueda acudir a la cita, pues en la generalidad de los casos esa causa ser\u00e1 de dif\u00edcil justificaci\u00f3n documental, y en otros, la justificaci\u00f3n deber\u00e1 ser hecha con posterioridad a la comunicaci\u00f3n del notario de no poder otorgar la escritura en la hora se\u00f1alada. Tampoco se soluciona el supuesto de que la imposibilidad surja dentro de las seis \u00faltimas horas se\u00f1aladas<\/strong> para la autorizaci\u00f3n y tampoco el caso, que ser\u00e1 frecuente, de que sean los otorgantes, todos o algunos de ellos, los que no acudan a la cita<\/strong> o que acudiendo no aporten los documentos necesarios para el otorgamiento de la escritura. Supongo que en estos casos o bien existe acuerdo entre todos, notario incluido, en fijar una nueva cita<\/strong>, poni\u00e9ndolo en conocimiento del CIRCE y del CGN, o bien empieza de nuevo el c\u00edrculo de la constituci\u00f3n de la sociedad pidiendo nueva cita <\/strong>al sistema de Agenda Electr\u00f3nica.<\/p>\n

Creemos adem\u00e1s que de estas dificultades se deber\u00e1 levantar acta notarial o hacerlas constar por diligencia, pues, como veremos, la negativa injustificada<\/strong> al otorgamiento de la escritura seg\u00fan el sistema dise\u00f1ado es falta grave<\/strong>.<\/p>\n

En definitiva que lo que pretende ser una simplificaci\u00f3n se puede convertir en ocasi\u00f3n de m\u00e1s tr\u00e1mites, diligencias y notificaciones que recarguen de trabajo innecesario al notario sin un claro beneficio para los fundadores de la sociedad.<\/p>\n

IX. Bolsa de denominaciones.<\/strong><\/p>\n

El art\u00edculo 9 se dedica a la denominada Bolsa de denominaciones con reserva.<\/p>\n

\"Granada.<\/a>

Granada. Palacio de Dar Al Horra<\/p><\/div>\n

Su origen est\u00e1 Ley 56\/2007, de 28 de Diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Informaci\u00f3n<\/a>, que a\u00f1adi\u00f3 una Disposici\u00f3n final,\u00a0 la tercera,\u00a0 a la Ley 2\/1995<\/strong> de 23 de Marzo de Sociedades de Responsabilidad Limitada por que se autoriz\u00f3 al Gobierno de Espa\u00f1a para regular una Bolsa de<\/strong> Denominaciones<\/strong> con reserva<\/strong>. De aqu\u00ed pasa a la DF 1\u00aa del RDL 1\/2010 que aprueba el TRLSC, que es la disposici\u00f3n que ahora se desarrolla. Por tanto no es nada novedoso <\/strong>pues la idea tiene m\u00e1s de siete a\u00f1os y si antes no hab\u00eda sido desarrollada era a nuestro juicio por sus dificultades y por su falta de utilidad, aunque la intenci\u00f3n del legislador \u00a0era interesante pues supone evitar las dificultades, m\u00e1s te\u00f3ricas que reales, de encontrar una denominaci\u00f3n para \u00a0la sociedad que no est\u00e9 registrada o sobre la que no exista reserva.<\/p>\n

Se regula<\/strong> en la siguiente forma:<\/p>\n

— El Registro Mercantil Central<\/strong> ser\u00e1 el responsable de su generaci\u00f3n y mantenimiento bajo la supervisi\u00f3n de la DGRN, al igual que se hace con la Agenda notarial.<\/p>\n

— La bolsa debe tener un m\u00ednimo de 1500 denominaciones<\/strong> que podr\u00e1n ser consultadas electr\u00f3nicamente de forma gratuita. Se generan de forma aleatoria<\/strong> con los filtros que se estimen adecuados.<\/p>\n

— La denominaci\u00f3n incluida en la Bolsa de denominaciones estar\u00e1 sujeta a la calificaci\u00f3n previa del Registrador Mercantil Central,<\/strong> norma in\u00fatil pues si la Bolsa la genera el mismo Registro Mercantil Central, dif\u00edcilmente se incluir\u00e1n denominaciones no correctas, salvo que la generaci\u00f3n aleatoria de que nos habla el punto 2 del art\u00edculo 9 sea tan aleatoria que en ella no intervenga el ingenio humano sino que sea generada autom\u00e1ticamente por un ordenador al que se le den determinados datos. Si es as\u00ed indudablemente el registrador deber\u00e1 revisar las 1500 denominaciones para evitar irregularidades. De todas formas la calificaci\u00f3n pudiera ser necesaria en algunos casos al poner en relaci\u00f3n la denominaci\u00f3n escogida con el solicitante.<\/p>\n

— Para su expedici\u00f3n se cumplimenta un formulario<\/strong>, y se selecciona por el interesado<\/strong> alguna de las denominaciones disponibles, descarg\u00e1ndose la pertinente certificaci\u00f3n negativa de la denominaci\u00f3n social adoptada<\/strong> que contendr\u00e1 un C\u00f3digo Seguro de Verificaci\u00f3n. A partir de este momento rigen las reglas generales<\/strong> en cuanto a caducidad de la denominaci\u00f3n. Estos tr\u00e1mites tambi\u00e9n se pueden hacer a trav\u00e9s de los Puntos de Atenci\u00f3n al Emprendedor que seg\u00fan la Ley de Emprendedores pueden ser las mismas notar\u00edas.<\/p>\n

— Finalmente se da una norma un tanto extra\u00f1a<\/strong> pues se dice que el interesado \u00a0\u00a0puede ir a un Registro Mercantil para obtener un documento en papel acreditativo de la selecci\u00f3n de una denominaci\u00f3n<\/strong>. No queda claro si ese documento en papel ser\u00e1 la propia certificaci\u00f3n para que el interesado no tenga necesidad de descargarla en su propio ordenador o ser\u00e1 simplemente un documento que acredite que ha solicitada una concreta denominaci\u00f3n<\/strong>. Tampoco queda claro si esa selecci\u00f3n de denominaci\u00f3n de la Bolsa, si no es la propia certificaci\u00f3n, \u00a0provoca una reserva y por qu\u00e9 plazo.<\/p>\n

Se trata en definitiva de un sistema que si no hab\u00eda sido desarrollado desde que surgi\u00f3 la idea era por su poca utilidad<\/strong> y porque supone una incomodidad m\u00e1s<\/strong>, no para el Registro Mercantil Central que se limitar\u00e1 a generar la famosa Bolsa de denominaciones, sino para el propio interesado.<\/p>\n

Jos\u00e9 Miguel Masa<\/strong>, Registrador Mercantil Central ya public\u00f3 un art\u00edculo<\/a> sobre la Bolsa de Denominaciones mostr\u00e1ndose muy cr\u00edtico con el sistema<\/strong> y con la propia idea, cuya lectura recomendamos vivamente.<\/p>\n

No obstante, por su inter\u00e9s transcribimos las conclusiones<\/strong> de dicho estudio de Jos\u00e9 Miguel Masa:<\/p>\n

\u201c1.\u00ba S\u00f3lo Portugal<\/strong>, dentro del amplio grupo de pa\u00edses que controlan previamente la utilizaci\u00f3n de la denominaci\u00f3n societaria, ha establecido la BDS<\/strong>. Habr\u00eda que preguntarse, antes de abordar la reforma, porqu\u00e9 los dem\u00e1s pa\u00edses europeos no han adoptado una medida similar, estando muchos de ellos en una situaci\u00f3n econ\u00f3mica peor que la nuestra (15).<\/p>\n

2.\u00ba El sistema mercantil espa\u00f1ol <\/strong>en materia de constituci\u00f3n de sociedades no s\u00f3lo es seguro sino que es enormemente r\u00e1pido y flexible<\/strong>, desde la reforma introducida por el Real Decreto Ley 13\/2010. La remisi\u00f3n telem\u00e1tica de denominaciones societarias mediante firma electr\u00f3nica reconocida, a primeras horas de la ma\u00f1ana siguiente al d\u00eda de la petici\u00f3n, est\u00e1 a disposici\u00f3n de todos los usuarios y es un argumento poderoso para excluir puesta en marcha de la BDS.<\/strong><\/p>\n

3.\u00ba El lugar que el \u00abDoing Business\u00bb <\/strong>otorga a Espa\u00f1a no s\u00f3lo contempla el proceso jur\u00eddico de constituci\u00f3n de una sociedad sino que valora todo el amplio y complejo proceso de creaci\u00f3n de una empresa, por lo que no puede ser utilizado como argumento de autoridad para promover<\/strong> reformas legislativas.<\/strong><\/p>\n

4.\u00ba La creaci\u00f3n de la BDS choca frontalmente con el principio de autonom\u00eda de la voluntad, <\/strong>en el que se refugia el fuerte subjetivismo que impera en la elecci\u00f3n de la denominaci\u00f3n societaria <\/strong>por parte de cualquier empresario. Es, sin duda, un importante obst\u00e1culo para el \u00e9xito de una posible BDS.<\/p>\n

5.\u00ba El hecho de sustraer a la inmensa mayor\u00eda de ciudadanos, que no son emprendedores, un conjunto de denominaciones incluidas en la Bolsa, s\u00f3lo disponibles y utilizables por una categor\u00eda especial de aqu\u00e9llos, roza peligrosamente los l\u00edmites del principio de igualdad<\/strong> constitucional<\/strong>.<\/p>\n

6.\u00ba La reforma <\/strong>es compleja, como hemos acreditado en l\u00edneas anteriores, y har\u00e1 convivir dos sistemas <\/strong>de obtenci\u00f3n de la denominaci\u00f3n societaria que pueden generar m\u00e1s confusi\u00f3n que claridad en el tr\u00e1fico.<\/strong><\/p>\n

7.\u00ba Desde el punto de vista tecnol\u00f3gico <\/strong>ser\u00e1 necesaria una reforma en profundidad en los equipos inform\u00e1ticos, ampliando las capacidades de las bases de datos y reformando programas que eviten solapamientos entre los dos sistemas de concesi\u00f3n de denominaciones societarias, con la consiguiente inversi\u00f3n que ello conlleva.<\/p>\n

A la vista de estos hechos, entiendo que la creaci\u00f3n de una BDS es innecesaria en nuestro derecho porque la rapidez con la que se pueden crear sociedades en Espa\u00f1a no mejorar\u00e1, o lo har\u00e1 imperceptiblemente, con la creaci\u00f3n de la Bolsa. A cambio de no obtener grandes beneficios sociales y econ\u00f3micos, habr\u00e1 que afrontar procesos, complejos jur\u00eddicamente, que no justifican los resultados que previsiblemente se producir\u00e1n\u201d.<\/strong><\/p>\n

Creemos por \u00faltimo que dado lo incompleto de la regulaci\u00f3n y de las dudas<\/strong> que surgir\u00e1n en su aplicaci\u00f3n, se va a necesitar de una orden del Ministro del ramo o instrucci\u00f3n de la DGRN<\/strong> aclaratoria del sistema. Algo parecido a lo que puede ocurrir con la Agenda Electr\u00f3nica Notarial.<\/p>\n

X. Honorarios.<\/strong><\/p>\n

Para determinar los honorarios notariales y registrales que se devengar\u00e1n por la constituci\u00f3n de sociedades por este sistema el RD se remite al RDL 13\/2010, de 3 de diciembre<\/a> y en concreto si el capital no sobrepasa los 3100 euros y los estatutos son los modelo, al art\u00edculo 5. Dos c) y en los dem\u00e1s casos al mismo art\u00edculo 5.Uno g).<\/p>\n

XI. Normas finales.<\/strong><\/p>\n

Se autoriza a la DGRN a dictar las resoluciones e instrucciones precisas<\/strong> para la aplicaci\u00f3n del RD.<\/p>\n

XII. Modificaci\u00f3n del Reglamento Notarial.<\/strong><\/p>\n

Se a\u00f1ade una nueva letra al art\u00edculo 349 del RN<\/strong>, la letra j) incluyendo por tanto ente las faltas graves \u201cla negativa injustificada a la prestaci\u00f3n de funciones requeridas a trav\u00e9s de la Agenda Electr\u00f3nica Notarial\u201d.<\/p>\n

Dado el car\u00e1cter grave de la falta y la tipicidad de la misma, es por lo que m\u00e1s arriba recomendamos dejar constancia fehaciente, si es posible previamente y en todo caso a posteriori, de la imposibilidad de otorgar la escritura en el momento fijado por la cita de la agenda electr\u00f3nica.<\/p>\n

XIII. Estatutos tipo.<\/strong><\/p>\n

El anexo I del RD se dedica a los estatutos tipo, de gran simplicidad como se dec\u00eda en la EM, pero que todav\u00eda podr\u00edan haber sido m\u00e1s simples<\/strong>.<\/p>\n

Son unos estatutos de 9 art\u00edculos, 8 de car\u00e1cter general y el \u00faltimo potestativo si la sociedad es unipersonal, en los que se establecen la denominaci\u00f3n de la sociedad, el objeto con una sola actividad principal, la duraci\u00f3n, su domicilio, el capital, la organizaci\u00f3n de la forma de administrar la sociedad, nombramiento, duraci\u00f3n y prohibici\u00f3n de competencia para los administradores, incluyendo en el mismo art\u00edculo su car\u00e1cter gratuito o retribuido y el modo de deliberar y adoptar acuerdos los \u00f3rganos colegiados, que ser\u00e1 solo la junta al no existir la posibilidad de consejo de administraci\u00f3n. El \u00faltimo art\u00edculo, es decir el 9, s\u00f3lo existir\u00e1 si la sociedad es unipersonal.<\/p>\n

De los art\u00edculos merecen alg\u00fan comentario<\/strong> los siguientes:<\/p>\n

— El \u00a02 relativo al objeto<\/strong> que incluye la cl\u00e1usula de estilo de que si alguna de las actividades del objeto es profesional se entender\u00e1 que se refiere a la intermediaci\u00f3n, salvedad \u00fatil pero que debiera haberse complementado<\/strong> incluyendo tambi\u00e9n otra cl\u00e1usula de estilo<\/strong> que se incluy\u00f3 en el anterior modelo de estatutos, relativa a que si alguna de las actividades del objeto requieren requisitos especiales no cumplidos por la sociedad, la misma autom\u00e1ticamente queda excluida del mismo.<\/p>\n

— El art\u00edculo 3 relativo a la duraci\u00f3n de la sociedad y fecha de comienzo de sus operaciones y fin del ejercicio social<\/strong> se pod\u00eda haber eliminado dadas las presunciones establecidas en los art\u00edculos 24,25 y 26 de la LSC<\/a>, incluyendo al final un art\u00edculo opcional para el raro caso<\/strong> de que los fundadores se quieran apartar de las presunciones indicadas.<\/p>\n

— En el art\u00edculo 4 relativo al domicilio<\/strong> se deber\u00eda haber establecido la posibilidad de eliminar las facultades excesivas que a mi juicio se conceden al \u00f3rgano de administrador para el cambio de domicilio en todo el territorio nacional(cfr. art\u00edculo \u00a0285 LSC<\/a>). Adem\u00e1s en este art\u00edculo se establece como campo obligatorio el de la p\u00e1gina web<\/strong> de la sociedad, cuando es m\u00e1s que probable que en el momento de su nacimiento la sociedad no tenga p\u00e1gina web lo que ocurre podr\u00edamos decir en el 99,99% de los casos, entre otras razones, porque al no tener personalidad jur\u00eddica antes de su constituci\u00f3n no podr\u00eda solicitarla a su nombre y s\u00ed s\u00f3lo a nombre de los socios. No obstante este error se subsana al regular los campos de variables<\/strong> pues de ellos resulta que la web es potestativa, como no podr\u00eda ser de otro modo y as\u00ed adem\u00e1s queda previsto en el art\u00edculo 8 sobre forma de convocar la junta general. De todas formas esta campo variable puede inducir a errores al escoger alguna de las posibilidades que comprende.<\/p>\n

— En el art\u00edculo 6 quiz\u00e1s sea excesivo el limitar s\u00f3lo a dos<\/strong> el n\u00famero de administradores mancomunados pues algunas sociedades pueden necesitar por su organizaci\u00f3n o funcionamiento, incrementar este n\u00famero de administradores mancomunados, aunque reconocemos que el limitarlo a dos tiene la virtud de la simplicidad pues as\u00ed se elimina el indicar su forma de actuaci\u00f3n que puede ofrecer algo de complejidad.<\/p>\n

— En el art\u00edculo 8, sobre organizaci\u00f3n de la junta general, la remisi\u00f3n que se hace a la LSC<\/strong> es incompleta pues en la actualidad existen normas en leyes distintas<\/strong> que afectan a los qu\u00f3rum de adopci\u00f3n de acuerdos de la limitadas (cfr. Art. 100 y DA 4\u00aa de la LC) e incluso a los plazos de antelaci\u00f3n en la convocatoria (fusi\u00f3n, escisi\u00f3n, traslado internacional del domicilio en la Ley 3\/2009) y por tanto el art\u00edculo se puede tildar de incompleto<\/strong>. Hubiera sido muy f\u00e1cil hacer la remisi\u00f3n a la LSC y a otras leyes de forma gen\u00e9rica.<\/p>\n

— Finalmente el art\u00edculo 9 lo creemos innecesario<\/strong>, de forma que aunque la sociedad sea unipersonal, si dicho art\u00edculo no se transcribiera, no por ello los estatutos ser\u00edan defectuosos desde mi punto de vista.<\/p>\n

XIV. Entrada en vigor.<\/strong><\/p>\n

Ser\u00e1 a los tres meses de su publicaci\u00f3n en el BOE<\/strong>, es decir el d\u00eda 13 de septiembre de 2015<\/strong>, si bien deber\u00e1 tenerse en cuenta que si antes de esta fecha no ha sido aprobada<\/strong> por Orden Ministerial la escritura en formato estandarizado<\/strong> existir\u00e1 una imposibilidad f\u00e1ctica para la entrada en vigor del sistema.<\/p>\n

XV. Conclusiones.<\/strong><\/p>\n

Pese a la tardanza<\/strong> en el desarrollo de los art\u00edculos 15 y 16 de la Ley de Emprendedores y las dudas<\/strong> que surgen o podr\u00e1n surgir en la aplicaci\u00f3n del RD, que debe combinarse<\/strong> con las normas establecidas en los art\u00edculos citados que indican la forma de proceder en aspectos tales como obtenci\u00f3n de la denominaci\u00f3n social, pasos a dar por el CIRCE antes de la remisi\u00f3n de la escritura al Registro Mercantil, forma de actuar del mismo Registro, no justificaci\u00f3n del ingreso del capital en entidad bancaria a nombre de la sociedad, etc, nos parece en l\u00edneas generales positiva la aprobaci\u00f3n del RD.<\/strong><\/p>\n

Otra cuesti\u00f3n muy distinta es el de su utilidad<\/strong>. Creemos que con las formas de tramitaci\u00f3n telem\u00e1tica existentes hasta ahora que, aunque derogadas en cuanto a plazos de despacho, se segu\u00edan cumpliendo por los Registro Mercantiles, se dada respuesta m\u00e1s que sobrada<\/strong> a los emprendedores que quieran disponer de una sociedad en plazo corto y \u00a0con coste reducido. No creemos que la entrada en vigor del RD mejore muchos los ratios de rapidez<\/strong> en la constituci\u00f3n de sociedades.<\/p>\n

Aparte de ello debemos consignar, para terminar, que esta forma de constituir la sociedad conforme al RD que se public\u00f3 el s\u00e1bado 13 es optativa<\/strong> y que el emprendedor podr\u00e1 seguir constituyendo sus sociedades en papel<\/strong>, o en forma telem\u00e1tica notarial<\/strong> sin necesidad de acudir al CIRCE y que esas constituciones por aplicaci\u00f3n del RD arancelario notarial y registral y por la aplicaci\u00f3n de exenci\u00f3n de tasas de Borme del art\u00edculo 5 del RDL 13\/2010, tendr\u00e1n pr\u00e1cticamente las mismas ventajas<\/strong> que las sociedades constituidas por las normas que ahora se aprueban. (JAGV).<\/p>\n

Ver rese\u00f1a del Consejo de Ministros de 29 de mayo de 2015<\/a>.<\/p>\n

Ver Orden JUS\/1840\/2015, de 9 de septiembre<\/a>, por la que se aprueba el modelo de escritura p\u00fablica en formato estandarizado y campos codificados de las sociedades de responsabilidad limitada, as\u00ed como la relaci\u00f3n de actividades que pueden formar parte del objeto social.<\/p>\n

\n

PDF (BOE-A-2015-6520 – 8 p\u00e1gs.<\/abbr> – 236 KB<\/abbr>)<\/a>Otros formatos<\/a><\/p>\n

 <\/p>\n<\/a>

SEDE JUDICIAL ELECTR\u00d3NICA. <\/strong><\/span><\/h6>\n

Orden JUS\/1126\/2015, de 10 de junio, por la que se crea la sede judicial electr\u00f3nica correspondiente al \u00e1mbito territorial del Ministerio de Justicia.<\/p>\n

La Ley 18\/2011, de 5 de julio<\/a>, reguladora del uso de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y la comunicaci\u00f3n en la Administraci\u00f3n de Justicia, dedica su T\u00edtulo III a definir y regular la llamada \u00abSede Judicial Electr\u00f3nica<\/strong>\u00bb que se define<\/strong> como \u00abaquella direcci\u00f3n electr\u00f3nica disponible para los ciudadanos a trav\u00e9s de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gesti\u00f3n y administraci\u00f3n corresponde a cada una de las Administraciones competentes en materia de justicia\u00bb.<\/p>\n

Con la implantaci\u00f3n de la Sede Judicial Electr\u00f3nica se pretende centralizar los procedimientos y servicios que presta cada una de las oficinas judiciales<\/strong> dentro del \u00e1mbito del Ministerio de Justicia, al objeto de facilitar el acceso a las mismas, as\u00ed como crear un espacio en el que la Administraci\u00f3n de Justicia, el ciudadano y los profesionales se relacionen<\/strong> en el marco de la actividad judicial con las garant\u00edas procesales necesarias.<\/p>\n

La presente Orden tiene por objeto la creaci\u00f3n de la Sede Judicial Electr\u00f3nica<\/strong>, a\u00a0trav\u00e9s de la cual se podr\u00e1n realizar todas las actuaciones, procedimientos y servicios que requieran la autenticaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n de Justicia o de los ciudadanos y profesionales en sus relaciones con \u00e9sta por medios electr\u00f3nicos, as\u00ed como aquellas otras actuaciones respecto a las que se decida su inclusi\u00f3n en la sede.<\/p>\n

Su \u00e1mbito<\/strong> de aplicaci\u00f3n se extiende a las Oficinas Judiciales que se hallen bajo la competencia del Ministerio de Justicia.<\/p>\n

\u00c9sta es su direcci\u00f3n electr\u00f3nica<\/strong>: https:\/\/sedejudicial.justicia.es.<\/p>\n

La titularidad<\/strong> de la Sede Judicial Electr\u00f3nica corresponder\u00e1 a la Administraci\u00f3n General del Estado y su\u00a0gesti\u00f3n tecnol\u00f3gica<\/strong>\u00a0ser\u00e1 competencia de la Secretar\u00eda General de la Administraci\u00f3n de Justicia.<\/p>\n

Entre sus futuros servicios<\/strong> se encuentran:<\/p>\n

– La Carta de Servicios<\/strong> y la Carta de Servicios Electr\u00f3nicos.<\/p>\n

– La relaci\u00f3n de los medios electr\u00f3nicos<\/strong> que los ciudadanos y profesionales pueden utilizar en cada supuesto en el ejercicio de su derecho a comunicarse con la Administraci\u00f3n de Justicia.<\/p>\n

– Un enlace para la formulaci\u00f3n de sugerencias y quejas<\/strong> relativas al funcionamiento de la Sede.<\/p>\n

– Acceso, en los t\u00e9rminos legalmente establecidos, al estado de tramitaci\u00f3n del expediente<\/strong>.<\/p>\n

– Publicaci\u00f3n electr\u00f3nica, cuando proceda, de resoluciones y comunicaciones que deban publicarse en tabl\u00f3n de anuncios o edictos<\/strong>.<\/p>\n

– Comprobaci\u00f3n de la autenticidad e integridad de los documentos<\/strong> emitidos por los \u00f3rganos u organismos p\u00fablicos que abarca la sede que hayan sido autenticados mediante c\u00f3digo seguro de verificaci\u00f3n.<\/p>\n

– Servicios de asesoramiento electr\u00f3nico<\/strong> al usuario para la correcta utilizaci\u00f3n de la sede.<\/p>\n

– Puesta a disposici\u00f3n de los interesados de los correspondientes modelos o impresos normalizados<\/strong>.<\/p>\n

La orden entr\u00f3 en vigor el 17 de junio de 2015 y la Sede comenzar\u00e1 a funcionar como tarde el 17 de diciembre de 2015<\/strong>..<\/p>\n

PDF (BOE-A-2015-6644 – 4 p\u00e1gs.<\/abbr> – 165 KB<\/abbr>)<\/a>Otros formatos<\/a><\/p>\n

 <\/p>\n<\/a>

Aeronaves. Registro<\/span><\/strong><\/h6>\n

Real Decreto 384\/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de matriculaci\u00f3n de aeronaves civiles.<\/p>\n

El Registro de Matr\u00edcula de Aeronaves es un registro de naturaleza administrativa<\/strong> regulado en el cap\u00edtulo V<\/a> de la Ley 48\/1960, de 21 de julio, sobre Navegaci\u00f3n A\u00e9rea, y en el Reglamento del Registro de Matr\u00edcula de Aeronaves, aprobado por el Decreto 416\/1969, de 13 de marzo<\/a>.<\/p>\n

Este real decreto aborda una nueva regulaci\u00f3n del Registro de Matr\u00edcula de Aeronaves Civiles<\/strong> y establece un r\u00e9gimen registral \u00fanico<\/strong> para todas las aeronaves civiles, incluidas las aeronaves de estructura ultraligera y de aeronaves privadas de uso no mercantil que hasta ahora contaban con un r\u00e9gimen espec\u00edfico. Las aeronaves excluidas est\u00e1n en el art. 3.<\/p>\n

El Registro\u00a0depende de la Agencia Estatal de Seguridad A\u00e9rea, y su \u00e1mbito geogr\u00e1fico se extiende a todo el territorio nacional<\/strong>. Consta de una sola oficina con sede en Madrid<\/strong>.<\/p>\n

\"Ultraligero<\/a>

Ultraligero de 3 ejes Beaver. Por Jorogar.<\/p><\/div>\n

Por otro lado, se instrumenta la relaci\u00f3n de este registro administrativo y el Registro de Bienes Muebles<\/strong>\u00a0(art. 10) previendo la comunicaci\u00f3n por medios telem\u00e1ticos, para agilizar los tr\u00e1mites de inscripci\u00f3n, y precisando que corresponde al Registro de Matr\u00edcula de Aeronaves Civiles la funci\u00f3n de otorgar la nacionalidad y asignar las marcas de nacionalidad y matr\u00edcula. Sin embargo, los actos jur\u00eddicos posteriores a la matriculaci\u00f3n de las aeronaves se realizar\u00e1n primero en el Registro de Bienes Muebles.<\/p>\n

La inscripci\u00f3n en el Registro de Matr\u00edcula de Aeronaves Civiles es obligatoria y se practicar\u00e1 en virtud de documento p\u00fablico o privado <\/strong>(con firmas legitimadas notarialmente), que acredite la adquisici\u00f3n de la propiedad o la posesi\u00f3n de la aeronave, en el que conste la liquidaci\u00f3n del ITPyAJD.\u00a0<\/p>\n

La calificaci\u00f3n de los t\u00edtulos jur\u00eddicos aportados para la inscripci\u00f3n se realiza por el Registro de Bienes Muebles<\/strong>.<\/p>\n

Cuando se produjese el cambio de titularidad<\/strong> de la aeronave, el adquirente deber\u00e1 instar la emisi\u00f3n de un nuevo Certificado de Matr\u00edcula. Ver art. 28.<\/p>\n

Las cargas y grav\u00e1menes<\/strong> sobre aeronaves que figuren inscritas en el Registro de Bienes Muebles, se anotar\u00e1n de oficio en el Registro de Matr\u00edcula de Aeronave a efectos informativos, en virtud de comunicaci\u00f3n del Registro de Bienes Muebles.<\/p>\n

Se introduce un concepto novedoso, la reserva de matr\u00edcula<\/strong>, para los casos en que se tenga prevista la matriculaci\u00f3n de una aeronave en Espa\u00f1a, que se concede en tanto se sustancia el procedimiento de matriculaci\u00f3n definitiva y se regula la cancelaci\u00f3n temporal de una matr\u00edcula<\/strong> por un tiempo no superior a 5 a\u00f1os, cuando la misma vaya a ser temporalmente inscrita en el extranjero.<\/p>\n

Se establecen las previsiones necesarias para permitir la aplicaci\u00f3n del Convenio relativo a garant\u00edas internacionales<\/strong> sobre elementos de equipo m\u00f3vil (Ciudad del Cabo, 16 de noviembre de 2001<\/a>), concretando que el Registro de Bienes Muebles es el punto de acceso con el Registro Internacional<\/strong> creado por dicho instrumento. La D. Ad. 6\u00aa<\/a> determina la manera de actuar del\u00a0Registrador de Bienes Muebles para ganar prioridad internacional mediante la reserva de prioridad internacional<\/strong>.<\/p>\n

Tambi\u00e9n dispone que, de conformidad con lo previsto en el correspondiente Tratado, tendr\u00e1n prioridad sobre la garant\u00eda y derechos internacionales sobre bienes muebles registrables<\/strong> sitos en Espa\u00f1a los derechos y privilegios o categor\u00eda de los mismos, a\u00fan no inscritos en el Registro Internacional, que el legislador Espa\u00f1ol se hubiere reservado como prioritarios<\/strong> en el correspondiente instrumentos de adhesi\u00f3n, ratificaci\u00f3n o aprobaci\u00f3n del Tratado, protocolo o reglamento.\u00a0Ver art\u00edculo de Iv\u00e1n Heredia en elnotario.es<\/a><\/p>\n

Las aeronaves de estructura ultraligera<\/strong> matriculadas en el R\u00e9gimen Especial de Ultraligeros, a partir de la entrada en vigor de este real decreto, quedar\u00e1n integradas<\/strong> en el Registro de Matr\u00edcula de Aeronaves Civiles, conservando la validez de la matr\u00edcula y de la C\u00e9dula de Identificaci\u00f3n.<\/p>\n

Los procedimientos iniciados<\/strong> antes de la entrada en vigor de este real decreto proseguir\u00e1n su tramitaci\u00f3n conforme al nuevo r\u00e9gimen del registro de matr\u00edcula, conserv\u00e1ndose todos los tr\u00e1mites realizados con anterioridad.<\/p>\n

Este real decreto entrar\u00e1 en vigor el 1 de diciembre de 2015<\/strong>.<\/p>\n

Ver Instrumento de Adhesi\u00f3n de Espa\u00f1a al Protocolo de Ciudad del Cabo<\/a>.<\/p>\n

PDF (BOE-A-2015-6704 – 17 p\u00e1gs.<\/abbr> – 284 KB<\/abbr>)<\/a>Otros formatos<\/a><\/p>\n

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Creaci\u00f3n de Universidades\u00a0<\/strong><\/span><\/h6>\n

Real Decreto 420\/2015, de 29 de mayo, de creaci\u00f3n, reconocimiento, autorizaci\u00f3n y acreditaci\u00f3n de universidades y centros universitarios.<\/p>\n

El Real Decreto aborda la regulaci\u00f3n integral\u00a0de los requisitos b\u00e1sicos de creaci\u00f3n y reconocimiento de universidades y centros universitarios<\/strong> p\u00fablicos y privados, y el procedimiento para la autorizaci\u00f3n del inicio de los mismos, simplificando y racionalizando las exigencias hasta ahora establecidas en la normativa en vigor.<\/p>\n

Por otro lado, se regula la acreditaci\u00f3n institucional de centros,<\/strong> como alternativa al modelo de acreditaci\u00f3n de t\u00edtulos vigente<\/strong><\/em> en la actualidad en nuestro pa\u00eds, que la E. de M. considera demasiado complejo y costoso. A partir de ahora se permitir\u00e1, a aquellos centros que hayan obtenido la acreditaci\u00f3n institucional, renovar la acreditaci\u00f3n de las titulaciones oficiales que impartan sin necesidad de someterse al procedimiento previsto en el Real Decreto 1393\/2007, de 29 de octubre<\/a>.<\/p>\n

Entr\u00f3 en vigor el 18 de junio de 2015.<\/p>\n

PDF (BOE-A-2015-6708 – 16 p\u00e1gs.<\/abbr> – 278 KB<\/abbr>)<\/a>Otros formatos<\/a><\/p>\n

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Entidades de cr\u00e9dito y empresas de servicios de inversi\u00f3n<\/span><\/strong><\/h6>\n

Ley 11\/2015, de 18 de junio, de recuperaci\u00f3n y resoluci\u00f3n de entidades de cr\u00e9dito y empresas de servicios de inversi\u00f3n.<\/p>\n

Esta Ley tiene por objeto<\/strong> regular los procesos de actuaci\u00f3n temprana y resoluci\u00f3n de entidades de cr\u00e9dito y empresas de servicios de inversi\u00f3n<\/strong> establecidas en Espa\u00f1a, as\u00ed como determinar el r\u00e9gimen jur\u00eddico del \u00abFROB<\/strong>\u00bb como autoridad de resoluci\u00f3n ejecutiva y su marco general de actuaci\u00f3n, con la finalidad de proteger la estabilidad del sistema financiero minimizando el uso de recursos p\u00fablicos.<\/p>\n

Es heredera de la <\/strong>Ley\u00a09\/2012, de\u00a014 de noviembre<\/strong><\/a>, de reestructuraci\u00f3n y resoluci\u00f3n de entidades de cr\u00e9dito (SAREB, FROB\u2026), marco legal empleado para llevar a cabo el mayor proceso de reestructuraci\u00f3n financiera de la historia de nuestro pa\u00eds. Aunque la deroga casi \u00edntegramente, s\u00f3lo lo es por claridad legislativa, pero, por ejemplo, las referencias a la Ley 9\/2012 se han de tener por hechas a esta Ley (D. Ad. 7\u00aa).<\/p>\n

Se pretende reforzar los mecanismos<\/strong> con los que cuentan los poderes p\u00fablicos para afrontar la potencial situaci\u00f3n de dificultad en la que se pueden encontrar las entidades de cr\u00e9dito o las empresas de servicios de inversi\u00f3n, evitando, que afecten a los recursos de los contribuyentes.<\/p>\n

Estos son los principios b\u00e1sicos<\/strong> que infunden la regulaci\u00f3n:<\/p>\n

– Los accionistas y acreedores<\/strong> son quienes deben absorber las p\u00e9rdidas de la resoluci\u00f3n y no los ciudadanos con sus impuestos. La Ley dise\u00f1a tanto los mecanismos internos de absorci\u00f3n de p\u00e9rdidas por los accionistas y acreedores de la entidad en resoluci\u00f3n, como, alternativamente, la constituci\u00f3n de un fondo de resoluci\u00f3n<\/strong> financiado por la propia industria financiera, siendo factible su incorporaci\u00f3n a un futuro fondo europeo de finalidad similar.<\/p>\n

\"\u00c1vila:<\/a>

\u00c1vila: panor\u00e1mica. Por Anual.<\/p><\/div>\n

– Los tradicionales procedimientos concursales<\/strong>, llevados a cabo en v\u00eda judicial, no son, en muchos casos, \u00fatiles para llevar a cabo la reestructuraci\u00f3n o cierre de una entidad financiera inviable. Se precisa de un procedimiento especial de corte administrativo<\/strong> y flexible en el tiempo con poderes extraordinarios a favor de las autoridades p\u00fablicas para facilitar la continuidad de las entidades en sus funciones esenciales y reducir los costes para el sistema econ\u00f3mico.<\/p>\n

– Se articulan de manera exhaustiva tanto una fase preventiva<\/strong> como una fase de actuaci\u00f3n temprana<\/strong> dentro del proceso resolutorio. Se trata de integrar en la vida ordinaria de las entidades la reflexi\u00f3n continuada sobre su resolubilidad, y de permitir que las autoridades de supervisi\u00f3n y resoluci\u00f3n act\u00faen desde un primer momento, cuando la entidad a\u00fan es solvente y viable.<\/p>\n

– Han de separarse las funciones supervisoras y resolutorias<\/strong> con el fin de eliminar conflictos de intereses. Esta Ley establece un modelo que distingue entre las funciones de resoluci\u00f3n en fase preventiva, que se encomiendan al Banco de Espa\u00f1a y a la CNMV, y las funciones de resoluci\u00f3n en fase ejecutiva, que se asignan al FROB.<\/p>\n

– Se protege de manera especial los dep\u00f3sitos bancarios<\/strong>. En caso de recapitalizaci\u00f3n interna de la entidad, estos ser\u00e1n los \u00faltimos cr\u00e9ditos que puedan verse afectados, quedando adem\u00e1s cubiertos en una importante medida por el Fondo de Garant\u00eda de Dep\u00f3sitos.<\/p>\n

– Se constituir\u00e1 el Fondo de Resoluci\u00f3n Nacional<\/strong>, llamado a integrarse en un futuro pr\u00f3ximo en un fondo de escala europea y sufragado ex ante por las contribuciones de las propias entidades de cr\u00e9dito.<\/p>\n

– La norma tiene una dimensi\u00f3n esencialmente europea<\/strong>, trasponiendo el Derecho de la Uni\u00f3n Europea sobre la resoluci\u00f3n de entidades de cr\u00e9dito y empresas de servicios de inversi\u00f3n, fundamentalmente la Directiva\u00a02014\/59\/UE<\/strong><\/a>, que abre la v\u00eda a la constituci\u00f3n de un Mecanismo \u00danico de Resoluci\u00f3n europeo y la Directiva\u00a02014\/49\/UE<\/a>, relativa a los sistemas de garant\u00edas de dep\u00f3sitos.<\/p>\n

El legislador opta con esta Ley por dar amplia continuidad<\/strong> tanto al contenido como a la estructura<\/strong> de la Ley\u00a09\/2012, de\u00a014 de noviembre, complet\u00e1ndola en aspectos ya apuntados como el refuerzo de la fase preventiva de la resoluci\u00f3n<\/strong>, la absorci\u00f3n de p\u00e9rdidas,<\/strong> que afectar\u00e1 con la nueva ley a todo tipo de acreedores<\/strong> y con la constituci\u00f3n de un fondo espec\u00edfico de resoluci\u00f3n<\/strong> que estar\u00e1 financiado por medio de contribuciones del sector privado.<\/p>\n

Cap\u00edtulo I. Disposiciones generales.<\/strong><\/p>\n

Destacan el objeto \u2013ya visto-, el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n y las definiciones de los grandes conceptos de la ley.<\/p>\n

La ley se aplicar\u00e1 tambi\u00e9n a las empresas de servicios de inversi\u00f3n, <\/strong>de capital superior a 730000 euros, con excepciones, y no s\u00f3lo a las entidades de cr\u00e9dito como antes, siendo para ellas supervisor competente la CNMV y no el Banco de Espa\u00f1a. \u00a0Ver art. 1 y D. Ad. 9\u00aa<\/p>\n

No se aplica al Instituto de Cr\u00e9dito Oficial (D. Ad. 1\u00aa)<\/p>\n

Se distingue en este Cap\u00edtulo entre las funciones de resoluci\u00f3n en fase preventiva y ejecutiva<\/strong>, correspondiendo las primeras al Banco de Espa\u00f1a y a la CNMV, a trav\u00e9s de los \u00f3rganos operativamente independientes que determinen, y las segundas al FROB.<\/p>\n

Cap\u00edtulo II. Actuaci\u00f3n temprana. <\/strong><\/p>\n

Regula el procedimiento de actuaci\u00f3n temprana, entendido como aquel que se aplicar\u00e1 a una entidad cuando \u00e9sta no pueda cumplir con la normativa de solvencia<\/strong> pero est\u00e9 en disposici\u00f3n de retornar al cumplimiento por sus propios medios.<\/p>\n

Uno de los principales instrumentos de la actuaci\u00f3n temprana son los planes de recuperaci\u00f3n<\/strong> que deber\u00e1n ser elaborados por todas las entidades<\/strong> y no s\u00f3lo por aquellas que est\u00e1n atravesando dificultades.<\/p>\n

Seg\u00fan el art. 10, el supervisor competente podr\u00e1 acordar la intervenci\u00f3n de la entidad o la sustituci\u00f3n provisional de su \u00f3rgano de administraci\u00f3n<\/strong> o de uno o varios de sus miembros, de conformidad con el procedimiento establecido en el Cap\u00edtulo V<\/a> del T\u00edtulo III de la Ley\u00a010\/2014, de\u00a026 de junio, y con las especialidades previstas en este Cap\u00edtulo. La medida se mantendr\u00e1 en vigor durante el plazo de un a\u00f1o<\/strong>, renovable excepcionalmente por periodos iguales mientras se mantengan las condiciones que la justificaron.<\/p>\n

Desde la apertura de los procesos de actuaci\u00f3n temprana y resoluci\u00f3n, los jueces no podr\u00e1n admitir las solicitudes de concurso de una entidad<\/strong>. (D. Ad. 15\u00aa).<\/p>\n

Cap\u00edtulo III. Fase preventiva de la resoluci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n

Recoge la definici\u00f3n y el proceso de elaboraci\u00f3n de los planes de resoluci\u00f3n<\/strong>, que contendr\u00e1n las medidas que el FROB, en principio, aplicar\u00e1 en caso de que la entidad resulte finalmente inviable y no proceda su liquidaci\u00f3n concursal. En estos planes se excluye por completo la existencia de apoyo financiero p\u00fablico.<\/p>\n

La autoridad de resoluci\u00f3n preventiva<\/strong> analizar\u00e1 si la entidad es resoluble y, en su caso, se\u00f1alar\u00e1 la concurrencia de obst\u00e1culos para la resoluci\u00f3n y podr\u00e1 imponer a las entidades medidas para su eliminaci\u00f3n.<\/p>\n

Cap\u00edtulo IV. Resoluci\u00f3n. <\/strong><\/p>\n

Regula el procedimiento<\/strong> de resoluci\u00f3n entendido como aquel que se aplica a una entidad cuando sea inviable<\/strong> (se define el concepto) o sea previsible que vaya a serlo en un futuro y por razones de inter\u00e9s p\u00fablico y estabilidad financiera sea necesario evitar su liquidaci\u00f3n concursal<\/strong>.<\/p>\n

Para que se produzca la apertura del proceso de resoluci\u00f3n<\/strong>, ser\u00e1 necesario que el FROB o la autoridad supervisora competente determinen que una entidad se encuentra en situaci\u00f3n de inviabilidad. Posteriormente, ser\u00e1 el FROB<\/strong> quien analizar\u00e1 si se dan el resto de circunstancias que deben concurrir para iniciar el procedimiento de resoluci\u00f3n.<\/p>\n

El art. 22 regula la sustituci\u00f3n del \u00f3rgano de administraci\u00f3n<\/strong> y los directores generales o asimilados como medida de resoluci\u00f3n. El FROB<\/strong>, salvo casos excepcionales, designar\u00e1 como administrador de la entidad a la persona o personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas que, en su nombre y bajo su control, ejercer\u00e1n las funciones y facultades propias de esa condici\u00f3n, con el alcance, limitaciones y requisitos que, en su caso, se determinen reglamentariamente, entendi\u00e9ndose que se le atribuyen todas aquellas facultades que legal o estatutariamente pudieran corresponder a la junta o asamblea general de la entidad<\/strong> y que resulten necesarias para el ejercicio de las competencias previstas en esta Ley en relaci\u00f3n con los instrumentos de resoluci\u00f3n contemplados en ella.<\/p>\n

El acuerdo de designaci\u00f3n del administrador especial<\/strong> tendr\u00e1 car\u00e1cter ejecutivo desde el momento en que se dicte, y ser\u00e1 objeto de inmediata publicaci\u00f3n en el BOE y de inscripci\u00f3n en los registros p\u00fablicos correspondientes. La publicaci\u00f3n en el BOE determinar\u00e1 la eficacia del acuerdo frente a terceros.<\/p>\n

La medida de sustituci\u00f3n se mantendr\u00e1 en vigor por un per\u00edodo no superior a un a\u00f1o<\/strong>, si bien el FROB podr\u00e1, excepcionalmente, prorrogar este plazo cuando lo considere necesario para completar el proceso de resoluci\u00f3n.<\/p>\n

Cap\u00edtulo V. Instrumentos de resoluci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n

A partir de la apertura del proceso de resoluci\u00f3n, el FROB activar\u00e1, teniendo en cuenta los planes de resoluci\u00f3n, los distintos instrumentos de resoluci\u00f3n que se recogen en este cap\u00edtulo y en el siguiente.<\/p>\n

Estos instrumentos, salvo el \u00faltimo, estaban ya incluidos en la Ley\u00a09\/2012, de\u00a014 de noviembre. Ahora se complementa y perfecciona la regulaci\u00f3n de acuerdo con la normativa europea.<\/p>\n

Los instrumentos de resoluci\u00f3n son:<\/strong><\/p>\n

– la transmisi\u00f3n<\/strong> de la entidad o parte de la misma a un sujeto privado<\/strong> para proteger los servicios esenciales<\/p>\n

– la creaci\u00f3n de una entidad puente<\/strong> a la que se transfiere la parte salvable de la entidad en resoluci\u00f3n<\/p>\n

– la creaci\u00f3n de una sociedad de gesti\u00f3n de activos<\/strong> a la que se transfiere los activos da\u00f1ados de la entidad en resoluci\u00f3n<\/p>\n

– y la recapitalizaci\u00f3n interna, recogida en el siguiente cap\u00edtulo.<\/p>\n

Hay art\u00edculos dedicados expresamente a la venta del negocio de la entidad<\/strong> (art 26), o al\u00a0r\u00e9gimen de la transmisi\u00f3n de activos<\/strong> (art 29), con privilegios como la no aplicaci\u00f3n del art. 1535 Cc<\/a>, o al r\u00e9gimen de acciones ordinarias y de las aportaciones al capital social (arts 32 al 34).<\/p>\n

Tambi\u00e9n se incluyen algunas disposiciones sobre la utilizaci\u00f3n del Fondo de Resoluci\u00f3n Nacional en el contexto de la aplicaci\u00f3n de los instrumentos de resoluci\u00f3n.<\/p>\n

Cap\u00edtulo VI.<\/strong> Amortizaci\u00f3n y conversi\u00f3n de instrumentos de capital y recapitalizaci\u00f3n interna.<\/strong><\/p>\n

Es la principal novedad entre los instrumentos de resoluci\u00f3n. Su objetivo \u00faltimo es minimizar el impacto de la resoluci\u00f3n sobre los contribuyentes, asegurando una adecuada distribuci\u00f3n de los costes entre accionistas y acreedores.<\/p>\n

Permite imponer p\u00e9rdidas a todos los niveles de acreedor<\/strong> de la entidad, y no solo hasta el nivel de acreedores subordinados, como recog\u00eda la Ley\u00a09\/2012, de\u00a014 de noviembre. En los t\u00e9rminos previstos en la ley, se podr\u00e1 acudir al Fondo de Resoluci\u00f3n para completar o sustituir la absorci\u00f3n de p\u00e9rdidas por parte de los acreedores.<\/p>\n

Se protege de modo especial a los dep\u00f3sitos<\/strong>. Hasta 100.000 euros mantienen la garant\u00eda directa del Fondo de Garant\u00eda de Dep\u00f3sitos, y adem\u00e1s, en caso de concurso, contar\u00e1n con un tratamiento preferente m\u00e1ximo en la jerarqu\u00eda de acreedores. Los dep\u00f3sitos de personas f\u00edsicas o peque\u00f1as y medianas empresas tendr\u00e1n reconocida preferencia como acreedores, solo inferior a la otorgada a los dep\u00f3sitos de menos de\u00a0100.000 euros. Ver D. Ad. 14\u00aa<\/p>\n

El art. 42 recoge todos los pasivos obligatoriamente excluidos de la recapitalizaci\u00f3n interna.<\/p>\n

Las normas sobre recapitalizaci\u00f3n interna\u00a0entrar\u00e1n en vigor el 1\u00ba de enero de 2016<\/strong>.<\/p>\n

Cap\u00edtulo VII. FROB.<\/strong><\/p>\n

Introduce ligeras novedades en la composici\u00f3n del FROB<\/strong>, dado que ampl\u00eda el n\u00famero de miembros de su Comisi\u00f3n Rectora y crea la figura del Presidente<\/strong>, con un mandato de cinco a\u00f1os no prorrogables y con unas causas de cese tasadas. Tambi\u00e9n se incorpora un miembro de la CNMV.<\/p>\n

El FROB es una entidad de Derecho p\u00fablico con personalidad jur\u00eddica propia y plena capacidad p\u00fablica y privada para el desarrollo de sus fines, que se regir\u00e1 por lo establecido en esta Ley. Tiene como principal cometido el de gestionar los procesos de resoluci\u00f3n de las entidades en su fase ejecutiva. Ser\u00e1 beneficiario de una tasa que regula la D. Ad. 17\u00aa.<\/p>\n

Se regulan sus facultades<\/strong>, tanto mercantiles como administrativas y el car\u00e1cter ejecutivo de sus actos, as\u00ed como sus facultades de suspensi\u00f3n de contratos y garant\u00edas.<\/p>\n

Tambi\u00e9n en este cap\u00edtulo se hace referencia a la creaci\u00f3n del Fondo de Resoluci\u00f3n Nacional<\/strong>, consecuencia de la transposici\u00f3n de la Directiva, Este Fondo tendr\u00e1 como finalidad financiar las medidas de resoluci\u00f3n que ejecute el FROB, quien ejercer\u00e1 su gesti\u00f3n y administraci\u00f3n. Estar\u00e1 financiado por las aportaciones de las entidades de cr\u00e9dito<\/strong> y las empresas de servicios de inversi\u00f3n, debiendo alcanzar sus recursos financieros, al menos, el\u00a01 por ciento de los dep\u00f3sitos garantizados de todas las entidades. No tendr\u00e1 personalidad jur\u00eddica y ser\u00e1 administrado por el FROB, constituido como patrimonio separado. Este fondo comenzar\u00e1 a dotarse este a\u00f1o y deber\u00e1 estar colmado el 31 de diciembre de 2024 (D. Ad. 2\u00aa)\u00a0<\/p>\n

A partir del\u00a01 de enero de\u00a02016, cuando la Autoridad \u00danica de Resoluci\u00f3n Europea est\u00e9 plenamente operativa y el Fondo de Resoluci\u00f3n Nacional se fusione con el resto de Fondos Nacionales de los Estados miembros de la Zona del Euro en un Fondo \u00danico de Resoluci\u00f3n Europeo<\/strong>, las entidades de cr\u00e9dito espa\u00f1olas realizar\u00e1n sus aportaciones a este Fondo Europeo, y el Fondo de Resoluci\u00f3n Nacional quedar\u00e1 \u00fanicamente para las empresas de servicios de inversi\u00f3n.<\/p>\n

El r\u00e9gimen jur\u00eddico establecido para el Banco de Espa\u00f1a<\/a>, ser\u00e1 aplicable asimismo a las garant\u00edas constituidas a favor del FROB y el Fondo de Garant\u00eda de Dep\u00f3sitos de Entidades de Cr\u00e9dito en el ejercicio de sus funciones (D. Ad. 3\u00aa).<\/p>\n

Cap\u00edtulo VIII. R\u00e9gimen procesal.<\/strong><\/p>\n

Los arts. 71 al 74 regulan las particularidades de los recursos contra los actos dictados por el FROB y de las decisiones adoptadas en los procesos de actuaci\u00f3n temprana y resoluci\u00f3n.<\/p>\n

Por ejemplo, las decisiones y acuerdos que adopte el FROB ejerciendo sus facultades mercantiles ser\u00e1n \u00fanicamente impugnables de acuerdo con las normas y los procedimientos previstos para la impugnaci\u00f3n de acuerdos sociales de las sociedades de capital que sean contrarios a la ley durante el exiguo plazo de quince d\u00edas a contar desde que el FROB dio publicidad a sus actuaciones.<\/p>\n

Cap\u00edtulo IX. R\u00e9gimen sancionador.<\/strong><\/p>\n

Est\u00e1 dirigido a las entidades y a las personas que ostenten cargos de administraci\u00f3n o direcci\u00f3n en las mismas, en el caso de que infrinjan las obligaciones previstas en esta Ley.<\/p>\n

Se trata de una responsabilidad administrativa, siendo independiente la imputable a la entidad de la correspondiente a los cargos.<\/p>\n

Ser\u00e1n competentes seg\u00fan los casos, el FROB, el Banco de Espa\u00f1a o la CNMV, pudiendo llegar el plazo de prescripci\u00f3n de las infracciones a los cinco a\u00f1os.<\/p>\n

La ley contiene diecisiete disposiciones adicionales<\/strong>, a varias de las cuales se ha aludido a lo largo de este resumen, siete transitorias<\/strong> y una derogatoria<\/strong>, que cita de modo expreso a la Ley 9\/2012 de la que deja en vigor varias disposiciones adicionales y las modificaciones que hizo de otras normas. \u00a0<\/p>\n

Hay tambi\u00e9n diecisiete disposiciones finales<\/strong>, las cuales afectan a las siguientes leyes:<\/p>\n

D.F. 1\u00aa. Ley 24\/1988, de 28 de julio<\/a>, del Mercado de Valores<\/strong>. Muy amplia, con 31 apartados.<\/p>\n

D.F. 2\u00aa. Ley 6\/1997, de 14 de abril<\/a>, de Organizaci\u00f3n y Funcionamiento de la Administraci\u00f3n General del Estado<\/strong>. Normativa espec\u00edfica para determinados organismos, incluido el FROB.<\/p>\n

D.F. 3\u00aa. Ley 29\/1998, de 13 de julio<\/a>, reguladora de la Jurisdicci\u00f3n Contencioso-Administrativa<\/strong>. Recursos de los que conocer\u00e1 la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional en \u00fanica instancia.<\/p>\n

D.F. 4\u00aa. Ley 41\/1999, de 12 de noviembre<\/a>, sobre sistemas de pagos y de liquidaci\u00f3n de valores<\/strong>.<\/p>\n

D.F. 5\u00aa. Ley 22\/2003, de 9 de julio, Concursal<\/strong>. Afecta a su D. Ad. 2\u00aa<\/a>. R\u00e9gimen especial aplicable a entidades de cr\u00e9dito, empresas de servicios de inversi\u00f3n y entidades aseguradoras. Ver tambi\u00e9n las D. Ad. 12\u00aa (R\u00e9gimen aplicable en caso de concurso de una entidad) y 15\u00aa (no admisi\u00f3n de las solicitudes de concurso desde la apertura de los procesos de actuaci\u00f3n temprana y resoluci\u00f3n) que no tocan directamente la Ley Concursal..<\/p>\n

D.F. 6\u00aa. Ley 35\/2003, de 4 de noviembre<\/a>, de instituciones de inversi\u00f3n colectiva<\/strong>. Afecta a las condiciones para la gesti\u00f3n transfronteriza de IIC por sociedades gestoras autorizadas en Espa\u00f1a\u00a0<\/p>\n

D.F. 7\u00aa. Real Decreto-Ley 5\/2005<\/a>, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad<\/strong> y para la mejora de la contrataci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n

D.F. 8\u00aa. Ley 6\/2005, de 22 de abril<\/a>, sobre saneamiento y liquidaci\u00f3n de las entidades de cr\u00e9dito<\/strong>.<\/p>\n

D.F. 9\u00aa. Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital<\/strong>. Se a\u00f1ade una D. Ad. 10\u00aa:<\/p>\n

\u201c1. A los efectos de la Ley\u00a011\/2015, de 18 de junio, de recuperaci\u00f3n y resoluci\u00f3n de entidades de cr\u00e9dito y empresas de servicios de inversi\u00f3n, la junta general de las sociedades cotizadas<\/strong> sujetas a esta Ley podr\u00e1, por una mayor\u00eda de dos tercios de los votos v\u00e1lidamente emitidos, acordar o modificar los estatutos sociales<\/strong> indicando que la junta general en la que se decida sobre una ampliaci\u00f3n de capital sea convocada en un plazo inferior<\/strong> al establecido en el art\u00edculo\u00a0176 de esta Ley, siempre y cuando dicha junta no se celebre en un plazo inferior a diez d\u00edas a partir de la convocatoria, se cumplan las condiciones de los art\u00edculos\u00a08 a\u00a010 de la Ley\u00a011\/2015, de 18 de junio, y la ampliaci\u00f3n de capital sea necesaria para evitar las condiciones de resoluci\u00f3n establecidas en los art\u00edculos\u00a019 a\u00a021 de dicha Ley.<\/p>\n

    \n
  1. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, no se aplicar\u00e1n los plazos previstos en los art\u00edculos\u00a0179.3 y\u00a0519.2 de esta Ley.\u201d<\/li>\n<\/ol>\n

    Ver tambi\u00e9n Ad 12\u00aa sobre el capital autorizado para la conversi\u00f3n de instrumentos de capital en caso de producirse una circunstancia desencadenante.<\/p>\n

    D.F. 10\u00aa. Real Decreto-Ley 16\/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el Fondo de Garant\u00eda de Dep\u00f3sitos<\/strong> de Entidades de Cr\u00e9dito. La reforma es consecuencia de la trasposici\u00f3n de la Directiva\u00a02014\/49\/UE<\/a>, que armoniza el funcionamiento de estos fondos a escala europea. El Fondo de Garant\u00eda de Dep\u00f3sitos se ha dividido en dos compartimentos estancos<\/strong>: el compartimento de garant\u00eda de dep\u00f3sitos<\/strong>, cuyos fondos se destinar\u00e1n a las tareas encomendadas por la Directiva, y el compartimento de garant\u00eda de valores<\/strong>, que asume el resto de funciones atribuidas anteriormente al Fondo. Adem\u00e1s, se establece un nivel objetivo m\u00ednimo que deber\u00e1n alcanzar los recursos del compartimento de garant\u00eda de dep\u00f3sitos que ser\u00e1 del\u00a00,8 por ciento de los dep\u00f3sitos garantizados, pudiendo reducirse este nivel al\u00a00,5 por ciento previa\u00a0autorizaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n Europea.<\/p>\n

    D.F. 11\u00aa. Ley 3\/2012, de 6 de julio<\/a>, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral<\/strong>. Se refiere a normas aplicables en las entidades de cr\u00e9dito <\/strong>como indemnizaciones por terminaci\u00f3n del contrato, o extinci\u00f3n y suspensi\u00f3n del contrato de personas que ejerzan cargos de administraci\u00f3n o direcci\u00f3n.<\/p>\n

    D.F. 12\u00aa. Ley 10\/2014, de 26 de junio<\/a>, de ordenaci\u00f3n, supervisi\u00f3n y solvencia de entidades de cr\u00e9dito<\/strong>. Afecta a las causas de intervenci\u00f3n y sustituci\u00f3n de administradores<\/strong>.<\/p>\n

    D.F. 13\u00aa. Ley 22\/2014, de 12 de noviembre<\/a>, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo<\/strong>\u2026 La reforma alude a las condiciones para la gesti\u00f3n transfronteriza de ECR y EICC por sociedades gestoras autorizadas en Espa\u00f1a<\/p>\n

    Entr\u00f3 en vigor el 20 de junio de 2015, salvo las normas sobre recapitalizaci\u00f3n interna contenidas en el Cap\u00edtulo VI que entrar\u00e1n en vigor el\u00a01 de enero de\u00a02016. La regulaci\u00f3n sobre pruebas de resistencia del Fondo de Garant\u00eda de Dep\u00f3sitos<\/a> entrar\u00e1 en vigor el\u00a03 de julio de\u00a02017.<\/p>\n

    PDF (BOE-A-2015-6789 – 111 p\u00e1gs.<\/abbr> – 2.396 KB<\/abbr>)<\/a>Otros formatos<\/a><\/p>\n

     <\/p>\n<\/a>

    Organizaciones sindicales y empresariales: adquisici\u00f3n de personalidad<\/strong><\/span><\/h6>\n<\/div>\n
    \n

    Real Decreto 416\/2015, de 29 de mayo, sobre dep\u00f3sito de estatutos<\/strong> de las organizaciones sindicales y empresariales.<\/p>\n

    Este real decreto tiene por objeto regular el dep\u00f3sito de los estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales, integradas por empresarios con trabajadores a su cargo, as\u00ed como de los dem\u00e1s actos incluidos en su \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n, gestionado por medios electr\u00f3nicos.<\/p>\n

    Queda excluido de su \u00e1mbito el dep\u00f3sito de los estatutos de las asociaciones profesionales de trabajadores aut\u00f3nomos, que se regir\u00e1 por su legislaci\u00f3n espec\u00edfica.<\/p>\n

    Las organizaciones sindicales o empresariales deber\u00e1n presentar sus estatutos en la oficina p\u00fablica competente en raz\u00f3n de su \u00e1mbito territorial<\/strong> de actuaci\u00f3n, a los efectos de adquirir personalidad jur\u00eddica y plena capacidad de obrar<\/strong>.<\/p>\n

    2. Ser\u00e1n objeto de dep\u00f3sito, por el procedimiento que se regula, los estatutos de las organizaciones sindicales y las asociaciones empresariales, y los dem\u00e1s documentos que acrediten la realizaci\u00f3n de los siguientes actos:<\/p>\n

    a) La constituci\u00f3n de sindicatos y de asociaciones empresariales.<\/p>\n

    b) La constituci\u00f3n de federaciones y confederaciones de sindicatos y de asociaciones empresariales.<\/p>\n

    c) Las modificaciones estatutarias.<\/p>\n

    Las organizaciones sindicales y empresariales adquirir\u00e1n personalidad jur\u00eddica y plena capacidad de obrar<\/strong> transcurridos veinte d\u00edas h\u00e1biles desde el dep\u00f3sito<\/strong> de sus estatutos por los promotores o desde la subsanaci\u00f3n de defectos.\u00a0<\/p>\n<\/div>\n

    Entrar\u00e1 en vigor el 20 de septiembre de 2015.<\/p>\n

    \n
    \n

    PDF (BOE-A-2015-6837 – 14 p\u00e1gs.<\/abbr> – 254 KB<\/abbr>)<\/a>Otros formatos<\/a><\/p>\n<\/div>\n

     <\/p>\n<\/a>

    Empresas de trabajo temporal<\/span><\/strong><\/h6>\n

    Real Decreto 417\/2015, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de las empresas de trabajo temporal.<\/p>\n

    Este Real decreto aprueba un nuevo reglamento<\/strong> para las empresas de trabajo temporal con tres objetivos:<\/strong><\/p>\n

    – Adecuar su contenido a los recientes cambios introducidos en la Ley\u00a014\/1994, de 1 de junio<\/a><\/strong>, fundamentalmente en lo que respecta al r\u00e9gimen de autorizaci\u00f3n administrativa<\/strong> para el desarrollo de la actividad constitutiva de empresa de trabajo temporal, v\u00e1lida de modo indefinido para todo el territorio. \u00a0La\u00a0autoridad laboral competente ha de resolver la solicitud de autorizaci\u00f3n presentada en el plazo de un mes (antes tres).\u00a0<\/p>\n

    – Se implanta la administraci\u00f3n electr\u00f3nica<\/strong> en todo el procedimiento administrativo en materia de empresas de trabajo temporal<\/p>\n

    – Se actualiza la norma reglamentaria para adaptarla a los diferentes cambios normativos<\/strong> producidos a lo largo del periodo de vigencia del anterior real decreto y que han afectado a la regulaci\u00f3n de la actividad de las empresas de trabajo temporal.<\/p>\n

    El reglamento<\/strong> aprobado por este real decreto se estructura en siete cap\u00edtulos:<\/strong><\/p>\n

    En el cap\u00edtulo I<\/strong>, referido al objeto<\/strong> del reglamento, se incluye la referencia a las actividades que pueden desarrollar<\/strong> las empresas de trabajo temporal.<\/p>\n

    El cap\u00edtulo II<\/strong> est\u00e1 dedicado a la autorizaci\u00f3n administrativa<\/strong>\u00a0\u00fanica, indefinida y para todo el territorio. Se fijan criterios para determinar la autoridad laboral competente, as\u00ed como los procedimientos administrativos electr\u00f3nicos que han de seguirse.<\/p>\n

    El cap\u00edtulo III<\/strong> desarrolla la obligaci\u00f3n legal de las empresas de trabajo temporal de constituir una garant\u00eda financiera,\u00a0<\/strong>determinaci\u00f3n de su cuant\u00eda, ejecuci\u00f3n de la garant\u00eda y su liberaci\u00f3n.<\/p>\n

    El cap\u00edtulo IV,<\/strong> dedicado al Registro de Empresas de Trabajo Temporal,<\/strong> con una base de datos central gestionada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.<\/p>\n

    Los cap\u00edtulos V y VI<\/strong> est\u00e1n referidos a los requisitos formales y al contenido de, respectivamente, el contrato de puesta a disposici\u00f3n<\/strong> y el contrato de trabajo<\/strong>.<\/p>\n

    El cap\u00edtulo VII<\/strong> contiene las obligaciones de informaci\u00f3n<\/strong> para la empresa de trabajo temporal, tanto respecto a la Administraci\u00f3n, como respecto a la empresa usuaria.<\/p>\n

    El presente real decreto y el Reglamento que aprueba entraron en vigor el 21 de junio de 2015.<\/p>\n

    Ver Orden\u00a0ESS\/1680\/2015, de 28 de julio<\/a>, que regula el modelo de contrato de puesta a disposici\u00f3n.<\/p>\n

    PDF (BOE-A-2015-6838 – 13 p\u00e1gs.<\/abbr> – 251 KB<\/abbr>)<\/a>Otros formatos<\/a><\/p>\n

     <\/p>\n<\/a>

    Seguridad Social. Incapacidad temporal<\/span><\/strong><\/h6>\n

    Orden ESS\/1187\/2015, de 15 de junio, por la que se desarrolla el Real Decreto 625\/2014, de 18 de julio<\/a>, por el que se regulan determinados aspectos de la gesti\u00f3n y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco d\u00edas de su duraci\u00f3n.<\/p>\n

    Esta orden regula los partes m\u00e9dicos<\/strong> de baja, confirmaci\u00f3n y alta de la incapacidad temporal y en anexo publica modelos<\/strong>. Los trabajadores deber\u00e1n facilitar a los facultativos a los que corresponda la expedici\u00f3n de los mencionados partes m\u00e9dicos los datos necesarios<\/strong> para su correcta cumplimentaci\u00f3n.<\/p>\n

    El facultativo del servicio p\u00fablico de salud o de la mutua que expida el parte m\u00e9dico de baja\/alta y confirmaci\u00f3n entregar\u00e1 al trabajador dos copias<\/strong> del mismo, una para el interesado y otra con destino a la empresa.<\/p>\n

    El trabajador est\u00e1 obligado a presentar a la empresa la copia de los partes<\/strong> de baja y confirmaci\u00f3n destinada a ella, en el plazo de tres d\u00edas<\/strong> contados a partir de la fecha de su expedici\u00f3n.\u00a0Asimismo, est\u00e1 obligado a presentar a la empresa la copia destinada a ella del parte de alta<\/strong> dentro de las 24 horas<\/strong> siguientes a su expedici\u00f3n.<\/p>\n

    Tambi\u00e9n dicta normas para el control<\/strong> de estas situaciones.\u00a0<\/p>\n

    Entrar\u00e1 en vigor el 1 de diciembre de 2015.<\/p>\n

    \n

    PDF (BOE-A-2015-6839 – 14 p\u00e1gs.<\/abbr> – 1.686 KB<\/abbr>)<\/a>Otros formatos<\/a><\/p>\n<\/div>\n

     <\/p>\n

    \n<\/a>
    Seguridad Social: Tabl\u00f3n de anuncios.\u00a0<\/span><\/strong><\/h6>\n

    Orden ESS\/1222\/2015, de 22 de junio, por la que se regula el tabl\u00f3n de anuncios de la Seguridad Social.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

    El tabl\u00f3n de anuncios de la Seguridad Social servir\u00e1 como medio de publicaci\u00f3n<\/strong> de los anuncios, acuerdos, resoluciones y comunicaciones emitidos por la Administraci\u00f3n de la Seguridad Social en ejercicio de sus competencias, y de cualquier otra informaci\u00f3n de inter\u00e9s general de dicha administraci\u00f3n.<\/p>\n

    Esa publicaci\u00f3n tendr\u00e1 car\u00e1cter complementario<\/strong> respecto a aquellos actos en que una norma exija su publicaci\u00f3n por otros medios.<\/p>\n

    La publicaci\u00f3n en el tabl\u00f3n de anuncios tendr\u00e1 la consideraci\u00f3n de oficial y aut\u00e9ntica<\/strong>.<\/p>\n

    El tabl\u00f3n de anuncios de la Seguridad Social ser\u00e1 \u00fanico<\/strong> para toda la Administraci\u00f3n de la Seguridad Social, tendr\u00e1 formato digital <\/strong>y estar\u00e1 accesible las 24 horas del d\u00eda y de forma gratuita en la sede electr\u00f3nica<\/a>\u00a0de la Secretar\u00eda de Estado de la Seguridad Social.<\/p>\n

    El plazo de publicaci\u00f3n<\/strong> o de exposici\u00f3n, en su caso, y los posibles efectos<\/strong> de la publicaci\u00f3n de los anuncios y dem\u00e1s actos e informaci\u00f3n ser\u00e1n, en cada caso, los que determine el \u00f3rgano competente<\/strong> para ordenar su publicaci\u00f3n.<\/p>\n

    El acceso de los ciudadanos al tabl\u00f3n, a trav\u00e9s de la sede electr\u00f3nica, no precisar\u00e1 de identificaci\u00f3n alguna.<\/strong>\u00a0En todas las oficinas de atenci\u00f3n al p\u00fablico de la Administraci\u00f3n de la Seguridad Social se facilitar\u00e1 su consulta p\u00fablica y gratuita.<\/p>\n

    La implantaci\u00f3n efectiva se produjo el d\u00eda de entrada en vigor de esta orden. Enlace.<\/a><\/strong><\/p>\n

    \n
    \n

    Entr\u00f3 en vigor el 24 de junio de 2015.<\/p>\n

    PDF (BOE-A-2015-6993 – 5 p\u00e1gs.<\/abbr> – 176 KB<\/abbr>)<\/a>Otros formatos<\/a><\/p>\n

     <\/p>\n<\/a>

    Sefard\u00edes: Nacionalidad<\/span><\/strong><\/h6>\n

    Ley 12\/2015, de 24 de junio, en materia de concesi\u00f3n de la nacionalidad espa\u00f1ola a los sefard\u00edes originarios de Espa\u00f1a.\u00a0<\/p>\n

    Ir a p\u00e1gina especial.<\/a><\/strong><\/p>\n

    Se denomina sefard\u00edes<\/strong> a los jud\u00edos que vivieron en la Pen\u00ednsula Ib\u00e9rica y a sus descendientes que, tras los Edictos de 1492, optaron por la expulsi\u00f3n ante la alternativa de la conversi\u00f3n forzosa al catolicismo, dispers\u00e1ndose fundamentalmente por el norte de \u00c1frica, los Balcanes y el Imperio Otomano. Su denominaci\u00f3n procede de la voz \u00abSefarad<\/strong>\u00bb, Espa\u00f1a en lengua hebrea.<\/p>\n

    Los hijos de Sefarad conservaron muchas de las costumbres y el idioma ladino o la haket\u00eda<\/strong>, espa\u00f1ol primigenio enriquecido con los pr\u00e9stamos de los idiomas de acogida. Y mantuvieron a Espa\u00f1a \u2013Sefarad- en su memoria, a pesar del injusto trato que recibieron.<\/p>\n

    Esta Ley pretende ser el punto de encuentro<\/strong> entre los espa\u00f1oles de hoy y los descendientes de quienes fueron injustamente expulsados a partir de 1492, y se justifica en la com\u00fan determinaci\u00f3n de construir juntos, frente a la intolerancia de tiempos pasados, un nuevo espacio de convivencia y concordia, que reabra para siempre a las comunidades expulsadas de Espa\u00f1a las puertas de su antiguo pa\u00eds.<\/p>\n

    Entre los antecedentes de la norma se encuentra el Real Decreto de 20 de diciembre de\u00a01924<\/a> que fue invocado por nuestro Cuerpo Diplom\u00e1tico durante la II Guerra Mundial, lo que permiti\u00f3 dar protecci\u00f3n consular a muchos sefard\u00edes que pudieron as\u00ed librarse del Holocausto. El ejemplo m\u00e1s destacado lo dio el embajador \u00c1ngel Sanz Briz en Budapest.<\/p>\n

    Hasta ahora, son dos los instrumentos jur\u00eddicos<\/strong> que pod\u00edan ser usados por los sefard\u00edes para obtener la nacionalidad espa\u00f1ola:<\/p>\n

    – Probando su residencia legal en Espa\u00f1a durante al menos dos a\u00f1os<\/strong>, asimil\u00e1ndose a los nacionales de otros pa\u00edses con una especial vinculaci\u00f3n con Espa\u00f1a, como las naciones iberoamericanas.<\/p>\n

    – Y por carta de naturaleza<\/strong>, otorgada discrecionalmente, cuando en el interesado concurran circunstancias excepcionales.<\/p>\n

    Esta Ley determina ahora que concurren aquellas circunstancias excepcionales<\/strong> a que se refiere el art\u00edculo 21 del C\u00f3digo Civil<\/a>, en los sefard\u00edes originarios de Espa\u00f1a, que prueben dicha condici\u00f3n y su especial vinculaci\u00f3n con Espa\u00f1a.<\/p>\n

    Asimismo, concreta los requisitos y condiciones<\/strong> a tener en cuenta para la justificaci\u00f3n de aquella condici\u00f3n. Entre la documentaci\u00f3n solicitada adquiere singular relevancia el certificado expedido por la Federaci\u00f3n de Comunidades Jud\u00edas de Espa\u00f1a<\/strong>, en coherencia con el contenido del Acuerdo de Cooperaci\u00f3n con el Estado aprobado por la Ley 25\/1992, de 10 de noviembre<\/a>.<\/p>\n

    El \u00fanico art\u00edculo del C\u00f3digo Civil<\/strong> afectado es el 23, con lo que se trata de evitar que al adquirir la nacionalidad espa\u00f1ola deban renunciar a la previamente ostentada. Los sefard\u00edes son los \u00fanicos a quienes, concedi\u00e9ndoseles la nacionalidad con dos a\u00f1os de residencia, se les obligaba a esta renuncia.<\/p>\n

    \"Placa<\/a>

    Placa en la Embajada de Espa\u00f1a en Budapest (Hungr\u00eda) en honor al Diplom\u00e1tico \u00c1ngel Sanz Briz. By Csurla<\/p><\/div>\n

    Concesi\u00f3n de la nacionalidad espa\u00f1ola por carta de naturaleza.<\/strong><\/p>\n

    El art. 21.1 del C\u00f3digo Civil<\/a> dice:<\/p>\n

    1. La nacionalidad espa\u00f1ola se adquiere por carta de naturaleza, otorgada discrecionalmente mediante Real Decreto, cuando en el interesado concurran circunstancias excepcionales.<\/p>\n

    Ahora se define qu\u00e9 se entiende por circunstancias excepcionales cuando se sefard\u00edes se trata: se entiende que tales circunstancias concurren en los sefard\u00edes originarios de Espa\u00f1a que prueben dicha condici\u00f3n y una especial vinculaci\u00f3n con Espa\u00f1a, aun cuando no tengan residencia legal en nuestro pa\u00eds<\/strong>.<\/p>\n

    Requisitos:<\/strong><\/p>\n

    1\u00ba.- <\/strong>Ser sefard\u00ed originario de Espa\u00f1a<\/strong>. Se acreditar\u00e1 por los siguientes medios probatorios, valorados en su conjunto:<\/strong><\/p>\n

    a) Certificado procedente de la Federaci\u00f3n de Comunidades Jud\u00edas de Espa\u00f1a<\/strong>.<\/p>\n

    b) Certificado procedente de la comunidad jud\u00eda de la zona de residencia<\/strong> o ciudad natal del interesado.<\/p>\n

    c) Certificado de la autoridad rab\u00ednica<\/strong> competente del pa\u00eds de residencia habitual.<\/p>\n

    d) Acreditaci\u00f3n del uso como idioma familiar del ladino o \u00abhaket\u00eda\u00bb<\/strong>, o por otros indicios que demuestren la tradici\u00f3n de pertenencia a tal comunidad.<\/p>\n

    e) Partida de nacimiento<\/strong> o la \u00abketubah<\/strong>\u00bb o certificado matrimonial en el que conste su celebraci\u00f3n seg\u00fan las tradiciones de Castilla.<\/p>\n

    f) Informe motivado sobre los apellidos<\/strong> del solicitante.<\/p>\n

    g) Otros medios.<\/p>\n

    2\u00ba.- Ha de tener una especia vinculaci\u00f3n con Espa\u00f1a. \u00a0<\/strong>Los medios probatorios que se enumeran se valorar\u00e1n en su conjunto. Entre ellos se encuentran el conocimiento del ladino, certificados de estudios o estar en determinadas listas de familias.<\/p>\n

    3\u00ba.- Aportar un certificado de nacimiento<\/strong> debidamente legalizado o apostillado y, en su caso, traducido.<\/p>\n

    4\u00ba.- Superar dos pruebas de vinculaci\u00f3n <\/strong>dise\u00f1adas y administradas por el Instituto Cervantes:<\/p>\n

    – Conocimiento b\u00e1sico de la lengua espa\u00f1ola<\/strong>, nivel A2, o superior, salvo que el pa\u00eds de origen tenga el espa\u00f1ol como idioma oficial.<\/p>\n

    – Conocimiento de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola y de la realidad social y cultural espa\u00f1olas<\/strong>, salvo menores de dieciocho a\u00f1os y personas con capacidad modificada judicialmente.<\/p>\n

    Procedimiento.<\/strong><\/p>\n

    Ser\u00e1 electr\u00f3nico. <\/strong>El Ministerio de Justicia lo regular\u00e1 dentro de un \u00e1mbito m\u00e1s amplio referido a la tramitaci\u00f3n de los procedimientos de obtenci\u00f3n de la nacionalidad espa\u00f1ola por residencia, carta de naturaleza o dispensa. Se iba a utilizar la plataforma dise\u00f1ada por el Colegio de Registradores para la llevanza del Registro Civil, pero desapareci\u00f3 la referencia a ella dentro del Proyecto cuanto se retir\u00f3 la asignaci\u00f3n de la llevanza del Registro Civil a este cuerpo de funcionarios.<\/p>\n

    Solicitud.<\/strong> En castellano, dirigida a la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, Ministerio de Justicia de Espa\u00f1a.<\/p>\n

    CGN.<\/strong> La solicitud se remitir\u00e1 telem\u00e1ticamente al Consejo General del Notariado, el cual, teniendo en cuenta las preferencias manifestadas por el interesado, determinar\u00e1 el notario competente para valorar la documentaci\u00f3n aportada<\/strong>.<\/p>\n

    Valoraci\u00f3n inicial.<\/strong> La realizar\u00e1 el notario designado quien, en su caso, si estima inicialmente justificada la condici\u00f3n de sefard\u00ed originario de Espa\u00f1a as\u00ed como la especial vinculaci\u00f3n con Espa\u00f1a del solicitante, concertar\u00e1 con este su comparecencia<\/strong>. Nota: parece que esta valoraci\u00f3n inicial ha de hacerla el notario asignado, pero la redacci\u00f3n no es clara pues aparece el reflexivo \u201cse\u201d. Tampoco se aclara el modo de obrar si esta primera valoraci\u00f3n es negativa.<\/p>\n

    Acta notarial. <\/strong>Si hay valoraci\u00f3n inicial positiva, se levantar\u00e1 acta, a la que se incorporar\u00e1n debidamente autorizados y apostillados o legalizados y, en su caso, traducidos:<\/p>\n

    –\u00a0 los documentos originales probatorios<\/strong> aportados, debidamente traducidos en su caso,<\/p>\n

    – certificados de penales<\/strong>, salvo para menores de edad, correspondientes a su pa\u00eds de origen y de aquellos donde hubiera residido en los \u00faltimos cinco.<\/p>\n

    – aseveraci\u00f3n<\/strong> del solicitante \u2013o de su representante legal- sobre la certeza de los hechos<\/strong> en que se funda su solicitud de nacionalizaci\u00f3n.<\/p>\n

    – juicio del notario autorizante<\/strong> sobre si estima o no justificada la condici\u00f3n de sefard\u00ed originario de Espa\u00f1a y la especial vinculaci\u00f3n con Espa\u00f1a del solicitante, expresando el cumplimiento de los requisitos referidos.<\/p>\n

    El acta har\u00e1 fe de los hechos acreditados.<\/p>\n

    Especialidades del Acta Notarial. <\/strong><\/p>\n

    El acta estar\u00e1 sujeta a lo dispuesto en el Reglamento Notarial<\/strong><\/a> con las siguientes particularidades:<\/p>\n

    a) El requerimiento inicial y el juicio del notario se realizar\u00e1n en un mismo instrumento<\/strong>, que se incorporar\u00e1 al protocolo en la fecha y bajo el n\u00famero inicial.<\/p>\n

    b) El notario valorar\u00e1 <\/strong>las pruebas documentales y la declaraci\u00f3n del requirente, haciendo constar si se cumplen o no, a su juicio, los requisitos legales<\/strong>.<\/p>\n

    c) Concluida, remitir\u00e1 copia electr\u00f3nica del acta<\/strong> a la DGRN en el formato uniforme que el Centro Directivo determinar\u00e1.<\/p>\n

    Tras el Acta.<\/strong><\/p>\n

    – La DGRN solicitar\u00e1 preceptivamente informes<\/strong> de los Ministerios del Interior y de la Presidencia.<\/p>\n

    – Resolver\u00e1 de manera motivada<\/strong>, declarando, en su caso, la estimaci\u00f3n de la solicitud.<\/p>\n

    – La DGRN remitir\u00e1<\/strong> de oficio una copia de la resoluci\u00f3n<\/strong> al Encargado del Registro Civil<\/strong> competente para la inscripci\u00f3n del nacimiento. Pero no se inscribe de modo inmediato con ella, pues ha de pedirlo el interesado.<\/p>\n

    Actos posteriores del interesado.<\/strong><\/p>\n

    La eficacia de la resoluci\u00f3n de concesi\u00f3n quedar\u00e1 supeditada a que, en el plazo de caducidad de un a\u00f1o,<\/strong> contado a partir del d\u00eda siguiente a la notificaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n al interesado, este cumpla con las siguientes condiciones ante el Registro Civil competente por raz\u00f3n de su domicilio:<\/p>\n

    a) Solicitar la inscripci\u00f3n<\/strong>. El t\u00edtulo -que es la resoluci\u00f3n de la DGRN referida- tiene que haber sido ya recibido de oficio por el Encargado del Registro Civil.<\/p>\n

    b) Aportar un nuevo certificado vigente acreditativo de la ausencia de antecedentes penales<\/strong>, legalizado o apostillado y, en su caso traducido.<\/p>\n

    c) Realizar ante el Encargado del Registro Civil las manifestaciones relativas al juramento o promesa <\/strong>de fidelidad al Rey y obediencia a la Constituci\u00f3n y a las leyes.<\/p>\n

    Plazos. \u00a0<\/strong>Los interesados deben formalizar su solicitud en el plazo de tres a\u00f1os<\/strong> desde la entrada en vigor de la presente Ley, es decir, antes del 1\u00ba de octubre de 2018. Dicho plazo podr\u00e1 ser prorrogado por acuerdo del Consejo de Ministros un a\u00f1o m\u00e1s.<\/p>\n

    Pasada esa fecha<\/strong>, cuando se acrediten circunstancias excepcionales o razones humanitarias, los sefard\u00edes que cumplan con los requisitos de la presente Ley y acogi\u00e9ndose a su procedimiento, podr\u00e1n solicitar la obtenci\u00f3n de la nacionalidad espa\u00f1ola, cuyo otorgamiento corresponder\u00e1 al Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Justicia.<\/p>\n

    Silencio negativo.<\/strong> El expediente lo ha de resolver la DGRN en 12 meses a contar desde que recibi\u00f3 los informes de Interior y de Presidencia. Pasado ese plazo sin que hubiera reca\u00eddo resoluci\u00f3n expresa, las solicitudes habr\u00e1n de entenderse desestimadas por silencio administrativo.<\/p>\n

    Tasa. <\/strong>El procedimiento regulado en la presente Ley devengar\u00e1 una tasa de 100 euros<\/strong> por la tramitaci\u00f3n administrativa de cada solicitud. Constituye el hecho imponible de la tasa la solicitud de iniciaci\u00f3n del procedimiento. Sujeto pasivo, el solicitante. No se devuelve si el resultado es desfavorable. Su gesti\u00f3n corresponder\u00e1 al Ministerio de Justicia, que regular\u00e1 c\u00f3mo ha de efectuarse el pago de la misma.<\/p>\n

    Concurrencia de procedimientos. <\/strong>Los sefard\u00edes que tengan actualmente un procedimiento en marcha sin haber recibido notificaci\u00f3n de la correspondiente resoluci\u00f3n, podr\u00e1n optar<\/strong> por la continuaci\u00f3n de la tramitaci\u00f3n de su expediente de acuerdo con el procedimiento de esta ley, pidi\u00e9ndolo expresamente a trav\u00e9s de la plataforma electr\u00f3nica que dise\u00f1ar\u00e1 el Ministerio de Justicia.<\/p>\n

    Modificaci\u00f3n del C\u00f3digo Civil. <\/strong>Tan s\u00f3lo est\u00e1 afectado el art\u00edculo 23<\/a>, que transcribimos, poniendo en negrita y cursiva<\/em><\/strong> el texto a\u00f1adido.<\/p>\n

    Art\u00edculo 23. <\/strong>Son requisitos comunes para la validez de la adquisici\u00f3n de la nacionalidad espa\u00f1ola por opci\u00f3n, carta de naturaleza o residencia:<\/p>\n

    a) Que el mayor de catorce a\u00f1os y capaz para prestar una declaraci\u00f3n por s\u00ed jure o prometa fidelidad al Rey y obediencia a la Constituci\u00f3n y a las leyes.<\/p>\n

    b) Que la misma persona declare que renuncia a su anterior nacionalidad. Quedan a salvo de este requisito los naturales de pa\u00edses mencionados en el apartado 1 del art\u00edculo 24 y los sefard\u00edes originarios de Espa\u00f1a<\/em><\/strong>.<\/p>\n

    c) Que la adquisici\u00f3n se inscriba en el Registro Civil espa\u00f1ol.\u00bb<\/p>\n

    Personas con discapacidad.<\/strong> Se modifica el TR Ley General de derechos de las personas con discapacidad, incluyendo una nueva disposici\u00f3n adicional<\/a> relativa a su acceso a la nacionalidad espa\u00f1ola en condiciones de igualdad, declarando nula cualquier norma que provoque la discriminaci\u00f3n, directa o indirecta, en el acceso de las personas a la nacionalidad por residencia por raz\u00f3n de su discapacidad.<\/p>\n

    Habilitaci\u00f3n<\/strong>. Se habilita al Ministro de Justicia para dictar las disposiciones que sean necesarias para la ejecuci\u00f3n de lo establecido en esta Ley.<\/p>\n

    Fuentes supletorias. <\/strong>En todo lo no previsto en la presente Ley ser\u00e1 de aplicaci\u00f3n con car\u00e1cter supletorio lo dispuesto en la Ley 20\/2011, de 21 de julio, del Registro Civil<\/a> y, en su defecto, en la LRJAPyPAC<\/a> y en la Ley 11\/2007, de 22 de junio<\/a>, de acceso electr\u00f3nico de los ciudadanos a los Servicios P\u00fablicos.<\/p>\n

    Entrada en vigor. <\/strong>La Ley entrar\u00e1 en vigor el 1 de octubre de 2015. <\/strong>El tiempo ordinario para que los sefard\u00edes se acojan a esta Ley concluye el 1 de octubre de 2018.<\/p>\n

    Ver Instrucci\u00f3n de 29 de septiembre de 2015<\/a><\/strong>.<\/p>\n

    Ver P\u00e1gina de\u00a0solicitud en el Ministerio de Justicia<\/a><\/strong>.<\/p>\n

    Ir a p\u00e1gina especial.<\/a><\/strong><\/p>\n

    PDF (BOE-A-2015-7045 \u2013 8\u00a0p\u00e1gs.\u00a0\u2013 201\u00a0KB)<\/strong><\/a>\u00a0 \u00a0<\/strong>Otros formatos<\/strong><\/a><\/p>\n

    \u00a0\u00a0<\/strong><\/p>\n<\/a>

    ***LEY HIPOTECARIA Y CATASTRO.<\/span><\/strong><\/h6>\n

    Ley 13\/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946 y del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1\/2004, de 5 de marzo.<\/p>\n

    ir al archivo especial<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n<\/a>

    I. Exposici\u00f3n de Motivos:<\/strong><\/span><\/h6>\n

    En este apartado haremos referencia a los contenidos de la E. de M. m\u00e1s gen\u00e9ricos, incorporando el resto al tratar del articulado concreto.<\/p>\n

    Esta Ley desarrolla propuestas provenientes de la Comisi\u00f3n CORA<\/a>, de reforma de las AAPP, que trata de evitar las duplicidades administrativas y mejorar la coordinaci\u00f3n<\/strong> entre distintas instituciones p\u00fablicas.<\/p>\n

    El Registro de la Propiedad y el Catastro Inmobiliario son instituciones<\/strong> de naturaleza y competencias diferenciadas que, no obstante, recaen sobre un mismo \u00e1mbito: la realidad inmobiliaria<\/strong>. Por ello, la coordinaci\u00f3n de la informaci\u00f3n existente en ambas instituciones resulta indispensable para una mejor identificaci\u00f3n de los inmuebles y una m\u00e1s adecuada prestaci\u00f3n de servicios a ciudadanos y Administraciones.<\/p>\n

    La reforma tiene un contenido global<\/strong> y alcanza a las relaciones entre Catastro y Registro y a todos los procedimientos en los que estas existen:<\/p>\n

    – hay un marco regulatorio general<\/strong> de relaciones -que se recoge en los nuevos art\u00edculos 9 y 10 de la Ley Hipotecaria-,<\/p>\n

    – y hay un marco espec\u00edfico<\/strong>, pues se incorporan a la reforma los procedimientos registrales<\/strong> que puedan afectar a las realidades f\u00edsicas<\/strong> de las fincas, como los de inmatriculaci\u00f3n, deslindes, excesos o rectificaciones de cabida.<\/p>\n

    Tambi\u00e9n pretende la desjudicializaci\u00f3n de los procedimientos,<\/strong> eliminando la intervenci\u00f3n de los \u00f3rganos judiciales y potenciando la actuaci\u00f3n notarial y registral<\/strong>, sin merma alguna de los derechos de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva, que siempre cabr\u00e1 por la v\u00eda del recurso.<\/p>\n

    Se aprovecha para modernizar los procedimientos<\/strong>, mejorando la publicidad y agilidad, favorecidas por las relaciones existentes entre Notar\u00edas y Registros.<\/p>\n

    Antecedentes.<\/strong> Cita como principales antecedentes legislativos<\/strong> en esta b\u00fasqueda de coordinaci\u00f3n:<\/p>\n

    – La Ley 13\/1996, de 30 de diciembre<\/strong><\/a>, que introduce la referencia catastral<\/strong> como elemento de identificaci\u00f3n e intercambio de informaci\u00f3n e incorpora la certificaci\u00f3n catastral descriptiva y gr\u00e1fica como requisito indispensable para la inmatriculaci\u00f3n<\/strong> de fincas en el Registro.<\/p>\n

    – El Reglamento Hipotecario<\/strong> en materia de Urbanismo<\/strong>, Real Decreto 1093\/1997, de 4 de julio<\/a>.<\/p>\n

    – La Ley 48\/2002, del Catastro Inmobiliario, y su Texto Refundido. RDLeg 1\/2004, de 5 de marzo<\/a>, que estableci\u00f3 la colaboraci\u00f3n<\/strong> del Catastro con el Registro de la Propiedad en el ejercicio de sus respectivas funciones y competencias, y facilit\u00f3 que la cartograf\u00eda catastral<\/strong> sirviera para la identificaci\u00f3n de las fincas en el Registro de la Propiedad.<\/p>\n

    Deficiencias actuales. <\/strong><\/p>\n

    – Aunque desde 2004 el Registro env\u00eda datos relevantes al Catastro, no existe una conexi\u00f3n que posibilite un intercambio bidireccional de informaci\u00f3n<\/strong> que permita la necesaria coordinaci\u00f3n entre ambos.<\/p>\n

    – Hay divergencias<\/strong> por razones varias, como alteraciones catastrales no comunicadas o el car\u00e1cter voluntario de la inscripci\u00f3n registral.<\/p>\n

    – No existe un procedimiento de coordinaci\u00f3n<\/strong> que permita la resoluci\u00f3n de discrepancias entre el Registro y el Catastro en la descripci\u00f3n de los bienes inmuebles.<\/p>\n

    Finalidad de la Ley.<\/strong> Trata de corregir esas deficiencias a trav\u00e9s de la inaplazable coordinaci\u00f3n Catastro-Registro<\/strong>, con los elementos tecnol\u00f3gicos hoy disponibles, a trav\u00e9s de:<\/p>\n

    – un fluido intercambio seguro de datos<\/strong> entre ambas instituciones,<\/p>\n

    – potenciando la interoperabilidad<\/strong> entre ellas<\/p>\n

    – dotar al procedimiento<\/strong> de un marco normativo adecuado,<\/p>\n

    – obtener un mayor grado de acierto en la representaci\u00f3n gr\u00e1fica<\/strong> de los inmuebles,<\/p>\n

    – mejorar la seguridad jur\u00eddica, evitando litigios,<\/strong><\/p>\n

    – y simplificar la tramitaci\u00f3n<\/strong> administrativa.<\/p>\n

    Beneficios:<\/strong><\/p>\n

    – Para el Registro<\/strong>, determinar con la mayor exactitud posible la porci\u00f3n de terreno sobre la que proyecta sus efectos<\/strong>.<\/p>\n

    – Para el Catastro<\/strong>, conocer y reflejar en cartograf\u00eda todas aquellas modificaciones o alteraciones registrales<\/strong> que se produzcan sobre las realidades f\u00edsicas de las fincas mediante cualquier hecho, negocio o acto jur\u00eddico.<\/p>\n

    – Para el ciudadano<\/strong>, simplificaci\u00f3n administrativa en sus relaciones con ambas instituciones \u2013la registral y la catastral\u2013 ya que no ser\u00e1 necesario<\/strong>, en muchos casos, volver a aportar informaci\u00f3n <\/strong>sobre la descripci\u00f3n de los inmuebles ya presentada.<\/p>\n

    Concordancia.<\/strong> La Ley define:<\/strong><\/p>\n

    – cu\u00e1ndo se entiende que existe concordancia<\/strong> entre la finca registral y la parcela catastral,<\/p>\n

    – cu\u00e1ndo se entiende que la coordinaci\u00f3n se alcanza<\/strong>,<\/p>\n

    – las v\u00edas para dejar constancia<\/strong> registral y catastral de la coordinaci\u00f3n alcanzada.<\/p>\n

    – Sin embargo permite que el Catastro pueda producir unilateralmente una descoordinaci\u00f3n a posteriori, tras haber sido la finca coordinada. V\u00e9anse art. 11.3<\/a> y 18.4 TRLCatastro<\/a>.<\/p>\n

    – y c\u00f3mo para dar publicidad<\/strong> de tal circunstancia.<\/p>\n<\/a>

    II. Reforma de la Ley Hipotecaria.<\/strong><\/span><\/h6>\n<\/a>
    A) <\/strong>Marco regulatorio general\u00a0<\/strong>Art\u00edculos 9 al 11. <\/strong><\/span><\/h6>\n

    1. Introducci\u00f3n. <\/strong><\/p>\n

    Los art\u00edculos 9 y 10 incorporan el marco regulatorio general<\/strong> al que antes se hizo alusi\u00f3n.<\/p>\n

    El art. 9<\/strong> se refer\u00eda y se refiere a las circunstancias<\/strong> que han de contener los asientos registrales<\/strong>, estando desarrollado de modo especial por el art. 51 RH<\/a>. Aclara que dichas circunstancias han de proceder<\/strong> del t\u00edtulo y de los asientos del registro, previa calificaci\u00f3n del Registrador.<\/p>\n

    El art\u00edculo 10 <\/strong>es vaciado de contenido \u2013por traslado al 11- y llenado con lo referente a la cartograf\u00eda catastral. <\/strong><\/p>\n

    Creo que hubiera sido una mejor t\u00e9cnica englobar todo su contenido en un solo art\u00edculo<\/strong>. De hecho he ido intercalando el texto del art\u00edculo 10 en los diversos apartados del 9 \u00edntimamente relacionados.<\/p>\n

    2. C\u00f3digo registral \u00fanico.<\/strong> Comienza con una importante novedad, el c\u00f3digo registral \u00fanico, <\/strong>que cada finca ha de tener y que la identificar\u00e1, no s\u00f3lo en un registro determinado sino tambi\u00e9n, a nivel nacional, una especie de DNI de la finca, que tambi\u00e9n se trasladar\u00e1 al Catastro. Tiene como antecedente al IDUFIR<\/a>.<\/p>\n

    3. Descripci\u00f3n literaria de la finca. <\/strong>En cuanto a la descripci\u00f3n de la finca<\/strong>, el art\u00edculo es menos telegr\u00e1fico que la anterior redacci\u00f3n que deb\u00eda estar mucho m\u00e1s apoyada en los cuatro primeros apartados del art. 51 RH<\/a><\/p>\n

    – El libro del edificio<\/strong> deber\u00e1 aportarse para su archivo registral, salvo que por la antig\u00fcedad de la edificaci\u00f3n no fuera exigible, dejando constancia de ello en el folio real de la finca (no es preciso que haya divisi\u00f3n horizontal). Cuando se trate de edificaciones en r\u00e9gimen de propiedad horizontal, se har\u00e1 constar en el folio real de cada elemento independiente su respectiva representaci\u00f3n gr\u00e1fica, tomada del proyecto incorporado al libro (art. 202).<\/p>\n

    – Ha de incluirse la referencia catastral <\/strong>del inmueble o inmuebles que integren la finca. Respecto de su exigibilidad, ahora se dice que se incluir\u00e1 y punto, mientras que el Reglamento Hipotecario utiliza la expresi\u00f3n \u201cen los supuestos legalmente exigibles\u201d, que podr\u00eda haberse visto afectada por la reforma. De todos modos, no parece causa suficiente para paralizar la inscripci\u00f3n la ausencia de referencia catastral, sobre todo si hay causa justificada para ello. El plural \u2013inmueble o inmuebles- debe conectarse a que puede haber varias parcelas catastrales dentro de una misma finca registral.<\/p>\n

    – Ha de aportarse certificaci\u00f3n catastral<\/strong> descriptiva y gr\u00e1fica de la finca, junto al t\u00edtulo inscribible, para la incorporaci\u00f3n de la representaci\u00f3n gr\u00e1fica georreferenciada, tanto en los casos en los que esta incorporaci\u00f3n es obligatoria como cuando sea potestativa, salvo las excepciones que veremos<\/p>\n

    – Ha de decirse expresamente si la finca est\u00e1 o no coordinada gr\u00e1ficamente<\/strong> con el Catastro.<\/p>\n

    – La calificaci\u00f3n urban\u00edstica, medioambiental o administrativa<\/strong> costar\u00e1 por nota marginal si se aporta.<\/p>\n

    4. Representaci\u00f3n gr\u00e1fica georreferenciada.<\/strong> Es una de las principales novedades de la reforma.<\/p>\n

    – Completa su descripci\u00f3n literaria<\/strong>. Incluye las coordenadas georreferenciadas de sus v\u00e9rtices si se acreditan.<\/p>\n

    – La cartograf\u00eda catastral<\/strong> es la base ordinaria de representaci\u00f3n gr\u00e1fica de las fincas registrales y estar\u00e1 a disposici\u00f3n de los Registradores de la Propiedad.<\/p>\n

    – Casos en que es obligatoria<\/strong>: inmatriculaciones, parcelaci\u00f3n, reparcelaci\u00f3n, concentraci\u00f3n parcelaria, segregaci\u00f3n, divisi\u00f3n, agrupaci\u00f3n o agregaci\u00f3n, expropiaci\u00f3n forzosa o deslinde que determinen una reordenaci\u00f3n de los terrenos.<\/p>\n

    – Es potestativa<\/strong> en los dem\u00e1s casos, pudiendo ser incluso operaci\u00f3n registral espec\u00edfica<\/strong> sin acto inscribible adicional.<\/p>\n

    – Regla general<\/strong>. Para su incorporaci\u00f3n, deber\u00e1 aportarse junto con el t\u00edtulo inscribible la certificaci\u00f3n catastral descriptiva y gr\u00e1fica<\/strong>, salvo que se trate de uno de los supuestos en los que la ley admita otra representaci\u00f3n gr\u00e1fica georreferenciada alternativa.<\/p>\n

    – Representaci\u00f3n gr\u00e1fica alternativa a la catastral.<\/strong><\/p>\n

    — Para supuestos en los que la ley la admita<\/strong>. \u00a0Se determinan en el art. 10.3:<\/p>\n

    a) Procedimientos de concordancia<\/strong> entre el Registro y la realidad extrarregistral del T\u00edtulo VI<\/a> (arts. 198 al 210) en los que expresamente se admita una representaci\u00f3n gr\u00e1fica alternativa.<\/p>\n

    b) Cuando el acto inscribible consista en una parcelaci\u00f3n<\/strong>, reparcelaci\u00f3n, segregaci\u00f3n, divisi\u00f3n, agrupaci\u00f3n, agregaci\u00f3n o deslinde judicial, que determinen una reordenaci\u00f3n de los terrenos.<\/p>\n

    — L\u00edmites<\/strong>.<\/p>\n

    1\u00ba.- Ha de respetar la cartograf\u00eda catastral en el per\u00edmetro global de la matriz o de las fincas aportadas.<\/p>\n

    2\u00ba.- Ha de tener los requisitos t\u00e9cnicos que permitan su incorporaci\u00f3n al Catastro y que se especificar\u00e1n en la Resoluci\u00f3n conjunta DGRN-DGCatastro.<\/p>\n

    3\u00ba.- Los de publicidad que veremos<\/p>\n

    — Requisitos<\/strong>. Hay remisi\u00f3n al art. 199 que ahora se dedica a la aportaci\u00f3n de la certificaci\u00f3n catastral descriptiva y gr\u00e1fica.<\/p>\n

    5. Incorporaci\u00f3n de la representaci\u00f3n gr\u00e1fica catastral o alternativa al folio. <\/strong><\/p>\n

    A) Antes:<\/strong><\/p>\n

    – El registrador ha de calificar<\/strong> su correspondencia con la descripci\u00f3n literaria<\/strong> y no tener dudas.<\/p>\n

    – Se entender\u00e1 que existe correspondencia<\/strong> entre ambas cuando los dos recintos \u2013el literario y el gr\u00e1fico- se refieran b\u00e1sicamente a la misma porci\u00f3n del territorio, diferenciada de los colindantes. Las diferencias de cabida, no han de exceder del diez por ciento<\/strong> de la cabida inscrita.<\/p>\n

    – Para su valoraci\u00f3n se puede atender a la falta de coincidencia, siquiera parcial, con otra representaci\u00f3n gr\u00e1fica<\/strong> previamente incorporada, o a la posible invasi\u00f3n del dominio p\u00fablico. Tambi\u00e9n podr\u00e1 usar, en los supuestos de falta o insuficiencia de los documentos suministrados, con car\u00e1cter meramente auxiliar, otras representaciones gr\u00e1ficas disponibles<\/strong>, que le permitan averiguar las caracter\u00edsticas topogr\u00e1ficas de la finca y su l\u00ednea poligonal de delimitaci\u00f3n.<\/p>\n

    B) Despu\u00e9s:<\/strong><\/p>\n

    — SI ha usado representaci\u00f3n gr\u00e1fica catastral el Registrador har\u00e1 constar expresamente en el asiento que en la fecha correspondiente la finca ha quedado coordinada gr\u00e1ficamente con el Catastro<\/strong>.<\/p>\n

    – Es muy probable que la plasmaci\u00f3n literaria en el asiento de la\u00a0representaci\u00f3n gr\u00e1fica sea a trav\u00e9s de un c\u00f3digo seguro de verificaci\u00f3n<\/a> (CSV)<\/p>\n

    — La cabida gr\u00e1fica rectificar\u00e1 la cabida literaria<\/strong>.<\/p>\n

    – El Registrador trasladar\u00e1 al Catastro el c\u00f3digo registral<\/strong> de las fincas que hayan sido coordinadas con \u00e9l.<\/p>\n

    – El Registrador remitir\u00e1 informaci\u00f3n al Catastro si se ha aportado una representaci\u00f3n gr\u00e1fica alternativa<\/strong>. Si el Catastro practica una alteraci\u00f3n, como consecuencia de ello, lo comunicar\u00e1 al Registro para que el Registrador haga constar las referencias catastrales correspondientes, que se ha alcanzado la coordinaci\u00f3n e incorpore al folio real la representaci\u00f3n gr\u00e1fica catastral. Se reforma en paralelo el art. 18.3 de la Ley del Catastro<\/a> para la rectificaci\u00f3n de oficio del Catastro.<\/p>\n

    — El Registrador notificar\u00e1<\/strong> la rectificaci\u00f3n de cabida a los titulares de derechos inscritos, salvo que del t\u00edtulo presentado o de los tr\u00e1mites del art\u00edculo 199 ya constare su notificaci\u00f3n.<\/p>\n

    C) No incorporaci\u00f3n. <\/strong>Si no queda acreditada la correspondencia -y se ha utilizado informaci\u00f3n catastral- el Registrador lo comunicar\u00e1 telem\u00e1ticamente al Catastro, con un informe motivado<\/strong> a efectos de que, en su caso, el Catastro incoe el procedimiento oportuno.<\/p>\n

    6. Efectos de inscribir la representaci\u00f3n gr\u00e1fica.<\/strong><\/p>\n

    A) Catastral.<\/strong> Se presumir\u00e1<\/strong>, con arreglo a lo dispuesto en el art\u00edculo 38<\/a>, que la finca objeto de los derechos inscritos tiene la ubicaci\u00f3n y delimitaci\u00f3n geogr\u00e1fica<\/strong> expresada en la representaci\u00f3n gr\u00e1fica catastral que ha quedado incorporada al folio real. Por el 38 LH<\/a>, a todos los efectos legales se presumir\u00e1 que los derechos reales inscritos en el Registro existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por el asiento respectivo.<\/p>\n

    B) Alternativa. <\/strong>Se aplica la misma presunci\u00f3n<\/strong>, pero s\u00f3lo para aquellos supuestos en que dicha representaci\u00f3n haya sido validada previamente por una autoridad p\u00fablica<\/strong>, y hayan transcurrido seis meses<\/strong> desde la comunicaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n correspondiente al Catastro, sin que \u00e9ste haya comunicado al Registro que existan impedimentos a su validaci\u00f3n t\u00e9cnica.<\/p>\n

    C) Constancia ya existente de la referencia catastral<\/strong>. La DF 4\u00aa no reconoce la presunci\u00f3n si se hizo constar la referencia catastral pero con diferencias de superficie o en el nombre o n\u00famero de la calle (por remisi\u00f3n al art. 53 Ley 23\/1996)<\/a>. Nota: Se puede deducir, a sensu contrario, que gozar\u00e1n de la presunci\u00f3n aquellos casos en los que, constando la referencia catastral, hay coincidencia entre parcela y finca en superficie, nombre de calle y n\u00famero (primer inciso del 53.5 1\u00aa<\/a>, ahora derogado).<\/p>\n

    7. Programa de bases gr\u00e1ficas. <\/strong><\/p>\n

    – Es obligatorio<\/strong> para los Registradores, como elemento auxiliar de calificaci\u00f3n<\/strong>,<\/p>\n

    – Se trata de una \u00fanica aplicaci\u00f3n inform\u00e1tica<\/strong> suministrada y dise\u00f1ada por el Colegio de Registradores e integrada en su sistema inform\u00e1tico \u00fanico.<\/p>\n

    – Finalidades: <\/strong><\/p>\n

    — relacionar<\/strong> las representaciones gr\u00e1ficas con las descripciones literarias<\/strong><\/p>\n

    — consulta de las limitaciones al dominio<\/strong> que puedan derivarse de la clasificaci\u00f3n y calificaci\u00f3n urban\u00edstica, medioambiental o administrativa correspondiente.<\/p>\n

    – Homologaci\u00f3n.<\/strong> La aplicaci\u00f3n ha de estar homologada por la DGRN, conforme a las exigencias que se recogen en la D. Ad. 1\u00aa, entre las que se encuentran: que habr\u00e1 de permitir<\/strong>, a trav\u00e9s de servicios de mapas web en l\u00ednea, enlazar e interoperar<\/em><\/strong> visualmente, as\u00ed como realizar an\u00e1lisis de contraste<\/em><\/strong>, con la cartograf\u00eda<\/em><\/strong> elaborada por la Direcci\u00f3n General del Catastro<\/em><\/strong> y con aquellas otras cartograf\u00edas o planimetr\u00edas, debidamente georreferenciadas y aprobadas oficialmente por las distintas Administraciones competentes<\/em><\/strong> en materia de territorio, dominio p\u00fablico, urbanismo o medio ambiente, que fueran relevantes para el conocimiento de la ubicaci\u00f3n y delimitaci\u00f3n de los bienes de dominio p\u00fablico y del alcance y contenido de las limitaciones p\u00fablicas al dominio privado.<\/p>\n

    El Colegio de Registradores deber\u00e1 presentar la solicitud de homologaci\u00f3n en el plazo de tres meses<\/strong> desde la aprobaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n conjunta \u00a0a la que ahora nos referiremos. Mientras no se obtenga dicha homologaci\u00f3n, esta nueva aplicaci\u00f3n no podr\u00e1 ser utilizada<\/strong>.<\/p>\n

    Los municipios deber\u00e1n dar acceso a esta aplicaci\u00f3n para conocer los planes urban\u00edsticos <\/strong>o, en su defecto, enviarlos. <\/strong>Ver m\u00e1s adelante la D. Ad. 5\u00aa<\/p>\n

    8. Resoluci\u00f3n conjunta DGRN – DGCatastro. <\/strong>Ha de elaborarse antes del 1\u00ba de noviembre para asegurar el intercambio de informaci\u00f3n<\/strong> entre el Catastro y el Registro de la Propiedad, as\u00ed como la interoperabilidad<\/strong> entre sus sistemas de informaci\u00f3n. D. F. 3\u00aa.<\/p>\n

    9. Publicidad gr\u00e1fica.<\/strong><\/p>\n

    – Regla general:<\/strong> s\u00f3lo cabe expedirla de la que resulte de la representaci\u00f3n gr\u00e1fica catastral.<\/strong><\/p>\n

    – No cabe <\/strong>de la informaci\u00f3n gr\u00e1fica contenida en la referida aplicaci\u00f3n inform\u00e1tica, en cuanto elemento auxiliar de calificaci\u00f3n.<\/p>\n

    – Es posible de la representaci\u00f3n gr\u00e1fica georreferenciada alternativa<\/strong> admitida por la Ley, temporalmente <\/strong>hasta el momento en que el Registrador haga constar que la finca ha quedado coordinada gr\u00e1ficamente con el Catastro. Se dir\u00e1 expresamente que no hay validaci\u00f3n catastral.<\/p>\n

    – Se podr\u00e1 dar Informaci\u00f3n procedente de otras bases de datos<\/strong>, relativa a las fincas cuya representaci\u00f3n gr\u00e1fica catastral haya quedado o vaya a quedar incorporada al folio real.<\/p>\n

    – En toda forma de publicidad registral \u2013gr\u00e1fica o literaria-<\/strong> aparecer\u00e1 la referencia catastral<\/strong> y si la finca est\u00e1 o no coordinada<\/strong> gr\u00e1ficamente con el Catastro a una fecha determinada.<\/p>\n

    10. Titular del derecho que se inscriba. <\/strong><\/p>\n

    – <\/strong>Hasta ahora, deb\u00eda ser una persona \u2013f\u00edsica o jur\u00eddica- salvo excepciones como la de los fondos de titulizaci\u00f3n de activos. \u00a0<\/p>\n

    – Ahora admite como titular registral a un patrimonio separado<\/strong>, cuando sea susceptible legalmente de ser titular de derechos u obligaciones.<\/p>\n

    – Para las uniones temporales de empresas<\/strong>, se ha de acreditar, mediante documento p\u00fablico, su composici\u00f3n y el r\u00e9gimen de administraci\u00f3n y disposici\u00f3n. La inscripci\u00f3n se practicar\u00e1 a favor de los socios o miembros que las integran con sujeci\u00f3n al r\u00e9gimen de administraci\u00f3n y disposici\u00f3n antes referido.<\/p>\n

    – Se reconoce legalmente \u2013ya la hab\u00eda admitido la DGRN- anotaciones preventivas de demanda y embargo a favor de las comunidades de propietario<\/strong>s en r\u00e9gimen de propiedad horizontal.<\/p>\n

    11. Domicilio para notificaciones.<\/strong><\/p>\n

    – En cualquier momento, el titular inscrito podr\u00e1 instar directamente del Registrador que por nota marginal se hagan constar las circunstancias de un domicilio, direcci\u00f3n electr\u00f3nica a efectos de recibir comunicaciones y notificaciones electr\u00f3nicas y telem\u00e1ticas relativas al derecho inscrito. \u00a0Nota: a pesar de una dicci\u00f3n poco afortunada, parece que no se trata en ning\u00fan caso de domicilio f\u00edsico.<\/p>\n

    – Para que sean v\u00e1lidas estas comunicaciones<\/strong> se precisa:<\/p>\n

    — constancia de la transmisi\u00f3n y recepci\u00f3n con sus fechas<\/p>\n

    – constancia del contenido \u00edntegro,<\/p>\n

    – y se ha de identificar de forma aut\u00e9ntica o fehaciente al remitente y al destinatario.<\/p>\n

    12. Acta de inscripci\u00f3n.<\/strong> Se alude a ella de modo expreso como parte del contenido del asiento. Resume sucintamente el t\u00edtulo, su extensi\u00f3n y titulares.<\/p>\n

    13. Firma del Registrador.<\/strong> Le da el sentido de conformidad del firmante con el texto \u00edntegro del asiento practicado<\/strong>. Antes se hac\u00eda hincapi\u00e9 en que denotaba la conformidad de la inscripci\u00f3n, con la copia del t\u00edtulo. Ha de entenderse que la expresi\u00f3n actual va m\u00e1s all\u00e1, pues, no s\u00f3lo supone que el asiento es conforme con el t\u00edtulo, porque, sino, no podr\u00eda haberse extendido, sino que es tambi\u00e9n armonioso con otros datos obtenidos, fundamentalmente del propio Registro o de herramientas auxiliares de calificaci\u00f3n, no aportadas por el presentante.<\/p>\n

    Los dem\u00e1s apartados<\/strong> del art. 9, sobre, circunstancias del derecho, persona de la que procede el derecho, presentaci\u00f3n o posibles reglas especiales no cambian.<\/p>\n

     <\/p>\n

    Art\u00edculo 11.<\/strong><\/p>\n

    Refunde el contenido de los anteriores art\u00edculos 10 (dedicado a la inscripci\u00f3n de los contratos en que haya mediado precio o entrega de met\u00e1lico) y el propio 11, sobre el aplazamiento del pago.<\/p>\n

    La redacci\u00f3n es similar salvo que ahora se incluye que deben acreditarse los medios de pago utilizados<\/strong>, en la forma establecida en los art\u00edculos 21<\/a>, 254<\/a> y 255<\/a> de esta Ley. No hace m\u00e1s que reforzar la exigencia previa, derivada de los preceptos citados y del art\u00edculo 24 Ley del Notariado<\/a> y 177 Reglamento Notarial<\/a>.<\/p>\n

     <\/p>\n<\/a>

    B) Marco regulatorio espec\u00edfico: procedimientos. <\/strong><\/span><\/h6>\n

    Se tratan los arts. 198 al 210.<\/p>\n

    Art\u00edculo 198. Concordancia.<\/strong><\/p>\n

    La concordancia regulada ya no es s\u00f3lo del Registro con la realidad jur\u00eddica extrarregistral, sino tambi\u00e9n con la realidad f\u00edsica<\/strong>.<\/p>\n

    De los tres procedimientos<\/strong>, que son acumulables<\/strong>, pasamos a nueve:<\/strong><\/p>\n

    1.\u00ba La inscripci\u00f3n de la representaci\u00f3n gr\u00e1fica georreferenciada<\/strong> de la finca y su coordinaci\u00f3n<\/strong> con el Catastro. Art. 199.<\/p>\n

    2.\u00ba El deslinde<\/strong> registral de la finca. Art. 200.<\/p>\n

    3.\u00ba La rectificaci\u00f3n<\/strong> de su descripci\u00f3n. Art. 201.<\/p>\n

    4.\u00ba La inscripci\u00f3n de plantaciones, edificaciones<\/strong>, instalaciones y otras mejoras incorporadas a la finca. Art. 202.<\/p>\n

    5.\u00ba La inmatriculaci\u00f3n<\/strong> de fincas que no est\u00e9n inscritas a favor de persona alguna. Ya se alud\u00eda. Arts. 203 al 206.<\/p>\n

    6.\u00ba Las operaciones registrales sobre bienes de las Administraciones P\u00fablicas<\/strong>, en virtud de certificaci\u00f3n administrativa. Art. 206.5.<\/p>\n

    7.\u00ba El expediente de reanudaci\u00f3n del tracto sucesivo<\/strong> interrumpido. Ya se alud\u00eda. Art. 208.<\/p>\n

    8\u00b0 El procedimiento de subsanaci\u00f3n de la doble o m\u00faltiple inmatriculaci\u00f3n<\/strong>. Art. 209.<\/p>\n

    9.\u00ba El expediente de liberaci\u00f3n registral de cargas<\/strong> o grav\u00e1menes extinguidos por prescripci\u00f3n, caducidad o no uso. Ya se alud\u00eda. Art. 210.<\/p>\n

    Se reconoce expresamente al promotor, que vea desestimada su pretensi\u00f3n, la incoaci\u00f3n de un proceso jurisdiccional posterior<\/strong> con el mismo objeto que estos expedientes. Pero no dice de modo expreso que tenga que intentar necesariamente con car\u00e1cter previo la v\u00eda de la jurisdicci\u00f3n voluntaria.\u00a0<\/p>\n

     <\/p>\n

    Art\u00edculo 199. Representaci\u00f3n gr\u00e1fica y coordinaci\u00f3n. <\/strong><\/p>\n

    La inscripci\u00f3n de la representaci\u00f3n gr\u00e1fica puede ser una operaci\u00f3n independiente<\/strong>. Cabe este procedimiento incluso cuando ya aparezca en el folio registral una referencia catastral.<\/p>\n

    Qui\u00e9n:<\/strong> puede solicitarla el titular registral del dominio o de cualquier derecho real sobre finca inscrita.<\/p>\n

    Qu\u00e9 ha de aportar<\/strong>:<\/p>\n

    – s\u00f3lo certificaci\u00f3n catastral descriptiva y gr\u00e1fica si cree que hay coincidencia.<\/p>\n

    – Si cree que la certificaci\u00f3n catastral no se corresponde<\/strong> con la realidad f\u00edsica de su finca, deber\u00e1 aportar, adem\u00e1s, <\/strong>una representaci\u00f3n gr\u00e1fica georreferenciada alternativa.<\/p>\n

    Qu\u00e9 ha de hacer el Registrador:<\/strong><\/p>\n

    1\u00ba Notificar <\/strong><\/p>\n

    — a los titulares registrales del dominio (si no incoaron ellos)<\/p>\n

    — a los titulares de las fincas registrales<\/strong>colindantes<\/strong> afectadas, salvo si son elementos de divisi\u00f3n horizontal.<\/p>\n

    — a los titulares de las parcelas catastrales colindantes<\/strong>, s\u00f3lo si se va a utilizar una representaci\u00f3n gr\u00e1fica alternativa.<\/p>\n

    — en divisiones horizontales s\u00f3lo al representante de la comunidad de propietarios.<\/p>\n

    — Forma de la notificaci\u00f3n:<\/strong><\/p>\n

    a) como regla, se har\u00e1 de forma personal<\/strong>.<\/p>\n

    b) por edicto en el BOE<\/strong> si alguno de los interesados fuera desconocido, se ignore el lugar de la notificaci\u00f3n o, tras dos intentos, no fuera efectiva la notificaci\u00f3n;<\/p>\n

    c) para reforzar el conocimiento efectivo se utilizar\u00e1 para convocar, en todo caso, el sistema de alertas en l\u00ednea<\/strong> previsto para fincas que fueran afectadas por procedimientos de inmatriculaci\u00f3n, deslinde o rectificaci\u00f3n de cabida o linderos.<\/p>\n

    — Los convocados o notificados podr\u00e1n comparecer<\/strong> en el plazo de los veinte d\u00edas siguientes ante el Registrador para alegar lo que a su derecho convenga.<\/p>\n

    2\u00ba.-<\/strong>Calificar<\/strong> conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 9. Esta referencia al art. 9 se refiere a que ha de valorar la correspondencia de la representaci\u00f3n gr\u00e1fica con la descripci\u00f3n literaria<\/strong>, no tener dudas al respecto y la posibilidad de utilizar los medios auxiliares de calificaci\u00f3n all\u00ed recogidos.<\/p>\n

    — Ha de denegar en todo caso<\/strong> si la representaci\u00f3n gr\u00e1fica de la finca coincidiera en todo o parte con otra base gr\u00e1fica inscrita o con el dominio p\u00fablico. Esto \u00faltimo lo ha de comunicar a la Administraci\u00f3n titular del inmueble afectado.<\/p>\n

    — Tambi\u00e9n ha de denegar<\/strong>si se opone<\/strong> el que acredite ser titular registral de la finca o de una colindante.<\/p>\n

    — En los dem\u00e1s casos decidir\u00e1 motivadamente. S\u00f3lo la calificaci\u00f3n negativa podr\u00e1 ser recurrida<\/strong> conforme a las normas generales. Las calificaciones negativas siempre han de ser motivadas. En las positivas no se exige que se expliciten los motivos. Sin embargo, la redacci\u00f3n del precepto siembra dudas respecto a calificaciones positivas, pese a la oposici\u00f3n expresa de personas que no hayan acreditado ser titulares registrales.<\/p>\n

    3\u00ba.- Incorporar.<\/strong><\/p>\n

    — Si es la catastral.<\/strong> En caso de calificaci\u00f3n positiva, la certificaci\u00f3n<\/strong> catastral descriptiva y gr\u00e1fica se incorporar\u00e1 al folio real y se har\u00e1 constar expresamente que la finca ha quedado coordinada<\/strong> gr\u00e1ficamente con el Catastro, circunstancia que se notificar\u00e1<\/strong> telem\u00e1ticamente al mismo y se reflejar\u00e1 en la publicidad<\/strong> formal que de la misma se expida.<\/p>\n

    — Si no es la catastral. <\/strong>Incorporar\u00e1 la representaci\u00f3n gr\u00e1fica alternativa al folio real, y lo comunicar\u00e1 al Catastro a fin de que incorpore la rectificaci\u00f3n que corresponda conforme al art. 18 TRLCat<\/a>. Practicada la alteraci\u00f3n, el Catastro lo comunicar\u00e1 al Registrador para que haga constar la circunstancia de la coordinaci\u00f3n e incorpore al folio real la nueva representaci\u00f3n gr\u00e1fica catastral de la finca. S\u00f3lo hasta ese momento podr\u00e1 darse publicidad a la representaci\u00f3n gr\u00e1fica alternativa.<\/p>\n

    Colindantes.<\/strong> Si se deniega la incorporaci\u00f3n por la posible invasi\u00f3n de fincas colindantes inmatriculadas, hay dos soluciones:<\/p>\n

    — el promotor podr\u00e1 instar el deslinde<\/strong>,<\/p>\n

    — los colindantes registrales afectados pueden consentir<\/strong> la rectificaci\u00f3n solicitada, bien en documento p\u00fablico, bien ante el Registrador, siempre que con ello no se encubran actos o negocios jur\u00eddicos no formalizados e inscritos debidamente.<\/p>\n

     <\/p>\n

    Art\u00edculo 200. Expediente de Deslinde. <\/strong><\/p>\n

    Cu\u00e1ndo procede: <\/strong><\/p>\n

    – S\u00f3lo es de aplicaci\u00f3n si las fincas est\u00e1n inscritas<\/strong>.<\/p>\n

    – Si no lo estuviesen<\/strong>, hay que acudir a los arts. 104 al 107 de la Ley de Jurisdicci\u00f3n Voluntaria<\/a> y se seguir\u00e1 ante el Secretario Judicial. Ni en un texto ni en otro se regula el caso en el que unas fincas est\u00e9n inscritas y las otras no.<\/p>\n

    – Las Administraciones P\u00fablicas<\/strong> no han de ser titulares de ninguno de los inmuebles afectados, pues, en tal caso, el deslinde se practicar\u00e1 conforme a su legislaci\u00f3n espec\u00edfica (ver, por ejemplo, la LPAAPP<\/a>).<\/p>\n

    Ante qui\u00e9n:<\/strong> El expediente de deslinde de fincas inscritas<\/strong> deber\u00e1 tramitarse ante Notario h\u00e1bil<\/strong> para actuar en el distrito notarial<\/strong> donde radiquen o en sus colindantes<\/strong>.<\/p>\n

    Qui\u00e9n:<\/strong> Ser\u00e1 a instancia de cualquier titular registral del dominio o derecho real. \u00a0<\/p>\n

    Qu\u00e9 ha de aportar: <\/strong><\/p>\n

    – escrito<\/p>\n

    – certificaci\u00f3n catastral<\/strong> descriptiva y gr\u00e1fica de la finca y de las colindantes afectadas; pero, si cree que la anterior no coincide con el deslinde solicitado, deber\u00e1 aportar tambi\u00e9n representaci\u00f3n gr\u00e1fica georreferenciada del mismo<\/p>\n

    – documentos o justificantes<\/strong> que sirvan de fundamento a su pretensi\u00f3n.<\/p>\n

    Qu\u00e9 ha de hacer el Notario:<\/strong><\/p>\n

    – comunicar el inicio<\/strong> del expediente a todos los interesados, d\u00e1ndoles quince d\u00edas para hacer alegaciones y presentar pruebas.<\/p>\n

    – les dar\u00e1 traslado<\/strong> de toda la documentaci\u00f3n<\/strong> aportada y los convocar\u00e1<\/strong>, en el plazo de otros treinta d\u00edas, a una comparecencia<\/strong>, para buscar la avenencia entre ellos.<\/p>\n

    – notificar\u00e1 el inicio del expediente al Registro de la Propiedad<\/strong> para que expida certificaci\u00f3n.<\/p>\n

    – Si hay acuerdo<\/strong>, aunque sea parcial para alg\u00fan lindero, autorizar escritura p\u00fablica.<\/strong><\/p>\n

    – Informar\u00e1 a la Direcci\u00f3n General del Catastro<\/strong> sobre la rectificaci\u00f3n realizada, por medios telem\u00e1ticos, en el plazo m\u00e1ximo de cinco d\u00edas desde la formalizaci\u00f3n del documento p\u00fablico (p\u00e1rrafo segundo de la letra c) del apartado 2 del art. 18 TRLCat<\/a>).<\/p>\n

    – Incorporar al documento p\u00fablico las nuevas certificaciones catastrales<\/strong> si se las hace llegar el Catastro (ha de hacerlo en otros cinco d\u00edas si se ha utilizado la cartograf\u00eda catastral).<\/p>\n

    – Si no hay acuerdo<\/strong>, el Notario dar\u00e1 por concluso el expediente.<\/p>\n

    Qu\u00e9 ha de hacer el Registrador:<\/strong><\/p>\n

    – A petici\u00f3n del Notario, expedir\u00e1 certificaci\u00f3n de titularidad y cargas<\/strong> de las fincas, incluidas colindantes afectadas, cuyos titulares habr\u00e1n de ser notificados del expediente por el Notario.<\/p>\n

    – Extender\u00e1 nota al margen<\/strong> de todas las fincas expresando la expedici\u00f3n de dicha certificaci\u00f3n, Notario que tramita y su finalidad. Caducar\u00e1 a los dos a\u00f1os<\/strong> contados desde su fecha.<\/p>\n

    – Suspender\u00e1 motivadamente si albergare dudas fundadas<\/strong> sobre la posibilidad de que el acuerdo de deslinde alcanzado encubriese un negocio traslativo u operaciones de modificaci\u00f3n de entidad hipotecaria.<\/p>\n

     <\/p>\n

    Art\u00edculo 201. Rectificar la descripci\u00f3n, superficie o linderos.<\/strong><\/p>\n

    Se van a aplicar las reglas de la inmatriculaci\u00f3n<\/strong> (art. 203) con las especialidades<\/strong> que apuntamos, sobre todo atendiendo a casos en que la rectificaci\u00f3n puede ser de escasa entidad<\/strong>.<\/p>\n

    Puede convenir leer previamente la rese\u00f1a del art. 203<\/strong>, pues aqu\u00ed se recogen en buena medida especialidades, pero se desea mantener el orden de art\u00edculos.<\/p>\n

    Cu\u00e1ndo no procede tramitar este expediente:\u00a0\u00a0 <\/strong><\/p>\n

    – para la rectificaci\u00f3n descriptiva de edificaciones<\/strong>, fincas o elementos de divisi\u00f3n horizontal (ha de rectificarse el t\u00edtulo original)<\/p>\n

    – para fincas resultantes de expediente administrativo de reorganizaci\u00f3n de la propiedad<\/strong>, expropiaci\u00f3n o deslinde (ha de tramitarse el procedimiento administrativo correspondiente).<\/p>\n

    Cu\u00e1ndo no es imprescindible:<\/strong><\/p>\n

    – En la alteraci\u00f3n de la calificaci\u00f3n o clasificaci\u00f3n de la finca, destino<\/strong>, caracter\u00edsticas f\u00edsicas distintas de la superficie o los linderos, o los datos que permitan su adecuada localizaci\u00f3n o identificaci\u00f3n, tales como el nombre por el que fuere conocida o el n\u00famero o denominaci\u00f3n de la calle<\/strong>, lugar o sitio en que se encuentre. La modificaci\u00f3n ha de acreditarse al Registrador en la forma que se determine reglamentariamente.<\/p>\n

    – En peque\u00f1as diferencias de cabida. <\/strong><\/p>\n

      \n
    1. a) Hasta de un diez por ciento<\/strong> sobre la inscrita. Precisa:<\/li>\n<\/ol>\n

      — <\/strong>certificaci\u00f3n catastral descriptiva y gr\u00e1fica,<\/p>\n

      — plena coincidencia de los datos descriptivos entre la parcela catastral y la finca inscrita.<\/p>\n

      — que no tenga el Registrador dudas fundadas.<\/p>\n

        \n
      1. b) Hasta de un cinco por ciento<\/strong> sobre la inscrita, si no tiene el Registrador dudas fundadas.<\/li>\n<\/ol>\n

        Ante qui\u00e9n:<\/strong> El expediente deber\u00e1 tramitarse ante Notario h\u00e1bil<\/strong> para actuar en el distrito notarial<\/strong> donde radiquen o en sus colindantes<\/strong>. No se dice expresamente, por lo que se deduce del art\u00edculo 203 al que el 201 se remite.<\/p>\n

        Qui\u00e9n:<\/strong> Ser\u00e1 a instancia de cualquier titular registral del dominio o derecho real.\u00a0<\/p>\n

        Qu\u00e9 ha de aportar: <\/strong><\/p>\n

        – descripci\u00f3n<\/strong> registral de la finca y su descripci\u00f3n actualizada,<\/p>\n

        – manifestaci\u00f3n<\/strong> de que las diferencias obedecen exclusivamente a errores descriptivos<\/strong> del Registro y no a la celebraci\u00f3n de negocios traslativos o en general a cualquier modificaci\u00f3n, no registrada, de la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la finca inscrita;<\/p>\n

        – expresar los datos de que disponga sobre la identidad y domicilio de los titulares<\/strong> de la propia finca y de las colindantes tanto registrales como catastrales;<\/p>\n

        – certificaci\u00f3n catastral<\/strong> descriptiva y gr\u00e1fica de la finca o fincas objeto del expediente.<\/p>\n

        – representaci\u00f3n gr\u00e1fica georreferenciada<\/strong> si manifiesta que la representaci\u00f3n gr\u00e1fica catastral no coincide con la rectificaci\u00f3n solicitada.<\/p>\n

        Qu\u00e9 ha de hacer el Notario:<\/strong><\/p>\n

        Apuntamos s\u00f3lo las diferencias con el expediente de inmatriculaci\u00f3n.<\/p>\n

        – Menos requisitos en la notificaci\u00f3n de la pretensi\u00f3n<\/strong> (apartados d) y e) de la regla quinta, art. 203)<\/p>\n

        – Si se ha aportado representaci\u00f3n gr\u00e1fica alternativa, Informar\u00e1 a la Direcci\u00f3n General del Catastro<\/strong> sobre la rectificaci\u00f3n realizada, por medios telem\u00e1ticos, en el plazo m\u00e1ximo de cinco d\u00edas desde la formalizaci\u00f3n del documento p\u00fablico (p\u00e1rrafo segundo de la letra c) del apartado 2 del art. 18 TRLCat<\/a>).<\/p>\n

         <\/p>\n

        Qu\u00e9 ha de hacer el Registrador:<\/strong><\/p>\n

        Apuntamos s\u00f3lo las diferencias con el expediente de inmatriculaci\u00f3n.<\/p>\n

        – El contenido de la certificaci\u00f3n<\/strong> de la regla tercera del art. 203 se entender\u00e1 limitado a la rectificaci\u00f3n cuya inscripci\u00f3n se solicita.<\/p>\n

        – Suspender\u00e1 motivadamente<\/strong> si, atendiendo al expediente y a los datos registrales, albergare dudas fundadas<\/strong> sobre la posibilidad de que el expediente encubriese un negocio traslativo u operaciones de modificaci\u00f3n de entidad hipotecaria.<\/p>\n

        – En caso de peque\u00f1as diferencias de cabida: <\/strong>resoluci\u00f3n motivada de que no alberga dudas sobre la realidad de la modificaci\u00f3n solicitada. \u00bfEn qu\u00e9 puede fundar las dudas?<\/strong><\/p>\n

        \u00a0— en la previa comprobaci\u00f3n, con exactitud, de la cabida<\/strong> inscrita,<\/p>\n

        — en la reiteraci\u00f3n<\/strong> de rectificaciones<\/p>\n

        — en que la finca proceda de actos de segregaci\u00f3n<\/strong>, divisi\u00f3n o agregaci\u00f3n, en los que se haya determinado con exactitud su superficie.<\/p>\n

        – Notificar <\/strong>de la diferencia de cabida a los titulares registrales de las fincas colindantes<\/strong>. Ojo: tambi\u00e9n cuando sea inferior al 5% e, incluso, cuando sea en menos (aunque,en este caso, poco perjuicio pueden tener los colindantes).<\/p>\n

        – No se aplica la determinaci\u00f3n de la prioridad de cargas<\/strong> y grav\u00e1menes (\u00faltimo p\u00e1rrafo de la regla sexta del art\u00edculo 203).<\/p>\n

         <\/p>\n

        Art\u00edculo 202: Edificaciones y plantaciones. <\/strong><\/p>\n

        Su contenido procede en muy buena medida del antiguo art\u00edculo 208 que ya preve\u00eda que estas declaraciones de obra nueva o an\u00e1loga, tanto pod\u00edan ser t\u00edtulos independientes -lo m\u00e1s habitual- como a\u00f1adidos a otros t\u00edtulos en el mismo documento.<\/p>\n

        Podemos citar como novedades:<\/strong><\/p>\n

        – Se recoge de modo expreso la posible inscripci\u00f3n de instalaciones, incluso removibles. <\/strong>Aunque es interpretable, por el juego de comas, puede entenderse que se extiende a edificaciones removibles<\/strong> como pueden ser las casas prefabricadas o desmontables. Cobra mayor importancia la interpretaci\u00f3n del \u00e1mbito de los inmuebles por destino del art. 334 Cc<\/a>.<\/p>\n

        – Se adaptan los requisitos para su inscripci\u00f3n<\/strong> a la regulaci\u00f3n actual, frente a un texto que hab\u00eda quedado anticuado.<\/p>\n

        – Nuevo requisito<\/strong> para las declaraciones que no se extiendan a la integridad del solar: ha de definirse la porci\u00f3n de suelo que ocupe mediante sus coordenadas de referenciaci\u00f3n geogr\u00e1fica. <\/strong>Es de suponer que este dato se apoye en documentaci\u00f3n gr\u00e1fica o informe t\u00e9cnico que lo acredite.<\/p>\n

        – <\/strong>El libro del edificio<\/strong> ha de aportarse para su archivo registral.<\/p>\n

        — Supone una reforma de gran trascendencia<\/strong>, pues, a trav\u00e9s de este libro podr\u00e1 accederse a una rica informaci\u00f3n<\/strong> que puede crecer todav\u00eda m\u00e1s en el futuro, debiendo tenderse a que sea electr\u00f3nico y actualizado. Podr\u00e1 as\u00ed conocerse -o bien ahora o m\u00e1s adelante-, por ejemplo, la representaci\u00f3n gr\u00e1fica de pisos y elementos comunes, los mapas de suministros del edificio, requisitos de mantenimiento, memoria de materiales, limitaciones urban\u00edsticas, calificaci\u00f3n energ\u00e9tica, cuentas, \u00f3rganos y acuerdos\u2026 Existe normativa al respecto dispersa en diferentes CCAA, que convendr\u00eda unificar.<\/p>\n

        – En el folio real de cada elemento independiente<\/strong> se har\u00e1 constar su respectiva representaci\u00f3n gr\u00e1fica<\/strong>, tomada del proyecto incorporado al libro.<\/p>\n

        – Parece que tan profunda innovaci\u00f3n ser\u00e1 referida a las obras que se inscriban a partir del 1\u00ba de noviembre de 2015, pero no afectar\u00e1 s\u00f3lo a las edificaciones que se dividan horizontalmente, sino a todas, salvo las antiguas<\/strong>.<\/p>\n

        – \u00bfCu\u00e1ndo no ser\u00e1 necesario por su antig\u00fcedad<\/strong>? Entiendo que habr\u00e1 de atenderse a la normativa espec\u00edfica: si \u00e9sta lo exige y desde ese momento, podr\u00e1 ser exigible su aportaci\u00f3n por el registrador como requisito para la inscripci\u00f3n de la obra nueva, lo que ser\u00e1 lo m\u00e1s com\u00fan para las posteriores al a\u00f1o 2000, ya que el art\u00edculo 7 de la Ley 38\/1999, de 5 de noviembre, de Ordenaci\u00f3n de la Edificaci\u00f3n<\/em><\/a> prev\u00e9 que al Libro del Edificio se incorpore el proyecto y sus modificaciones, el acta de recepci\u00f3n, la relaci\u00f3n identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificaci\u00f3n y las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones.<\/p>\n

         <\/p>\n

        Inmatriculaci\u00f3n. Art\u00edculos 203 al 207. <\/strong><\/p>\n

        Vamos a tratar la inmatriculaci\u00f3n en seis apartados que enumeramos:<\/p>\n

          \n
        1. Inmatriculaci\u00f3n del dominio por expediente de dominio. Art\u00edculo 203.1<\/li>\n
        2. Inmatriculaci\u00f3n de un derecho real, no estando inscrito el dominio. Art. 203.2<\/li>\n
        3. Otros procedimientos de inmatriculaci\u00f3n. Art\u00edculo 204.<\/li>\n
        4. Inmatriculaci\u00f3n por t\u00edtulo p\u00fablico de adquisici\u00f3n. Art\u00edculo 205.<\/li>\n
        5. Inmatriculaci\u00f3n a favor de las Administraciones P\u00fablicas. Art\u00edculo 206.<\/li>\n
        6. Inmatriculaci\u00f3n: limitaci\u00f3n de efectos. Art\u00edculo 207.<\/li>\n<\/ol>\n

          \u00a0<\/strong><\/p>\n

          1. Inmatriculaci\u00f3n del dominio por expediente de dominio. Art\u00edculo 203.1<\/strong><\/p>\n

          Ante qui\u00e9n:<\/strong> El expediente deber\u00e1 tramitarse ante Notario h\u00e1bil<\/strong> para actuar en el distrito notarial<\/strong> donde radiquen o en sus colindantes<\/strong>. As\u00ed pues, el Notario sustituye al Juez. Cabe un solo expediente para varias fincas del mismo registro.<\/p>\n

          Qui\u00e9n:<\/strong> Ser\u00e1 a instancia del titular dominical de la finca. No aclara expresamente si puede ser s\u00f3lo uno de varios titulares.\u00a0<\/p>\n

          Qu\u00e9 ha de aportar: <\/strong><\/p>\n

          – solicitud<\/strong> con descripci\u00f3n literaria<\/p>\n

          – T\u00edtulo de propiedad<\/strong> de la finca<\/p>\n

          – certificaci\u00f3n catastral<\/strong> descriptiva y gr\u00e1fica de la parcela o parcelas catastrales, que se correspondan con la descripci\u00f3n literaria y la delimitaci\u00f3n gr\u00e1fica de la finca, con expresi\u00f3n de los titulares catastrales de dichas parcelas y sus colindantes, as\u00ed como sus respectivos domicilios.<\/p>\n

          – datos registrales, catastrales<\/strong> o de cualquier otro origen de los que disponga el promotor y sirvan para localizar las fincas registrales y parcelas catastrales colindantes<\/strong>.<\/p>\n

          – Identificaci\u00f3n de los derechos constituidos<\/strong> sobre la finca y las cargas con sus titulares, poseedores y arrendatarios.<\/p>\n

          Qu\u00e9 ha de hacer el Notario:<\/strong><\/p>\n

          – Levantar\u00e1 acta<\/strong> a la que<\/p>\n

          — incorporar\u00e1 la documentaci\u00f3n presentada,<\/p>\n

          –remitir\u00e1 copia del acta al Registrador solicitando la expedici\u00f3n de certificaci\u00f3n y solicitar\u00e1 anotaci\u00f3n preventiva. Creo que el Notario siempre ha de pedir la anotaci\u00f3n.<\/p>\n

          – Recibida la comunicaci\u00f3n del Registro con la certificaci\u00f3n y de que se ha extendido anotaci\u00f3n, el Notario notificar\u00e1<\/strong> a los que resulten interesados como titulares de cargas, derechos o acciones, a aquel de quien procedan los bienes o sus causahabientes, si fuesen conocidos, al titular catastral y al poseedor de hecho de la finca, al Ayuntamiento en que est\u00e9 situada la finca y a la Administraci\u00f3n titular del dominio p\u00fablico que pudiera verse afectado, para que puedan comparecer<\/strong> en el expediente y hacer valer sus derechos.<\/p>\n

          – Insertar\u00e1 un edicto gratuito en el BOE<\/strong> y, potestativamente en el tabl\u00f3n de anuncios del Ayuntamiento.<\/p>\n

          – Notificar\u00e1 a los propietarios<\/strong> de las fincas registrales y catastrales colindantes<\/strong> y a los titulares de derechos reales constituidos sobre ellas en los domicilios que consten en el Registro y, caso de ser distintos, en cualesquiera otros que resulten del expediente.<\/p>\n

          – Durante un mes recoger\u00e1 alegaciones y pruebas<\/strong> escritas presentadas por cualquier interesado.<\/p>\n

          – Dar\u00e1 por concluso el expediente, archivando actuaciones si se formulase oposici\u00f3n<\/strong> por cualquiera de los interesados, con expresi\u00f3n de la causa en que se funde, dando cuenta inmediata al Registrador. Lo mismo har\u00e1 si se entabla juicio declarativo ordinario relativo al dominio o cualquier otro derecho inscribible, relativo a la misma finca.<\/p>\n

          – En otro caso, levantar\u00e1 acta<\/strong> accediendo a la pretensi\u00f3n del solicitante, en la que se recoger\u00e1n las incidencias del expediente, los documentos aportados, as\u00ed como la falta de oposici\u00f3n por parte de ninguno de los posibles interesados.<\/p>\n

          – Remitir\u00e1 copia<\/strong> del acta al Registrador para que practique, si procede, la inmatriculaci\u00f3n solicitada.<\/p>\n

          Qu\u00e9 ha de hacer el Registrador:<\/strong><\/p>\n

          — expedir\u00e1 en quince d\u00edas certificaci\u00f3n<\/strong> acreditativa de que la finca no consta inscrita, tras consultar su archivo, tanto literario como gr\u00e1fico en soporte papel o inform\u00e1tico, una vez que haya verificado que concurren las siguientes circunstancias:<\/strong><\/p>\n

          a) La correspondencia de descripciones entre el t\u00edtulo de propiedad aportado y la certificaci\u00f3n catastral. Dice correspondencia, no identidad.<\/p>\n

          b) La falta de previa inmatriculaci\u00f3n de la finca a favor de persona alguna.<\/p>\n

          c) La ausencia de dudas<\/strong> fundadas sobre la coincidencia<\/strong> total o parcial de la finca cuya inmatriculaci\u00f3n se solicita con otra u otras que hubiesen sido previamente inmatriculadas.<\/p>\n

          — si tuviera dudas fundadas sobre la posible invasi\u00f3n de fincas de dominio p\u00fablico<\/strong> no inmatriculadas, seg\u00fan informaci\u00f3n territorial asociada, facilitada por las Administraciones P\u00fablicas, las notificar\u00e1 para que informen en un mes.<\/p>\n

          — Si practica la anotaci\u00f3n preventiva<\/strong> de la pretensi\u00f3n de inmatriculaci\u00f3n, remitir\u00e1 al Notario la certificaci\u00f3n. Tendr\u00e1 una vigencia de noventa d\u00edas<\/strong>, pudiendo ser prorrogada a instancia del Notario o del promotor del expediente, hasta un m\u00e1ximo de ciento ochenta d\u00edas de su fecha, si a juicio del Registrador existe causa que lo justifique. No se dice que sean d\u00edas h\u00e1biles<\/strong>, pero deben de serlo por aplicaci\u00f3n del art. 109 RH<\/a> y, porque en muchos de los plazos de la Ley Hipotecaria nada se dice, a pesar de ser efectivamente h\u00e1biles, como los 60 del asiento de presentaci\u00f3n (art. 17).<\/p>\n

          — Si deniega la anotaci\u00f3n<\/strong>, ha de motivarlo y comunicar al Notario para que archive las actuaciones. Ha de denegar si la Administraci\u00f3n informante sobre el dominio p\u00fablico se opone y parece que ello no es recurrible.<\/p>\n

          Nota:<\/strong> El Notario solicita dos cosas al Registrador, certificaci\u00f3n y anotaci\u00f3n. Parece que, salvo casos particulares en que falte alguna circunstancia para el asiento, el Registrador ha de hacer ambas o ninguna. Si no considera que deba emitir la certificaci\u00f3n, tampoco ha de anotar y la nota de calificaci\u00f3n ha de centrarse en la negativa a anotar, no en la negativa a emitir certificaci\u00f3n. La calificaci\u00f3n podr\u00eda ser objeto de recurso, por ejemplo, por no haberse motivado debidamente lo fundado de las dudas. Pero de no presentarse recurso, las actuaciones se han de cerrar, pudiendo el interesado acudir a la v\u00eda jurisdiccional.<\/p>\n

          – Calificar el acta definitiva<\/strong> para extender la inscripci\u00f3n del derecho<\/strong> de dominio, con efectos desde el asiento de presentaci\u00f3n. Si se tom\u00f3 anotaci\u00f3n preventiva \u2013que ser\u00e1 lo habitual-, se convertir\u00e1 en inscripci\u00f3n definitiva.<\/p>\n

          – Si en el expediente aparecieran cargas<\/strong>, previa calificaci\u00f3n, las inscribir\u00e1 atendiendo a las normas sobre preferencia establecidas por la legislaci\u00f3n civil y en la normativa espec\u00edfica que resultase aplicable en atenci\u00f3n a la naturaleza del cr\u00e9dito y de la carga o gravamen y, en su defecto, a la fecha de los mismos t\u00edtulos. Si fuesen incompatibles y no se manifestare por los interesados la preferencia, se tomar\u00e1 anotaci\u00f3n preventiva de cada uno, hasta que por los Tribunales se decida a cu\u00e1l de ellos ha de darse preferencia.<\/p>\n

          – Ordenar\u00e1 la publicaci\u00f3n de un edicto<\/strong> que refleje los datos de la finca o fincas que resulten del expediente, as\u00ed como su titularidad y cargas que se publicar\u00e1 gratuitamente en el BOE.<\/p>\n

          – Pondr\u00e1 nota marginal de la publicaci\u00f3n<\/strong> efectiva del edicto.<\/p>\n

          – A efectos meramente informativos, se utilizar\u00e1 un servicio en l\u00ednea<\/strong>, relacionado con la aplicaci\u00f3n de representaci\u00f3n gr\u00e1fica a que se refiere el art\u00edculo 9, para crear alertas<\/strong> espec\u00edficas sobre fincas que fueran afectadas por procedimientos de inmatriculaci\u00f3n, deslinde o rectificaci\u00f3n de cabida o linderos.<\/p>\n

          – No admitir\u00e1 la tramitaci\u00f3n de otro procedimiento simult\u00e1neo<\/strong> que afecte de forma total o parcial a la finca.<\/p>\n

          Los interesados mantendr\u00e1n la facultad para acudir al procedimiento correspondiente<\/strong>, en defensa de su derecho al inmueble. En concreto, el promotor podr\u00e1 entablar demanda en juicio declarativo contra todos los interesados que se hubieran opuesto, ante el Juez de primera instancia correspondiente al lugar en que radique la finca.<\/p>\n

          Este procedimiento de inmatriculaci\u00f3n no tiene la limitaci\u00f3n de dos a\u00f1os<\/strong> respecto a terceros de los efectos del art. 34 LH<\/a>.<\/p>\n

           <\/p>\n

          2. Inmatriculaci\u00f3n de un derecho real, no estando inscrito el dominio. Art. 203.2<\/strong><\/p>\n

          Como la inscripci\u00f3n es voluntaria, no se puede imponer la inmatriculaci\u00f3n del dominio a un particular y a su costa y, por ello, se dictan reglas para que el titular de un derecho real impuesto sobre fincas ajenas no inscritas pueda solicitar la inscripci\u00f3n de su derecho. La resoluci\u00f3n positiva del expediente implica la inmatriculaci\u00f3n de la finca con inscripci\u00f3n del dominio, aunque no intervenga el propietario.<\/p>\n

          – El titular del derecho real ha de presentar al Registro su t\u00edtulo, solicitando que se tome anotaci\u00f3n preventiva<\/strong> por falta de previa inscripci\u00f3n.<\/p>\n

          – Tras la anotaci\u00f3n, el Registrador requerir\u00e1 al due\u00f1o para que inscriba su propiedad.<\/p>\n

          – Pasados 20 d\u00edas, el anotante podr\u00e1 pedir la inscripci\u00f3n del dominio. Si no tuviera los documentos necesarios, acudir\u00e1 al Registrador para que los pida a la autoridad que custodie los archivos. Si resulta infructuoso, podr\u00e1 el interesado justificar el dominio del due\u00f1o en la forma que prescribe esta Ley.<\/p>\n

          – En su caso, el Registrador inscribir\u00e1 el dominio y convertir\u00e1 en inscripci\u00f3n definitiva la anotaci\u00f3n del derecho real si no ha caducado.<\/p>\n

          – El Registrador dar\u00e1 por concluido el procedimiento si se le acredita interposici\u00f3n de demanda.<\/p>\n

          \u00a0<\/strong><\/p>\n

          3. Otros procedimientos de inmatriculaci\u00f3n. Art\u00edculo 204.<\/strong><\/p>\n

          En buena t\u00e9cnica, el contenido de este art\u00edculo deber\u00eda ser posterior al resto de art\u00edculos sobre inmatriculaci\u00f3n. Si no es as\u00ed tal vez se deba al deseo del Legislador de no desubicar al art\u00edculo 205 de su contenido original y porque el 206 entra en vigor en momento diferente.<\/p>\n

          Puede obtenerse la inmatriculaci\u00f3n tambi\u00e9n<\/strong> en los siguientes supuestos:<\/p>\n

          1.\u00ba Fincas aportadas a expedientes de transformaci\u00f3n o equidistribuci\u00f3n urban\u00edstica<\/strong>. Ha de aportarse el t\u00edtulo que proceda para inscribir las fincas de resultado.<\/p>\n

          2.\u00ba Fincas de reemplazo resultantes de expedientes de concentraci\u00f3n parcelaria<\/strong>.<\/p>\n

          3.\u00ba Fincas objeto de expropiaci\u00f3n forzosa<\/strong>. Ver art. 53<\/a> Ley de Expropiaci\u00f3n Forzosa.<\/p>\n

          4.\u00ba Fincas de titularidad p\u00fablica resultantes de procedimientos administrativos de deslinde<\/strong>. Ver art. 53<\/a> de la Ley del Patrimonio de las Administraciones P\u00fablicas.<\/p>\n

          5.\u00ba En virtud de sentencia<\/strong> que ordene la inmatriculaci\u00f3n, obtenida en procedimiento declarativo<\/strong> en que hayan sido demandados todos los que, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 203, deban intervenir en el expediente, con las garant\u00edas de dicho art\u00edculo. Nota: de todos modos, la calificaci\u00f3n de este documento tendr\u00e1 los l\u00edmites del art- 100 RH, aunque se hagan mayores especificaciones al respecto, que parecen dirigidas al Juez.<\/p>\n

          Estos procedimientos de inmatriculaci\u00f3n tienen la limitaci\u00f3n de dos a\u00f1os<\/strong> respecto a terceros de los efectos del art. 34 LH<\/a>, salvo el del apartado 5\u00ba.<\/p>\n

          Obligaciones comunes del Registrador:<\/strong><\/p>\n

          – Catastro<\/strong>. \u00a0Si no han sido creadas previamente las parcelas catastrales correspondientes, el Registrador remitir\u00e1 al Catastro copia de la representaci\u00f3n gr\u00e1fica aportada<\/strong>, para que \u00e9ste le devuelva las referencias catastrales de las fincas y su representaci\u00f3n gr\u00e1fica catastral indicando si la finca ha de entenderse coordinada. Nota: aunque no se diga de modo expreso, esa coordinaci\u00f3n debe de ser calificada por el Registrador.<\/p>\n

          – Edicto.<\/strong> Una vez practicada la inmatriculaci\u00f3n, el Registrador ordenar\u00e1 la publicaci\u00f3n de un edicto<\/strong> que refleje los datos de la finca o fincas que resulten del expediente, as\u00ed como su titularidad y cargas que se publicar\u00e1 gratuitamente en el BOE. \u00bfPondr\u00e1 nota marginal de la publicaci\u00f3n efectiva del edicto? No se dice nada, pero hay una clara analog\u00eda con la regla s\u00e9ptima del art. 203. Tampoco se dice nada de la utilizaci\u00f3n del servicio en l\u00ednea,<\/p>\n

           <\/p>\n

          4. Inmatriculaci\u00f3n por t\u00edtulo p\u00fablico de adquisici\u00f3n. Art\u00edculo 205. <\/strong><\/p>\n

          Requisitos de los t\u00edtulos:<\/strong><\/p>\n

          – T\u00edtulo p\u00fablico traslativo. <\/strong>Las redacciones anteriores de los arts. 205 y 199 alud\u00edan a la adquisici\u00f3n, no a la transmisi\u00f3n. Aunque se pudieran considerar dos caras de la misma moneda, puede que la nueva redacci\u00f3n vete t\u00edtulos determinativos como la disoluci\u00f3n de comunidad que hab\u00eda sido aceptada por la DGRN. \u00a0<\/p>\n

          – T\u00edtulo p\u00fablico previo<\/strong> de adquisici\u00f3n de los ahora transmitentes. As\u00ed, pues, el t\u00edtulo previo tambi\u00e9n ha de ser p\u00fablico, por lo que ha de preferirse por jerarqu\u00eda a la mera exigencia de documento fehaciente del art. 298 RH. El hablar de adquisici\u00f3n,<\/em> como en la redacci\u00f3n anterior, respecto a este t\u00edtulo previo, tal vez pueda dar pie a una interpretaci\u00f3n m\u00e1s benigna sobre la posibilidad de admitir en este caso las disoluciones de comunidad.<\/p>\n

          – Un a\u00f1o<\/strong> de diferencia entre ambos t\u00edtulos. Se trata as\u00ed de dificultar la f\u00e1brica de t\u00edtulos para inmatricular.<\/p>\n

          – Identidad<\/strong>en la descripci\u00f3n<\/strong> de la finca contenida en ambos t\u00edtulos a juicio del Registrador. La identidad claramente ha de ser de ubicaci\u00f3n. \u00bfPero la superficie y los linderos han de coincidir exactamente? Parece totalmente excesivo, pues los colindantes pueden haber cambiado en ese a\u00f1o y puede haber peque\u00f1as correcciones de superficie \u2013pongamos que inferiores al 5%- para acomodar la medida, por ejemplo, al Catastro. Aunque el legislador hable de \u201cidentidad\u201d, de interpretarse en t\u00e9rminos estrictos esa expresi\u00f3n, entrar\u00eda en contradicci\u00f3n cuando a\u00f1ade \u201ca juicio del Registrador\u201d, pues poco juicio podr\u00eda emitirse si no se puede cambiar ni una coma.<\/p>\n

          – Identidad<\/strong> entre la descripci\u00f3n contenida en el t\u00edtulo y la certificaci\u00f3n catastral<\/strong> descriptiva y gr\u00e1fica que ha de ser aportada al efecto. Si se acepta la interpretaci\u00f3n anterior, la descripci\u00f3n del nuevo t\u00edtulo podr\u00eda acomodarse como un guante a la certificaci\u00f3n catastral descriptiva y gr\u00e1fica. Creo que avala la anterior opini\u00f3n el uso de la expresi\u00f3n \u201cy en todo caso\u201d, pues el Legislador parece que marca dos grados de exigencia de identificaci\u00f3n siendo el m\u00e1s escrito el que resulte de hacer la comparaci\u00f3n con el certificado catastral.<\/p>\n

          – Que los mismos derechos no estuvieren<\/strong> inscritos a favor de otra persona. Al hacer hincapi\u00e9 en los derechos y no en la finca, parece que cabr\u00eda te\u00f3ricamente la inmatriculaci\u00f3n de una cuota indivisa del dominio como hasta ahora, aunque plantee muchos problemas pr\u00e1cticos.<\/p>\n

          Qu\u00e9 ha de hacer el Registrador:<\/strong><\/p>\n

          – Verificar la falta de previa inscripci\u00f3n de la finca a favor de persona alguna, tras lo cual no ha de tener dudas fundadas<\/strong> sobre la coincidencia total o parcial de la finca cuya inmatriculaci\u00f3n se pretende con otras ya inmatriculadas.<\/p>\n

          – Si puede afectar a fincas no inmatriculadas de dominio p\u00fablico<\/strong>, seg\u00fan informaci\u00f3n territorial asociada, facilitada por las Administraciones P\u00fablicas, las notificar\u00e1 para que informen en un mes.<\/p>\n

          – Si califica positivamente<\/strong>, inscribir\u00e1 e, inmediatamente:<\/p>\n

          — notificar\u00e1<\/strong> la inmatriculaci\u00f3n realizada, en la forma prevenida reglamentariamente, en los domicilios que consten en el Registro y, caso de ser distintos, en cualesquiera otros que resulten de los documentos aportados:<\/p>\n

          — al poseedor de hecho,<\/p>\n

          — a los titulares de cargas, derechos o acciones que puedan gravar la finca y fueran conocidos,<\/p>\n

          — a los propietarios de las fincas registrales y catastrales colindantes<\/em><\/strong><\/p>\n

          — al Ayuntamiento<\/em><\/strong> en que est\u00e9 situada la finca. No es un edicto.<\/p>\n

          — ordenar\u00e1 la publicaci\u00f3n del edicto<\/strong> que refleje los datos de las fincas que resulten del expediente, su titularidad y cargas que se publicar\u00e1 gratuitamente en el BOE<\/strong>. \u00bfPondr\u00e1 nota marginal de la publicaci\u00f3n efectiva del edicto? <\/strong>No se dice nada, pero hay una clara analog\u00eda con la regla s\u00e9ptima del art. 203 en que s\u00ed se exige.<\/p>\n

          — y utilizar\u00e1 el servicio en l\u00ednea<\/strong> para creaci\u00f3n de alertas espec\u00edficas.<\/p>\n

          – Ha de calificar negativamente<\/strong> si la Administraci\u00f3n afectada por el dominio p\u00fablico manifestase su oposici\u00f3n<\/strong> a la inmatriculaci\u00f3n. Tambi\u00e9n, si en general tiene dudas<\/strong> sobre la coincidencia con alguna finca ya inmatriculada, o sin inmatricular de dominio p\u00fablico. Las dudas<\/strong> han de estar fundadas<\/strong>, explicitadas en la nota de calificaci\u00f3n y pueden ser objeto de recurso, pues no puede supeditarse la inmatriculaci\u00f3n a la discrecionalidad. Lamentablemente el legislador no da pautas<\/strong> para determinar cu\u00e1ndo est\u00e1n fundadas esas dudas como ocurre para los casos de modificaciones de cabida. Es de suponer que, al respecto, aparte de la cartograf\u00eda catastral, pueda utilizar los medios auxiliares<\/strong> de calificaci\u00f3n a los que alude el art. 9, especialmente si la cartograf\u00eda catastral en la zona tiene carencias.<\/p>\n

          Estos procedimientos de inmatriculaci\u00f3n tienen la limitaci\u00f3n de dos a\u00f1os<\/strong> respecto a terceros de los efectos del art. 34 LH<\/a>,<\/p>\n

          Por la Disposici\u00f3n Transitoria<\/strong>, s\u00f3lo se aplicar\u00e1 el procedimiento anterior si el t\u00edtulo estuviese presentado antes del 1 de noviembre de 2015.<\/p>\n

           <\/p>\n

          5. Inmatriculaci\u00f3n a favor de las Administraciones P\u00fablicas. Art\u00edculo 206. <\/strong><\/p>\n

          Este art\u00edculo ya ha entrado en vigor.<\/strong><\/p>\n

          El precepto no s\u00f3lo regula la inmatriculaci\u00f3n<\/strong>, sino la reanudaci\u00f3n del tracto y otras operaciones registrales que tienen el denominador com\u00fan del uso de documentaci\u00f3n administrativa<\/strong>.<\/p>\n

          La variaci\u00f3n m\u00e1s llamativa es la desaparici\u00f3n del privilegio que compart\u00eda la Iglesia Cat\u00f3lica<\/strong> con las AAPP desde 1946 para poder inmatricular por este procedimiento especial y que sobrevivi\u00f3 a la reforma de 1996. La E. de M. razona la situaci\u00f3n anterior, alegando que en 1946 hab\u00eda un contexto socioecon\u00f3mico muy diferente del actual, influenciado a\u00fan por los efectos de las Leyes Desamortizadoras y la posterior recuperaci\u00f3n de parte de los bienes por la Iglesia Cat\u00f3lica, en muchos casos sin una titulaci\u00f3n aut\u00e9ntica. La reforma del Reglamento Hipotecario de 1998 permiti\u00f3 la inscripci\u00f3n de los templos destinados al culto cat\u00f3lico, por lo que han transcurrido 17 a\u00f1os en los que ello ha sido posible. Tambi\u00e9n es de destacar que, seg\u00fan el art. 16 de nuestra Constituci\u00f3n<\/a>, ninguna confesi\u00f3n tendr\u00e1 car\u00e1cter estatal. `<\/p>\n

          Qui\u00e9nes. <\/strong>Pueden usar este procedimiento especial las Administraciones P\u00fablicas y las entidades de Derecho p\u00fablico<\/strong> con personalidad jur\u00eddica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de aqu\u00e9llas. Podr\u00edamos tomar prestado el concepto del art. 2 LRJAPyPAC<\/a> que se centra en la Administraci\u00f3n del Estado, de las CCAA y las Entidades de la Administraci\u00f3n Local. En la misma l\u00ednea el art\u00edculo 2<\/a> de la Ley del Patrimonio de las Administraciones P\u00fablicas.\u00a0<\/p>\n

          En la redacci\u00f3n anterior<\/strong>, se alud\u00eda a las tres administraciones territoriales (Estado, la Provincia, el Municipio) y a las Corporaciones de Derecho p\u00fablico (a las que ahora no se alude expresamente). Se sustituye la expresi\u00f3n de servicios organizados, que no exig\u00eda personalidad propia y estaban referidos s\u00f3lo al Estado, por entidades con personalidad jur\u00eddica conectadas con cualquiera de las tres administraciones territoriales.<\/p>\n

          Ver Resoluci\u00f3n de 10 de febrero de 2009<\/a> (t\u00edtulo procedente de la Agencia Tributaria) y Resoluci\u00f3n de 9 de abril de 2014<\/a> (t\u00edtulo proveniente de la Autoridad Portuaria).<\/p>\n

          Por la Disposici\u00f3n Transitoria<\/strong>, s\u00f3lo se aplicar\u00e1 el procedimiento anterior si el t\u00edtulo estuviese presentado antes del 26 de junio de 2015.<\/p>\n

          Documentaci\u00f3n a aportar: <\/strong><\/p>\n

          – t\u00edtulo escrito de dominio<\/strong>, cuando dispongan de \u00e9l,<\/p>\n

          – certificaci\u00f3n administrativa<\/strong> librada por el funcionario a cuyo cargo se encuentre la administraci\u00f3n del inmueble con los requisitos que se indican, m\u00e1s detallados, al incorporar en parte el desarrollo del Reglamento Hipotecario<\/a>, art\u00edculos que han de decaer en lo que sean contradictorios.<\/p>\n

          – certificaci\u00f3n catastral descriptiva y gr\u00e1fica<\/strong> de la parcela o parcelas catastrales, que se corresponda con la descripci\u00f3n literaria y la delimitaci\u00f3n geogr\u00e1fica de la finca. Si la finca carece de ella, podr\u00e1 aportarse una representaci\u00f3n gr\u00e1fica georreferenciada<\/strong> alternativa, m\u00e1s informe del Catastro.<\/p>\n

          Qu\u00e9 ha de hacer el Registrador:<\/strong><\/p>\n

          – Verificar que todo o parte de la finca no est\u00e9 inscrita<\/strong> a favor de persona alguna. Si lo estuviese, denegar\u00e1 y enviar\u00e1 certificaci\u00f3n a la Administraci\u00f3n solicitante.<\/p>\n

          – Si inscribe, ordenar\u00e1 la publicaci\u00f3n del edicto<\/strong> que refleje los datos de las fincas que resulten del expediente, su titularidad y cargas que se publicar\u00e1 gratuitamente en el BOE.<\/p>\n

          – Nota marginal.<\/strong> \u00a0Como hay remisi\u00f3n expresa al r\u00e9gimen del art\u00edculo 203, es claro que en este caso tendr\u00e1 que extender nota marginal en la que conste la publicaci\u00f3n del edicto.<\/p>\n

          – Utilizar el sistema de alertas en l\u00ednea<\/strong>.<\/p>\n

          Estos procedimientos de inmatriculaci\u00f3n tienen la limitaci\u00f3n de dos a\u00f1os<\/strong> respecto a terceros de los efectos del art. 34 LH<\/a>,<\/p>\n

          Tracto interrumpido. <\/strong>Como procedimiento alternativo<\/strong> al ordinario, estas entidades podr\u00e1n obtener la reanudaci\u00f3n del tracto sucesivo interrumpido a trav\u00e9s de certificaci\u00f3n administrativa<\/strong>, expedida con los requisitos se\u00f1alados en el presente art\u00edculo, que ponga fin al procedimiento del art. 37.3 Ley Patrimonio AAPP<\/a>, que se modifica ahora por la D. F. 1\u00aa.<\/p>\n

          Otras operaciones registrales.<\/strong> Estas entidades, sobre sus bienes, mediante certificaci\u00f3n administrativa podr\u00e1n obtener que se practiquen operaciones registrales de agrupaci\u00f3n, divisi\u00f3n, agregaci\u00f3n, segregaci\u00f3n, declaraci\u00f3n de obra nueva, divisi\u00f3n horizontal, constituci\u00f3n de conjuntos inmobiliarios, rectificaci\u00f3n descriptiva o cancelaci\u00f3n. \u00a0Comparando la enumeraci\u00f3n actual con la previa, las novedades se encuentran en las dos \u00faltimas operaciones, rectificaci\u00f3n descriptiva o cancelaci\u00f3n<\/em><\/strong>, siendo \u00e9sta \u00faltima muy gen\u00e9rica, pues, al no distinguir, parece que hace referencia a la posibilidad de que mediante certificaci\u00f3n administrativa se pueda solicitar cualquier asiento de cancelaci\u00f3n que afecte a las AAPP.<\/p>\n

          Requisitos comunes a estas operaciones:<\/strong><\/p>\n

          – los actos no han de afectar a terceros<\/strong> que no hubieran sido citados en el expediente,<\/p>\n

          – han de cumplirse los requisitos <\/strong>establecidos por la legislaci\u00f3n sectorial<\/strong> (por ej., para obras nuevas, segregaciones\u2026)<\/p>\n

          – aportar la representaci\u00f3n gr\u00e1fica catastral<\/strong> de la finca preferentemente o representaci\u00f3n alternativa, en su defecto.<\/p>\n

           <\/p>\n

          6. Inmatriculaci\u00f3n: limitaci\u00f3n de efectos. Art\u00edculo 207.<\/strong><\/p>\n

          Si la inmatriculaci\u00f3n de la finca se hubiera practicado con arreglo a lo establecido en los n\u00fameros 1.\u00b0, 2.\u00b0, 3.\u00b0 y 4.\u00b0 del art\u00edculo 204, el art\u00edculo 205 y el art\u00edculo 206, los efectos protectores dispensados por el art\u00edculo 34 de esta Ley no se producir\u00e1n hasta transcurridos dos a\u00f1os desde su fecha.<\/p>\n

          En consecuencia, quedan fuera de las limitaciones<\/strong> de este precepto:<\/p>\n

          – la inmatriculaci\u00f3n por expediente de dominio (art. 203)<\/p>\n

          – La inmatriculaci\u00f3n por sentencia en procedimiento declarativo (art. 204.5)<\/p>\n

          Esta limitaci\u00f3n se har\u00e1 constar expresamente:<\/p>\n

          – en el acta de inscripci\u00f3n<\/strong>,<\/p>\n

          – y en toda forma de publicidad registral<\/strong> durante la vigencia de dicha limitaci\u00f3n.<\/p>\n

          Aunque los efectos de la prioridad de los asientos se retrotraen al momento de practicarse el asiento de presentaci\u00f3n, en este caso, ha de utilizarse la propia fecha del asiento de inscripci\u00f3n<\/strong> para contar los dos a\u00f1os.<\/p>\n

          Recordemos que, seg\u00fan el art. 34 LH<\/a>, el tercero que de buena fe adquiera a t\u00edtulo oneroso alg\u00fan derecho de persona que en el Registro aparezca con facultades para transmitirlo, ser\u00e1 mantenido en su adquisici\u00f3n, una vez que haya inscrito su derecho, aunque despu\u00e9s se anule o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en el mismo Registro. Estos intensos efectos protectores de la inscripci\u00f3n no se producen durante los primeros dos a\u00f1os.<\/p>\n

           <\/p>\n

          Art\u00edculo 208. Reanudaci\u00f3n del tracto sucesivo interrumpido <\/strong><\/p>\n

          Cu\u00e1ndo no ha interrupci\u00f3n: <\/strong>cuando la persona a cuyo favor hubiera de practicarse la inscripci\u00f3n haya adquirido su derecho directamente del titular registral o sus herederos<\/strong>. En tal caso, la inscripci\u00f3n \u00fanicamente podr\u00e1 practicarse mediante la presentaci\u00f3n del documento en que se hubiera formalizado la adquisici\u00f3n, declaraci\u00f3n o constituci\u00f3n del derecho.<\/p>\n

          – \u00bfY si la adquisici\u00f3n lo fue a alguno de los herederos s\u00f3lo, por haber alg\u00fan negocio previo entre ellos? No creo que pueda descartarse, pero, para ello habr\u00eda de interpretarse la expresi\u00f3n \u201csus herederos\u201d como \u201ctodos sus herederos\u201d.<\/p>\n

          – \u00bfY si adquiere de otras personas distintas, pero se conoce toda la cadena <\/strong>y esta es recomponible? No se excluye expresamente, aunque sea de t\u00edtulos p\u00fablicos.<\/p>\n

          – Puede ser utilizado para reanudar el tracto del dominio o de un derecho real<\/strong>.<\/p>\n

          – Para las Administraciones P\u00fablicas<\/strong> hay un procedimiento especial, modific\u00e1ndose ahora ligeramente el apartado 3 del art\u00edculo 37<\/a> de la LPatAAPP.<\/p>\n

          Remisi\u00f3n:<\/strong> el expediente se tramitar\u00e1 conforme al art. 203 (expediente e dominio para inmatricular) con las especialidades que se indican. Para preparar esta rese\u00f1a, hemos partido de la rese\u00f1a del 203, incrustando en cursiva<\/em> las especialidades y quitando lo que es propio de una inmatriculaci\u00f3n.<\/p>\n

          Ante qui\u00e9n:<\/strong> El expediente deber\u00e1 tramitarse ante Notario h\u00e1bil<\/strong> para actuar en el distrito notarial<\/strong> donde radiquen o en sus colindantes<\/strong>. As\u00ed pues, El Notario sustituye al Juez. Cabe un solo expediente para varias fincas del mismo registro.<\/p>\n

          Qui\u00e9n:<\/strong> Ser\u00e1 a instancia del titular dominical de la finca o de un derecho real. No aclara expresamente si puede ser s\u00f3lo uno de varios titulares, pero es razonable que pueda ser s\u00f3lo uno el solicitante.\u00a0<\/p>\n

          Qu\u00e9 ha de aportar: <\/strong><\/p>\n

          – solicitud con descripci\u00f3n literaria<\/strong>. Se expresar\u00e1 la \u00faltima inscripci\u00f3n de dominio y todas las dem\u00e1s que estuvieren vigentes, cualquiera que sea su clase;<\/em><\/p>\n

          – t\u00edtulo de propiedad de la finca<\/p>\n

          – certificaci\u00f3n catastral descriptiva y gr\u00e1fica<\/strong> de la parcela o parcelas catastrales, que se correspondan con la descripci\u00f3n literaria y la delimitaci\u00f3n gr\u00e1fica de la finca, con expresi\u00f3n de los titulares catastrales de dichas parcelas y sus colindantes, as\u00ed como sus respectivos domicilios.<\/p>\n

          – <\/strong>documentos de los que disponga que justifiquen la adquisici\u00f3n de los titulares intermedios<\/strong> de los que traiga causa y cualesquiera otros que considere oportuno para justificar su petici\u00f3n.<\/em><\/p>\n

          Qu\u00e9 ha de hacer el Notario:<\/strong><\/p>\n

          – Levantar\u00e1 acta a la que<\/p>\n

          — incorporar\u00e1 la documentaci\u00f3n presentada,<\/p>\n

          –remitir\u00e1 copia del acta al Registrador solicitando la expedici\u00f3n de certificaci\u00f3n y solicitar\u00e1 anotaci\u00f3n preventiva.<\/p>\n

          – Recibida la comunicaci\u00f3n del Registro con la certificaci\u00f3n y de que se ha extendido anotaci\u00f3n, el Notario notificar\u00e1<\/strong> a los que resulten interesados como titulares de cargas, derechos o acciones, a aquel de quien procedan los bienes o sus causahabientes, si fuesen conocidos, al titular catastral y al poseedor de hecho de la finca, al Ayuntamiento en que est\u00e9 situada la finca y a la Administraci\u00f3n titular del dominio p\u00fablico que pudiera verse afectado, para que puedan comparecer en el expediente y hacer valer sus derechos. La remisi\u00f3n es completa a todas estas personas incluidas en la regla quinta, apartado 1 del art. 203.<\/p>\n

          – Tambi\u00e9n deber\u00e1 ser citado<\/strong> en todo caso quien aparezca, seg\u00fan la \u00faltima inscripci\u00f3n vigente, como titular del dominio o derecho real<\/strong> cuyo tracto interrumpido se pretende reanudar o, si consta fallecimiento de este, sus herederos, debiendo acreditar el promotor tal extremo y la condici\u00f3n e identidad de \u00e9stos. Esta citaci\u00f3n ser\u00e1 personal:<\/strong><\/em><\/p>\n

          a) Cuando la \u00faltima inscripci\u00f3n de dominio tenga menos de treinta a\u00f1os<\/strong> de antig\u00fcedad, la citaci\u00f3n al titular registral o sus herederos. <\/em><\/p>\n

          b) Cuando tenga m\u00e1s de treinta a\u00f1os<\/strong> de antig\u00fcedad y se hubiese practicado, en los \u00faltimos treinta a\u00f1os, cualquier otro asiento relativo a cualquier t\u00edtulo otorgado por el titular registral o sus herederos.<\/em><\/p>\n

          – Insertar\u00e1 un edicto<\/strong> gratuito en el BOE y, potestativamente en el tabl\u00f3n de anuncios del Ayuntamiento.<\/p>\n

          – Notificar\u00e1 a los propietarios de las fincas registrales y catastrales colindantes<\/strong> y a los titulares de derechos reales constituidos sobre ellas en los domicilios que consten en el Registro y, caso de ser distintos, en cualesquiera otros que resulten del expediente. Este tr\u00e1mite se incluye por la remisi\u00f3n general al 203, pero no parece propio de este expediente<\/strong>, sino m\u00e1s bien, de los de modificaci\u00f3n de la descripci\u00f3n de la finca.<\/p>\n

          – Durante un mes recoger\u00e1 alegaciones y pruebas escritas presentadas por cualquier interesado.<\/p>\n

          – Dar\u00e1 por concluso el expediente<\/strong>, archivando actuaciones si se formulase oposici\u00f3n<\/strong> por cualquiera de los interesados, o si alguno no compareciese<\/em><\/strong>, con expresi\u00f3n de la causa en que se funde, dando cuenta inmediata al Registrador. Lo mismo har\u00e1 si se entabla juicio declarativo ordinario relativo al dominio o cualquier otro derecho inscribible, relativo a la misma finca.<\/p>\n

          – Si los citados comparecieran y as\u00ed lo convinieran un\u00e1nimemente<\/em><\/strong>, levantar\u00e1 acta <\/strong>accediendo a la pretensi\u00f3n del solicitante, en la que se recoger\u00e1n las incidencias del expediente, los documentos aportados, as\u00ed como la falta de oposici\u00f3n por parte de ninguno de los posibles interesados.<\/p>\n

          Nota:<\/strong> Pueden frustrarse la mayor\u00eda de los expedientes si falla una comparecencia, m\u00e1xime si no triunfa el criterio de entender que no han de ser citados los colindantes a pesar de la remisi\u00f3n gen\u00e9rica.<\/p>\n

          – Remitir\u00e1 copia del acta al Registrador<\/strong> para que practique, si procede, la reanudaci\u00f3n de tracto<\/em> solicitada.<\/p>\n

          Qu\u00e9 ha de hacer el Registrador:<\/strong><\/p>\n

          — Remitir\u00e1 al Notario en quince d\u00edas certificaci\u00f3n de la finca<\/strong>. No se dice de modo expreso c\u00f3mo ha de ser esa certificaci\u00f3n, ni nos vale en esto la remisi\u00f3n al 203. Parece razonable, pues, seguir el criterio de la redacci\u00f3n anterior del 201: La \u00faltima inscripci\u00f3n de dominio y todas las dem\u00e1s que estuvieren vigentes. Entiendo que deber\u00eda incluirse tambi\u00e9n la descripci\u00f3n literal.<\/p>\n

          — Practicar, en su caso, la anotaci\u00f3n preventiva<\/strong> de la pretensi\u00f3n de reanudaci\u00f3n de tracto. Tendr\u00e1 una vigencia de noventa d\u00edas h\u00e1biles, pudiendo ser prorrogada a instancia del Notario o del promotor del expediente, hasta un m\u00e1ximo de ciento ochenta d\u00edas de su fecha, si a juicio del Registrador existe causa que lo justifique. Creo que el Notario siempre ha de pedir la anotaci\u00f3n.<\/p>\n

          – Calificar el acta definitiva para extender la inscripci\u00f3n<\/strong> del derecho de dominio, con efectos desde el asiento de presentaci\u00f3n. Si se tom\u00f3 anotaci\u00f3n preventiva \u2013que ser\u00e1 lo habitual-, se convertir\u00e1 en inscripci\u00f3n definitiva. No se dice expresamente que se cancelen las inscripciones contradictorias.<\/p>\n

          – Ordenar\u00e1 la publicaci\u00f3n de un edicto<\/strong> que refleje los datos de la finca o fincas que resulten del expediente, as\u00ed como su titularidad y cargas que se publicar\u00e1 gratuitamente en el BOE.<\/p>\n

          – Pondr\u00e1 nota marginal<\/strong> de la publicaci\u00f3n efectiva del edicto. \u00a0<\/p>\n

          – No parece que procedan alertas en l\u00ednea.<\/p>\n

          – No admitir\u00e1 la tramitaci\u00f3n de otro procedimiento simult\u00e1neo que afecte de forma total o parcial a la finca.<\/p>\n

          Los interesados mantendr\u00e1n la facultad para acudir al procedimiento correspondiente<\/strong>, en defensa de su derecho al inmueble. En concreto, el promotor podr\u00e1 entablar demanda en juicio declarativo contra todos los que no hubieran comparecido o se hubieran opuesto, ante el Juez de primera instancia correspondiente al lugar en que radique la finca.<\/em><\/p>\n

          No perjudicar\u00e1n al titular de buena fe,<\/em><\/strong> a cuyo favor hubieran sido practicadas las inscripciones resultantes de este expediente, los t\u00edtulos de dominio o de otros derechos reales contradictorios<\/strong> con el del solicitante que no hubieran sido inscritos<\/strong> en el Registro con anterioridad.<\/em><\/p>\n

           <\/p>\n

          Art\u00edculo 209. Doble inmatriculaci\u00f3n. <\/strong><\/p>\n

          Este expediente se aplicar\u00e1 cuando dos o m\u00e1s fincas registrales se correspondan en todo o en parte con una misma finca real.<\/p>\n

          Ante qui\u00e9n: <\/strong>Ser\u00e1 competente<\/strong> el Registrador del distrito hipotecario en que radique la finca doblemente inmatriculada. Si se extiende por varios Registros, el que custodie el historial m\u00e1s antiguo y, subsidiariamente, donde haya mayor superficie.<\/p>\n

          Quien: <\/strong>Puede solicitarlo cualquier titular registral<\/strong> de las fincas o iniciarse de oficio<\/strong>.<\/p>\n

          Qu\u00e9 ha de hacer el Registrador:<\/strong><\/p>\n

          – hacer constar en los historiales<\/strong> de las fincas los datos personales del solicitante y un domicilio para la pr\u00e1ctica de notificaciones. El desarrollo reglamentario dir\u00e1 c\u00f3mo, pero el asiento m\u00e1s adecuado creo que es la nota marginal.<\/p>\n

          – Ha de apreciar si hay o no coincidencia<\/strong>. Para ello, ha de revisar su archivo, incluidas las representaciones gr\u00e1ficas de que disponga, y pedir los datos pertinentes del Catastro.<\/p>\n

          – Si cree que es posible la coincidencia, notificar\u00e1<\/strong> tal circunstancia a los titulares<\/strong> de los derechos inscritos en cada una de las fincas registrales o a sus causahabientes, si fueren conocidos, dejando constancia de ello mediante nota al margen<\/strong> de las \u00faltimas inscripciones de dominio. La nota caducar\u00e1 a los seis meses<\/strong><\/p>\n

          – Caso sencillo: Mismos titulares de dominio<\/strong> y situaci\u00f3n similar de cargas. Si los interesados consienten, prevalecer\u00e1 el historial m\u00e1s antiguo, cerr\u00e1ndose el historial m\u00e1s moderno.<\/p>\n

          – Caso complejo: Diferentes titulares<\/strong> o distinta situaci\u00f3n de cargas. El Registrador convocar\u00e1<\/strong> a los interesados a fin de lograr el acuerdo que determine las titularidades que han de recaer sobre la finca y la prelaci\u00f3n registral entre ellas.<\/p>\n

          — Si todos comparecieran<\/strong> y llegasen a un acuerdo un\u00e1nime, el Registrador, si considera legales las rectificaciones propuestas, firmar\u00e1 el acuerdo con los interesados, cancelar\u00e1 el historial m\u00e1s moderno y, en su caso, rectificar\u00e1 el historial de la finca m\u00e1s antigua, en la forma acordada.<\/p>\n

          — Si no comparecen todos<\/strong> o uno se opone<\/strong> en cualquier momento, el Registrador dar\u00e1 por concluido el expediente<\/strong>, dejando constancia documental de ello y, lo rese\u00f1ara por nota al margen de la \u00faltima inscripci\u00f3n de dominio en cada uno de los folios. Lo mismo har\u00e1 si se entabla juicio declarativo ordinario relativo al dominio o un derecho real sobre la finca.<\/p>\n

          Consecuencias si el expediento no termina positivamente:<\/strong><\/p>\n

          – La calificaci\u00f3n negativa es recurrible<\/strong>, salvo que se deba a la existencia de oposici\u00f3n.<\/p>\n

          – El promotor del expediente podr\u00e1 entablar demanda<\/strong> en juicio declarativo contra quienes no hubieran comparecido o hubiesen formulado oposici\u00f3n ante el Juez de primera instancia correspondiente al lugar en que radique la finca.<\/p>\n

          – Si, durante los seis meses que duran las notas marginales, se solicita practicar anotaci\u00f3n de demanda<\/strong> respecto a un procedimiento judicial relacionado, esta anotaci\u00f3n se beneficiar\u00e1 de la prioridad de las notas marginales. A efectos de pr\u00f3rroga, a esta anotaci\u00f3n y al asiento de presentaci\u00f3n se les aplicar\u00e1 las normas sobre pr\u00f3rroga o mantenimiento de vigencia prevenidas para el caso de interposici\u00f3n de recurso frente a la calificaci\u00f3n del Registrador.<\/p>\n

          – Si una Administraci\u00f3n P\u00fablica <\/strong>aparece como titular. El art\u00edculo deja a salvo lo dispuesto en el art. 37.4 LPatAAPP<\/a> y concordantes. El precepto considera t\u00edtulo suficiente la certificaci\u00f3n administrativa<\/strong> para proceder a la cancelaci\u00f3n o rectificaci\u00f3n de las inscripciones a favor de la Administraci\u00f3n p\u00fablica en los siguientes supuestos:\u2026<\/p>\n

          b) Cuando se reconozca el mejor derecho o preferencia del t\u00edtulo de un tercero sobre el de la Administraci\u00f3n p\u00fablica en caso de doble inmatriculaci\u00f3n<\/em><\/strong>.<\/p>\n

          c) Cuando se reconozca la titularidad<\/strong>, mejor derecho o preferencia del t\u00edtulo de un tercero sobre una finca que aparezca inscrita a favor de las Administraciones p\u00fablicas.<\/p>\n

          \u00a0<\/strong><\/p>\n

          Art\u00edculo 210. Expediente de liberaci\u00f3n de cargas o grav\u00e1menes. <\/strong><\/p>\n

          A) Cancelaci\u00f3n con expediente:<\/strong><\/p>\n

          Objetivo del expediente:<\/strong> obtener la cancelaci\u00f3n registral de cargas o derechos<\/strong> que hayan quedado legalmente extinguidos por prescripci\u00f3n, caducidad o no uso y no se trate de un caso en el que no se precise expediente.<\/p>\n

          Qui\u00e9n:<\/strong> puede incoarlo cualquiera de los titulares de un derecho inscrito afectado mediante escrito<\/em><\/strong> en el que identificar\u00e1 la finca y el derecho o gravamen cuya extinci\u00f3n se alega y sus titulares registrales, y declarar\u00e1 expresamente, bajo su responsabilidad<\/em><\/strong>, haber transcurrido el plazo de prescripci\u00f3n, caducidad o no uso prevenido en la ley para la extinci\u00f3n del mismo derecho, as\u00ed como la falta de interrupci\u00f3n o suspensi\u00f3n de dicho plazo.<\/p>\n

          Ante qui\u00e9n: <\/strong>Ser\u00e1 competente<\/strong> el Registrador del distrito hipotecario en que radique la finca) o la mayor superficie si est\u00e1 en dos registros).<\/p>\n

          Qu\u00e9 ha de hacer el Registrador:<\/strong><\/p>\n

          – Citar\u00e1<\/strong> personalmente a los titulares registrales de las cargas cuya extinci\u00f3n se solicita o a sus causahabientes, si fueren conocidos. Subsidiariamente, publicar\u00e1 edicto en el BOE. No se dice que sea gratuito, pero, puede ser olvido o bien acogerse a lo dispuesto en la D. Ad. 2\u00aa.<\/p>\n

          – Los interesados podr\u00e1n comparecer<\/strong> en los quince d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n o publicaci\u00f3n del Edicto, oponi\u00e9ndose<\/em><\/strong> a la petici\u00f3n. Podr\u00e1n tambi\u00e9n oponerse sus causahabientes siempre que presenten t\u00edtulo acreditativo y lo inscriban.<\/p>\n

          – Practicar la cancelaci\u00f3n<\/strong> si los citados comparecieran y consintieran, y fuera procedente.<\/p>\n

          – Si no comparecen todos<\/strong> o uno se opone<\/strong> en cualquier momento, el Registrador dar\u00e1 por concluido el expediente<\/strong>, dejando constancia documental de ello por acta<\/strong>. Lo mismo har\u00e1 si se entabla juicio declarativo ordinario sobre esta materia.<\/p>\n

          Consecuencias si el expediento no termina positivamente:<\/strong><\/p>\n

          – La calificaci\u00f3n negativa es recurrible<\/strong>, salvo que se deba a la existencia de oposici\u00f3n.<\/p>\n

          – Les queda reservada a las partes la acci\u00f3n que proceda<\/strong>, para que por los Tribunales se decida sobre la extinci\u00f3n y cancelaci\u00f3n de la carga o gravamen en el procedimiento correspondiente.<\/p>\n

          B) Cancelaci\u00f3n sin expediente.<\/strong><\/p>\n

          Son casos sencillos en los que se permite cancelar directamente, a instancia de cualquier interesado<\/strong> y sin necesidad de tramitaci\u00f3n del expediente. Parece, pues, que el interesado no precisa ser titular registral.<\/p>\n

          1. Transcurridos cinco a\u00f1os<\/strong> desde el d\u00eda en que venci\u00f3 el t\u00e9rmino en que, seg\u00fan el Registro, pudieron ejercitarse, siempre que no conste anotaci\u00f3n preventiva de demanda u otro asiento que indique haberse ejercitado el derecho, modificado el t\u00edtulo o formulado reclamaci\u00f3n judicial sobre su cumplimiento:<\/p>\n

          – derechos de opci\u00f3n,<\/p>\n

          – retractos convencionales,<\/p>\n

          – cualesquiera otros derechos o facultades de configuraci\u00f3n jur\u00eddica,<\/p>\n

          Nota:<\/strong> Comparando esta redacci\u00f3n con la del art. 177 RH<\/a>, se observa que desaparece la reserva \u201csalvo caso de pr\u00f3rroga legal\u201d.<\/p>\n

          2. Cuando no conste en el Registro la fecha en que debi\u00f3 producirse el pago \u00edntegro de la obligaci\u00f3n garantizada, transcurridos veinte a\u00f1os<\/strong> desde la fecha del \u00faltimo asiento en que conste la reclamaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n garantizada o cuarenta a\u00f1os<\/strong> desde el \u00faltimo asiento relativo a la titularidad de la propia garant\u00eda:<\/p>\n

          – inscripciones de hipotecas,<\/p>\n

          – condiciones resolutorias<\/p>\n

          – y cualesquiera otras formas de garant\u00eda con efectos reales.<\/p>\n

          No ha sido modificado el art. 82.5 LH<\/a>. Para cohonestarlos, habr\u00e1 de entenderse que la cancelaci\u00f3n de las condiciones resolutorias<\/strong> la podr\u00e1 pedir:<\/p>\n

          – un titular registral a los 16 a\u00f1os<\/strong> si es en garant\u00eda del precio aplazado y consta en el Registro la fecha en que debi\u00f3 producirse el pago \u00edntegro de la obligaci\u00f3n garantizada;<\/p>\n

          – cualquier interesado a los 20 a\u00f1os<\/strong>, si no consta la fecha en que debi\u00f3 producirse el pago \u00edntegro, o respecto a las dem\u00e1s condiciones resolutorias.<\/p>\n

          En el caso de las hipotecas<\/strong>, la podr\u00e1 pedir:<\/p>\n

          – \u00a0un titular registral a los 21 a\u00f1os<\/strong> si consta en el Registro la fecha en que debi\u00f3 producirse el pago \u00edntegro de la obligaci\u00f3n garantizada<\/p>\n

          – \u00a0cualquier interesado a los 20 a\u00f1os<\/strong> desde la \u00faltima reclamaci\u00f3n si no consta en el Registro la fecha en que debi\u00f3 producirse el pago \u00edntegro (una reclamaci\u00f3n constar\u00e1 por nota marginal de expedici\u00f3n de certificaci\u00f3n de cargas);<\/p>\n

          –\u00a0 cualquier interesado a los 40 a\u00f1os<\/strong> desde la \u00faltima inscripci\u00f3n de titularidad de la propia garant\u00eda si no consta en el Registro la fecha en que debi\u00f3 producirse el pago \u00edntegro. Si no ha habido transmisiones de hipoteca, ser\u00e1 desde el asiento inicial.<\/p>\n

          Nota: <\/strong>Realmente, estos plazos de 20 y 40 a\u00f1os en hipotecas ser\u00e1n de aplicaci\u00f3n s\u00f3lo a los casos patol\u00f3gicos \u2013que se dan m\u00e1s en hipotecas antiguas- en los que no consta el plazo de devoluci\u00f3n del pr\u00e9stamo o cuando no se ha documentado debidamente la entrega desde la que contar periodos de tiempo. Si hay plazo y no se ha documentado la entrega, creo que se podr\u00edan cancelar las hipotecas anteriores a 1975, siempre que el plazo fuese igual o inferior a 20 a\u00f1os, aunque falte la clara determinaci\u00f3n del d\u00eda de origen del c\u00f3mputo.<\/p>\n

          3. Transcurrido sesenta a\u00f1os<\/strong> desde la extensi\u00f3n del \u00faltimo asiento cuando se trate de censos<\/strong>, foros y otros grav\u00e1menes de naturaleza an\u00e1loga, establecidos por tiempo indefinido. Importante novedad que evitar\u00e1 la perpetuaci\u00f3n en los asientos registrales de estos derechos que han ca\u00eddo en desuso y que perturban el tr\u00e1fico jur\u00eddico.<\/p>\n

          4. En caso de concesiones administrativas<\/strong>, ser\u00e1 suficiente con la presentaci\u00f3n al Registro de la Propiedad de certificaci\u00f3n expedida por la Administraci\u00f3n P\u00fablica titular del inmueble en la que se acredite la extinci\u00f3n de dicha concesi\u00f3n.<\/p>\n

          5. Arrendamientos urbanos<\/strong>. No se los alude de modo expreso. El art. 177 RH<\/a> sigue vigente y remite a la legislaci\u00f3n espec\u00edfica. Ver art. 7<\/a> Real Decreto 297\/1996, de 23 de febrero.<\/p>\n

          6. Hemos de tener presente tambi\u00e9n las solicitudes t\u00e1citas<\/strong> del art. 353.3 RH<\/a> respecto a menciones, derechos personales, legados, anotaciones preventivas, inscripciones de hipotecas o cualesquiera otros derechos que deban cancelarse o hayan caducado con arreglo a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria, cuando se solicite una certificaci\u00f3n o la pr\u00e1ctica de un asiento.<\/p>\n

           <\/p>\n<\/a>

          III. Reforma de la Ley del Catastro. <\/strong><\/span><\/h6>\n

          La reforma afecta a veintid\u00f3s art\u00edculos del Texto Refundido y ya ha entrado en vigor.<\/p>\n

          Estas son las principales novedades:<\/p>\n

          1. Descripci\u00f3n catastral.<\/strong> Se a\u00f1ade al art. 3<\/a> la referencia a que, cuando los inmuebles est\u00e9n coordinados<\/em><\/strong> con el Registro de la Propiedad se incorporar\u00e1 dicha circunstancia junto con su c\u00f3digo registral<\/em><\/strong>. Ver arts 9 y 10 LH.<\/p>\n

          2. Juntas periciales.<\/strong> Las Juntas Periciales municipales dejan de ser obligatorias. Art. 5<\/a>.<\/p>\n

          3. Clasificaci\u00f3n del suelo.<\/strong> Se recoge el reciente criterio jurisprudencial que considera que los suelos urbanizables sin planeamiento de desarrollo detallado o pormenorizado deben ser clasificados como bienes inmuebles de naturaleza r\u00fastica. Afecta al art. 7.2 b<\/a>).<\/p>\n

          4. Titulares catastrales y representaci\u00f3n<\/strong>. Cambia el art. 9<\/a>, desapareciendo un apartado que consideraba que no ten\u00edan la consideraci\u00f3n de titulares catastrales quienes ostenten sobre el bien inmueble un derecho real de disfrute sometido a imputaci\u00f3n de rentas en el IRPF. Tambi\u00e9n somete a la LGTributaria la representaci\u00f3n cuando existiera una entidad sin personalidad.<\/p>\n

          5. Descoordinaci\u00f3n posterior.<\/strong> Se a\u00f1ade un pol\u00e9mico p\u00e1rrafo al art. 11<\/a>, que dice: \u00ab3. En caso de fincas que hayan sido objeto de coordinaci\u00f3n conforme a la legislaci\u00f3n hipotecaria, se tomar\u00e1 en cuenta, a los efectos del Catastro, la descripci\u00f3n gr\u00e1fica coordinada, salvo que la fecha del documento por el que se produce la incorporaci\u00f3n al Catastro sea posterior a la de la coordinaci\u00f3n<\/em><\/strong>.\u00bb. As\u00ed pues, una vez obtenida la coordinaci\u00f3n, en muchas ocasiones con un importante esfuerzo, puede despu\u00e9s el Catastro, unilateralmente, generar una descoordinaci\u00f3n de nuevo.<\/p>\n

          6. Obligaci\u00f3n de informar. <\/strong>En el art. 13<\/a> desaparece la obligaci\u00f3n de informar que ten\u00edan los titulares catastrales acerca de los datos identificativos de quienes ostenten un derecho real de disfrute. Est\u00e1 relacionado con la reforma del art. 9 que vimos en el punto 4, con la reforma del art. 15 (baja de titularidades) y del 16 e) (concesiones)<\/p>\n

          7. Comunicaciones.<\/strong> Se modifica el art. 14<\/a>. Va en negrita y cursiva lo que cambia, respecto a la versi\u00f3n anterior: \u201cLa informaci\u00f3n que los notarios y registradores de la propiedad deben remitir conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 36, en cuanto se refiera a documentos por ellos autorizados o inscritos cuyo contenido suponga la adquisici\u00f3n o consolidaci\u00f3n de la propiedad, o la adquisici\u00f3n o constituci\u00f3n de los derechos de usufructo, superficie o de una concesi\u00f3n administrativa, ya se refieran a la totalidad del inmueble o a una cuota indivisa del mismo<\/em> previamente incorporada en el Catastro<\/strong>, siempre que los interesados hayan aportado la referencia catastral en los t\u00e9rminos a que se refiere el T\u00edtulo V y se formalice en escritura p\u00fablica o se solicite su inscripci\u00f3n en el Registro de la Propiedad.<\/p>\n

          Desaparece<\/strong> la referencia de que ha de hacerse la comunicaci\u00f3n en el plazo de dos meses<\/strong> desde el hecho, acto o negocio de que se trate.<\/p>\n

          Se modifica la informaci\u00f3n que ha de remitir la Agencia Tributaria y se a\u00f1ade una comunicaci\u00f3n del Ministerio de Agricultura, complementada con la reforma del art. 36.2<\/a>.<\/p>\n

          8. Procedimientos de subsanaci\u00f3n de discrepancias del art. 18.2<\/strong><\/p>\n

          Este procedimiento trata de subsanar las discrepancias relativas a la configuraci\u00f3n o superficie de la parcela<\/strong>, con ocasi\u00f3n del otorgamiento de una escritura o acta<\/strong>. No cambia la redacci\u00f3n de las letras a) y b). Lo que cambia del resto del art. 18.2 va en negrita y cursiva<\/em><\/strong>.<\/p>\n

          a) El notario solicitar\u00e1 de los otorgantes que le manifiesten<\/strong> si la descripci\u00f3n que contiene la certificaci\u00f3n catastral se corresponde con la realidad f\u00edsica del inmueble actual. No cambia la<\/p>\n

          b) Si los otorgantes le manifestaran la identidad<\/strong> entre la realidad f\u00edsica y la certificaci\u00f3n catastral, el notario describir\u00e1 el inmueble en el documento p\u00fablico de acuerdo con dicha certificaci\u00f3n y har\u00e1 constar en el mismo la manifestaci\u00f3n de conformidad de los otorgantes\u2026<\/p>\n

          \u201cc) Si los otorgantes le manifestaran la existencia de una discrepancia entre la realidad f\u00edsica y la certificaci\u00f3n catastral, el notario solicitar\u00e1 su acreditaci\u00f3n por cualquier medio de prueba admitido en derecho. Cuando el notario entienda suficientemente acreditada la existencia de la discrepancia lo notificar\u00e1 a los titulares que resulten de lo dispuesto en el <\/em><\/strong>apartado 4 del art\u00edculo 9<\/em><\/strong><\/a> que, en su condici\u00f3n de colindantes, pudieran resultar afectados por la rectificaci\u00f3n, para que en el plazo de veinte d\u00edas puedan alegar lo que a su derecho convenga. De no manifestarse oposici\u00f3n a la misma, el notario<\/em><\/strong> incorporar\u00e1 la nueva descripci\u00f3n del bien inmueble en el mismo documento p\u00fablico o en otro posterior autorizado al efecto, en la forma establecida en la letra b) anterior.<\/p>\n

          El notario informar\u00e1 a la Direcci\u00f3n General del Catastro sobre la rectificaci\u00f3n realizada, por medios telem\u00e1ticos, en el plazo m\u00e1ximo de cinco d\u00edas desde la formalizaci\u00f3n del documento p\u00fablico. Una vez validada t\u00e9cnicamente por la citada Direcci\u00f3n General la rectificaci\u00f3n declarada, se incorporar\u00e1 la correspondiente alteraci\u00f3n en el Catastro. En los supuestos en que se aporte el plano, representado sobre la cartograf\u00eda catastral, la alteraci\u00f3n se realizar\u00e1 en el plazo de cinco d\u00edas desde su conocimiento por el Catastro, de modo que el notario pueda incorporar en el documento p\u00fablico la certificaci\u00f3n catastral descriptiva y gr\u00e1fica de los inmuebles afectados que refleje su nueva descripci\u00f3n.<\/p>\n

          d) En los supuestos en que alguno de los interesados manifieste su oposici\u00f3n<\/em><\/strong> para la subsanaci\u00f3n de la discrepancia o cuando \u00e9sta no resultara debidamente acreditada, el notario dejar\u00e1 constancia de ella en el documento p\u00fablico y, por medios telem\u00e1ticos, informar\u00e1 de su existencia a la Direcci\u00f3n General del Catastro para que, en su caso, \u00e9sta incoe el procedimiento oportuno.\u201d<\/p>\n

          Puede observarse es que la principal diferencia consiste en la sustituci\u00f3n de la necesidad del consentimiento expreso de los colindantes por la de su falta de oposici\u00f3n expresa<\/strong>.<\/p>\n

          Tambi\u00e9n desaparecen de la letra d) los p\u00e1rrafos que determinaban la manera de actuar del Registrador de la Propiedad en estos casos.<\/p>\n

          9. Rectificaciones de oficio. <\/strong>Art. 18.3 y 4.<\/p>\n

          – El 18.3<\/a> nuevo se refiere al procedimiento de oficio<\/strong> para rectificar el Catastro cuando, conforme al art. 10 LH se hayan utilizado otros medios distintos de la cartograf\u00eda catastral<\/strong> para la descripci\u00f3n gr\u00e1fica de las fincas.<\/p>\n

          – El 18.4 es el antiguo 18.3 y recoge la rectificaci\u00f3n de oficio de la descripci\u00f3n de los inmuebles que deba realizarse con motivo de ajustes a la cartograf\u00eda b\u00e1sica oficial<\/strong> o a las ortofotograf\u00edas inscritas en el Registro Central de Cartograf\u00eda. Se utilizar\u00e1 la sede electr\u00f3nica de la Direcci\u00f3n General del Catastro para anunciar el inicio del procedimiento.<\/p>\n

          Como no se hace referencia a la posibilidad de que las fincas estuviesen coordinadas con el Registro de la Propiedad, \u00e9ste es otro procedimiento -junto al del art. 11.3- por el que el Catastro puede generar unilateralmente una descoordinaci\u00f3n a posteriori<\/strong>, frente al esp\u00edritu de la Ley en su conjunto.<\/p>\n

          10. Determinaci\u00f3n del Valor catastral.<\/strong> Se efectuar\u00e1 mediante la aplicaci\u00f3n de la correspondiente ponencia de valores<\/em><\/strong>, pero aumentan las excepciones<\/strong>:<\/p>\n

          c) Cuando, con motivo de la modificaci\u00f3n o desarrollo del planeamiento, los suelos adquieran<\/em><\/strong> la consideraci\u00f3n de suelo de naturaleza urbana<\/em><\/strong>. Esta excepci\u00f3n ya estaba.<\/p>\n

          d) Determinados casos de n\u00facleos o asentamientos de poblaci\u00f3n aislados.<\/em><\/strong><\/p>\n

          g) Cuando, con motivo de la anulaci\u00f3n o modificaci\u00f3n del planeamiento el suelo de los inmuebles pierda la consideraci\u00f3n de suelo de naturaleza urbana<\/em><\/strong>.<\/p>\n

          h) Cuando, con motivo de la aprobaci\u00f3n o modificaci\u00f3n de instrumentos de ordenaci\u00f3n territorial y urban\u00edstica se clasifiquen suelos como urbanizables<\/em><\/strong> o se prevea o permita su paso a la situaci\u00f3n de suelo urbanizado y se incluyan en sectores o \u00e1mbitos espaciales delimitados, y en tanto no cuenten con determinaciones de ordenaci\u00f3n detallada o pormenorizada, los inmuebles r\u00fasticos afectados se valorar\u00e1n considerando, en todo caso, su localizaci\u00f3n.<\/p>\n

          Tambi\u00e9n se modifica la D. Ad. 4\u00aa relativa a la valoraci\u00f3n de las construcciones indispensables para el desarrollo de explotaciones agr\u00edcolas, ganaderas o forestales ubicadas en suelo r\u00fastico.<\/p>\n

          En derecho transitorio, ver las modificaciones de las D. Tr 1\u00aa, 2\u00aa y 7\u00aa, fundamentalmente dirigidas a agilizar y regular el cambio de clasificaci\u00f3n de suelos urbanizables.<\/p>\n

          11. Procedimientos de valoraci\u00f3n. <\/strong><\/p>\n

          – Se modifica el procedimiento simplificado de valoraci\u00f3n colectiva, para adaptar con mayor agilidad los criterios de valoraci\u00f3n contenidos en las Ponencias de valores catastrales a los cambios en las circunstancias urban\u00edsticas de los inmuebles, sin necesidad de aprobar nuevas Ponencias.<\/p>\n

          – Se ampl\u00eda el concepto de ponencia de valor parcial.<\/p>\n

          – Se va a utilizar la sede electr\u00f3nica<\/strong> de la Direcci\u00f3n General del Catastro para publicar los acuerdos de aprobaci\u00f3n de las ponencias de valores y el inicio del procedimiento simplificado de valoraci\u00f3n colectiva<\/p>\n

          12. Acceso a la informaci\u00f3n catastral protegida.<\/strong> Se modifica la regulaci\u00f3n de la excepci\u00f3n que afecta a notarios y registradores, pudiendo en esos casos acceder sin consentimiento expreso del titular. En negrita y cursiva<\/em><\/strong> lo que cambia que es casi todo, pues sufre una importante ampliaci\u00f3n:<\/strong><\/p>\n

          \u00abb) Para la identificaci\u00f3n y descripci\u00f3n de las fincas, as\u00ed como para el conocimiento de las alteraciones catastrales relacionadas con los documentos que autoricen o los derechos que inscriban o para los que se solicite su otorgamiento o inscripci\u00f3n,<\/em><\/strong> por los notarios y registradores de la propiedad, de conformidad con lo establecido en esta Ley y en la legislaci\u00f3n hipotecaria. Asimismo los notarios podr\u00e1n acceder a los acuerdos catastrales derivados de dichas alteraciones para su entrega, en su caso, a los interesados.\u00bb<\/em><\/strong><\/p>\n

          Antes se hac\u00eda alusi\u00f3n exclusivamente a la identificaci\u00f3n de las fincas y al T\u00edtulo V<\/a> dedicado a la constancia documental de la referencia catastral.<\/p>\n

           <\/p>\n<\/a>

          IV. Disposiciones adicionales, finales, transitoria y derogatoria.\u00a0<\/strong><\/span><\/h6>\n

          Recogemos aqu\u00ed algunas de ellas, sobre todo, si no se ha intercalado debidamente su contenido en el resto del resumen.<\/p>\n

          1. Anuncios y edictos. <\/strong>D. Ad. 2\u00aa. Los anuncios y edictos<\/strong> que los Registradores as\u00ed como los Notarios, deban publicar en el BOE con car\u00e1cter supletorio<\/strong> cuando, en los procedimientos en los que intervengan por raz\u00f3n de su cargo, los interesados sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificaci\u00f3n o, tras dos intentos, hubiera resultado infructuosa la notificaci\u00f3n personal, tendr\u00e1n el tratamiento previsto en la D. Ad. 21\u00aa LRJAAPPyPAC<\/a>. En consecuencia:<\/p>\n

          – Se podr\u00e1 utilizar el sistema automatizado de remisi\u00f3n y gesti\u00f3n telem\u00e1tica<\/strong> para la publicaci\u00f3n de los anuncios de notificaci\u00f3n en el BOE elaborado por la propia Agencia del BOE (ver tambi\u00e9n art. 59.5<\/a>).<\/p>\n

          – La publicaci\u00f3n en el BOE ser\u00e1 gratuita<\/strong> para los notarios o registradores solicitantes.<\/p>\n

          – A lo largo del texto de la ley se recoge la gratuidad de otras publicaciones que podr\u00edan no encontrarse de una manera estricta incluidas en el \u00e1mbito de esta D. Ad. 2\u00aa.<\/p>\n

          2. Reg\u00edmenes forales. <\/strong>D. Ad. 4\u00aa. La Ley <\/strong>se aplicar\u00e1 en todo el territorio nacional<\/strong>, sin perjuicio de lo previsto en los reg\u00edmenes forales especiales vigentes. En Navarra<\/strong>, las referencias a la Direcci\u00f3n General del Catastro han de entenderse hechas al Registro de la Riqueza Territorial de Navarra.<\/p>\n

          3. Planes urban\u00edsticos. <\/strong>D. Ad. 5\u00aa. Los municipios<\/strong>, en el plazo de tres meses desde la publicaci\u00f3n de esta Ley (antes del 26 de septiembre de 2015), pondr\u00e1n a disposici\u00f3n de los Registradores, para su incorporaci\u00f3n a la aplicaci\u00f3n inform\u00e1tica auxiliar, un acceso mediante servicio de mapas web a todos los planes urban\u00edsticos generales y de desarrollo<\/strong>, debidamente georreferenciados y metadatados, as\u00ed como a sus modificaciones aprobadas definitivamente y en vigor.<\/p>\n

          Si no lo pudieran cumplir<\/strong>, deber\u00e1n notificarlo al Colegio de Registradores y, en todo caso, poner a su disposici\u00f3n un ejemplar certificado y en soporte electr\u00f3nico de todos los planes urban\u00edsticos<\/strong> generales y de desarrollo, as\u00ed como de sus modificaciones aprobadas definitivamente y en vigor, inscritos en el Libro-registro de instrumentos de planeamiento de cada Ayuntamiento.<\/p>\n

          Nota:<\/strong> esperemos que no quede en buenas intenciones. La exigencia para los 8000 municipios es anterior al comienzo del funcionamiento de la aplicaci\u00f3n inform\u00e1tica de bases gr\u00e1ficas con efectos legales.<\/p>\n

          4. Procedimientos ya iniciados.<\/strong> D. Tr. \u00danica.<\/p>\n

          – Continuar\u00e1n tramit\u00e1ndose hasta su resoluci\u00f3n definitiva conforme a la normativa anterior.<\/p>\n

          – Este r\u00e9gimen afecta a los procedimientos regulados en el T\u00edtulo VI<\/strong> de la Ley Hipotecaria<\/a> (inmatriculaci\u00f3n, reanudaci\u00f3n de tracto, exceso de cabida, edificaciones, liberaci\u00f3n de cargas), as\u00ed como los derivados de los supuestos de doble inmatriculaci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n

          – Para las inmatriculaciones del 205 y 206<\/strong> se entender\u00e1 iniciado, si a la fecha de entrada en vigor, estuviese presentado el t\u00edtulo p\u00fablico inmatriculador en el Registro. Es decir, el t\u00edtulo del 206 ten\u00eda que estar presentado antes del 26 de junio de 2015. Y el del 205, tendr\u00e1 que estarlo antes del 1\u00ba de noviembre de 2015.<\/p>\n

          5. Disposici\u00f3n derogatoria. <\/strong>Aparte de la cl\u00e1usula gen\u00e9rica, deroga en concreto:<\/p>\n

          – Los apartados que quedaban vigentes del art\u00edculo 53 de la Ley 13\/1996, de 30 de diciembre<\/a>, que regulaba la constancia registral de la referencia catastral.<\/strong> Este apartado entrar\u00e1 en vigor el 1\u00ba de noviembre de 2015.<\/p>\n

          – La disposici\u00f3n adicional trig\u00e9sima cuarta<\/a> de la Ley 2\/2004, de 27 de diciembre. Se refer\u00eda a una modificaci\u00f3n <\/strong>del texto refundido de la Ley del Catastro. <\/strong>Este apartado ya ha entrado en vigor.<\/p>\n

          6. Entrada en vigor. <\/strong>D. F. 5\u00aa.<\/p>\n

          La Ley entrar\u00e1 en vigor el d\u00eda 1 de noviembre de 2015<\/strong>.<\/p>\n

          No obstante, entraron en vigor el 26 de junio de 2015:<\/strong><\/p>\n

          a) Toda la reforma catastral (art. 2 de esta Ley),\u00a0<\/strong>incluida la derogaci\u00f3n de la reforma catastral que incorpor\u00f3 la Ley de Presupuestos para 2005<\/a>.<\/p>\n

          b)\u00a0La nueva redacci\u00f3n del art\u00edculo 206 de la Ley Hipotecaria. <\/strong>Desaparece la posibilidad de que se inmatriculen t\u00edtulos elaborados por las autoridades eclesi\u00e1sticas cat\u00f3licas.<\/p>\n

          Ir al Archivo especial.<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n

          Ver archivo especial en FUTURAS NORMAS.<\/strong><\/a><\/p>\n

          Ver art\u00edculo de Joaqu\u00edn Delgado sobre las claves de la reforma.<\/strong><\/a><\/p>\n

          Ir al cuadro comparativo de art\u00edculos.<\/strong><\/a><\/p>\n

          PDF (BOE-A-2015-7046 \u2013 33 p\u00e1gs. \u2013 484 KB)<\/a>Otros formatos<\/a><\/p>\n

           <\/p>\n<\/a>

          Navarra: Convenio econ\u00f3mico.<\/span><\/h6>\n

          Ley 14\/2015, de 24 de junio, por la que se modifica la Ley 28\/1990, de 26 de diciembre<\/a>, por la que se aprueba el Convenio Econ\u00f3mico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra.<\/p>\n

          El vigente Convenio Econ\u00f3mico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra prev\u00e9 que en el caso de producirse una reforma sustancial en el ordenamiento jur\u00eddico tributario del Estado<\/strong>, se proceder\u00e1 por ambas Administraciones, de com\u00fan acuerdo, a la adaptaci\u00f3n<\/strong> del Convenio Econ\u00f3mico. Esta Ley es fruto del acuerdo alcanzado<\/strong> entre ambas Administraciones al respecto, pues ha habido importantes novedades legislativas desde la \u00faltima reforma de 2007.<\/p>\n

          Citemos los principales cambios:<\/strong><\/p>\n

          – Se incorporan al Convenio diversos tributos<\/strong> aprobados por las Cortes Generales, como el Impuesto sobre Actividades de Juego<\/strong><\/em>, el Impuesto sobre el Valor de la Producci\u00f3n de la Energ\u00eda El\u00e9ctrica<\/strong><\/em>, el Impuesto sobre la Producci\u00f3n de Combustible Nuclear<\/strong> <\/em>Gastado y Residuos Radiactivos, el Impuesto sobre los Dep\u00f3sitos<\/strong> <\/em>en las Entidades de Cr\u00e9dito o el Impuesto sobre los Gases Fluorados<\/strong> <\/em>de Efecto Invernadero.<\/p>\n

          – Se recoge la retenci\u00f3n<\/strong> del gravamen especial sobre premios de determinadas loter\u00edas<\/strong> y apuestas.<\/p>\n

          – Sustituci\u00f3n del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Hidrocarburos<\/strong> por un tipo auton\u00f3mico del Impuesto sobre Hidrocarburos<\/p>\n

          – Modificaci\u00f3n de la configuraci\u00f3n del Impuesto Especial sobre la Electricidad<\/strong>,<\/p>\n

          – Mejora en la coordinaci\u00f3n<\/strong> entre el Estado y la Comunidad Foral cuando se establezcan nuevos impuestos estatales.<\/p>\n

          – Se adaptan los puntos de conexi\u00f3n del Impuesto sobre la Renta de no Residentes<\/strong> y se introduce una regla de competencia en la gesti\u00f3n e inspecci\u00f3n de este impuesto en relaci\u00f3n con las rentas obtenidas a trav\u00e9s de establecimiento permanente.<\/p>\n

          – Adaptaciones en el procedimiento de cambio de domicilio fiscal<\/strong> y en la presentaci\u00f3n de ciertas declaraciones informativas.<\/p>\n

          – Se modifica la regla sobre normativa aplicable a los grupos fiscales<\/strong>, de forma que tendr\u00e1n que estar integrados por sociedades sometidas a la misma normativa.<\/p>\n

          – En el r\u00e9gimen especial del Impuesto sobre Sociedades aplicable a las fusiones, escisiones<\/strong> y otras operaciones de reorganizaci\u00f3n empresarial, se prev\u00e9 que la normativa aprobada por la Comunidad Foral tenga el mismo contenido que la normativa de territorio com\u00fan.<\/p>\n

          – Se agiliza la remisi\u00f3n a la Junta Arbitral de las consultas tributarias<\/strong> sobre las que no se haya alcanzado acuerdo en la Comisi\u00f3n Coordinadora.<\/p>\n

          – Se prev\u00e9 una norma en relaci\u00f3n con las deudas tributarias<\/strong> correspondientes a una Administraci\u00f3n y que son ingresadas en otra<\/strong>, de forma que el obligado tributario podr\u00e1 solicitar la extinci\u00f3n de las deudas tributarias por impuestos indirectos que le pueda reclamar una Administraci\u00f3n, en la parte equivalente de deuda efectivamente satisfecha en la otra, cuando concurran determinados requisitos.<\/p>\n

          – Y se incluyen reglas de derecho transitorio. <\/strong><\/p>\n

          \n

          Entr\u00f3 en vigor el 26 de junio de 2015.<\/p>\n

          PDF (BOE-A-2015-7047 – 15 p\u00e1gs.<\/abbr> – 267 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

           <\/p>\n<\/div>\n<\/a>

          Modelo 411: dep\u00f3sitos. <\/span><\/strong><\/h6>\n

          Orden HAP\/1230\/2015, de 17 de junio, por la que se aprueba el modelo 411 \u00abImpuesto sobre los Dep\u00f3sitos en las Entidades de Cr\u00e9dito. Autoliquidaci\u00f3n\u00bb y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentaci\u00f3n y se modifica la Orden HAP\/2178\/2014, de 18 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 410 de pago a cuenta del Impuesto sobre los Dep\u00f3sitos en las Entidades de Cr\u00e9dito y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentaci\u00f3n; y se modifican otras normas tributarias.<\/p>\n

          El art. 19<\/a>\u00a0de la Ley 16\/2012, de 27 de diciembre, introdujo en el sistema tributario espa\u00f1ol el Impuesto sobre los Dep\u00f3sitos en las Entidades de Cr\u00e9dito<\/strong>, con vocaci\u00f3n de uniformidad en todo el territorio nacional. \u00a0Actualmente el tipo impositivo es del 0,03%.<\/p>\n

          Esta orden aprueba el modelo 411<\/strong> \u00abImpuesto sobre los Dep\u00f3sitos en las Entidades de Cr\u00e9dito. Autoliquidaci\u00f3n<\/strong>\u00bb, que figura como anexo I<\/strong> de la presente Orden, s\u00f3lo\u00a0disponible en formato electr\u00f3nico<\/strong>.<\/p>\n

          Est\u00e1n obligados<\/strong> a presentarlo los que tengan la consideraci\u00f3n de contribuyentes conforme al art. 19.6<\/a>\u00a0Ley 16\/2012, de 27 de diciembre (fundamentalmente entidades de cr\u00e9dito), y no gocen de exenci\u00f3n conforme a lo dispuesto en el 19.4.<\/p>\n

          El plazo<\/strong> para la presentaci\u00f3n ser\u00e1 el comprendido entre los d\u00edas 1 y 31 del mes de julio del a\u00f1o siguiente a aquel que coincida con el periodo impositivo.<\/p>\n

          \n

          PDF (BOE-A-2015-7048 – 8 p\u00e1gs.<\/abbr> – 329 KB<\/abbr>)<\/a>Otros formatos<\/a><\/p>\n

           <\/p>\n<\/a>

          Contratos de formaci\u00f3n y aprendizaje.\u00a0<\/strong><\/span><\/h6>\n

          Orden ESS\/1249\/2015, de 19 de junio, por la que se ampl\u00eda el plazo previsto en la disposici\u00f3n transitoria octava de la Ley 3\/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, relativa a los contratos para la formaci\u00f3n y el aprendizaje.<\/p>\n

          Se ampl\u00eda hasta el 31 de diciembre de 2015<\/strong> el plazo previsto en el apartado 2 de la disposici\u00f3n transitoria octava de la Ley 3\/2012, de 6 de julio<\/a>, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, de forma que en los contratos para la formaci\u00f3n y el aprendizaje que se suscriban hasta esa fecha (antes 30 de junio de 2015), en los supuestos en que no exista t\u00edtulo de formaci\u00f3n profesional o certificado de profesionalidad relacionados con el trabajo efectivo a realizar, o centros formativos disponibles para su impartici\u00f3n, la actividad formativa inherente a estos contratos estar\u00e1 constituida por los contenidos m\u00ednimos orientativos<\/strong> establecidos en el fichero de especialidades formativas, accesible para su consulta en las p\u00e1ginas web del Servicio P\u00fablico de Empleo Estatal (www.sepe.es) y en las de los Servicios P\u00fablicos de Empleo correspondientes de las Comunidades Aut\u00f3nomas, para las ocupaciones o especialidades relativas a la actividad laboral contemplada en el contrato; en su defecto, estar\u00e1 constituida por los contenidos formativos determinados por las empresas o comunicados por estas al Servicio P\u00fablico de Empleo Estatal, a los efectos de su validaci\u00f3n en el marco del Sistema Nacional de Empleo.<\/p>\n

          PDF (BOE-A-2015-7123 – 2 p\u00e1gs.<\/abbr> – 147 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0\u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n<\/div>\n

           <\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/a>

          TRIBUNAL CONSTITUCIONAL<\/span><\/strong><\/h6>\n

          SEGURIDAD CIUDADANA.<\/strong> Recurso de inconstitucionalidad n.\u00ba 2896-2015, contra los art\u00edculos 19.2, 20.2, 36.2, 36.23, 37.1 en relaci\u00f3n con el 30.3, 37.3, 37.7, y la disposici\u00f3n final primera de la Ley Org\u00e1nica 4\/2015, de 30 de marzo<\/a>, de protecci\u00f3n de la seguridad ciudadana.<\/p>\n

          El Pleno del Tribunal Constitucional\u00a0ha acordado admitir a tr\u00e1mite el recurso de inconstitucionalidad promovido por m\u00e1s de cincuenta diputados de diversos\u00a0Grupos Parlamentarios. Entre los contenidos afectados se encuentran\u00a0<\/p>\n

          – Presunci\u00f3n de veracidad del acta de aprehensi\u00f3n de drogas. Art. 20.2<\/p>\n

          – Registros corporales externos. Art. 20.2<\/p>\n

          – Infracciones graves y leves. Arts. 36 y 37.<\/p>\n

          PDF (BOE-A-2015-6641 – 1 p\u00e1g.<\/abbr> – 138 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

          \u00a0<\/p>\n

          GALICIA: ALTERACI\u00d3N DE T\u00c9RMINOS MUNICIPALES.\u00a0<\/strong>Cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad n.\u00ba 1619-2015, en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 32.1 de la Ley 5\/1997, de 22 de julio<\/a>, de Administraci\u00f3n Local de Galicia, por posible vulneraci\u00f3n del art\u00edculo 148.1.18\u00aa CE.<\/p>\n

          Dice as\u00ed el precepto cuestionado en \u00e9ste y en otros dos procedimientos:<\/p>\n

          1. Las alteraciones de t\u00e9rminos municipales podr\u00e1n, asimismo, ser tramitadas, con car\u00e1cter voluntario, por los Ayuntamientos interesados. En tal caso, el expediente ser\u00e1 iniciado por los acuerdos de los respectivos Ayuntamientos, adoptados con el voto favorable de las dos terceras partes del n\u00famero de hecho y, en todo caso, de la mayor\u00eda absoluta del n\u00famero legal de miembros de la corporaci\u00f3n.<\/p>\n

          PDF (BOE-A-2015-6700 – 1 p\u00e1g.<\/abbr> – 139 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

          \u00a0<\/p>\n

          CANTABRIA.<\/strong> Cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad n.\u00ba 2209-2015, en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 65. Bis. 1, inciso \u00abo judiciales\u00bb, en relaci\u00f3n con los efectos previstos en el apartado 2 y 3, de la Ley 2\/2001, de 25 de junio, de Ordenaci\u00f3n Territorial y del R\u00e9gimen Urban\u00edstico del Suelo de Cantabria (LOTRUS), a\u00f1adido por el art\u00edculo 1 de la Ley 4\/2013, de 20 de junio, por posible vulneraci\u00f3n de los art\u00edculos 24.2, 117.3 y 149.1.6\u00aa de la CE.<\/p>\n

          Dice as\u00ed el precepto cuestionado:<\/p>\n

          Art\u00edculo 65 bis. Autorizaci\u00f3n provisional de edificaciones o actuaciones preexistentes.<\/p>\n

          1. Iniciado el procedimiento dirigido a la formaci\u00f3n, modificaci\u00f3n o revisi\u00f3n de los planes urban\u00edsticos y dem\u00e1s instrumentos de planeamiento, y para impedir que se generen perjuicios irreparables al inter\u00e9s p\u00fablico o a los propietarios de edificaciones o actuaciones que, habiendo sido previamente declaradas ilegales y sobre las que hubiesen reca\u00eddo \u00f3rdenes de demolici\u00f3n administrativas o judiciales<\/strong>, puedan resultar conformes con la nueva ordenaci\u00f3n que se est\u00e1 tramitando, el \u00f3rgano municipal competente para aprobar inicialmente el plan podr\u00e1 otorgar, de oficio o a instancia de los interesados, autorizaciones provisionales que afecten a dichas edificaciones o actuaciones preexistentes, previa comprobaci\u00f3n de que resultan conformes con el nuevo planeamiento municipal en tramitaci\u00f3n. Si el procedimiento se inicia a solicitud del interesado, transcurrido el plazo de tres meses sin haberse notificado resoluci\u00f3n alguna podr\u00e1 entender desestimada su petici\u00f3n.<\/p>\n

          PDF (BOE-A-2015-7086 – 1 p\u00e1g.<\/abbr> – 142 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

          \u00a0<\/p>\n<\/a>

          DISPOSICIONES AUTON\u00d3MICAS:<\/strong><\/b><\/span><\/h6>\n

          CATALU\u00d1A.\u00a0<\/strong>Decreto-ley 1\/2015, de 24 de marzo, de medidas extraordinarias y urgentes para la movilizaci\u00f3n de las viviendas provenientes de procesos de ejecuci\u00f3n hipotecaria.\u00a0<\/p>\n

          Las principales medidas adoptadas mediante este Decreto ley son las siguientes:<\/p>\n

          1) Someter al derecho de tanteo y retracto a favor de la Administraci\u00f3n de la Generalidad<\/strong> las transmisiones de viviendas adquiridas en un proceso de ejecuci\u00f3n hipotecaria o mediante compensaci\u00f3n o pago de deuda con garant\u00eda hipotecaria<\/span>, en el conjunto de todos y cada uno de los municipios considerados como de demanda residencial fuerte y acreditada por el Plan territorial sectorial de vivienda o, en su defecto por el Plan para el derecho a la vivienda.<\/p>\n

          2) Tipificar una nueva infracci\u00f3n grave<\/strong> en materia de calidad del parque inmobiliario, consistente en la no ejecuci\u00f3n de las obras necesarias para el cumplimiento de los requisitos de habitabilidad <\/strong>exigidos a las viviendas provenientes de ejecuciones hipotecarias o mediante compensaci\u00f3n o pago de deuda con garant\u00eda hipotecaria.<\/p>\n

          Esta medida ser\u00e1 efectiva a partir de los 6 meses siguientes a la entrada en vigor del Decreto ley.<\/p>\n

          Cuando estas viviendas se encuentren en un municipio considerado de demanda residencial fuerte y acreditada, se establece la expropiaci\u00f3n temporal del usufructo en el marco de una ejecuci\u00f3n forzosa subsidiaria por parte de la Administraci\u00f3n y a cargo del titular de la vivienda<\/strong>, por un plazo m\u00e1ximo de 10 a\u00f1os, para aquellos supuestos de negativa en el cumplimento de la obligaci\u00f3n por parte del titular.<\/p>\n

          En estos casos, se prev\u00e9 que la Administraci\u00f3n deduzca de la indemnizaci\u00f3n a abonar al propietario el importe de las obras que se han previsto ejecutar para dotar a la vivienda de condiciones de habitabilidad.<\/p>\n

          3) Finalmente, tambi\u00e9n se incluye en el Decreto ley el deber de comunicaci\u00f3n<\/strong> a la Generalidad de las viviendas adquiridas en un proceso de ejecuci\u00f3n hipotecaria, tanto si la vivienda est\u00e1 vac\u00eda como si la vivienda est\u00e1 ocupada sin t\u00edtulo habilitante.<\/p>\n

          Los datos sobre estas viviendas se integran en el Registro de viviendas vac\u00edas y de viviendas sin t\u00edtulo habilitante<\/strong>, que se crea mediante el Decreto ley.<\/p>\n

          Entr\u00f3 en vigor el 27 de marzo de 2015. (GGB)<\/p>\n

          PDF (BOE-A-2015-6016 \u2013 8\u00a0p\u00e1gs.\u00a0\u2013 199\u00a0KB)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

           <\/p>\n

          ILLES BALEARS.\u00a0<\/strong>Ley 14\/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la Comunidad Aut\u00f3noma de las Illes Balears.<\/p>\n

          Norma de car\u00e1cter financiero que tiene por objeto la regulaci\u00f3n de la hacienda p\u00fablica<\/strong> de la comunidad aut\u00f3noma de las Illes Balears, as\u00ed como la regulaci\u00f3n del r\u00e9gimen presupuestario<\/strong>, de la contabilidad p\u00fablica y del control de la actividad econ\u00f3mico-financiera de todo el sector p\u00fablico de la comunidad aut\u00f3noma de las Illes Balears.<\/p>\n

          Entrar\u00e1 en vigor el 1 de enero de 2016. (GGB)<\/p>\n

          PDF (BOE-A-2015-6017 \u2013 79 p\u00e1gs. \u2013 1.416 KB)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

           <\/p>\n

          MADRID.\u00a0<\/strong>Ley 2\/2015, de 10 de marzo, de Acceso al Entorno de Personas con Discapacidad que Precisan el Acompa\u00f1amiento de Perros de Asistencia.<\/p>\n

          La ley se estructura en cinco cap\u00edtulos, dos disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposici\u00f3n derogatoria y tres disposiciones finales.<\/p>\n

          En el cap\u00edtulo I<\/strong> se concreta el objeto de la ley, se definen los conceptos m\u00e1s relevantes y se establece la clasificaci\u00f3n de los perros de asistencia.<\/p>\n

          Los cap\u00edtulos II y III<\/strong> regulan, sucesivamente, el reconocimiento, suspensi\u00f3n y p\u00e9rdida de la condici\u00f3n de perro de asistencia y de la unidad de vinculaci\u00f3n formada por la persona con discapacidad y su perro de asistencia, las entidades de adiestramiento de perros de asistencia y la capacitaci\u00f3n profesional del adiestrador o adiestradora.<\/p>\n

          Por \u00faltimo, los cap\u00edtulos IV y V<\/strong> establecen los derechos y obligaciones de las personas usuarias de perros de asistencia y el r\u00e9gimen sancionador, de forma que se garantice el efectivo cumplimiento de los derechos y obligaciones contemplados en la ley.<\/p>\n

          Entr\u00f3 en vigor el 14 de marzo de 2015. (GGB)<\/p>\n

          PDF (BOE-A-2015-6129 \u2013 15 p\u00e1gs. \u2013 267 KB)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

          \u00a0<\/p>\n

          CASTILLA-LA MANCHA.\u00a0<\/strong>Ley 1\/2015, de 12 de febrero, del Servicio Regional de Mediaci\u00f3n Social y Familiar de Castilla-La Mancha.<\/p>\n

          La ley consta de 40 art\u00edculos y se estructura en cinco t\u00edtulos, dos disposiciones adicionales, una disposici\u00f3n derogatoria y cuatro disposiciones finales.<\/p>\n

          El t\u00edtulo preliminar<\/strong> define el objeto de la ley, el concepto de mediaci\u00f3n social y familiar se\u00f1alando los conflictos susceptibles de mediaci\u00f3n<\/strong>, el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n y las funciones de la Administraci\u00f3n Auton\u00f3mica dentro de su cap\u00edtulo primero, estableciendo en el cap\u00edtulo segundo los principios que rigen la actividad mediadora y el coste del servicio.<\/p>\n

          El t\u00edtulo primero<\/strong> regula la mediaci\u00f3n social y familiar<\/strong> estableciendo, en su cap\u00edtulo primero, los derechos y obligaciones de las partes y de las personas mediadoras y en el cap\u00edtulo segundo regula el procedimiento de mediaci\u00f3n, de forma que pueda adaptarse a la situaci\u00f3n concreta respetando la autonom\u00eda de la voluntad de las partes, con el objetivo de intentar lograr acuerdos.<\/p>\n

          El t\u00edtulo segundo<\/strong> establece las especialidades del procedimiento de mediaci\u00f3n <\/strong>en la b\u00fasqueda de or\u00edgenes por parte de las personas adoptadas, incidiendo en la prestaci\u00f3n del servicio por parte de personal propio, en las medidas de apoyo por parte de la Consejer\u00eda y en las fases de estos procedimientos.<\/p>\n

          El t\u00edtulo tercero<\/strong> est\u00e1 dedicado a la mediaci\u00f3n en conciliaci\u00f3n y reparaci\u00f3n en el \u00e1mbito de la responsabilidad penal de los menores<\/strong> en el cual, partiendo de la necesaria colaboraci\u00f3n con el Ministerio Fiscal y los equipos t\u00e9cnicos de fiscal\u00eda, se establecen los objetivos del servicio y los plazos que se fijan para estos procedimientos de mediaci\u00f3n.<\/p>\n

          Por \u00faltimo, el t\u00edtulo cuarto<\/strong> regula el r\u00e9gimen sancionador<\/strong> definiendo los sujetos responsables, estableciendo la tipificaci\u00f3n de las sanciones y las clases de sanciones, as\u00ed como sus criterios de graduaci\u00f3n, los plazos de prescripci\u00f3n de infracciones y sanciones y la posibilidad de adoptar medidas cautelares.<\/p>\n

          Entr\u00f3 en vigor el marzo de 2015. (GGB)<\/p>\n

          PDF (BOE-A-2015-6875 \u2013 17 p\u00e1gs. \u2013 287 KB)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formato<\/a><\/p>\n

          \u00a0<\/p>\n

          CASTILLA-LA MANCHA.\u00a0<\/strong>Ley 3\/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha.<\/p>\n

          Destacar algunas novedades como:<\/p>\n

          Se introducen los Planes de Conservaci\u00f3n del Patrimonio Gen\u00e9tico<\/strong> de las especies cineg\u00e9ticas m\u00e1s sensibles a la introgresi\u00f3n gen\u00e9tica.<\/p>\n

          Se contempla un sistema de Certificaci\u00f3n de la Calidad Cineg\u00e9tica, cre\u00e1ndose la Marca de Calidad \u00abCaza Natural de Castilla-La Mancha\u00ab<\/strong> como instrumento para la promoci\u00f3n de la actividad cineg\u00e9tica de calidad en Castilla-La Mancha.<\/p>\n

          La ley desarrolla los distintos tipos de terrenos cineg\u00e9ticos donde se puede practicar la caza, que quedan simplificados en Cotos de Caza y Zonas Colectivas de Caza<\/strong>.<\/p>\n

          Se suprime la catalogaci\u00f3n de los cotos de caza mayor y de menor, impulsando a los Planes de Ordenaci\u00f3n Cineg\u00e9tica la capacidad de establecer las modalidades y especies de caza que pueden ser objeto de aprovechamiento<\/strong>, conforme a la vocaci\u00f3n cineg\u00e9tica de los terrenos y sus posibilidades.<\/p>\n

          Se establece con car\u00e1cter unitario de un mismo criterio a nivel regional, respecto a la validez en el \u00e1mbito administrativo y a los efectos de la creaci\u00f3n o modificaci\u00f3n de Cotos de Caza, de los contratos de arriendo o cesi\u00f3n de derechos cineg\u00e9ticos<\/strong>. Se prev\u00e9 tambi\u00e9n, en las renovaciones de los Planes de Ordenaci\u00f3n Cineg\u00e9tica, que la acreditaci\u00f3n de la posesi\u00f3n de los derechos cineg\u00e9ticos por parte de sus titulares, se efect\u00fae mediante declaraci\u00f3n responsable<\/strong> v\u00e1lida en derecho, habilitando los mecanismos de control administrativo necesarios.<\/p>\n

          Se crea la figura de titulares profesionales cineg\u00e9ticos<\/strong>.<\/p>\n

          Entr\u00f3 en vigor el 1 de abril de 2015. (GGB)<\/p>\n

          PDF (BOE-A-2015-6877 \u2013 68 p\u00e1gs. \u2013 1.156 KB)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

          \u00a0<\/p>\n<\/a>

          SECCI\u00d3N 2\u00aa:<\/strong><\/b><\/span><\/h6>\n

          Abogados del Estado\u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n

          Orden JUS\/1061\/2015, de 29 de mayo, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo de Abogados del Estado.<\/p>\n

          PDF (BOE-A-2015-6291 – 7 p\u00e1gs.<\/abbr> – 189 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a>\u00a0 Correcci\u00f3n de errores<\/a><\/p>\n

           <\/p>\n<\/a>

          Concursos notariales: resoluci\u00f3n.<\/span><\/strong><\/h6>\n

          DGRN.<\/strong> Resoluci\u00f3n de 5 de junio de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, por la que se resuelve el concurso para la provisi\u00f3n de notar\u00edas vacantes convocado por Resoluci\u00f3n de 14 de abril de 2015, y se dispone su comunicaci\u00f3n a las comunidades aut\u00f3nomas para que se proceda a los nombramientos.<\/p>\n

          De las 150 plazas ofertadas, se han cubierto 68 y han quedado desiertas 82.\u00a0<\/p>\n

          Ver convocatoria<\/a>.\u00a0Ver archivo de concursos<\/a>.<\/strong><\/p>\n

          \n

          PDF (BOE-A-2015-6575 – 7 p\u00e1gs.<\/abbr> – 358 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

          \u00a0<\/p>\n

          CATALU\u00d1A.\u00a0<\/strong>Resoluci\u00f3n de 5 de junio de 2015, de la Direcci\u00f3n General de Derecho y Entidades Jur\u00eddicas, del Departamento de Justicia, por la que se resuelve el concurso para la provisi\u00f3n de notar\u00edas vacantes, convocado por Resoluci\u00f3n de 14 de abril de 2015.<\/p>\n

          Se han cubierto seis plazas de las 52 ofertadas, por lo que quedan desiertas\u00a046.<\/p>\n

          Ver convocatoria<\/a>.\u00a0Ver archivo de concursos<\/a>.<\/strong><\/p>\n

          \n

          PDF (BOE-A-2015-6590 – 1 p\u00e1g.<\/abbr> – 145 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

          \u00a0<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

          Jubilaciones y excedencias.<\/strong><\/p>\n

          Se declara a don F\u00e9lix Rodr\u00edguez L\u00f3pez, registrador de la propiedad de Sevilla n.\u00ba 6, en situaci\u00f3n de excedencia voluntaria.<\/p>\n

          Se jubila al notario de Barcelona, don Carlos Cabad\u00e9s O’Callaghan.<\/p>\n

          Se dispone la jubilaci\u00f3n voluntaria del notario de Oviedo don Rafael Morales Lozano.<\/p>\n

          Se jubila al notario de Pozuelo de Alarc\u00f3n, don Jos\u00e9 Antonio Bernal Gonz\u00e1lez.\u00a0<\/p>\n

          Se jubila al notario de Madrid, don Carlos Jos\u00e9 Cabezas Vel\u00e1zquez.<\/p>\n

           <\/p>\n<\/a>

          RESOLUCIONES:<\/strong><\/span><\/h6>\n

          Durante este mes\u00a0se han publicado TREINTA Y CINCO RESOLUCIONES<\/a><\/span>.<\/span><\/strong><\/p>\n

          \u00a0<\/p>\n

          <\/a>148.\u00a0EJECUCI\u00d3N DE SENTENCIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA POR LA ADMINISTRACI\u00d3N.<\/b><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

          ANULACI\u00d3N DE PROYECTO DE NORMALIZACI\u00d3N. INTERVENCION DEL TITULAR REGISTRAL.<\/b><\/span>\u00a0Resoluci\u00f3n de 21 de abril de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci\u00f3n extendida por el registrador de la propiedad de Lepe, por la que se suspende la inscripci\u00f3n de una certificaci\u00f3n administrativa.<\/span><\/span><\/p>\n

          Se presenta certificaci\u00f3n del Ayuntamiento de la que resulta que, dando cumplimiento a sentencia firme del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, el alcalde resuelve anular el proyecto de normalizaci\u00f3n de fincas que afecta a tres fincas.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

          El registrador alega dos defectos:<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

          1.- Que la resoluci\u00f3n no ha sido sometida a informaci\u00f3n p\u00fablica y publicidad. Se revoca la nota. Entiende la Direcci\u00f3n que cuando la Administraci\u00f3n P\u00fablica condenada en un proceso contencioso-administrativo es la encargada de ejecutar la sentencia, la actividad que al efecto despliegue se materializar\u00e1 necesariamente en uno o varios actos administrativos que habr\u00e1n de ajustarse a los t\u00e9rminos de aqu\u00e9lla. Pero hay que distinguir dos supuestos: si la sentencia se limita a declarar la nulidad del acto o actos administrativos ordenando su desaparici\u00f3n jur\u00eddica, bastar\u00e1 que la Administraci\u00f3n dicte un acto de contenido puramente negativo, limit\u00e1ndose a declararlo formalmente as\u00ed. Si, por el contrario, la sentencia ordena la retroacci\u00f3n del expediente administrativo a un momento procedimental determinado, por haberse omitido un tr\u00e1mite esencial, la Administraci\u00f3n habr\u00e1 de proseguir aqu\u00e9l a partir del momento correspondiente, realizando todos los tr\u00e1mites preceptivos hasta dictar nueva resoluci\u00f3n; en este caso si la administraci\u00f3n ha de dictar uno o varios actos nuevos en sustituci\u00f3n de aqu\u00e9llos, estos \u00faltimos habr\u00e1n de ser plenamente ajustados al ordenamiento jur\u00eddico, tanto en los aspectos formales como en su contenido material; pero <\/span><\/span>si se limita a reproducir mim\u00e9ticamente el fallo de la sentencia que decreta la nulidad del acto o actos<\/b><\/span><\/span>, dif\u00edcilmente podr\u00e1 exigirse que se haya dictado respetando los tr\u00e1mites e incidencias esenciales ni con las mismas garant\u00edas procedimentales propias de un acto de contenido positivo. En resumen, <\/span><\/span>la calificaci\u00f3n registral negativa de un acto as\u00ed no podr\u00e1 fundarse en la omisi\u00f3n o realizaci\u00f3n defectuosa de \u00abtr\u00e1mites o incidencias\u00bb esenciales<\/b><\/span><\/span>. Aplicando lo anterior al caso que nos ocupa, la resolucion se limita a dejar sin efecto el proyecto de normalizaci\u00f3n …, en lo relativo a las fincas registrales … y <\/span><\/span>no introduce ciertamente ninguna innovaci\u00f3n jur\u00eddica, por lo que se estima el recurso en este punto.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

          2.- Falta la notificaci\u00f3n al conyuge de unos de los titulares registrales siendo la finca ganancial. Se confirma la nota: La inscripci\u00f3n de actuaciones que surten efectos frente al titular registral exige que su posici\u00f3n jur\u00eddica sea respetada y rigiendo en materia de gananciales el principio de codisposici\u00f3n, ni la sola conducta de uno de los c\u00f3nyuges, ni la decisi\u00f3n judicial o administrativa que la supla, basta para entender que es plenamente v\u00e1lida la actuaci\u00f3n cuya inscripci\u00f3n se pretende; <\/span><\/span>lo contrario implicar\u00eda su indefensi\u00f3n y vulneraci\u00f3n del principio constitucional del derecho a la tutela jurisdiccional de los derechos e intereses leg\u00edtimos de aquellos a quienes el Registro reconoce derechos <\/b><\/span><\/span>(art. 24 CE). Se alega que la notificaci\u00f3n dirigida al esposo fue recogida por dicho c\u00f3nyuge pero la Direcci\u00f3n sostiene que en el estrecho cauce del recurso administrativo, a falta de un tr\u00e1mite de prueba y valoraci\u00f3n, no es equiparable la previsi\u00f3n legal de notificaci\u00f3n individualizada a la mera circunstancia de hacerse cargo de una notificaci\u00f3n dirigida a persona distinta.<\/span><\/span>(MN)<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

          PDF (BOE-A-2015-6069 – 7 p\u00e1gs.<\/abbr> – 186 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

          \u00a0<\/p>\n

          <\/a>149.\u00a0ANOTACI\u00d3N CADUCADA: NO PERMITE CANCELAR CARGAS POSTERIORES.\u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n

          Resoluci\u00f3n de 22 de abril de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificaci\u00f3n del registrador de la propiedad de Ciudad Rodrigo, por la que deniega la cancelaci\u00f3n de determinadas anotaciones de embargo, ordenada en mandamiento judicial dictado como consecuencia de procedimiento de ejecuci\u00f3n.<\/p>\n

          Se reitera la doctrina de la Direcci\u00f3n seg\u00fan la cual y de acuerdo con el\u00a0<\/a><\/span>art. 86 LH<\/span>\u00a0<\/span>l<\/span><\/strong><\/a>as anotaciones tienen un plazo de vigencia de 4 a\u00f1os y una vez transcurrido, si no han sido prorrogadas, su caducidad opera\u00a0<\/span>ipso iure<\/span><\/em><\/strong>\u00a0<\/span>careciendo desde entonces de todo efecto jur\u00eddico, entre ellos la posici\u00f3n de prioridad que las mismas conceden a su titular, y que permite la inscripci\u00f3n de un bien con cancelaci\u00f3n de cargas posteriores a favor del adjudicatario, que ha adquirido en el procedimiento del que deriva la anotaci\u00f3n, de modo que los asientos posteriores mejoran su rango en cuanto dejan de estar sujetos a la limitaci\u00f3n que para ellos implicaba aquel asiento y no podr\u00e1n ser cancelados en virtud del mandamiento prevenido en el\u00a0<\/span>art 175.2.\u00aa RH<\/span><\/a>, si al tiempo de presentarse aquel en el Registro, se hab\u00eda operado ya la caducidad.<\/span> (MN)<\/span><\/p>\n

          PDF (BOE-A-2015-6070 – 6 p\u00e1gs.<\/abbr> – 179 KB<\/abbr>)<\/a>Otros formatos<\/a><\/p>\n

          \u00a0<\/p>\n

          <\/a>150.<\/strong><\/span>\u00a0HIPOTECA SOBRE OBRA NUEVA EN CONSTRUCCI\u00d3N. VALOR DE TASACI\u00d3N.<\/strong>\u00a0<\/span><\/p>\n

          Resoluci\u00f3n de 22 de abril de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Palma de Mallorca n.\u00ba 5 a inscribir determinadas cl\u00e1usulas de una escritura de pr\u00e9stamo con garant\u00eda hipotecaria.<\/p>\n

          Hechos:<\/strong> se otorga una escritura de pr\u00e9stamo con garant\u00eda hipotecaria sobre una finca en la que existe un edificio en construcci\u00f3n. Se aporta certificado de tasaci\u00f3n del que resulta un valor en el estado actual de la obra y otro mayor en la hip\u00f3tesis de edificio terminado. Se pacta como valor para subasta el se\u00f1alado para el caso de terminaci\u00f3n.<\/p>\n

          El registrador<\/strong> suspende la inscripci\u00f3n ya que el valor para subasta no se ajusta al certificado de tasaci\u00f3n por cuanto es superior a \u00e9ste (en el estado actual de la obra) y el certificado de tasaci\u00f3n para el edificio terminado es poco concreto, y es una hip\u00f3tesis.<\/p>\n

          El notario autorizante<\/strong> recurre y alega que el valor para subasta fijado es superior al 75% del valor de la tasaci\u00f3n, que es el m\u00ednimo impuesto por la normativa vigente y por tanto se cumple el requisito legal.<\/p>\n

          La DGRN<\/strong> desestima el recurso argumentando que la tasaci\u00f3n, para la hip\u00f3tesis de edificio terminado, debe de concretarse en un momento posterior y adem\u00e1s no se ajusta a la normativa aplicable que exige una correlaci\u00f3n entre el valor real y el valor para subasta, en inter\u00e9s tanto del acreedor como del deudor. Apunta como soluci\u00f3n que el certificado de tasaci\u00f3n adecuado \u00a0ser\u00eda el \u00faltimo que se emita para la entrega de fondos del pr\u00e9stamo (y por tanto presupone que \u00e9se debe de ser \u00a0valor para subasta)<\/p>\n

          Comentario.-<\/strong> El asunto central de la Resoluci\u00f3n es bastante discutible por cuanto este pretendido principio de la ley de correlaci\u00f3n entre valor real y de subasta tiene muchos vac\u00edos legales y este caso es uno m\u00e1s de ellos. As\u00ed, por ejemplo,\u00a0 en un caso normal en que la finca (edificio terminado, o solar)\u00a0 se tase hoy en X es posible que cuando se pretenda ejecutar (quiz\u00e1 dentro de 1, 5, 10 \u00f3 20 a\u00f1os) no valga ya X, sino X*2 o X\/2 con lo que esa correlaci\u00f3n desaparece casi inmediatamente (la propia norma la estima en 6 meses) y nadie se ha planteado suspender las subastas por tal motivo (porque la ley no lo contempla).\u00a0<\/p>\n

          Por otro lado la soluci\u00f3n que propone la DGRN relativa a la \u00faltima tasaci\u00f3n que se efect\u00fae al final de la obra no me parece acertada ya que dicha tasaci\u00f3n es, normalmente, o bien un certificado sobre el grado de ejecuci\u00f3n de la obra (en %, sin valor) o bien un certificado sobre el porcentaje del presupuesto ejecutado (de lo que se han gastado en la obra), pero en ning\u00fan caso una tasaci\u00f3n de la finca (que es el valor en venta, incluido el suelo). En sentido negativo esta posici\u00f3n\u00a0 puede llevar como soluci\u00f3n pr\u00e1ctica, para que la hipoteca sea inscribible,\u00a0 a que las partes pacten como valor para subasta el del valor actual respecto del cual \u00a0ya no se podr\u00e1 argumentar que es un valor hipot\u00e9tico. De ello resultar\u00e1 que el \u00fanico perjudicado ser\u00e1 el deudor, especialmente si el edificio est\u00e1 en sus inicios de construcci\u00f3n, pues si se termina el edificio (que ser\u00e1 el supuesto normal si hay pr\u00e9stamo) ya no valdr\u00e1 la finca lo que val\u00eda al inicio, sino mucho m\u00e1s y el valor para subasta ser\u00e1 el pactado inicialmente.<\/p>\n

          La soluci\u00f3n a este problema podr\u00eda ser un cambio legislativo de forma que el valor de subasta\u00a0 sea el fijado por un tasador en el procedimiento de ejecuci\u00f3n (\u00fanica forma de asegurar esa correlaci\u00f3n) y mientras tanto, si hay que optar entre proteger el inter\u00e9s del deudor (mejor para \u00e9l una tasaci\u00f3n alta, del edificio una vez terminado)\u00a0 y el del acreedor (mejor una tasaci\u00f3n baja, del edificio en el estado actual de construcci\u00f3n) es obvio que hay que proteger a la parte m\u00e1s d\u00e9bil y por tanto admitir como valor para subasta el valor hipot\u00e9tico una vez terminada la construcci\u00f3n, que por otra parte es el que se ha admitido tradicionalmente sin mayores problemas. (AFS)<\/p>\n

          PDF (BOE-A-2015-6071 – 9 p\u00e1gs.<\/abbr> – 208 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

          \u00a0<\/p>\n

          <\/a>151<\/span><\/strong>. TRANSMISI\u00d3N DE PARTICIPACIONES SOCIALES MORTIS CAUSA.<\/strong><\/span><\/p>\n

          IMPERATIVIDAD DEL DERECHO DE ADQUISICI\u00d3N PREFERENTE.<\/strong>\u00a0<\/span>Resoluci\u00f3n de 23 de abril de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de bienes muebles XI de Barcelona a inscribir una escritura de transformaci\u00f3n de sociedad.<\/p>\n

          Hechos:<\/strong> En una transformaci\u00f3n de sociedad civil en mercantil se establece, en el art\u00edculo relativo a la transmisi\u00f3n de participaciones, y tras indicar que la transmisi\u00f3n se rige en todo por la Ley lo siguiente: \u00a0\u00abEn consecuencia, ser\u00e1 libre la transmisi\u00f3n voluntaria de participaciones por actos intervivos entre socios, o a favor del c\u00f3nyuge, ascendientes o descendientes del socio o de Sociedades pertenecientes al mismo grupo que la transmitente, as\u00ed como las transmisiones mortis causa a favor de otro socio o del c\u00f3nyuge, ascendientes o descendientes del socio fallecido<\/strong>\u201d.<\/p>\n

          El registrador considera que el precepto adolece de falta de claridad en lo relativo a las transmisiones mortis causa<\/strong> pues los estatutos no regulan de forma expresa \u201cqu\u00e9 r\u00e9gimen seguir\u00e1n el resto de transmisiones mortis causa\u201d.<\/strong> Por ello \u201cdeber\u00e1 expresarse si la voluntad social es establecer un derecho de adquisici\u00f3n en favor de los socios en el resto de supuestos regulados, como parece desprenderse, y en este caso, las condiciones de su ejercicio, ya que en los t\u00e9rminos expresados dicho precepto no re\u00fane la suficiente claridad (art. 110 de la Ley de Capital y 188 del Reglamento del Registro Mercantil)\u201d.<\/p>\n

          Para el notario recurrente \u201cla remisi\u00f3n que en el art\u00edculo 9 de los estatutos sociales se efect\u00faa es a la totalidad de la regulaci\u00f3n legal <\/strong>del acceso de nuevos socios a la sociedad, sea cual fuere la v\u00eda y la causa\u201d y por tanto,\u201del procedimiento de efectuaci\u00f3n \u2013escuetamente\u2013 es, en todos los casos, el previsto legalmente\u201d.<\/p>\n

          Doctrina:<\/strong> La DG confirma<\/strong> el acuerdo de calificaci\u00f3n.<\/p>\n

          Para la DG<\/strong> el r\u00e9gimen de transmisiones mortis causa es, como no pod\u00eda ser de otro modo, el legal, es decir el de la libertad, pero una vez producida la transmisi\u00f3n hereditaria \u201cse deja a la autonom\u00eda de la voluntad de los propios socios la posibilidad de limitar la transmisi\u00f3n mortis causa de las participaciones intensificando as\u00ed el car\u00e1cter cerrado que es inherente a esta forma social, dentro de ciertos l\u00edmites estructurales como es el hecho de que tales limitaciones actuar\u00e1n una vez que se haya producido la adquisici\u00f3n por el heredero o legatario, ajust\u00e1ndose as\u00ed al sistema romano de sucesi\u00f3n, toda vez que se adquiere la participaci\u00f3n del causante desde el momento mismo del fallecimiento, conforme a los art\u00edculos 657, 659, 661, 881, 882, 989 y concordantes del C\u00f3digo Civil (cfr. la Resoluci\u00f3n de 18 de abril de 2000)\u201d.<\/p>\n

          A\u00f1ade que \u201cen el presente caso la cl\u00e1usula debatida adolece de falta de claridad<\/strong>, precisamente porque el art\u00edculo 110.2 de la Ley de Sociedades de Capital no establece un derecho de adquisici\u00f3n preferente de participaciones que entre en juego con car\u00e1cter supletorio sino que se limita a disponer que tal derecho puede establecerse en los estatutos\u201d. En definitiva para la DG con la redacci\u00f3n que se da al art\u00edculo de los estatutos \u201cno es posible concluir de manera evidente la constituci\u00f3n de un derecho de adquisici\u00f3n preferente, que, al ser limitativo de derechos, ha de ser concluyente\u201d.<\/p>\n

          Comentario:<\/strong> Acertada decisi\u00f3n de nuestra DG.<\/p>\n

          Para nosotros el r\u00e9gimen que se establece en el art\u00edculo 110 de la LSC<\/a> es totalmente imperativo<\/strong>. Es decir los estatutos nada pueden decir sobre el punto 1<\/strong> de dicho art\u00edculo pues es claro que por el hecho de la muerte los herederos suceden al difunto en todos sus derechos y obligaciones (cfr. art\u00edculo 661 del Cc<\/a>). \u00a0Una vez producida la sucesi\u00f3n es cuando los estatutos pueden limitar los derechos adquiridos por todos o por determinados herederos<\/strong>, pero para hacerlo deben ajustarse estrictamente a lo que dice el Art. 110.2<\/strong>, es decir establecer un derecho de adquisici\u00f3n preferente a favor de los socios y en su defecto a favor de la sociedad. Por tanto aquellos estatutos que para el ejercicio del derecho de adquisici\u00f3n preferente mortis causa se remiten al procedimiento establecido para la transmisi\u00f3n intervivos, o aquellos otros, muy frecuentes, que s\u00f3lo establecen el derecho de adquisici\u00f3n preferente a favor del socio o s\u00f3lo de la sociedad, son defectuosos. Es decir la ley permite que los estatutos sociales digan lo que la misma ley establece por medio de una norma facultativa<\/strong>. Los estatutos pueden no decir nada sobre las transmisiones mortis causa, o pueden limitarlas, pero si las limitan, esa limitaci\u00f3n debe ser la establecida legalmente. Entiendo que no se puede cambiar la prelaci\u00f3n<\/strong> establecida, primero a los socios y despu\u00e9s a la sociedad, que tampoco se puede cambiar el sistema de valoraci\u00f3n<\/strong> de las participaciones y finalmente que tampoco se puede cambiar el total plazo<\/strong> que fija el precepto. Por ello en estos casos, la calificaci\u00f3n debe ir m\u00e1s que por el camino de la falta de claridad, que la ten\u00eda y pod\u00eda indicarse en la nota, por no ajustarse de forma estricta a lo establecido para la transmisi\u00f3n mortis causa a lo dispuesto en el art\u00edculo 110.2 de la LSC. (JAGV)<\/p>\n

          PDF (BOE-A-2015-6072 – 5 p\u00e1gs.<\/abbr> – 171 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

          \u00a0<\/p>\n

          <\/a>152. FUSI\u00d3N POR ABSORCI\u00d3N DE SOCIEDADES CON EL MISMO SOCIO MAYORITARIO Y ADMINISTRADOR.\u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n

          FECHA A EFECTOS CONTABLES. EL REGISTRADOR PUEDE CALIFICAR SI LA FUSI\u00d3N ES INTRAGRUPO O SI SE TRATA DE UNA COMBINACI\u00d3N DE NEGOCIOS. \u00a0<\/strong>Resoluci\u00f3n de 24 de abril de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de bienes muebles XII de Barcelona a inscribir una escritura de elevaci\u00f3n a p\u00fablico de acuerdos sociales de fusi\u00f3n de dos sociedades.<\/p>\n

          Hechos:<\/strong> Se trata de una fusi\u00f3n de sociedades<\/strong>, acordada en junta de fecha 10 de noviembre de 2014<\/strong>, teniendo la sociedad absorbente y absorbida el mismo socio mayoritario que adem\u00e1s es \u00a0administrador \u00fanico. \u00a0Como fecha a efectos contables se fija la de 31 de diciembre de 2014<\/strong>, es decir posterior al acuerdo de fusi\u00f3n.<\/p>\n

          Para el registrador \u201cdado que del contenido del documento resulta que las sociedades participantes en la fusi\u00f3n poseen un socio mayoritario com\u00fan<\/strong>, \u2026, de conformidad con la Norma 21 del Plan General de Contabilidad, en relaci\u00f3n con la Norma 13.\u00aa de elaboraci\u00f3n de las cuentas anuales y el art\u00edculo 42 del C\u00f3digo de Comercio, de la Resoluci\u00f3n n\u00famero 13 del a\u00f1o 2011 del Instituto de Contabilidad y de Auditor\u00eda y de la Resoluci\u00f3n de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado de 21 de octubre de 2014, la fecha contable<\/strong> correspondiente a la fusi\u00f3n pretendida debe ser la del primer d\u00eda del ejercicio en que se aprueba la fusi\u00f3n<\/strong> y, puesto que la fecha de las respectivas Juntas es el d\u00eda 10 de noviembre de 2014, no procede la fecha se\u00f1alada del d\u00eda 31 de diciembre de 2014<\/strong>.<\/p>\n

          El notario recurre pues para \u00e9l \u201cla posibilidad de que el Registrador Mercantil entre a valorar si concurre una \u00abcombinaci\u00f3n de negocios\u00bb<\/strong> o se trata, en cambio, de una \u00aboperaci\u00f3n entre empresas del grupo\u00bb,<\/strong> ha recibido una respuesta poco clara por parte de la Direcci\u00f3n General ante la que se interpone este recurso\u201d. Para \u00e9l, \u201cel supuesto de que \u201cuna misma persona f\u00edsica ostenta la participaci\u00f3n mayoritaria en las dos sociedades absorbida\/absorbente, pero en la sociedad absorbente hay otro socio distinto con una participaci\u00f3n nada irrelevante (34,369 % del capital social)\u201d \u2026 no supone que \u201cse puede predicar la absoluta neutralidad econ\u00f3mica de la operaci\u00f3n\u201d \u2026\u201cpues no se trata para ellos de una operaci\u00f3n intragrupo, y mucho menos a fecha 1 de enero de 2014\u201d.<\/p>\n

          A\u00f1ade que \u201cen funci\u00f3n de las circunstancias concurrentes la fusi\u00f3n podr\u00e1 contabilizarse como combinaci\u00f3n de negocios<\/strong> en sentido estricto, regida por la NRV 19, o como una operaci\u00f3n entre empresas del mismo grupo, sujeta a las especialidades recogidas en la NRV 21, pero no es el registrador, en el limitado \u00e1mbito de su calificaci\u00f3n, y s\u00f3lo con la informaci\u00f3n de que dispone, quien pueda valorar esas circunstancias, y mucho menos presumir la existencia de un grupo o de una direcci\u00f3n \u00fanica, en t\u00e9rminos tales que obligue a los interesados a tener que cambiar la fecha de efectos contables\u201d.<\/p>\n

          Doctrina<\/strong>: La DG confirma<\/strong> la nota de calificaci\u00f3n.<\/p>\n

          Centra la t\u00e9cnica cuesti\u00f3n debatida diciendo que \u201cla cuesti\u00f3n que se plantea en el presente recurso es determinar si nos encontramos ante una fusi\u00f3n por absorci\u00f3n regulada por la norma 21<\/strong> de las normas de Registro y Valoraci\u00f3n del Real Decreto 1514\/2007, de 16 de noviembre<\/a>, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, como \u00aboperaciones entre empresas del grupo\u00bb; o, si nos encontramos ante un supuesto de la norma 19 <\/strong>de las \u00abnormas de Registro y Valoraci\u00f3n\u00bb del mismo Real Decreto 1514\/2007, como \u00abcombinaciones de negocios\u00bb.<\/p>\n

          En el primer supuesto, \u201cla fecha de efectos contables ser\u00e1 la de inicio del ejercicio en que se aprueba la fusi\u00f3n siempre que sea posterior al momento en que las sociedades se hubiesen incorporado al grupo. Si una de las sociedades se ha incorporado al grupo en el ejercicio en que se produce la fusi\u00f3n o escisi\u00f3n, la fecha de efectos contables ser\u00e1 la fecha de adquisici\u00f3n\u201d.<\/p>\n

          En el segundo supuesto, norma 19, \u00abcombinaciones de negocios\u00bb, el apartado 2.2 determina que \u00abla fecha de adquisici\u00f3n es aqu\u00e9lla en la que la empresa adquirente adquiere el control del negocio o negocios adquiridos\u201d.<\/p>\n

          En cuanto a la cuesti\u00f3n b\u00e1sica<\/strong> de cuando una empresa forma parte del grupo<\/strong> nos dice que \u201cla norma 13 de las \u00abnormas de elaboraci\u00f3n de las cuentas anuales\u00bb, dispone que \u00aba efectos de la presentaci\u00f3n de las cuentas anuales de una empresa o sociedad se entender\u00e1 que otra empresa forma parte del grupo<\/strong> cuando ambas est\u00e9n vinculadas por una relaci\u00f3n de control, directa o indirecta, an\u00e1loga a la prevista en el art\u00edculo 42 del C\u00f3digo de Comercio<\/strong> para los grupos de sociedades o cuando las empresas est\u00e9n controladas por cualquier medio por una o varias personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas, que act\u00faan conjuntamente o se hallen bajo direcci\u00f3n \u00fanica por acuerdos o cl\u00e1usulas estatutarias\u00bb.<\/p>\n

          Por ello y \u201cpor regla general, ciertamente resulta de dif\u00edcil apreciaci\u00f3n por el registrador<\/strong> en su calificaci\u00f3n poder determinar si concurren los requisitos exigidos en la norma 13 de \u00abelaboraci\u00f3n de las cuentas anuales\u00bb, para entender que existe \u00abgrupo\u00bb y, en consecuencia, ser aplicable la norma 21 y no la norma 19 (cfr. Resoluci\u00f3n de 8 de mayo de 2014)\u201d.<\/p>\n

          \u201cSin embargo, en el presente expediente, \u2026hay un socio mayoritario de ambas sociedades<\/strong>, la sociedad absorbente y la sociedad absorbida, es el administrador \u00fanico de ambas sociedades, siendo el otro accionista de la absorbida, la misma sociedad absorbente\u201d. Por tanto, concluye, que estamos ante grupo de sociedades<\/strong>, y por ello \u00a0la fecha seg\u00fan el apartado 2.2.2 de la norma 21 \u00abser\u00e1 la de inicio del ejercicio<\/strong> en que se aprueba la fusi\u00f3n siempre que sea posterior al momento en que las sociedades se hubieran incorporado al grupo\u2026\u00bb.<\/p>\n

          Comentario:<\/strong> Muy t\u00e9cnica resoluci\u00f3n de la que destacamos que entran dentro de las facultades calificadoras del registrador<\/strong> el determinar si se est\u00e1 o no ante un grupo de sociedades<\/strong> a los efectos de determinar cu\u00e1l sea la fecha a efectos contables en una fusi\u00f3n<\/strong>. Ello en ocasiones ser\u00e1 claro, pero en otras, como en el supuesto contemplado, existir\u00e1n mayores dificultades en su apreciaci\u00f3n, lo que sin embargo no ser\u00e1 obst\u00e1culo para apreciar el defecto si del conjunto de los datos resultantes de los acuerdos y de la composici\u00f3n del capital social, nos permiten apreciar el error cometido en cuanto a la fecha contable de la fusi\u00f3n. Fecha, adem\u00e1s, \u00a0que tendr\u00e1 una gran trascendencia, sobre todo a efectos contables, fiscales y tributarios, siendo fundamental para la apreciaci\u00f3n de si existe o no grupo, el calificar teniendo en cuenta \u00a0las normas del art\u00edculo 42 del Ccom. \u00a0(JAGV)<\/p>\n

          PDF (BOE-A-2015-6073 – 7 p\u00e1gs.<\/abbr> – 187 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

          \u00a0<\/p>\n

          <\/a>153.\u00a0EMBARGO DE FINCA DE ENTIDAD CONCURSADA.\u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n

          EMBARGO DE FINCA DE ENTIDAD CONCURSADA UNA VEZ ABIERTA LA LIQUIDACI\u00d3N. INTERPRETACION DEL ART. 84.4 LC.\u00a0<\/b><\/span>Resoluci\u00f3n de 24 de abril de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci\u00f3n extendida por el registrador de la propiedad de Bilbao n.\u00ba 10, por la que se deniega la pr\u00e1ctica de una anotaci\u00f3n preventiva de embargo ordenada por la Tesorer\u00eda General de la Seguridad Social.<\/p>\n

          Se plantea en este expediente si procede anotar un mandamiento de embargo de la TGSS cuando la titular de la finca tiene anotado la declaraci\u00f3n de concurso, as\u00ed como la apertura de la fase de liquidaci\u00f3n, y tanto la providencia de apremio como la diligencia de embargo son posteriores a la fecha del auto por el que se declar\u00f3 el concurso.<\/span><\/p>\n

          Tras la reforma operada por la Ley 38\/2011, el art 84.1 LC<\/a><\/strong> define \u00aba sensu contrario\u00bb cu\u00e1les son o qu\u00e9 efectos tienen los cr\u00e9ditos contra la masa (los que no sean cr\u00e9ditos concursales o contra el deudor com\u00fan). El apdo 4 establece que \u00ab<\/span>las acciones relativas a la calificaci\u00f3n o al pago de los cr\u00e9ditos contra la masa se ejercitar\u00e1n ante el juez del concurso por los tr\u00e1mites del incidente concursal, pero no podr\u00e1n iniciarse ejecuciones judiciales o administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se abra la liquidaci\u00f3n o transcurra un a\u00f1o desde la declaraci\u00f3n de concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos. Esta paralizaci\u00f3n no impedir\u00e1 el devengo de los intereses, recargos y dem\u00e1s obligaciones vinculadas a la falta de pago del cr\u00e9dito a su vencimiento<\/i><\/span>\u00bb. <\/span>Este precepto ha planteado dudas en su interpretaci\u00f3n<\/strong>: Una interpretaci\u00f3n literal sostiene que <\/span>cualquier cr\u00e9dito contra la masa podr\u00eda ejecutarse una vez transcurrida la paralizaci\u00f3n temporal que supone la espera o la aprobaci\u00f3n del convenio, la apertura de la liquidaci\u00f3n o el mero transcurso de un a\u00f1o; Pero seg\u00fan STS de 12 de diciembre de 2014 esta interpretaci\u00f3n literal choca frontalmente con el sentir que se desprende del resto de las normas concursales: La regla general consagrada en el art. 8 LC<\/a> es la atribuci\u00f3n al juez del concurso de la competencia exclusiva y excluyente<\/strong> para conocer de \u00abt<\/span>oda ejecuci\u00f3n frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el \u00f3rgano que la hubiera ordenado<\/i><\/span>\u00bb; Como se\u00f1ala la Exp.de Motivos el car\u00e1cter universal del concurso justifica la concentraci\u00f3n en un solo \u00f3rgano judicial de las materias que se consideran de especial trascendencia para el patrimonio del deudor, lo que lleva a atribuir al juez del concurso jurisdicci\u00f3n exclusiva y excluyente en materias como todas las ejecuciones y medidas cautelares que puedan adoptarse en relaci\u00f3n con el patrimonio del concursado por cualesquiera \u00f3rganos judiciales o administrativos. Nada obsta a lo anterior el car\u00e1cter administrativo del procedimiento<\/strong>, el art.22.2 TR de la Ley General de la Seguridad Social, dispone que \u00ab<\/span>En caso de concurso, los cr\u00e9ditos por cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recaudaci\u00f3n conjunta y, en su caso, los recargos e intereses que sobre aqu\u00e9llos procedan, as\u00ed como los dem\u00e1s cr\u00e9ditos de Seguridad Social, quedar\u00e1n sometidos a lo establecido en la Ley Concursal<\/i><\/span>\u00bb. Y como dice la mencionada STS, <\/span>el <\/i><\/span>\u00fanico escenario en que podr\u00eda admitirse una ejecuci\u00f3n de cr\u00e9ditos contra la masa es el que se abre con la aprobaci\u00f3n del convenio, en que se levantan los efectos de la declaraci\u00f3n de concurso (art. 133.2 LC<\/a>) (\u2026). Sin embargo, una vez abierta la fase de liquidaci\u00f3n<\/strong>, y con ella el efecto de la prohibici\u00f3n y paralizaci\u00f3n de ejecuciones del art 55 LC<\/a>, no tiene sentido iniciar una ejecuci\u00f3n separada contra la masa<\/strong>, pues contradice el car\u00e1cter universal que supone la liquidaci\u00f3n concursal, cuyas \u00fanicas excepciones l\u00f3gicas vienen determinadas por las ejecuciones de garant\u00edas reales, que, por otra parte, si no se iniciaron antes de la apertura de la fase de liquidaci\u00f3n ya no podr\u00e1 hacerse al margen de la liquidaci\u00f3n concursal. Los acreedores de cr\u00e9ditos contra la masa lo que deber\u00e1n hacer es instar su pago dentro de la liquidaci\u00f3n, de acuerdo con las reglas del art 154 LC<\/a>, y sin necesidad de instar otra ejecuci\u00f3n dentro de la ejecuci\u00f3n universal ni acudir al apremio administrativo, en el caso de la TGSS<\/i><\/span>. Por tanto en este caso en que se ha producido <\/span>la apertura de la fase de liquidaci\u00f3n, procede confirmar la nota.\u00a0<\/span>(MN)<\/p>\n

          PDF (BOE-A-2015-6074 – 7 p\u00e1gs.<\/abbr> – 187 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

           <\/p>\n

          <\/a>154.\u00a0EMBARGO DE FINCA DE ENTIDAD CONCURSADA.\u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n

          Resoluci\u00f3n de 24 de abril de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci\u00f3n extendida por el registrador de la propiedad de Bilbao n.\u00ba 10, por la que se deniega la pr\u00e1ctica de una anotaci\u00f3n preventiva de embargo ordenada por la Tesorer\u00eda General de la Seguridad Social.<\/p>\n

          Id\u00e9ntica a la anterior R. 153<\/strong> con la salvedad de que en el Registro de la Propiedad todav\u00eda no resultaba la apertura de la fase de liquidaci\u00f3n, pero el Registrador comprob\u00f3 esta circunstancia consultando el Registro Mercantil.\u00a0<\/span>(MN)<\/p>\n

          PDF (BOE-A-2015-6075 – 7 p\u00e1gs.<\/abbr> – 186 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

          \u00a0<\/p>\n

          <\/a>155. HIPOTECA. R\u00c9GIMEN ECON\u00d3MICO MATRIMONIAL. PRUEBA DEL DERECHO EXTRANJERO.\u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n

          Resoluci\u00f3n de 27 de abril de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci\u00f3n extendida por la registradora de la propiedad de Villajoyosa n.\u00ba 1, por la que deniega la inscripci\u00f3n de una escritura de reconocimiento de deuda con garant\u00eda hipotecaria.<\/p>\n

          Hechos:<\/strong> Consta inscrita una propiedad en el Registro a nombre de una se\u00f1ora, de nacionalidad alemana, casada con don X, conforme a su r\u00e9gimen matrimonial (que no se precis\u00f3 en la escritura de compraventa). Ahora esa misma persona, ya viuda, reconoce una deuda e hipoteca dicha propiedad a favor del acreedor,\u00a0 otra persona de nacionalidad alemana y casada. La viuda hipotecante declara ahora que cuando la adquiri\u00f3 estaba casada bajo el r\u00e9gimen legal supletorio alem\u00e1n de participaci\u00f3n en ganancias, y por tanto que el bien le pertenece con car\u00e1cter privativo. Por lo dem\u00e1s, se fija una cantidad para costas estableci\u00e9ndose que en ning\u00fan caso puede superar el 5% de la cantidad reclamada.<\/p>\n

          La registradora<\/strong> encuentra tres defectos: 1\u00ba.- Que la nueva inscripci\u00f3n supone una rectificaci\u00f3n del Registro y por ello se necesita la acreditaci\u00f3n \u201cde un modo absoluto\u201d del r\u00e9gimen matrimonial de la hipotecante. 2\u00ba.- Que no se expresan las circunstancias del r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial del acreedor y nombre de su\u00a0 c\u00f3nyuge. 3.- Que la cantidad garantizada para costas y gastos excede del 5%, por lo que considera que hay un error material que rectificar.<\/p>\n

          El notario autorizante<\/strong> recurre y alega que no hay ninguna inscripci\u00f3n que rectificar pues est\u00e1 practicada correctamente al tratarse la adquirente y hoy hipotecante de una persona de nacionalidad extranjera, y que no hay nada que acreditar pues el r\u00e9gimen alegado es el legal supletorio alem\u00e1n en el que los bienes son privativos de los c\u00f3nyuges, que pueden disponer libremente de los mismos , y \u00fanicamente surge un derecho de cr\u00e9dito por la diferencia del incremento de sus patrimonios cuando el r\u00e9gimen se disuelve. Respecto del segundo defecto, considera que esa hipoteca no afecta a los derechos en la sociedad conyugal del acreedor hipotecante por lo que no hay que especificar lo que exige la registradora. Finalmente respecto del tercer defecto, alega que no se conoce ahora la cantidad reclamada por lo que, precisamente para cumplir la ley, se establece dicho 5% como tope.<\/p>\n

          La DGRN desestima el recurso respecto de los dos primeros defectos y lo estima respecto del tercero.<\/p>\n

          En cuanto al primer defecto reconoce que no hay nada que rectificar en la inscripci\u00f3n existente, pero desestima el recurso porque no se acredita el r\u00e9gimen ni el derecho extranjero aplicable, en concreto las consecuencias de la disoluci\u00f3n \u201cmortis causa\u201d del r\u00e9gimen legal supletorio alem\u00e1n. Dice textualmente: \u00abno es la rectificaci\u00f3n registral lo que se precisa, en cuanto nada hay que rectificar en el mismo, sino sino la acreditaci\u00f3n del r\u00e9gimen, incluido su contenido y vigencia<\/strong>, al cual qued\u00f3 sujeto en su d\u00eda la finca cuya titularidad consta exclusivamente a nombre de la disponente, si bien con la salvedad relativa al r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial.\u00bb<\/em><\/p>\n

          Respecto del segundo defecto lo confirma por id\u00e9nticas razones que el primero, pues es necesario acreditar el r\u00e9gimen matrimonial aplicable al adquirente del derecho.<\/p>\n

          El tercer defecto lo revoca por cuanto el 5% por ciento de la cantidad reclamada (que incluye no s\u00f3lo el principal, sino tambi\u00e9n intereses) no se conoce en el momento de constituci\u00f3n de la hipoteca.<\/p>\n

          Comentario.-<\/strong>\u00a0Los dos primeros defectos debieron de ser revocados tambi\u00e9n, aunque el segundo con alguna duda, en funci\u00f3n de lo manifestado en la escritura.<\/p>\n

          En cuanto al primero por cuanto la registradora pretende rectificar el Registro y nada de eso hay que hacer, como reconoce la propia DGRN. Por ello el defecto est\u00e1 mal planteado y este motivo es por s\u00ed solo causa de revocaci\u00f3n, no de reformulaci\u00f3n del defecto \u00a0como, sin competencia para ello, hace la DGRN.<\/p>\n

          Lo que la registradora ha de hacer es calificar si la hipotecante est\u00e1 legitimada para realizar el acto de gravamen (hipoteca); por ello, para completar lo manifestado en su d\u00eda,\u00a0 se aclara\u00a0ahora que el r\u00e9gimen matrimonial de la compradora, y hoy hipotecante, era el legal supletorio alem\u00e1n, todo ello conforme al art\u00edculo 92 del RH<\/a>.<\/p>\n

          Este r\u00e9gimen no puede ser objeto de prueba absoluta como exige la registradora (ser\u00eda una prueba imposible), ya que no consta en ning\u00fan documento, y por ello basta la presunci\u00f3n legal de su existencia al ser el r\u00e9gimen supletorio legal al que est\u00e1n sujetos los alemanes por defecto, salvo pacto expreso en documento p\u00fablico.<\/p>\n

          Finalmente, si la registradora desconoce los efectos legales de dicho r\u00e9gimen en caso de fallecimiento de uno de los c\u00f3nyuges, que es la verdadera cuesti\u00f3n de fondo, deber\u00eda expresarlo en su nota, y no lo ha hecho. Este posible desconocimiento resulta poco veros\u00edmil, trat\u00e1ndose de un Registro de una zona tur\u00edstica en el que seguramente se practican muchos actos de disposici\u00f3n o gravamen de propiedades de ciudadanos alemanes, pues es notorio\u00a0 para los profesionales del derecho en contacto con extranjeros \u00a0que en el r\u00e9gimen de participaci\u00f3n en ganancias alem\u00e1n cada c\u00f3nyuge tiene la plena disposici\u00f3n de los bienes que adquiere, incluso en caso de fallecimiento del otro c\u00f3nyuge.<\/p>\n

          Adem\u00e1s, en los casos de desconocimiento, un peque\u00f1o esfuerzo de investigaci\u00f3n del derecho extranjero aplicable, con la facilidad de medios existentes para ello hoy en d\u00eda, debe de llevar a los profesionales jur\u00eddicos\u00a0 a evitar molestias innecesarias al ciudadano extranjero (en este caso alem\u00e1n), que en otro caso tendr\u00e1 que proveerse de un certificado de vigencia de leyes con la consiguiente p\u00e9rdida de tiempo y de dinero. Y est\u00e1 petici\u00f3n, \u201clege lata\u201d, podr\u00eda exigirse cada vez que haya un acto de disposici\u00f3n o gravamen de un extranjero de dicha nacionalidad, lo cual no resulta razonable en absoluto y dificulta desproporcionadamente el tr\u00e1fico jur\u00eddico.<\/p>\n

          Respecto del segundo defecto, relativo al r\u00e9gimen matrimonial del acreedor hipotecario, que es un ciudadano alem\u00e1n, casado,\u00a0 es aplicable lo dispuesto en el art\u00edculo\u00a0 art\u00edculo 92 del RH<\/a> , pues se trata de la adquisici\u00f3n de un derecho real de garant\u00eda hipotecaria (aunque no sea el pleno dominio)<\/p>\n

          Por ello basta con manifestar en la escritura que est\u00e1 sujeto al derecho extranjero y no es necesario, como exige la registradora, expresar el nombre del c\u00f3nyuge del adquirente, ni probar en esta fase de adquisici\u00f3n el derecho extranjero aplicable como opina \u00a0la DGRN, pues ello no es exigible conforme a dicho art\u00edculo 92 RH . Basta con manifestar que el r\u00e9gimen matrimonial del adquirente est\u00e1 sujeto al derecho extranjero, al r\u00e9gimen legal de su nacionalidad, o expresi\u00f3n similar que indique que el derecho aplicable es el extranjero.<\/p>\n

          Puede defenderse incluso que no es necesaria ni siquiera dicha manifestaci\u00f3n expresa, pues\u00a0 por el mero hecho de ser el adquirente extranjero se presume que su r\u00e9gimen matrimonial est\u00e1 sujeto al derecho extranjero \u00a0de su nacionalidad y as\u00ed suele ser en la casi totalidad de los casos. Un argumento adicional es que si no se expresa en la escritura el nombre del c\u00f3nyuge es porque, como dice el notario recurrente,\u00a0 la adquisici\u00f3n no afecta a la sociedad conyugal. \u00a0<\/p>\n

          En mi opini\u00f3n y para evitar dudas, ahora y en el futuro, teniendo en cuenta tambi\u00e9n que cada vez hay m\u00e1s matrimonios mixtos, la escritura debe expresar, al menos, la sujeci\u00f3n al derecho extranjero del r\u00e9gimen matrimonial y mejor si se expresa el nombre del c\u00f3nyuge y el r\u00e9gimen matrimonial aplicable, que no hay que probar en ning\u00fan caso en el momento de la adquisici\u00f3n.<\/p>\n

          Respecto del tercer defecto hay que hacer notar, como dice la DGRN, que el l\u00edmite sobre el que opera el 5% no es del capital prestado sino de la cantidad reclamada, la cual se desconoce en el momento del otorgamiento de la escritura y de la inscripci\u00f3n. Tambi\u00e9n que la aplicaci\u00f3n o no de dicho l\u00edmite estar\u00e1 determinada por ser o no vivienda habitual en el momento de la ejecuci\u00f3n hipotecaria. Por ello me parece innecesaria la referencia en la escritura y en la inscripci\u00f3n a \u00a0dicho l\u00edmite pues vendr\u00e1\u00a0 impuesto directamente por la ley en el momento de la ejecuci\u00f3n y adem\u00e1s, en el momento de constituci\u00f3n ni se puede determinar el l\u00edmite al desconocer \u00a0la cantidad a reclamar, ni podemos saber si en el momento de la ejecuci\u00f3n ser\u00e1 o no vivienda habitual. (AFS)<\/p>\n

          PDF (BOE-A-2015-6076 – 7 p\u00e1gs.<\/abbr> – 187 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

           <\/p>\n

          <\/a>156.\u00a0 HIPOTECA. CALIFICACI\u00d3N REGISTRAL. DIVERSAS CL\u00c1USULAS.\u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n

          Resoluci\u00f3n de 28 de abril de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci\u00f3n del registrador de la propiedad de Madrid n.\u00ba 6, por la que se deniega la inscripci\u00f3n de ciertos pactos en una escritura de hipoteca.<\/p>\n

          Ir a art\u00edculo especial<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n

          EL CASO.- La cuesti\u00f3n estriba en analizar la calificaci\u00f3n registral de las concretas cl\u00e1usulas de la escritura de hipoteca otorgada por ladeudora, la entidad Iberinve S.A.,<\/strong> a favor de un banco, cuyo acceso al Registro ha sido denegado y que han sido impugnadas.<\/p>\n

          Se trata de un pr\u00e9stamo hipotecario con destino a la refinanciaci\u00f3n<\/strong> parcial de un pr\u00e9stamo otorgado para la adquisici\u00f3n de locales<\/strong> comerciales que son objeto de explotaci\u00f3n en r\u00e9gimen de arrendamiento y, adem\u00e1s, para cubrir el fondo de maniobra asociado y los costes de transacci\u00f3n de la misma, pr\u00e9stamo que se concede a una sociedad an\u00f3nima<\/strong>, que act\u00faa como veh\u00edculo de un gran fondo de inversi\u00f3n<\/strong> franc\u00e9s \u2013as\u00ed se dice en el recurso\u2013, y que tiene por objeto social la adquisici\u00f3n, rehabilitaci\u00f3n, construcci\u00f3n y arrendamiento de toda clase de bienes inmuebles.<\/p>\n

          CONSIDERACIONES GENERALES.-<\/p>\n

          El objeto del recurso es determinar si la calificaci\u00f3n negativa es o no ajustada a Derecho, lo que no puede dar como resultado una segunda calificaci\u00f3n de la escritura de hipoteca sino, exclusivamente, un pronunciamiento acerca de si las concretas razones aducidas por el registrador para denegar la inscripci\u00f3n se ajustan o no a Derecho.<\/p>\n

          3 [\u2026] antes de entrar a analizar las concretas cl\u00e1usulas cuya inscripci\u00f3n ha sido suspendida, se hace necesario determinar [1] el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de las normas de protecci\u00f3n de los consumidores respecto de los pr\u00e9stamos hipotecarios, [2] el contenido inscribible de las escrituras que recojan ese tipo de negocios jur\u00eddicos y [3] la respectiva extensi\u00f3n de la calificaci\u00f3n registral de las cl\u00e1usulas contenidas en las mismas seg\u00fan esa normativa de consumo sea o no aplicable.<\/p>\n

          [1] \u00c1MBITO DE APLICACI\u00d3N DE LAS NORMAS DE PROTECCI\u00d3N DE LOS CONSUMIDORES RESPECTO DE LOS PR\u00c9STAMOS HIPOTECARIOS.<\/p>\n

          La primera dificultad con que nos encontramos [\u2026] reside en la dispersi\u00f3n y falta de coherencia<\/strong> legal respecto del \u00e1mbito subjetivo de protecci\u00f3n [\u2026] lo que hace preciso realizar un an\u00e1lisis hermen\u00e9utico<\/strong> de la normativa vigente, no s\u00f3lo literal, sino tambi\u00e9n sistem\u00e1tico y teleol\u00f3gico.<\/p>\n

          En cuanto a qu\u00e9 se debe entender por consumidor<\/strong>, se estudian diferentes preceptos, en concreto, art. 3 Directiva 2008\/48 UE, Exposici\u00f3n de Motivos; art. 1.2.\u00ba y 3 TRLGDCU; SSTS 24 febrero 1997 y 26 noviembre 1996; arts. 1, 2.1 y 3 de la Directiva 2014\/17; arts. 1, 2 y 19 Orden EHA 2899\/2011; resoluci\u00f3n DGRN de 29 septiembre 2014 respecto del art. 6 Ley 1\/2013; art. 114.3\u00ba LH; y art. 1 Ley 2\/2009.<\/p>\n

          No obstante las dificultades derivadas de toda esta normativa descoordinada<\/strong>, se puede concluir<\/strong> que, al margen de los supuestos de especial aplicaci\u00f3n a los pr\u00e9stamos destinados a la adquisici\u00f3n de la vivienda habitual del prestatario \u2013intereses moratorios del art. 114 LH, y reglas especiales de la LEC o del Real Decreto-ley 6\/2012\u2013, la normativa sobre transparencia de las condiciones financieras de los pr\u00e9stamos hipotecarios y de protecci\u00f3n de los consumidores de este tipo de productos financieros es aplicable en los siguientes supuestos<\/strong>:<\/p>\n

          a) pr\u00e9stamos y cr\u00e9ditos hipotecarios que recaigan sobre una vivienda<\/strong>, aunque \u00e9sta no tenga el car\u00e1cter de vivienda habitual, siempre que pertenezcan a una persona f\u00edsica<\/strong>, aunque el propietario \u2013que tambi\u00e9n se considera cliente\u2013 no sea el prestatario que puede ser una persona jur\u00eddica, y con independencia de la finalidad del pr\u00e9stamo, es decir, aunque sea de tipo mercantil;<\/p>\n

          b) pr\u00e9stamos y cr\u00e9ditos hipotecarios en que el prestatario sea una persona f\u00edsica y que tengan por finalidad adquirir o conservar derechos de propiedad<\/strong> sobre terrenos o edificios construidos o por construir.<\/p>\n

          Y, adem\u00e1s, las normas contenidas en TRLGDCU ser\u00e1n aplicables a los pr\u00e9stamos y cr\u00e9ditos hipotecarios en que el prestatario sea una persona f\u00edsica o jur\u00eddica que tenga la condici\u00f3n de consumidor<\/strong>, cualquiera que sea el tipo del inmueble hipotecado y el car\u00e1cter de su propietario<\/strong>, siempre que el destino de la operaci\u00f3n sea de consumo, es decir, ajeno, en su caso, a su actividad empresarial o profesional.<\/p>\n

          De acuerdo con esta hermen\u00e9utica es evidente que la operaci\u00f3n jur\u00eddica garantizada en la escritura de hipoteca objeto de este recurso queda excluida de la aplicaci\u00f3n de la normativa sobre consumidores<\/strong> [\u2026]<\/p>\n

          [2] EL CONTENIDO INSCRIBIBLE DE LAS ESCRITURAS QUE RECOJAN ESE TIPO DE NEGOCIOS JUR\u00cdDICOS.<\/p>\n

          En cuanto al alcance de la calificaci\u00f3n registral en materia de hipotecas, se recuerda la doctrina<\/strong> de la Resoluci\u00f3n de 1 octubre 2010<\/a>. En este sentido, destaca la Resoluci\u00f3n de 3 octubre 2014<\/a>, referida tambi\u00e9n a un supuesto de refinanciaci\u00f3n preconcursal empresarial en que tampoco era aplicable la normativa sobre consumidores [\u2026] Tambi\u00e9n se recuerda la resoluci\u00f3n de 30 marzo 2015<\/a> sobre el contenido inscribible de las escrituras de pr\u00e9stamo hipotecario<\/strong>.<\/p>\n

          [3] LA EXTENSI\u00d3N DE LA CALIFICACI\u00d3N REGISTRAL DE LAS CL\u00c1USULAS DE HIPOTECAS SEG\u00daN ESA NORMATIVA DE CONSUMO SEA O NO APLICABLE.<\/p>\n

          Procede ahora se\u00f1alar, con el mismo criterio de interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica y siguiendo las pautas marcadas por la Resoluci\u00f3n de 3 octubre 2014, cu\u00e1l es el alcance de la calificaci\u00f3n registral de las estipulaciones contenidas en las escrituras<\/strong> de hipoteca atendiendo a la aplicabilidad o no de la normativa sobre transparencias de las condiciones financieras de los pr\u00e9stamos hipotecarios y de protecci\u00f3n de los consumidores.<\/p>\n

          A este respecto, ni toda infracci\u00f3n legal permite considerar la cl\u00e1usula transgresora como abusiva, ni la legislaci\u00f3n de defensa de los consumidores y usuarios constituye el \u00fanico canon normativo cuya infracci\u00f3n determina su exclusi\u00f3n de la publicidad registral, de acuerdo con el principio general de legalidad<\/strong>.<\/p>\n

          As\u00ed el registrador podr\u00e1, con car\u00e1cter general en todo tipo de hipotecas, negar la inscripci\u00f3n de aquellas cl\u00e1usulas que, con independencia de su validez civil o posible eficacia real, no tengan car\u00e1cter inscribible por estar expresamente excluido su acceso al registro de la propiedad por una norma de naturaleza hipotecaria de car\u00e1cter imperativo<\/strong>.<\/p>\n

          Igualmente se podr\u00e1n rechazar aquellas otras cl\u00e1usulas que sean contrarias a normas imperativas o prohibitivas expresas y objetivas<\/strong> y, por tanto, nulas de pleno derecho.<\/p>\n

          Y, por \u00faltimo, tambi\u00e9n podr\u00e1n denegarse las cl\u00e1usulas que no tengan car\u00e1cter inscribible por ser puramente obligacionales<\/strong> y no ostentar la condici\u00f3n de cl\u00e1usula financiera<\/strong>, sin que se pacte tampoco que su incumplimiento genere el vencimiento anticipado de la obligaci\u00f3n principal, ni se garantice su importe econ\u00f3mico con alguno de los conceptos de la responsabilidad hipotecaria.<\/p>\n

          Trat\u00e1ndose de pr\u00e9stamos hipotecarios a los que les es aplicable la normativa de protecci\u00f3n de los consumidores, adicionalmente<\/strong> se podr\u00e1n rechazar la inscripci\u00f3n de las cl\u00e1usulas cuya nulidad por abusividad hubiera sido declarada mediante resoluci\u00f3n judicial firme<\/strong>, sin que sea necesario que conste inscrita en el RCGC y aquellas otras cuyo car\u00e1cter abusivo pueda ser apreciado directamente por el registrador de forma objetiva<\/strong>, sin realizar ning\u00fan juicio de ponderaci\u00f3n<\/strong>, porquecoincidan<\/strong> con alguna de las tipificadas como tales en la denominada \u00ablista negra<\/strong>\u00bb de los arts. 85 a 90 TRLGDCU o por vulnerarotra norma espec\u00edfica<\/strong> sobre la materia, como el art. 114.3\u00ba LH, con base en la doctrina de la nulidad \u00abapud acta<\/strong>\u00bb recogida en la STS de 13 septiembre 2013.<\/p>\n

          En estos supuestos el registrador, como se\u00f1ala entre otras la Resoluci\u00f3n de 5 febrero 2014, deber\u00e1 tambi\u00e9n rechazar la inscripci\u00f3n de las escrituras de hipotecas respecto de las que no se acredite el cumplimiento de los requisitos de informaci\u00f3n y transparencia de las condiciones financieras de los pr\u00e9stamos hipotecarios<\/strong>, y la forma \u2013normal o reforzada\u2013 que, en cada caso, el legislador haya elegido para asegurarse del conocimiento<\/strong> por parte de los usuarios de los productos bancarios, del riesgo financiero<\/strong> que comporta el contrato en general o alguna de las singulares cl\u00e1usulas financieras o de vencimiento anticipado que lo componen \u2013Orden EHA 2899\/2011, art. 6 de la Ley 1\/2013, etc.\u2013.<\/p>\n

          Por \u00faltimo, respecto del controvertido tema de la calificaci\u00f3n de las cl\u00e1usulas de vencimiento anticipado<\/strong>, las cuales tendr\u00e1n siempre transcendencia real [\u2026] son tambi\u00e9n utilizables en el control de legalidad de las mismas, las normas y principios generales del sistema registral espa\u00f1ol<\/strong>, que se concretan en la exigencia de los siguientes requisitos<\/strong>:<\/p>\n

          a) Seg\u00fan se infiere de la STS de 16 diciembre 2009 [\u2026] la inscripci\u00f3n y validez de estas cl\u00e1usulas exige que el vencimiento anticipadono<\/strong> se vincule al incumplimiento de obligaciones accesorias o irrelevantes<\/strong> [\u2026]<\/p>\n

          b) Que los t\u00e9rminos de estas cl\u00e1usulas cumplan con el requisito de determinaci\u00f3n hipotecaria.<\/strong><\/p>\n

          c) [\u2026] la especial naturaleza o finalidad de la obligaci\u00f3n garantizada influye en la determinaci\u00f3n del car\u00e1cter relevante o no de las distintas cl\u00e1usulas de vencimiento anticipado pactadas y, en consecuencia, en su inscribibilidad; provocando, igualmente, laexclusi\u00f3n de aquellas causas de vencimiento anticipado que sean totalmente ajenas al cr\u00e9dito garantizado<\/strong> y cuya efectividad no menoscabe la garant\u00eda real ni la preferencia de la hipoteca.<\/p>\n

          CALIFICACI\u00d3N DE CL\u00c1USULAS CONCRETAS.-<\/p>\n

          Procede ahora analizar si la calificaci\u00f3n registral de las concretas cl\u00e1usulas<\/strong> de la hipoteca rechazadas es o no ajustada a Derecho,agrupando<\/strong> las cl\u00e1usulas denegadas en funci\u00f3n de la raz\u00f3n gen\u00e9rica de su exclusi\u00f3n: cl\u00e1usulas que carecen de trascendencia jur\u00eddico real inmobiliaria; cl\u00e1usulas contrarias a la Ley; otras causas; as\u00ed como la decisi\u00f3n de inscribir la hipoteca como en garant\u00eda de obligaci\u00f3n futura o condicional.<\/p>\n

          I.- CL\u00c1USULAS QUE CARECEN DE TRASCENDENCIA JUR\u00cdDICO REAL<\/strong>. [7]. As\u00ed, en primer lugar se deniega un conjunto de cl\u00e1usulas por la raz\u00f3n gen\u00e9rica de \u00abcarecer de transcendencia jur\u00eddico real inmobiliaria<\/strong> (art. 98 LH y 51.6 RH)\u00bb y ajenas a la obligaci\u00f3n garantizada.<\/p>\n

          1.- CL\u00c1USULAS CON DEFINICIONES. REVOCADO. Las recogidas en la letra A) de la nota de calificaci\u00f3n que determina la exclusi\u00f3n: \u00abDe la cl\u00e1usula primera, las definiciones de Cuenta de Rentas y Cuenta de Reserva y la menci\u00f3n a los Contratos de Garant\u00eda de los Documentos Financieros y la definici\u00f3n de Garante. La definici\u00f3n de Ratio de Cobertura del Servicio de la deuda o DSCR y la de Ratio del Pr\u00e9stamo sobre el Valor de Mercado\u00bb, [cl\u00e1usulas 13 y 14].<\/p>\n

          Adem\u00e1s, hay que tener en cuenta que la cl\u00e1usula 15.3 eleva a causa de vencimiento anticipado del pr\u00e9stamo el incumplimiento de las obligaciones se\u00f1aladas en las cl\u00e1usulas 13 y 14<\/strong>, las cuales, se encuentran vinculadas a la obligaci\u00f3n principal, dada la finalidad del pr\u00e9stamo y porque las cuentas sirven para calcular los ratios (cl\u00e1usulas 1 y 13.8) y el descenso de estos ratios es susceptible de generar amortizaciones parciales obligatorias (cl\u00e1usulas 7.3, 14.6 y 14.8), las cuales, a su vez, pueden ser cubiertas con los fondos que formen parte de las referidas cuentas (cl\u00e1usula 14.8).<\/p>\n

          Por todo lo anterior, las indicadas definiciones de Cuenta de Rentas, Cuenta de Reserva, Contratos de Garant\u00eda, Documentos Financieros y Garante, Ratio de Cobertura del Servicio de la Deuda y Ratio del Pr\u00e9stamo sobre el Valor de Mercado, no s\u00f3locontribuyen a perfilar la obligaci\u00f3n<\/strong> garantizada, sino que permiten aclarar supuestos de vencimiento anticipado y presupuestos para la disposici\u00f3n o entrega del pr\u00e9stamo (condiciones suspensivas<\/strong>). Consecuentemente, su exclusi\u00f3n de la inscripci\u00f3n no estar\u00eda justificada simplemente por \u00abcarecer de trascendencia jur\u00eddica real inmobiliaria<\/strong>\u00bb ya que s\u00ed la tienen [\u2026]<\/strong> Procede, por tanto, la revocaci\u00f3n<\/strong> de la nota de calificaci\u00f3n en este punto por falta de motivaci\u00f3n suficiente<\/strong>, salvo lo relativo a la pignoraci\u00f3n<\/strong> de las cuentas por tratarse de una instituci\u00f3n ajena al Registro<\/strong> de la Propiedad, sin que puedan admitirse los nuevos fundamentos de derecho<\/strong> \u2013falta de determinaci\u00f3n de la cl\u00e1usula y exclusi\u00f3n de la facultad de completar la garant\u00eda menoscabada\u2013, que respecto de este defecto introduce el registrador en su informe<\/strong>.<\/p>\n

          2.- DESTINO, DISPOSICI\u00d3N Y AMORTIZACI\u00d3N DEL PR\u00c9STAMO. REVOCADO. Un primer grupo de cl\u00e1usulas denegadas exclusivamente por \u00abcarecer de trascendencia jur\u00eddico real inmobiliaria\u00bb, cuya alegaci\u00f3n debe considerarse insuficiente<\/strong>, viene constituido por los siguientes pactos: B) \u00abDe la cl\u00e1usula segunda, apartado 2.2. Destino del Pr\u00e9stamo, el primer p\u00e1rrafo\u00bb. Dispone el p\u00e1rrafo denegado que: \u00abEl Pr\u00e9stamo debe destinarse<\/strong> (i) a la refinanciaci\u00f3n parcial de un pr\u00e9stamo en vigor que fue otorgado para la adquisici\u00f3n del inmueble y (ii) para cubrir el fondo de maniobra y los costes de transacci\u00f3n\u00bb. C) \u00abDe la cl\u00e1usula Tercera. Disposici\u00f3n<\/strong>, del apartado 3.1 el segundo p\u00e1rrafo. No se transcriben tales condiciones suspensivas<\/strong> por su car\u00e1cter personal y porque para su constancia en el Registro, se requerir\u00e1 que por las partes se acredite en documento p\u00fablico, que se ha dispuesto del importe del pr\u00e9stamo. La Cl\u00e1usula 3.1, relativa a la disposici\u00f3n del pr\u00e9stamo, prev\u00e9 que debe confirmarse el cumplimiento de las condiciones suspensivas<\/strong> previstas en el Anexo I. El p\u00e1rrafo denegado, p\u00e1rrafo segundo, se refiere a los requisitos de forma y de tiempo de la solicitud de disposici\u00f3n que el prestatario debe presentar al prestamista\u00bb. D) \u00abDe la cl\u00e1usula sexta, apartado 6.2, el punto b)\u00bb. El apartado 6.2 se refiere a la \u00abAmortizaci\u00f3n<\/strong> del Principal\u00bb, estableciendo el punto b) que \u00abla amortizaci\u00f3n prevista en la presente cl\u00e1usula se realizar\u00e1 sin perjuicio de la amortizaci\u00f3n que corresponda por medio de los ingresos que el Prestatario pudiera obtener de la transmisi\u00f3n del Inmueble, conforme a lo previsto en el apartado 7.2 siguiente\u00bb. Y E) \u00abDe la cl\u00e1usula s\u00e9ptima, apartado 7.1, desde \u00abhabr\u00e1 de regirse\u00bb hasta \u00abamortizaci\u00f3n ordinaria\u00bb\u00bb. El apartado 7.1 establece que: \u00abNo est\u00e1 prevista la amortizaci\u00f3n anticipada voluntaria del Pr\u00e9stamo, pero en caso de producirse (lo que requerir\u00e1, en todo caso, la autorizaci\u00f3n del Prestamista) habr\u00e1 de regirse por cl\u00e1usula 6.2 anterior. Por tanto, la amortizaci\u00f3n del Pr\u00e9stamo se realizar\u00e1 siempre por el importe establecido en la cl\u00e1usula 6.2 y en las Fechas de Amortizaci\u00f3n Ordinaria. Cualquier amortizaci\u00f3n extraordinaria llevar\u00e1 aparejada la obligaci\u00f3n del Prestatario de abonar los costes de ruptura establecidos en la cl\u00e1usula 16.3 (Costes de ruptura)\u00bb.<\/p>\n

          Todas estas estipulaciones tienen un claro car\u00e1cter de financieras<\/strong> por lo que, como ocurre con las examinadas en el fundamento de derecho anterior, tampoco pueden ser excluidas de la inscripci\u00f3n<\/strong> bajo el \u00fanico argumento de su falta de trascendencia jur\u00eddico-real inmobiliaria<\/strong>. [\u2026] y sin prejuzgar que puedan existir motivos fundados para su denegaci\u00f3n, \u00e9sta no puede apoyarse en la repetida falta gen\u00e9rica de eficacia real y tampoco es posible admitir en el informe los nuevos fundamentos jur\u00eddicos<\/strong> -prohibici\u00f3n de disponer encubierta-, salvo lo que se dir\u00e1 respecto de la estipulaci\u00f3n 6.2 en el fundamento de Derecho decimosexto.<\/p>\n

          3.- MITIGACI\u00d3N DE CONSECUENCIAS PERJUDICIALES, INDEMNIZACIONES Y DECLARACIONES Y GARANT\u00cdAS. CONFIRMADO. [9]. Sin embargo, existe otro grupo de cl\u00e1usulas respecto de las cuales la simple alegaci\u00f3n, como motivo de la denegaci\u00f3n, de \u00abla carencia de trascendencia jur\u00eddico real inmobiliaria<\/strong>\u00bb, en los t\u00e9rminos que se han expuesto anteriormente, s\u00ed debe considerarse suficiente<\/strong>. Estas cl\u00e1usulas son: F) \u00abDe la cl\u00e1usula und\u00e9cima, el apartado 11.2 Mitigaci\u00f3n<\/strong>\u00bb: Dispone el apartado denegado que: \u00abSi surgieran circunstancias que provocasen o fuesen a provocar tras la entrega de la correspondiente notificaci\u00f3n, que el Prestatario estuviera obligado a pagar al Prestamista cualesquiera importes adicionales seg\u00fan la cl\u00e1usula 9.1. (\u00abImportes \u00edntegros\u00bb) o a pagar al Prestamista costes incrementados seg\u00fan cl\u00e1usula 10.1 (\u00abCostes incrementados\u00bb) o a reembolsar cualquier importe seg\u00fan cl\u00e1usula 11.1 (\u00abIlegalidad\u2019), entonces, sin limitaci\u00f3n, reducci\u00f3n u otra clasificaci\u00f3n alguna de las obligaciones del Prestatario en virtud de dichas cl\u00e1usulas y sin necesidad que el Prestamista tome acci\u00f3n alguna que a su juicio podr\u00eda resultar perjudicial para \u00e9l o entrar en conflicto con sus pol\u00edticas bancarias, el Prestamista deber\u00e1 (sin estar legalmente obligado a ello) tomar las medidas a su juicio razonables para eliminar tales circunstancias o mitigar<\/strong> aquellas consecuencias para el Prestatario\u00bb. G) \u00abToda la cl\u00e1usula duod\u00e9cima<\/strong>\u00bb. La cl\u00e1usula duod\u00e9cima<\/strong>, bajo la r\u00fabrica \u00abDeclaraciones y Garant\u00edas\u00bb consiste en una serie de manifestaciones efectuadas por el prestatario<\/strong>, reconociendo que \u00abel prestamista ha formalizado el presente contrato al amparo de dichas declaraciones y garant\u00edas\u00bb y que se refieren a su \u00abStatus\u00bb, \u00abFacultades y capacidad\u00bb, \u00abValidez legal\u00bb de los documentos financieros, \u00abAusencia de conflicto\u00bb con leyes y contratos, \u00abInexistencia de supuestos de vencimiento anticipado\u00bb, \u00abAutorizaciones y aprobaciones\u00bb, \u00abEl inmueble\u00bb, \u00abLicencias. Aspectos medioambientales\u00bb, \u00abPrelaci\u00f3n de garant\u00edas\u00bb, \u00abLitigios\u00bb, \u00abInformaci\u00f3n\u00bb, \u00abImpuestos\u00bb, \u00abInsolvencia\u00bb, \u00abInexistencia de obligaci\u00f3n de constituir garant\u00edas\u00bb, \u00abCumplimiento de normas legales y reglamentarias\u00bb y \u00abFechas de las declaraciones y garant\u00edas\u00bb\u00bb. Y Ll) \u00abDe la cl\u00e1usula d\u00e9cimo sexta, apartado 16.1 del \u00faltimo p\u00e1rrafo desde \u00aby a tomar las medidas\u00bb hasta el final del apartado\u00bb\u00bb. El apartado 16.1 se dedica a regular las indemnizaciones<\/strong> que debe satisfacer el prestatario al prestamista, indicando el p\u00e1rrafo denegado que \u00abel prestamista se compromete a notificar al prestatario de cualquier reclamaci\u00f3n y a tomar las medidas razonables para mitigar cualesquiera costes, p\u00e9rdidas, responsabilidades o gastos que pudieran producirse para el Prestamista y de las que ser\u00e1 indemnizado por el Prestatario en virtud de la presente cl\u00e1usula. El Prestamista no deber\u00e1 allanarse a procedimiento alguno sin haber concedido al Prestatario un preaviso con una antelaci\u00f3n de al menos cinco (5) D\u00edas H\u00e1biles notificando su intenci\u00f3n de hacerlo. Si existe m\u00e1s de un (1) Prestamista, en caso de un procedimiento contra m\u00e1s de un Prestamista con respecto al mismo asunto, todos los Prestamistas deber\u00e1n estar representados por la misma asistencia letrada\u00bb.<\/p>\n

          As\u00ed, las estipulaciones 11.2 y 16.1, relativas al compromiso del prestamista de mitigar las consecuencias perjudiciales para el prestatario, por la obligaci\u00f3n del pago de importes adicionales en caso de concurrencia de las circunstancias que se pactan detalladamente<\/strong>, s\u00ed tiene encaje en los pactos de naturaleza puramente personal, ya que no tiene naturaleza real, ni financiera, ni contribuye a perfilar la obligaci\u00f3n garantizada<\/strong>. En realidad no pasa de ser una declaraci\u00f3n de buenas intenciones<\/strong> totalmente indeterminada<\/strong> que, conforme a los arts. 98 LH y 51.6.\u00aa RH no debe tener acceso al Registro, por lo que procede confirmar la nota de calificaci\u00f3n en cuanto a este defecto<\/strong>.<\/p>\n

          Por su parte, respecto a la cl\u00e1usula 12.\u00aa de \u00abdeclaraciones y garant\u00edas<\/strong>\u00bb, como se\u00f1ala el registrador en su informe, recoge una serie de afirmaciones que han constituido elementos previos a la formaci\u00f3n de voluntad del prestamista<\/strong>; procesos previos que son absolutamente irrelevantes<\/strong> desde el punto de vista registral, puesto que el consentimiento negocial ha sido ya prestado<\/strong>y la hipoteca concertada. En consecuencia, tales manifestaciones del prestatario encajan plenamente en la causa de denegaci\u00f3n se\u00f1alada en la nota de calificaci\u00f3n de falta de trascendencia jur\u00eddico-real inmobiliaria, estim\u00e1ndose correctamente denegado su acceso al Registro<\/strong>.<\/p>\n

          4.- INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SOCIETARIAS CAUSA DE VENCIMIENTO ANTICIPADO. REVOCADO. [10]. Sin entrar a valorar el contenido concreto de cada una de estas denominadas \u00abobligaciones societarias del prestatario\u00bb, no parece que pueda decirse que, en general, estas obligaciones tengan una relevancia especial en relaci\u00f3n con la obligaci\u00f3n garantizada<\/strong>, pues aparte del car\u00e1cter gen\u00e9rico e indeterminado de alguna de ellas, su incumplimiento no desvirt\u00faa la garant\u00eda real ni la preferencia de la hipoteca<\/strong>. Esta afirmaci\u00f3n tiene como excepci\u00f3n el defecto letra I), por la vinculaci\u00f3n de las Cuentas de Renta y Reserva con el devenir de la obligaci\u00f3n principal garantizada.<\/p>\n

          Sea como fuere, lo cierto es que la cl\u00e1usula 15.3 eleva su incumplimiento \u2013el de todas las obligaciones de la cl\u00e1usula 13.\u00aa a la categor\u00eda<\/strong> de causa de vencimiento anticipado del pr\u00e9stamo y, por tanto, no puede admitirse el rechazo de la inscripci\u00f3n de esta cl\u00e1usula con una fundamentaci\u00f3n circunscrita en que los pactos que comprende carecen de trascendencia real inmobiliaria<\/strong>.<\/p>\n

          En consecuencia, el defecto tal y como est\u00e1 formulado no puede ser confirmado<\/strong>, sin que tampoco puedan tenerse en consideraci\u00f3n, dentro del \u00e1mbito de este recurso, las afirmaciones del registrador en su informe<\/strong>. El informe es un tr\u00e1mite en el que el registrador puede profundizar sobre los argumentos utilizados para determinar los defectos se\u00f1alados en su nota de calificaci\u00f3n, pero en el que en ning\u00fan caso se pueden a\u00f1adir nuevos defectos.<\/strong><\/p>\n

          5.- INCUMPLIMIENTOS CAUSA DE VENCIMIENTO ANTICIPADO. [11]. Encuadrables tambi\u00e9n en el anterior grupo de cl\u00e1usulas cuyo incumplimiento se pacta que provoque el vencimiento anticipado<\/strong> de la obligaci\u00f3n principal, y respecto de las cuales la nota recurrida s\u00f3lo argumenta como motivo de rechazo su carencia de eficacia real, se encuentran las siguientes: K) \u00abDe la cl\u00e1usula d\u00e9cimo cuarta, los apartados 14.3, 14.4, del 14.5 del tercer p\u00e1rrafo desde \u00abel prestatario realizar\u00e1\u00bb hasta \u00abla aseguradora\u00bb y el \u00faltimo p\u00e1rrafo del apartado 14.5, 14.7,14.8, 14.9, 14.10 menos la primera frase, 14.11, Y del apartado 14.13 desde \u00aben la que obvie\u00bb hasta \u00abfondos recibidos\u00bb, el 14.14, 14.15, 14.16\u00bb: estos puntos se refieren, respectivamente, al presupuesto de explotaci\u00f3n del inmueble, el informe anual del inmueble, los seguros sobre el mismo, la posibilidad de nuevas tasaciones, la ratio de cobertura del servicio de deuda, los aspectos ambientales, las reparaciones y las modificaciones en el inmueble, el supuesto de expropiaci\u00f3n forzosa, la supervisi\u00f3n del inmueble, el informe sobre las propiedades en cartera del prestatario y la licencia de apertura y funcionamiento del inmueble. Y L) \u00abDe la cl\u00e1usula d\u00e9cimo quinta, el apartado 15.5, 15.6, 15.8 menos las dos \u00faltimas frases, 15.10, 15.11\u00bb: estos puntos se refieren al cese del negocio, la ilegalidad sobrevenida de alguna obligaci\u00f3n del prestatario, la resoluci\u00f3n o inejecutabilidad de las garant\u00edas \u2013prendas y avales\u2013 asociadas a la hipoteca, el incumplimiento de los ratios del pr\u00e9stamo sobre el valor del mercado y\/o de la cobertura del servicio de deuda \u2013DSCR\u2013, y el impago de comisiones.<\/p>\n

          5.1. OBLIGACIONES DEL PRESTATARIO EN RELACI\u00d3N CON EL INMUEBLE. REVOCADO. En cuanto a la cl\u00e1usula decimocuarta, que establece las \u00abobligaciones del prestatario en relaci\u00f3n con el inmueble<\/strong>\u00bb y [\u2026] supuestos excluidos de la cl\u00e1usula decimoquinta, que se dedica a regular, directamente o por remisi\u00f3n, las causas de vencimiento anticipado del pr\u00e9stamo garantizado y, por tanto, dado que los indicados pactos (15.5, 15.6, 15.8, 15.10 y 15.11) se deniegan bas\u00e1ndose en su falta de trascendencia jur\u00eddico-real inmobiliaria, sin mayor fundamentaci\u00f3n<\/strong>, se reitera que la simple alegaci\u00f3n de tratarse de pactos con falta de efectos reales frente a terceros, no s\u00f3lo es err\u00f3nea sino que, adem\u00e1s, implica una carencia de motivaci\u00f3n o fundamentaci\u00f3n de la suspensi\u00f3n<\/strong>, pues, en este tipo de cl\u00e1usulas, la falta de trascendencia real es un efecto de la falta de inscripci\u00f3n y no su causa<\/strong>.<\/p>\n

          5.2.- RATIOS. REVOCADO. Adem\u00e1s, respecto del incumplimiento de los ratios \u00abdel pr\u00e9stamo sobre el valor del mercado<\/strong>\u00bb y\/o \u00abde cobertura del servicio de deuda o DSCR\u00bb, cuyo descenso supone la necesidad de realizar una amortizaci\u00f3n parcial de la obligaci\u00f3n principal en la cantidad suficiente para restablecerlo, y respecto del impago de las comisiones pactadas, se recuerda que constituyen cl\u00e1usulas financieras<\/strong>, que, adem\u00e1s, en este caso se encuentran cubiertas con una responsabilidad hipotecaria espec\u00edfica<\/strong> (cfr. Resoluci\u00f3n de 1 de octubre de 2010), por lo que por esta raz\u00f3n tambi\u00e9n debe fundamentarse suficientemente su rechazo.<\/p>\n

          5.3.- PROMESA DE ESFORZARSE. CONFIRMADO. Por ello, s\u00f3lo la expresi\u00f3n final del tercer p\u00e1rrafo de la cl\u00e1usula 14.5<\/strong> que dice: \u00abel prestatario realizar\u00e1 sus mejores esfuerzos para que estos extremos sean acreditados por la aseguradora mediante la firma de sus representantes en la notificaci\u00f3n que se remite a la aseguradora\u00bb, que constituye una mera declaraci\u00f3n de intenciones sin la determinaci\u00f3n suficiente, puede denegarse alegando exclusivamente que se trata de un pacto de naturaleza personal<\/strong>.<\/p>\n

          6.- RESPONSABILIDAD HIPOTECARIA POR GASTOS Y COMISIONES. [12]. Por su parte el defecto letra M) excluye la inscripci\u00f3n \u00abde la cl\u00e1usula vig\u00e9simo segunda, apartado E), el segundo p\u00e1rrafo\u00bb. La cl\u00e1usula vigesimosegunda regula la responsabilidad hipotecaria, y su apartado E) concretamente la responsabilidad por \u00abgastos y comisiones<\/strong>\u00bb. En relaci\u00f3n con estos gastos, se deniega el p\u00e1rrafo que afirma que \u00aben cuanto a los pagos en cuesti\u00f3n, el Prestamista queda irrevocablemente autorizado para hacer frente a los mismos por cuenta del Prestatario<\/strong>, pero \u00fanicamente en la medida en que su impago pueda perjudicar su garant\u00eda\u00bb. Y el defecto letra \u00d1) excluye la inscripci\u00f3n \u00abde la cl\u00e1usula vig\u00e9simo s\u00e9ptima, el primer p\u00e1rrafo\u00bb: se refiere el p\u00e1rrafo denegado al apoderamiento<\/strong>del prestatario al prestamista para la subsanaci\u00f3n de defectos y el otorgamiento de cuantos documentos sean necesarios para ellos.<\/p>\n

          6.1.- APODERAMIENTO PARTA SUBSANACI\u00d3N. CONFIRMADO. Comenzando por este \u00faltimo defecto letra \u00d1), se considera correctamente denegada la cl\u00e1usula de apoderamiento para subsanar defectos<\/strong>, precisamente por su naturaleza exclusivamente personal y no financiera, al amparo del art. 98 LH.<\/p>\n

          6.2. APODERAMIENTO PARA GASTOS PERJUDICIALES A LA HIPOTECA. REVOCADO. Tal parecer\u00eda que la misma soluci\u00f3n deber\u00eda adoptarse respecto de la autorizaci\u00f3n de pago<\/strong> a que se refiere el defecto letra M), ya que cabe afirmar que se trata de un apoderamiento por lo que, en principio, le ser\u00eda aplicable el art. 98 LH. Sin embargo, mientras esas resoluciones rechazan un apoderamiento para realizar declaraciones y subsanaciones ante notarios y registradores, es decir, facultan para cuestiones absolutamente ajenas al derecho real de hipoteca y al pr\u00e9stamo garantizado; el presente supuesto afecta a una cl\u00e1usula relevante desde la perspectiva procesal y de la configuraci\u00f3n del derecho real de hipoteca, pues se refiere a la facultad que se concede al prestamista de pagar por el deudor aquellos gastos que est\u00e1n expresamente cubiertos por un concepto de la responsabilidad hipotecaria por encontrarse \u00abestrechamente relacionados con la obligaci\u00f3n<\/strong> garantizada y con la conservaci\u00f3n y efectividad de la garant\u00eda\u00bb, facultad cuyo ejercicio genera el nacimiento de esas obligaciones complementarias garantizadas<\/strong> y que en esa medida es inscribible<\/strong>.<\/p>\n

          Por tanto, dicho poder o autorizaci\u00f3n adquiere relevancia registral<\/strong> por su contenido, en la medida en que se relaciona estrechamente con la posible ejecuci\u00f3n de la hipoteca o m\u00e1s precisamente con la cuant\u00eda de la demanda ejecutiva<\/strong>. De este modo, a semejanza del poder previsto en el art. 234.1.3.\u00aa del Reglamento Hipotecario para la venta extrajudicial, s\u00ed que puede tener acceso al Registro la autorizaci\u00f3n de referencia<\/strong>.<\/p>\n

          7.- OTRAS CL\u00c1USULAS CARENTES DE TRASCENDENCIA REAL.<\/p>\n

          7.1.- FACULTAD DE ACCIONAR POR CUALQUIER IMPAGO. REVOCADO. [13]. Recoge, por \u00faltimo, la nota de calificaci\u00f3n la denegaci\u00f3n, bajo el paraguas del defecto de \u00abcarencia de transcendencia jur\u00eddico real inmobiliaria\u00bb, de un conjunto de cl\u00e1usulas de diversa \u00edndole que analizaremos por separado en este fundamento de derecho. La primera<\/strong> de ellas es la identificada en el defecto letra N) que excluye \u00abde la cl\u00e1usula vig\u00e9simo cuarta, del apartado g) desde \u00aben caso de que\u00bb hasta \u00abestablezca el pr\u00e9stamo\u00bb\u00bb. La cl\u00e1usula vigesimocuarta regula el \u00abejercicio de sus derechos por el prestamista\u00bb en relaci\u00f3n, fundamentalmente, a la ejecuci\u00f3n de la hipoteca. El p\u00e1rrafo denegado establece que: \u00abEn caso de que el prestatario incumpla cualquiera de las obligaciones de pago que<\/strong> para \u00e9l se derivan del pr\u00e9stamo, se den los requisitos previstos en la cl\u00e1usula 15.12 (\u00abDeclaraci\u00f3n de vencimiento anticipado\u00bb) y transcurrido el periodo de gracia que, en su caso, establezca el pr\u00e9stamo\u00bb, \u00abel prestamista estar\u00e1 facultado para ejercitar sus derechos y ejecutar las diferentes garant\u00edas (\u2026)\u00bb.<\/p>\n

          No puede denegarse<\/strong> el acceso al Registro de la Propiedad a esta cl\u00e1usula por la simple raz\u00f3n de carecer de trascendencia real inmobiliaria, pues la ejecuci\u00f3n de la hipoteca es quiz\u00e1 el aspecto de mayor trascendencia jur\u00eddico-real inmobiliaria de todos los previstos en una escritura de hipoteca<\/strong>, y el incumplimiento de las obligaciones de pago derivadas del propio pr\u00e9stamo garantizado o la concurrencia de un supuesto de vencimiento anticipado, son las eventualidades naturales<\/strong> que facultan al acreedor para el ejercicio de la acci\u00f3n ejecutiva (art. 693 LEC, 129 LH, etc.).<\/p>\n

          [\u2026] Otra cuesti\u00f3n distinta ser\u00eda si el simple incumplimiento de algunos pagos derivados de gastos u obligaciones accesorias o complementarias o cualquier causa de vencimiento es susceptible de provocar la realizaci\u00f3n de la hipoteca por el procedimiento de ejecuci\u00f3n directa o deber\u00eda aclararse esta circunstancia en la escritura, pero dado que el registrador no ha basado su defecto en este argumento, no procede entrar ahora en su estudio<\/strong>.<\/p>\n

          7.2.- DATOS PERSONALES DEL PRESTATARIO. Por su parte, el defecto letra O)<\/strong> rechaza la inscripci\u00f3n \u00abde la cl\u00e1usula trig\u00e9sima, del apartado 30.3, p\u00e1rrafo segundo, desde \u00aba este respecto\u00bb hasta \u00absecreto bancario\u00bb, el apartado 30.5 \u00abrevelaci\u00f3n de informaci\u00f3n\u00bb, y de la cl\u00e1usula trig\u00e9simo primera, lo relativo a la prueba fehaciente de la deuda, por ser materia de apreciaci\u00f3n jurisdiccional\u00bb.<\/p>\n

          7.2.1. DATOS PERSONALES DEL PRESTATARIO. CONFIRMADO. La cl\u00e1usula trig\u00e9sima, en sus apartados tercero y quinto, se refiere a larevelaci\u00f3n de los datos personales del prestatario en caso de cesi\u00f3n del cr\u00e9dito<\/strong>, cuesti\u00f3n de naturaleza estrictamente personal y ajena a la obligaci\u00f3n garantizada, por lo que se considera correctamente denegado<\/strong>.<\/p>\n

          7.2.2. C\u00c1LCULO DE LA DEUDA. REVOCADO. Sin embargo, la cl\u00e1usula trig\u00e9sima primera se dedica al \u00abc\u00e1lculo y prueba fehaciente de la deuda\u00bb, por lo que la denegaci\u00f3n de la expresi\u00f3n \u00abprueba fehaciente\u00bb, que va asociada al mantenimiento de cuentas que prueben los importes prestado en cada momento y debidos al prestamista, no puede ampararse en que carece de trascendencia jur\u00eddico-real inmobiliaria ni siquiera en la referencia a que es materia de apreciaci\u00f3n judicial<\/strong>, sin perjuicio que se pueda hacer valer en el procedimiento el error en la determinaci\u00f3n de la cantidad exigible (cfr. Art. 695.1.2.\u00aa LEC). El c\u00e1lculo y la prueba de la deuda son cuestiones de gran importancia desde el punto de vista del procedimiento de ejecuci\u00f3n<\/strong>, por lo que su trascendencia jur\u00eddico-real inmobiliaria est\u00e1 fuera de toda duda, y de admisi\u00f3n, procediendo, en consecuencia la revocaci\u00f3n de la nota de calificaci\u00f3n en cuanto a este punto<\/strong>.<\/p>\n

          7.2.3. RETRASO EN EL EJERCICIO DE ACCIONES. REVOCADO. El defecto letra P) excluye la inscripci\u00f3n \u00abde la cl\u00e1usula trig\u00e9simo segunda, el apartado 32.1\u00bb. Dispone el apartado denegado que: \u00abLa falta de o el retraso en el ejercicio por parte del Prestamista de cualquier derecho o recurso en virtud del presente Contrato no debe considerarse una renuncia al mismo; el ejercicio ocasional o parcial de cualquier derecho o recurso no impedir\u00e1 que se vuelva a ejercer dicho derecho o recurso o cualquier otro derecho o recurso. Los derechos y recursos establecidos en el presente Contrato son cumulativos y no exclusivos con respecto de cualquier derecho o subsanaci\u00f3n establecidos por Ley\u00bb. Esta cl\u00e1usula no se puede calificar que el pacto tenga un car\u00e1cter estrictamente personal y ajeno a la obligaci\u00f3n garantizada, ya que contribuye a aclarar la forma de ejercicio de las acciones hipotecarias<\/strong>; por lo que no se considera correctamente denegada la misma al amparo exclusivamente<\/strong> del art. 98 LH.<\/p>\n

          7.2.4. NOTIFICACIONES SOBRE LA PRENDA DE CR\u00c9DITOS POR SEGURO. CONFIRMADO. Y, por \u00faltimo el defecto letra Q) deniega el acceso al registro \u00abde la cl\u00e1usula trig\u00e9simo s\u00e9ptima, lo relativo al anexo 3 y la Cl\u00e1usula Final Requerimiento\u00bb. El Anexo 3 se refiere a la comunicaci\u00f3n a la entidad aseguradora sobre la creaci\u00f3n de prenda sobre los derechos de cr\u00e9dito derivados de la p\u00f3liza de seguro<\/strong>, y la cl\u00e1usula final de requerimiento se refiere al requerimiento que las partes hacen a la notaria autorizante para que por acta separada notifique a la entidad aseguradora<\/strong>. Se tratan en este caso de cl\u00e1usulas relativas a una actuaci\u00f3n futura de notificaci\u00f3n, relativas a una garant\u00eda ajena al derecho real de hipoteca, por lo que se considera correctamente denegado<\/strong> su acceso al Registro de acuerdo con el art. 98 LH.<\/p>\n

          CL\u00c1USULAS CONTRARIAS A LA LEY [14].<\/strong><\/p>\n

          1.- PACTO DE ANATOCISMO. REVOCADO. En primer lugar, por el defecto letra A) de este segundo grupo de cl\u00e1usulas denegadas, se rechaza la inscripci\u00f3n \u00abde la cl\u00e1usula quinta, el apartado 5.5. Capitalizaci\u00f3n de intereses no pagados<\/strong>, de la cl\u00e1usula d\u00e9cimo sexta, el apartado 16.2, por ser una limitaci\u00f3n legal de la responsabilidad hipotecaria en perjuicio de tercero establecida en el art 114 LH\u00bb. Esta cl\u00e1usula 5.5 establece, bajo la r\u00fabrica de \u00abcapitalizaci\u00f3n de intereses no pagados<\/strong>\u00bb, que: \u00abEn virtud del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo de Comercio, las Partes acuerdan por medio de la presente y de forma expresa la capitalizaci\u00f3n de los intereses ordinarios vencidos y no pagados para cada trimestre, que devengar\u00e1n intereses adicionales al tipo de los Intereses de Demora que resulte aplicable. Adem\u00e1s, los Intereses de Demora vencidos y no pagados ser\u00e1n igualmente capitalizados, devengando intereses al tipo aplicable de los Intereses de Demora\u00bb. Y, por su parte, el apartado 16.2 establece que: \u00abA los efectos de la presente cl\u00e1usula 16 y la cl\u00e1usula 10 (\u00abCostes incrementados\u201d1), cualquier importe impagado deber\u00e1 considerare una disposici\u00f3n bajo el Pr\u00e9stamo y, en consecuencia, en ambas cl\u00e1usulas el t\u00e9rmino \u00abdisposici\u00f3n\u00bb comprende cualquier importe impagado\u00bb.<\/p>\n

          El registrador deniega ambas cl\u00e1usulas \u00abpor ser una limitaci\u00f3n legal de la responsabilidad hipotecaria en perjuicio de tercero establecida en el art. 114 LH\u00bb. El recurrente defiende la validez del pacto de anatocismo<\/strong> al amparo de los arts. 317 CC y 1109 CC, as\u00ed como la no aplicaci\u00f3n del art. 114 LH a los supuestos anteriores.<\/p>\n

          El rechazo a la inscripci\u00f3n del pacto de anatocismo, sin perjuicio de su licitud en el plano puramente obligacional, ha sido una constate de este Centro Directivo [\u2026] bas\u00e1ndose en la consideraci\u00f3n de que dicho pacto supone una vulneraci\u00f3n del principio de especialidad registral<\/strong>, una de cuyas manifestaciones es la limitaci\u00f3n prevista en el art. 114 LH, que no permite que se produzca un trasvase de importes entre las diferentes partidas de responsabilidad hipotecaria [\u2026]<\/p>\n

          Pero es indudable que el pacto de anatocismo tiene naturaleza financiera y que, como se\u00f1ala el recurrente, se trata de un pacto v\u00e1lido desde el punto de vista civil y mercantil<\/strong> [\u2026] por lo que si aplicamos la interpretaci\u00f3n que esta Direcci\u00f3n General viene sosteniendo acerca del alcance del vigente art. 12 LH, que en esta Resoluci\u00f3n es reiterada, consistente en que todas las cl\u00e1usulas financieras v\u00e1lidas son inscribibles si no existe norma hipotecaria que lo impida<\/strong>, deberemos replantearnos<\/u><\/strong> si realmente el art. 114 LH constituye suficiente argumento<\/strong> para impedir su constancia registral. En este sentido, es claro, que los intereses capitalizados no estar\u00e1n cubiertos por la responsabilidad hipotecaria por ning\u00fan concepto, pero por ello no dejan de constituir una cantidad exigible<\/strong> al deudor, al igual que los intereses que excedan de la cantidad garantizada por este concepto o de los gastos complementarios que no estuvieren especialmente garantizados. En consecuencia, los intereses capitalizados formar\u00e1n parte, como cantidades debidas adicionales, de la certificaci\u00f3n bancaria determinativa del saldo l\u00edquido<\/strong>, que el acreedorpodr\u00e1 cobrar del sobrante del remate<\/strong> de la subasta si no hay acreedores inscritos posteriores o, en su caso, mediante el procedimiento de ejecuci\u00f3n ordinaria subsiguiente a la ejecuci\u00f3n hipotecaria, por tratarse de hipoteca sobre locales y no aplicarse el art. 114.3\u00ba LH.<\/p>\n

          Si se consideran inscribibles [\u2026] las cl\u00e1usulas de comisiones, gastos, impuestos y primas de seguros, por ser cl\u00e1usulas financieras, con independencia de que est\u00e9n o no cubiertas con una responsabilidad hipotecaria espec\u00edfica, no se ve raz\u00f3n para que no se considere tambi\u00e9n inscribible el pacto de anatocismo<\/strong>; por lo que procede revocar la nota de calificaci\u00f3n<\/strong> respecto de este defecto.<\/p>\n

          2.- VENCIMIENTO ANTICIPADO POR EXPROPIACI\u00d3N FORZOSA. CONFIRMADO. [15] En el defecto letra B) se excluye la constancia registral \u00abde la cl\u00e1usula s\u00e9ptima, apartado 7.2. los dos primeros p\u00e1rrafos, y de la cl\u00e1usula d\u00e9cimo quinta, el apartado 15.7, relativos a la expropiaci\u00f3n forzosa<\/strong>, por estar regulada \u00e9sta en el art. 110-2 LH y 8 de la Ley y Reglamento de Expropiaci\u00f3n Forzosa, y ser pacto personal carente de eficacia real\u00bb. Dispone en concreto la cl\u00e1usula 7.2 bajo la r\u00fabrica \u00abamortizaci\u00f3n anticipada obligatoria\u00bb que: \u00abSin perjuicio de la cl\u00e1usula 7.1 anterior, el pago de los importes pendientes en virtud del Pr\u00e9stamo, ser\u00e1 obligatorio como sigue, y sujeto al pago de la comisi\u00f3n por amortizaci\u00f3n anticipada seg\u00fan cl\u00e1usula 16.3 (\u00abCostes de Ruptura\u00bb). En caso de expropiaci\u00f3n forzosa<\/strong> de la totalidad o parte del Inmueble, un importe igual al de los ingresos obtenidos por la venta menos los impuestos y costes provocados por dicha venta (hasta los importes pendientes en virtud del presente Contrato) se utilizar\u00e1 para reembolsar todos los importes pendientes<\/strong> en virtud del presente Contrato, sin perjuicio del derecho del Prestamista de declarar el Vencimiento Anticipado<\/strong> del pr\u00e9stamo seg\u00fan cl\u00e1usula 15.12 (\u00abDeclaraci\u00f3n del vencimiento anticipado\u00bb) si la expropiaci\u00f3n forzosa parcial provocara la concurrencia de un Supuesto de Vencimiento Anticipado\u00bb.<\/p>\n

          Por su parte, la cl\u00e1usula 15.7 prev\u00e9 el vencimiento anticipado<\/strong> en caso de que: \u00abLa totalidad o parte del Inmueble sea objeto de una expropiaci\u00f3n forzosa o la autoridad local competente emite una resoluci\u00f3n para la expropiaci\u00f3n forzosa del mismo siendo razonablemente previsible que dicha expropiaci\u00f3n u orden afecte la capacidad del Prestamista para amortizar el Pr\u00e9stamo, salvo por lo establecido en las cl\u00e1usulas (\u00abRatio del Pr\u00e9stamo sobre el Valor de Mercado\u00bb) y 14.13 (\u00abExpropiaci\u00f3n forzosa\u00bb)\u00bb.<\/p>\n

          En ambos casos, ya se trate como vencimiento anticipado o como amortizaci\u00f3n anticipada obligatoria, se considera correctamente denegadas estas cl\u00e1usulas<\/strong> [\u2026] ya que sus efectos se encuentran regulados en el art. 110.2\u00ba LH y en los arts. 8 y 51.1.e) REF, y, aunque desaparezca la garant\u00eda hipotecaria, el acreedor siempre puede defenderse en el correspondiente expediente administrativo y cobrarse con el importe de las indemnizaciones por expropiaci\u00f3n a las que se extiende la hipoteca por disposici\u00f3n legal<\/strong>.<\/p>\n

          Adem\u00e1s, en la presente escritura falta la previsi\u00f3n<\/strong>, reconocida en el art. 1129.3 CC para el caso de menoscabo de la garant\u00eda, de facultar al deudor para sustituir<\/strong> la hipoteca por otra garant\u00eda para cubrir aquella parte del cr\u00e9dito no satisfecha con la referida indemnizaci\u00f3n; pero este argumento no fue alegado por el registrador de la propiedad en su nota de calificaci\u00f3n<\/strong>, por lo que no se puede tener en cuenta ahora.<\/p>\n

          3.- CL\u00c1USULAS LIMITATIVAS DE LA FACIULTAD DISPOSITIVA. CONFIRMADO [16]. Por su parte, el defecto letra C) deniega la inscripci\u00f3n \u00abde la cl\u00e1usula s\u00e9ptima, apartado 7.2, el tercer p\u00e1rrafo, por contraria a la libertad de tr\u00e1fico de los bienes\u00bb. Establece el p\u00e1rrafo denegado que: \u00abEn el caso de la venta voluntaria<\/strong> del inmueble, todos los importes pendientes en virtud del presente contrato deber\u00e1n ser reembolsados<\/strong> y los ingresos obtenidos por la venta menos impuestos y gastos deber\u00e1n aplicarse a dicho reembolso en la medida de lo necesario\u00bb.<\/p>\n

          Con este pacto realmente se est\u00e1 estableciendo, de modo indirecto, no s\u00f3lo como afirma el recurrente el destino del precio de la venta, sino el vencimiento anticipado del pr\u00e9stamo en caso de venta de las fincas [\u2026]<\/p>\n

          La denegaci\u00f3n de esta cl\u00e1usula por ser contraria a la \u00ablibertad de tr\u00e1fico de los bienes\u00bb no est\u00e1 suficientemente fundamentada<\/strong> al no citarse precepto alguno ni argumentarse las razones que llevan a esa conclusi\u00f3n. No obstante, en el apartado E), que comentaremos m\u00e1s adelante, con base en la misma raz\u00f3n (libertad de tr\u00e1fico), el registrador s\u00ed cita los arts. 27 y 107 LH, los cuales constituyen fundamento suficiente para denegar el acceso al registro de la propiedad de las cl\u00e1usulas limitativas de la facultad dispositiva<\/strong> [\u2026] Por tanto, se considera correctamente denegado<\/strong> el acceso al Registro de la Propiedad de esta cl\u00e1usula [\u2026]<\/p>\n

          4.- INDETERMINACI\u00d3N DE LA CL\u00c1USULA Y DE LA DENEGACI\u00d3N. REVOCADO [17]. El defecto letra D) rechaza la inscripci\u00f3n \u00abde la cl\u00e1usula s\u00e9ptima, del apartado 7.2., a partir del cuarto p\u00e1rrafo (amortizaci\u00f3n anticipada en caso de siniestro que d\u00e9 lugar a indemnizaci\u00f3n por seguros, regul\u00e1ndose los t\u00e9rminos de la misma), el apartado 7.3 (pagos para reestablecer los ratios financieros que se determinan), y de la cl\u00e1usula d\u00e9cimo quinta, el apartado 15.9 (vencimiento anticipado por no reconstrucci\u00f3n del inmueble en caso de da\u00f1os graves que se cuantifican), por su indeterminaci\u00f3n<\/strong>\u00bb.<\/p>\n

          Estas cl\u00e1usulas son financieras o de vencimiento anticipado por lo que de conformidad con la doctrina que se viene reiterando de la que resulta que, respecto de ese tipo de estipulaciones, toda calificaci\u00f3n negativa debe apoyarse en una fundamentaci\u00f3n jur\u00eddica adecuada<\/strong> y suficiente [\u2026] por lo que, no puede sostenerse esta causa de denegaci\u00f3n [\u2026]<\/strong><\/p>\n

          5.- LIMITACIONES A FACULTAD DISPOSITIVA Y ARRENDAMIENTO. [18]. Por el defecto de la letra E) se excluyen de inscripci\u00f3n \u00abde la cl\u00e1usula d\u00e9cimo tercera, el apartado 13.6, y el apartado 13.10, de la cl\u00e1usula d\u00e9cimo cuarta, el apartado 14.2; de conformidad con los arts. 6.4 y 1859 CC, libertad de tr\u00e1fico de los bienes, y arts. 3, 27 Y 107 LH\u00bb. La cl\u00e1usula 13.6, bajo la r\u00fabrica \u00abCompromiso de no otorgar garant\u00edas\u00bb dispone que: \u00abNi el Prestatario ni el Garante podr\u00e1n constituir garant\u00edas, respectivamente, sobre el Inmueble ni sobre las acciones del Prestatario (oblig\u00e1ndose a su vez el Garante a que cualquiera de sus empresas filiales, directa o indirectamente participadas, respeten dicho compromiso), excepci\u00f3n hecha de: a) cualquier Garant\u00eda otorgada a favor del Prestamista en virtud de cualquiera de los Documentos Financieros; o b) cargas que nazcan por ministerio de la Ley; c) asimismo, el Prestatario no concertar\u00e1 pr\u00e9stamo, l\u00ednea de cr\u00e9dito ni contrato semejante alguno que guarde relaci\u00f3n con el inmueble\u00bb.<\/p>\n

          La cl\u00e1usula 13.10, bajo la r\u00fabrica \u00abdisposici\u00f3n del Inmueble e Imposici\u00f3n de nuevos grav\u00e1menes\u00bb dispone que: \u00abEl prestatario puede transmitir, sin consentimiento previo del Prestamista, el Inmueble, siempre y cuando el precio de compra alcance por lo menos el Saldo Pendiente y que el precio de compra sea aplicado al reembolso de aquellos importes indicados en la cl\u00e1usula 7.2 (B) anterior (\u00abAmortizaci\u00f3n anticipada obligatoria\u00bb). En caso contrario, deber\u00e1 recabar el consentimiento previo y por escrito del Prestamista<\/strong>. El Prestatario no formalizar\u00e1 otro contrato de pr\u00e9stamo adicional con respecto al Inmueble, ni constituir\u00e1 ninguna garant\u00eda de segundo rango en relaci\u00f3n con el Inmueble. El Prestatario deber\u00e1 requerir igualmente el consentimiento previo y por escrito del Prestamista, que no podr\u00e1 denegarlo injustificadamente, para poder gravar el Inmueble con cualquier otra carga real. Los apartados que anteceden no ser\u00e1n de aplicaci\u00f3n en caso de disposiciones y\/o grav\u00e1menes expresamente permitidos en virtud del presente contrato ni a disposiciones del inmueble siempre que el saldo pendiente sea reembolsado simult\u00e1neamente\u00bb.<\/p>\n

          Por su parte, la cl\u00e1usula 14.2 exige la aprobaci\u00f3n del prestamista, que no podr\u00e1 denegar injustificadamente, para modificar los arrendamientos sobre el inmueble o formalizar nuevos arrendamientos que produzcan, en su conjunto, que los ingresos netos anuales sean inferiores a 1.300.000 euros anuales. \u00abAsimismo, se requerir\u00e1 el consentimiento del Prestamista si el nuevo contrato o la modificaci\u00f3n de los Arrendamientos existentes implicara cualquiera de las siguientes circunstancias: a) una limitaci\u00f3n de la responsabilidad del arrendatario en caso de abandono de la parte del Inmueble que ocupa actualmente cada Arrendatario con anterioridad a la fecha de terminaci\u00f3n del arrendamiento; o b) La reducci\u00f3n del plazo de los Arrendamientos o cualquier otro arrendamiento que se suscriba en el futuro, o la renuncia a su pr\u00f3rroga obligatoria (si estuviera estipulada en los Arrendamientos). El Prestatario facilitar\u00e1 al Prestamista una copia de todos y cada uno de los nuevos contratos de arrendamiento que se celebren, as\u00ed como de la modificaci\u00f3n de los Arrendamientos en el plazo de diez (10) D\u00edas H\u00e1biles a contar desde la fecha de su firma. El Prestatario se obliga a ingresar los Ingresos en Concepto de Rentas en la Cuenta de Rentas, salvo que las Partes acuerden algo en contrario\u00bb.<\/p>\n

          Procede aqu\u00ed reiterar lo manifestado en el fundamento de Derecho d\u00e9cimo sexto, en el sentido que la simple denegaci\u00f3n de estas cl\u00e1usulas por existir un fraude de ley, un pacto comisorio \u2013que no se alcanza a deducir de las mismas\u2013 o por ser contraria a \u00ablibertad de tr\u00e1fico de los bienes\u00bb, sin explicar si todos esos defectos son aplicables a los tres pactos o a cu\u00e1l de ellos se refiere cada uno, no est\u00e1 suficientemente fundamentada<\/strong> al no realizarse argumentaci\u00f3n alguna acerca de en qu\u00e9 consiste el fraude o de la razones concretas que llevan a concluir que existe un pacto comisorio o una vulneraci\u00f3n a la libertad de tr\u00e1fico.<\/p>\n

          5.1.- LIMITACIONES A FACULTADES DISPOSITIVAS. CONFIRMADO. Por lo dem\u00e1s, respecto de las dos primeras cl\u00e1usulas, la 13.6 y la 13.10, en cuanto implican restricciones a la libre disposici\u00f3n y gravamen de los inmuebles<\/strong> hipotecados, cita tambi\u00e9n el registrador los arts. 27 y 107.3.\u00ba LH los cuales, al vedar el acceso al Registro de las prohibiciones de disponer o hipotecar constituidas en actos y contratos onerosos, constituyen fundamento suficiente para denegar el acceso al Registro de estas cl\u00e1usulas limitativas de la facultad dispositiva<\/strong> [\u2026] Por tanto, se considera correctamente denegado<\/strong> su acceso al Registro.<\/p>\n

          5.2.- LIMITACIONES A LA FACULTAD DE ARRENDAR LA GARANT\u00cdA. CONFIRMADO. A igual conclusi\u00f3n ha de llegarse respecto de lacl\u00e1usula 14.2<\/strong>, ya que no obstante la consideraci\u00f3n por las partes de que el negocio de explotaci\u00f3n en r\u00e9gimen de arrendamiento de las fincas hipotecadas constituye un aspecto esencial del contrato celebrado, no nos encontramos ante una situaci\u00f3n de refinanciaci\u00f3n preconcursal con la aprobaci\u00f3n del preceptivo plan de viabilidad que justificar\u00eda su inscripci\u00f3n. Como consecuencia de esta circunstancia, resulta aplicable en este caso la STS de 16 diciembre 2009 que rechaza la inscripci\u00f3n de este tipo de pactos por ser contrarios a la prohibici\u00f3n de disponer convencional en acto a t\u00edtulo oneroso del art. 27 LH alegada<\/strong> por el registrador.<\/p>\n

          Debe recordarse que conforme a STS de 16 diciembre 2009 deben denegarse las cl\u00e1usulas que contengan una prohibici\u00f3n de arrendar los locales hipotecados, porque los arrendamientos de locales comerciales posteriores a la hipoteca ejecutada quedan sometidos alprincipio de purga<\/strong> de cargas [\u2026] y, por tanto, no menoscaban la garant\u00eda hipotecaria ni alterar su preferencia.<\/p>\n

          Tras la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos por la Ley de 4\/2013, de 4 de junio, que regula los arrendamientos deviviendas<\/strong>, esa purga hipotecaria tendr\u00e1 lugar siempre en el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de dicha Ley, por lo que tampoco proceder\u00e1 la admisi\u00f3n de las cl\u00e1usulas de vencimiento anticipado del pr\u00e9stamo para el supuesto de arrendamiento de viviendas<\/strong> [\u2026]<\/p>\n

          6.- RATIO PR\u00c9STAMO\/VALOR DE MERCADO Y VENCIMIENTO ANTICIPADO. REVOCADO. [19]. El defecto de la letra F) deniega la inscripci\u00f3n \u00abde la cl\u00e1usula d\u00e9cimo cuarta, el apartado 14.6, el cumplimiento de un contrato no puede quedar al arbitrio de uno de los contratantes, art 1256 del Cc\u00bb. Dispone el apartado 14.6, bajo la r\u00fabrica \u00abRatio del Pr\u00e9stamo sobre el valor de mercado<\/strong>\u00bb que: \u00abEl Prestatario se asegurar\u00e1 de que el Ratio del Pr\u00e9stamo sobre el Valor de Mercado no supere los siguientes porcentajes del Valor de Mercado en los siguientes tramos del plazo de vigencia del Pr\u00e9stamo: A\u00f1os 1 y 2: 65 %. A\u00f1os 3 y 4: 60 %. A\u00f1os 5 y 6: 55 %. A\u00f1os 7 al 10: 50 %. El ratio del pr\u00e9stamo sobre el valor de mercado se calcular\u00e1, al menos, anualmente durante la vigencia del presente contrato sobre la base de la \u00faltima Tasaci\u00f3n de Mercado elaborada por un experto independiente encargado por el Prestamista a su satisfacci\u00f3n en cada aniversario del Pr\u00e9stamo y cuyos costes y honorarios ser\u00e1n asumidos por el Prestatario. Dicha tasaci\u00f3n no podr\u00e1 tener una antig\u00fcedad superior a tres (3) meses en la fecha en que sea entregada al Prestamista. El Prestatario se compromete a facilitar al Prestamista en el plazo de quince (15) D\u00edas H\u00e1biles siguientes a contar desde la fecha de la comprobaci\u00f3n del Ratio del Pr\u00e9stamo sobre el Valor de Mercado un certificado de cumplimiento de forma satisfactoria para el Prestamista que debe establecer el ratio de forma detallada\u00bb. Y a\u00f1ade el citado apartado que \u00absi el Prestatario incumpliera el Ratio del Pr\u00e9stamo sobre el Valor de Mercado deber\u00e1, en el plazo de otros quince (15) D\u00edas H\u00e1biles a contar desde la fecha de la comprobaci\u00f3n del ratio financiero que evidencie el incumplimiento, reembolsar aquellos importes que resulten necesarios para que el Ratio del Pr\u00e9stamo sobre el Valor de Mercado se restablezca de acuerdo con la cl\u00e1usula 7.3 (\u00abPago para mantener los ratios financieros\u00bb). \u00danicamente una vez transcurrido dicho plazo de quince (15) D\u00edas H\u00e1biles tal incumplimiento podr\u00e1 tratarse como Supuesto de Vencimiento Anticipado. El Prestamista queda facultado para realizar o encargar la realizaci\u00f3n de una tasaci\u00f3n de mercado en cualquier momento durante la vigencia del Pr\u00e9stamo. Los costes de una tasaci\u00f3n de mercado de este tipo ser\u00e1n de la cuenta del prestamista\u00bb.<\/p>\n

          Esta cl\u00e1usula tiene un evidente car\u00e1cter financiero ya que contribuye a perfilar la obligaci\u00f3n garantizada en cuanto determina la necesidad de realizar amortizaciones extraordinarias obligatorias, cuyo incumplimiento, a su vez, constituye una causa de vencimiento anticipado, por lo que su rechazo no puede basarse en una referencia gen\u00e9rica a su contradicci\u00f3n con el art. 1256<\/strong> CC, sin argumentar la raz\u00f3n o causa concreta que lleva a extraer esa conclusi\u00f3n<\/strong> [\u2026]. La fundamentaci\u00f3n jur\u00eddica basada en la simple menci\u00f3n de un art\u00edculo, fuera de alg\u00fan supuesto concreto \u2013ej. art. 27 LH\u2013 en que la integraci\u00f3n del art\u00edculo con el supuesto de hecho pueda considerarse autom\u00e1tica, [\u2026] implica una carencia de motivaci\u00f3n<\/strong>. Por tanto, aunque en esta cl\u00e1usula concreta puedan existir argumentos suficientes para su rechazo, el defecto tal como ha sido planteado debe ser rechazado por falta de argumentaci\u00f3n suficiente<\/strong>.<\/p>\n

          7.- VENCIMIENTO ANTICIPADO POR INCUMPLIMIENTO OBLIGACIONES Y SEGUNDAS COPIAS. [20]. Por su parte, el defecto de la letra G) rechaza la inscripci\u00f3n \u00abde la cl\u00e1usula d\u00e9cimo quinta, el apartado 15.3, de la cl\u00e1usula vig\u00e9simo cuarta, el apartado F), por ser dederecho imperativo<\/strong>, arts. 1429.1 LEC Y 20 LN (vencimiento anticipado por incumplimiento de ciertas obligaciones y obtenci\u00f3n de segundas copias con car\u00e1cter ejecutivo)\u00bb.<\/p>\n

          7.1.- VENCIMIENTO ANTICIPADO POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES. REVOCADO. La cl\u00e1usula 15.3 se refiere al vencimiento anticipado en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en los apartados 13 y 14<\/strong> algunas de las cuales como se expone en otros fundamento de derecho se encuentran vinculadas<\/strong> a la obligaci\u00f3n principal por la finalidad del pr\u00e9stamo, por ser susceptibles de provocar amortizaciones parciales obligatorias o por el presente vencimiento anticipado, por lo que su denegaci\u00f3n al amparo de los arts. 1429 LEC y 20 LN carece absolutamente de justificaci\u00f3n, debiendo revocarse la calificaci\u00f3n en este punto<\/strong>.<\/p>\n

          7.2.- SEGUNDAS COPIAS. REVOCADO. La cl\u00e1usula vigesimocuarta, en su apartado f), se refiere a la autorizaci\u00f3n al prestamista para la obtenci\u00f3n de segundas y posteriores copias ejecutivas<\/strong> de la escritura. Se trata de una cl\u00e1usula que, en principio, no deber\u00eda acceder al Registro por su intrascendencia registral<\/strong> ya que va dirigida a facultar al notario la expedici\u00f3n de nuevas copias con car\u00e1cter ejecutivo, a los efectos del art\u00edculo 517.2.4.\u00ba LEC, a instancia del acreedor sin tener necesidad de que este obtenga un mandato judicial, autorizaci\u00f3n que ser\u00e1 v\u00e1lida con independencia de su constancia tabular, correspondiendo la apreciaci\u00f3n de su legalidad al notario en el momento de la expedici\u00f3n de la copia y al juez a la hora de dictar el despacho de ejecuci\u00f3n, sin que el art. 130 LH altere esta operativa procesal.<\/p>\n

          Ahora bien, la argumentaci\u00f3n del registrador se ha fundado en los arts. 20 LN y al art.1429.1 LEC, lo que parecen tratarse de unerror<\/strong> \u2013de redacci\u00f3n y de vigencia legal\u2013, ya que los art\u00edculos aplicables ser\u00edan, por un lado, el 18 LN y el 233 RN y, por otra parte, el art. 517.2.4\u00ba de la vigente LEC<\/strong>; por lo que no obstante haber sido subsanado ese defecto por el registrador en su informe [\u2026] debe revocarse la nota de calificaci\u00f3n<\/strong> en cuanto a este defecto porque si la mera referencia gen\u00e9rica a un determinado art\u00edculo no constituye fundamentaci\u00f3n suficiente para la denegaci\u00f3n<\/strong> de los pactos de la hipoteca si no va acompa\u00f1ada de una argumentaci\u00f3n adecuada, con m\u00e1s raz\u00f3n no puede considerarse suficiente un art\u00edculo err\u00f3neo de cuya dicci\u00f3n el prestatario no podr\u00e1 obtener conocimiento acerca de las razones del registrador para la subsunci\u00f3n de la cl\u00e1usula denegada en el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de la norma, ni en consecuencia combatir<\/strong> la nota de calificaci\u00f3n dictada.<\/p>\n

          8.- VENCIMIENTO ANTICIPADO POR FALSEDAD. REVOCADO [21]. El defecto de la letra H) excluye la inscripci\u00f3n \u00abde la cl\u00e1usula decimoquinta, apartado 15.4 por ser obligacional (Vencimiento anticipado por falsedad en las declaraciones y garant\u00edas)\u00bb.<\/p>\n

          La mera alusi\u00f3n al car\u00e1cter obligacional de una cl\u00e1usula no puede considerarse argumento bastante para denegar su acceso<\/strong> como cl\u00e1usula de vencimiento anticipado [\u2026] sin precisar la concreta motivaci\u00f3n jur\u00eddica de la denegaci\u00f3n<\/strong>. Esta motivaci\u00f3n es tanto m\u00e1s obligada en este punto dada la progresiva importancia que en el tr\u00e1fico jur\u00eddico inmobiliario y mercantil actual ha adquirido la veracidad de las declaraciones del prestatario acerca de su patrimonio y situaci\u00f3n de solvencia<\/strong>, en cuanto determinantes de la asunci\u00f3n por el acreedor de un determinado riesgo y de la prestaci\u00f3n de su consentimiento contractual; por lo que procede revocar la calificaci\u00f3n en este punto<\/strong>.<\/p>\n

          9.- FORMA DE DETERMINAR LA DEUDA EN LA VENTA NOTARIAL. CONFIRMADO [22]. Por el defecto de la letra I) se deniega la inscripci\u00f3n \u00abde la cl\u00e1usula vig\u00e9simo cuarta, la expresi\u00f3n \u00abdel contemplado en el siguiente apartado D\u00bb de la letra A, y el apartado D)Venta notarial<\/strong>, de conformidad con el art. 235 del RH\u00bb.<\/p>\n

          El art. 235 RH (y tambi\u00e9n el art. 129.2.c) LH) dispone que la ejecuci\u00f3n extrajudicial solo podr\u00e1 aplicarse a las hipotecas constituidas en garant\u00eda de obligaciones cuya cuant\u00eda aparezca inicialmente determinada<\/strong> [\u2026]<\/p>\n

          Respecto de la primera cuesti\u00f3n que resulta del art. 235 RH \u2013indeterminaci\u00f3n inicial de la deuda<\/strong>-, frente a lo que defiende el registrador en su informe, el principal del pr\u00e9stamo s\u00ed aparece determinado en la escritura<\/strong> [\u2026] Esta conclusi\u00f3n viene avalada por la cl\u00e1usula 3.2 que expresamente se\u00f1ala que el deudor tiene derecho a una disposici\u00f3n \u00fanica de 12.000.000 euros, si bien supedita su ejercicio al cumplimiento de unas condiciones suspensivas que no se declaran cumplidas en la escritura.<\/p>\n

          Respecto a la cuesti\u00f3n de si para la inscripci\u00f3n del pacto de venta extrajudicial<\/strong> es necesario que se prevea expresamente en la escritura de constituci\u00f3n la forma de determinar la deuda antes de intentar su utilizaci\u00f3n<\/strong>, que plantea en registrador en suinforme<\/strong> como una consecuencia del art. 235 RH, en realidad [\u2026] en la Resoluci\u00f3n de 20 junio 2012 s\u00ed se ha considerado necesario para su utilizaci\u00f3n que en una hipoteca en garant\u00eda de obligaci\u00f3n futura conste en la escritura de constituci\u00f3n el pacto de determinaci\u00f3n de la forma de la constancia registral de su nacimiento. Procede, por tanto, denegar el pacto de venta extrajudicial ante la ausencia de fijaci\u00f3n de la forma de determinar en el registro el nacimiento de la obligaci\u00f3n<\/strong> en los t\u00e9rminos expuestos.<\/p>\n

          III. OTRAS CAUSAS. [23]. Un tercer grupo de cl\u00e1usulas se deniegan por el motivo denominado \u00abpor otras causas\u00bb. Son las siguientes:<\/p>\n

          1.- DENEGACI\u00d3N DE CL\u00c1USULA QUE DEPENDE DE DENEGACI\u00d3N REVOCADA. REVOCADA. El defecto de la letra A) deniega la inscripci\u00f3n \u00abde la cl\u00e1usula s\u00e9ptima, apartado 7.4, la menci\u00f3n a la cl\u00e1usula 7.3, al no inscribirse\u00bb. Dado que se ha revocado la denegaci\u00f3n de la cl\u00e1usula 7.3 (pago para reestablecer los ratios financieros<\/strong>), s\u00ed que procede inscribir su menci\u00f3n en la cl\u00e1usula 7.4.<\/p>\n

          2.- ACLARACI\u00d3N DEL REGISTRADOR. PROCEDE. El defecto de la letra B) rechaza la inscripci\u00f3n de \u00abdetr\u00e1s de la cl\u00e1usula 15.2, hago constar yo el registrador: sin embargo, a efectos de ejecuci\u00f3n hipotecaria habr\u00e1 que estar a lo dispuesto en el n\u00famero 24 A de la escritura\u00bb. Afirma el recurrente respecto de este supuesto que no se trata de una denegaci\u00f3n y efectivamente no lo es<\/strong>, ya que no est\u00e1 impidiendo el acceso al Registro de ninguna cl\u00e1usula, sino aclarando<\/strong> que en caso de incumplimiento, a efectos de ejecuci\u00f3n de hipoteca, se estar\u00e1 a los pactos relativos a la ejecuci\u00f3n. Se trata de una aclaraci\u00f3n de los efectos del impago, que en nada altera el contenido del derecho real de hipoteca ni perjudica los derechos de las partes ni de terceros, y que encuentra su raz\u00f3n de ser en elprincipio de especialidad hipotecario<\/strong> y en la necesaria claridad de los asientos registrales, art. 51.6.\u00aa RH.<\/p>\n

          3.- DECLARACI\u00d3N DE VOLUNTAD SOBRE EL RANGO. CONFIRMADO. El defecto de la letra C) excluye la inscripci\u00f3n de \u00aben la cl\u00e1usula d\u00e9cimo novena y en la vig\u00e9simo segunda, la expresi\u00f3n \u00abde primer rango\u00bb, porque lo determina el Registro\u00bb. En este defecto se deniegan las menciones al primer rango de la hipoteca, lo cual se estima correcto [\u2026] no se trata aqu\u00ed de denegar una cl\u00e1usula de la hipoteca, sino de una cuesti\u00f3n de estricta mec\u00e1nica registral<\/strong> cual es la fijaci\u00f3n del rango hipotecario, el cual viene determinado por los asientos del registro y no por la manifestaciones de las partes<\/strong>, d\u00e1ndose adem\u00e1s la circunstancia en este supuesto de que existe una hipoteca inscrita anteriormente respecto de las fincas gravadas que no ha sido cancelada, lo que desvirt\u00faa dicha expresi\u00f3n o voluntad del prestatario. Procede, en consecuencia, confirmar este defecto<\/strong>.<\/p>\n

          4.- ADVERTENCIA IMPROCEDENTE. El defecto de la letra D) deniega la constancia en el Registro \u00abde la cl\u00e1usula vig\u00e9simo quinta, el \u00faltimo p\u00e1rrafo. Hago constar yo el registrador, que no obstante, los requisitos de la demanda deber\u00e1n ser valorados por el \u00f3rgano judicial competente\u00bb. Si en el presente caso se ha denegado el citado \u00faltimo p\u00e1rrafo (lo que no queda claro), se debe revocar la calificaci\u00f3n por la absoluta falta de fundamentaci\u00f3n<\/strong>. Y en cuanto a la advertencia del registrador, en este caso se estimainapropiada<\/strong> ya que este funcionario no se est\u00e1 limitando a relacionar dos o m\u00e1s cl\u00e1usulas de la escritura para dar mayor claridad al asiento de hipoteca como en el supuesto anterior, sino que est\u00e1 introduciendo una informaci\u00f3n que no resulta del t\u00edtulo presentado ni de la aplicaci\u00f3n de la Ley ni de otros asientos del Registro<\/strong>, por lo que conforme a los arts. 9 y 12 LH y 51 RH, se considera una extralimitaci\u00f3n<\/strong>, que provoca la revocaci\u00f3n en este punto, de la nota de calificaci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n

          5.- ADVERTENCIA PROCEDENTE. El defecto de la letra F) rechaza la inscripci\u00f3n \u00abde la cl\u00e1usula trig\u00e9simo tercera. Hago constar yo el Registrador que lo dispuesto a continuaci\u00f3n debe entenderse sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 24 C\u00bb. En este caso s\u00ed se trata de una aclaraci\u00f3n<\/strong>, mediante la relaci\u00f3n de diferentes cl\u00e1usulas de la escritura para mayor claridad del asiento de hipoteca, concretamente para evitar confusiones respecto a cu\u00e1l es el domicilio a efectos de los procedimientos de ejecuci\u00f3n hipotecaria, aunque desde este punto de vista habr\u00eda sido preferible no inscribir la citada cl\u00e1usula trig\u00e9simo tercera dada su nula eficacia registral<\/strong>. En todo caso, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, se estima correcta y conveniente esta aclaraci\u00f3n a los efectos de la ejecuci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n

          IV.- DECISI\u00d3N DE INSCRIBIR LA HIPOTECA COMO EN GARANT\u00cdA DE OBLIGACI\u00d3N FUTURA O CONDICIONAL. CONFIRMADO. [24]. Por \u00faltimo, en su nota de calificaci\u00f3n el registrador advierte que \u00abla hipoteca ser\u00e1 inscrita como en garant\u00eda de obligaci\u00f3n futura o condicional en tanto no se acredite que se ha entregado la totalidad del pr\u00e9stamo, o que han desaparecido las limitaciones impuestas al prestatario para su disposici\u00f3n. (Resoluci\u00f3n DGRN de 17 marzo 2000)\u00bb.<\/p>\n

          El recurrente sostiene respecto esta cuesti\u00f3n que la hipoteca debe inscribirse como en garant\u00eda de una obligaci\u00f3n presente<\/strong>, pues \u00abla totalidad del importe del pr\u00e9stamo fue dispuesto por la prestataria en la fecha de otorgamiento de la escritura y tal extremopuede quedar acreditado<\/strong> mediante el correspondiente justificante bancario de que tal cantidad fue transferida en la fecha se\u00f1alada\u00bb.<\/p>\n

          Se debe confirmar en este punto la calificaci\u00f3n del registrador<\/strong>, ya que, no obstante la citada manifestaci\u00f3n del recurrente, la hipoteca se configura, claramente, como en garant\u00eda de una obligaci\u00f3n sujeta a condici\u00f3n suspensiva<\/strong>, pues de la escritura resulta que el prestatario no dispondr\u00e1 del importe del pr\u00e9stamo hasta que acredite el cumplimiento de ciertas condiciones suspensivas. Ni el cumplimiento de las citadas condiciones suspensivas ni la entrega del dinero objeto del pr\u00e9stamo han sido acreditados en la forma prevista en la legislaci\u00f3n hipotecaria<\/strong> (arts. 143 LH y 238 RH), por lo que, hasta la constancia registral de una y otra circunstancia, la hipoteca debe constar inscrita como en garant\u00eda de una obligaci\u00f3n sujeta a condici\u00f3n suspensiva<\/strong>.<\/p>\n

          En consecuencia, esta Direcci\u00f3n General ha acordado estimar parcialmente el recurso y revocar la nota de calificaci\u00f3n del registrador en los t\u00e9rminos que resultan de los anteriores pronunciamientos.\u00a0(CB)<\/p>\n

          PDF (BOE-A-2015-6077 – 29 p\u00e1gs.<\/abbr> – 426 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

           <\/p>\n

          <\/a>157. PODER MERCANTIL. NO CABE CALIFICACI\u00d3N CONJETURAL.<\/span><\/strong><\/p>\n

          NO ES POSIBLE QUE UN ADMINISTRADOR CONCEDA PODER AUTORIZANDO LA AUTOCONTRATACI\u00d3N AL APODERADO. IMPOSIBILIDAD DE LA LLAMADA CALIFICACI\u00d3N CONJETURAL.\u00a0<\/strong><\/span>Resoluci\u00f3n de 28 de abril de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci\u00f3n extendida por el registrador mercantil y de bienes muebles II de Palma de Mallorca, por la que, tras inscribir parcialmente una escritura p\u00fablica de apoderamiento, rechaza determinada cl\u00e1usula.<\/p>\n

          Hechos:<\/strong> El problema que plantea esta resoluci\u00f3n es si es posible en un poder otorgado por el administrador de una sociedad el establecer la posibilidad por parte del apoderado del autocontrato. En concreto en el poder sometido a calificaci\u00f3n se establec\u00eda que \u201clas facultades conferidas podr\u00e1n ejercitarse aun cuando aparezca la figura jur\u00eddica de la autocontrataci\u00f3n o exista conflicto de intereses\u201d.<\/p>\n

          El registrador inscribe el poder suspendiendo la posibilidad de autocontrato pues \u201cal no disponer de ellas los otorgantes sin autorizaci\u00f3n de la Junta General \u2013Resoluciones DGRN de 02\/12\/1998 y 17\/11\/2000\u2013 no pueden conferirla a un tercero\u201d.<\/p>\n

          El notario recurre: Reconoce que la doctrina de la DG es contraria a la admisi\u00f3n de estos poderes<\/strong> pero dice que esta doctrina \u00a0\u201cdebe ser objeto de revisi\u00f3n\u201d. Lo que para \u00e9l est\u00e1 prohibido es que el administrador d\u00e9 poder a un tercero para contratar con el propio administrador pero no para contratar con el propio apoderado. Por ello \u201cla doctrina hasta ahora mantenida por la DGRN ser\u00eda inconsistente<\/strong> con el actual art\u00edculo 230.2.3\u00ba<\/a> pues, si el resto de administradores puede dispensar a un administrador concreto de la situaci\u00f3n de autocontrato aun careciendo ellos de las facultades para autocontratar, es porque las facultades del dispensado no son las mismas que las de los dispensantes, pues la prohibici\u00f3n de autocontratar es personal y no transferible a terceros\u201d. A\u00f1ade un \u00faltimo argumento de hecho consistente en que los dos administradores solidarios que dan el poder son los \u00fanicos socios lo que resulta de la escritura de constituci\u00f3n, n\u00famero precedente de protocolo y de la constancia en la escritura de la titularidad real en ese momento de la sociedad.<\/p>\n

          Doctrina:<\/strong> La DG confirma la nota de calificaci\u00f3n<\/strong> desestimado el recurso, pese a lo novedoso de su argumentaci\u00f3n.<\/p>\n

          Se\u00f1ala la DG las caracter\u00edsticas<\/strong> generales de toda representaci\u00f3n, seg\u00fan doctrina y jurisprudencia:<\/p>\n

          — El \u00e1mbito de actuaci\u00f3n del apoderado viene delimitado por el contenido del poder<\/strong> de representaci\u00f3n otorgado a su favor.<\/p>\n

          — La valoraci\u00f3n del contenido del poder<\/strong> de representaci\u00f3n voluntario debe hacerse con el m\u00e1ximo rigor<\/strong> y cautela<\/strong> con el fin de evitar que se modifique el contenido del Registro en base a una actuaci\u00f3n extralimitada del representante.<\/p>\n

          — Sobre la anterior base, en materia de autocontrataci\u00f3n<\/strong>, \u201clo que interesa dilucidar es si en sede de representaci\u00f3n voluntaria nuestro ordenamiento jur\u00eddico admite la actuaci\u00f3n de un apoderado en conflicto de intereses\u201d.<\/p>\n

          — Entre otras la Sentencia del TS de 29 de noviembre de 2001<\/strong>, afirma que \u00abel autocontrato o negocio jur\u00eddico del representante consigo mismo es v\u00e1lido, en principio; no lo es cuando en casos concretos la ley lo proh\u00edbe, porque advierte que puede haber conflicto de intereses y cuando, aunque la ley nada disponga, se produce tal conflicto; en todo caso, es v\u00e1lido cuando se ha autorizado expresamente en el poder de representaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n

          — la autocontrataci\u00f3n es v\u00e1lida y eficaz cuando viene precedida por la autorizaci\u00f3n del poderdante<\/strong>, sin que sea preciso que tal autorizaci\u00f3n re\u00fana especiales requisitos de forma.<\/p>\n

          — Por ello tampoco existe prohibici\u00f3n de actuaci\u00f3n cuando por la estructura objetiva o la concreta configuraci\u00f3n del negocio,<\/strong> quede \u00abmanifiestamente excluida la colisi\u00f3n de intereses que ponga en riesgo la imparcialidad o rectitud del autocontrato\u00bb (Sentencias del Tribunal Supremo de 5 de noviembre de 1956, 22 de febrero de 1958 y 27 de octubre de 1966).<\/p>\n

          Pues bien \u201ceste esquema de cosas es aplicable al supuesto en que un administrador societario confiere un poder a un tercero en nombre de su principal persona jur\u00eddica por cuya cuenta act\u00faa\u201d.<\/p>\n

          En este sentido y como consecuencia de la doctrina general antes expuesta afirma la DG que \u201cal igual que tiene vedado (el administrador) actuar cuando se encuentra en situaci\u00f3n de conflicto de intereses, no puede atribuir a otro la posibilidad gen\u00e9rica de hacerlo pues s\u00f3lo el principal, la sociedad cuya voluntad expresa la junta de socios, puede hacerlo\u201d.<\/p>\n

          Por ello \u201cno es un problema de suficiencia sino de existencia de poder de representaci\u00f3n para actuar en un caso concreto aun cuando el representante ostente la facultad para el acto de que se trate\u201d.<\/p>\n

          Rebate de forma contundente las tesis del recurrente de que esta doctrina \u201ces incompatible con la nueva regulaci\u00f3n introducida en el art\u00edculo 230 de la Ley de Sociedades de Capital. En realidad, ocurre lo contrario<\/strong>. La Ley 31\/2014, de 3 diciembre, que modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo (no vigente en el momento de autorizaci\u00f3n de la escritura objeto de la presente pues entr\u00f3 en vigor el d\u00eda 24 de diciembre de 2014), introduce una serie de modificaciones acordes con su finalidad en los art\u00edculos correspondientes a los deberes de los administradores, enfatizando su obligaci\u00f3n de abstenerse de actuar en situaci\u00f3n de conflicto de intereses con la sociedad (art\u00edculo 228, letras c y e, y su desarrollo en el art\u00edculo 229)\u201d.<\/p>\n

          Seg\u00fan el Art. 230.2 \u201cla situaci\u00f3n de conflicto es ante todo un conflicto material que puede ser dispensado siempre que el inter\u00e9s de la sociedad quede salvaguardado\u201d siendo la \u201cla regla general \u2026 que la dispensa en un supuesto concreto<\/strong> la pueda otorgar el \u00f3rgano de administraci\u00f3n en los estrictos t\u00e9rminos en que se pronuncia la norma; en los dem\u00e1s casos, la competencia corresponde a la junta general<\/strong>\u201d.<\/p>\n

          Finalmente en cuanto al argumento del recurrente de que los poderdantes eran al mismo tiempo los \u00fanicos socios de la sociedad dice que el registrador no puede llevar a cabo una calificaci\u00f3n conjetural<\/strong>, por muy claros que sean los indicios que puedan llevarla a ella y en el caso debatido \u201cni del Registro ni del documento presentado resulta que los dos administradores solidarios que comparecen al efecto de otorgar el poder sean los dos \u00fanicos socios en el momento de adoptar tal decisi\u00f3n; tampoco resulta que act\u00faen constituidos en junta de la sociedad; bien al contrario, act\u00faan en su condici\u00f3n de administradores\u201d, por lo que dicho argumento no es posible tenerlo en cuenta en ning\u00fan caso\u201d.<\/p>\n

          Comentario:<\/strong> Interesante decisi\u00f3n del CD, no por la doctrina que contiene en cuanto al fondo del asunto, que es reiteraci\u00f3n de otras resoluciones anteriores (vid. Resoluci\u00f3n de 18 de julio de 2006<\/a>), sino porque hace una interpretaci\u00f3n<\/strong> de las nuevas normas introducidas por la Ley de mejora del gobierno corporativo, Ley 31\/2014, y porque aclara algo muy importante como es si el registrador puede tener en cuenta indicios independientes del documento calificado<\/strong>.<\/p>\n

          En relaci\u00f3n con este punto se plantea el interesante problema<\/strong> de qu\u00e9 hacer cuando el poderdante, am\u00e9n de administrador \u00fanico, es socio \u00fanico de la sociedad seg\u00fan resulta del registro. Parece que en este caso pudiera inscribirse la autorizaci\u00f3n para el autocontrato pues en una misma persona se re\u00fane el car\u00e1cter de \u00f3rgano de administraci\u00f3n y de junta general y ello adem\u00e1s resulta del registro. Pero pese a ello si en la intervenci\u00f3n de la escritura se dice que el compareciente los hace s\u00f3lo como administrador, me inclino por la no posibilidad de inscribir la autorizaci\u00f3n del autocontrato<\/strong> contenida entre las facultades conferidas al apoderado. Dada la trascendencia<\/strong> de la facultad de autocontratar, parece de todo punto exigible que en la escritura de poder quede meridianamente claro<\/strong> que el poderdante comparece en la doble condici\u00f3n de administrador y de socios \u00fanico<\/strong> y que en el otorgamiento se haga constar, para mayor claridad, que confiere poder en dicho doble concepto<\/strong> a los efectos de salvar la autorizaci\u00f3n para autocontratar contenida entre las facultades concedida al apoderado. A este respecto debe adem\u00e1s tenerse en cuenta que aunque el registro conste que la sociedad es de un \u00fanico socio, pudiendo entrar en juego el principio de legitimaci\u00f3n, \u00a0en la realidad ello puede no ser as\u00ed estando pendiente la constancia, o bien de cambio de socios \u00fanico o bien de p\u00e9rdida de la unipersonalidad. Creemos que el superior principio de seguridad jur\u00eddica as\u00ed lo exige.(JAGV) PDF (BOE-A-2015-6078 \u2013 6 p\u00e1gs. \u2013 178 KB)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

          \u00a0<\/p>\n

          <\/a>158.\u00a0EXPEDIENTE DE DOMINIO PARA LA REANUDACI\u00d3N DE TRACTO.<\/span><\/strong><\/p>\n

          EL AUTO DEBE ORDENAR LA CANCELACI\u00d3N DE LAS INSCRIPCIONES CONTRADICTORIAS.<\/strong>\u00a0<\/span>Resoluci\u00f3n de 28 de abril de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci\u00f3n extendida por la registradora de la propiedad accidental de San Lorenzo de El Escorial n.\u00ba 3, por la que se suspende la inscripci\u00f3n de un testimonio de auto reca\u00eddo en expediente de reanudaci\u00f3n del tracto.<\/p>\n

          Supuesto de hecho<\/strong>.\u00a0Se presenta a inscripci\u00f3n un auto judicial dictado en expediente de dominio para reanudaci\u00f3n del tracto sucesivo interrumpido. Se califica el auto con el defecto subsanable de no ordenar la cancelaci\u00f3n de las inscripciones contradictorias conforme dispone el art\u00edculo 286 RH. El recurrente alega en su escrito que si el objeto del expediente de dominio es la reanudaci\u00f3n del tracto, el testimonio del auto aprobatorio, adem\u00e1s de ser t\u00edtulo inscribible, tiene necesariamente efectos cancelatorios respecto de las inscripciones contradictorias, como en el supuesto de hecho, que tienen m\u00e1s de treinta a\u00f1os de antig\u00fcedad y sin que se haya formulado oposici\u00f3n.<\/p>\n

          Doctrina DGRN.\u00a0<\/strong>La DG desestima el recurso y reitera la doctrina que ha mantenido en este punto en numerosas resoluciones:<\/p>\n

          1<\/strong>. \u201c (\u2026) Que es criterio constante de este Centro Directivo, que el auto judicial tiene que ordenar la cancelaci\u00f3n de las inscripciones contradictorias\u2026 pues la nueva inscripci\u00f3n que se practique no trae causa de la inscripci\u00f3n anterior, que por ello ha de cancelarse y, aunque ello sea una consecuencia l\u00f3gica del expediente de reanudaci\u00f3n, es de competencia del juez y no del registrador cancelar asientos vigentes que se encuentran bajo la salvaguardia judicial (art\u00edculo 1.3\u00ba de la Ley Hipotecaria)<\/p>\n

          2<\/strong>. \u201c (\u2026) La soluci\u00f3n a esta cuesti\u00f3n formal viene impuesta por la normativa hipotecaria vigente sobre esta cuesti\u00f3n, en particular en el art\u00edculo 286 del Reglamento Hipotecario. Ya la Resoluci\u00f3n de 7 de marzo de 1979 declar\u00f3 que por mucho que se trate de un requisito de un rigor formal excesivo y no del todo justificado, constituye defecto subsanable el hecho de que el auto dictado para la reanudaci\u00f3n del tracto sucesivo no contenga expresamente, como impone el art\u00edculo 286 del Reglamento Hipotecario, el pronunciamiento de cancelaci\u00f3n de las inscripciones contradictorias\u201d.<\/p>\n

          3<\/strong>. \u201c(\u2026) Dicho requisito se justifica porque hay un salto en el tracto sucesivo, y no una sucesi\u00f3n de titularidades, como as\u00ed dispone el \u00faltimo p\u00e1rrafo del art\u00edculo 285 del Reglamento Hipotecario, dado que no se puede exigir a quien promueve el expediente que determine ni justifique las transmisiones operadas desde la \u00faltima inscripci\u00f3n hasta la adquisici\u00f3n de su derecho\u201d.<\/p>\n

          4<\/strong>. \u201c(\u2026) En este sentido es importante distinguir dos aspectos relevantes: que una cosa es que el ejercicio de una acci\u00f3n contradictoria del dominio que figura inscrito a nombre de otro en el Registro de la Propiedad, sin solicitar espec\u00edficamente la nulidad o cancelaci\u00f3n de los asientos contradictorios vigentes, pueda llevar impl\u00edcita dicha petici\u00f3n, y otra muy distinta que el auto judicial que ha de resolver el expediente de tracto sucesivo no deba cumplir todas las manifestaciones y requisitos formales y sustantivos exigidos por la normativa aplicable al procedimiento\u201d.<\/p>\n

          Comentario<\/strong>.\u00a0Poco comentario se puede hacer a lo dicho por la Resoluci\u00f3n como no sea destacar el criterio constante <\/em>del Centro directivo en este punto, que tiene un fundamento legal expreso en el art\u00edculo 286 RH.<\/p>\n

          \u00a0Desde el a\u00f1o 1979 hasta nuestros d\u00edas son numerosas las resoluciones \u2013citadas en los \u201cVistos\u201d- que se han pronunciado sobre el particular, y que han dejado claro que el auto judicial que resuelve un expediente de dominio para reanudar el tracto no tiene por s\u00ed mismo virtualidad cancelatoria, sino que necesita una declaraci\u00f3n expresa del juez disponiendo que se cancelen las inscripciones contradictorias.\u00a0(JAR)<\/p>\n

          PDF (BOE-A-2015-6079 – 3 p\u00e1gs.<\/abbr> – 160 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

          \u00a0<\/p>\n

          <\/a>159.\u00a0SENTENCIA DECLARATIVA DEL DOMINIO. HERENCIA YACENTE. REBELD\u00cdA.\u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n

          Resoluci\u00f3n de 29 de abril de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci\u00f3n del registrador de la propiedad accidental de Sueca, por la que se suspende la inscripci\u00f3n de un testimonio de una sentencia declarativa de dominio.<\/p>\n

          Supuesto de hecho<\/strong>.\u00a0Se dicta sentencia declarativa en procedimiento seguido contra herencia yacente y herederos desconocidos en rebeld\u00eda, y se pretende reanudar el tracto sucesivo presentando a inscripci\u00f3n el testimonio de la sentencia.<\/p>\n

          El registrador deniega la pr\u00e1ctica del asiento por infracci\u00f3n del art\u00edculo 20 LH, que consagra el principio del tracto sucesivo.<\/p>\n

          Se alega por el recurrente que, en todo caso, por tratarse de una sentencia declarativa de dominio basada en la usucapi\u00f3n es t\u00edtulo h\u00e1bil para reanudar el tracto sucesivo.<\/p>\n

          Doctrina DGRN<\/strong>.<\/p>\n

          1<\/strong>.- Sobre los efectos del principio del tracto sucesivo (art. 20 LH)<\/u>: En sede registral, el principio del tracto sucesivo \u201cintenta evitar la indefensi\u00f3n proscrita en el art\u00edculo 24 de la Constituci\u00f3n espa\u00f1ola. Este principio, en su aplicaci\u00f3n procesal y registral, implica que los procedimientos deben ir dirigidos contra el titular registral o sus herederos, y que esta circunstancia debe ser tenida en cuenta por el registrador, al estar incluida dentro del \u00e1mbito de calificaci\u00f3n de documentos judiciales contemplado en el art\u00edculo 100 del Reglamento Hipotecario (\u2026).<\/p>\n

          2<\/strong>.- Sobre los procedimientos seguidos contra herencia yacente<\/u>: \u201c\u2026la doctrina de este Centro Directivo, si bien matizada en sus \u00faltimos pronunciamientos, impone que en los casos de herencias yacentes, toda actuaci\u00f3n que pretenda tener reflejo registral deba articularse mediante el nombramiento de un administrador judicial, en los t\u00e9rminos previstos en los art\u00edculos 790 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, bien mediante la intervenci\u00f3n en el procedimiento de alguno de los interesados en dicha herencia yacente (Resoluciones de 27 de mayo y 12 de julio de 2013, 8 de mayo de 2014 y de 5 de marzo de 2015). En el caso presente ninguna de estas circunstancias se ha producido, por lo que el defecto debe mantenerse por infracci\u00f3n del principio de tracto sucesivo (\u2026)\u201d..<\/p>\n

          3<\/strong>.- Sobre las sentencias declarativas y la reanudaci\u00f3n del tracto sucesivo<\/u>: \u201cEs doctrina consolidada de esta Direcci\u00f3n General que el medio de reanudaci\u00f3n del tracto de origen judicial s\u00f3lo puede serlo el expediente de dominio con dicha finalidad, ya que su espec\u00edfico procedimiento asegura la citaci\u00f3n de los titulares registrales tanto si las inscripciones contradictorias ostentan una antig\u00fcedad superior a los treinta a\u00f1os, bien en la forma establecida en el art\u00edculo 202.2 de la Ley Hipotecaria cuando es inferior de dicho plazo, pero sin dejar de lado que dicho expediente impone dar traslado al Ministerio Fiscal que asegure los intereses de dichos titulares registrales. La sentencia declarativa adolece de la falta de intervenci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico, por lo que preceptiva intervenci\u00f3n directa de uno de los interesados en la sucesi\u00f3n, o el nombramiento de un administrador judicial que preserve sus derechos, deviene imprescindible para poder proceder a la inscripci\u00f3n (\u2026)\u201d..<\/p>\n

          4.-<\/strong> Sobre inscripci\u00f3n de sentencias dictadas en rebeld\u00eda<\/u>:<\/p>\n

          a)<\/strong> \u201c\u2026A estos efectos, resulta conveniente recordar el art\u00edculo 524.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se\u00f1ala \u00abmientras no sean firmes, o aun si\u00e9ndolo, no hayan transcurrido los plazos indicados por esta Ley para ejercitar la acci\u00f3n de rescisi\u00f3n de la sentencia dictada en rebeld\u00eda, s\u00f3lo proceder\u00e1 la anotaci\u00f3n preventiva de las sentencias que, dispongan o permitan la inscripci\u00f3n o cancelaci\u00f3n de asientos en Registros P\u00fablicos\u00bb.<\/p>\n

          b)<\/strong> \u201c\u2026 Es doctrina de este Centro Directivo (Resoluciones de 28 de enero de 2013 y 29 de enero de 2015) que la inscripci\u00f3n o la cancelaci\u00f3n de asientos proveniente de los pronunciamientos de una sentencia dictada en rebeld\u00eda exige el cumplimiento de los plazos de rescisi\u00f3n de dicha resoluci\u00f3n judicial ya vistos en el art\u00edculo 524 de la ley procesal civil..<\/p>\n

          c)<\/strong> \u201c\u2026De manera a\u00f1adida \u2013y como ocurre en cualquier otro supuesto de justificaci\u00f3n de la firmeza de las resoluciones\u2013, es el interesado el que debe aportar la documentaci\u00f3n que acredite el transcurso de los indicados lapsos temporales, o la firmeza de la resoluci\u00f3n (\u2026).<\/p>\n

          5.-<\/strong> Sobre el recurso gubernativo<\/u>: En este momento cabe recordar que, en cumplimiento del art\u00edculo 326 de la Ley Hipotecaria, s\u00f3lo puede ser objeto del recurso el t\u00edtulo presentado a inscripci\u00f3n junto con sus documentos complementarios o aclaratorios en relaci\u00f3n a la calificaci\u00f3n verificada por el registrador en su nota de suspensi\u00f3n o denegaci\u00f3n. Por ello, todos los medios de prueba aportados a posteriori por los interesados no pueden ser tenidos en cuenta a la hora de resolver la cuesti\u00f3n\u2026\u201d.<\/p>\n

          Comentario<\/strong>.<\/p>\n

          I<\/strong>.- Sobre los procedimientos seguidos contra herencia yacente<\/u>.<\/p>\n

          1<\/strong>. Numerosas RR que han tratado de esta materia en los \u00faltimos a\u00f1os han sido comentadas en las secciones Informe mensual e Informe para opositores de esta p\u00e1gina.<\/p>\n

          A la vista de ellas se puede decir que la DGRN ha suavizado con el paso del tiempo la rigidez manifestada en algunos casos, para llegar a una doctrina m\u00e1s matizada en sus \u00faltimos pronunciamientos<\/em>, como reconoce la resoluci\u00f3n que ahora comentamos.<\/p>\n

          a)<\/strong> Ejemplo de la rigidez dicha fue la 17 de marzo de 2009<\/a> (BOE 11 de abril de 2009), pues resolvi\u00f3 que la ausencia de un administrador que asuma la defensa jur\u00eddica de la herencia no puede entenderse suplida simplemente mediante la demanda y citaci\u00f3n gen\u00e9ricas de los causahabientes desconocidos del causante, y ni siquiera mediante\u00a0 el emplazamiento a uno de los hijos de la titular registral (sin justificaci\u00f3n de que sea el \u00fanico heredero).<\/p>\n

          Seg\u00fan este planteamiento, s\u00f3lo se eximir\u00edan de la necesidad de nombrar administrador judicial de la herencia los casos en que hubieran sido emplazados todos los herederos previa justificaci\u00f3n de su condici\u00f3n, es decir, acreditando el t\u00edtulo sucesorio y su aceptaci\u00f3n.<\/p>\n

          b)<\/strong> Este criterio fue corregido por numerosas resoluciones (incluso algunas de ellas muy pr\u00f3ximas en fecha a la que acabamos de referirnos), consolid\u00e1ndose una doctrina que se puede resumir del siguiente modo:<\/p>\n

          2<\/strong>. Doctrina consolidada:<\/p>\n

          a)<\/strong> La exigencia de un administrador judicial no puede convertirse en una exigencia formal excesivamente gravosa y debe limitarse a los casos en que el llamamiento a los herederos indeterminados sea puramente gen\u00e9rico, lo que suceder\u00e1 cuando el causante no haya otorgado testamento que permita conocer qui\u00e9nes son sus herederos ni sean conocidos los herederos abintestato..<\/p>\n

          b)<\/strong> No debe aplicarse, sin embargo, cuando de los documentos presentados resulte que el Juez ha considerado suficiente la legitimaci\u00f3n pasiva de la herencia yacente. En este sentido, la doctrina jurisprudencial admite el emplazamiento de la herencia yacente a trav\u00e9s de un posible interesado aunque no haya acreditado su condici\u00f3n de herederos ni la aceptaci\u00f3n de la herencia.<\/p>\n

          c)<\/strong> Entre los casos contemplados por algunas resoluciones cabe se\u00f1alar los siguientes:<\/p>\n

          (i) Demanda dirigida contra la herencia yacente y herederos desconocidos del titular registral, y adem\u00e1s, como posibles herederas, contra dos hermanas del causante, aunque posteriormente repudian. Son supuestos de llamamiento a posibles herederos que excluyen la necesidad exigir el nombramiento de un administrador de la herencia yacente, por imperativo del art\u00edculo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la referida doctrina del Tribunal Supremo.<\/p>\n

          (ii) La demanda dirigida contra herederos del titular registral y su c\u00f3nyuge hace innecesario el nombramiento de un administrador de la herencia yacente, por imperativo del art\u00edculo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la doctrina referida del Tribunal Supremo.<\/p>\n

          (iii) La demanda dirigida contra herederos determinados del titular registral, existiendo incluso allanamiento de alguno de ellos, hace innecesario el nombramiento de un administrador judicial de la herencia aunque no se haya probado la aceptaci\u00f3n de la misma por los emplazados.<\/p>\n

          Conclusi\u00f3n:<\/strong> S\u00f3lo si no se conociera el testamento del causante, ni hubiera parientes con derechos por ministerio de la Ley a la sucesi\u00f3n y la demanda fuera gen\u00e9rica a los posibles herederos es cuando procede el nombramiento del administrador judicial<\/p>\n

          Entre otras, se pueden citar. R.27 de julio de 2010<\/a>. BOE 20 de septiembre de 2010. R.20 de agosto de 2010<\/a>. BOE 27 de septiembre de 2010. R.19 de agosto de 2010<\/a>. BOE 27 de septiembre de 2010. R. 8 de septiembre de 2011<\/a>. BOE 20 de octubre de 2011. R. 8 de noviembre de 2011<\/a>. BOE 5 de diciembre de 2011. R. 22 de marzo de 2011<\/a>. BOE 13 de abril de 2011.<\/p>\n

          II<\/strong>.- \u00bfCabe la reanudaci\u00f3n del tracto sucesivo mediante sentencia declarativa<\/u>? Tracto sucesivo y usucapi\u00f3n<\/u><\/p>\n

          1<\/strong>. Tracto sucesivo y sentencia declarativa:<\/p>\n

          Aunque la Resoluci\u00f3n sienta como doctrina consolidada que el medio de reanudaci\u00f3n del tracto de origen judicial s\u00f3lo puede serlo el expediente de dominio<\/em>, tal afirmaci\u00f3n no debe llevarnos a excluir en todo caso la reanudaci\u00f3n del tracto sucesivo mediante una sentencia declarativa, sino a exigir que en el procedimiento del que deriva la sentencia se hayan cumplido los requisitos espec\u00edficos del expediente de dominio, a saber, el emplazamiento de los titulares registrales y el traslado del expediente al Ministerio Fiscal.<\/p>\n

          Tracto sucesivo y usucapi\u00f3n:<\/p>\n

          a) <\/strong>En la 11 de mayo de 2012<\/a>. (BOE 12 junio 2012) se plantea un caso de reanudaci\u00f3n del tracto sucesivo mediante una sentencia declarativa reconociendo la usucapi\u00f3n producida contra el titular registral. Del texto de la Resoluci\u00f3n resultan las siguientes consecuencias:<\/p>\n

          (i) La sentencia declarativa de dominio puede ser titulo h\u00e1bil para la reanudaci\u00f3n del tracto sucesivo siempre que se hayan observado en el procedimiento los tramites espec\u00edficos previstos para los expedientes de dominio en los art\u00edculos 200 y ss LH,\u00a0 entre otros: el emplazamiento a los titulares intermedios y la intervenci\u00f3n del Ministerio Fiscal.<\/p>\n

          (ii) De no cumplirse lo establecido en dichos art\u00edculos no puede ser considerada titulo apto para la reanudaci\u00f3n del tracto.<\/p>\n

          (iii) Caso distinto es el de la sentencia declarativa del dominio por usucapi\u00f3n contra el titular registral, que s\u00ed seria inscribible de acuerdo con las normas generales y sin necesidad de observar los tr\u00e1mites y cautelas previstos para el expediente de dominio como se desprende del art\u00edculo 36 LH.<\/p>\n

          En uno y otro caso el papel que desempe\u00f1an los t\u00edtulos presentados por el demandante son distintos, pues, mientras que la reanudaci\u00f3n del tracto se fundamenta en el encadenamiento o sucesi\u00f3n de los t\u00edtulos privados traslativos del dominio, de modo que por la sucesi\u00f3n de t\u00edtulos se llegue hasta el titular registral, en la demanda por usucapi\u00f3n esos t\u00edtulos privados son considerados como t\u00edtulos traslativos no perfectos y son aportados como justos t\u00edtulos a los efectos de apreciar la usucapi\u00f3n.<\/p>\n

          b)<\/strong> En 6 de mayo de 2009<\/a> (BOE 30 de mayo de 2009), R.30 de abril de 2009<\/a> (BOE 30 de mayo de 2009) y R.6 de mayo de 2009<\/a> (BOE 30 de mayo de 2009) se plantea la inscripci\u00f3n de testimonio de la sentencia firme para causar inscripci\u00f3n a favor de la demandante de determinadas fincas. Algunas de ellas figuran inscritas a favor de una persona que no fue parte en el procedimiento, y si bien en la demanda se hizo constar que dichas fincas fueron heredadas por la demandante de dicha titular registral, tal circunstancia no fue acreditada en el procedimiento. La Sentencia declara que la demandante ha adquirido por usucapi\u00f3n extraordinaria, lo que impide oponer a la inscripci\u00f3n el principio del tracto sucesivo.<\/p>\n

          \u00a0Dice la DGRN lo siguiente: \u201c\u2026declar\u00e1ndose por la sentencia que la demandante ha adquirido por usucapi\u00f3n extraordinaria, es decir, por haberla pose\u00eddo m\u00e1s de treinta a\u00f1os, hay que rechazar el defecto, como indirectamente hace la sentencia al decir que, aunque est\u00e9 alegado pero no acreditado que la demandante sea heredera de la titular registral, tal no acreditaci\u00f3n no es necesaria cuando se ha acreditado la usucapi\u00f3n por m\u00e1s de treinta a\u00f1os. Por ello, entender ahora que hace falta acreditar tal cualidad de heredero en la demandante ser\u00eda entrar en el fondo de la sentencia, cosa que est\u00e1 vedada al Registrador\u201d. \u00a0\u00a0(JAR)<\/p>\n

          PDF (BOE-A-2015-6080 – 9 p\u00e1gs.<\/abbr> – 206 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

          \u00a0<\/p>\n

          <\/a>160.\u00a0EXPEDIENTE DE DOMINIO PARA REANUDAR EL TRACTO.<\/span><\/strong><\/p>\n

          ADQUISICI\u00d3N DIRECTA DEL DITULAR REGISTRAL. CIRCUNSTANCIAS PERSONALES.<\/strong>\u00a0<\/span>Resoluci\u00f3n de 29 de abril de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci\u00f3n del registrador de la propiedad de Mazarr\u00f3n, por la que se deniega la inscripci\u00f3n del testimonio de un auto de reanudaci\u00f3n de tracto.<\/p>\n

          Supuesto de hecho<\/strong>.\u00a0Se presenta a inscripci\u00f3n auto dictado en expediente de dominio para reanudar el tracto sucesivo con las siguientes circunstancias: a) Los promotores del expediente adquirieron el dominio directamente de los titulares registrales en escritura p\u00fablica, que s\u00f3lo caus\u00f3 inscripci\u00f3n parcial por haberse calificado de insuficiente la representaci\u00f3n alegada. b) Los promotores (recurrentes) alegan la procedencia del expediente de dominio por haber fallecido los titulares registrales y, en consecuencia, ser imposible subsanar el defecto.<\/p>\n

          Doctrina DGRN<\/strong>.\u00a0La DG desestima el recurso y reitera su conocida doctrina sobre el particular:<\/p>\n

          1<\/strong>. En el caso presente \u201c\u2026no hay verdadera interrupci\u00f3n del tracto, al haber adquirido el promotor del expediente directamente del titular registral.<\/p>\n

          El expediente de dominio no cabe (como ya destac\u00f3 la R. 30 de mayo de 1988) cuando el problema a solventar no es el de reanudaci\u00f3n de tracto, \u201c\u2026sino el de la falta de acreditaci\u00f3n suficiente del acto transmisivo a favor del recurrente (art\u00edculo 3 de la Ley Hipotecaria), (o) el de falta del t\u00edtulo formal adecuado para la inscripci\u00f3n. Tales deficiencias no pueden superarse por medio de un expediente de dominio para reanudar el tracto, sino a trav\u00e9s del reconocimiento y p\u00fablica documentaci\u00f3n de dicho acto, voluntariamente otorgados por el transferente o sus herederos (cf. art\u00edculo 20-V-1.\u00ba de la Ley Hipotecaria) o mediante la debida declaraci\u00f3n judicial de su existencia obtenida en juicio contradictorio correctamente entablado, que asegure convenientemente la tutela jurisdiccional del derecho del transmitente (art\u00edculos 24 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola y 40 de la Ley Hipotecaria) (\u2026)\u201d.<\/p>\n

          3<\/strong> \u201cEsta doctrina, con los matices aplicables a cada caso<\/strong>, ha sido reiterada en numerosas Resoluciones (cfr. las citadas en los \u00abVistos\u00bb), sin que el argumento de la extraordinaria dificultad contenida en ciertas Resoluciones<\/strong> de este Centro Directivo para casos muy cualificados se considere aplicable al presente. En este sentido, cabe recordar que dicha doctrina siempre contempla la extraordinaria dificultad para elevar un documento privado a documento p\u00fablico<\/strong> (cfr. Resoluciones de 19 de septiembre y 7 de diciembre de 2012 y 24 de marzo de 2015), es decir, para llenar el requisito de los art\u00edculos 1279 y 1280 del C\u00f3digo Civil, pero no para ratificar un documento p\u00fablico al que nunca se ha prestado consentimiento por los titulares registrales<\/strong> (cfr. art\u00edculos 1259 y 1727 del C\u00f3digo Civil).<\/p>\n

          4<\/strong>. Reitera una vez m\u00e1s su doctrina sobre la excepcionalidad del procedimiento de reanudaci\u00f3n del tracto sucesivo<\/strong> y la consecuente aplicaci\u00f3n rigurosa de los requisitos que deben observarse para su eficacia. Tal excepcionalidad resulta de lo siguiente:<\/p>\n

          a) Porque contra la regla b\u00e1sica de nuestro sistema que exige para la rectificaci\u00f3n de un asiento el consentimiento de su titular o una resoluci\u00f3n judicial dictada en juicio declarativo contra \u00e9l entablado (cfr. art\u00edculos 1, 40 y 82 de la Ley Hipotecaria), dicho auto puede provocar la cancelaci\u00f3n de un asiento sin satisfacer ninguna de esas dos exigencias;<\/p>\n

          b) Porque contra la presunci\u00f3n, a todos los efectos legales, de existencia y pertenencia del derecho inscrito a favor del titular registral (cfr. art\u00edculo 38 de la Ley Hipotecaria), se va a posibilitar una declaraci\u00f3n dominical contraria al pronunciamiento registral en un procedimiento en el que no ha de intervenir necesariamente el favorecido por dicho pronunciamiento y de ah\u00ed que el propio art\u00edculo 40.a) de la Ley Hipotecaria contemple este cauce como subsidiario de la inscripci\u00f3n de los titulares intermedios, y<\/p>\n

          c) Porque contra la exigencia de acreditaci\u00f3n fehaciente del t\u00edtulo adquisitivo para su acceso al Registro (cfr. art\u00edculos 2 y 3 de la Ley Hipotecaria), se posibilita la inscripci\u00f3n en virtud de un auto que declara la exactitud del t\u00edtulo adquisitivo invocado por el promotor, siendo as\u00ed que dicho t\u00edtulo puede estar consignado en un simple documento privado y que tal auto recae en un procedimiento en el que puede no quedar asegurado el leg\u00edtimo reconocimiento de aquel documento privado por sus suscriptores (cfr. art\u00edculos 1218 y 1225 del C\u00f3digo Civil, 602 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 201 de la Ley Hipotecaria)\u201d.<\/p>\n

          5<\/strong> Otras cuestiones que la Resoluci\u00f3n resuelve son las siguientes:<\/p>\n

          a)<\/strong> es imprescindible la constancia en el t\u00edtulo de todas las circunstancias personales que la legislaci\u00f3n hipotecaria exige para identificar al futuro titular registral y el car\u00e1cter de su adquisici\u00f3n.<\/p>\n

          b)<\/strong> La falta de coincidencia entre la descripci\u00f3n documental y registral de la finca con la descripci\u00f3n catastral no es defecto oponible para la inscripci\u00f3n, pues no se trata de rectificar la misma sino de reanudar el tracto. Por tanto, siempre que la finca est\u00e9 identificada en el expediente no cabe oponer tal discrepancia ni alegar dudas sobre la misma. (13 noviembre de 2012)-<\/p>\n

          c)<\/strong> Es necesaria la citaci\u00f3n a titulares registrales, titular catastral y, en su caso, poseedor de hecho (arts. 20, 201 y 202 LH).\u00a0(JAR)<\/p>\n

          PDF (BOE-A-2015-6081 – 5 p\u00e1gs.<\/abbr> – 172 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0\u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

          \u00a0<\/a>\u00a0<\/p>\n

          161. SEGREGACI\u00d3N SIN LICENCIA. DERECHO INTERTEMPORAL.<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

          Resoluci\u00f3n de 5 de mayo de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificaci\u00f3n negativa del registrador de la propiedad de Elche n.\u00ba 2, por la que se suspende la inscripci\u00f3n de una escritura de segregaci\u00f3n y compra.<\/p>\n

          En escritura<\/strong> otorgada en el a\u00f1o 1986 se segrega y vende<\/strong> una finca rustica de cuarenta y dos \u00e1reas de cabida<\/p>\n

          \u00a0Ahora dicha escritura se presenta en el Registro de la Propiedad acompa\u00f1\u00e1ndose \u00a0certificaci\u00f3n<\/strong> expedida por el coordinador de Ordenaci\u00f3n Urbana del Ayuntamiento<\/strong> de fecha 24 de julio de 2014, con el visto bueno del teniente de alcalde de Ordenaci\u00f3n Urbana, Infraestructuras y Asesor\u00eda Jur\u00eddica, en la que \u00abse entiende la innecesaridad \u00a0de licencia de segregaci\u00f3n<\/strong>\u00ab.<\/p>\n

          \u00a0El registrador<\/strong>, entendiendo que es de aplicaci\u00f3n la Ley 10\/2004 de la Generalitat Valenciana<\/strong>, del Suelo no Urbanizable de Comunidad Valenciana, actualmente vigente al ser la segregaci\u00f3n un acto de naturaleza eminentemente registral, suspende la inscripci\u00f3n.<\/p>\n

          La DG<\/strong> comienza por resolver el problema de derecho intertemporal<\/strong> que plantea la presentaci\u00f3n en el Registro, en el a\u00f1o 2014, de una escritura en la que, por raz\u00f3n de la fecha de otorgamiento, se practica una segregaci\u00f3n realizada con anterioridad a la legislaci\u00f3n que actualmente la regula<\/strong>. Y a tal efecto, tras rese\u00f1ar y comentar determinada jurisprudencia, se\u00f1ala que tal cuestion \u201cdebe resolverse en el sentido de que la segregaci\u00f3n es un acto jur\u00eddico cuya inscripci\u00f3n queda sujeta a los requisitos y autorizaciones vigentes en el momento de presentar la escritura o la sentencia en el Registro<\/strong>, aunque el otorgamiento de aqu\u00e9lla se haya producido bajo un r\u00e9gimen normativo anterior -cfr. disposiciones transitorias tercera y cuarta del C\u00f3digo Civil-. Ahora bien, la exigencia de tales requisitos deber\u00e1 conciliarse con los efectos jur\u00eddicos de los actos de segregaci\u00f3n o divisi\u00f3n conforme a la legislaci\u00f3n vigente a la fecha en que se produzcan<\/strong>, ya que el hecho de que tales efectos no se hayan consumado o agotado<\/strong> es presupuesto, conforme se ha dicho anteriormente, para la aplicaci\u00f3n excepcional de la retroactividad.\u201d<\/p>\n

          Y recuerda y reitera su criterio, fijado en la resoluci\u00f3n de fecha 17 de octubre de 2014, que \u00a0\u201creconoci\u00f3 la analog\u00eda en la admisi\u00f3n de la v\u00eda de la prescripci\u00f3n<\/strong> acreditada para inscribir no s\u00f3lo edificaciones, sino tambi\u00e9n divisiones o segregaciones antiguas\u201d (\u2026) y que \u201c\u00bbno bastar\u00eda con constatar que haya prescrito la posible infracci\u00f3n, sino que es preciso, adem\u00e1s, que no sea posible ya el ejercicio de potestades de protecci\u00f3n de la legalidad urban\u00edstica<\/strong> que hubiera podido infringirse\u201d (\u2026)\u00a0 \u201c De modo an\u00e1logo, ambas v\u00edas jur\u00eddicas han de ser tambi\u00e9n posibles, y los son legalmente, respecto de otros actos o usos del suelo, menos invasivos que la edificaci\u00f3n, como el que supone efectuar una divisi\u00f3n o parcelaci\u00f3n de aqu\u00e9l, si concurriere el mismo fundamento conceptual y legal, es decir, que se trata de actos de divisi\u00f3n o segregaci\u00f3n de fincas respecto de los cuales ya no procede adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad urban\u00edstica que impliquen su reagrupaci\u00f3n forzosa -cfr. art\u00edculo 238 de la Ley 5\/2014, de 25 de julio, de la Generalidad Valenciana-, por haber transcurrido los plazos de prescripci\u00f3n correspondientes, y todo ello, l\u00f3gicamente, sin perjuicio de lo dispuesto en materia de r\u00e9gimen de unidades m\u00ednimas de cultivo que habr\u00e1 de ser observado en cualquier caso<\/strong>, en especial, el art\u00edculo 80 del Real Decreto 1093\/1997, de 4 de julio -norma adjetiva o procedimental- en cuanto al deber del registrador de remitir copia de los documentos presentados a la Administraci\u00f3n agraria competente para que adopte el acuerdo pertinente sobre nulidad del acto o sobre apreciaci\u00f3n de las excepciones de acuerdo con lo dispuesto en los art\u00edculos 23 y 24 de la Ley 19\/1995, de 4 de julio -cfr. Resoluci\u00f3n de 25 de abril de 2014-.<\/p>\n

          En el supuesto de hecho<\/strong> de este expediente, adem\u00e1s de haber transcurrido sobradamente los plazos de prescripci\u00f3n de la posible infracci\u00f3n, est\u00e1 claro que no se han ejercido por parte del Ayuntamiento acciones para el restablecimiento de la legalidad urban\u00edstica, antes bien al contrario en la certificaci\u00f3n aportada se declara expresamente la innecesaridad del otorgamiento de licencia, con lo cual se cumple el requisito exigido en la legislaci\u00f3n de aplicaci\u00f3n.<\/p>\n

          Por todo ello, la DGRN revoca la calificaci\u00f3n registral<\/strong>.\u00a0(JDR)<\/p>\n

          PDF (BOE-A-2015-6343 – 6 p\u00e1gs.<\/abbr> – 180 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

          <\/a>\u00a0<\/p>\n

          162. DENOMINACI\u00d3N SOCIAL PARECIDA A UNA MARCA: TABACALERA.<\/strong>\u00a0<\/span><\/p>\n

          NO ES ADMISIBLE COMO DENOMINACION SOCIAL LA DE \u201cTABACALERA ESPA\u00d1OLA\u201d.\u00a0<\/strong>Resoluci\u00f3n de 5 de mayo de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci\u00f3n extendida por el registrador mercantil central I, por la que se deniega la reserva de una denominaci\u00f3n.<\/p>\n

          Hechos:<\/strong> Se solicita del Registro Mercantil Central la denominaci\u00f3n<\/strong> social de \u201cTabacalera Espa\u00f1ola, S.A.\u201d.<\/strong><\/p>\n

          El registrador central deniega la denominaci\u00f3n pues \u201cal amparo de los art\u00edculos 408.1 y 407.2 del RRM <\/a>deber\u00e1 aportarse autorizaci\u00f3n de la persona f\u00edsica o jur\u00eddica afectada<\/strong>, en este caso: Altadis, S.A (titular de la marca Tabacalera); Tabacalera, S.L.\u201d.<\/p>\n

          Se pide por el solicitante aclaraci\u00f3n<\/strong> a la denegaci\u00f3n y el registrador mercantil central alega lo siguiente: \u201cde acuerdo con lo previsto en el art. 407.2 del vigente Reglamento del Registro Mercantil, en concordancia con la disposici\u00f3n decimocuarta de la Ley 17\/2001, de 7 de diciembre, de Marcas<\/a><\/strong>, las autoridades registrales denegar\u00e1n el nombre social solicitado si coincidiera o pudiera originar confusi\u00f3n con el de una marca o nombre comercial notorio o renombrado, sea o no de nacionalidad espa\u00f1ola. A estos efectos, la marca \u00abTabacalera\u00bb goza de notoriedad en el tr\u00e1fico mercantil, lo cual condiciona la concesi\u00f3n de la denominaci\u00f3n solicitada a la obtenci\u00f3n de la autorizaci\u00f3n pertinente por parte del titular de dicha marca\u201d.<\/p>\n

          El interesado, tras la confirmaci\u00f3n<\/strong> de la calificaci\u00f3n por el registrador sustituto, interpone recurso en el que, en s\u00edntesis, alega que el t\u00e9rmino \u00abTabacalera\u00bb es un signo gen\u00e9rico<\/strong>, de uso generalizado para las labores del tabaco, que en cuanto a la marca, <\/strong>solicitada a la Oficina Espa\u00f1ola de Patentes y Marcas la inscripci\u00f3n del nombre comercial \u00abTabacalera Espa\u00f1ola TE\u00bb, y tras ser publicada dicha solicitud en el \u00abBolet\u00edn Oficial del Propiedad Industrial\u00bb, no ha existido oposici\u00f3n por parte de ninguna sociedad dedicada a las labores del tabaco y que \u00a0\u201cdesestimar la presente solicitud cuando existen hasta veintitr\u00e9s denominaciones sociales y marcas que utilizan el t\u00e9rmino \u00abTabacalera\u00bb, tanto en el Registro Mercantil como en el Registro Marcario, supone un agravio comparativo\u201d.<\/p>\n

          Doctrina:<\/strong> La DG confirma<\/strong> la nota de calificaci\u00f3n.<\/p>\n

          Lo primero que hace la DG es aclarar<\/strong> los motivos de la denegaci\u00f3n que eran dobles: Por una parte la coincidencia<\/strong> con otra sociedad ya registrada bajo el nombre de \u201cTabacalera\u201d y por otra por la coincidencia con una marca<\/strong> protegida.<\/p>\n

          En cuanto al primer problema el CD recuerda su doctrina sobre la identidad total y lo que llama \u201ccuasi identidad\u201d o \u201cidentidad sustancial\u201d. Aqu\u00ed se produce esa identidad<\/strong> pues el t\u00e9rmino \u201cespa\u00f1ola\u201d \u00a0es un t\u00e9rmino gen\u00e9rico y por tanto vac\u00edo de contenido \u201cpor carecer de suficiente efecto distintivo, pudiendo considerarse que existe identidad jur\u00eddica entre la denominaci\u00f3n que se solicita \u00abTabacalera Espa\u00f1ola, S.A.\u00bb, y la ya existente \u00abTabacalera, S.L.\u00bb<\/p>\n

          En cuanto al otro problema planteado, es decir el conflicto entre denominaci\u00f3n social y marca<\/strong>, \u00a0\u201cderiva de la no siempre clara distinci\u00f3n entre la identificaci\u00f3n del empresario como persona jur\u00eddica y la de la empresa o actividad empresarial que lleva a cabo, y de que el deslinde entre la vertiente jur\u00eddica y la econ\u00f3mica competitiva de las sociedades actuantes en el mercado puede ser dif\u00edcil de percibir por los operadores del mismo desde el momento en que, para tales operadores, la denominaci\u00f3n social es un factor de diferenciaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n

          Por ello \u201cno podr\u00e1n reservarse por el Registro Mercantil Central denominaciones sociales que coincidan con signos distintivos notorios o renombrados\u201d<\/strong> que son los que sean generalmente conocidos<\/strong> por el sector pertinente del p\u00fablico al que se destinen los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial\u201d.<\/p>\n

          Pues bien la DG tras hacer una peque\u00f1a historia sobre el monopolio de tabacos en Espa\u00f1a, llega a la conclusi\u00f3n de que tanto \u201cpor duraci\u00f3n, como por intensidad\u201d, la marca Tabacalera \u00a0\u201ces notoriamente conocida en todo el \u00e1mbito nacional y asociada con los productos del antiguo monopolio estatal y, posteriormente, a los de la compa\u00f1\u00eda que result\u00f3 de su privatizaci\u00f3n\u201d, es decir Altadis, S.A.<\/p>\n

          Comentario:<\/strong> Interesante recurso en el que se abordan dos interesantes problemas como son los relativos a la identidad de denominaciones, cuando no es absoluta, y a la identidad o posible confusi\u00f3n de una denominaci\u00f3n social con una notoria marca comercial. Su lectura es muy recomendable<\/strong> pues en ocasiones esas marcas comerciales s\u00f3lo van a ser notorias o renombradas en determinado marco geogr\u00e1fico<\/strong> siendo por tanto posible que ello no sea detectado por el Registro Mercantil Central y tenga que ser objeto de calificaci\u00f3n por el Registro Mercantil provincial<\/strong> en el momento de la inscripci\u00f3n de la sociedad. Por tanto es un problema que debemos tener muy presente para la debida calificaci\u00f3n de las denominaciones sociales.<\/p>\n

          Como obiter dicta de gran inter\u00e9s dice la resoluci\u00f3n que dado que el titular de la marca o signo notorio no puede oponerse a la concesi\u00f3n de la denominaci\u00f3n, \u201cha de ser el registrador Mercantil Central quien act\u00fae de oficio, en defensa tanto del inter\u00e9s particular de quien no puede defenderse por s\u00ed en este procedimiento, como en defensa del inter\u00e9s general de la ausencia de confusi\u00f3n en el tr\u00e1fico mercantil y en el mercado\u201d, frase que pone de manifiesto la trascendencia<\/strong> de la funci\u00f3n registral no limitada al \u00e1mbito de la propia concesi\u00f3n de la denominaci\u00f3n sino que tambi\u00e9n alcanza al registrador mercantil provincial. \u00a0\u201cTal defensa del inter\u00e9s general\u201d, sigue diciendo la DG, \u201cha sido reconocida por el Tribunal Supremo\u2026 remarcando que los preceptos de la Ley de Sociedades An\u00f3nimas y Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada (hoy, Ley de Sociedades de Capital) y del Reglamento del Registro Mercantil<\/strong> que disciplinan esta materia constituyen normas de car\u00e1cter imperativo<\/strong> que rigen en inter\u00e9s, no solamente de las sociedades afectadas, sino de todos quienes participan en el tr\u00e1fico mercantil\u201d. (JAGV)<\/p>\n

          PDF (BOE-A-2015-6344 \u2013 10 p\u00e1gs. \u2013 209 KB)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

          \u00a0\u00a0<\/a>\u00a0<\/p>\n

          163. HERENCIA. FUERO DE BAYLIO. R\u00c9GIMEN ECON\u00d3MICO MATRIMONIAL DEL HEREDERO. DERECHO DE TRANSMISI\u00d3N.\u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n

          Resoluci\u00f3n de 6 de mayo de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificaci\u00f3n de la registradora de la propiedad de Olivenza, por la que se suspende la inscripci\u00f3n de una escritura de aceptaci\u00f3n y partici\u00f3n de herencias.<\/p>\n

          Hechos<\/u><\/strong>: Se formaliza en Olivenza (ciudad en que rige el llamado Fuero del Bayl\u00edo) una escritura de herencia de unos c\u00f3nyuges A y B, en la que intervienen sus tres hijos, C, D, y E. \u00c9sta \u00faltima heredera E<\/strong> hace constar que se encuentra viuda, al tiempo de la formalizaci\u00f3n de la herencia (aunque estaba casada cuando fallecen sus dos padres<\/strong>). La notario autorizante, no recoge, en la escritura de herencia de ambos padres, manifestaci\u00f3n alguna en cuanto al estado civil de la hija viuda E con anterioridad a la formalizaci\u00f3n de la herencia paterna y materna, ni al tiempo del fallecimiento de cada uno de sus dos padres (fallecidos hac\u00eda bastante tiempo), adem\u00e1s tampoco hace constar cual era el r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial de la dicha heredera E, ni si \u00e9ste era el correspondiente al Fuero del Bayl\u00edo, ya que la misma ten\u00eda vecindad de la localidad de Olivenza (localidad donde tradicionalmente rige este Fuero). En la formalizaci\u00f3n de la herencia referida de ambos padres, los bienes hereditarios (dos locales) se adjudican a los tres hijos, en proindiviso y por terceras partes iguales.\u00a0<\/p>\n

          La registradora<\/u><\/strong>: \u00a0rechaza la inscripci\u00f3n en cuanto a la heredera E, ya que siendo vecina de Olivenza y siendo el r\u00e9gimen legal supletorio de dicha localidad el del Fuero del Bayl\u00edo, ha de expresarse en la escritura de herencia: a) \u00a0la fecha del fallecimiento del esposo de E (le llamaremos en adelante E\u2019) y b) si \u00e9ste hab\u00eda fallecido con posterioridad a los dos causantes y padres de la heredera E, ya que, en este caso, ser\u00eda exigible la comparecencia de los herederos de dicho c\u00f3nyuge premuerto (\u2018E), acompa\u00f1ando la certificaci\u00f3n de defunci\u00f3n de \u00e9ste, el certificado de \u00faltima Voluntad y testamento o declaraci\u00f3n de herederos del mismo, ya que, conforme al Fuero del Bayl\u00edo, si bien, en vida de los c\u00f3nyuges, cada uno puede disponer de sus bienes privativos, libremente, fallecido uno de ellos, se hacen comunes todos sus bienes, ya sean comunes o privativos y ya les pertenezcan por t\u00edtulo oneroso o privativo (STS 8 febrero 1892), y como consecuencia de esta comunidad universal que se constituye, \u00e9sta comunidad (de la que forma parte el esposo fallecido E\u2019) se integra tambi\u00e9n por los bienes que la hija E haya recibido de sus padres y de ah\u00ed la exigencia de la intervenci\u00f3n de tales herederos de \u2018E, en la herencia de los padres de la hija E.<\/strong><\/p>\n

          La notario:<\/strong><\/u>\u00a0alega que, realmente, la fecha que juega<\/strong> en orden a la formaci\u00f3n de la comunidad universal de los esposos, en el Fuero del Bayl\u00edo, no es la de la formalizaci\u00f3n de la herencia y adjudicaci\u00f3n de\u00a0 los bienes hereditarios paternos (llevada a cabo cuando la esposa estaba viuda) sino la fecha del fallecimiento de ambos padres<\/strong>, en cuya fecha la heredera, se encontraba casada, por lo que todav\u00eda no se hab\u00eda constituido la referida comunidad conyugal universal, pues los efectos de la aceptaci\u00f3n y en su caso repudiaci\u00f3n de cualquier herencia se retrotraen a la fecha de fallecimiento de sus causantes (art 989 del c.c.). Por tanto, si la hija E estaba todav\u00eda casada, al tiempo de la muerte de sus padres, no ser\u00eda precisa, en la partici\u00f3n de las herencias paterna y materna, ni la comparecencia de su c\u00f3nyuge \u2018E, ni de sus herederos, y ello dado que la comunicaci\u00f3n de bienes se produce al tiempo de la disoluci\u00f3n del matrimonio de E y \u2018E, pero no antes.<\/p>\n

          Pero es que adem\u00e1s la heredera E, debe tener libertad para aceptar o repudiar la herencia de sus padres,<\/strong> que son actos enteramente voluntarios y libres (art 988 c.c.) y si se exigiera la intervenci\u00f3n de los herederos de \u2018E, podr\u00edamos estar, en contra de la voluntad de la heredera E, en una aceptaci\u00f3n t\u00e1cita de herencia por partes de tales herederos de \u2018E<\/strong> (art 1000 c.c.). \u00a0Por tanto la hija E viuda tiene libertad para aceptar o renunciar a la herencia paterna, sin necesidad de la intervenci\u00f3n ahora de los herederos del esposo E\u2019.<\/p>\n

          Doctrina de la DG<\/u>: <\/strong>La DG da soluci\u00f3n a los distintos problemas que plantea, un Fuero, del que no existe ning\u00fan texto escrito, y da en parte la raz\u00f3n a la Registradora, en el sentido de que, con base en el Reglamento Notarial, en la escritura de herencia de los padres de E, se ten\u00eda que haber indicado la fecha de fallecimiento del esposo de E, y el r\u00e9gimen econ\u00f3mico del<\/p>\n

          \"Olivenza<\/a>

          Olivenza (Badajoz) Iglesia de Santa Mar\u00eda Magdalena. Por Jos\u00e9 Luis Filpo Cabana.<\/p><\/div>\n

          matrimonio, cosa que no se hizo.<\/p>\n

          \u00a0\u00a0 Adem\u00e1s y sobre la base de un estudio hist\u00f3rico, interesante pero un poco abrumador, y m\u00e1s pensando que, a mi juicio personal, lo que interesa en una Resoluci\u00f3n, es una argumentaci\u00f3n pr\u00e1ctica y breve, m\u00e1s que un estudio doctrinal, sienta las siguientes bases para la soluci\u00f3n del problema planteado, con apoyo,\u00a0 en relaci\u00f3n con la aplicaci\u00f3n del dcho de transmisi\u00f3n al Fuero del Bayl\u00edo, de una sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz de 16 de junio de 2000, \u00a0y dice literalmente, lo que sigue:<\/p>\n

          1.- Momento en que se produce la comunicaci\u00f3n de bienes en el Fuero del Bayl\u00edo<\/strong>:<\/p>\n

          Para la DG, basada en la STS 8 febrero 1892, las de la Audiencia Provincial de Badajoz de 4 de mayo de 2000 y 3 de abril de 2002, y las Rs de la Direcci\u00f3n General de 19 de agosto de 1914 y 11 de agosto de 1939, la comunicaci\u00f3n de bienes conforme al Fuero del Bayl\u00edo, y por tanto la comunidad universal entre ambos esposos, se produce en el momento de disoluci\u00f3n del matrimonio por fallecimiento de uno de ellos (o divorcio u otra causa de conclusi\u00f3n del matrimonio), y en dicha comunidad universal quedan incluidos todos los bienes y derechos de contenido patrimonial, adquiridos por uno u otro c\u00f3nyuge, antes y durante el matrimonio, por t\u00edtulo oneroso y lucrativo, y por tanto tambi\u00e9n los bienes adquiridos por la esposa (E) en la herencia de sus padres A y B<\/strong>, deferida en el momento del fallecimiento de dichos padres, si en tal momento se encontraba a\u00fan en estado de casada, quien al tiempo de la partici\u00f3n se encontraba ya viuda.<\/p>\n

          2.- Fuero del Bayl\u00edo y heredero viudo:<\/strong><\/p>\n

          En las herencias en que comparezca heredero viudo<\/strong> cuyo matrimonio, tras una indagaci\u00f3n notarial al respecto, resulte haber estado sujeto al r\u00e9gimen del Fuero del Bayl\u00edo, ser\u00e1 necesario hacer constar la fecha del fallecimiento del c\u00f3nyuge premuerto del heredero viudo.<\/strong> Si dicho finado c\u00f3nyuge premuri\u00f3 a los causantes de la herencia que se formaliza, no se plantear\u00e1 problema alguno. Pero si falleci\u00f3 con posterioridad entonces habr\u00e1 que distinguir los siguientes casos<\/strong>:<\/p>\n

          a) En caso de que el heredero o heredera viudos renuncien a la herencia de sus padres o primeros causantes, no ser\u00e1 necesaria la comparecencia ni citaci\u00f3n de los herederos del segundo causante.<\/strong><\/p>\n

          b) En caso de que el heredero o heredera viudos se limitara a aceptar la herencia sin hacer partici\u00f3n convencional ni adjudicacione<\/u>s, tampoco ser\u00eda necesaria la comparecencia de los herederos del segundo causante, pudi\u00e9ndose practicar a petici\u00f3n de los interesados, anotaci\u00f3n preventiva<\/strong> de derecho hereditario conforme a los art\u00edculos 42.6.\u00ba y 46 de la Ley Hipotecaria y concordantes de su Reglamento.<\/p>\n

          c) Si lo que se pretende es la partici\u00f3n convencional o adjudicaciones a favor de la viuda o viudo<\/strong><\/u>, aun cuando fuera la \u00fanica heredera llamada a la herencia de sus padres o primeros causantes ser\u00eda necesario:<\/strong><\/p>\n

          1.\u00ba Hacer constar en la escritura de partici\u00f3n de herencia, el nombre y circunstancias del c\u00f3nyuge-finado de la heredera y la fecha de su fallecimiento, y determinar por el notario el r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial.<\/strong><\/p>\n

          2.\u00ba Si el r\u00e9gimen econ\u00f3mico del viudo o viuda era el del Fuero de Bayl\u00edo<\/strong>, ser\u00eda necesaria la comparecencia de los herederos del finado c\u00f3nyuge, quienes podr\u00e1n libremente aceptar la herencia de \u00e9ste, de la que forma parte la mitad (por dimidio) del \u00abderecho hereditario in abstracto\u00bb de la viuda sobre la masa hereditaria de sus padres o primeros causantes <\/strong>(cfr. sentencias de la Audiencia Provincial de Badajoz anteriormente citadas), y en tal caso, hacer junto con los dem\u00e1s cond\u00f3minos la partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n de los bienes de la herencia de los primeros causantes, sin necesidad, si no quieren, de partir otros bienes o derechos propios de la herencia del c\u00f3nyuge, lo cual podr\u00e1n hacer en un momento posterior; pues si bien es cierto que la aceptaci\u00f3n de la herencia no puede ser parcial (art\u00edculo 990 del C\u00f3digo Civil), es perfectamente posible que la partici\u00f3n s\u00ed sea s\u00f3lo de algunos bienes; o bien pueden renunciar a la herencia del finado c\u00f3nyuge, por sus herederos, en cuyo caso ser\u00eda necesario determinar, ante la renuncia de los llamados en primer lugar quienes pasan a tener la condici\u00f3n de herederos del segundo, aplicando, seg\u00fan proceda, la sustituci\u00f3n vulgar, el derecho de acrecer, o el llamamiento a los herederos legales del siguiente grado.<\/strong><\/p>\n

          Igualmente si los llamados a la herencia del c\u00f3nyuge-finado o segundo causante se niegan a comparecer en la escritura de aceptaci\u00f3n y partici\u00f3n de herencia d<\/strong>el primer o primeros, faltar\u00eda el presupuesto b\u00e1sico de legitimaci\u00f3n de la partici\u00f3n convencional que es el consentimiento de todos los part\u00edcipes; siendo necesario en tal caso acudir a la v\u00eda judicial<\/strong> conforme al art\u00edculo 1.059 del C\u00f3digo Civil.<\/p>\n

          Comentario:<\/u><\/strong> La verdad es que la Rs es muy compleja y de dif\u00edcil resumen, pero intento que queden claras unas ideas:<\/p>\n

          Momento de la constituci\u00f3n de la Comunidad Universal<\/strong>: La primera es que el r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial del Fuero del Bayl\u00edo, permite que cada c\u00f3nyuge pueda actuar libremente, durante su matrimonio, respecto de sus bienes propios, de suerte que, por s\u00ed solo, puede vender, comprar, hipotecar etc.. sin necesidad del consentimiento ni intervenci\u00f3n del otro. Es al tiempo de la muerte del otro c\u00f3nyuge, o del divorcio, separaci\u00f3n etc.. cuando surge una comunidad universal<\/strong>, en la que se integran todos los bienes materiales o inmateriales, muebles o inmuebles, comunes o privativos, de ambos c\u00f3nyuges y es esta comunidad la que se divide por partes iguales.<\/p>\n

          El problema del derecho de transmisi\u00f3n<\/strong>: El anterior es el supuesto f\u00e1cil y normal, pero los problemas surgen, como en el caso de la Rs comentada, con el posible dcho de transmisi\u00f3n, como sucede cuando muere uno de los c\u00f3nyuges y existen otros actos que pueden influir en el activo o pasivo de dicha comunidad, y tal es el caso del c\u00f3nyuge viudo hoy que, estando casado, recibe bienes de sus padres o parientes por herencia o por donaci\u00f3n u otro t\u00edtulo. En estos supuestos hay que fijar claramente el hecho y el momento que da lugar a la comunidad universal.<\/p>\n

          En el presente caso, cuando la hija formaliza la herencia se encuentra viuda, pero no se sabe si tambi\u00e9n lo estaba o se encontraba casada (que parece ser es lo que ocurre) cuando fallecen sus padres. Y aqu\u00ed se produce el problema de la aplicaci\u00f3n del 1006 del c.c. a dicha herencia, supuesto que no encaja muy bien con el Fuero del Bayl\u00edo, el cual arranca, nada menos que de la ley 12, t\u00edtulo IV, libro X de la Nov\u00edsima Recopilaci\u00f3n, que contiene una Resoluci\u00f3n de Carlos III del a\u00f1o 1778, que aprueba una Observancia del Fuero, concedido a la villa de Alburquerque por Alfonso T\u00e9llez, su fundador, que era yerno de Sancho II, Rey de Portugal (nada menos).<\/p>\n

          Soluci\u00f3n de la DG<\/strong>: si la heredera o heredero viudo lo estaba ya cuando fallecen sus padres, no hay problema, los bienes adquiridos no se integran en la masa universal. Pero si el c\u00f3nyuge hoy viudo, estaba casado al tiempo del fallecimiento de los padres, y resulta que la herencia se formaliza estando viuda o viudo, hay que dar entrada a los herederos del c\u00f3nyuge fallecido<\/strong>, por aplicaci\u00f3n del Fuero. Y la soluci\u00f3n salom\u00f3nica que se da no es muy convincente: si lo que se acepta o repudia es el derecho in abstracto, pero sin partici\u00f3n, no se precisa la intervenci\u00f3n de los herederos del c\u00f3nyuge finado (por tanto la viuda o viudo puede renunciar o aceptar por s\u00ed solo). Pero si lo que se hace es una partici\u00f3n \u201cconvencional\u201d (as\u00ed la llama la DG) con adjudicaciones, deben venir tales herederos del c\u00f3nyuge fallecido y en tal caso, puede ocurrir que el viudo acepte y los herederos del finado no lo hagan o se nieguen a comparecer: en estos casos hay que ir buscando a los herederos hasta dar con quienes acepten (hijos, sustitutos, herederos abintestato etc..) o en su caso hay que ir a una partici\u00f3n judicial (\u00a1si Sancho T\u00e9llez levantara la cabeza y viera donde nos ha metido!).<\/p>\n

          De todas formas y como me parece interesante, me propongo, si Dios quiere, hacer un peque\u00f1o estudio sobre el Fuero del Bayl\u00edo en el pr\u00f3ximo informe notarial del mes de mayo. (JLN)<\/p>\n

          Ver informe \u00edntegro de la Registradora<\/a>, muchos de cuyos argumentos fueron recogidos por la doctrina de la Direcci\u00f3n General.<\/p>\n

          PDF (BOE-A-2015-6345 – 15 p\u00e1gs.<\/abbr> – 258 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

          <\/a>\u00a0<\/p>\n

          164. PROPIEDAD HORIZONTAL. DESVINCULACI\u00d3N DE UN ANEJO.\u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n

          Resoluci\u00f3n de 6 de mayo de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci\u00f3n extendida por la registradora de la propiedad de Calahorra, por la que se suspende la inscripci\u00f3n de una desvinculaci\u00f3n de elemento en r\u00e9gimen de propiedad horizontal.<\/p>\n

          Hechos: <\/strong>Se otorga una escritura de segregaci\u00f3n de un anejo de una vivienda, dentro de una propiedad horizontal. El anejo es una buhardilla que pasa a ser finca independiente. Hay una cl\u00e1usula estatutaria que permite la divisi\u00f3n o segregaci\u00f3n sin consentimiento de la Comunidad de Propietarios y se aporta tambi\u00e9n licencia municipal y un plano.<\/p>\n

          La registradora,<\/strong> aun admitiendo la validez de la cl\u00e1usula estatutaria, suspende la inscripci\u00f3n pues considera que es necesario el acuerdo de la Comunidad de Propietarios porque en la inscripci\u00f3n de dicha buhardilla no consta ni su superficie ni linderos y ahora s\u00ed se precisan dichos datos, por lo que pueden ser afectados otros elementos privativos y ello puede implicar modificaci\u00f3n del t\u00edtulo constitutivo de propiedad horizontal.<\/p>\n

          La interesada<\/strong> recurre y alega que no es necesario tal acuerdo porque la jurisprudencia y la propia DGRN han admitido la validez de dicha cl\u00e1usula.<\/p>\n

          La DGRN<\/strong> desestima el recurso alegando que la fijaci\u00f3n de linderos y superficie del nuevo elemento<\/strong> implica una modificaci\u00f3n de la propiedad horizontal, y que la cl\u00e1usula estatutaria, aunque v\u00e1lida, no ampara dichas operaciones. Se remite para ello a su doctrina contenida en la Resoluci\u00f3n de 15 de Marzo de 2004<\/a>. A continuaci\u00f3n hace un repaso de su doctrina en los casos contemplados en varias resoluciones posteriores, ninguno de los cuales es igual al presente.<\/p>\n

          COMENTARIO.-<\/strong> Un poco rigurosa esta postura por cuanto se vac\u00eda de contenido la cl\u00e1usula estatutaria inscrita. Cabe otra interpretaci\u00f3n: si se puede desvincular el anejo sin autorizaci\u00f3n de la junta de propietarios (lo m\u00e1s) se puede precisar su superficie y linderos (lo menos), m\u00e1xime si el Registro ya publicaba la existencia de esa buhardilla como elemento privativo, aunque no mencionara metros y linderos teniendo en cuenta que no se modifican los restantes elementos privativos.<\/p>\n

          Imaginemos que ser\u00eda el mismo caso, frecuente en la pr\u00e1ctica, en el que un promotor se reserva el derecho de dividir el s\u00f3tano, como finca \u00fanica, en plazas de garaje independientes, y que despu\u00e9s va segregando una a una, o bien las vende por cuotas indivisas con asignaci\u00f3n del uso exclusivo de una determinada plaza, con metros y linderos, pero no se ha especificado en la cl\u00e1usula estatutaria de reserva que ello conlleva la facultad de fijar los linderos y los metros de las plazas a segregar. En la pr\u00e1ctica nunca se especifica porque se entiende impl\u00edcita dicha facultad. (AFS)<\/p>\n

          PDF (BOE-A-2015-6346 – 4 p\u00e1gs.<\/abbr> – 164 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

          <\/a>\u00a0<\/p>\n

          165. REDUCI\u00d3N DE CAPITAL SOCIAL<\/span><\/strong><\/p>\n

          EN AN\u00d3NIMAS, SEA CUAL SEA LA CAUSA DE LA REDUCCI\u00d3N, EL ACUERDO SIEMPRE DEBE SER OBJETO DE PUBLICIDAD EN EL BORME Y EN LA WEB DE LA SOCIEDAD, O EN SU DEFECTO EN UN DIARIO. REQUISITOS SI ES CON CARGO A BENEFICIOS O RESERVAS LIBRES.<\/strong><\/span><\/p>\n

          Resoluci\u00f3n de 7 de mayo de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci\u00f3n extendida por el registrador mercantil y de bienes muebles II de Palma de Mallorca, por la que se deniega la inscripci\u00f3n de una escritura de aumento de capital para redondeo, reducci\u00f3n de capital social por amortizaci\u00f3n de acciones propias y remuneraci\u00f3n de acciones.<\/p>\n

          Hechos:<\/strong> Se trata de unos acuerdos de una sociedad an\u00f3nima<\/strong>, no se especifica si lo fueron en junta universal y por unanimidad, por los que se aumenta el capital para redondeo y despu\u00e9s se reduce<\/strong> por amortizaci\u00f3n de acciones<\/strong> propias.<\/p>\n

          \u00a0El registrador suspende la inscripci\u00f3n por estimar necesaria la publicaci\u00f3n del acuerdo de reducci\u00f3n en el Borme y en la web de la sociedad,<\/strong> y por no manifestarse que ning\u00fan acreedor se ha opuesto en el plazo de un mes desde\u00a0 la \u00faltima publicaci\u00f3n<\/strong>. Aclara que no es aplicable el art\u00edculo 335.c. de la LSC, que excluye la oposici\u00f3n de los acreedores, porque las acciones amortizadas no fueron adquiridas a t\u00edtulo gratuito.<\/p>\n

          \u00a0El notario recurre. Parte de la base de que la reducci\u00f3n se hace \u00a0con cargo a beneficios o a reservas libres<\/strong> \u00a0y por tanto es indiferente el t\u00edtulo de adquisici\u00f3n de las acciones amortizadas. Por ello para \u00e9l es claro que \u201csi se dota una reserva indisponible por el mismo importe que el capital reducido, no hay prejuicio posible, ni para los acreedores ni para ning\u00fan tercero, pues no hay minoraci\u00f3n de la garant\u00eda patrimonial. Por tanto parece absurdo que \u00a0si los acreedores no pueden oponerse haya que publicar el acuerdo. Deber\u00e1 publicarse cuando se disponga de la reserva indisponible.<\/p>\n

          Doctrina:<\/strong> La DG confirma<\/strong> la nota de calificaci\u00f3n.<\/p>\n

          Seg\u00fan el CD, a\u00fan admitiendo los razonamientos del recurrente, lo que \u201cno queda acreditado en la escritura es que la reducci\u00f3n del capital social se haya realizado precisamente con cargo a reservas o beneficios libres<\/strong> requisito imprescindible para aplicar la excepci\u00f3n prevista en el apartado c) del art\u00edculo 335 de la Ley de Sociedades de Capital<\/a>, a la oposici\u00f3n de los acreedores a la reducci\u00f3n de capital social. Pero no s\u00f3lo eso sino que, a\u00fan admitiendo la no existencia de oposici\u00f3n de acreedores, \u201cla literalidad del art\u00edculo 319<\/a>\u201d no except\u00faa la publicidad<\/strong> en ning\u00fan supuesto de reducci\u00f3n del capital social e incluso el art\u00edculo 324<\/a>, cuando regula la reducci\u00f3n por p\u00e9rdidas, supuesto \u00a0en que no existe claramente derecho de oposici\u00f3n de los acreedores, da por supuesto que la publicaci\u00f3n debe hacerse.<\/p>\n

          Comentario: <\/strong>Ya desde la Resoluci\u00f3n de la DG de 1 de octubre de 2004<\/a>, ratificada por otras posteriores, se vino a establecer la misma doctrina que ahora se recoge en esta resoluci\u00f3n. Es decir que la publicidad del acuerdo de reducci\u00f3n del capital social, en sede de an\u00f3nimas, es totalmente necesaria<\/strong> exista o no exista posible derecho de oposici\u00f3n de acreedores.\u00a0 De lo \u00fanico que se podr\u00e1 prescindir, si no existe derecho de oposici\u00f3n, es de la manifestaci\u00f3n de que ning\u00fan acreedor se ha opuesto al acuerdo y por consiguiente la escritura podr\u00e1 otorgarse sin necesidad de esperar a que transcurra el plazo de un mes de posible oposici\u00f3n de los acreedores sociales.<\/p>\n

          Cuesti\u00f3n distinta es si en\u00a0 estos casos de inexistencia de derecho de oposici\u00f3n ser\u00eda conveniente, en aras de una minimizaci\u00f3n de costes en publicidad en principio innecesaria, que el legislador debiera modificar los art\u00edculos \u00a0319 y tambi\u00e9n el art\u00edculo 324 de la LSC en el sentido de que la publicidad establecida<\/strong> s\u00f3lo ser\u00eda precisa en caso de existencia de derecho de oposici\u00f3n de acreedores, \u00a0Pero ello es funci\u00f3n del legislador y no del int\u00e9rprete que ante la claridad de unos preceptos legales debe limitarse a cumplirlos. Para nosotros es obvio que con la actual pol\u00edtica de simplificaci\u00f3n y de supresi\u00f3n de costes al funcionamiento de las empresas, pudiera muy bien eliminarse esta publicidad,\u00a0 si bien en el caso de la resoluci\u00f3n deber\u00eda sustituirse, si la reducci\u00f3n se hace a cargo de beneficios o reservas libres que pasan a ser indisponibles, por la aprobaci\u00f3n de un balance de donde resultara dicha circunstancia.<\/p>\n

          Ni que decir tiene que en estos casos, si se quiere prescindir de la manifestaci\u00f3n de que ning\u00fan acreedor se ha opuesto, \u00a0deber\u00e1 acreditarse mediante el pertinente balance la realidad de que la reducci\u00f3n se hace tal y como se dice, es decir con cargo a beneficios y reservas libre. Para ello deber\u00e1 \u00a0\u00a0unirse a la escritura un balance del que resulten esas reservas o beneficios y despu\u00e9s otro balance, debidamente aprobado por la junta, del que resulte la conversi\u00f3n de esas reservas o beneficios libres en reserva indisponible por amortizaci\u00f3n de acciones.(JAGV) PDF (BOE-A-2015-6347 \u2013 5 p\u00e1gs. \u2013 171 KB)<\/a>Otros formatos<\/a><\/p>\n

          \u00a0<\/p>\n

          <\/a>166. <\/span><\/strong>TRANSFORMACI\u00d3N DE SOCIEDAD AN\u00d3NIMA EN LIMITADA.\u00a0CONSTITUCI\u00d3N DE RESERVA INDISPONIBLE.<\/strong><\/span><\/p>\n

          LA TRANSFORMACI\u00d3N SE RIGE POR LA LAS NORMAS DE LAS LIMITADAS SALVO EN CUANTO A LA REDUCCI\u00d3N DE CAPITAL SI ESTA ES POR CONDONACI\u00d3N DE DIVIDENDOS PASIVOS. \u00a0<\/strong>Resoluci\u00f3n de 8 de mayo de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci\u00f3n extendida por el registrador mercantil y de bienes muebles II de Palma de Mallorca, por la que se rechaza la inscripci\u00f3n de una escritura de reducci\u00f3n de capital y simult\u00e1nea transformaci\u00f3n de sociedad an\u00f3nima en sociedad de responsabilidad limitada.<\/p>\n

          Hechos:<\/strong> Se trata de una escritura de transformaci\u00f3n de sociedad an\u00f3nima en sociedad limitada<\/strong> en la que como operaci\u00f3n previa se hace una reducci\u00f3n de capital por condonaci\u00f3n de dividendos pasivos y por restituci\u00f3n de aportaciones<\/strong>, constituy\u00e9ndose una reserva indisponible, y sin darle publicidad al acuerdo de\u00a0 reducci\u00f3n. En la escritura se manifiesta la inexistencia de acreedores<\/strong>.<\/p>\n

          El registrador en su nota plantea la cuesti\u00f3n de si ser\u00e1n los requisitos de la an\u00f3nima o los de la limitada los aplicables al caso. Cita la RDGR 16\u2013IX\u201309<\/a> que concluye que las disposiciones aplicables son las que rijan el tipo social de destino, en este caso la sociedad limitada.<\/p>\n

          Supuesto lo anterior plantea los siguientes defectos:<\/p>\n

          1\u00ba. Dado que en la sociedad limitada no es posible la reducci\u00f3n por condonaci\u00f3n de dividendos pasivos, a este reducci\u00f3n debe aplicarse las normas de las an\u00f3nimas y publicarse el acuerdo.<\/p>\n

          2\u00ba. En cuanto a la reducci\u00f3n por restituci\u00f3n de aportaciones debe indicarse la identidad de los socios a los que se les restituye el capital, la suma restituida y que ello ha sido llevado a cabo.<\/p>\n

          Y ello aunque en la escritura se dice que se constituye la reserva \u00a0indisponible prevista en el art 335.c) LSC, pues ni es aplicable en este caso, ni se prev\u00e9 para el caso de condonaci\u00f3n de dividendos pasivos.<\/p>\n

          El notario recurre. Dice que resulta incongruente y contradictorio que exponga como motivo de denegaci\u00f3n el incumplimiento de los requisitos exigidos a las sociedades an\u00f3nimas, cuando lo que se realiza es una transformaci\u00f3n de sociedad an\u00f3nima en sociedad limitada, que hay que considerar la operaci\u00f3n en su conjunto, salv\u00e1ndose todos los obst\u00e1culos cuando, como en el presente caso, se han preservado todas las garant\u00edas de acreedores mediante la constituci\u00f3n de una reserva indisponible<\/p>\n

          Doctrina:<\/strong> Se revoca la calificaci\u00f3n registral<\/strong> salvo en lo relativo a la necesidad de publicaci\u00f3n del acuerdo de reducci\u00f3n, de conformidad con el art\u00edculo 319 de la Ley de Sociedades de Capital<\/a>.<\/strong><\/p>\n

          En cuanto a la reducci\u00f3n por condonaci\u00f3n de dividendos pasivos, confirma la aplicabilidad de la norma establecida para las an\u00f3nimas, si bien a\u00f1ade que \u201cnada obsta a la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 335.c) al supuesto de rebaja del capital por condonaci\u00f3n de dividendos, dot\u00e1ndose, al tiempo, la reserva indisponible que el propio art\u00edculo precept\u00faa, \u00abreserva por capital amortizado\u00bb, con cargo a las reservas libres o beneficios, y por la cuant\u00eda de los dividendos condonados (cfr. Cuenta 1142 del Plan General de Contabilidad<\/a>).<\/p>\n

          Sobre la reducci\u00f3n del capital por restituci\u00f3n de aportaciones razona que \u201ccomo la constituci\u00f3n de la reserva indisponible ha de hacerse constar, en su caso, en la inscripci\u00f3n de la reducci\u00f3n de capital (art\u00edculos 201 y 202 del Reglamento del Registro Mercantil), el acuerdo sobre su disponibilidad supone un acto que modifica el contenido del asiento practicado (art\u00edculo 94.13.\u00ba del Reglamento), y en tal sentido susceptible de reflejo registral. Para obviar tal responsabilidad solidaria, los socios de la limitada podr\u00edan acudir, bien a la publicaci\u00f3n o notificaci\u00f3n del acuerdo, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 333 de La Ley de Sociedades de Capital, si ello estuviera previsto en los estatutos, bien constituir (o m\u00e1s bien \u00abtraspasar\u00bb) la reserva creada como indisponible ex art\u00edculo 335, a reserva indisponible ex art\u00edculo 332<\/a>.<\/p>\n

          \u201cLa consecuencia inmediata<\/strong>, de presente, de la actual dotaci\u00f3n de la reserva indisponible en base al art\u00edculo 335 (o mejor dicho, de la que s\u00f3lo ser\u00e1 posible disponer con los mismos requisitos exigidos para la reducci\u00f3n de capital), es la exclusi\u00f3n del derecho de oposici\u00f3n de los acreedores<\/strong>, dado que la cifra que cuantifica el deber de retenci\u00f3n patrimonial no disminuye, al producirse un traspaso de recursos propios de libre disposici\u00f3n a recursos propios de disponibilidad restringida\u201d.<\/p>\n

          Finalmente en cuanto a la publicaci\u00f3n la estima necesaria por \u201cel car\u00e1cter aut\u00f3nomo e incondicionado de la publicaci\u00f3n de la reducci\u00f3n de capital respecto de la existencia o no de derecho de oposici\u00f3n\u201d.<\/p>\n

          Por todo ello concluye que \u201cconsiderando el conjunto y estructura<\/strong> de los acuerdos adoptados, y en especial, la unicidad de la reducci\u00f3n, que engloba los dos distintos conceptos, se entiende que es posible su inscripci\u00f3n, puesto que no implica merma alguna de los derechos de los acreedores\u201d.<\/p>\n

          Comentario:<\/strong> Supuesto de hecho simple con resoluci\u00f3n compleja.<\/p>\n

          De la resoluci\u00f3n y sobre todo del resultado final de la nota<\/strong> parece deducirse lo siguiente:<\/p>\n

          1\u00ba. Transformaci\u00f3n de an\u00f3nima en limitada<\/strong>: Se aplican las normas de destino,<\/strong> es decir de la limitada.<\/p>\n

          2\u00ba. Si hay una reducci\u00f3n<\/strong> de capital y esa reducci\u00f3n no es posible en limitadas<\/strong>, se aplican las normas de las an\u00f3nimas<\/strong>.<\/p>\n

          3\u00ba. Si la reducci\u00f3n que se hace es posible seg\u00fan las normas de las limitadas<\/strong>, se aplican estas.<\/p>\n

          4\u00ba. Si se constituye una reserva indisponible<\/strong> parece que es indiferente la v\u00eda del precepto<\/strong> por el que se constituya pues en todo caso excluye el derecho de oposici\u00f3n de acreedores. Aunque respecto de esto tambi\u00e9n arguye que cada reserva debe hacerse seg\u00fan sus propias normas reguladoras.<\/p>\n

          5\u00ba. Si se constituye una reserva indisponible<\/strong>, debe hacerse constar<\/strong> en el registro, lo que para nosotros es claro, lo que no nos parece tan claro es que cuando se disponga de esa reserva, el acuerdo que se adopte debe tener el pertinente reflejo registral, es decir que ese acuerdo<\/strong>, en cuanto modifica el contenido de un asiento, debe inscribirse<\/strong>. Es obvio que los administradores si quieren evitar responsabilidades deben inscribirlo lo que ocurre es que el registrador carece de medios para controlar si ha sido o no adoptado el acuerdo, es decir si se ha dispuesto de la reserva, pues para los siguientes acuerdos que afecten al capital social, sean de aumento o de reducci\u00f3n, no puede ser defecto el que en el cuerpo de un asiento figure la constituci\u00f3n de una reserva indisponible. La \u00fanica forma de control<\/strong> ser\u00eda por medio del dep\u00f3sito de cuentas<\/strong> llevando por medios \u00a0inform\u00e1ticos el elenco \u00a0de las sociedades que constituyen reservas indisponibles en cumplimiento de preceptos legales, con cotejo de los balances<\/strong> de esas sociedades.<\/p>\n

          6\u00ba. Que para la calificaci\u00f3n de unos acuerdos m\u00faltiples<\/strong> debe tenerse en cuenta el conjunto<\/strong> del contenido del documento y actuar de forma positiva si no quedan afectados los derechos de socios o acreedores.<\/p>\n

          7\u00ba. Finalmente en las sociedades an\u00f3nimas siempre<\/strong> va a ser necesaria la publicidad<\/strong> del acuerdo de reducci\u00f3n exista o no exista derecho de oposici\u00f3n de acreedores. (JAGV)<\/p>\n

          PDF (BOE-A-2015-6348 – 8 p\u00e1gs.<\/abbr> – 192 KB<\/abbr>)<\/a>Otros formatos<\/a><\/p>\n

          <\/a>167. RENUNCIA A INSCRIPCI\u00d3N PRACTICADA Y REACTIVACI\u00d3N DE LA ANTERIOR.<\/strong><\/span><\/p>\n

          Resoluci\u00f3n de 5 de mayo de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Benidorm n.\u00ba 2 a inscribir determinada renuncia de derecho con reinscripci\u00f3n del mismo a favor del titular anterior.<\/p>\n

          En un acta de manifestaciones<\/strong>la titular registral actual declara que renuncia a la participaci\u00f3n indivisa del veinticinco por ciento en el pleno dominio de determinada finca<\/strong> cuya titularidad le fue reconocida por la sentencia que se cita, y solicita que se cancele la inscripci\u00f3n registral practicada en su favor dejando vigente la inscripci\u00f3n anterior<\/strong> \u00abde la que a su vez dimanar\u00e1n nuevas inscripciones a favor de terceros conforme lo que a su derecho resulte legalmente\u00bb. En la misma acta, el administrador \u00fanico de una sociedad que adquiri\u00f3 posteriormente de dicha se\u00f1ora declara que est\u00e1 conforme con lo manifestado por ella.<\/p>\n

          La registradora<\/strong> rechaza como t\u00edtulo formal inscribible el acta de manifestaciones en la que se expresa la declaraci\u00f3n de voluntad cuestionada por entender que \u00e9sta debe constar necesariamente en escritura p\u00fablica<\/strong>.\u00a0\u00a0<\/p>\n

          En relaci\u00f3n a este primer defecto<\/strong>, la DGRN<\/strong> se\u00f1ala que \u201cEn el presente caso el t\u00edtulo presentado contiene no una simple manifestaci\u00f3n sobre un hecho sino una declaraci\u00f3n de voluntad de repudiaci\u00f3n (con el correlativo reconocimiento del dominio de otras personas), que, seg\u00fan la legislaci\u00f3n notarial, es contenido propio de las escrituras p\u00fablicas<\/strong>. Ciertamente, en alg\u00fan caso excepcional, este Centro Directivo ha admitido la inscripci\u00f3n del instrumento p\u00fablico que contuviera una declaraci\u00f3n de voluntad negocial aunque se hubiera formalizado bajo la denominaci\u00f3n de acta de manifestaciones, pues, aun cuando, salvo excepciones, las actas no requieren fe de conocimiento ni les son aplicables en principio las reglas sobre juicio de capacidad del requirente, nada impide que formalmente contengan daci\u00f3n de fe del notario sobre la identificaci\u00f3n del compareciente as\u00ed como la emisi\u00f3n del juicio notarial de capacidad e implicar un otorgamiento en cuanto asunci\u00f3n de la declaraci\u00f3n de voluntad prestada que es inexistente en las actas. Y es que contenido y forma pueden ser, por tanto, los propios de una escritura, en cuanto expresivos de una determinada declaraci\u00f3n de voluntad negocial, que es de lo que el notario da fe, sin que la calificaci\u00f3n como \u00abacta de manifestaciones<\/strong>\u00bb permita considerar que alcanza a desvirtuar la verdadera naturaleza de dicho instrumento, que debe calificarse en atenci\u00f3n a la realidad de su contenido y forma y no al nombre que se le da (vid. Resoluciones de 4 de noviembre de 2000 y 19 de octubre de 2011). Pero estas circunstancias excepcionales no concurren en el acta de manifestaciones cuya inscripci\u00f3n se solicita en el supuesto que ha motivado este recurso, pues no contiene juicio notarial de capacidad.<\/strong> Por ello, el defecto debe ser confirmado.<\/p>\n

          El segundo defecto<\/strong> consist\u00eda en que dados los t\u00e9rminos en que se produce la renuncia por la declarante (solicita que se deje vigente la inscripci\u00f3n anterior de la que a su vez dimanar\u00e1n nuevas inscripciones a favor de terceros), no puede reactivarse la inscripci\u00f3n previa de los anteriores titulares registrales que no han prestado su consentimiento<\/strong> a dicha reactivaci\u00f3n de su titularidad originaria.<\/p>\n

          Sobre este segundo defecto, la DGRN<\/strong> se\u00f1ala que, con car\u00e1cter general, la renuncia \u201cpodr\u00eda tener acceso al Registro mediante un asiento de inscripci\u00f3n en que se haga constar la renuncia, con subsistencia de la finca como finca inmatriculada (y con sujeci\u00f3n a la disciplina normativa<\/strong>que rige la adquisici\u00f3n por parte de la Administraci\u00f3n del Estado<\/strong> de los bienes inmuebles vacantes, de suerte que esta adquisici\u00f3n se produce \u00abope legis\u00bb, desde el momento en que se cumplen los requisitos para tal atribuci\u00f3n -cfr. art\u00edculos 609, p\u00e1rrafo segundo, del C\u00f3digo Civil y 17 y 47.d) de la Ley 33\/2003, del Patrimonio de las Administraciones P\u00fablicas-). Pero, en todo caso, carece de fundamento que dicha renuncia abdicativa produzca la vigencia del asiento anterior y quede la finca inscrita a nombre del anterior propietario si no concurre el consentimiento de \u00e9ste y un t\u00edtulo material que lo justifique<\/strong> (cfr. art\u00edculos 82 y 83 de la Ley Hipotecaria). \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n

          Pero en el caso concreto, el t\u00edtulo calificado contiene una renuncia basada en el reconocimiento del derecho de dominio de otras personas, cuyo consentimiento no consta. Y \u00a0por ello, la DG confirma el defecto<\/strong> invocado por la registradora.<\/p>\n

          El tercer defecto<\/strong> formulado por la registradora era el de que la declarante solicita la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n practicada a su favor<\/strong> como consecuencia de determinada sentencia declarativa de su dominio, sin que se d\u00e9 ninguna de las causas<\/strong> a que se refiere el art\u00edculo 40 de la Ley Hipotecaria ni las presupuestas para la cancelaci\u00f3n de inscripciones de los art\u00edculos 82 y 83 de la misma Ley.<\/p>\n

          La DGRN<\/strong> se\u00f1ala que \u201cen el presente caso no concurre ninguno de los citados presupuestos para la rectificaci\u00f3n registral solicitada\u201d, y que \u201cen realidad, dicha rectificaci\u00f3n se pretende, no con base en una renuncia abdicativa propiamente dicha sino, m\u00e1s bien, mediante un verdadero reconocimiento de dominio<\/strong>\u201d. Recuerda que \u201ccomo expres\u00f3 el Tribunal Supremo en Sentencia de 5 de marzo de 1996, \u00abel reconocimiento de la propiedad es una declaraci\u00f3n de voluntad mediante la cual se constata o fija la situaci\u00f3n jur\u00eddica de aquel a quien va dirigido, y por s\u00ed mismo no es t\u00edtulo h\u00e1bil para que este \u00faltimo adquiera la propiedad<\/strong> de acuerdo a los arts. 609 y 1095 C.c\u201d<\/p>\n

          A\u00f1ade que \u201cEn el presente caso, la declarante en el t\u00edtulo calificado motiva su renuncia<\/strong> en el hecho de que la propiedad de la finca hab\u00eda sido anteriormente adquirida por otras personas<\/strong>, por lo que ser\u00e1 esa previa adquisici\u00f3n lo que deber\u00e1 acreditarse y, en su caso (y sin prejuzgar ahora sobre la relevancia que tenga la declaraci\u00f3n judicial del dominio renunciado), podr\u00e1 ser objeto de la oportuna inscripci\u00f3n. Pero para ello ser\u00e1 necesario aportar dicho t\u00edtulo adquisitivo<\/strong> o, su defecto, la resoluci\u00f3n judicial correspondiente que sea h\u00e1bil para verificar la rectificaci\u00f3n registral solicitada.\u201d \u00a0\u00a0Concluye confirmado el defecto, al se\u00f1alar que \u201c la declaraci\u00f3n de los hechos que seg\u00fan la declarante determinan la ineficacia de la transmisi\u00f3n inscrita a su nombre y la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de dicha transmisi\u00f3n no cuenta con el consentimiento de los titulares transmitentes o con la correspondiente resoluci\u00f3n judicial, ni se acreditan documentalmente.\u201d\u00a0(JDR)<\/p>\n

          PDF (BOE-A-2015-6397 – 15 p\u00e1gs. – 259 KB)<\/a>Otros formatos<\/a><\/p>\n

          <\/a>168. EJECUCI\u00d3N JUDICIAL DE FINCA GANANCIAL EN PROCEDIMIENTO CONTRA LA HERENCIA YACENTE.\u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n

          Resoluci\u00f3n de 11 de mayo de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Ourense n.\u00ba 3 a inscribir un auto de adjudicaci\u00f3n dictado en sede de procedimiento de ejecuci\u00f3n de t\u00edtulos no judiciales.<\/span><\/span><\/p>\n

          Se plantea si adjudicada judicialmente una finca, inscrita con car\u00e1cter ganacial, en ejecuci\u00f3n seguida contra la herencia yacente del esposo, constando representante de la misma su viuda, es suficiente el traslado de la demanda que se le efectu\u00f3 o, como entiende la registradora<\/b> es preciso que la demanda se haya dirigido contra ambos c\u00f3nyuges o sus herederos, no bastando el traslado de la demanda o la mera notificaci\u00f3n.<\/span><\/span><\/p>\n

          La <\/span>Direcci\u00f3n<\/b><\/span> confirma el argumento seg\u00fan el cual disuelta y no liquidada la sociedad de gananciales el c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite ostenta la condici\u00f3n de copart\u00edcipe en la comunidad postganancial y, como tal, debe ser demandado, tanto si se pretende el embargo de la totalidad de la finca, como si lo que se produce es su posterior enajenaci\u00f3n como consecuencia de aqu\u00e9l, caso del supuesto de hecho de este expediente. As\u00ed se deduce del art 144.4 RH<\/a> en relaci\u00f3n con la anotaci\u00f3n preventiva de embargo. Lo que ocurre en este expediente es que se acompa\u00f1a un auto en el que se manifiesta que se dio traslado de la demanda a la viuda, que se formul\u00f3 oposici\u00f3n, que no hubo indefensi\u00f3n y se declara la inexistencia de la nulidad de actuaciones, por lo que el recurso debe ser estimado.<\/span>(MN)<\/span><\/span><\/p>\n

          PDF (BOE-A-2015-6398 – 5 p\u00e1gs.<\/abbr> – 171 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/span><\/p>\n

          <\/a>169. ELEVACI\u00d3N A P\u00daBLICO DE DOCUMENTO PRIVADO DE COMPRAVENTA. COMPARECIENDO LOS HEREDEROS DEL ADQUIRENTE.\u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n

          Resoluci\u00f3n de 13 de mayo de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificaci\u00f3n de la registradora de la propiedad de Ubrique, por la que se suspende la inscripci\u00f3n de una escritura de compraventa.<\/p>\n

          Hechos:<\/strong> Se otorga una escritura de compraventa en la que, en la parte expositiva, se menciona e incorpora fotocopia un contrato privado de hace 27 a\u00f1os, titulado de compraventa, pero en el que el precio queda en su mayor parte aplazado, se dice que no se trasmitir\u00e1 la propiedad hasta que no se realice el pago total y se prev\u00e9 el otorgamiento entonces de una escritura de compraventa. Alguno de los otorgantes de dicho documento est\u00e1n fallecidos y comparecen los herederos. En la parte dispositiva de la escritura se especifica que (ahora) se vende y transmite por el precio y condiciones que en su momento se pactaron, a los compradores comparecientes, herederos algunos de los que otorgaron el documento privado.<\/p>\n

          La registradora<\/strong> suspende la inscripci\u00f3n pues entiende que es una elevaci\u00f3n a p\u00fablico de un documento privado, que la venta ya se perfeccion\u00f3 y se consum\u00f3 en 1987 y por tanto que, en cuanto al comprador fallecido, hay que liquidar la sociedad de gananciales y hacer la herencia.<\/p>\n

          La notaria autorizante<\/strong> recurre y alega que se trata de una venta actual y no de una elevaci\u00f3n a documento p\u00fablico de un documento privado de compraventa ya perfeccionada y consumada, pues del propio documento privado resulta que no hab\u00eda tal venta sino, en realidad, una promesa de venta.<\/p>\n

          La DGRN<\/strong> desestima el recurso. Reconoce que en la parte dispositiva de la escritura se dice que se vende y transmite, y que la escritura contiene todos los elementos esenciales del contrato de compraventa, pero considera que existe una discrepancia con la parte expositiva de la escritura, que se refiere al citado documento privado de compraventa, de lo que deduce que al no variar los pactos de dicho documento se est\u00e1 ratificando una compra anterior, y por tanto debe de otorgarse una escritura de herencia y liquidaci\u00f3n de gananciales respecto del comprador fallecido.<\/p>\n

          COMENTARIO.<\/strong>\u00a0 La\u00a0 resoluci\u00f3n no encaja las piezas del documento privado y la escritura en el orden correcto, seg\u00fan entiendo. Est\u00e1 claro que en el documento privado no hab\u00eda una compraventa, sino una promesa de venta o si se quiere un contrato de venta que no pas\u00f3 de su fase obligacional, por m\u00e1s que formalmente el documento se titulara de compraventa y se arrastrar\u00e1 dicha denominaci\u00f3n\u00a0 en la parte expositiva de la escritura, generando, aparentemente, un poco de confusi\u00f3n que se disipa con la lectura del documento privado y con la parte dispositiva de la escritura.<\/p>\n

          \u00a0Es claro que, seg\u00fan el documento privado, ni se transmit\u00eda la propiedad, porque as\u00ed se dec\u00eda expresamente, ni resultaba que se entregara la posesi\u00f3n, sino todo lo contrario, pues la transmisi\u00f3n de la propiedad se postergaba al momento del otorgamiento de la escritura. Lo m\u00e1s que se puede admitir es que la venta podr\u00eda haber llegado a perfeccionarse desde el punto de vista obligacional con dicho documento, pero en ning\u00fan caso a consumarse, que es lo que se hace ahora. El hecho de que haya cambiado la persona de uno de los compradores, por fallecimiento, no implica m\u00e1s que su posici\u00f3n contractual obligacional pas\u00f3 a sus herederos, lo que se acredita debidamente. Tambi\u00e9n es coherente el reconocimiento de la privatividad del precio abonado, para destruir la presunci\u00f3n de ganancialidad del comprador.<\/p>\n

          En definitiva, la DGRN\u00a0 da m\u00e1s prevalencia a la parte expositiva de la escritura (ciertamente algo imprecisa) que a la parte dispositiva \u00a0de la escritura en s\u00ed y al propio contenido del documento privado, con el \u00fanico argumento de que no sufren modificaci\u00f3n los pactos del documento privado, lo que no es del todo cierto porque hay una cambio en la persona de al menos uno de los compradores (por sus herederos) y que en todo caso es perfectamente compatible con lo anteriormente expuesto.<\/p>\n

          Por otro lado es acertado que se haga menci\u00f3n en la escritura a dicho documento, pues en otro caso dif\u00edcilmente se explicar\u00eda el precio (pactado en pesetas) y la mayor\u00eda de los restantes pactos, a pesar de que si no se hubiera hecho as\u00ed se hubiera evitado la calificaci\u00f3n negativa y la resoluci\u00f3n desestimatoria, como parece reconocer la propia DGRN.<\/p>\n

          En mi opini\u00f3n, para dejar m\u00e1s claras las cosas en este tipo de situaciones, en las escrituras\u00a0 deber\u00eda mencionarse en el otorgamiento que \u201cen ejecuci\u00f3n de lo pactado en el documento privado\u2026.venden y transmiten\u201d o expresi\u00f3n similar dejando claro que se asume y respeta lo pactado para la venta, pero que es ahora cuando se transmite.(AFS)<\/p>\n

          PDF (BOE-A-2015-6399 – 8 p\u00e1gs.<\/abbr> – 195 KB<\/abbr>)<\/a>Otros formatos<\/a><\/p>\n

          <\/a>170. EXPEDIENTE DE DOMINIO PARA REANUDACI\u00d3N DEL TRACTO. T\u00daTULO DE ADQUISICI\u00d3N.<\/span><\/strong><\/p>\n

          Resoluci\u00f3n de 13 de mayo de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci\u00f3n del registrador de la propiedad de Plasencia, por la que se suspende la inscripci\u00f3n del testimonio de un auto dictado en expediente de dominio para la reanudaci\u00f3n de tracto.<\/span><\/span><\/p>\n

          En un Auto recaido en expediente para reanudar el tracto se declara el dominio de una finca a favor de los promoventes por el titulo de herencia. Se acompa\u00f1a la <\/span>escritura de herencia, es decir, se aporta el t\u00edtulo material de los adquirentes.<\/span><\/span><\/p>\n

          El Registrador<\/b> suspende la inscripci\u00f3n por no figurar la finca en los titulos antedichos.<\/span><\/span><\/p>\n

          La <\/span><\/span>Direcci\u00f3n,<\/b><\/span><\/span> recordando su doctrina en antiguas RR (entre otras la de18 de junio de 2002<\/a>) admite el recurso pues no debe confundirse la necesidad de que el auto exprese el t\u00edtulo material de adquisici\u00f3n, pues es determinante de la forma y efectos de la inscripci\u00f3n (RR de 17 de enero de 2003 <\/a>y 24 de junio de 2011<\/a>), con la posibilidad de que el registrador exija la aportaci\u00f3n de dicho t\u00edtulo material o califique su contenido pues se interferir\u00eda en una actividad jurisdiccional que no le corresponde y, adem\u00e1s, por un procedimiento que no es jurisdiccional y respecto de una resoluci\u00f3n judicial que es firme. Es decir, <\/span><\/span>la calificaci\u00f3n por el registrador del t\u00edtulo material de adquisici\u00f3n constituye una extralimitaci\u00f3n<\/b><\/span><\/span>, ya que el t\u00edtulo inscribible no es la escritura de herencia, sino el auto reca\u00eddo en expediente de dominio.<\/span><\/span>(MN)<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

          PDF (BOE-A-2015-6400 – 4 p\u00e1gs.<\/abbr> – 163 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/span><\/p>\n

          \u00a0<\/p>\n

          <\/a>171. SENTENCIA DE NULIDAD DE PARTICI\u00d3N Y DE TRANSMISI\u00d3N POSTERIOR.\u00a0INTERVENCI\u00d3N DEL TITULAR REGISTRAL.<\/strong><\/span><\/p>\n

          Resoluci\u00f3n de 14 de mayo de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Cuevas del Almanzora a inscribir la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucci\u00f3n n.\u00ba 2 de Vera, por la que se ordena la cancelaci\u00f3n de determinados asientos registrales.<\/p>\n

          Hechos:<\/strong> Se declara la nulidad por un Juzgado de una escritura de liquidaci\u00f3n de gananciales y herencia (por haber aparecido un legitimario) y la de otra posterior de compraventa de una parte de dichos bienes hereditarios. En dicho procedimiento no ha sido demandado \u00a0el adquirente de los bienes. No obstante, mediante providencia del juzgado la juez declara que no es necesario que fuera demandado dicho comprador, porque los actos son nulos y porque no tienen buena fe, al ser hijo del causante. En realidad parece que es hijo de la vendedora.<\/p>\n

          El registrador<\/strong> suspende la inscripci\u00f3n por no haber sido demandado dicho adquirente en el mencionado procedimiento. Se\u00f1ala que admitir\u00eda la inscripci\u00f3n con una providencia judicial en la que se indicara que no se les ha causado indefensi\u00f3n judicial, a pesar de no haber sido demandados.<\/p>\n

          El interesado<\/strong> recurre y alega que al adquirente no le es de aplicaci\u00f3n el art\u00edculo 34 LH, porque es causahabiente del titular registral y porque no tienen buena fe al haber una donaci\u00f3n encubierta. Adem\u00e1s a\u00f1ade que las sentencias tienen que ser acatadas por los registradores y que la valoraci\u00f3n de la intervenci\u00f3n de los titulares registrales en el procedimiento corresponde al tribunal y no al registrador, seg\u00fan sentencia del TS que cita.<\/p>\n

          La DGRN<\/strong> comienza por afirmar la obligaci\u00f3n de los registradores de acatar las sentencias, pero tambi\u00e9n recuerda su obligaci\u00f3n de calificar los obst\u00e1culos que surjan del Registro, entre los que se encuentran la necesidad de intervenci\u00f3n de los titulares registrales en el procedimiento, para evitar su indefensi\u00f3n.<\/p>\n

          Respecto de la sentencia del TS alegada de 16 de abril de 2013 en la que se afirma que es a los jueces a quienes corresponde valorar la adecuada intervenci\u00f3n o no de los titulares registrales, se\u00f1ala la DGRN que se dict\u00f3 en el \u00e1mbito contencioso-administrativo y que no es aplicable al \u00e1mbito civil en el que rige el principio de rogaci\u00f3n de los demandantes y por tanto las personas que deben de intervenir en el procedimiento \u00a0es una cuesti\u00f3n que compete a estos y no al juez.<\/p>\n

          En el caso concreto considera que el titular registral debi\u00f3 de ser demandado en el procedimiento, o al menos tomarse anotaci\u00f3n preventiva de la demanda para evitar su indefensi\u00f3n, citando una sentencia del TS en ese sentido. No basta que haya intervenido como testigo y la providencia judicial no contribuye tampoco a aclarar las cosas. El que el titular sea hijo de la demandada y transmitente no es obst\u00e1culo para que tenga que intervenir \u00a0en el procedimiento por el cauce adecuado para defender sus derechos y evitar as\u00ed la indefensi\u00f3n prohibida por el art\u00edculo 24 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola. (AFS)<\/p>\n

          PDF (BOE-A-2015-6401 – 10 p\u00e1gs.<\/abbr> – 223 KB<\/abbr>)<\/a>Otros formatos<\/a><\/p>\n

          \u00a0<\/p>\n

          <\/a>172. NOVACI\u00d3N DE HIPOTECA EXISTIENDO CARGAS INTERMEDIAS.\u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n

          Resoluci\u00f3n de 14 de mayo de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci\u00f3n de la registradora de la propiedad de Gij\u00f3n n.\u00ba 5, por la que se suspende la inscripci\u00f3n de una escritura de pr\u00e9stamo hipotecario y de ampliaci\u00f3n y modificaci\u00f3n de hipoteca de m\u00e1ximo.<\/p>\n

          Importante y clarificadora resoluci\u00f3n, no tanto por el caso concreto que resuelve, relativo a una hipoteca en garant\u00eda de una cuenta de cr\u00e9dito, sino sobre todo porque aclara y rectifica en parte el criterio general de la DGRN sobre mantenimiento o no del rango en ampliaciones de capital y\/o de plazo.<\/p>\n

          Caso concreto resuelto:<\/strong>\u00abal tratarse de un supuesto de ampliaci\u00f3n del plazo de vencimiento de la obligaci\u00f3n, con simult\u00e1nea ampliaci\u00f3n de capital<\/strong> \u2013l\u00edmite del cr\u00e9dito\u2013 e incremento de las responsabilidad hipotecaria y concurriendo la existencia de anotaciones de embargo posteriores<\/strong>, se hace necesario el consentimiento de los titulares de dichos derechos anotados con rango posterior; de forma que la ausencia de tal consentimiento implicar\u00e1 la p\u00e9rdida del rango preferente de esa ampliaci\u00f3n, e impedir\u00e1 tambi\u00e9n la pr\u00e1ctica de la inscripci\u00f3n de la ampliaci\u00f3n de hipoteca aunque lo sea con el rango que le corresponda conforme a la fecha de su inscripci\u00f3n actual, si no media el consentimiento expreso por parte de la entidad acreedora para su inscripci\u00f3n en tales condiciones, por afectar tales estipulaciones al contenido esencial del derecho real de hipoteca (rango, plazo y responsabilidad hipotecaria).\u00bb<\/em><\/p>\n

          \"Maja<\/a>

          Maja Vestida. Museo del Prado. Francisco Goya [Public domain], via Wikimedia Commons<\/p><\/div>\n

          Doctrina general que fija esta Resoluci\u00f3n: NUEVA INTERPRETACI\u00d3N DE LA DGRN ACERCA DEL ART\u00cdCULO 4.3 DE LA LEY 41\/2007<\/a> (sobre mantenimiento o no del rango hipotecario en novaciones y ampliaciones)<\/strong><\/p>\n

          Esta resoluci\u00f3n pretende aclarar, rectificando en gran parte, el criterio de la DGRN acerca de esta espinosa materia. \u00a0<\/p>\n

          Con car\u00e1cter general se\u00f1ala que\u00a0\u201cel art\u00edculo 4.3 puede leerse (…) del siguiente modo:\u00a0<\/p>\n

          \u00abla ampliaci\u00f3n del capital no supondr\u00e1, en ning\u00fan caso, una alteraci\u00f3n o p\u00e9rdida del rango de la hipoteca inscrita, excepto cuando implique un incremento de la cifra de responsabilidad hipotecaria o exista una ampliaci\u00f3n del plazo del pr\u00e9stamo por este incremento de la responsabilidad hipotecaria o ampliaci\u00f3n del capital. \u201c<\/em><\/p>\n

          A continuaci\u00f3n se exponen de manera resumida, y sistematizada, los principales criterios interpretativos que, a nuestro entender, fija esta resoluci\u00f3n, y transcribiendo entrecomillados los fundamentos jur\u00eddicos que se estiman m\u00e1s relevantes.<\/p>\n

          SOBRE LA AMPLIACI\u00d3N DE CAPITAL:<\/strong><\/p>\n

          1.- La hipoteca se puede \u201crecargar\u201d manteniendo su rango<\/strong>,\u00a0es decir, que si se vuelve a prestar dinero hasta el l\u00edmite de las cantidades que han sido amortizadas, el nuevo importe prestado sigue estando garantizado con la misma hipoteca, sin aumentar las cifras de responsabilidad hipotecaria, y con el mismo rango registral, aunque hubiera titulares de inscripciones o anotaciones intermedias que no presten su consentimiento expreso.<\/p>\n

          \u201c se reconoce la posibilidad de la recarga de la hipoteca, entendida como la facultad de compensar las cantidades amortizadas del principal con los nuevos importes concedidos, siempre que la suma de \u00e9stos con el capital pendiente de amortizaci\u00f3n del pr\u00e9stamo primitivo no supere la cifra de capital inicialmente concedido, aunque existan acreedores intermedios, y con el mantenimiento del rango de la hipoteca que seguir\u00e1 siendo \u00fanica. \u201c<\/em><\/p>\n

          \u201c\u2026 ninguna duda cabe a este Centro Directivo que la respuesta a esa pregunta debe buscarse en la disposici\u00f3n transitoria \u00fanica<\/a> de la propia Ley 41\/2007<\/strong> que al establecer que \u00abla ampliaci\u00f3n de capital, sin alteraci\u00f3n o p\u00e9rdida de rango de la hipoteca inscrita, en los t\u00e9rminos previstos en el art\u00edculo 13, apartado 2, de la presente Ley (…) s\u00f3lo ser\u00e1 aplicable a las hipotecas constituidas a partir de la entrada en vigor de la presente Ley\u00bb, configura, a partir de su entrada en vigor, un nuevo modelo de hipoteca que se distingue del precedente<\/strong>. Por tanto, parece obligado reconocer que ese nuevo modelo es el que se debe desprender de la voluntad de los redactores de la norma de introducir la \u00abrecarga\u00bb de la hipoteca<\/strong>, como medio de flexibilizaci\u00f3n de la accesoriedad de la misma a fin de convertirla en un instrumento financiero m\u00e1s \u00fatil para el deudor.\u201d<\/em><\/p>\n

          2.- Pero si la \u201crecarga\u201d excede del importe de las cantidades previamente amortizadas, y hubiera titulares de inscripciones o anotaciones intermedias que no presten su consentimiento expreso, el exceso no puede mantener el rango,\u00a0<\/strong>sino que ha de garantizarse con segunda hipoteca, con sus propias cifras de responsabilidad hipotecaria por el exceso, y con su propio rango.<\/p>\n

          SOBRE LA AMPLIACI\u00d3N DE PLAZO:<\/strong><\/p>\n

          Es posible ampliar el plazo de la obligaci\u00f3n garantizada con la hipoteca, y la obligaci\u00f3n novada seguir\u00eda estando garantizada con la misma hipoteca, y con el mismo rango\u00a0aunque hubiera titulares de inscripciones o anotaciones intermedias que no presten su consentimiento expreso<\/strong>.<\/p>\n

          \u201cPor lo que respecta a los efectos sobre el rango de la hipoteca inscrita de la simple convenci\u00f3n de ampliaci\u00f3n del plazo de vencimiento de la obligaci\u00f3n garantizada, de las conclusiones del fundamento de derecho anterior resulta que, tanto si existen terceros titulares de derechos anotados posteriormente<\/strong>, como se ha afirmado siempre por esta Direcci\u00f3n General, como si esos terceros lo son de derechos inscritos<\/strong>, ese pacto es perfectamente v\u00e1lido e inscribible sin p\u00e9rdida de rango de la hipoteca inscrita<\/strong>, aun en ausencia del consentimiento de los titulares de esos derechos inscritos o anotados con posterioridad<\/strong>\u201d.<\/em><\/p>\n

          SOBRE LAS RELACIONES ENTRE LA AMPLIACI\u00d3N DE CAPITAL Y LA AMPLIACI\u00d3N DE PLAZO:<\/strong><\/p>\n

          1.- La recarga de la hipoteca con mantenimiento de rango s\u00f3lo es posible llevarla a cabo durante el plazo inicial.<\/strong><\/p>\n

          \u201cEn definitiva el plazo se configura, adem\u00e1s de su funci\u00f3n de amortizaci\u00f3n, como el per\u00edodo de tiempo dentro del cual es susceptible de admitirse la recarga de la hipoteca\u201d<\/em><\/p>\n

          2.- Pero si con car\u00e1cter previo, o simult\u00e1neo, o posterior a la recarga, se ha producido o se produce una ampliaci\u00f3n de plazo, tal recarga ya no conserva el rango.<\/strong><\/p>\n

          \u201c cuando la ampliaci\u00f3n del capital vaya acompa\u00f1ada, precedida o seguida, de una ampliaci\u00f3n del plazo de la obligaci\u00f3n garantizada, en cuyo caso la responsabilidad hipotecaria de la segunda hipoteca vendr\u00e1 determinada por la total cifra del nuevo capital concedido, es decir, por la cifra \u00edntegra de la ampliaci\u00f3n o aumento del capital sin que opere la recarga en cantidad alguna, m\u00e1s las correspondientes cifras para los conceptos accesorios y complementarios\u201d.<\/em><\/p>\n

          \u201cla ampliaci\u00f3n del capital sin exceder de la posible recarga<\/strong>, es decir, sin p\u00e9rdida de rango por no suponer aumento de responsabilidad hipotecaria, excluye, existiendo terceros, la posibilidad de la ampliaci\u00f3n del plazo de la obligaci\u00f3n<\/strong>.<\/em><\/p>\n

          Y, del mismo modo, la ampliaci\u00f3n del plazo<\/strong>, que como se analiza en el fundamento de Derecho sexto tampoco implica la p\u00e9rdida de rango, excluye, en presencia de terceros, la posibilidad de utilizaci\u00f3n de la recarga<\/strong> en una posterior ampliaci\u00f3n de capital. \u201c<\/em><\/p>\n

          APLICACI\u00d3N DE TALES CRITERIOS AL CASO PARTICULAR DE LOS CR\u00c9DITOS HIPOTECARIOS.<\/strong><\/p>\n

          1.- La ley 2\/1994 se aplica por igual a los pr\u00e9stamos hipotecarios y a los cr\u00e9ditos hipotecarios.<\/strong><\/p>\n

          \u201ces reiterada la doctrina de este Centro Directivo de ser aplicables las normas de la Ley 2\/1994, tanto las relativas a la subrogaci\u00f3n como a la modificaci\u00f3n, a los pr\u00e9stamos y a los cr\u00e9ditos hipotecarios \u201c<\/em><\/p>\n

          2.- Los cr\u00e9ditos, por su naturaleza, ya son recargables, pues de las cantidades amortizadas (normalmente) puede volver a disponer el acreditado durante el plazo de la cuenta corriente, y todo ello bajo la garant\u00eda de la misma hipoteca y del mismo rango.<\/strong><\/p>\n

          \u201cprecisamente el plazo de la cuenta corriente de cr\u00e9dito cumple una funci\u00f3n similar que la que tiene el plazo respecto de la recarga: determinar el plazo de amortizaci\u00f3n final y, a su vez, el tiempo en que las distintas disposiciones de capital, en los t\u00e9rminos pactados, son posibles\u201d<\/em><\/p>\n

          3.- Si se amplia el plazo del cr\u00e9dito, pero suprimiendo expresamente la posibilidad de nuevas disposiciones, s\u00ed se conservar\u00eda el rango hipotecario. En cambio, si se amplia el plazo del cr\u00e9dito pero se pacta, o se mantiene el pacto, de que el acreditado pueda volver a disponer de las cantidades ya amortizadas, no se conserva el rango.<\/strong><\/p>\n

          \u201c\u2026 precisamente el plazo de la cuenta corriente de cr\u00e9dito cumple una funci\u00f3n similar que la que tiene el plazo respecto de la recarga: determinar el plazo de amortizaci\u00f3n final y, a su vez, el tiempo en que las distintas disposiciones de capital, en los t\u00e9rminos pactados, son posibles. As\u00ed, paralelamente a lo expuesto hasta ahora, no tiene la misma transcendencia respecto de terceros inscritos o anotados la ampliaci\u00f3n del plazo de una cuenta corriente de cr\u00e9dito en que simult\u00e1neamente se suprima la posibilidad de nuevas disposiciones, porque s\u00f3lo tiene como finalidad facilitar el pago de una deuda anterior, se asimilar\u00eda a la simple ampliaci\u00f3n del plazo del pr\u00e9stamo y no exigir\u00eda el consentimiento de dichos terceros para el mantenimiento del rango de la hipoteca; y la misma ampliaci\u00f3n del plazo de la cuenta corriente de cr\u00e9dito que vaya acompa\u00f1ada de la posibilidad de disponer otra vez hasta la cifra total del cr\u00e9dito convenido y garantizado, que se asimilar\u00eda a la simult\u00e1nea ampliaci\u00f3n de capital, aunque la responsabilidad hipotecaria m\u00e1xima no se alterara, y s\u00ed exigir\u00eda dicho consentimiento de los terceros\u201d.<\/em><\/p>\n

          EN CUANTO A LA POSIBILIDAD DE QUE LA INSCRIPCI\u00d3N SE PRACTIQUE CON DISTINTO RANGO DEL SOLICITADO:<\/strong><\/p>\n

          Si se pide la inscripci\u00f3n de una novaci\u00f3n o ampliaci\u00f3n de hipoteca con mantenimiento de rango, y la calificaci\u00f3n registral estima que ello no es posible, s\u00f3lo cabe inscribir fraccionando la garant\u00eda en dos hipotecas con distinto rango si as\u00ed lo consiente el interesado:<\/strong><\/p>\n

          \u201cPor \u00faltimo, acerca de la posibilidad de practicar la registradora una inscripci\u00f3n parcial, en el sentido de inscribir de oficio la ampliaci\u00f3n de hipoteca, que se ha solicitada se inscriba con car\u00e1cter unitario con la hipoteca inscrita, como una segunda hipoteca independiente, modificando, a su vez, la primera en cuanto a sus condiciones financieras; no se considera posible si no es expresamente solicitada tal operaci\u00f3n por el interesado, ya que la rogaci\u00f3n acerca de la inscripci\u00f3n en este caso es \u00fanica (cfr. Resoluci\u00f3n de 7 de noviembre de 2012), y a que el incumplimiento de un requisito legal necesario para que la inscripci\u00f3n se pueda practicar en los t\u00e9rminos solicitados por el presentante, cuando el mismo constituye un elemento delimitador esencial del derecho real de hipoteca o de su operatividad, como es en este caso el rango, hace precisa una solicitud expresa de inscripci\u00f3n en los distintos t\u00e9rminos que sea posible<\/strong> (cfr. art\u00edculos 19 bis<\/a> y 322 de la Ley Hipotecaria<\/a> y Resoluciones de 18 de febrero<\/a> y 12 de septiembre de 2014<\/a>). \u201c<\/em>(JDR)<\/p>\n

          PDF (BOE-A-2015-6402 – 13 p\u00e1gs.<\/abbr> – 242 KB<\/abbr>)<\/a>Otros formatos<\/a><\/p>\n

          \u00a0<\/p>\n

          <\/a>173. Pr\u00f3rroga de anotaci\u00f3n de embargo.<\/span><\/strong><\/p>\n

          NO CABE PASADOS LOS CUATRO A\u00d1OS AUNQUE MANDAMIENTO SEA ANTERIOR.<\/strong> Resoluci\u00f3n de 19 de mayo de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de San Sebasti\u00e1n de los Reyes n.\u00ba 2 a practicar la pr\u00f3rroga de determinada anotaci\u00f3n preventiva de embargo ordenada por mandamiento de secretaria judicial.<\/p>\n

          Supuesto de hecho.\u00a0<\/strong>\u00a0<\/strong>Se presenta mandamiento judicial ordenando la pr\u00f3rroga de una anotaci\u00f3n preventiva de embargo, concurriendo las siguientes circunstancias: a) el mandamiento se libra antes de la caducidad de la anotaci\u00f3n. b) Se presenta en el Registro antes de la caducidad por medio de telefax, pero no se consolida dicha presentaci\u00f3n en los diez d\u00edas siguientes mediante la presentaci\u00f3n material del mandamiento (art. 418.5 RH y 162 y 164 LECivil). c) Cuando se presenta el mandamiento judicial ya hab\u00eda caducado la anotaci\u00f3n preventiva cuya prorroga se ordena.<\/p>\n

          \u00bfCabe practicar la pr\u00f3rroga ordenada<\/u>? NO<\/strong>.<\/p>\n

          Doctrina DGRN<\/strong>.<\/p>\n

          1<\/strong>. La caducidad de las anotaciones opera de forma autom\u00e1tica, de modo que no cabe pr\u00f3rroga si el mandamiento se presenta cuando ya ha caducado el asiento, aunque se hubiera expedido antes.<\/p>\n

          En este sentido, el art\u00edculo 86 LH determina que las anotaciones preventivas, cualquiera que sea su origen, caducar\u00e1n a los cuatro a\u00f1os de la fecha de la anotaci\u00f3n misma, salvo aqu\u00e9llas que tengan se\u00f1alado en la Ley un plazo m\u00e1s breve, pudiendo prorrogarse por un plazo de cuatro a\u00f1os m\u00e1s siempre que el mandamiento ordenando la pr\u00f3rroga sea presentado antes de que caduque el asiento.<\/p>\n

          2<\/strong>. No se altera lo dicho si el mandamiento es de fecha anterior a la caducidad pero se presenta una vez caducada la anotaci\u00f3n preventiva.<\/p>\n

          En el caso de la resoluci\u00f3n, el mandamiento se presenta antes de la caducidad por medio de telefax pero no se consolida dicha presentaci\u00f3n en los diez d\u00edas siguientes mediante la presentaci\u00f3n material del mandamiento (art. 418.5 RH y 162 y 164 LECivil. Por tal motivo, la anotaci\u00f3n ya est\u00e1 caducada y no cabe la pr\u00f3rroga.<\/p>\n

          Comentario<\/strong>.\u00a0La DGRN reitera su doctrina sobre caducidad de las anotaciones mantenida en numerosas resoluciones. Se destaca en este caso la circunstancia de haberse practicado una previa presentaci\u00f3n por telefax del mandamiento, la cual no fue consolidada en los diez d\u00edas siguientes, como determina el art. 418.5 del Reglamento Hipotecario. Caducada la presentaci\u00f3n mediante telefax\u00a0 decaen todos sus efectos y no impide la caducidad de la anotaci\u00f3n, que se produce antes de la presentaci\u00f3n del mandamiento, raz\u00f3n por la que \u00e9ste no puede ser atendido.\u00a0(JAR)<\/p>\n

          PDF (BOE-A-2015-7252 – 3 p\u00e1gs.<\/abbr> – 158 KB<\/abbr>)<\/a>Otros formatos<\/a><\/p>\n

          \u00a0<\/p>\n

          <\/a>174. Cesi\u00f3n de bienes por asistencia con condici\u00f3n resolutoria.\u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n

          Resoluci\u00f3n de 19 de mayo de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Alicante n.\u00ba 3 a inscribir una escritura de \u00abcesi\u00f3n de bienes por asistencia\u00bb.<\/p>\n

          Supuesto de hecho.\u00a0<\/strong>Se presenta a inscripci\u00f3n un contrato de alimentos o de \u00abcesi\u00f3n de bienes por asistencia\u00bb<\/em> en el que se garantiza con condici\u00f3n resolutoria el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el cesionario o alimentante.<\/p>\n

          \u00a0La discusi\u00f3n gira en torno al contenido de la condici\u00f3n resolutoria, que dice as\u00ed:: \u00abEl incumplimiento por los cesionarios de la obligaci\u00f3n de asistencia dar\u00e1 lugar a la resoluci\u00f3n de pleno derecho de la transmisi\u00f3n operada por esta escritura, recuperando el cedente la nuda propiedad de los bienes cedidos y sin derecho por aquellos a indemnizaci\u00f3n alguna, a pesar del tiempo que pudiera haber transcurrido. El incumplimiento podr\u00e1 acreditarse por cualquier medio admitido en Derecho, y especialmente por el requerimiento fehaciente de resoluci\u00f3n por incumplimiento que haga la parte cedente a la obligada a la asistencia, si \u00e9sta no se opusiere a dicha resoluci\u00f3n en el plazo de diez d\u00edas contados desde la notificaci\u00f3n. El cedente se reserva el usufructo vitalicio de las fincas descritas\u00bb<\/p>\n

          El Registrador deniega la inscripci\u00f3n solicitada porque, a su juicio, la condici\u00f3n resolutoria no se ajusta\u00a0 a la doctrina de la DGRN\u00a0 sobre los requisitos que debe cumplir la condici\u00f3n resolutoria.<\/p>\n

          \u00bfEs inscribible la condici\u00f3n resolutoria pactada<\/u>? SI<\/strong>.<\/p>\n

          Doctrina de la DGRN<\/strong><\/p>\n

          1<\/strong>. Aunque para inscribir la condici\u00f3n resolutoria se deba cumplir la doctrina la DGRN sobre la materia, el componente personal del contrato de alimentos modaliza justificadamente dichos requisitos. Adem\u00e1s, una cosa es la inscripci\u00f3n del pacto y otra su eventual din\u00e1mica posterior, pues ser\u00e1 en el momento de la resoluci\u00f3n cuando se examine el cumplimiento de los requisitos previstos.<\/p>\n

          2<\/strong>. No es obst\u00e1culo para la inscripci\u00f3n el hecho de que se estipule que en caso de resoluci\u00f3n de la transmisi\u00f3n por incumplimiento de los cesionarios \u00e9stos no tengan derecho a indemnizaci\u00f3n<\/strong> alguna. La asistencia personal, causa de la transmisi\u00f3n dominical, ofrece unos perfiles bien singulares, pues no en vano las partes expresamente declaran ser imposibles de traducirse en un valor econ\u00f3mico la atenci\u00f3n y cuidado personal a que se refiere dicha asistencia, con lo que mal puede exigirse al cedente que pretenda hacer valer la resoluci\u00f3n que devuelva algo que no est\u00e1 cuantificado.<\/p>\n

          3<\/strong>. Adem\u00e1s, una cosa es la inscripci\u00f3n del pacto y otra su eventual din\u00e1mica posterior para obtener la reinscripci\u00f3n del bien a resultas de la resoluci\u00f3n, pues ser\u00e1 en ese momento cuando deba examinarse el cumplimiento de los requisitos necesarios.<\/p>\n

          Comentario<\/strong>.sobre el contrato de alimentos<\/strong>.<\/p>\n

          Regulaci\u00f3n.\u00a0<\/strong>Tras ser incorporados al CC por la Ley 41\/2003, de 18 de noviembre, su regulaci\u00f3n se encuentra en el t\u00edtulo XII del libro IV del C\u00f3digo Civil (art\u00edculos\u00a01791 a 1797<\/a>), dedicado a los contratos aleatorios.<\/p>\n

          Se trata, dice la Resoluci\u00f3n, de una regulaci\u00f3n suficiente de la obligaci\u00f3n alimenticia convencionalmente pactada y distinta de la obligaci\u00f3n legal de alimentos.<\/p>\n

          Previamente, se hab\u00edan admitido estos contratos por la Jurisprudencia y la doctrina de la DGRN. Se trataba de contratos innominados fruto de la facultad de autorregulaci\u00f3n reconocida a la autonom\u00eda de la voluntad de las personas a la hora de regular sus relaciones jur\u00eddicas dentro del marco previsto por el Ordenamiento.<\/p>\n

          2. Concepto.\u00a0<\/strong>Es el contrato por el que las partes, al amparo del principio de libertad de estipulaci\u00f3n, pactan que una de ellas se obligue respecto de la otra a prestarle alimentos en la extensi\u00f3n, amplitud y t\u00e9rminos que convengan mediante la contraprestaci\u00f3n que fijen.<\/p>\n

          3. Naturaleza.\u00a0<\/strong>Antes de su regulaci\u00f3n en el CC, ya se hab\u00eda puesto de manifiesto por la doctrina del Tribunal Supremo las Resoluciones de 16 de octubre de 1989 y 26 de abril de 1991, que el contrato de vitalicio era un contrato aut\u00f3nomo, entonces innominado y at\u00edpico, distinto de la renta vitalicia, con sus variedades propias seg\u00fan los fines perseguidos, y regidos por los pactos, cl\u00e1usulas y condiciones que se incorporen al mismo dentro de los l\u00edmites fijados por el art\u00edculo 1255 y, subsidiariamente, por las normas generales de las obligaciones. La regulaci\u00f3n actual no hace sino confirmar la doctrina expuesta.<\/p>\n

          4. Caracteres.<\/strong><\/p>\n

          Son contratos onerosos<\/strong>, en los que la causa es, para una de las partes, la transmisi\u00f3n que la otra le hace de un capital o de unos bienes, y para \u00e9sta, el alojamiento, manutenci\u00f3n y toda clase de asistencia durante toda su vida, que aqu\u00e9lla se obliga a prestarle (o la prestaci\u00f3n de los servicios, cuidados y atenciones, durante todo el tiempo de la \u00abvida contemplada\u00bb. Cfr., por todas, las Sentencias del Tribunal Supremo de 1 de julio de 1982 y 3 de noviembre de 1988).<\/p>\n

          \u00a0Son aleatorios<\/strong>, pues, aparte la transcendencia que pueda tener el car\u00e1cter normalmente variable de la extensi\u00f3n y contenido de la obligaci\u00f3n alimenticia, la duraci\u00f3n de dicha prestaci\u00f3n es indeterminada, como lo es la duraci\u00f3n de la vida del alimentista.<\/p>\n

          \u00a0Son naturalmente vitalicios<\/strong>, como resulta del art\u00edculo 1791 del C\u00f3digo Civil<\/a>\u00a0al referirse a la obligaci\u00f3n de proporcionar vivienda, manutenci\u00f3n y asistencia de todo tipo a una persona \u00abdurante su vida\u00bb, sin perjuicio de las modalizaciones que respecto de esta cuesti\u00f3n puedan establecerse en virtud del principio de la autonom\u00eda de la voluntad. Asimismo, son bilaterales<\/strong>, en tanto que surgen obligaciones rec\u00edprocas para ambas partes contratantes, de lo que se deriva la posible resoluci\u00f3n por incumplimiento.<\/p>\n

          5<\/strong>. La condici\u00f3n resolutoria<\/strong> en el contrato de alimentos.\u00a0La posibilidad de garantizar las prestaciones del contrato de alimentos con una condici\u00f3n resolutoria viene expresamente admitida en el art\u00edculo 1797 del C\u00f3digo Civil<\/a>. No obstante,dicha posibilidad ya ven\u00eda siendo admitida por el Centro Directivo (vgr<\/em> RR 16 de octubre de 1989 y 26 de abril de 1991).\u00a0(JAR)<\/p>\n

          PDF (BOE-A-2015-7253 – 10 p\u00e1gs.<\/abbr> – 213 KB<\/abbr>)<\/a>Otros formatos<\/a><\/p>\n

          \u00a0<\/p>\n

          <\/a>175. Venta por ejecuci\u00f3n extrajudicial. Notificaci\u00f3n fuera del domicilio.<\/span><\/strong><\/p>\n

          Resoluci\u00f3n de 20 de mayo de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Lepe a inscribir una escritura de compraventa de finca subastada en procedimiento de ejecuci\u00f3n extrajudicial.<\/p>\n

          Supuesto de hecho.\u00a0<\/strong>Presentada en el Registro de la Propiedad escritura de venta otorgada en virtud de ejecuci\u00f3n extrajudicial, se deniega su inscripci\u00f3n porque la notificaci\u00f3n\/requerimiento al deudor no se practic\u00f3 en la forma prevista por el art\u00edculo 236-c del Reglamento Hipotecario<\/a>, pues, resultando infructuosa la notificaci\u00f3n personal en el domicilio fijado por las partes a los efectos de ejecuci\u00f3n e inscrito, no se procedi\u00f3 a practicar las notificaciones subsidiarias legalmente previstas, sino que se le notific\u00f3 al mismo deudor, a instancia de la entidad acreedora, en un domicilio distinto al consignado por las partes en la cl\u00e1usula de ejecuci\u00f3n extrajudicial. El deudor consinti\u00f3 la notificaci\u00f3n luego de ser debidamente identificado por el Notario.<\/p>\n

          \u00bfEs v\u00e1lida la notificaci\u00f3n hecha<\/u>? SI<\/strong>.<\/p>\n

          Doctrina DGRN<\/strong>.\u00a0Declarada v\u00e1lido el requerimiento hecho en domicilio distinto al inscrito cuando el deudor \u00e9ste lo consiente y es debidamente identificado por el Notario, y ello aun cuando no se hubieran hecho las notificaciones subsidiarias previstas por el Reglamento Hipotecario para estos casos (art. 236-c).<\/p>\n

          Aunque, como sucede en el caso, el Notario no haya realizado las notificaciones subsidiarias<\/strong> a terceras personas, (ex art\u00edculo 236-c), no ser\u00eda congruente provocar la terminaci\u00f3n del procedimiento por la imposibilidad de realizar la notificaci\u00f3n el domicilio se\u00f1alado, cuando no se plantea ning\u00fan problema en torno a la protecci\u00f3n de los derechos del deudor<\/strong>, quien en el presente caso fue debidamente identificado, notificado y requerido de pago en forma personal a trav\u00e9s de la correspondiente actuaci\u00f3n notarial, y que no s\u00f3lo admiti\u00f3 la notificaci\u00f3n sino que consinti\u00f3 con las consecuencias de la ejecuci\u00f3n como resulta del otorgamiento de la escritura.<\/p>\n

          Comentario<\/strong>.\u00a0Siguiendo el texto de la Resoluci\u00f3n, puede esquematizarse su respuesta destacando lo siguiente:<\/p>\n

          1<\/strong>, En el procedimiento de venta extrajudicial hay dos aspectos fundamentales que deben ser observados en la actuaci\u00f3n notarial: (a) el car\u00e1cter formal del procedimiento<\/strong>, al que debe ajustarse la actuaci\u00f3n notarial (b)<\/strong> E \u00edntimamente relacionado con lo anterior, la salvaguarda de los derechos del deudor<\/strong>.<\/p>\n

          2<\/strong>. Admitido el car\u00e1cter formal del procedimiento, lo que se cuestiona es si su aplicaci\u00f3n debe ser siempre rigurosa y estrictamente literal, o si cabe excepcionalmente una interpretaci\u00f3n flexible a la luz de las circunstancias del caso concreto y siempre que las garant\u00edas y derechos del deudor no se vean disminuidos.<\/p>\n

          3<\/strong>. Concretamente, en cuanto al lugar del requerimiento de pago al deudor, dice la R.17 enero 2013 que,\u00absiendo el objeto del requerimiento la notificaci\u00f3n de la existencia de las actuaciones notariales y la intimaci\u00f3n a realizar el pago, s\u00f3lo si queda acreditado bajo la fe del Notario que el destinatario tiene cabal conocimiento de su contenido y de su fecha es admisible considerar practicada la diligencia y llevado a cabo el tr\u00e1mite en t\u00e9rminos que no violenten sus derechos constitucionales. As\u00ed ocurrir\u00e1 si conocido el paradero del destinatario el Notario lleva a cabo la diligencia con consentimiento de aqu\u00e9l y previa su identificaci\u00f3n (art\u00edculo 202 del Reglamento Notarial) o si el propio destinatario, conocedor de la circunstancia, se persona ante el Notario al efecto de recibir el requerimiento. En ninguno de estos supuestos se perjudica la posici\u00f3n jur\u00eddica del destinatario ni su derecho a reaccionar en la forma que el ordenamiento le permite\u00bb<\/p>\n

          Conclusi\u00f3n<\/strong>.\u00a0El fallo de la Resoluci\u00f3n es una buena muestra de lo que debe ser la interpretaci\u00f3n l\u00f3gica y finalista de la norma jur\u00eddica. Una vez destacado que el procedimiento previsto es de obligada observancia por el Notario, admite que, a la vista de las circunstancias del caso, y siempre que los derechos del deudor no se vean perjudicados, se puedan exceptuar tr\u00e1mites cuya importancia es relativa, m\u00e1xime cuando son suplidos por actuaciones que suponen mayor garant\u00eda para el deudor, como es el caso contemplado.\u00a0(JAR)<\/p>\n

          PDF (BOE-A-2015-7254 – 6 p\u00e1gs.<\/abbr> – 178 KB<\/abbr>)<\/a>Otros formatos<\/a><\/p>\n

          \u00a0<\/p>\n

          <\/a>176. Dep\u00f3sito de cuentas.<\/span><\/strong>^<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n

          HOJA CERRADA POR BAJA PROVISIONAL EN EL \u00cdNDICE DE LA AGENCIA TRIBUTARIA. PESE AL CIERRE DE HOJA PROCEDE EL DEP\u00d3SITO DE CUENTAS EN BASE AL ART\u00cdCULO 96 DEL RRM.<\/strong>\u00a0Resoluci\u00f3n de 20 de mayo de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci\u00f3n extendida por el registrador mercantil y de bienes muebles de Albacete, por la que se rechaza el dep\u00f3sito de cuentas de una sociedad correspondiente al ejercicio 2013.<\/p>\n

          Hechos:<\/strong> Se solicita el dep\u00f3sito de cuentas<\/strong> de una sociedad.<\/p>\n

          El registrador suspende<\/strong> el dep\u00f3sito por baja provisional de Hacienda<\/strong>, por d\u00e9bitos en el Impuesto de Sociedades, de conformidad con lo establecido en el Art\u00edculo 96 del Reglamento del Registro Mercantil<\/strong> y art\u00edculo 131 del R.D. 4\/2004.<\/strong><\/p>\n

          Se interpone el recurso alegando que lo que la sociedad quiere es disolverse.<\/p>\n

          El registrador alega que el recurso es extempor\u00e1neo<\/strong>.<\/p>\n

          Doctrina:<\/strong> La DG estima el recurso<\/strong>revocando<\/strong> la nota de calificaci\u00f3n.<\/p>\n

          Lo primero que hace la DG es rechazar<\/strong> el car\u00e1cter extempor\u00e1neo del recurso por falta de prueba de la notificaci\u00f3n realizada<\/strong> y en base a la doctrina de \u201cin dubio pro accione\u201d.<\/strong><\/p>\n

          A\u00f1ade que su doctrina, en aplicaci\u00f3n del RD de 2004, TRLIS, es que del cierre de hoja s\u00f3lo quedan exceptuados los asientos ordenados por la autoridad judicial.<\/strong><\/p>\n

          Recuerda que \u201cla regulaci\u00f3n actual se contiene en el art\u00edculo 119.2 de la Ley 27\/2014, de 27 de noviembre<\/strong>, del Impuesto sobre Sociedades que dice as\u00ed: \u00abEl acuerdo de baja provisional ser\u00e1 notificado al registro p\u00fablico correspondiente, que deber\u00e1 proceder a extender en la hoja abierta a la entidad afectada una nota marginal en la que se har\u00e1 constar que, en lo sucesivo, no podr\u00e1 realizarse ninguna inscripci\u00f3n<\/strong> que a aqu\u00e9lla concierna sin presentaci\u00f3n de certificaci\u00f3n de alta en el \u00edndice de entidades\u00bb.<\/p>\n

          Pese al cambio de norma su doctrina sigue siendo la misma.<\/p>\n

          Ahora bien concluye<\/strong> de forma inesperada que dado \u201cel \u00fanico reproche que hace la nota de defectos a la pr\u00e1ctica del dep\u00f3sito de cuentas es la existencia de la nota marginal de cierre<\/strong> producida por la baja provisional de la sociedad en el \u00cdndice de Sociedades de la Agencia Estatal de Administraci\u00f3n Tributaria\u201d, no puede confirmarse la nota de calificaci\u00f3n pues el art\u00edculo 96 del RRM except\u00faa del cierre la pr\u00e1ctica de los dep\u00f3sitos de cuentas<\/strong> de la sociedad.<\/p>\n

          Por ello es improcedente \u201caplicar al supuesto contemplado las consecuencias derivadas del cierre registral derivado de la baja provisional en el \u00cdndice de la Agencia Estatal de Administraci\u00f3n Tributaria\u201d.<\/p>\n

          Comentario:<\/strong> Realmente nos ha sorprendido<\/strong> la resoluci\u00f3n pues, por citar otra resoluci\u00f3n, en la de 4 de octubre de 2007<\/a>, citada tambi\u00e9n en el vistos de la resoluci\u00f3n que resumimos, la DG, a la vista del\u00a0art. 131<\/a>\u00a0del RDL 4\/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el TR de la LIS,\u00a0citado por el registrador en su nota, confirm\u00f3 la nota de calificaci\u00f3n<\/strong>, en un caso de cese de administrador, a\u00f1adiendo que la rigidez en el cierre del Registro por Baja en el \u00cdndice de Entidades est\u00e1 plenamente justificada pues \u201cse produce por un incumplimiento de obligaciones fiscales por parte de la compa\u00f1\u00eda mercantil…. de las que puede responder el administrador, por lo que no debe facilitarse su desvinculaci\u00f3n frente a terceros\u201d y a\u00f1ad\u00eda que dado que dicho TR es posterior al RRM, el\u00a0art. 96<\/a>\u00a0de dicho reglamento debe entenderse t\u00e1citamente derogado.\u00a0Por tanto una vez extendida la baja no puede practicarse inscripci\u00f3n alguna en la hoja de la sociedad mientras no sea rehabilitada la misma<\/strong>. Tampoco los dep\u00f3sitos de cuentas pese a lo que dice el citado art. 96 RRM.<\/p>\n

          Si como dijo la DG en el a\u00f1o 2007 el art\u00edculo 96 del RRM estaba t\u00e1citamente derogado, dicho art\u00edculo no deber\u00eda ser aplicable al supuesto de hecho contemplado por la resoluci\u00f3n.<\/p>\n

          Tambi\u00e9n las resoluciones de \u00a030 de julio de 2009<\/a>,\u00a0R. 1 de marzo de 2010<\/a>, establecieron que el cierre por baja en el \u00edndice de entidades es absoluto, salvo para documentos otorgados por la autoridad judicial y por tanto se comprend\u00edan los dep\u00f3sitos de cuentas de la sociedad.<\/p>\n

          Por citar finalmente otra citaremos la de 21 de marzo de 2014,<\/a> en la que la DG aclara, como ya tambi\u00e9n lo hab\u00eda hecho en otras resoluciones, que en caso de baja los \u00fanicos asientos que se pueden practicar son s\u00f3lo los de alta en dicho \u00cdndice, y seg\u00fan el art\u00edculo 96 del Reglamento del Registro Mercantil, los asientos ordenados por la autoridad judicial.<\/strong><\/p>\n

          No sabemos si el problema reside en que la nota no era lo suficientemente clara o que el registrador en la misma citaba al art\u00edculo 96 de forma expresa, pero lo cierto es que la doctrina que la DG sienta en esta resoluci\u00f3n es contraria y se separa de su doctrina sentada en otras muchas resoluciones. Quiz\u00e1s por ello merezca un detallado estudio. JAGV.<\/p>\n

          PDF (BOE-A-2015-7255 \u2013 3\u00a0p\u00e1gs.\u00a0\u2013 154\u00a0KB)<\/a>Otros formatos<\/a><\/p>\n

          \u00a0<\/p>\n

          <\/a>177. Diligencia de subsanaci\u00f3n del art. 243 RN.<\/span><\/strong><\/p>\n

          Resoluci\u00f3n de 21 de mayo de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Valencia n.\u00ba 3 a inscribir una escritura de ampliaci\u00f3n de pr\u00e9stamo hipotecario.<\/p>\n

          \u00a0\u00a0\u00a0Hechos<\/u><\/strong>: Se formaliza escritura de ampliaci\u00f3n de un pr\u00e9stamo hipotecario, la cual se califica negativamente por la registradora. Posteriormente se formaliza por el notario, con intervenci\u00f3n de las mismas partes intervinientes<\/strong> en la escritura, una diligencia de rectificaci\u00f3n y complementaria de aquella<\/strong>, la cual se traslada por el notario a la copia en seis folios de papel notarial.<\/p>\n

          \u00a0\u00a0 Dicha diligencia es calificada por el notario autorizante de \u201cnota\u201d, ya que indica que \u201cpara subsanar determinado error, extiendo la presente nota, de conformidad con el art\u00edculo 243 del Reglamento Notarial<\/a>, en el pen\u00faltimo folio de la copia que es de la serie X y folio XX y siguientes en orden y n\u00famero WW y tres siguientes en orden correlativo..\u201d<\/p>\n

          Registradora<\/strong>: Suspende la inscripci\u00f3n del t\u00edtulo \u201cya que no es una diligencia para corregir un error, sino que se trata de una rectificaci\u00f3n de la escritura, por una diligencia en que comparecen las partes, que emiten sendas declaraciones de voluntad y dan\u00a0 nueva redacci\u00f3n a determinadas estipulaciones, finalidad del pr\u00e9stamo, intereses de demora y responsabilidad hipotecaria por \u00e9stos\u201d. Adem\u00e1s se ha extendido en la escritura, tras la nota de calificaci\u00f3n de la registradora, extendida en folios en parte inutilizados, y adem\u00e1s los nuevos folios no son correlativos\u201d, por lo que el testimonio no re\u00fane los requisitos que exige el Reglamento Notarial.<\/p>\n

          \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Direcci\u00f3n General<\/strong>: Tras de reconocer las razones de la registradora, ya que no se trata de diligencia de subsanaci\u00f3n por error en copia, a que se refiere el art 243 RN<\/a> \u201cque hace alusi\u00f3n a la rectificaci\u00f3n de los errores en copia y no en la matriz<\/strong>, y que lo autorizado es realmente un testimonio de la diligencia de subsanaci\u00f3n y complemento de la matriz, el cual se ha trasladado a la copia\u201d pero finalmente la DG acepta el recurso ya que \u201ces irrelevante para la existencia de dicha subsanaci\u00f3n el que se haya extendido en folios de papel timbrado inutilizados por la nota de calificaci\u00f3n de la registradora y en folios no correlativos\u201d al margen del incumplimiento del notario de un deber\u00a0 reglamentario que pudiera originar responsabilidad disciplinaria\u201d (JLN)<\/p>\n

          PDF (BOE-A-2015-7256 – 6 p\u00e1gs.<\/abbr> – 180 KB<\/abbr>)<\/a>Otros formatos<\/a><\/p>\n

          \u00a0<\/p>\n

          <\/a>178. Sentencia dictada en rebeld\u00eda procesal de los demandados.<\/span><\/strong><\/p>\n

          Resoluci\u00f3n de 21 de mayo de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci\u00f3n extendida por la registradora de la propiedad de Arganda del Rey n.\u00ba 1, por la que se suspende la inscripci\u00f3n de una sentencia.<\/p>\n

          Reitera la doctrina de la Direcci\u00f3n seg\u00fan la cual para inscribir Sentencias dictadas en rebeld\u00eda procesal de los demandados, y de acuerdo con el art. 524.4 LEC<\/a>, es preciso que, adem\u00e1s de ser firme, haya transcurrido el plazo del recurso de audiencia al rebelde de los arts 501 y 502<\/a> de la misma Ley, y que el transcurso de tales plazos debe resultar del propio documento presentado a la calificaci\u00f3n o bien de otro documento que lo complemente: como se ha afirmado reiteradamente s\u00f3lo el Juzgado ante el que se siga el procedimiento podr\u00e1 aseverar tanto el cumplimiento de los plazos que resulten de aplicaci\u00f3n, como el hecho de haberse interpuesto o no la acci\u00f3n rescisoria<\/strong>.\u00a0 (MN)<\/p>\n

          PDF (BOE-A-2015-7257 – 3 p\u00e1gs.<\/abbr> – 157 KB<\/abbr>)<\/a>Otros formatos<\/a><\/p>\n

           <\/p>\n

          <\/a>179.\u00a0<\/strong><\/span>Nombramiento de auditor por el \u00f3rgano de administraci\u00f3n con hoja cerrada<\/strong><\/span><\/p>\n

          FALTA DE DEP\u00d3SITO DE CUENTAS. ^<\/a>\u00bfSER\u00cdA INSCRIBIBLE SI LA HOJA NO ESTUVIERA CERRADA?\u00a0<\/strong>Resoluci\u00f3n de 21 de mayo de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci\u00f3n extendida por la registradora mercantil y de bienes muebles VIII de Madrid, por la que se suspende la inscripci\u00f3n de un nombramiento de auditor voluntario.<\/p>\n

          Hechos:<\/strong> Se solicita por el administrador solidario<\/strong> de una sociedad la inscripci\u00f3n del nombramiento de auditor titular<\/strong> y suplente realizado por \u00e9l mismo con car\u00e1cter voluntario<\/strong>.<\/p>\n

          La registradora suspende<\/strong> la inscripci\u00f3n por estar cerrada la hoja<\/strong> por falta del dep\u00f3sito <\/strong>de cuentas de la sociedad-<\/p>\n

          La interesada recurre alegando la validez del nombramiento.<\/p>\n

          Doctrina:<\/strong> La DG confirma<\/strong> la nota de calificaci\u00f3n.<\/p>\n

          Reitera que el cierre del Registro constituye una sanci\u00f3n contra la sociedad por el incumplimiento de una obligaci\u00f3n legal (vid. Resoluci\u00f3n de 28 de enero de 2015<\/a>,). La sanci\u00f3n s\u00f3lo se levanta en los supuestos contemplados en la Ley cuyo contenido desarrolla el art\u00edculo 378 del Reglamento del Registro Mercantil<\/a> y entre los cuales no est\u00e1 el nombramiento voluntario de auditor llevado a cabo por el \u00f3rgano de administraci\u00f3n. A\u00f1ade la DG que no entra en la validez del nombramiento.<\/p>\n

          Comentario:<\/strong> El verdadero problema que plantea esta resoluci\u00f3n no es el del cierre del registro por falta del dep\u00f3sito de cuentas de la sociedad, problema claro y de clara soluci\u00f3n, sino si es o no inscribible el nombramiento de un auditor voluntario por parte del \u00f3rgano de administraci\u00f3n de la sociedad<\/strong>. Es decir si ese nombramiento de auditor por el \u00f3rgano de administraci\u00f3n\u00a0puede inscribirse<\/strong>\u00a0en la hoja de la sociedad, se trate de nombramiento voluntario por no estar la sociedad obligada a verificaci\u00f3n contable o se trate de un nombramiento obligado por existir esa necesidad de verificaci\u00f3n.<\/p>\n

          A este respecto\u00a0el art. 160, b. de la LSC<\/a> es claro<\/strong>: La\u00a0competencia<\/strong>\u00a0para el nombramiento de auditores es de la\u00a0junta general de la sociedad<\/strong>. Parece que la Ley se est\u00e1 refiriendo a los casos en que la auditor\u00eda es obligatoria, pero ello no es \u00f3bice para que la misma junta pueda nombrar auditor de cuentas de forma totalmente voluntaria o incluso para evitar el nombramiento por el Registrador Mercantil en los supuestos contemplados en el art. 265.2 de la LSC<\/a> o el art. 363 del RRM.<\/p>\n

          Pero \u00bfquiere lo anterior decir que el \u00f3rgano de administraci\u00f3n no pueda, si as\u00ed el interesa a la sociedad, nombrar un auditor de forma voluntaria?<\/strong> De ninguna de las maneras pues dentro de las facultades de gesti\u00f3n del \u00f3rgano de administraci\u00f3n, puede entrar perfectamente la posibilidad de nombrar un auditor de cuentas para la mejor gesti\u00f3n de la sociedad y para la clarificaci\u00f3n y control de su contabilidad. Por ello nosotros no cuestionamos la validez del nombramiento, como parece hacer la DG, sino que lo que cuestionamos es si ese nombramiento es o no inscribible<\/strong> en la hoja de la sociedad.<\/p>\n

          En principio nos inclinamos por una\u00a0respuesta negativa<\/strong>. Como ya apuntara el propio Centro Directivo en su resoluci\u00f3n de 20 de junio de 1998<\/strong><\/a>,<\/strong> ese nombramiento voluntario, hecho por el \u00f3rgano de administraci\u00f3n de la sociedad, es un\u00a0mero contrato de arrendamiento de servicios<\/strong>\u00a0y como tal contrato no es materia inscribible en el registro mercantil. Por tanto expresamos nuestra dudas<\/strong> de que los nombramientos de auditores hechos por el \u00f3rgano de administraci\u00f3n de la sociedad, sean inscribibles en la hoja abierta a la sociedad, sea cual sea la causa de ese nombramiento y todo ello sin entrar en las consecuencias que dicho nombramiento pueda tener en relaci\u00f3n a un expediente de auditor a petici\u00f3n de la minor\u00eda que suele ser la causa de su nombramiento. (JAGV).<\/p>\n

          PDF (BOE-A-2015-7258 \u2013 2 p\u00e1gs. \u2013 151 KB)<\/a>Otros formatos<\/a><\/p>\n

          \u00a0<\/p>\n

          180. <\/span>C<\/span>ancelaci\u00f3n de anotaci\u00f3n preventiva de constancia de procedimiento de disciplina urban\u00edstica<\/span><\/strong><\/p>\n

          Resoluci\u00f3n de 22 de mayo de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Madrid n.\u00ba 6 a la cancelaci\u00f3n de una anotaci\u00f3n preventiva de constancia de procedimiento de disciplina urban\u00edstica.<\/p>\n

          El registrador suspende la calificaci\u00f3n del documento de solicitud de cancelaci\u00f3n de la anotaci\u00f3n preventiva, la letra A de la finca 79.285, porque considera que el plazo de calificaci\u00f3n no comienza hasta el despacho del documento previo (de pr\u00f3rroga de la anotaci\u00f3n preventiva referida) y la de \u00e9ste no comienza mientras no se notifique al Registro de la Propiedad la definitiva resoluci\u00f3n judicial firme que pone fin al recurso interpuesto mediante la citada demanda en juicio verbal.<\/p>\n

          La DGRN confirma la suspension de la calificaci\u00f3n, diciendo que \u00abDada la vigencia de los asientos de presentaci\u00f3n anteriores al del documento cuya calificaci\u00f3n ha motivado el presente recurso, lo procedente es aplazar o suspender la calificaci\u00f3n de dicho documento mientras no se despachen los t\u00edtulos previamente presentados, como resulta impl\u00edcitamente de lo dispuesto en los art\u00edculos 111, p\u00e1rrafo tercero, y 432.2 del Reglamento Hipotecario al regular las pr\u00f3rrogas del asiento de presentaci\u00f3n. Este criterio se encuentra confirmado en el art\u00edculo 18.2.\u00ba de la Ley Hipotecaria, seg\u00fan redacci\u00f3n dada por la Ley 24\/2005, de 18 de noviembre, al establecer que el plazo m\u00e1ximo para inscribir el documento es el de quince d\u00edas contados desde la fecha del asiento de presentaci\u00f3n, pero si existiera pendiente de inscripci\u00f3n un t\u00edtulo presentado con anterioridad, el plazo de quince d\u00edas se computa desde la fecha de la inscripci\u00f3n del t\u00edtulo previo.\u00bb\u00a0(JDR)<\/p>\n

          PDF (BOE-A-2015-7259 – 5 p\u00e1gs.<\/abbr> – 171 KB<\/abbr>)<\/a>Otros formatos<\/a><\/p>\n

           <\/p>\n

          <\/a>181. Adjudicaci\u00f3n de cuota indivisa cuando solo se acredita un derecho hereditario en abstracto<\/strong><\/span><\/p>\n

          Resoluci\u00f3n de 22 de mayo de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci\u00f3n del registrador de la propiedad de Zaragoza n.\u00ba 12, por la que se suspende la inscripci\u00f3n de un decreto de adjudicaci\u00f3n derivado de un procedimiento de apremio ordinario.<\/p>\n

          Hechos:<\/strong>\u00a0La persona demandada por deudas propias tiene a su favor una cuarta parte indivisa de la finca. Sin embargo, sale a subasta y se adjudica la mitad indivisa de la finca.<\/p>\n

          Se trata de justificar la diferencia por considerar a la demandada -una de los dos hijos que tuvo otra titular ya registral fallecida, pero a\u00fan due\u00f1a en el Registro de 1\/2 de la misma finca- heredera, entendiendo el Juez que la demandada ha aceptado esa herencia.<\/p>\n

          As\u00ed pues, seg\u00fan ese razonamiento, 1\/4 que ella ten\u00eda por s\u00ed, m\u00e1s otro 1\/4 que considera el Juez que recibe por herencia de su madre (la mitad de 1\/2, al ser dos hermanos) suman 2\/4 que es lo que sali\u00f3 a subasta y se adjudic\u00f3.<\/p>\n

          Pero la DGRN<\/strong> no est\u00e1 de acuerdo con ese razonamiento, apoy\u00e1ndose en los principios de tracto sucesivo y de legitimaci\u00f3n registral y porque no se ha acreditado que haya habido partici\u00f3n de herencia de la madre<\/strong>.\u00a0<\/p>\n

          De existir esta partici\u00f3n<\/strong>, est\u00e1 el camino del art. 664 LEC<\/a>para acreditarlo. y habr\u00e1 que estar a lo que resulte, un puede haberse adjudicado este derecho a la demandada o no.<\/p>\n

          De no existir partici\u00f3n,\u00a0<\/strong>los dos herederos no tienen un derecho concreto en bienes determinados, sino que ostentan lo que se denomina derecho hereditario in abstracto<\/strong>.<\/p>\n

          El derecho hereditario in abstracto puede ser embargado, anotado, gravado y transmitido<\/strong>, pero afecta al\u00a0patrimonio hereditaria en su globalidad y no a bienes concretos. Tales actos pueden ser objeto de anotaci\u00f3n preventiva, no de inscripci\u00f3n, pues\u00a0los derechos sobre los bienes concretos quedan supeditados a una previa adjudicaci\u00f3n.<\/p>\n

          Y, como en el caso concreto, se ha actuado sobre una hipot\u00e9tica cuota indivisa concreta y no sobre el derecho hereditario, se desestima el recurso.\u00a0(JFME)<\/p>\n

          PDF (BOE-A-2015-7260 – 4 p\u00e1gs.<\/abbr> – 165 KB<\/abbr>)<\/a>Otros formatos<\/a><\/p>\n

           <\/p>\n

          <\/a>182. No es posible una anotaci\u00f3n de embargo sobre veh\u00edculo con reserva de dominio. ^<\/a><\/strong><\/a><\/span><\/p>\n

          Resoluci\u00f3n de 22 de mayo de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci\u00f3n extendida por la registradora mercantil y de bienes muebles VII de Barcelona, por la que se rechaza la pr\u00e1ctica de anotaci\u00f3n preventiva de embargo sobre un veh\u00edculo.<\/p>\n

          Hechos:<\/strong> Se solicita anotaci\u00f3n de embargo<\/strong> sobre determinado veh\u00edculo respecto del cual existe inscrita una reserva de dominio.<\/strong><\/p>\n

          La registradora suspende la anotaci\u00f3n pues consta inscrita una reserva de dominio a favor de la financiera (Art\u00edculo 15 de la Ley 28\/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles<\/a> y art\u00edculos 4.c), 5.a) y 24 de la Orden de 19 de julio de 1999 por la que se aprueba la Ordenanza para el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles<\/a> y Resoluciones de la Direcci\u00f3n General de Registros y del Notariado de fecha 16 y 17 de marzo, 7 y 8 de julio de 2004 y 4 y 5 de febrero de 2010<\/a>). El defecto consignado tiene car\u00e1cter de subsanable.<\/p>\n

          El interesado, por medio de su abogado, recurre alegando que la reserva ya no existe<\/strong> por comunicaci\u00f3n de la financiera.<\/p>\n

          Doctrina<\/strong>: La DG confirma<\/strong> la nota de calificaci\u00f3n.<\/p>\n

          Dice que \u201cinscrita en el Registro de Bienes Muebles una reserva de dominio a favor de su titular registral entran en funcionamiento los principios registrales que protegen su titularidad<\/strong>, seg\u00fan dispone el art\u00edculo 15.2 de la Ley de Venta de Bienes Muebles a Plazos.<\/p>\n

          Por lo tanto las reservas de dominio inscritas son oponibles a terceros<\/strong>.<\/p>\n

          Aclara, no obstante, que \u201cuna vez registrado un contrato de financiaci\u00f3n con reserva de dominio sobre un veh\u00edculo, coexistir\u00e1n en el Registro dos titularidades<\/strong>: el derecho de dominio que corresponde a quien financia, y el derecho del adquirente que derive del tipo contractual que las partes hayan pactado Seg\u00fan este criterio es doctrina consolidada de esta Direcci\u00f3n General \u2026, que la anotaci\u00f3n de embargo no puede tener cabida en el Registro cuando la demanda se dirige contra persona distinta del beneficiario de una reserva de dominio, y que s\u00f3lo cabr\u00eda el embargo sobre los derechos del comprador financiado\u201d y que \u201ca solicitud del interesado podr\u00e1 tomarse anotaci\u00f3n preventiva de embargo sobre la posici\u00f3n jur\u00eddica del comprador a plazos\u201d previos los tr\u00e1mites pertinentes (Instrucci\u00f3n de esta Direcci\u00f3n General de 3 de diciembre de 2002<\/a>).<\/p>\n

          Comentario: Reitera la DG su cl\u00e1sica doctrina sobre la oponibilidad de las inscripciones en el RBM, haciendo un pr\u00e1ctico resumen de las normas aplicables al caso y recordando la aplicabilidad de la ya lejana Instrucci\u00f3n de 2002. Quiz\u00e1s lo conveniente ser\u00eda abordar, de una vez por todas, la aprobaci\u00f3n de un Reglamento del RBM, sin el cual este registro no podr\u00e1 prestar la utilidad que podr\u00eda tener como medio de financiaci\u00f3n de empresas y particulares. (JAGV).<\/p>\n

          PDF (BOE-A-2015-7261 \u2013 4 p\u00e1gs. \u2013 163 KB)<\/a>Otros formatos<\/a><\/p>\n

          \u00a0<\/p>\n

          CUADRO NORMAS<\/a>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0NORMAS 2002-2015<\/a>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0NORMAS + DESTACADAS<\/a><\/strong><\/span><\/h3>\n

          RESOLUCIONES POR MESES<\/a><\/strong>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0TITULARES DE RESOLUCIONES<\/a>\u00a0<\/strong><\/span><\/h3>\n

          \u00a0POR VOCES PROPIEDAD<\/a>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0POR VOCES MERCANTIL<\/a>\u00a0<\/strong><\/h3>\n

          INFORME MENSUAL<\/a>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0FISCAL<\/a><\/strong><\/h3>\n

          TRATADOS<\/a>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CASOS PR\u00c1CTICOS<\/a>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0P\u00c1GINA PRINCIPAL<\/a><\/strong><\/span><\/h3>\n

          \u00a0<\/p>\n

          LISTA DE INFORMES<\/a><\/strong><\/h2>\n

          INDICE DISPOSICIONES 2015<\/a>\u00a0<\/h2>\n

          NORMAS 2002-2015<\/a>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/b><\/h2>\n

          RESUMEN DISPOSICIONES + IMPORTANTES<\/a>\u00a0<\/b><\/h2>\n

          RES.DGRN <\/b>POR MESES<\/b><\/a><\/h2>\n

          \"Hoguera<\/p>\n

          Hoguera de San Juan.<\/p>\n

           <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<\/p>\n

          <\/p>\n

          Normativa, TC, Secci\u00f3n 2\u00aa y Resoluciones.
          \n<\/b><\/p>\n

          <\/p>\n

          \"\"<\/CENTER><\/p>\n

          Catalu\u00f1a C\u00f3digo Civil. SRL: modelos de estatutos y de escritura. Agenda Electr\u00f3nica Notarial. Bolsa denominaciones sociales. Aeronaves. Registro. Entidades de cr\u00e9dito y empresas de servicios de inversi\u00f3n. Sefard\u00edes: Nacionalidad. LEY HIPOTECARIA Y CATASTRO. Navarra: Convenio econ\u00f3mico. Concursos notariales: resoluci\u00f3n\u2026<\/p>\n

          <\/p>\n

          Seguir leyendo…<\/h2>\n

          <\/strong><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":5295,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"footnotes":""},"categories":[180],"tags":[1757,1750,1590,1741,1589,1751,1740,1746,1767,1766,1764,1754,1738,1593,1758,1588,1586,1745,1742,1759,1323,1744,1534,1587,1761,1765,1591,1748,1747,1743,1379,573,1756,1755,1763,1762,1753,1752,1692,704,1749,1760],"class_list":{"0":"post-5279","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-informes-mensuales","8":"tag-adquisicion-de-personalidad-juridica","9":"tag-agenda-electronica-notarial","10":"tag-agenda-notarial","11":"tag-armonizacion","12":"tag-bolsa-denominaciones","13":"tag-bolsa-denominaciones-sociales","14":"tag-cataluna-codigo-civil","15":"tag-comunidades-autonomas","16":"tag-concursos-notariales","17":"tag-contratos-de-formacion-y-aprendizaje","18":"tag-convenio-economico","19":"tag-creacion-de-universidades","20":"tag-depositos","21":"tag-empresas-de-servicios-de-inversion","22":"tag-empresas-de-trabajo-temporal","23":"tag-escritura-estandarizada","24":"tag-estatutos-tipo","25":"tag-familia-real","26":"tag-impuesto-sobre-actividades-economicas","27":"tag-incapacidad-temporal","28":"tag-informe-boe","29":"tag-japon","30":"tag-junio-2015","31":"tag-ley-emprendedores","32":"tag-ley-hipotecaria-y-catastro","33":"tag-modelo-411","34":"tag-modelo-estatutos","35":"tag-modelos-de-escritura","36":"tag-modelos-de-estatutos","37":"tag-modelos-tributarios","38":"tag-nacionalidad","39":"tag-navarra","40":"tag-organizaciones-empresariales","41":"tag-organizaciones-sindicales","42":"tag-reforma-de-la-ley-del-catastro","43":"tag-reforma-de-la-ley-hipotecaria","44":"tag-registro-de-aeronaves","45":"tag-sede-judicial-electronica","46":"tag-sefardies","47":"tag-seguridad-social","48":"tag-srl","49":"tag-tablon-de-anuncios"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5279","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/users\/10"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5279"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5279\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":81105,"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5279\/revisions\/81105"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5295"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5279"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5279"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5279"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}