{"id":57583,"date":"2019-03-01T11:28:53","date_gmt":"2019-03-01T10:28:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/?p=57583"},"modified":"2019-06-15T17:21:04","modified_gmt":"2019-06-15T15:21:04","slug":"informe-294-boe-marzo-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/normas\/informes-mensuales\/informe-294-boe-marzo-2019\/","title":{"rendered":"Informe 294. BOE marzo 2019"},"content":{"rendered":"

<\/a>INFORME N\u00ba 294. (BOE MARZO de 2019)<\/span><\/strong><\/h1>\n

Primera Parte: Secciones I y II.<\/strong><\/span><\/h2>\n

IR A LISTA DE INFORMES MENSUALES<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n

IR A RESOLUCIONES DE MARZO<\/strong><\/span><\/a><\/p>\n

IR AL MINI INFORME DE MARZO<\/span><\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Equipo de redacci\u00f3n:<\/strong><\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Jos\u00e9 F\u00e9lix Merino Escart\u00edn, registrador de la propiedad de Madrid.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Carlos Ballugera G\u00f3mez registrador de la propiedad de\u00a0Bilbao.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Alfonso de la Fuente Sancho, notario de San Crist\u00f3bal de La Laguna <\/a>(Tenerife).<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Mar\u00eda N\u00fa\u00f1ez N\u00fa\u00f1ez, registradora mercantil de Lugo<\/a>.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Inmaculada Espi\u00f1eira Soto, notario de Santiago de Compostela<\/a>.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Jorge L\u00f3pez Navarro, notario, con residencia en\u00a0Alicante<\/a>.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Jos\u00e9 \u00c1ngel Garc\u00eda-Valdecasas Butr\u00f3n, registrador.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Juan Carlos Casas Rojo, registrador de la propiedad de C\u00e1diz<\/a> n\u00ba 3<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Jos\u00e9 Antonio Riera \u00c1lvarez, notario de Arucas<\/a> (Gran Canaria)<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Albert Capell Mart\u00ednez, notario de <\/span>Fraga<\/a> (Huesca) y antes de Bolta\u00f1a<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Gerardo Garc\u00eda-Boente D\u00e1vila, letrado en ejercicio,\u00a0E3 Universidad Comillas<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Mar\u00eda Garc\u00eda-Valdecasas Alguacil, registradora de Barcelona<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Emma Rojo Iglesias, registradora de Pinto (Madrid)<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Javier M\u00e1ximo Ju\u00e1rez Gonz\u00e1lez, notario de Valencia<\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/a>
DISPOSICIONES GENERALES:<\/b><\/span><\/h6>\n<\/a>
Conductores y C\u00f3digo Penal <\/span><\/h6>\n

Ley Org\u00e1nica 2\/2019, de 1 de marzo, de modificaci\u00f3n de la Ley Org\u00e1nica 10\/1995, de 23 de noviembre, del C\u00f3digo Penal, en materia de imprudencia en la conducci\u00f3n de veh\u00edculos a motor o ciclomotor y sanci\u00f3n del abandono del lugar del accidente.<\/p>\n

Resumen:<\/strong> La reforma de esta Ley Org\u00e1nica introduce los supuestos de conducci\u00f3n bajo la influencia de drogas t\u00f3xicas, alcohol o con exceso de velocidad como casos de imprudencia grave por disposici\u00f3n de la ley, aumentando su castigo. Se crea, con car\u00e1cter aut\u00f3nomo, el delito de abandono del lugar del accidente.<\/span><\/p>\n

La reforma de la Ley Org\u00e1nica del C\u00f3digo Penal responde al intento de afrontar el incremento de accidentes<\/strong> en los que resultan afectados peatones y ciclistas por imprudencia en la conducci\u00f3n de veh\u00edculos a motor o ciclomotor, y se asienta sobre tres ejes<\/strong>:<\/p>\n

1.\u00b0\u2003La introducci\u00f3n de tres supuestos<\/strong> que se van a considerar imprudencia grave<\/strong> por disposici\u00f3n de la ley, as\u00ed como una interpretaci\u00f3n aut\u00e9ntica de la imprudencia menos grave. Se da, as\u00ed, carta legal, al contenido de la Circular 10\/2011 de la Fiscal\u00eda General del Estado sobre seguridad vial y la consideraci\u00f3n de conducci\u00f3n temeraria<\/strong> cuando se de un riesgo concreto para la integridad de las personas, si concurren los requisitos del art\u00edculo 379<\/a> (exceso de velocidad, drogas t\u00f3xicas o alcohol).<\/p>\n

2.\u00b0\u2003El aumento de la punici\u00f3n<\/strong> de este tipo de conductas. Se utilizan, al respecto, estas v\u00edas:<\/p>\n

– la introducci\u00f3n de un nuevo art\u00edculo 142 bis<\/a><\/strong>, que prev\u00e9 una pena de hasta nueve a\u00f1os de prisi\u00f3n en caso de varios fallecidos o heridos graves, causados por la imprudencia en la conducci\u00f3n.<\/p>\n

– la introducci\u00f3n del art\u00edculo 152 bis<\/a><\/strong>, que permite incrementar en un grado<\/strong> la pena cuando hubiera una pluralidad de personas que sufrieran las lesiones o de dos cuando ese n\u00famero de lesionados fuera muy elevado.<\/p>\n

– y la incorporaci\u00f3n de la pena de privaci\u00f3n del derecho a conducir<\/strong> veh\u00edculos a motor y ciclomotores en un nuevo p\u00e1rrafo del art\u00edculo 382,<\/a> complementario de lo ya previsto.<\/p>\n

3.\u00b0\u2003La introducci\u00f3n del delito de abandono del lugar del accidente<\/strong>, con una redacci\u00f3n aut\u00f3noma, dentro del cap\u00edtulo IV del C\u00f3digo Penal, dedicado a los delitos contra la seguridad vial, por entender que se trata de una conducta diferente, dolosa e independiente de la conducta previa imprudente o fortuita. Art. 382 bis<\/a>.<\/p>\n

Entr\u00f3 en vigor el 3 de marzo de 2019.<\/p>\n

PDF (BOE-A-2019-2973 – 4\u00a0p\u00e1gs.<\/abbr>\u00a0– 239\u00a0KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0\u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n<\/a>

Reforma Ley Propiedad Intelectual <\/span><\/h6>\n

Ley 2\/2019, de 1 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1\/1996, de 12 de abril<\/a>, y por el que se incorporan al ordenamiento jur\u00eddico espa\u00f1ol la Directiva 2014\/26\/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017\/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017.<\/p>\n

Resumen:<\/strong> Una amplia reforma de esta ley afecta a la regulaci\u00f3n de las entidades de gesti\u00f3n de derechos de propiedad intelectual, transponiendo una Directiva comunitaria. Tambi\u00e9n regula los operadores de gesti\u00f3n independientes, que tienen \u00e1nimo de lucro. Una disposici\u00f3n final autoriza un texto refundido sobre el patrimonio hist\u00f3rico espa\u00f1ol.<\/span><\/p>\n

La distribuci\u00f3n de bienes y prestaci\u00f3n de servicios<\/strong> que impliquen el uso de derechos de propiedad intelectual requiere, en principio, la autorizaci\u00f3n de sus titulares<\/strong>. Pero las concesiones individuales y directas autor-usuario, en la mayor\u00eda de los casos suelen ser inviables por costosas respecto al volumen de la operaci\u00f3n. Por ello, suelen ser objeto de gesti\u00f3n colectiva<\/strong> llevada a cabo, tradicionalmente, por las entidades de gesti\u00f3n de derechos de propiedad intelectual <\/strong>que, en Espa\u00f1a son, hasta la actualidad, de naturaleza asociativa.<\/p>\n

A nivel de la Uni\u00f3n europea, la gesti\u00f3n colectiva se regula por vez primera en la Directiva 2014\/26\/UE<\/strong><\/a> del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la gesti\u00f3n colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesi\u00f3n de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilizaci\u00f3n en l\u00ednea en el mercado interior.<\/p>\n

La directiva pretende armonizar<\/strong> las distintas normativas nacionales reguladoras de las entidades de gesti\u00f3n<\/strong> para fortalecer su transparencia y gobernanza y la gesti\u00f3n de los derechos de propiedad intelectual. Empodera al miembro de la entidad de gesti\u00f3n<\/strong> dot\u00e1ndole de nuevos instrumentos, como el \u00f3rgano de control interno<\/strong>, para facilitar el control y la rendici\u00f3n de cuentas por los \u00f3rganos de gobierno y representaci\u00f3n de la entidad de gesti\u00f3n. Y favorece la concesi\u00f3n de licencias de derechos de autor sobre obras musicales<\/strong> para su utilizaci\u00f3n en l\u00ednea en un contexto transfronterizo.<\/p>\n

Se centra en las siguientes seis grandes \u00e1reas<\/strong>:<\/p>\n

– representaci\u00f3n de los titulares<\/strong> de derechos de propiedad intelectual y condici\u00f3n de miembro de la entidad de gesti\u00f3n;<\/p>\n

– organizaci\u00f3n interna<\/strong>;<\/p>\n

– gesti\u00f3n de los derechos recaudados<\/strong>;<\/p>\n

– acuerdos de reciprocidad<\/strong> con otras entidades de gesti\u00f3n;<\/p>\n

– concesi\u00f3n de licencias<\/strong>, incluidas las licencias multiterritoriales<\/p>\n

– y obligaciones de transparencia e informaci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n

Dentro de la Ley de Propiedad Intelectual<\/a>, el m\u00e1s afectado es el t\u00edtulo IV del libro tercero<\/strong>, sobre \u00abgesti\u00f3n colectiva de los derechos reconocidos en la ley\u00bb, que pasa a estar dividido en siete cap\u00edtulos:<\/strong><\/p>\n

El cap\u00edtulo I<\/strong> regula los requisitos exigidos para gestionar colectivamente<\/strong> derechos de propiedad intelectual. Las novedades<\/strong> consisten en regular las entidades de gesti\u00f3n de otros Estados que operen en Espa\u00f1a, las entidades dependientes de una entidad de gesti\u00f3n y los operadores de gesti\u00f3n independientes.<\/p>\n

Estos \u00faltimos no ten\u00edan una regulaci\u00f3n espec\u00edfica. Las caracter\u00edsticas que diferencian a los operadores de gesti\u00f3n independientes<\/strong>, seg\u00fan el art. 153<\/a>, son la existencia de \u00e1nimo de lucro<\/strong> (frente a la ausencia del mismo en las entidades de gesti\u00f3n) y la inexistencia de v\u00ednculo propietario o de control<\/strong> de los mismos por titulares de derechos (que s\u00ed existe en el caso de las entidades de gesti\u00f3n. Representan una alternativa<\/strong> a la gesti\u00f3n colectiva ofrecida por las entidades de gesti\u00f3n.<\/p>\n

El cap\u00edtulo II<\/strong> regula la situaci\u00f3n jur\u00eddica del titular <\/strong>de derechos de propiedad intelectual en su relaci\u00f3n con la entidad de gesti\u00f3n y, fundamentalmente, el instrumento jur\u00eddico que la articula: el contrato de gesti\u00f3n<\/strong>, por el que el titular de derechos, sin ceder la propiedad de los mismos, encomienda su gesti\u00f3n a una entidad de gesti\u00f3n. Se incluye en el texto refundido el derecho del titular a revocar su contrato<\/strong> total o parcialmente siempre que realice un preaviso razonable no superior a seis meses que se regular\u00e1 en los estatutos de cada entidad de gesti\u00f3n.<\/p>\n

El cap\u00edtulo III<\/strong> se centra en la regulaci\u00f3n de ciertos aspectos org\u00e1nicos y de funcionamiento interno<\/strong> de las entidades de gesti\u00f3n, regulaci\u00f3n que coexistir\u00e1 con la Ley Org\u00e1nica reguladora del Derecho de Asociaci\u00f3n<\/a>, pues est\u00e1n constituidas legalmente como asociaciones sin \u00e1nimo de lucro. \u00a0Se introduce un \u00f3rgano de control interno<\/strong> dedicado a supervisar la gesti\u00f3n llevada a cabo por los \u00f3rganos de gobierno y representaci\u00f3n de la entidad, formado por personas ajenas a estos \u00f3rganos. Informar\u00e1 anualmente a la asamblea general y podr\u00e1 convocarla. Se dedicar\u00e1 a controlar, entre otros aspectos, los repartos de los derechos recaudados, la tramitaci\u00f3n de los expedientes disciplinarios, las quejas y las reclamaciones y la ejecuci\u00f3n del presupuesto. El art. 159<\/a> determina el contenido de los estatutos.<\/p>\n

El cap\u00edtulo IV<\/strong> regula las licencias<\/strong> -aqu\u00ed denominadas autorizaciones no exclusivas-<\/strong> para el uso del repertorio de las entidades de gesti\u00f3n y sus tarifas generales. Se recoge en una secci\u00f3n el r\u00e9gimen jur\u00eddico general<\/strong> y en otra el r\u00e9gimen jur\u00eddico espec\u00edfico de las licencias multiterritoriales<\/strong>, que se regulan por primera vez en el ordenamiento jur\u00eddico espa\u00f1ol, para facilitar a los proveedores de servicios de m\u00fasica en l\u00ednea la obtenci\u00f3n de una \u00fanica autorizaci\u00f3n trasfronteriza. Habr\u00e1 ventanilla \u00fanica de facturaci\u00f3n y pago, accesible a trav\u00e9s de internet,<\/p>\n

El cap\u00edtulo V<\/strong> se dedica a la recaudaci\u00f3n, reparto y pago<\/strong> de los importes generados por la concesi\u00f3n de licencias a los usuarios de derechos de propiedad intelectual. Como novedades, se fija un plazo m\u00e1ximo de nueve meses<\/strong> para repartir y pagar a los titulares los derechos recaudados en el a\u00f1o anterior y la obligaci\u00f3n de que las entidades de gesti\u00f3n lleven una contabilidad anal\u00edtica. Ver D. F. 3\u00aa tambi\u00e9n.<\/p>\n

El cap\u00edtulo VI<\/strong> agrupa las obligaciones de informaci\u00f3n, transparencia y contabilidad a las que est\u00e1n sujetas las entidades de gesti\u00f3n, siendo la principal novedad la obligaci\u00f3n de elaborar un informe anual de transparencia<\/strong>, elaborado en paralelo a las cuentas anuales, que detallar\u00e1 la informaci\u00f3n financiera y la gesti\u00f3n econ\u00f3mica realizada.<\/p>\n

El cap\u00edtulo VII<\/strong> recoge el r\u00e9gimen sancionador<\/strong>, que cambia de ubicaci\u00f3n, aclarando el reparto competencial y los plazos m\u00e1ximos para resolver. Se incorpora un nuevo tipo infractor muy grave que sanciona la prestaci\u00f3n de servicios de gesti\u00f3n colectiva de derechos de propiedad intelectual sin haber obtenido la autorizaci\u00f3n del Ministerio de Cultura y Deporte cuando esta sea necesaria.<\/p>\n

Otras modificaciones<\/strong> de la Ley de propiedad Intelectual:<\/p>\n

– Se modifica el contenido del t\u00edtulo V<\/strong> que regula la Comisi\u00f3n de Propiedad Intelectual<\/strong>.<\/p>\n

– Var\u00eda el plazo previsto en el art\u00edculo 20.4<\/a> en materia de reclamaci\u00f3n de derechos por retransmisi\u00f3n por cable<\/strong> que pasa a ser el general de cinco a\u00f1os.<\/p>\n

– Nueva regulaci\u00f3n del derecho de participaci\u00f3n en la reventa<\/strong> (art. 24<\/a>).<\/p>\n

– Se introduce el plazo para ejercer la acci\u00f3n de reembolso de la compensaci\u00f3n equitativa por copia privada<\/strong> regulada en el art\u00edculo 25.8<\/a>.<\/p>\n

– Se armonizan, en el mercado interior, ciertos usos de obras y prestaciones sin la autorizaci\u00f3n del titular de los derechos en favor de determinadas personas con discapacidad<\/strong>, especialmente en beneficio de personas ciegas o con discapacidad visual, en l\u00ednea con el Tratado de Marrakech<\/strong>, de 27 de junio de 2013.<\/a> Art. 31 ter<\/a>.<\/p>\n

Las disposiciones adicionales 1\u00aa y 2\u00aa<\/strong> regulan el r\u00e9gimen jur\u00eddico aplicable a las situaciones jur\u00eddicas existentes<\/strong> al momento de su entrada en vigor.<\/p>\n

Patrimonio hist\u00f3rico. <\/strong><\/p>\n

La disposici\u00f3n final 1\u00aa modifica la Ley 16\/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist\u00f3rico Espa\u00f1ol<\/strong><\/a>, con objeto de aclarar el r\u00e9gimen aplicable a las importaciones de bienes muebles<\/strong>, modificando la redacci\u00f3n referente a las pr\u00f3rrogas que pueden solicitarse respecto de los bienes importados, manteniendo a los mismos dentro del r\u00e9gimen especial contemplado en el texto legal.<\/p>\n

La disposici\u00f3n final 2\u00aa modifica la Ley 10\/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial<\/a>, autorizando al Gobierno para elaborar, antes del 31 de diciembre de 2019, un texto refundido<\/strong> en el que se integren esta ley con la del del Patrimonio Hist\u00f3rico y las disposiciones en esta materia contenidas en normas con rango de ley.<\/p>\n

Entr\u00f3 en vigor el 3 de marzo de 2019.<\/p>\n

PDF (BOE-A-2019-2974 – 59\u00a0p\u00e1gs.<\/abbr>\u00a0– 981\u00a0KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0\u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n<\/a>

Brexit<\/span><\/h6>\n

Real Decreto-ley 5\/2019, de 1 de marzo, por el que se adoptan medidas de contingencia ante la retirada del Reino Unido de Gran Breta\u00f1a e Irlanda del Norte de la Uni\u00f3n Europea sin que se haya alcanzado el acuerdo previsto en el art\u00edculo 50 del Tratado de la Uni\u00f3n Europea.<\/p>\n

Resumen: <\/strong>El objeto de este RDLey es prever medidas de protecci\u00f3n de nacionales brit\u00e1nicos residentes y espa\u00f1oles y adaptaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico espa\u00f1ol para el caso de que el Reino Unido y Gibraltar se retiren de la Uni\u00f3n Europea sin acuerdo, por lo que est\u00e1 condicionada su entrada en vigor a que se de esta circunstancia.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido notific\u00f3<\/strong> oficialmente al Consejo Europeo su intenci\u00f3n de abandonar la Uni\u00f3n Europea<\/strong> invocando el procedimiento previsto en el art\u00edculo\u00a050 del Tratado de la Uni\u00f3n Europea<\/a>. A no ser que revoque esta decisi\u00f3n o se prorrogue por unanimidad el plazo previsto al efecto, la retirada ser\u00e1 efectiva el 30 de marzo de 2019<\/strong>.<\/p>\n

Tras duras negociaciones, se firm\u00f3 el acuerdo de 14 de noviembre de 2018, <\/strong>que regulaba su retirada y futura relaci\u00f3n, con el objeto de lograr una salida ordenada. <\/strong>Pero, desgraciadamente, el pasado 15 de enero el Parlamento brit\u00e1nico vot\u00f3 en contra<\/strong> del mismo.<\/p>\n

Ante la situaci\u00f3n de incertidumbre creada, pues puede llegar el 29 de marzo sin un acuerdo ni siquiera de pr\u00f3rroga para la salida, es preciso que el Reino de Espa\u00f1a est\u00e9 preparado<\/strong> ante la eventualidad de que, a la postre, se produzca una salida abrupta<\/strong>.<\/p>\n

Durante estos dos a\u00f1os, ha estado trabajando la Comisi\u00f3n Interministerial<\/strong> para el Seguimiento de la Retirada del Reino Unido de la UE, con grupos de trabajo dependientes, proponiendo medidas normativas, log\u00edsticas y de comunicaci\u00f3n.<\/p>\n

La planificaci\u00f3n de contingencia del Gobierno persigue dos objetivos fundamentales<\/strong>:<\/p>\n

– preservar los intereses de los ciudadanos espa\u00f1oles y brit\u00e1nicos<\/strong> que ejercieron su derecho a la libre circulaci\u00f3n<\/strong> antes de la fecha de retirada;<\/p>\n

– y mantener los flujos comerciales y los intereses econ\u00f3micos de Espa\u00f1a.<\/strong><\/p>\n

Las medidas de car\u00e1cter normativo <\/strong>deben atenerse a un conjunto de principios:<\/strong><\/p>\n

– han de ser de car\u00e1cter temporal<\/strong>, dirigidas a facilitar el tr\u00e1nsito hacia la nueva situaci\u00f3n derivada de la consideraci\u00f3n del Reino Unido como un tercer estado;<\/p>\n

– deben respetar el reparto de competencias<\/strong> establecido por los Tratados,<\/p>\n

– han de ser compatibles<\/strong> con el Derecho de la Uni\u00f3n y con los memorandos de entendimiento firmados para Gibraltar,<\/p>\n

– y, en muchos casos, han de tener reciprocidad<\/strong>, aunque sea a posteriori.<\/p>\n

En la Exposici\u00f3n de Motivos se presenta una justificaci\u00f3n<\/strong> especialmente intensa del uso de un real decreto ley<\/strong> en materia que ronda la prohibici\u00f3n<\/a> de que su contenido afecte a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el T\u00edtulo I de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n

El cap\u00edtulo I<\/strong>, titulado \u00abDisposiciones generales<\/strong>\u00bb, regula el objeto de la norma, el mecanismo de reciprocidad<\/strong> exigible para algunas de las medidas legislativas que contempla (se dan dos meses de plazo), y su car\u00e1cter temporal<\/strong>, cuando as\u00ed se haya establecido, con posible pr\u00f3rroga.<\/p>\n

El cap\u00edtulo II<\/strong> contempla las disposiciones en materia de ciudadan\u00eda. <\/strong>Trata de evitar los efectos m\u00e1s perjudiciales para los ciudadanos nacionales del Reino Unido<\/strong> que han ejercido el derecho a la libre circulaci\u00f3n antes de la fecha de retirada. Adem\u00e1s, se incorporan varias medidas en materia de seguridad social y de asistencia sanitaria<\/strong> destinadas a garantizar el acceso a esos derechos a los ciudadanos que hayan tenido o tengan v\u00ednculos con el Reino Unido.<\/p>\n

Residencia y Trabajo.<\/strong> Se aplica a los nacionales del Reino Unido que residan en Espa\u00f1a antes de la fecha de retirada y a los miembros de su familia,\u00a0tratando de evitar que queden en una situaci\u00f3n de irregularidad sobrevenida<\/strong>, transcurridos 21 meses. Regula en los arts 3 al 5:<\/p>\n

– la acreditaci\u00f3n de residencia,<\/p>\n

– documentaci\u00f3n de los nacionales del Reino Unido residentes en Espa\u00f1a y de sus familiares,<\/p>\n

– acceso a la residencia de larga duraci\u00f3n, si llevan cinco a\u00f1os.<\/p>\n

Ver Instrucciones<\/a> derivadas del\u00a0Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2019.<\/p>\n

Trabajadores fronterizos.<\/strong> El art\u00edculo 6 regula la documentaci\u00f3n que precisar\u00e1n los nacionales del Reino Unido, residentes fuera de Espa\u00f1a, que, en la fecha de retirada, tuviesen la condici\u00f3n de trabajadores fronterizos en Espa\u00f1a. Ver Instrucciones<\/a> derivadas del\u00a0Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2019.<\/p>\n

Profesiones.<\/strong> El art\u00edculo 7 se dedica al acceso y ejercicio de profesi\u00f3n condicionado a la concesi\u00f3n de un tratamiento rec\u00edproco por las autoridades brit\u00e1nicas competentes.<\/p>\n

– Permite continuar a los nacionales del Reino Unido que ya est\u00e9n ejerciendo de forma permanente en Espa\u00f1a una profesi\u00f3n o actividad profesional<\/strong> para la cual hayan obtenido el reconocimiento de sus cualificaciones profesionales.<\/p>\n

– Tambi\u00e9n lo permite a los nacionales espa\u00f1oles<\/strong> o de otros pa\u00edses que hayan obtenido el reconocimiento de sus cualificaciones profesionales adquiridas en el Reino Unido o en Gibraltar.<\/p>\n

– Proponga la aplicaci\u00f3n de r\u00e9gimen jur\u00eddico vigente para las solicitudes de reconocimiento de cualificaciones profesionales<\/strong> obtenidos en el Reino Unido o en Gibraltar por cinco a\u00f1os.<\/p>\n

– Determina el r\u00e9gimen aplicable a los t\u00edtulos de formaci\u00f3n de reconocimiento autom\u00e1tico<\/strong>.<\/p>\n

Funci\u00f3n p\u00fablica. <\/strong>El art\u00edculo 8 trata del acceso y mantenimiento de la condici\u00f3n de empleados p\u00fablicos de los nacionales del Reino Unido al servicio de las Administraciones P\u00fablicas espa\u00f1olas:<\/p>\n

– los que ya ostenten<\/strong> la condici\u00f3n de funcionarios de carrera, en pr\u00e1cticas o interinos, de la Administraci\u00f3n estatal, auton\u00f3mica, local o de las universidades, continuar\u00e1n prestando sus servicios en las mismas condiciones, siempre que el acceso o inicio de actividad se hubiera producido antes<\/strong> de la retirada efectiva del Reino Unido;<\/p>\n

– podr\u00e1n participar en procesos selectivos <\/strong>de personal funcionario, hasta entonces;<\/p>\n

– podr\u00e1n acceder a la condici\u00f3n de empleado p\u00fablico como personal laboral<\/strong>, si son extranjeros residentes.<\/p>\n

Relaciones laborales. <\/strong>Las art\u00edculos 9 y 10 garantizan la continuidad en la aplicaci\u00f3n de la normativa aplicable en los supuestos de desplazamiento de trabajadores<\/strong> a los nacionales del Reino Unido que trabajen en Espa\u00f1a, as\u00ed como el mantenimiento de los comit\u00e9s de empresa europeos<\/strong>.<\/p>\n

Seguridad Social.<\/strong> Art\u00edculos 11 (nacionales del Reino Unido) y art\u00edculo 12 (espa\u00f1oles, nacionales de la UE, EEE y Suiza).<\/p>\n

El art\u00edculo 11<\/strong> incluye determinadas medidas destinadas a la protecci\u00f3n de los nacionales del Reino Unido<\/strong> que, en la fecha de retirada, o con anterioridad a la misma, est\u00e9n o hayan estado sujetos a la legislaci\u00f3n espa\u00f1ola de seguridad social o que, estando sujetos a la legislaci\u00f3n brit\u00e1nica, ya sea como trabajadores en activo o en calidad de pensionistas, residan en Espa\u00f1a<\/strong> en la fecha de retirada.<\/p>\n

– Espa\u00f1a seguir\u00e1 exportando las pensiones contributivas <\/strong>y sus correspondientes revalorizaciones, reconocidas por nuestro sistema de seguridad social a nacionales del Reino Unido, cualquiera que sea el pa\u00eds de residencia de los beneficiarios.<\/p>\n

– Se prev\u00e9 la acumulaci\u00f3n de los per\u00edodos de seguro<\/strong> acreditados en Espa\u00f1a y en el Reino Unido con anterioridad a la fecha de retirada.<\/p>\n

– Para los residentes en Espa\u00f1a, los hechos, acontecimientos, prestaciones o ingresos, que tengan lugar o sean percibidos en el Reino Unido<\/strong> con anterioridad a la fecha de retirada, producir\u00e1n los mismos efectos que si hubiera tenido lugar o hubieran sucedido en Espa\u00f1a, a efectos de la aplicaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n interna espa\u00f1ola.<\/p>\n

– Pueden acceder a las prestaciones por desempleo<\/strong> abonadas por Espa\u00f1a, por los periodos cotizados en el Reino Unido antes de la fecha de retirada, siempre que las \u00faltimas cotizaciones se hayan realizado en Espa\u00f1a y mientras se mantenga la residencia en Espa\u00f1a.<\/p>\n

El art\u00edculo 12<\/strong> se centra en la protecci\u00f3n de los derechos de los nacionales espa\u00f1oles<\/strong> afectados por la retirada del Reino Unido, as\u00ed como de los nacionales de Estado miembros de la Uni\u00f3n Europea, del Espacio Econ\u00f3mico Europeo y de Suiza.<\/p>\n

– Los pensionistas espa\u00f1oles<\/strong> a cargo de nuestro sistema continuar\u00e1n percibiendo sus pensiones contributivas, as\u00ed como las correspondientes revalorizaciones y, en su caso, los complementos por m\u00ednimos que tuvieran reconocidos, aun cuando residan en el Reino Unido con posterioridad a la fecha de retirada.<\/p>\n

– Los que acrediten cotizaciones en dicho pa\u00eds y en Espa\u00f1a con anterioridad a la fecha de retirada, se beneficiar\u00e1n de la acumulaci\u00f3n de per\u00edodos de seguro<\/strong>, a efectos de causar el derecho y del c\u00e1lculo de las pensiones contributivas de jubilaci\u00f3n, incapacidad permanente y muerte y supervivencia, as\u00ed como de las prestaciones por incapacidad temporal, maternidad y paternidad.<\/p>\n

– Respecto de los nacionales espa\u00f1oles residentes en el Reino Unido<\/strong>, los hechos, acontecimientos, prestaciones o ingresos, que tengan lugar o sean percibidos en aquel pa\u00eds con anterioridad a la fecha de retirada<\/strong>, producir\u00e1n los mismos efectos que si hubiera tenido lugar o hubieran sucedido en Espa\u00f1a, a efectos de la aplicaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n interna espa\u00f1ola<\/p>\n

– Los periodos cotizados en el Reino Unido o en Gibraltar antes de la fecha de retirada, se computar\u00e1n en el reconocimiento de las prestaciones por desempleo<\/strong>, a cargo de Espa\u00f1a, si las \u00faltimas cotizaciones se realizan en Espa\u00f1a y mientras se mantenga la residencia en Espa\u00f1a.<\/p>\n

– Regula la prestaci\u00f3n de desempleo para los que se desplacen diariamente a trabajar a Gibraltar<\/strong>.<\/p>\n

Asistencia sanitaria.<\/strong> Se regula en el art\u00edculo 13, en defecto de instrumento internacional expreso, bilateral o multilateral, en torno a dos principios b\u00e1sicos: reciprocidad y continuidad, <\/strong>al menos durante un periodo de 21 meses<\/strong>. Se aclara la validez de las tarjetas sanitarias<\/strong> expedidas, as\u00ed como aquellos documentos que deber\u00e1n ser aportados en defecto de estas para poder obtener la asistencia sanitaria en Espa\u00f1a.<\/p>\n

Acceso a la Universidad.<\/strong> El art\u00edculo 14. permite a los alumnos procedentes de los sistemas educativos del Reino Unido o de Gibraltar, durante los cursos 2019-2020 y 2020-2021<\/strong>, continuar acogi\u00e9ndose a los procedimientos de acceso a la Universidad espa\u00f1ola<\/strong> en los mismos t\u00e9rminos que hasta ahora, siempre que cumplan los requisitos acad\u00e9micos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades.<\/p>\n

Homologaci\u00f3n de t\u00edtulos. <\/strong>La disposici\u00f3n adicional cuarta regula las solicitudes de homologaci\u00f3n y declaraci\u00f3n de equivalencia de t\u00edtulos<\/strong> procedentes de Universidades, Centros e Instituciones del Reino Unido, para las que no se exigir\u00e1 la apostilla del Convenio de la Haya<\/strong> cuando hubieran sido presentadas ante las autoridades espa\u00f1olas con anterioridad a la retirada efectiva del Reino Unido.<\/p>\n

Cooperaci\u00f3n policial y judicial internacional<\/strong>. Cap\u00edtulo III. Dejar\u00e1n de ser aplicables:<\/strong><\/p>\n

– Los instrumentos de cooperaci\u00f3n judicial civil en materia civil y mercantil<\/strong> cuyo \u00e1mbito se circunscribe a la Uni\u00f3n, por lo que, a partir de dicha fecha, los procedimientos de cooperaci\u00f3n judicial internacional\u00a0entre ambos pa\u00edses pasar\u00e1n a regirse por lo establecido en los convenios internacionales vigentes entre las partes y por la legislaci\u00f3n nacional que resulte de aplicaci\u00f3n.<\/p>\n

– la Ley 23\/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales<\/strong> en la Uni\u00f3n Europea,<\/p>\n

– la Ley Org\u00e1nica 7\/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de informaci\u00f3n de antecedentes penales y consideraci\u00f3n de resoluciones judiciales penales<\/strong> en la Uni\u00f3n Europea,<\/p>\n

– la Ley 11\/2003, de 21 de mayo, reguladora de los equipos conjuntos de investigaci\u00f3n penal<\/strong> en el \u00e1mbito de la Uni\u00f3n Europea,<\/p>\n

– y la Ley 31\/2010, de 27 de julio, sobre simplificaci\u00f3n de intercambio de informaci\u00f3n e inteligencia entre los servicios de seguridad<\/strong> de los Estados miembros de la Uni\u00f3n Europea,<\/p>\n

Los tratados y convenios bilaterales<\/strong> entre Espa\u00f1a y el Reino Unido anteriores<\/strong> a la adhesi\u00f3n de ambos Estados a la Uni\u00f3n Europea y que fueron sustituidos por las normas correspondientes del Derecho de la Uni\u00f3n Europea, tales como el Tratado de Extradici\u00f3n entre Espa\u00f1a y el Reino Unido, hecho en Londres el 22 de julio de 1985, no recuperan autom\u00e1ticamente<\/strong> su vigencia.<\/p>\n

Contratos financieros. <\/strong>El art. 19 establece un marco para garantizar la continuidad <\/strong>de los contratos de servicios financieros prestados en Espa\u00f1a por entidades financieras establecidas en el Reino Unido o en Gibraltar. La p\u00e9rdida del pasaporte comunitario <\/strong>implica que las entidades financieras<\/strong> establecidas en el Reino Unido o en Gibraltar tendr\u00e1n que adaptarse a los reg\u00edmenes de terceros pa\u00edses<\/strong> para seguir prestando servicios en Espa\u00f1a. Se regula un r\u00e9gimen temporal<\/strong>.<\/p>\n

Contrataci\u00f3n p\u00fablica.<\/strong> Seg\u00fan el art. 21, el r\u00e9gimen jur\u00eddico aplicable a los procedimientos de contrataci\u00f3n p\u00fablica se aplicar\u00e1 transitoriamente a los operadores econ\u00f3micos del Reino Unido o de Gibraltar, siempre que haya reciprocidad.<\/p>\n

Permiso de conducci\u00f3n brit\u00e1nico. <\/strong>El art\u00edculo 22 afecta a los ciudadanos residentes en Espa\u00f1a y titulares de un permiso de conducci\u00f3n brit\u00e1nico, que actualmente es v\u00e1lido para conducir en nuestro pa\u00eds. Se fija un per\u00edodo transitorio de nueve meses<\/strong>, para canjearlo<\/strong> por otro permiso espa\u00f1ol..<\/p>\n

Transporte.<\/strong> Cap\u00edtulo V. Los art\u00edculos 25 al 28 y D. Ad. 3\u00aa tratan del transporte de personas y mercanc\u00edas por carretera, y de las tarifas aeroportuarias, supeditando las medidas a la reciprocidad. Se prev\u00e9 que la consideraci\u00f3n del Reino Unido como destino internacional<\/strong>, a efectos de las prestaciones patrimoniales previstas en la Ley 21\/2003, se posponga hasta el 28 de febrero de 2020, para poder graduar el efecto de este cambio, minimizando el efecto que pueda tener en la llegada de pasajeros brit\u00e1nicos.<\/p>\n

Entrada en vigor. <\/strong>Ser\u00e1 el d\u00eda en que los Tratados de la Uni\u00f3n Europea dejen de aplicarse al Reino Unido. No obstante, el presente RDLey no entrar\u00e1 en vigor en caso de que, previamente a dicha fecha, haya entrado en vigor un acuerdo de retirada formalizado entre la Uni\u00f3n Europea y el Reino Unido.<\/p>\n

PDF (BOE-A-2019-2976 – 31\u00a0p\u00e1gs.<\/abbr>\u00a0– 471\u00a0KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0\u00a0Otros formatos<\/a> \u00a0Convalidaci\u00f3n<\/a><\/p>\n

 <\/p>\n<\/a>

***Vivienda y alquiler<\/span><\/h6>\n

Real Decreto-ley 7\/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.<\/p>\n

Resumen: <\/strong>El RDLey 7\/2019 afecta profundamente a la Ley de Arrendamientos Urbanos, aumentando la duraci\u00f3n obligatoria y en sus relaciones con el Registro de la propiedad, entre otros contenidos. Modifica tambi\u00e9n la Ley de Propiedad Horizontal -fondo de reserva, alquileres vacacionales\u2026-; la LITPyAJD concediendo exenci\u00f3n al arrendamiento de viviendas para uso estable y permanente; la Ley de Enjuiciamiento Civil en cuanto a la ejecuci\u00f3n de desahucios; y la Ley de Haciendas Locales en materia de plusval\u00eda municipal.<\/span><\/p>\n

Ir a la p\u00e1gina especial<\/a><\/strong><\/p>\n

Ver tablas comparativas<\/a>.<\/strong><\/p>\n

Ver resumen del RDLey 21\/2018<\/a><\/strong>: los textos son similares<\/strong> para la reforma de las siguientes leyes:<\/p>\n