\u00a0<\/p>\n
Notario con residencia en Lucena<\/a> (C\u00f3rdoba)<\/b><\/span><\/p>\n \u00a0<\/strong>\u00a0<\/p>\n Sentencias del Tribunal Supremo.<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n Sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional.<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n Consultas de la Direcci\u00f3n General de Tributos.<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n Consultas de la Diputaci\u00f3n Foral de Bizcaia.<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n Resoluciones del Tribunal Econ\u00f3mico-administrativo Central<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n Consultas de la Agencia Tributaria de Catalu\u00f1a<\/a>.<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n Resoluciones y sentencias para recordar<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n .<\/a><\/p>\n SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO.<\/strong><\/span><\/p>\n<\/a> Sentencia del TS de 12 de marzo de 2015, Recurso 625\/2013. El ejercicio de la acci\u00f3n de nulidad de un contrato otorgado por el causante interrumpe la prescripci\u00f3n del ISD.<\/p>\n \u201cNo solo los juicios voluntarios de testamentar\u00eda en la anterior denominaci\u00f3n, ahora divisi\u00f3n judicial de patrimonio (art. 782 y ss de la LEC), sino cualquier litigio que afecte a actos y contratos relativos a hechos imponibles del Impuesto de Sucesiones interrumpen el plazo para la presentaci\u00f3n de los documentos a liquidar y consiguientemente para liquidar. Y es obvio que el litigio entablado por la recurrente contra los cesionarios de los bienes inmuebles, al objeto de conseguir la nulidad del negocio de cesi\u00f3n y constituci\u00f3n de renta vitalicia e incluir los bienes transmitidos en el caudal relicto, tienen ese efecto<\/strong>. Por ello, concurre el supuesto de hecho de la norma (art. 69.2 del Reglamento), de lo que resulta que la acci\u00f3n administrativa para liquidar no estaba prescrita.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del TS de 23 de abril 2015, Recurso 3946\/2015. Escisi\u00f3n parcial. Inexistencia de rama de actividad diferenciada en el seno de la sociedad escindida. No resulta de aplicaci\u00f3n el r\u00e9gimen especial de neutralidad fiscal del Cap\u00edtulo VIII del T\u00edtulo VIII de la LIS 43\/1995 porque \u00e9ste exige que aquello que se escinde forme una unidad econ\u00f3mica o rama de actividad aut\u00f3noma en sede del transmitente y del adquirente.<\/strong><\/p>\n \u201c<\/strong>En el caso de autos, la Sala de instancia considera que los activos transmitidos a V\u2026. S.L. pueden ser calificados, a efectos fiscales, como una rama de actividad, apta para su funcionamiento empresarial, por ser susceptible de constituir una unidad econ\u00f3mica aut\u00f3noma. Pero lo cierto es que, como se\u00f1alaba el Acta (p\u00e1gina 3\/18) \u00abel \u00fanico elemento patrimonial transmitido desde la sociedad escindida V\u2026.S.L. a la sociedad beneficiaria VC\u2026.S.L. fueron los terrenos del PAU de S\u2026\u2026. (177.000 m2). Ning\u00fan otro elemento material, de recursos humanos o de car\u00e1cter organizativo, fue transmitido desde la sociedad escindida a la beneficiaria\u00bb. La conclusi\u00f3n a la que se llega es que la sola transferencia de terrenos resulta insuficiente para entender transmitida una actividad mercantil de promoci\u00f3n inmobiliaria. La puesta en funcionamiento por la sociedad beneficiaria de la actividad de promoci\u00f3n inmobiliaria no es bastante para que los activos segregados constituyan rama de actividad. Se exige, ciertamente, que la sociedad beneficiaria tenga en sus manos la posibilidad de llevar a cabo una actividad empresarial aut\u00f3noma a partir de los activos inmobiliarios recibidos, pero se exige tambi\u00e9n, adem\u00e1s, que esa rama de actividad ha de estar configurada como una unidad econ\u00f3mica en la actividad negocial de la entidad escindida; en otras palabras, ha de cumplirse en este caso el requisito de la preexistencia de la rama de actividad en sede de la sociedad transmitente escindida.<\/p>\n Es necesario que, previo a la aportaci\u00f3n a la sociedad beneficiaria, exista una unidad econ\u00f3mica aut\u00f3noma, con los medios personales, materiales y la organizaci\u00f3n empresarial necesaria para el desarrollo de la actividad que permita su continuidad en la entidad adquirente.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Sentencia del TS de 26 de marzo de 2015, Recurso 1940\/2013. Impuesto sobre Sucesiones. Unificaci\u00f3n de doctrina. Prescripci\u00f3n del derecho de la Administraci\u00f3n a liquidar. Las alegaciones complementarias en las reclamaciones econ\u00f3mico-administrativas no interrumpen el plazo de prescripci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n \u00a0\u00a0<\/p>\n Sentencia del TS de 27 de abril de 2015, Recurso 3777\/2012. Impuesto sobre el valor a\u00f1adido.- Base imponible.- Exclusiones.- Indemnizaciones.- <\/strong>Transacci\u00f3n aprobada judicialmente entre las partes de un contrato de arrendamiento con opci\u00f3n de compra de dos fincas r\u00fasticas, para realizar trabajos previos a su urbanizaci\u00f3n.- Resoluci\u00f3n del contrato.- Suma percibida por el arrendatario m\u00e1s all\u00e1 de la cl\u00e1usula penal pactada.- No tiene car\u00e1cter indemnizatorio, constituye la retribuci\u00f3n de la actividad urbanizadora desarrollada en las fincas y de la readquisici\u00f3n por los arrendadores de los derechos concedidos a la arrendataria en el contrato resuelto.<\/strong><\/p>\n \u201cExiste el dato indiscutible de que en el contrato de arrendamiento se acord\u00f3 para el caso de resoluci\u00f3n anticipada o de incumplimiento una cl\u00e1usula penal de 1.202.024,21 euros, que incluir\u00eda todos los conceptos indemnizatorios sin necesidad de acreditaci\u00f3n alguna, y con renuncia a su moderaci\u00f3n judicial, sin que nada haya en el acuerdo transaccional que permita entender que las partes tuvieron la voluntad de dejar sin efecto ese punto del pacto inicial. Adem\u00e1s, resulta evidente que U\u2026 recibi\u00f3 unos terrenos urbanizables no programados y que, en virtud de la resoluci\u00f3n contractual, los devolvi\u00f3 urban\u00edsticamente desarrollados,<\/strong> hasta el punto de encontrarse aprobados los proyectos de reparcelaci\u00f3n en un 80%, con la consiguiente adjudicaci\u00f3n de los solares resultantes. Si a lo anterior se a\u00f1ade que la suma transigida se acerca al precio de la compraventa y se encuentra muy alejada del importe de la cl\u00e1usula penal, nada de irracional o de contrario a la l\u00f3gica hay en que la sentencia llegue a la conclusi\u00f3n de que dicha suma incluye tanto la indemnizaci\u00f3n por resoluci\u00f3n anticipada como la retribuci\u00f3n de los trabajos de transformaci\u00f3n urban\u00edstica realizados por U\u2026 en los terrenos<\/strong> y la readquisici\u00f3n por los arrendadores de los derechos sobre las fincas que en virtud del contrato resuelto cedieron a la mencionada sociedad\u201d.<\/strong><\/p>\n \u00a0<\/strong><\/p>\n \u00a0\u00a0<\/a><\/p>\n SENTENCIAS DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA Y DE LA\u00a0AUDIENCIA NACIONAL<\/strong><\/span><\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia de la Audiencia Nacional de 3 de diciembre de 2014, Recurso 6\/2014. Derecho Civil Catal\u00e1n. <\/strong>Compensaci\u00f3n por raz\u00f3n del trabajo al extinguirse el matrimonio. Es renta de trabajo a efectos fiscales.<\/strong><\/p>\n \u201c<\/strong>No nos encontramos ante un supuesto de \u00abrendimientos de actividades econ\u00f3micas\u00bb y la \u00abcompensaci\u00f3n indemnizatoria\u00bb, tiene su origen en el \u00abtrabajo personal\u00bb, es decir, en el trabajo \u00abpara la casa o para el otro c\u00f3nyuge\u00bb. Con claridad lo dice la propia norma que utiliza la expresi\u00f3n haber \u00abtrabajado para la casa o el otro c\u00f3nyuge\u00bb y, asimismo, el propio TSJ de Catalu\u00f1a, cuya opini\u00f3n resulta especialmente relevante al tratarse de examinar el alcance fiscal de una instituci\u00f3n t\u00edpica de Catalu\u00f1a, razona en la STSJ de 28 de marzo de 2007 (Rec. 404\/2003) que \u00ablo que se compensa en el supuesto del art 41 [CFC] es la insuficiente o inexistente retribuci\u00f3n del trabajo, lo que a efectos fiscales hace m\u00e1s razonable el encaje de lo percibido en este tipo de renta [de trabajo]\u00bb. De hecho, como indica la Abogac\u00eda del Estado, el propio Convenio habla de compensaci\u00f3n por raz\u00f3n del trabajo. Y es que la ratio <\/em>de la norma se encuentra en que la decisi\u00f3n del que el matrimonio se rija por la separaci\u00f3n de bienes -lo que conlleva que los bienes adquiridos durante su vigencia est\u00e1n desigualmente distribuidos entre los esposos-, no constituye una causa jur\u00eddica que justifique que uno de ellos obtenga ventaja del trabajo del otro, se est\u00e1 compensando el trabajo y el t\u00edtulo del que trae la causa la renta es el trabajo personal prestado durante el matrimonio, de hecho los Tribunales suelen exigir que el trabajo sea efectivo para que opere la compensaci\u00f3n econ\u00f3mica por raz\u00f3n del trabajo – SAP de Alicante de 23 de noviembre de 2001 -. Por lo dem\u00e1s, el hecho de que el legislador se refiera expresamente a las pensiones compensatorias como rendimientos de trabajo, no implica que haya querido excluir las compensaciones econ\u00f3micas por raz\u00f3n del trabajo.<\/p>\n La anterior calificaci\u00f3n permite desestimar la demanda, sin necesidad de mayor razonamiento, al entenderse que la renta obtenida ha sido correctamente calificada, no siendo de aplicaci\u00f3n el art. 31.3.d) LIRPF, que se refiere a las ganancias o p\u00e9rdidas patrimoniales, ni por tanto analizar la alegaci\u00f3n relativa a una hipot\u00e9tica discriminaci\u00f3n con el r\u00e9gimen de gananciales.\u201d<\/strong><\/p>\n En la actualidad hay que examinar la nueva regulaci\u00f3n contenida en el IRPF, art. 33.3 d) de la Ley.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Sentencia del TSJ de Castilla y Le\u00f3n, Sede de Burgos, de 3 de octubre de 2014, Recurso 265\/2013. <\/strong>Notar\u00eda. Improcedencia de deducci\u00f3n por amortizaci\u00f3n de cuadros, litograf\u00edas y otros elementos de decoraci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n \u201c<\/strong>Sostiene la parte recurrente que los gastos de amortizaci\u00f3n de los cuadros, litograf\u00edas y otros elementos decorativos de su despacho profesional pueden ser deducibles, ya que no son obras de artistas de reconocido prestigio internacional, pues el precio pagado por ellas as\u00ed lo pone de manifiesto, no son obras de arte, ya que no son obras originales, trat\u00e1ndose de elementos decorativos de una oficina abierta al p\u00fablico y que por lo tanto es evidente su p\u00e9rdida de valor por el transcurso del tiempo, no pudiendo deducirse su condici\u00f3n de obra de arte simplemente por el hecho de que hayan sido adquiridas en galer\u00edas de arte o subastas, siendo aplicable el art. 11 de la Ley 43\/1995 al que se remite el art. 25 de la Ley del IRPF.<\/p>\n Por la Inspecci\u00f3n tributaria no se ha considerado deducible este gasto, al considerar que las normas citadas establecen que la amortizaci\u00f3n se corresponder\u00e1 con la depreciaci\u00f3n que normalmente sufran por su funcionamiento, uso o disfrute los bienes, depreciaci\u00f3n que ha de ser efectiva<\/strong>, criterio seguido por la Direcci\u00f3n General de Tributos, en las consultas que cita, el TEAC, y la AN en su sentencia de 23 de febrero de 2006, considerando que el obligado tributario no ha acreditado que sobre los cuadros, litograf\u00edas, grabados, libros, etc., se hayan producido p\u00e9rdidas reales de valor que justifiquen la aplicaci\u00f3n sobre dichos bienes de los coeficientes de amortizaci\u00f3n previstos por la normativa citada, considerando que se trata de bienes no amortizables ya que no se deprecian por su utilizaci\u00f3n f\u00edsica o por el paso del tiempo, salvo prueba en contrario. Y esta conclusi\u00f3n de la Administraci\u00f3n es compartida por esta Sala,\u201d pues con arreglo a la normativa aplicable \u201clos elementos del inmovilizado que, por sus caracter\u00edsticas, no sufran necesariamente una depreciaci\u00f3n por causas econ\u00f3micas, bien por su utilizaci\u00f3n f\u00edsica o por el simple transcurso del tiempo, o por causas tecnol\u00f3gicas, no pueden ser objeto de amortizaci\u00f3n, y esto es lo que ocurre con estos elementos adquiridos por el recurrente ya que, como tales obras de arte, en principio, no se deprecian con el tiempo.\u201d<\/p>\n El notario hab\u00eda comprado y amortizado en reputadas galer\u00edas obras de Mar\u00eda Antonia Dans, Manolo Vald\u00e9s, Agust\u00edn Redondela, Joan Mir\u00f3, Julio Vila i Prades, Eduardo \u00darculo, Robert Rauschemberg y de Joaqu\u00edn Peinado, as\u00ed como libros escritos por Men\u00e9ndez Pelayo, Plat\u00f3n, Mallarm\u00e9, y Mateo Alem\u00e1n.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana de 20 de noviembre de 2014, Recurso 2251\/2011.\u00a0 C\u00f3mputo de la prescripci\u00f3n en el IVA.<\/strong><\/p>\n \u201cSi se computa el plazo seg\u00fan las previsiones del art\u00edculo 67.1 de la LGT , que se inicia cuando se present\u00f3 el resumen anual del IVA de 2004 (modelo 390), es decir, el 30-1-2005, y si ese c\u00f3mputo termin\u00f3 cuando se interpuso reclamaci\u00f3n ante el TEARCV en fecha 3-11-2008, tal como explica la sentencia de esta Sala de 18-7-2014 (R. 1619\/2011 ), resulta patente que entre la fecha inicial (30-1-2005) y la final (3-11-2008) no transcurri\u00f3 un plazo de cuatro a\u00f1os.<\/p>\n Propugna, por el contrario, la demanda que dicho c\u00f3mputo prescriptorio se inicie en las fechas en que se autoliquidaron los trimestres del IVA del ejercicio 2004, pero ya esta Sala fij\u00f3 anteriormente su criterio de que deb\u00eda ser la declaraci\u00f3n-resumen anual de enero del a\u00f1o siguiente aquel en que se deb\u00eda considerar como punto de inicio de la prescripci\u00f3n del derecho a liquidar de la Agencia Estatal de la Administraci\u00f3n Tributaria, tal como se dijo, entre otras, en las sentencias n\u00ba 177, de 21-2-2013 (R. 512\/2010 ) y la de 24-3-2010 (R. 571\/2008 ), pues entendemos que dicha declaraci\u00f3n-resumen es una ratificaci\u00f3n de las autoliquidaciones practicadas en el ejercicio anterior, posibilita el ejercicio del derecho a la devoluci\u00f3n del IVA soportado y permite imputar a tales declaraciones un contenido interruptivo de la prescripci\u00f3n<\/strong>, por efecto de su contenido liquidatorio, al que el art\u00edculo 67.1 de la L.G.T . confiere car\u00e1cter interruptivo.<\/p>\n A\u00f1adir que este criterio no aplica sino la doctrina del Tribunal Supremo sobre la cuesti\u00f3n, plena y claramente evidenciada en la sentencia de 25-11-2009 (rec. cas. n\u00fam. 983\/2004).\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del TSJ de Castilla y Le\u00f3n; Sede de Burgos, de 23 de diciembre de 2014, Recurso 288\/2014. La indemnizaci\u00f3n recibida como consecuencia de la imposibilidad de ejecutar una Sentencia, que declar\u00f3 ilegal una construcci\u00f3n, que tiene vistas sobre la finca del perjudicado, disminuyendo las propias vistas, no est\u00e1 sujeta a ganancia patrimonial en el IRPF, al compensar la p\u00e9rdida de valor de la vivienda del afectado.<\/strong><\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana de 13 de enero de 2015, Recurso 3370\/2011. No tributaci\u00f3n en ITP de un expediente de dominio adquirido en virtud de una herencia formalizada en escritura p\u00fablica.<\/p>\n \u201cHemos de traer a colaci\u00f3n la STS de 9-12-2009, la cual a su vez transcribe la STS de 27-10-2004 que dice as\u00ed: \u00abEs evidente que todo expediente de dominio facilita una documentaci\u00f3n que permite el acceso al Registro de la Propiedad de las fincas objeto de aqu\u00e9l. Desde esta perspectiva, no hay lugar a distinguir entre los diferentes expedientes de dominio, que es lo que mantiene la sentencia de instancia.<\/p>\n No puede negarse, sin embargo, que hay unos expedientes de dominio que suplen el t\u00edtulo de la transmisi\u00f3n previa, y, otros, que no suplen dicho t\u00edtulo. En unos casos ese t\u00edtulo transmisivo existe, no est\u00e1 en discusi\u00f3n y su realidad material se encuentra probada. En otros casos no existe este t\u00edtulo.<\/p>\n Siendo esto as\u00ed, como lo es, entendemos que el tenor literal del art. 7.2 c) del RD-Leg 3050\/1980, de 30 de diciembre, demuestra que se sujetan a gravamen exclusivamente los expedientes de dominio que suplan el t\u00edtulo de transmisi\u00f3n, quedando fuera de la \u00f3rbita del precepto los expedientes de domino cuyo t\u00edtulo transmisivo no sea suplido por ellos. En estas hip\u00f3tesis, existencia de t\u00edtulo transmisivo, la tributaci\u00f3n de la transmisi\u00f3n se rige por las reglas aplicables al t\u00edtulo que contenga la transmisi\u00f3n de que se trate, en el caso litigioso, por herencia.<\/p>\n Que lo que venimos razonando es correcto se infiere porque en el supuesto enjuiciado el expediente de dominio no ha suplido titulo de transmisi\u00f3n alguno, pues la que hubo se deriv\u00f3 de la herencia en su d\u00eda producida, transmisi\u00f3n a la que el expediente de dominio gravado es ajeno.<\/strong><\/p>\n El precepto analizado pretende someter a tributaci\u00f3n transmisiones que no han sido objeto de liquidaci\u00f3n. No puede entenderse el texto legal invocado por las resoluciones recurridas como un cauce puramente formal para reabrir el devengo de impuestos cuyo r\u00e9gimen jur\u00eddico tiene cauces espec\u00edficos.<\/p>\n Entender las cosas de otra manera supondr\u00eda gravar, en hip\u00f3tesis como la litigiosa, por razones estrictamente formales, hechos en los que no se pone de relieve capacidad econ\u00f3mica alguna\u00bb.<\/strong><\/p>\n Pues bien, en el caso que enjuiciamos, la aprobaci\u00f3n del expediente de dominio tampoco supli\u00f3 el t\u00edtulo de transmisi\u00f3n (herencia) a trav\u00e9s del cual el hoy recurrente adquiri\u00f3 el inmueble finalmente objeto de inmatriculaci\u00f3n.<\/strong> La transmisi\u00f3n y la adquisici\u00f3n mediante herencia revelar\u00edan la capacidad econ\u00f3mica que explica la tributaci\u00f3n e imposici\u00f3n. Tal adquisici\u00f3n lucrativa debi\u00f3 ser objeto de un tratamiento fiscal a trav\u00e9s de un impuesto diferente al ITPO; de ah\u00ed que debamos acoger el motivo de impugnaci\u00f3n, quedando extramuros del presente proceso posibles cuestiones relacionadas con la prescripci\u00f3n del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, pues una liquidaci\u00f3n del mismo no es objeto de esta impugnaci\u00f3n judicial.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del TSJ de Galicia de 21 de enero de 2014, Recurso 15148\/2014. Devengo del incremento de patrimonio en el IRPF en caso de expropiaci\u00f3n forzosa por v\u00eda de urgencia.<\/p>\n \u201cResumiendo, el criterio general es la imputaci\u00f3n de la ganancia patrimonial derivada de la expropiaci\u00f3n al ejercicio en que se produce la alteraci\u00f3n patrimonial<\/strong>. En aquellos casos como el presente, en que la determinaci\u00f3n del justiprecio se efect\u00faa por sentencia judicial, ha de imputarse el mayor importe reconocido al ejercicio en que la sentencia alcanza firmeza (aunque se cobre m\u00e1s tarde) pues hasta entonces solo era una expectativa<\/strong>. De modo que en el presente caso, pese a lo alegado por los contribuyentes, la imputaci\u00f3n temporal realizada por la Administraci\u00f3n es correcta ya que solo afecta al mayor valor reconocido en virtud de la sentencia judicial, 48.010,20 euros, excluyendo el importe objeto de dep\u00f3sito previo (13.199,42 euros), que debi\u00f3 declararse en su d\u00eda (<\/strong>ejercicio 1995) pero, dado que no se hizo ni la AEAT liquid\u00f3 aquella ganancia, en lo que s\u00ed debemos darle la raz\u00f3n a los demandantes es en que del importe que se imputa al ejercicio 2009 debe descontarse el precio de adquisici\u00f3n para determinar la ganancia patrimonial, debiendo aplicar adem\u00e1s los coeficientes de abatimiento procedentes, por raz\u00f3n de la fecha de adquisici\u00f3n del bien y teniendo en cuenta que, aunque su ocupaci\u00f3n se realiz\u00f3 en el a\u00f1o 1995, no es posible determinar la ganancia patrimonial hasta el 2009, fecha de la firmeza de la sentencia que fija el justiprecio, de modo que este es el a\u00f1o que ha de tomarse en consideraci\u00f3n a todos los efectos (legislaci\u00f3n aplicable…). En consecuencia, y dado que la Administraci\u00f3n omiti\u00f3 todo pronunciamiento sobre estas cuestiones, ha de estimarse el recurso en cuanto a la falta de motivaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n que debe practicarse seg\u00fan lo expuesto.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del TSJ de Catalu\u00f1a de 22 de enero 2015, Recurso 64\/2015. Procede la reducci\u00f3n del ISD por raz\u00f3n de la vivienda habitual del causante aunque haya ingresado antes de su fallecimiento en un geri\u00e1trico.<\/p>\n \u201cEl inmueble controvertido no perdi\u00f3 el car\u00e1cter de vivienda habitual por el mero hecho del traslado de su titular a una residencia geri\u00e1trica, pues vino motivado por cuestiones de salud, lo que es de todo punto natural y l\u00f3gico.<\/strong> Este hecho ha de interpretarse conjuntamente, en primer lugar, con los datos obrantes en el padr\u00f3n, de los que resulta que efectivamente la finada tuvo su residencia habitual en el inmueble de la CALLE000 en los tres a\u00f1os inmediatamente anteriores y, en segundo lugar, con la justificaci\u00f3n proporcionada en relaci\u00f3n con el empadronamiento en la CALLE001 NUM003 , en donde se ubica la residencia, pues es de sobra conocido que la asignaci\u00f3n de los centros de salud se realiza en funci\u00f3n de la direcci\u00f3n de empadronamiento. Es por ello por lo que debe entenderse como algo regular y ordinario la modificaci\u00f3n de los datos del padr\u00f3n de los residentes de los geri\u00e1tricos para facilitar la obtenci\u00f3n de atenci\u00f3n m\u00e9dica y la comodidad de estas gestiones, precisamente trat\u00e1ndose de un fase del ciclo vital en la que tanta importancia tienen estas cuestiones que podr\u00edan considerarse de mera log\u00edstica.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/strong><\/p>\n Sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana de 23 de enero de 2015, Recurso 2463\/2011. <\/strong>El mero incumplimiento del requisito formal de falta de aportaci\u00f3n de la factura no puede tener suficiente virtualidad para denegar la devoluci\u00f3n del IVA repercutido indebidamente.<\/strong><\/p>\n \u00a0<\/strong>\u201cEn efecto, partiendo del hecho de que puede entenderse materialmente acreditada la repercusi\u00f3n del impuesto (pues as\u00ed resulta de la escritura p\u00fablica de la operaci\u00f3n y ni siquiera es un hecho negado por la Administraci\u00f3n), el mero incumplimiento del requisito formal de falta de aportaci\u00f3n de la factura no puede tener suficiente virtualidad para denegar la devoluci\u00f3n, tal y como esta Sala viene manteniendo en supuestos que, aunque no son exactamente coincidentes con el de autos, si guardan con el mismo la \u00a0necesaria identidad de raz\u00f3n al de autos (doctrina \u00e9sta tambi\u00e9n sancionada por el TS y por el TJUE); pudiendo citarse en tal sentido la doctrina que -de manera constante – mantiene esta Sala a prop\u00f3sito de la deducibilidad de las cuotas de IVA soportadas cuando, aunque no exista factura, resulta plenamente acreditado el abono de tales cuotas. As\u00ed, y a t\u00edtulo de ejemplo, tenemos nuestra sentencia n\u00ba 644\/2010, de 9 de junio, en la que, aplicando la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de julio de 2003, hemos concluido con que las deficiencias meramente formales no imposibilitan la deducibilidad en atenci\u00f3n a (i) la neutralidad del IVA, (ii) la consideraci\u00f3n de que la factura es la expresi\u00f3n documental de la ejecuci\u00f3n de un contrato y su valor probatorio es equiparable al de otros documentos que corroboren el contenido del contrato y (iii) que el formalismo excesivo es contrario<\/strong> al principio de proporcionalidad.\u201d<\/strong><\/p>\n En relaci\u00f3n con el requisito\u00a0 de que las cuotas indebidamente repercutidas hubieran sido ingresadas, se expone por el Tribunal\u00a0 que \u201c<\/strong>resulta que, si bien no puede afirmarse con absoluta certeza si la entidad consign\u00f3 o no en su autoliquidaci\u00f3n las cuotas de referencia, s\u00ed parece desprenderse de lo indicado en el segundo y tercer inciso del primero de los p\u00e1rrafos antes transcritos que, cuando menos, existe alg\u00fan indicio y la posibilidad de que fueran efectivamente declaradas las cuotas de que se trata.<\/p>\n Si a lo anterior a\u00f1adimos que, en atenci\u00f3n a los principios de disponibilidad y facilidad probatoria, es a la Administraci\u00f3n tributaria a la que incumbe la carga de la prueba en este supuesto (est\u00e1 claro que, ante la desaparici\u00f3n de facto <\/em>de la empresa vendedora, es dicha Administraci\u00f3n la \u00fanica que puede acceder a la comprobaci\u00f3n del requisito normativo de que se trata), as\u00ed como la reflexi\u00f3n relativa a que una respuesta desestimatoria al recurso se traducir\u00eda en una doble imposici\u00f3n para el contribuyente (pagar\u00eda por la misma operaci\u00f3n ITP e IVA), no cabe sino concluir con el acogimiento de aqu\u00e9l.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/strong><\/p>\n Sentencia del TSJ de Murcia de 26 de enero de 2015, Recurso 400\/2010. La renuncia a la exenci\u00f3n del IVA debe ser previa o simult\u00e1nea a la entrega, no cabiendo una diligencia posterior de subsanaci\u00f3n.<\/p>\n \u201cLa diligencia de subsanaci\u00f3n otorgada el 23 de marzo 2007, declarando la transmitente haber repercutido y cobrado el importe del IVA, tampoco permite avalar la tesis de la recurrente, no es suficiente para acreditar que la cuestionada exenci\u00f3n se realizase antes o simult\u00e1neamente al contrato de compraventa, comprobando finalmente que el tal\u00f3n de la CAM, es un pagar\u00e9 librado el 1 de marzo y vencimiento 25 de marzo 2007 (folio 21).<\/p>\n Aplicada la doctrina expuesta particularmente en el anterior fundamento, no est\u00e1 acreditada que la renuncia se hubiera comunicado por el sujeto pasivo del impuesto fehacientemente al adquirente con car\u00e1cter previo o simult\u00e1neo a la entrega de los correspondientes bienes.\u201d<\/p>\n Otra cuesti\u00f3n distinta de la anterior es la diligencia de subsanaci\u00f3n por el propio notario conforme a los t\u00e9rminos de la Sentencia de del TS de 15 de enero de 2015, Recurso 507\/2013.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Sentencia del TSJ de Madrid de 27 de enero de 2015, Recurso 1666\/2012<\/em>. Pr\u00e9stamo simulado entre la sociedad y un socio que da lugar a un incremento patrimonial del \u00faltimo.<\/p>\n \u201cSeg\u00fan consta en dicho contrato privado de pr\u00e9stamo entre la sociedad F\u2026., SA. y el obligado tributario: la duraci\u00f3n del pr\u00e9stamo ser\u00e1 de un a\u00f1o, si bien se prorrogar\u00e1 autom\u00e1ticamente por iguales per\u00edodos si F\u2026 SA no notifica fehacientemente a Emma con una antelaci\u00f3n m\u00ednima de treinta d\u00edas su deseo de rescindilo a su pr\u00f3ximo vencimiento. Por su parte, Emma podr\u00e1 hacer reintegros en cualquier momento\u00bb.<\/p>\n \u201cAsimismo cabe rese\u00f1ar el presunto pago de los intereses que se produce con fecha 1-7-2005, por cuanto el contrato de pr\u00e9stamo estipula que estos se liquidar\u00e1n a 31 de diciembre de cada a\u00f1o. En este sentido carece de toda l\u00f3gica econ\u00f3mica destinar 1.100 # a cancelar intereses anticipados de 2.005, en lugar de destinados a cancelar principal del pr\u00e9stamo, evitando as\u00ed sucesivos devengos de intereses por el principal cancelado.<\/p>\n Requeridos los obligados tributarios para que aporten justificaci\u00f3n documental de los medios de pago a trav\u00e9s de los cuales ha efectuado reembolsos a la entidad F\u2026., SA., manifiesta, tal y como se recoge en la diligencia n\u00b0 05, que no se dispone de extractos bancarios que justifiquen los reembolsos efectuados a la sociedad, dado que dichos reembolsos proceden de los propios fondos recibidos como pr\u00e9stamo, y no quedaron reflejados en ning\u00fan tipo de movimiento bancario relacionado con sus cuentas personales.<\/p>\n Teniendo en cuenta las manifestaciones de los obligados tributarios, la Inspecci\u00f3n considera que no queda probada la devoluci\u00f3n de dichas cantidades, considerando que no es pr\u00e1ctica habitual disponer en efectivo de las cantidades que supuestamente han sido devueltas a la sociedad por el obligado tributado.<\/p>\n Por consiguiente, no queda acreditado ante la Inspecci\u00f3n la realidad de las mencionadas devoluciones, constatando adem\u00e1s la evidencia de las elevadas disposiciones de efectivo que el obligado presuntamente mantiene en su poder para poder efectuar los reembolsos\u00bb<\/p>\n \u201cEn el presente caso nos encontramos con que existe el presupuesto de hecho inicial acreditado por la Administraci\u00f3n, cuales es la aparici\u00f3n de 105.000 euros en el patrimonio de la recurrente.<\/p>\n El contribuyente pretende justificar la previa existencia de ese dinero con la concesi\u00f3n de un pr\u00e9stamo que una vez analizado por la Administraci\u00f3n se comprueba que es inexistente.<\/p>\n El Tribunal Supremo ha mantenido en ocasiones la necesidad de comprobar la situaci\u00f3n patrimonial del sujeto pasivo como requisito previo a la determinaci\u00f3n de si existe o no incremento injustificado, por considerar que, siendo una instituci\u00f3n tributaria que desempe\u00f1a un papel residual, es l\u00f3gico agotar todas las posibilidades de explicaci\u00f3n o justificaci\u00f3n de estas adquisiciones de bienes o derechos y de ah\u00ed la funci\u00f3n que, en el proceso de investigaci\u00f3n o comprobaci\u00f3n, desempe\u00f1a el patrimonio preexistente.\u201d<\/p>\n \u201cLa Administraci\u00f3n calific\u00f3 y acredit\u00f3 cumplidamente que el contrato de pr\u00e9stamo era simulado no hubo un pr\u00e9stamo, y que hab\u00eda existido un desplazamiento patrimonial de la sociedad a la socia de 105.000 euros y calific\u00f3 dicho desplazamiento patrimonial como ganancia patrimonial, lo que es m\u00e1s que suficiente.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del TSJ de Catalu\u00f1a de 29 de enero de 2015, Recurso 1172\/2011. La sociedad transmitente, en realidad, no era sujeto pasivo del IVA<\/p>\n \u201cLa venta objeto del impuesto se ci\u00f1e a la instrumentada escritura p\u00fablica de 19 de diciembre de 2003, en la que figuraba como vendedora la entidad \u00bb DIRECCION000 CB\u00bb (DMM) y como compradora a la aqu\u00ed recurrente, resultando que por acuerdo de 9 de marzo de 2005, de la Dependencia Regional de Inspecci\u00f3n de la Delegaci\u00f3n Especial de Catalu\u00f1a de la AEAT, se procedi\u00f3 a la liquidaci\u00f3n a la aqu\u00ed recurrente del IVA en relaci\u00f3n a aquella transmisi\u00f3n, consider\u00e1ndose que no estaba sujeta al IVA en cuanto que la transmitente no realiz\u00f3 actividad empresarial alguna, sin que por tanto se devengara del Impuesto ni fuera deducible la cuota soportada por la adquirente<\/strong>.\u201d<\/p>\n \u201cInvoca la demandante la intenci\u00f3n de P\u2026 SL y de D\u2026 como sucesora, de destinar la finca al desarrollo de una actividad urban\u00edstica previamente a su transmisi\u00f3n a un tercero, pero lo cierto es que, como se ha dicho, ninguna de las dos llev\u00f3 a efecto actividad de urbanizaci\u00f3n, ni siquiera preparatoria, y a mayor abundamiento D\u2026 adquiri\u00f3 la finca por disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de P\u2026 SL<\/strong>, que en la demanda se sit\u00faa en acuerdo de la junta universal de 2 de octubre de 2003, y la vendi\u00f3 el 19 de diciembre siguiente, de forma que no cabe establecer, dado el m\u00ednimo tiempo transcurrido entre una y otra fecha, la intenci\u00f3n confirmada por elementos objetivos de destinar la finca a la urbanizaci\u00f3n.\u201d<\/strong><\/p>\n<\/a> Sentencia del TSJ de Madrid de 29 de enero de 2015, Recurso 735\/2012. La ampliaci\u00f3n de capital por compensaci\u00f3n de cr\u00e9ditos no es una aportaci\u00f3n dineraria especial que goce de exenci\u00f3n en ITP.<\/p>\n \u201cLa cuesti\u00f3n que se plantea en los presentes autos ha sido ya resuelta por una reiterada doctrina del Tribunal Supremo seg\u00fan la cual, para que proceda la aplicaci\u00f3n del beneficio fiscal aqu\u00ed pretendido es necesario, conforme a la jurisprudencia del TJCE, para respetar los dictados de la Directiva 90\/434\/CEE, del Consejo, de 23 de julio de 1990, y por lo que se refiere a la aportaci\u00f3n de activos, que la aportaci\u00f3n se refiera al conjunto de los elementos de activo y de pasivo relativos a una rama de actividad, es decir, a un conjunto capaz de funcionar por sus propios medios, idea que implica la transferencia de todos los elementos del activo y del pasivo inherentes a una rama de actividad. Y en este contexto, el Tribunal Supremo ha entendido que una ampliaci\u00f3n de capital por compensaci\u00f3n de cr\u00e9ditos -que es en lo que ha consistido la operaci\u00f3n de autos no puede considerarse como una aportaci\u00f3n no dineraria especial del art. 108 de la Ley 43\/1995 y, por ende, no puede disfrutar de la exenci\u00f3n prevista en el art. 45.I.B), apartado 10, del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur\u00eddicos Documentados<\/strong>.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del TSJ de Madrid de 29 de enero de 2015, Recurso 827\/2012. La novaci\u00f3n del contrato de opci\u00f3n de compra, alterando su contenido, implica un nuevo contrato de opci\u00f3n sujeto a ITP<\/p>\n \u201cEn fecha 1 de febrero de 2006, se otorga contrato privado, que se eleva a p\u00fablico en escritura de esa misma fecha, por el que dos particulares conceden a la mercantil recurrente un derecho de opci\u00f3n de compra sobre dos inmuebles hasta el 1 de febrero de 2007, con un precio o prima de la opci\u00f3n de 450.000 euros, y una valoraci\u00f3n en conjunto de ambas fincas en 23.362.704 euros. En el contrato se establec\u00eda que, transcurrido el plazo inicial, quedar\u00eda resuelto el contrato, previ\u00e9ndose, asimismo, como facultad de la optante, tres posibles futuras ampliaciones del plazo (primera ampliaci\u00f3n, hasta el 1 de agosto de 2007; segunda, hasta el d\u00eda 1 de noviembre de 2007; y tercera, hasta el 1 de febrero de 2008), transcurridas las cuales, respectivamente, sin que la opci\u00f3n fuera ejercitada quedar\u00eda resuelto el contrato.<\/p>\n La recurrente presenta autoliquidaci\u00f3n de dicha escritura por TPO, sobre la base del 5% de valor declarado de los inmuebles. Asimismo, mediante escritura de 31 de enero de 2007, se acord\u00f3 la primera ampliaci\u00f3n del plazo previsto en la escritura anterior, hasta el 1 de agosto de 2007, con la prima por la ampliaci\u00f3n all\u00ed prevista de 600.000 #, presentando esta segunda escritura a autoliquidaci\u00f3n por TPO sobre la base del 5% del valor declarado de los inmuebles.<\/p>\n \u00a0El 26 de julio de 2007, se otorga escritura de novaci\u00f3n de contrato de opci\u00f3n de compra y ampliaci\u00f3n de prima y plazo, por el que se modifica el contrato de 1 de febrero de 2006, en las cl\u00e1usulas atinentes al plazo para el ejercicio de la opci\u00f3n y sus posibles ampliaciones, y al precio o prima de la opci\u00f3n y valoraci\u00f3n de los inmuebles. Y conforme al nuevo sistema de plazo y ampliaciones acordado, se ampl\u00eda el plazo de ejercicio de la opci\u00f3n hasta el 1 de febrero de 2008; se fija como precio o prima de la ampliaci\u00f3n la cantidad de 300.000 #; y en fin, el valor de los dos inmuebles se elevaba en 200.000 #, quedando fijado en su conjunto en 23.562.704 #.<\/p>\n Presenta la recurrente autoliquidaci\u00f3n del TPO derivado de esta escritura, liquid\u00e1ndose el impuesto sobre la base del 5% del mayor valor establecido para los inmuebles (200.000 #) y el importe establecido para la ampliaci\u00f3n de la prima (300.000 #), resultando una base de 310.000 #.<\/p>\n La oficina liquidadora, estimando que se trata de nuevo contrato de opci\u00f3n de compra al que resulta aplicable la norma del art 14.2 RD Legislativo 1\/1993, gir\u00f3 liquidaci\u00f3n, atendiendo al 5% del valor conjunto de los inmuebles que se fijaba en esta escritura p\u00fablica de 26 de julio de 2007 (23.562.704 #), que cifra en 1.178.135,20 #, resoluci\u00f3n confirmada por el TEAR.<\/p>\n Esta liquidaci\u00f3n confirmada por el TEAR constituye el objeto del presente recurso.\u201d<\/p>\n Para el Tribunal \u201cno se trataba de un mismo negocio jur\u00eddico, esto es, de una misma opci\u00f3n de compra, la originaria de 1 de febrero de 2006, que prev\u00e9 la posibilidad de una pr\u00f3rroga como la llevada a cabo en la escritura aqu\u00ed cuestionada de 26 de julio de 2007, sino que esta \u00faltima escritura, que es la aqu\u00ed sometida a tributaci\u00f3n, concertaba una nueva y distinta opci\u00f3n de compra, hasta el punto de que se alteraban, con relaci\u00f3n al contrato originario, tanto el sistema de posible ampliaci\u00f3n de plazos como el valor de compra de los bienes y el precio o prima de la ampliaci\u00f3n del plazo, tal y como hemos descrito en un anterior Fundamento.\u201d<\/strong><\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del TSJ de Castilla y Le\u00f3n, Sede de Valladolid, de 30 de enero 2015, Recurso 666\/2013. Prueba de la convivencia con el causante para aplicar las reducciones del ISD.<\/p>\n \u201cLa recurrente no ha acreditado -y a ella le correspond\u00eda- que tenga derecho a la reducci\u00f3n de que se trata prevista en el art. 20.2.c) LSyD, pues no ha acreditado de manera suficiente que hubiera convivido con la causante en la vivienda habitual de esta \u00faltima durante los dos a\u00f1os anteriores al fallecimiento. No basta a estos efectos, como se dice en la Resoluci\u00f3n del TEAR impugnada, el acta de manifestaci\u00f3n que consta en el expediente de personas que dicen ser vecinos y amigos -que tampoco han comparecido como testigos en este proceso-, al no aportarse ninguna otra prueba m\u00e1s como correspondencia, certificado del presidente de la comunidad de vecinos del piso de la recurrente, domicilio de la tarjeta sanitaria de la recurrente…, como se indica en esa Resoluci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n No es suficiente tampoco para considerar acreditada la convivencia que se alega con la causante en la vivienda de esta \u00faltima los certificados de las dos entidades bancarias que se aportan con la demanda, pues lo que acreditan esas certificaciones es que la recurrente y su hermana abrieron las cuentas que en ellas se mencionan, pero no que la aqu\u00ed demandante viviera con ella en el domicilio de esta \u00faltima<\/strong>. N\u00f3tese, como se alega por la Letrada de la Administraci\u00f3n codemandada, que si de esos certificados y de las fechas que en ellos se mencionan hubiera de aceptarse que la recurrente viv\u00eda en el domicilio de la causante, esto se hubiera mantenido hasta el 13 de febrero de 2009 (fecha de baja de la cuenta que se cita en el certificado de Caja Espa\u00f1a) y hasta 30 de mayo de 2009 (fecha de cancelaci\u00f3n de la cuenta que se menciona en el certificado de B\u2026\u2026), lo que es contrario a las propias \u00a0manifestaciones de la actora, que en la escritura de aceptaci\u00f3n y adjudicaci\u00f3n de herencia de 6 de agosto de 2008 menciona como su domicilio -que constituye la vivienda habitual, salvo prueba en contrario- el tantas veces citado n\u00fam. NUM002, NUM004, de la CALLE000 de Zamora. No est\u00e1 de m\u00e1s a\u00f1adir que la factura de fecha 17 de febrero de 2008 -que es la fecha del fallecimiento de la causante-, emitida por \u00abServicios Funerarios Sever, S.L.\u00bb que consta en el expediente, se dirige a la aqu\u00ed demandante al n\u00famero NUM002 , NUM004 , de la CALLE000 de Zamora, esto es, a su propio domicilio.<\/p>\n Por todo ello, no es aplicable al presente caso la reducci\u00f3n controvertida, al no probarse debidamente por la recurrente el requisito de convivencia durante los dos a\u00f1os anteriores al fallecimiento que se establece en el art. 20.2.c) LSyD<\/strong>.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/strong><\/p>\n Sentencia del TSJ de Castilla y Le\u00f3n de 30 de enero de 2015, Recurso 345\/2013. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Providencia de apremio. Notificaci\u00f3n de liquidaci\u00f3n. Incumplimiento de requisitos por la Administraci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n \u201c<\/strong>Hay que dejar claro, uno, que entre los motivos por los que puede impugnarse una providencia de apremio est\u00e1 el de la falta de notificaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n que no se pag\u00f3 en periodo voluntario y que se apremia, dos, que cuando se alega esa falta de notificaci\u00f3n, o notificaci\u00f3n incorrecta, es a la Administraci\u00f3n a la que corresponde acreditar que la liquidaci\u00f3n se notific\u00f3 debidamente, sin que pueda verse favorecida por las dudas que pudiera haber al respecto, tres, que en el supuesto litigioso es discutible si la notificaci\u00f3n se intent\u00f3 en el domicilio correcto, pudiendo en todo caso afirmarse, y as\u00ed se admite en la demanda, que la direcci\u00f3n a la que se envi\u00f3 era incompleta, dato tanto m\u00e1s importante cuanto que el domicilio al que se remiti\u00f3 no era el de la destinataria de la liquidaci\u00f3n sino el de su representante, domicilio que, y esto no es discutido, hab\u00eda sido designado al efecto (de cualquier manera se presta a confusi\u00f3n el dato de haberse consignado c\/ DIRECCION000, NUM002 NUM002 cuando el domicilio que se design\u00f3 a efecto de notificaciones era el de c\/ DIRECCION000 n\u00ba NUM002 NUM002 NUM003 ), y cuatro, que en contra de lo que imperativamente se dispone en el art\u00edculo 114.1 del Reglamento General de Gesti\u00f3n e Inspecci\u00f3n Tributaria aprobado por el Real Decreto 1065\/2007, de 27 de julio, no hay constancia de que el funcionario de correos dejara al destinatario aviso de llegada en el correspondiente casillero domiciliario, que es un requisito que se exige cuando no han tenido \u00e9xito los dos intentos de notificaci\u00f3n, extremo este sobre el que no est\u00e1 de m\u00e1s subrayar, primero, que tiene raz\u00f3n la Abogac\u00eda del Estado cuando dice que la menci\u00f3n \u00abNo retirado en Lista\u00bb no prueba que se dejara el aviso de llegada y s\u00ed solo que el destinatario no recogi\u00f3 la notificaci\u00f3n y caduc\u00f3 en lista, lo que son hechos distintos, segundo, que ninguna consecuencia negativa cabe extraer de que la notificaci\u00f3n se intentara en agosto y en este mes permaneciera cerrado el despacho profesional del Letrado Sr. L\u2026., y tercero, que la Administraci\u00f3n Auton\u00f3mica no ha acreditado, y recu\u00e9rdese que a ella le correspond\u00eda hacerlo, que fuera conforme a derecho la notificaci\u00f3n edictal practicada en el caso, notificaci\u00f3n <\/strong>que seg\u00fan es sabido tiene un car\u00e1cter residual, supletorio y excepcional ( SSTC 231\/2007, de 2 de julio y 128\/2008, de 27 de octubre ), sin que frente a lo que sostiene pueda entenderse a la vista de las circunstancias del mismo que s\u00ed lo fue \u2013hay que volver a insistir en que la duda al respecto no puede resolverse a su favor-.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana de 11 de febrero 2015, Recurso 156\/2014. En el ISD los colaterales de segundo y tercer grado por afinidad no se integran en el grupo IV<\/p>\n \u201cLa Generalidad Valenciana impugna la resoluci\u00f3n recurrida en base a que el TEAR hace una err\u00f3nea interpretaci\u00f3n del art 20 de la L 29\/1987, que en concreto entiende que los colaterales de segundo y tercer grado por afinidad se integran en el grupo III, cuando lo correcto es integrarlos en el grupo IV, y basa su pretensi\u00f3n por entender que el C\u00f3digo Civil (art 916) al definir el parentesco colateral solo se refiere al de consanguinidad y no al de afinidad, por lo que estos deben integrarse en el grupo IV que establece \u00aben las adquisiciones por colaterales de cuarto grado, grados mas distantes y extra\u00f1os\u00bb, entendiendo que los colaterales por afinidad de segundo y tercer grado deben asimilarse a los extra\u00f1os, y se le aplicar\u00e1 por tanto, el coeficiente multiplicador del grupo IV y no el del Grupo III, como mantiene el TEAR, en la sucesi\u00f3n que se liquida; a\u00f1adiendo en apoyo de su argumentaci\u00f3n la doctrina consolidada por la Direcci\u00f3n General de Tributos en m\u00faltiples consultas vinculantes ( V-1375-10, V1546-11, V-2732-11, y V2302-11), y las sentencias del TSJ de Madrid de 7 de noviembre de 2.013, posteriores todas ellas a la sentencia del TS, citada por el TEAR, que no es derecho aplicable al tratarse de un pronunciamiento aislado, que no ha sido reiterado como se\u00f1ala el art 1.6 del C\u00f3digo Civil.<\/p>\n El Abogado de Estado mantiene la correcci\u00f3n a derecho de la resoluci\u00f3n recurrida, acudiendo no solio a la Sentencia del TS de 18 de marzo de 2003 en la que se fundamenta la resoluci\u00f3n impugnada, sino tambi\u00e9n a una interpretaci\u00f3n literal del precepto, y a\u00f1adiendo adem\u00e1s, que el Legislador no ha querido incluir a los colaterales por afinidad de segundo o tercer grado en el Grupo IV, ya que el mismo dice literalmente \u00aben las adquisiciones por colaterales de cuarto grado, grados mas distantes y extra\u00f1os\u00bb, sin hacer menci\u00f3n a los de segundo y tercer grado, postura esta mantenida por las sentencias de 28 de febrero y 17 de julio del TSJ de Catalu\u00f1a , y \u00a0la Sentencia del TS de 14 de julio de 2.011 , dictada en un recurso para unificaci\u00f3n de doctrina, en la que ante la disparidad de criterios de los TSJ mantiene el criterio de su Sentencia de 18 de marzo de 2.003.<\/p>\n Planteadas las dos posturas interpretativas del precepto que nos ocupa a los hechos sometidos a enjuiciamiento, este Tribunal y Secci\u00f3n entiende que la correcta de aplicaci\u00f3n es la mantenida por la Administraci\u00f3n demandada, que no hace mas que seguir la doctrina sentada por la Sentencia del TS de 18 de marzo de 2003 , ratificada por la STS de 14 de julio de 2.011,<\/strong> siendo ocioso y reiterativo citar la argumentaci\u00f3n de dicha sentencia para incluir a los colaterales de segundo y tercer grado por afinidad en el grupo III y no en el grupo IV del citado precepto, y sin que con ello utilicemos tal sentencia como fuente del derecho, sino que asumimos su argumentaci\u00f3n para tal inclusi\u00f3n.\u201d<\/p>\n Discutible doctrina que es contraria a la mantenida por otros TSJ. A lo anterior hicimos referencia en el Informe correspondiente a a abril de 2014, al rese\u00f1ar la Sentencia del TS de 1 de abril de 2014, Recurso 2039\/2011. Igualmente, en el Informe de julio de 2013 al rese\u00f1ar la Sentencia del TSJ de Castilla y le\u00f3n, Sede de Valladolid, de 18 de julio de 2013, Recurso 1592\/2010.<\/strong><\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana de 11 de febrero de 2015, Recurso 282272015. Sujeci\u00f3n al IRPF, ganancia patrimonial, de la mitad de la deuda derivada de un pr\u00e9stamo hipotecario que asume \u00edntegramente el ex marido, liberando a su ex c\u00f3nyuge.<\/p>\n \u201cSeg\u00fan se desprende del expediente administrativo, a la recurrente le fue practicada<\/p>\n liquidaci\u00f3n provisional por el Impuesto sobre la Renta de las Personas F\u00edsicas del ejercicio 2008, por entender la Oficina de Gesti\u00f3n que deb\u00eda incrementarse la base imponible declarada, por las ganancias patrimoniales derivadas de la disoluci\u00f3n de la sociedad de gananciales con su exc\u00f3nyuge, realizada por escritura de fecha 28-4-2008.<\/p>\n En dicha escritura se acord\u00f3 por la actora y su anterior c\u00f3nyuge, D. Mateo, la disoluci\u00f3n de la sociedad ganancial existente hasta su divorcio, consistente en la liquidaci\u00f3n de una vivienda. De esa forma, al exmarido se le adjudic\u00f3 la vivienda, valorando el 50% en 71.043,78 euros y a la actora se le atribuy\u00f3 esa misma cantidad.<\/p>\n La discrepancia surge cuando se constata por la Oficina<\/strong> de Gesti\u00f3n de Torrent que el Sr. Mateo no solo se adjudic\u00f3 el inmueble sino tambi\u00e9n la carga existente sobre el mismo, un resto de pr\u00e9stamo con garant\u00eda hipotecaria de 43.055 euros, liberando a la actora de esa deuda solidaria. Ante este acuerdo que consta en la citada escritura, la Administraci\u00f3n demandada imput\u00f3 a la actora una ganancia patrimonial por el importe de la mitad de la deuda asumida por su ex c\u00f3nyuge<\/strong>, incrementando la base imponible en 21.527,50 euros y liquidando una cuota del IRPF de 2008 de 4.066,04 euros.<\/strong><\/p>\n La demanda presentada en esta fase jurisdiccional niega cualquier ganancia patrimonial, se alega que se trata de la disoluci\u00f3n de la sociedad de gananciales, con adjudicaciones de dos mitades a cada c\u00f3nyuge, sin percibir la actora otra cantidad que la mitad del valor del inmueble, no teniendo relevancia que se le exonerara de la deuda hipotecaria existente sobre el mismo.<\/p>\n La Abogac\u00eda del Estado se ha opuesto a los motivos de la demanda, indicando que resultaba procedente imputar el mayor valor real percibido por la actora en la disoluci\u00f3n de la sociedad de gananciales, debiendo estar al valor efectivo percibido, que excede de la mitad al deber a\u00f1adirse la liberaci\u00f3n del pago de una deuda.\u201d<\/p>\n El Tribunal sentencia declarando que \u201c<\/strong>si los c\u00f3nyuges hubieran distribuido por mitad el patrimonio ganancial, es decir, el valor del inmueble una vez deducida la deuda hipotecaria pendiente, no habr\u00eda existido ganancia patrimonial alguna.<\/p>\n Pero la realidad es que un ex c\u00f3nyuge se adjudic\u00f3 una vivienda y su deuda y al otro le correspondi\u00f3 la mitad del valor del inmueble, sin cargar con su mitad de la deuda, raz\u00f3n por la que se habr\u00e1 producido en su favor una ganancia patrimonial de 21.527,50 euros, tal como apreci\u00f3 acertadamente la Agencia Estatal de la Administraci\u00f3n Tributaria y liquid\u00f3 a continuaci\u00f3n.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del TSJ de Asturias de 16 de febrero de 2015, Recurso 94\/2014. El desarrollo reglamentario de la norma estatal 72.4 de la Ley de Haciendas Locales \u2013recargos a las viviendas desocupadas- no corresponde a ni los Ayuntamientos ni a las Comunidades Aut\u00f3nomas..<\/strong><\/p>\n \u201cLos recurrentes (concejales del Ayuntamiento de Oviedo por el grupo F\u2026. impugnan el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Oviedo, de fecha 27 de diciembre de 2013, que aprueba definitivamente las Ordenanzas de Tributos y Precios P\u00fablicos para el ejercicio 2014, en particular, la Ordenanza Fiscal relativa al Impuesto de Bienes Inmuebles.<\/p>\n Con la acci\u00f3n ejercitada las partes recurrentes pretenden se declare nulo, anule y deje sin efecto el acuerdo recurrido, por el que se aprob\u00f3 definitivamente la Ordenanza Fiscal 400, reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en lo relativo al recargo del 50% para las viviendas desocupadas con car\u00e1cter permanente.<\/strong><\/p>\n \u201cLa soluci\u00f3n que postula la parte recurrente es m\u00e1s acorde con la interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica e integradora del ordenamiento jur\u00eddico que la que se apoya en una norma no tributaria dictada por la Comunidad Aut\u00f3noma en el ejercicio de sus competencias sobre vivienda (La disposici\u00f3n final cuarta Ley del Principado de Asturias 3\/2012, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2013, que define el concepto de vivienda desocupada. En el \u00e1mbito del Principado de Asturias se considerar\u00e1 que una vivienda est\u00e1 desocupada o vac\u00eda cuando no es la residencia habitual de ninguna persona, ni es utilizada de forma estacional, peri\u00f3dica o espor\u00e1dica por nadie, estando disponible para su venta o alquiler, deshabitada o abandonada), al albur de que la ley que establece el recargo no expresa a quien corresponde dictar la norma reglamentaria que fije las condiciones para aplicarlo y \u00e9stas pueden ser establecidas por una Administraci\u00f3n con competencia en la materia de vivienda, y en el presente caso la norma dictada como complemento no ha sido impugnada.<\/p>\n Por lo expuesto se aceptan los razonamientos de la parte recurrente sobre la ilegalidad de la exigencia del recargo en tanto no se desarrollen las condiciones para aplicarlo por el Ayuntamiento. Y ello es as\u00ed por la remisi\u00f3n especifica de la Ley que lo crea a una norma reglamentaria para establecer las condiciones y que debe entenderse atribuida l\u00f3gicamente al Gobierno en cuanto disposici\u00f3n necesaria para el desarrollo y ejecuci\u00f3n de la Ley que lo establece,<\/strong> fijando el l\u00edmite m\u00e1ximo, el sujeto pasivo, el devengo y la periodicidad anual del recargo, adem\u00e1s de la aplicaci\u00f3n supletoria de la regulaci\u00f3n del tributo sobre el que recae, en lo que no est\u00e9 espec\u00edficamente previsto. Reservando a la colaboraci\u00f3n del reglamento la concreci\u00f3n del presupuesto objetivo ante las dificultades que encierra la concreci\u00f3n reglamentaria del concepto de inmueble residencial desocupado permanentemente. La remisi\u00f3n se\u00f1alada excluye a cualquier otra norma ajena al \u00e1mbito tributario por m\u00e1s que se refiera a la vivienda definiendo cuando se entienda desocupada dentro de las pol\u00edticas generales que legalmente corresponden a la Administraci\u00f3n que la dicta en la materia, lo que legitima la validez de la Ley Auton\u00f3mica sin que pueda cuestionarse en el presente procedimiento su contenido sobre el concepto cuestionado, am\u00e9n de su utilidad interpretativa pero no como complemento a uno de los elementos del impuesto, y ello sin perjuicio de que el principio de reserva legal sobre la cuota tributaria es de menor intensidad que respecto al hecho imponible y al sujeto pasivo. En segundo lugar no puede desconocerse efectivamente la magnitud econ\u00f3mica y jur\u00eddica de la medida que se introduce en el art\u00edculo 72.4 del Real Decreto-Legislativo 2\/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, y los posibles efectos contarios a los principios de seguridad e igualad apuntados por la parte recurrente, en particular, la posible discriminaci\u00f3n directa o indirecta en la aplicaci\u00f3n del recargo seg\u00fan ubicaci\u00f3n f\u00edsica de los inmuebles dependiendo de las distintas nociones que pudieran establecerse en las distintas regulaciones de lo que deba entenderse por inmueble residencial desocupado, es decir, en definir las condiciones por las que se entiende que un inmueble est\u00e1 desocupado a efectos de aplicar el recargo del 50 por ciento de la cuota l\u00edquida del IBI. Contando con los posibles efectos perjudiciales y de aquellos otros que no coincidan con la finalidad extrafiscal perseguida con la creaci\u00f3n del recargo se ha pospuesto en el tiempo el desarrollo reglamentario de las condiciones para su aplicaci\u00f3n por la Administraci\u00f3n del Estado.<\/p>\n En el mismo sentido se han pronunciado las STSJ de Catalu\u00f1a, Galicia y Madrid del 22 de julio y 07 de noviembre de 2011, y 14 de enero de 2010.\u201d<\/strong><\/p>\n \u201cEn definitiva, no se cuestiona la competencia municipal para aplicar el recargo, ni la definici\u00f3n legal de vivienda desocupada de la Administraci\u00f3n Auton\u00f3mica en el \u00e1mbito de su competencia espec\u00edfica respecto de la vivienda, sino la competencia para regular reglamentariamente las condiciones por las que un inmueble de uso residencial se considera desocupado con car\u00e1cter permanente, y \u00a0hasta que no se desarrolle puede ser exigido el recargo como establece la Ordenanza impugnada con efectos inmediatos pendientes de la confecci\u00f3n del padr\u00f3n correspondiente con las viviendas desocupadas en los t\u00e9rminos definidos por la norma auton\u00f3mica, l<\/strong>o que excluye que estemos ante una declaraci\u00f3n hipot\u00e9tica o futurible como sostiene la defensa de la Administraci\u00f3n demandada y por tanto no susceptible de recurso contencioso-administrativo. Y ante los interrogantes expuestos la respuesta no puede ser otra que la que defiende la Asociaci\u00f3n recurrente con razonamientos que ponen de manifiesto la nulidad del recargo.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/strong><\/p>\n Sentencia del TSJ de Catalu\u00f1a de 19 de febrero de 2015, Recurso 1249\/2011. Acto de repercusi\u00f3n tributaria del Impuesto sobre el valor a\u00f1adido que grava la cantidad entregada como indemnizaci\u00f3n por disoluci\u00f3n de condominio.<\/p>\n \u00a0\u201c<\/strong>La operaci\u00f3n de extinci\u00f3n del condominio debe considerarse, a los efectos del apartado uno del art\u00edculo 8 de la Ley 37\/1992, de 28 de diciembre, del IVA, una entrega de bienes<\/strong>. Este precepto dispone que \u00bb Se considerar\u00e1 entrega de bienes la transmisi\u00f3n del poder de disposici\u00f3n sobre bienes corporales, incluso si se efect\u00faa mediante cesi\u00f3n de t\u00edtulos representativos de dichos bienes. […]<\/em><\/p>\n Como bien expone el TEAR, en la resoluci\u00f3n recurrida el concepto entrega de bienes que ha sido desarrollado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas es m\u00e1s amplio que el de transmisi\u00f3n de la propiedad, e incluye tambi\u00e9n la transmisi\u00f3n del poder de disposici\u00f3n sobre un bien corporal con las facultades atribuidas a su propietario, aunque no haya transmisi\u00f3n de la propiedad jur\u00eddica del bien. Por lo que se refiere al devengo, habr\u00e1 que determinar en cada caso el momento en el que el adquirente de un bien dispone de las facultades correspondientes a un propietario, para entender que la entrega se ha realizado.<\/p>\n Es preciso concretar que el IVA que se discute grava tan solo la transmisi\u00f3n de la parte del condominio que no le pertenec\u00eda, y que ello, se realiz\u00f3 previo pago de una suma dineraria. Esto es, el IVA grava la entrega del coeficiente de propiedad que no pertenec\u00eda al recurrente, el cual, pasa de ser co-propietario a propietario \u00fanico. Es decir, con esta operaci\u00f3n que ahora se grava con el IVA el recurrente accede a una propiedad que antes no ten\u00eda, y ello ha sido mediante la transmisi\u00f3n del porcentaje de propiedad del que eran titulares los hermanos Palmira Gregorio a cambio del pago de una indemnizaci\u00f3n.<\/strong> Pactando los interesados el pago y posterior repercusi\u00f3n del IVA, sin que sea de recibo las manifestaciones efectuadas por la recurrente, en relaci\u00f3n a la ignorancia y falta de cumplimiento de lo dicho en esta cl\u00e1usula.<\/p>\n As\u00ed pues, la disoluci\u00f3n del condominio y la adjudicaci\u00f3n al hoy recurrente del porcentaje de propiedad que ten\u00edan los otros copropietarios, previo pago de una cantidad dineraria, debe considerarse de acuerdo con lo dispuesto en la normativa del IVA y la interpretaci\u00f3n que de la misma ha hecho el TJUE, una \u00abentrega de bienes\u00bb, y en consecuencia como concluye el TEAR se ha producido un hecho imponible sujeto a tributaci\u00f3n por el concepto de IVA.\u201d<\/strong><\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a> Sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana de 4 de marzo 2015, Recurso 2942\/2011. No sujeci\u00f3n a ITP como permuta de la aportaci\u00f3n de un bien privativo a la sociedad ganancial, realizada varias semanas antes de su liquidaci\u00f3n<\/p>\n \u201cDel expediente administrativo se desprende que por escritura p\u00fablica otorgada en fecha 5-5-2008, se practic\u00f3 convenio de liquidaci\u00f3n de la sociedad de gananciales entre D\u00aa. Amelia y su marido D. Eduardo, adjudicando a cada c\u00f3nyuge bienes por un importe de 205.766 euros a cada uno de ellos.<\/p>\n Como consecuencia de ello, los interesados autoliquidaron la operaci\u00f3n como exenta del ITPO, por entender que se trataba de la disoluci\u00f3n de la sociedad de gananciales mediante su liquidaci\u00f3n por cuotas iguales, sin excesos o mayores valores.<\/p>\n Sin embargo, en disconformidad con dicha declaraci\u00f3n, la Administraci\u00f3n de la Generalitat Valenciana procedi\u00f3 a liquidar dicha operaci\u00f3n como ITPO, por considerarla una permuta de bienes, todo por la existencia de otra operaci\u00f3n por la que en fecha 8-4-2008 el marido Sr. Eduardo aport\u00f3 a la sociedad de gananciales una vivienda y un garaje, por un valor de 207.766 euros.<\/p>\n Impugnada en v\u00eda econ\u00f3mico-administrativa dicha liquidaci\u00f3n, por el Tribunal Econ\u00f3mico Administrativo Regional se anul\u00f3 la liquidaci\u00f3n cuestionada, por considerar que se trataba de la divisi\u00f3n y liquidaci\u00f3n de una sociedad de gananciales, estando exenta de tributaci\u00f3n la operaci\u00f3n de adjudicaci\u00f3n de los inmuebles a cada c\u00f3nyuge, pues las partes adjudicadas eran de igual valor.<\/p>\n La Administraci\u00f3n de la Generalitat Valenciana mantiene en su demanda que se produjo un negocio subyacente de permuta de inmuebles entre c\u00f3nyuges, debiendo estar a ese negocio y no a la liquidaci\u00f3n de la sociedad ganancial, debiendo tributar por ITPO.<\/p>\n La Abogac\u00eda del Estado y la codemandada Sra. Amelia se oponen a la demanda y solicitan su desestimaci\u00f3n, alegan que en escritura p\u00fablica se disolvi\u00f3 la sociedad de gananciales y esa es una operaci\u00f3n exenta del ITPO.\u201d<\/p>\n Para el Tribunal\u00a0 en el supuesto de autos \u201cen el que dos c\u00f3nyuges disuelven y liquidan la sociedad de gananciales, adjudicando los bienes por partes iguales, lo que constituye una operaci\u00f3n exenta de tributaci\u00f3n, siendo por completo irrelevante la operaci\u00f3n realizada un mes antes por uno de los c\u00f3nyuges al aportar unos bienes inmuebles a dicha sociedad. Se trata de un reparto de cuotas indivisas sin exceso de adjudicaci\u00f3n ni desequilibrio alguno. Por ello, deber\u00e1 desestimarse la demanda.\u201d<\/strong><\/p>\n Sobre el tema existen Resoluciones contrarias que reflejamos en el Informe correspondiente a julio de 2013, en el que escribimos lo siguiente:\u201d <\/strong>Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 12 de julio de 2013, Recurso 15697\/2012.\u00a0Disimulaci\u00f3n de una permuta en la liquidaci\u00f3n de los gananciales: calificaci\u00f3n como simulaci\u00f3n de la aportaci\u00f3n por un c\u00f3nyuge de bienes privativos a la sociedad ganancial para que se adjudiquen al otro en la posterior liquidaci\u00f3n, tributando en ITP.<\/strong><\/p>\n El 11 de julio de 2008 se aporta por el marido la mitad indivisa de una vivienda y un local comercial, que se adjudican a la esposa el siguiente 2 de agosto en la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad ganancial.<\/p>\n En la Sentencia, redactada en gallego, se contiene la interesante afirmaci\u00f3n que traducimos y reproducimos: \u00abLa potestad del art\u00edculo 13 de la LGT de 2003 no sirve para convertir a la Inspecci\u00f3n en Juez Civil, habilit\u00e1ndola gen\u00e9ricamente para recalificar las relaciones jur\u00eddicas del modo que mejor convenga a las intereses recaudatorios, pues s\u00f3lo ser\u00e1 susceptible de recalificaci\u00f3n, en sentido propio, aquello que est\u00e9 inadecuadamente calificado por el sujeto pasivo, lo que habr\u00e1 de motivarse cumplidamente<\/strong>.\u00bb<\/p>\n A\u00f1adimos que la potestad recalificatoria de la Administraci\u00f3n Fiscal tambi\u00e9n es propia de otros derechos como el franc\u00e9s e italiano; dicha potestad, que implica la declaraci\u00f3n de simulaci\u00f3n, se atribuye a la Administraci\u00f3n, a efectos exclusivamente fiscales y no civiles, debido a que la simulaci\u00f3n se utiliza, en su caso, con una finalidad elusoria del pago de los tributos. La simulaci\u00f3n, al contrario que el fraude a la Ley, lleva consigo la posibilidad de imponer sanciones.<\/p>\n La doctrina de la Sentencia tambi\u00e9n es aplicable en la liquidaci\u00f3n de la plusval\u00eda municipal.<\/p>\n En el Informe correspondiente al mes de diciembre de 201, publicado en notariosyregistradores.com, a\u00f1adimos una nota fiscal a la rese\u00f1a que se efectu\u00f3 de la Resoluci\u00f3n del DGRN de 29 de agosto de 2011, en la que dec\u00edamos lo siguiente:<\/p>\n \u201cEn cuanto a la primera posibilidad \u2013la aportaci\u00f3n-, dejando de lado la dimensi\u00f3n civil del problema, la operaci\u00f3n puede tener una transcendencia recaudatoria con arreglo a las Resoluciones que a continuaci\u00f3n se detallan:<\/p>\n 1.- La\u00a0Consulta V0604-05 de 11\/04\/2005<\/a>, relativa a un supuesto de aportaci\u00f3n de bienes privativos a la sociedad conyugal, seguido de una adjudicaci\u00f3n de dichos bienes al otro c\u00f3nyuge en la liquidaci\u00f3n de la sociedad, calific\u00f3 la operaci\u00f3n como permuta sujeta a ITP, sin exenci\u00f3n alguna.<\/p>\n 2.- La\u00a0Resoluci\u00f3n del TEAC de 18 de noviembre de 2008<\/a>\u00a0calific\u00f3 como donaci\u00f3n la aportaci\u00f3n de bienes privativos a la sociedad conyugal, sin que en la posterior liquidaci\u00f3n se reintegrase el valor de dichos bienes al aportante.<\/p>\n 3.- El\u00a0Consell Tributari de Barcelona en Resoluci\u00f3n de 12 de marzo de 2007<\/a>, calific\u00f3, a efectos de la plusval\u00eda municipal, como fraude a la Ley – hoy conflicto en la aplicaci\u00f3n de la norma- , la aportaci\u00f3n de un inmueble a la sociedad conyugal y su inmediata adjudicaci\u00f3n al otro c\u00f3nyuge en la disoluci\u00f3n de la sociedad ganancial.<\/p>\n 4.- La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Arag\u00f3n de 24 de enero de 2005, a prop\u00f3sito de un matrimonio en el que el marido aport\u00f3 a la sociedad conyugal unos bienes privativos, disolvi\u00e9ndose tres d\u00edas m\u00e1s tarde dicha sociedad, adjudic\u00e1ndose ambos c\u00f3nyuges los bienes aportados por mitad, sin realizarse ninguna compensaci\u00f3n al aportante, declar\u00f3 que ello supon\u00eda una donaci\u00f3n del marido a la mujer de la mitad de los bienes privativos aportados, operaci\u00f3n sujeta al Impuesto sobre Donaciones. El Tribunal Supremo en la sentencia de 27 de mayo de 2010, Recurso 365\/2005, desestim\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n interpuesto contra la anterior sentencia.<\/p>\n 5.- La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 30 de mayo de 2005, Recurso 819\/2002, reconoci\u00f3, como\u00a0obiter dicta<\/em>, la posibilidad de fraude en las operaciones que estamos tratando; as\u00ed declar\u00f3 que cabr\u00eda la tributaci\u00f3n oportuna \u00aben caso de utilizaci\u00f3n fraudulenta de la exenci\u00f3n, como podr\u00eda ser el caso de que a la aportaci\u00f3n de un bien privativo de los c\u00f3nyuges a la sociedad conyugal siguiera en el tiempo, inmediatamente, una disoluci\u00f3n de la misma\u00bb.<\/p>\n En el informe de febrero de 2015 tambi\u00e9n escribimos lo siguiente: \u201cSentencia del Tribunal *Superior de Justicia de Galicia de 10 de diciembre de 2014, Recurso 15463\/2013.\u00a0Impuesto sobre Donaciones. Aportaci\u00f3n de bienes a la futura sociedad de gananciales que se disuelve siete d\u00edas despu\u00e9s. Se trata de una aportaci\u00f3n y disoluci\u00f3n que conlleva una donaci\u00f3n a uno de los c\u00f3nyuges.<\/strong><\/p>\n \u201c<\/strong>La aportaci\u00f3n a la sociedad de gananciales de un bien privativo de la esposa (en este caso el producto de la venta de un inmueble, que se invirti\u00f3 en otros bienes) no constituy\u00f3 una donaci\u00f3n<\/em>\u00a0<\/em>de la mitad del producto de la venta al esposo que posibilite la aplicaci\u00f3n del art 3.1.b) de la Ley 29\/87, del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. No es posible que, a pesar de la evidente exenci\u00f3n del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur\u00eddicos Documentados, se pretenda por parte de la Administraci\u00f3n someter la operaci\u00f3n a otro tributo diferente, por el que s\u00ed resultar\u00eda gravada, ya<\/em>\u00a0<\/em>que ello solo ser\u00eda posible en caso de utilizaci\u00f3n fraudulenta de la exenci\u00f3n, como podr\u00eda ser el caso de que a la aportaci\u00f3n del bien privativo de uno de los c\u00f3nyuges a la sociedad conyugal siguiera en el tiempo, inmediatamente, una disoluci\u00f3n de la misma.\u201d<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia del TSJ de Castilla La Mancha de 6 de marzo de 2015, Recurso 17\/2012. Ineficacia frente a la Administraci\u00f3n de Hacienda del pacto contenido en un contrato de arrendamiento, celebrado por las mismas personas como propietarios de la finca y como administradores de la sociedad arrendataria, en el que se dispone que la renta anual pactada solo ser\u00eda satisfecha cuando la sociedad no tuviese problemas de tesorer\u00eda.<\/p>\n \u201cLa AEAT notific\u00f3 al recurrente el 23 de febrero de 2009 liquidaci\u00f3n provisional NUM003 por el concepto y ejercicio con deuda tributaria de 31.962,08 #, de los que 28.800 correspond\u00edan a cuota y 3.162,08 a intereses de demora, fund\u00e1ndose, en s\u00edntesis, la liquidaci\u00f3n en la existencia de ingresos del capital inmobiliario por arrendamiento no declarados, estim\u00e1ndose inexistente la posibilidad de aplicar a los rendimientos del capital inmobiliario el criterio de imputaci\u00f3n temporal diverso al de devengo.\u201d<\/p>\n \u201cLa cuesti\u00f3n capital que ha de resolverse en el presente recurso es si los ingresos del capital inmobiliario derivados de un contrato de alquiler de finca r\u00fastica que celebr\u00f3 con mercantil C\u2026., S.L., de la que el propio recurrente es administrador, han de entenderse devengados a\u00f1o a a\u00f1o, habi\u00e9ndose pactado una renta anual, o si, de acuerdo con la cl\u00e1usula cuarta de dicho contrato habr\u00eda de entenderse que el devengo se producir\u00eda en el momento del cobro cuando, habiendo cesado las circunstancias de tesorer\u00eda, pudiera dicha entidad satisfacer las rentas<\/strong> estipuladas a todos los propietarios de la finca sobre las que la sociedad realiza su inversi\u00f3n y desarrolla su actividad sin pasar a ser sino mera arrendataria del terreno.\u201d<\/strong><\/p>\n El Tribunal constata que \u201clos due\u00f1os del terreno eran administradores de la sociedad arrendataria, y que fueron posponiendo la renta para no incluirla en sus propias declaraciones, no habi\u00e9ndose acreditado que en la declaraci\u00f3n de 2008, ni en las posteriores, hubieran incluido la renta relativa al ejercicio 2006. Lo que nos permite concluir que nos encontramos ante una situaci\u00f3n ciertamente an\u00f3mala de la que surge una complejidad interpretativa<\/strong>. Pero dicha complejidad, antes que para exonerar al actor de responsabilidad en base a la doctrina de la interpretaci\u00f3n razonable de la norma que postula en su demanda respecto a la sanci\u00f3n, no nace de la norma aplicable sino que, como dice la resoluci\u00f3n del TEAR, ha sido buscada de prop\u00f3sito por el actor con la finalidad de poner a disposici\u00f3n de una empresa, de la que es socio y administrador, un terreno de su propiedad y sin que de ello se siga gravamen alguno, pudiendo posponer indefinidamente el pago de la renta anual pactada.<\/strong> Razones por las que entendemos que ha de desestimarse el recurso, tanto en lo referente a la liquidaci\u00f3n provisional impugnada como a la sanci\u00f3n impuesta, que, por lo expuesto, no est\u00e1 amparada en la interpretaci\u00f3n razonable de la norma que se invoca en la demanda.\u201d<\/p>\nLa impugnaci\u00f3n de\u00a0un\u00a0contrato otorgado por el \u00a0causante interrumpe la prescripci\u00f3n del ISD.<\/strong><\/span><\/h6>\n
Las alegaciones complementarias no interrumpen la prescripci\u00f3n.<\/strong><\/span><\/h6>\n
En principio, las obras de arte no son objeto de amortizaci\u00f3n salvo que se pruebe de devaluaci\u00f3n.<\/span><\/strong><\/span><\/h6>\n
Pr\u00e9stamo simulado entre socio y sociedad que da lugar a un incremento patrimonial.\u00a0<\/span><\/strong><\/h6>\n
La novaci\u00f3n de un contrato de opci\u00f3n.\u00a0alterando su contenido, supone un nuevo contrato sujeto a ITP.<\/strong><\/span><\/h6>\n
No consideraci\u00f3n como permuta de la aportaci\u00f3n a la sociedad ganancial y posterior disoluci\u00f3n.<\/span><\/strong><\/h6>\n