{"id":5870,"date":"2015-06-21T18:14:44","date_gmt":"2015-06-21T17:14:44","guid":{"rendered":"http:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/?p=5870"},"modified":"2016-06-21T19:36:47","modified_gmt":"2016-06-21T17:36:47","slug":"informe-opositores-octubre-2014","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/secciones\/oposiciones\/informes-opositores\/informe-opositores-octubre-2014\/","title":{"rendered":"Informe Opositores Octubre 2014"},"content":{"rendered":"

INFORME PARA OPOSITORES A NOTAR\u00cdAS Y REGISTROS.<\/strong><\/span><\/h2>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 OCTUBRE-2014<\/strong><\/span><\/h2>\n

\u00a0<\/strong>J<\/strong>os\u00e9 Antonio Riera \u00c1lvarez, Notario de Arucas (Gran Canaria)<\/strong><\/span><\/h2>\n

\u00a0<\/p>\n

Sumario<\/strong><\/span><\/p>\n

    \n
  1. Se ha publicado<\/a><\/li>\n
  2. Jurisprudencia<\/a><\/li>\n
  3. Donaci\u00f3n Colacionable: concepto<\/a>.<\/li>\n<\/ol>\n

    II.\u00a0\u00a0 Resoluciones comentadas<\/a>.<\/p>\n

      \n
    1. Inmatriculaci\u00f3n<\/a>: finca colindante con monte p\u00fablico.<\/li>\n
    2. Acta de notoriedad<\/a>: sentencia declarativa contradictoria<\/li>\n
    3. Opci\u00f3n de compra<\/a>: ejercicio unilateral y cargas posteriores.<\/li>\n
    4. Convenio regulador<\/a>: vivienda familiar en proindiviso.<\/li>\n<\/ol>\n

      III\u00a0\u00a0 Cuestionario pr\u00e1ctico<\/a><\/p>\n

        \n
      1. Anotaci\u00f3n preventiva<\/a>: caducidad<\/li>\n
      2. Expediente de dominio: dudas fundadas<\/a>.<\/li>\n
      3. Herencia<\/a><\/li>\n
      4. Principio de tracto sucesivo<\/a>: expediente de dominio<\/li>\n
      5. T\u00edtulo inscribible<\/a><\/li>\n<\/ol>\n

        \u00a0\u00a0<\/p>\n

        <\/a>\u00a0<\/p>\n

        Se ha publicado<\/strong><\/span><\/p>\n

        \u00a0<\/p>\n

        Se reproduce literalmente el interesante comentario de Inmaculada Espi\u00f1eira Notario de Santiago de Compostela, en esta p\u00e1gina.<\/p>\n

        HERENCIA. DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO. RESERVA HEREDITARIA.<\/strong> Resoluci\u00f3n de 13 de agosto de 2014, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci\u00f3n extendida por el registrador de la propiedad de San Roque, por la que deniega la inscripci\u00f3n de una escritura de adjudicaci\u00f3n de herencia.<\/p>\n

        Hechos:<\/strong> El se\u00f1or G. C. R. de nacionalidad brit\u00e1nica<\/strong> y residente en Espa\u00f1a<\/strong>, fallece en C\u00e1diz en el a\u00f1o 2013, bajo testamento abierto otorgado ante notario espa\u00f1ol. En \u00e9l instituy\u00f3 heredera de todos los bienes, derechos y acciones que el testador poseyere en Espa\u00f1a a su esposa do\u00f1a C. L. R. y en caso de que \u00e9sta le premuriera, a sus hijos G. y P. R., habidos de nupcias anteriormente contra\u00eddas con do\u00f1a D. K. R, por partes iguales entre ellos. Adem\u00e1s manifest\u00f3 que esa disposici\u00f3n era factible conforme a su ley nacional.<\/p>\n

        El patrimonio relicto en Espa\u00f1a consiste en un inmueble, residencia habitual del testador y su esposa, as\u00ed como un veh\u00edculo autom\u00f3vil. El inmueble le pertenec\u00eda al causante en cuanto a una mitad indivisa por compra y en cuanto a la restante mitad por herencia de su anterior esposa.<\/p>\n

        El registrador<\/strong> suspende la inscripci\u00f3n por entender que siendo la ley aplicable a la sucesi\u00f3n la legislaci\u00f3n espa\u00f1ola conforme a las normas de conflicto del C\u00f3digo Civil, han de respetarse los derechos de los hijos habidos en el primer matrimonio, mediante la reserva del art\u00edculo 968 del C\u00f3digo Civil<\/a>.<\/p>\n

        En la escritura calificada no resulta ni el \u00abdomicile\u00bb del causante \u2013 concepto distinto al de residencia habitual-<\/em> ni qui\u00e9n es el ejecutor testamentario y la forma en que se ha atribuido a \u00e9ste el poder de representaci\u00f3n, \u00abgrant of probate\u00bb, elementos esenciales para liquidar una sucesi\u00f3n sujeta al Derecho brit\u00e1nico, aspectos sobre los que tampoco se pronuncia el registrador en la nota de calificaci\u00f3n, por lo que conforme al art\u00edculo 326 de la LH su posible incidencia no puede ser abordada en el presente recurso.<\/p>\n

        La cuesti\u00f3n de fondo planteada estriba en la determinaci\u00f3n de la ley aplicable a la herencia<\/strong> del finado, la \u00ablex successionis\u00bb.<\/p>\n

        Alega la recurrente que \u00abel art\u00edculo 83 del Reglamento 650\/2012<\/a> permite la elecci\u00f3n de ley aplicable por el causante, aunque a\u00fan no est\u00e9 en vigor dicho Reglamento comunitario\u00bb. Es cierto que el apartado 2 del mismo precepto adelanta la admisibilidad de la \u00abprofessio iuris\u00bb, ampliando incluso sus t\u00e9rminos al periodo de \u00abvacatio legis\u00bb, estableciendo que \u00abcuando el causante hubiera elegido, antes del 17 de agosto de 2015, la ley aplicable a su sucesi\u00f3n, esa elecci\u00f3n ser\u00e1 v\u00e1lida si cumple las condiciones establecidas en el cap\u00edtulo III o si cumple las condiciones de validez en aplicaci\u00f3n de las normas de Derecho internacional privado vigentes, en el momento en que se hizo la elecci\u00f3n, en el Estado en el que el causante ten\u00eda su residencia habitual o en cualquiera de los Estados cuya nacionalidad pose\u00eda\u00bb.<\/p>\n

        Pero esta norma de derecho transitorio, cuyo objeto es facilitar la preparaci\u00f3n de las sucesiones \u00abmortis causa\u00bb cuando el testamento sea otorgado con anterioridad a dicha fecha, no resulta aplicable<\/strong> al caso aqu\u00ed debatido porque de acuerdo con el art\u00edculo 83.1 \u00ablas disposiciones del presente Reglamento se aplicar\u00e1n a la sucesi\u00f3n de las personas que fallezcan el 17 de agosto de\u00a02015 o despu\u00e9s de esa fecha<\/strong>\u00bb. En el presente caso, fallecido el causante en 2013 no cabe alegar la aplicaci\u00f3n retroactiva del Reglamento ni elecci\u00f3n de ley alguna conforme al mismo.<\/p>\n

        Mientras dicho instrumento no se encuentre en vigor, debe partirse de la \u00ablex fori\u00bb,<\/strong> esto es la espa\u00f1ola, la cual determina, conforme al art\u00edculo 9.8 del C\u00f3digo Civil<\/a>, que la ley aplicable es la personal del causante. Acoge el art. 9.8CC el principio de universalidad de la sucesi\u00f3n, el fen\u00f3meno sucesorio se sujeta siempre a la ley de la nacionalidad del causante, salvo que las normas de conflicto de \u00e9sta remitan a la ley espa\u00f1ola, \u00fanico caso de reenv\u00edo admitido por nuestras normas de Derecho Internacional Privado (cfr. art\u00edculo 12.2<\/a> del C\u00f3digo Civil).<\/p>\n

        Sin embargo, ese reenv\u00edo de primer grado, como ya afirm\u00f3 la Resoluci\u00f3n de este Centro Directivo de 24 de octubre de 2007, no debe aceptarse en materia de sucesi\u00f3n por causa de muerte si ello provoca un \u00abfraccionamiento legal de la sucesi\u00f3n\u00bb, que de esa forma se ver\u00eda regulada por varias leyes, ya que el art\u00edculo 9.8 del C\u00f3digo Civil est\u00e1 presidido por los principios de unidad y universalidad de aqu\u00e9lla<\/strong>, (vid. en este sentido las Sentencias del Tribunal Supremo de 15 de noviembre de 1996, 21 de mayo de 1999 y 23 de septiembre de 2002).<\/p>\n

        Esta limitaci\u00f3n del reenv\u00edo<\/strong> en el presente caso es importante ya que, seg\u00fan el art\u00edculo 9.8 del C\u00f3digo Civil, es relevante s\u00f3lo la ley personal, entendiendo por tal la nacional del causante en el momento de su fallecimiento, (en el caso que ahora se examina la derivada de su nacionalidad brit\u00e1nica), cuyo Derecho sucesorio adem\u00e1s de estar fundado en el principio de libertad de testar, es uno de los sistemas que establece una dualidad de r\u00e9gimen seg\u00fan se integre la sucesi\u00f3n de bienes muebles o inmuebles, de suerte que estos \u00faltimos, si estuvieran situados en pa\u00eds extranjero, se regir\u00e1n por la \u00ablex rei sitae\u00bb.<\/p>\n

        En el presente caso NO se admite el reenvi\u00f3 de retorno a la ley espa\u00f1ola<\/strong> por parte de la inglesa porque su aplicaci\u00f3n puede derivar en una quiebra del principio de unidad de la sucesi\u00f3n, una parte y no todo el patrimonio inmobiliario est\u00e1 ubicado en Espa\u00f1a, y, por tanto, prevalecen las normas sobre libertad de testar propias del Derecho ingl\u00e9s<\/strong>, frente a las restricciones que respecto de tales reglas impone la ley espa\u00f1ola. Y esto, que se aplica al \u00e1mbito de los derechos legitimarios, ha de aplicarse tambi\u00e9n en relaci\u00f3n con la regulaci\u00f3n de la reserva vidual del art\u00edculo 968 a que se refiere el registrador en su nota de calificaci\u00f3n.<\/p>\n

        Como dijo la Resoluci\u00f3n de esta Direcci\u00f3n General de 14 de abril de\u00a01969, \u00abla naturaleza jur\u00eddica de la reserva vidual <\/strong>y la posici\u00f3n que ostentan el reservista y los reservatarios aparecen muy controvertida en la doctrina patria, pues:<\/p>\n

        A) Unos autores entienden que en toda reserva de este tipo se est\u00e1 ante una sustituci\u00f3n fideicomisaria o una situaci\u00f3n de desdoblamiento de usufructo y nuda propiedad en la que el reservista ser\u00eda un fiduciario o usufructuario y los reservatarios tendr\u00edan el car\u00e1cter de fideicomisarios o nudos propietarios, con lo que estos \u00faltimos suceder\u00edan directamente al c\u00f3nyuge premuerto<\/p>\n

        B) Otros autores se inclinan por considerar que los reservatarios a quien suceden es al reservista, dado que la reserva tiene el car\u00e1cter de una leg\u00edtima especial, concretada en unos bienes determinados que se localizan dentro de la herencia del b\u00ednubo.<\/p>\n

        Sobre la soluci\u00f3n de esta controversia se ha pronunciado recientemente este Centro Directivo en su Resoluci\u00f3n de 19 de mayo de 2012<\/a>, afirmando que \u00abrespecto a cu\u00e1l es la vocaci\u00f3n o llamamiento del reservatario, se observa que no tiene vocaci\u00f3n derivada del primer causante, pues no lo llam\u00f3 como reservatario ni lo pudo llamar en ese momento, dado que la reserva no s\u00f3lo est\u00e1 sujeta a la condici\u00f3n de la existencia de los reservatarios en el momento de la muerte del reservista, sino a un suceso totalmente indeterminado en el momento de la muerte del primer causante cual es las nuevas nupcias del c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite.<\/p>\n

        Tampoco puede considerarse que el reservatario tiene vocaci\u00f3n derivada del reservista pues \u00e9ste no puede decidir libremente acerca de su llamamiento sino que tiene la obligaci\u00f3n de respetar la reserva, ni se puede equiparar al supuesto de leg\u00edtima en que el causante tiene que atribuirla por cualquier t\u00edtulo y el legitimario est\u00e1 protegido por la preterici\u00f3n. El reservatario, adquiere ex lege y es indiferente que le pretendiera llamar como heredero o como legatario el reservista, pues los bienes los recibe por su condici\u00f3n de reservatario o sucesor especial.<\/p>\n

        Hay que concluir que la vocaci\u00f3n o llamamiento del reservatario es legal<\/strong>, la determina la ley atendiendo a dos hechos: la celebraci\u00f3n de nuevas nupcias o existencia de un hijo extramatrimonial del reservista y el fallecimiento de \u00e9ste existiendo uno o varios reservatarios. Los derechos del reservatario proceden, por tanto, no de una disposici\u00f3n del primer causante o del reservista, sino de un llamamiento legal. Lo que implica que dicho llamamiento s\u00f3lo ser\u00e1 efectivo cuando est\u00e9 previsto en la \u00ablex successionis\u00bb aplicable \u00abin casu\u00bb, lo que no ocurre, en el presente supuesto en el que el reenv\u00edo de la ley inglesa designada por nuestra norma de conflicto (vid. art\u00edculo 9.8 del C\u00f3digo Civil) hace a la ley espa\u00f1ola (art\u00edculo 12.2 del C\u00f3digo) no puede aceptarse.<\/p>\n

        La opci\u00f3n del Reglamento europeo n\u00famero 650\/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012 por el modelo de unidad de la sucesi\u00f3n confirma esta conclusi\u00f3n.<\/p>\n

        La Direcci\u00f3n General estima el recurso<\/strong> y revoca la nota de calificaci\u00f3n registral.<\/p>\n

        Comentario: reservas y Derecho Internacional Privado.- <\/strong><\/p>\n

        \u00a0<\/p>\n

        El derecho de reversi\u00f3n del art.812 CC<\/a> no plantea problema. Los donantes recobran los bienes donados iure hereditatis. Es una suerte de sucesi\u00f3n legal y especial. Se aplica como ley sucesoria, la ley rectora de la sucesi\u00f3n del donatario.<\/p>\n

        \u00a0<\/strong><\/p>\n

        En cuanto a las reservas de los <\/strong>arts.968 a 980<\/strong><\/a> del CC y <\/strong>811 del CC<\/strong><\/a>, es necesario determinar cu\u00e1ndo se produce el llamamiento a los reservatarios<\/strong>.<\/p>\n

        En ambas reservas hay dos momentos claves<\/u>: El nacimiento de la obligaci\u00f3n de reservar y la apertura de la sucesi\u00f3n del reservista.<\/u><\/p>\n

        En la reserva lineal<\/strong> la obligaci\u00f3n de reservar surge cuando el ascendiente hereda por ministerio de la Ley al descendiente causante de la reserva; en la reserva ordinaria, vidual o<\/strong> binupcial, surge cuando el viudo contrae nuevo matrimonio o con el nacimiento del hijo no matrimonial o con la adopci\u00f3n.<\/p>\n

        Es interesante traer a colaci\u00f3n en esta exposici\u00f3n la Sentencia del TSJ de Galicia 21\/2011 de 27 de julio que trat\u00f3 del momento temporal de la aplicaci\u00f3n del art.182 que se\u00f1ala \u201cEn las sucesiones regidas por la presente ley, no habr\u00e1 lugar a reversi\u00f3n legal ni obligaci\u00f3n de reservar\u201d; la Sentencia se pronunci\u00f3 acerca del momento temporal al que se debe estar para aplicar el art.182 de la Ley 2\/2006, y resumidamente se\u00f1ala:<\/p>\n

        1\u00ba.-<\/strong> Con la obligaci\u00f3n de reservar impuesta al reservista no ha nacido un derecho para el reservatario, sino una mera expectativa que no se consolida y convierte en derecho sino cuando se abre la sucesi\u00f3n del reservista y el reservatario es llamado a su herencia.<\/p>\n

        Las sentencias del Tribunal Supremo de 21 de marzo y 7 de noviembre de 1912 y la de 2 de enero de 1929 indican que hasta la muerte del reservista no puede afirmarse que asista al reservatario m\u00e1s que una esperanza o expectaci\u00f3n de derecho.<\/p>\n

        La sentencia del Tribunal Supremo de 17 de abril de 1956 sostiene que el derecho del reservista es an\u00e1logo al del poseedor de bienes sujetos a una condici\u00f3n resolutoria y el derecho que compete a los reservatarios sobre los mismos bienes se halla afecto a una condici\u00f3n suspensiva. La STS de 1 de diciembre de 1989 insiste en esta idea y la misma idea pervive en la de 25 de septiembre de 2006, con reproducci\u00f3n literal de p\u00e1rrafos de la de 2 de enero de 1929. Concluye la sentencia de 2006, en lo que interesa: \u00bb La reservataria…. tiene \u2026una esperanza o expectaci\u00f3n de derecho (sentencia de 21 de marzo de 1912), derecho expectante de reserva (sentencia de 31 de octubre de 1964), mera expectativa asegurada (sentencia de 17 de junio de 1987): en definitiva, una expectativa jur\u00eddicamente protegida (sentencia de 26 de marzo de 1960) que dar\u00e1 derecho a la reservataria a adquirir los bienes, a la muerte de la reservista y si le sobrevive; es decir, es titular de los bienes reservables, sujeta a la condici\u00f3n suspensiva de sobrevivir a la reservista (lo que recalca la sentencia de 21 de diciembre de 1989). Mientras tanto, puede exigir las garant\u00edas que contempla el art\u00edculo 184 de la Ley Hipotecaria\u00bb.<\/p>\n

        2.-<\/strong> Si el derecho del reservatario a adquirir los bienes nace con la muerte del reservista y la sobrevivencia del reservatario en cuanto que acontecimientos que constituyen la doble condici\u00f3n (art\u00edculo 1.114 del CC), aplicando la disposici\u00f3n transitoria segunda, apartado segundo, que es la norma transitoria espec\u00edficamente aplicable al caso, a la sucesi\u00f3n \u00abmortis causa\u00bb, se aplicar\u00e1 el art.182 (que suprime las reservas) si el reservista fallece con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2\/2006.<\/p>\n

        3.-<\/strong> La sentencia del TS de 17 de junio de 1967 considera esta reserva como una variedad con caracter\u00edsticas propias de las limitaciones de la autonom\u00eda de la voluntad en las sucesiones \u00abmortis causa\u00bb. La STS de 13 de marzo de 2008 entiende que la obligaci\u00f3n de reservar constituye una mera limitaci\u00f3n en cuanto a la disposici\u00f3n de sus bienes por \u00abel ascendiente que heredare de su descendiente\u00bb y la realidad social actual es contraria a limitar al causante sus facultades de disposici\u00f3n sucesoria (art\u00edculo 3 del C\u00f3digo Civil).<\/p>\n

        4.-<\/strong> Las normas excepcionales no se aplicar\u00e1n a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas (art\u00edculo 4.2 del C\u00f3digo Civil).<\/p>\n

        5.-<\/strong> Permite la evoluci\u00f3n del Derecho sin merma de la seguridad jur\u00eddica pues prevalece el derecho del ascendiente que hered\u00f3 bienes del descendiente a disponer de lo heredado, que es un derecho consolidado frente a las meras expectativas del reservatario.<\/p>\n

        No hay llamamiento al reservatario hasta que se abre la sucesi\u00f3n del reservista (vid, art.971CC).<\/a> Esta tesis es mantenida por Vallet y por la RDGRN de 14 de abril de 1969.<\/p>\n

        Por tanto habr\u00e1 que estar a la Ley rectora de la sucesi\u00f3n del reservista para indagar si impone limitaciones, restricciones a la libertad de disposici\u00f3n. <\/strong><\/p>\n

        Una reflexi\u00f3n: Cabr\u00eda preguntarse en este campo de la aplicaci\u00f3n espacial<\/strong> de las normas y teniendo en cuenta los art\u00edculos 3 y 4.2 del CC, acertadamente expuestos por la Sentencia, que si de entrada y en un primer momento no hay obligaci\u00f3n de reservar, tampoco parece l\u00f3gico que demos pie al segundo momento aplicando posteriormente una limitaci\u00f3n impuesta por la ley rectora de la sucesi\u00f3n del reservista; pensemos en descendiente causante sujeto a la ley de Derecho Civil de Galicia y ascendiente reservista cuya sucesi\u00f3n se sujete a derecho civil com\u00fan.<\/p>\n

        \u00bfTendr\u00eda que surgir en un primer momento la obligaci\u00f3n de reservar teniendo en cuenta la Ley rectora de la sucesi\u00f3n del descendiente causante de la reserva y a mayores y cumulativamente <\/strong>que dicha limitaci\u00f3n est\u00e9 contemplada y persista al aplicar la ley rectora de la sucesi\u00f3n del reservista? Lo dejo a vuestra reflexi\u00f3n. (IES)<\/p>\n

        R.13 agosto 2014<\/a>. BOE 6 octubre 2014<\/p>\n

        \u00a0<\/p>\n

        <\/a>Jurisprudencia<\/strong><\/span>.<\/strong><\/p>\n

        <\/a>DONACION COLACIONABLE<\/strong>.<\/strong><\/p>\n

        Sentencia de 25 de mayo de 1992<\/p>\n

        Roj: STS 14117\/1992<\/p>\n

        Ponente: PEDRO GONZALEZ POVEDA<\/p>\n

        Supuesto de hecho<\/strong>.<\/p>\n

        Se discute si el heredero debe colacionar como liberalidad recibida de su madre el no haberle pagada nada pagar nada a su madre -la usufructuaria- por la explotaci\u00f3n agropecuaria desde el I de enero de 1967 al 3 de febrero de 1971, de la que su madre era usufructuaria.<\/p>\n

        Doctrina TS<\/strong>.<\/p>\n

        1<\/strong>. \u201c (\u2026) La sentencia de 3 de junio de 1965 , en un minucioso estudio de la colaci\u00f3n y de sus caracteres o requisitos, estaba \u00abque la Ley, al referirse a la materia colacionable, menciona dos conceptos espec\u00edficos (dote y donaci\u00f3n) y uno gen\u00e9rico con la expresi\u00f3n \u00abu otro t\u00edtulo gratuito\u00bb, pero en el concepto de \u00abdonaci\u00f3n\u00bb habr\u00e1 de comprenderse tanto las que se llaman \u00abpropias\u00bb, incluidas en el art\u00edculo 618 del C\u00f3digo Civil , como las \u00abimpropias\u00bb que suponen enriquecimiento del beneficiado por ellas, sin efectiva y simult\u00e1nea transmisi\u00f3n de bienes; en cambio cuando la Ley habla, con car\u00e1cter general, de otro t\u00edtulo gratuito, ha de entenderse que el mismo habr\u00e1 de reunir los requisitos de ser \u00abderivativo\u00bb y dimanante del de cujus<\/em>, con lo que se excluyen los que no re\u00fanan tales caracteres, siendo ajeno por tanto, a la materia colacionable cuanto no sea lucro que proceda de la voluntad del causante, bien tenga por causa una obligaci\u00f3n incumplida cualquiera, apropiaci\u00f3n unilateral, rendici\u00f3n de cuentas, anticipos reintegrables o cualquier otro d\u00e9bito, convencional o legal, ajeno al motivo espec\u00edfico a que se refiere el art\u00edculo 1.035 del C\u00f3digo Civil ; la expuesta doctrina jurisprudencial lleva a la desestimaci\u00f3n de los dos motivos examinados, ya que las cantidades que se pretenden colacionar no fueron entregadas al demandado por la causante a t\u00edtulo de donaci\u00f3n ni por otro car\u00e1cter gratuito, sino que nos encontramos bien ante un supuesto de rendici\u00f3n de cuentas por el poseedor de los bienes, bien ante cualquiera otro de los contemplados en la citada sentencia de 1965 de los que no surge la obligaci\u00f3n de colacionar\u2026\u201d<\/p>\n

        2<\/strong>. Ello sin perjuicio de que \u201c\u2026acreditado en autos que el demandado don David ha estado en posesi\u00f3n de las referidas fincas, pertenecientes en proindiviso y por iguales partes a los dos hermanos, haciendo suyos los frutos y productos de las mismas, aqu\u00e9l viene obligado a rendir cuentas de esa administraci\u00f3n y a entregar a su comunero la mitad de lo\u00bb beneficios l\u00edquidos obtenidos durante aquel per\u00edodo de tiempo que dure\u00bb la indivisi\u00f3n, de conformidad con el art\u00edculo 393, p\u00e1rrafo primero, del C\u00f3digo Civil , ya que en otro caso se producir\u00eda un enriquecimiento sin causa a favor del copropietario administrador y en perjuicio del que no ha administrado los bienes, sin que pueda entenderse que se ha producido la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n as\u00ed ejercitada ya que no resulta aplicable al caso el art\u00edculo 1.966.2 del C\u00f3digo pues no se trata, como equivocadamente entiende la Sala Sentenciadora, de una reclamaci\u00f3n de la renta arrendaticia aunque para acudir a la fijaci\u00f3n del montante de la deuda se acuda a ese criterio determinativo;<\/p>\n

        \u00a0<\/p>\n

        Comentario.<\/strong><\/p>\n

        El art\u00edculo 1035 CC incluye como tercera categor\u00eda de actos colacionables, junto a la dote y donaci\u00f3n, todo aquello que el heredero forzoso hubiera recibido del causante por cualquier otro t\u00edtulo lucrativo, y precisamente este era el fundamento de quienes demandaban en la Sentencia que nos ocupa. Sin embargo, cualquiera que sea el t\u00edtulo gratuito, debe reunir como condici\u00f3n inexcusable que se trate de una disposici\u00f3n o atribuci\u00f3n ordenada por el causante con \u00e1nimo de conceder una ventaja econ\u00f3mica al heredero legitimario. Debe tratarse de t\u00edtulos derivativos procedentes del causante a t\u00edtulo gratuito, con lo que se excluyen cualesquiera otros que no re\u00fanan estas caracter\u00edsticas (SS.TS 3 de junio de 1965 y 25 de mayo de 1992<\/em>)<\/p>\n

        \u00a0<\/strong><\/p>\n

        <\/a>Resoluciones comentadas<\/strong>.<\/strong><\/span><\/p>\n

        \u00a0<\/strong><\/p>\n

        <\/a>INMATRICULACI\u00d3N<\/strong>.<\/strong><\/p>\n

        FINCA COLINDANTE CON MONTE P\u00daBLICO.<\/strong>.<\/p>\n

        Supuesto de hecho<\/strong>.<\/p>\n

        1. Se pretende la inmatriculaci\u00f3n de una finca colindante con monte p\u00fablico. Solicitado informe preceptivo por el Registrador, la Consejer\u00eda de Medio Ambiente y Ordenaci\u00f3n del Territorio de la Junta de Andaluc\u00eda informa desfavorablemente, raz\u00f3n por la que no se practica la inmatriculaci\u00f3n.<\/p>\n

        2.La recurrente alega que la inmatriculaci\u00f3n de la finca no est\u00e1 sujeta al requisito del informe favorable, pues seg\u00fan entiende, la r\u00fabrica del art\u00edculo 22 de la Ley de Montes se refiere a asientos registrales de montes privados, mientras que en el presente caso, la finca objeto de inmatriculaci\u00f3n tiene un uso local principal agr\u00edcola (pastos 03) al que no le puede ser de aplicaci\u00f3n la legislaci\u00f3n forestal seg\u00fan disponen los art\u00edculos 2 y 5 de la Ley de Montes \u2013no tienen consideraci\u00f3n de monte los terrenos dedicados al cultivo agr\u00edcola\u2013.<\/p>\n

        Doctrina de la DGRN<\/strong><\/p>\n

          \n
        1. La Resoluci\u00f3n confirma la calificaci\u00f3n registral pues, \u201c\u2026 De conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 22.1 de la Ley 43\/2003, de 21 de noviembre, de Montes, \u00abtoda inmatriculaci\u00f3n o inscripci\u00f3n de exceso de cabida en el Registro de la Propiedad de un monte o de una finca colindante con monte demanial o ubicado en un t\u00e9rmino municipal en el que existan montes demaniales requerir\u00e1 el previo informe favorable de los titulares de dichos montes y, para los montes catalogados, el del \u00f3rgano forestal de la comunidad aut\u00f3noma\u201d.<\/li>\n
        2. \u201c\u2026El efecto del informe desfavorable es por tanto impedir la inscripci\u00f3n, sin perjuicio de los eventuales recursos de los interesados en el \u00e1mbito de la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa si discrepan del informe de la Administraci\u00f3n. Debiendo entretanto prevalecer, como se\u00f1ala la Resoluci\u00f3n de esta Direcci\u00f3n General de 17 de octubre de\u00a02011, la presunci\u00f3n de validez de los actos administrativos..\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n

          \u00a0<\/p>\n

          Comentario<\/strong><\/p>\n

          1.La DGRN no deja lugar a dudas en este punto y dice, citando el art. 22 Ley de Montes, que \u00abtoda inmatriculaci\u00f3n o inscripci\u00f3n de exceso de cabida en el Registro de la Propiedad de un monte o de una finca colindante con monte demanial o ubicado en un t\u00e9rmino municipal<\/u> en el que existan montes demaniales requerir\u00e1 el previo informe favorable de los titulares de dichos montes y, para los montes catalogados, el del \u00f3rgano forestal de la comunidad aut\u00f3noma\u00bb.<\/p>\n

            \n
          1. En RR anteriores (R. 4 diciembre 2007\/BOE 15 enero 2008 y 18 septiembre 2008\/BOE15 octubre 2008) ha precisado la DGRN la aplicaci\u00f3n del art. 22 de la Ley de Montes diciendo que no basta que la finca en cuesti\u00f3n est\u00e9 situada en municipio en que existan montes demaniales, sin\u00f3 que es preciso que dicha finca (i<\/strong>) sea monte (ii<\/strong>) o linde con un monte demanial o monte situado en t\u00e9rmino municipal donde existan montes demaniales.<\/li>\n<\/ol>\n

            Resoluci\u00f3n de 1 de agosto de 2014<\/a>. BOE 6 octubre 2014.<\/p>\n

            \u00a0<\/p>\n

            <\/a>ACTA DE NOTORIEDAD<\/strong>.<\/strong><\/p>\n

            SENTENCIA DECLARATIVA CONTRADICTORIA<\/p>\n

            Supuesto de hecho<\/strong><\/p>\n

            Se inscriben dos fincas (A y B) por t\u00edtulo de aportaci\u00f3n a la sociedad de gananciales y acta de notoriedad complementaria de dicho t\u00edtulo, acreditativa del hecho de que el transmitente es tenido por due\u00f1o de las fincas (ex. art. 298 RH). Titular registral y titular catastral de las fincas no coinciden. El titular registral demanda al catastral y este reconviene obteniendo sentencia a su favor declarativa de su dominio sobre una de las fincas registrales (A) y sobre parte de la otra (B). La propiedad de esta segunda finca la comparten seg\u00fan la sentencia, titular registral y catastral.<\/p>\n

            Por todo ello, la Sentencia \u201cdeclara la nulidad de la escritura de acta de notoriedad y de los asientos catastrales y registrales en todo aquello que se opongan a dicha declaraci\u00f3n y solamente respecto de las citadas fincas\u201d.<\/p>\n

            Doctrina de la DGRN<\/strong><\/p>\n

            Recurrida la calificaci\u00f3n registral, contraria a la pr\u00e1ctica de las inscripciones derivadas de la sentencia, la Resoluci\u00f3n resuelve del siguiente modo:<\/p>\n

            1\u00ba La propiedad de la finca A se le ha reconocido al titular catastral por t\u00edtulo de herencia testada, lo que ha quedado claramente declarado en la sentencia firme. Por tanto, dicha propiedad deber\u00e1 quedar inscrita a su favor por t\u00edtulo de herencia con la consiguiente cancelaci\u00f3n del asiento registral contradictorio.<\/p>\n

            2\u00ba La propiedad de la finca B pertenece en parte al titular catastral y en parte al titular registral. No se puede practicar la inscripci\u00f3n mientras no se especifique dicho proindiviso por exigencias del principio de especialidad. Mientras tanto, lo que procede es cancelar el asiento registral en su totalidad por cuanto ha quedado demostrado su inexactitud y su falta de correspondencia no s\u00f3lo con la titularidad real sino con el propio Catastro<\/p>\n

            Nada impide, sin embargo, que una vez actualizado el Catastro, ambos titulares puedan proceder de nuevo a la inmatriculaci\u00f3n con exacta determinaci\u00f3n de la descripci\u00f3n de la finca acorde con certificaci\u00f3n catastral descriptiva y gr\u00e1fica actualizada (cfr. art\u00edculo 298 Reglamento Hipotecario).<\/p>\n

            Comentario<\/strong><\/p>\n

            La Sentencia declarativa del dominio debe prevalecer sobre el t\u00edtulo p\u00fablico complementado por acta de notoriedad y sobre el correspondiente asiento registral cuando en proceso judicial contradictorio queda demostrado el t\u00edtulo de propiedad de una de las partes.<\/p>\n

            Ha de tenerse en cuenta que el acta de notoriedad complementaria del t\u00edtulo p\u00fablico constata el hecho<\/em> de que el transmitente es tenido por <\/em>due\u00f1o, pero no constata el derecho<\/em>, es decir , que el transmitente sea<\/em> due\u00f1o, pues tal declaraci\u00f3n en caso de controversia corresponde a los Tribunales de Justicia.<\/p>\n

            Coherentemente con lo dicho, el art. 209 RN deja a salvo la posibilidad de acudir a los Tribunales quien se crea con derecho sobre el inmueble, e, incluso, dispone la interrupci\u00f3n del acta si se acredita al Notario haberse entablado demanda en juicio declarativo con respecto al hecho<\/strong> cuya notoriedad se pretende establecer<\/em>.<\/p>\n

            Resoluci\u00f3n de 7 de agosto de 2014<\/a>. BOE 6 octubre 2014.<\/p>\n

            \u00a0<\/p>\n

            <\/a>OPCI\u00d3N DE COMPRA<\/strong>.<\/strong><\/p>\n

            EJERCICIO UNILATERAL Y CARGAS POSTERIORES.<\/strong><\/p>\n

            SUPUESTO DE HECHO<\/strong><\/p>\n

            Mediante escritura p\u00fablica se constituye derecho de opci\u00f3n de compra sobre una finca y se inscribe en el Registro de la propiedad. Inscrito el derecho de opci\u00f3n, el propietario del inmueble y concedente de la opci\u00f3n constituye un derecho real de hipoteca sobre el mismo en garant\u00eda del pago de un pr\u00e9stamo concedido por un tercero. Tal posibilidad es consecuencia de que la inscripci\u00f3n de la opci\u00f3n no produce el cierre registral a otros actos dispositivos o de gravamen. La hipoteca causa el correspondiente asiento registral que est\u00e1 vigente cuando se ejercita el derecho de opci\u00f3n.<\/p>\n

            De forma unilateral, el titular del derecho de opci\u00f3n ejercita su derecho en escritura p\u00fablica y solicita que, a la vez que se inscribe su adquisici\u00f3n, se cancele el asiento de hipoteca posterior a su derecho de opci\u00f3n,<\/p>\n

            CUESTI\u00d3N PLANTEADA<\/strong><\/p>\n

            El adquirente por opci\u00f3n pretende la cancelaci\u00f3n de la hipoteca sin que haya consignado el precio de la compraventa, pues afirma que tal precio ya se ha pagado anticipadamente al otorgamiento de la escritura. Alega en su favor la R. 11 de mayo de 2011.<\/p>\n

            DGRN<\/strong><\/p>\n

            Desestima el recurso planteado sin que ello suponga desconocer la trascendencia real o erga omnes<\/em> del derecho de opci\u00f3n inscrito:<\/p>\n

            1<\/strong> consecuencias de la trascendencia real de la opci\u00f3n: cancelaci\u00f3n previa consignaci\u00f3n.<\/p>\n

            La trascendencia erga omnes<\/em> del derecho de opci\u00f3n inscrito supone que el adquirente por opci\u00f3n puede solicitar y obtener la cancelaci\u00f3n de asientos y cargas posteriores inscritas despu\u00e9s del derecho de opci\u00f3n y que sean incompatibles con el derecho del adquirente optante.<\/p>\n

            Sin embargo, para que se proceda a la cancelaci\u00f3n de la hipoteca se necesita que el adquirente consigne el precio de la compra a disposici\u00f3n de los titulares de cargas posteriores, en virtud de lo dispuesto en el art. 175 6\u00ba RH.\u00a0<\/p>\n

            2<\/strong> Notas sobre la consignaci\u00f3n del precio<\/p>\n

            a<\/strong>) Regulaci\u00f3n: si bien la legislaci\u00f3n hipotecaria no regula con car\u00e1cter general la obligaci\u00f3n de consignaci\u00f3n para la cancelaci\u00f3n de los derechos reales, sin embargo, teniendo en cuenta los principios generales, la consignaci\u00f3n o dep\u00f3sito del precio del inmueble a disposici\u00f3n de los titulares de cr\u00e9ditos y derechos posteriores es requisito obligatorio, y ello con la finalidad de que estos titulares puedan ver satisfechas (en todo o parte) sus leg\u00edtimas pretensiones.<\/p>\n

            \u00a0b<\/strong>) Consecuencias pr\u00e1cticas de la obligaci\u00f3n de consignar:<\/p>\n

            – La obligaci\u00f3n de consignar no debe llevarse al extremo de perjudicar al titular del derecho de opci\u00f3n inscrito en beneficio de los titulares posteriores, impidi\u00e9ndole en cualquier caso y circunstancias la cancelaci\u00f3n de los asientos posteriores.<\/p>\n

            – Sin embargo, lo que tampoco se puede es dejar al arbitrio del optante la efectividad de la obligaci\u00f3n de consignar, admitiendo cualesquiera pactos que hagan imposible su cumplimiento.<\/p>\n

            – Algunos supuestos concretos tratados por la DGRN:<\/p>\n

            1\u00ba No cabe exigir consignaci\u00f3n cuando no proceda pago alguno en el momento de la compraventa seg\u00fan lo convenido en la escritura de concesi\u00f3n del derecho de opci\u00f3n y reflejado en el asiento registral. Por tanto, es decisiva la configuraci\u00f3n del derecho de opci\u00f3n en la escritura para que pueda ser transcrito en el asiento registral. Dice la DGRN: Todas las circunstancias que excepcionan la obligaci\u00f3n de consignar deben constar en la escritura p\u00fablica y constar inscritas en el Registro de la Propiedad<\/em>.<\/p>\n

            En el caso de la presente Resoluci\u00f3n se alegaba por el optante que el pago del precio se hab\u00eda hecho con anterioridad mediante dos pagar\u00e9s, argumento que no es atendido por la DGRN por cuanto dichos pagos \u201c\u2026no quedan indubitadamente justificados, ni acreditado que lo fueran en pago del ejercicio del derecho de opci\u00f3n y no a otra posible obligaci\u00f3n existente frente al concedente, no pueden ser oponibles a tercero, como se deduce del art\u00edculo 32 de la Ley Hipotecaria, para lo cual hubiera sido necesario su adecuado reflejo registral, cumpliendo los requisitos exigidos por la legislaci\u00f3n hipotecaria\u2026\u201d<\/p>\n

            2\u00ba Deducci\u00f3n del importe de la prima de la opci\u00f3n (.18 mayo 2011. BOE 20 junio 2011): \u201c\u2026 Se trata de un pacto bastante frecuente en la pr\u00e1ctica, especialmente en un momento de incertidumbre en el mercado inmobiliario, que incentiva a quien adquiere el derecho de opci\u00f3n, al permitirle, si finalmente lo ejercita, aprovechar las cantidades que abon\u00f3 para adquirir la propia opci\u00f3n. Al constar en el Registro que la cantidad pagada por el otorgamiento de la opci\u00f3n se deducir\u00e1 del precio, si se ejercita tal derecho, cualquier titular de un derecho posterior tiene conocimiento de que tal cantidad no se consignar\u00e1\u2026\u201d<\/p>\n

            3\u00ba Deducci\u00f3n del importe de cargas anteriores a la propia opci\u00f3n, que son asumidas o satisfechas por el optante (.18 mayo 2011. BOE 20 junio 2011): \u201c\u2026La cuesti\u00f3n fue tratada por la Resoluci\u00f3n de 4 de septiembre de 2009, que permiti\u00f3 detraer de las cantidades que deben ser consignadas el importe de aquellas cargas en las que se subrogue el adquirente, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 118 de la Ley Hipotecaria. Lo contrario, se\u00f1alaba dicha Resoluci\u00f3n, supondr\u00eda un enriquecimiento injusto a favor del titular de la carga posterior, y el correlativo perjuicio para el optante, todo ello sobre la base del precio inscrito para el ejercicio de la opci\u00f3n\u2026\u201d.<\/p>\n

            Una precisi\u00f3n importante en cuanto al importe de las cargas anteriores: Las cantidades satisfechas por estos conceptos no podr\u00e1n ser superiores a las correspondientes coberturas hipotecarias. Pero dentro de dichos l\u00edmites, es posible deducir no s\u00f3lo el importe del principal, sino tambi\u00e9n de aquellos otros conceptos garantizados por la hipoteca que hayan podido devengarse, como son los intereses de demora<\/p>\n

            4\u00ba Tampoco hay que consignar en caso de haberse pactado en la escritura de concesi\u00f3n de la opci\u00f3n un pago por compensaci\u00f3n de deudas (excluy\u00e9ndose tal posibilidad, l\u00f3gicamente, si hubiera pacto comisorio). En general puede decirse que no habr\u00e1 obligaci\u00f3n de consignar cuando la forma de pago que se hubiera pactado no permite la consignaci\u00f3n por no haber entrega alguna de cantidad.<\/p>\n

            27 SEPTIEMBRE 2014.<\/a> BOE 27 octubre 2014<\/p>\n

            \u00a0<\/p>\n

            <\/a>CONVENIO REGULADOR.<\/strong><\/p>\n

            VIVIENDA FAMILIAR EN PROINDIVISO<\/p>\n

            Supuesto de hecho<\/strong>.<\/p>\n

            En convenio regulador homologado judicialmente en el proceso de divorcio se liquida la vivienda familiar que hab\u00eda sido adquirida por ambos c\u00f3nyuges antes de la celebraci\u00f3n del matrimonio, perteneci\u00e9ndoles en pro indiviso ordinario.<\/p>\n

            Es similar al tratado en la Resoluci\u00f3n de 26 de julio de 2014 comentada en el Informe n\u00famero 240 del mes de septiembre (resoluci\u00f3n n\u00famero 296),<\/p>\n

            Doctrina DGRN <\/strong><\/p>\n

            Reitera que forma parte de las operaciones de liquidaci\u00f3n la atribuci\u00f3n de la vivienda familiar incluso en el supuesto de que su titularidad pertenezca por mitades a los c\u00f3nyuges por adquisici\u00f3n realizada antes del matrimonio, pues en este supuesto su evidente afecci\u00f3n a las necesidades del matrimonio justifica sobradamente su inclusi\u00f3n junto a los bienes adquiridos constante el r\u00e9gimen matrimonial.<\/p>\n

            Para un comentario m\u00e1s extenso puede consultarse el referido Informe del mes de septiembre.<\/p>\n

            Resoluci\u00f3n 29 septiembre<\/a> 2014. BOE 27 octubre 2014.<\/p>\n

            \u00a0<\/p>\n

            Cuestionario pr\u00e1ctico.<\/strong><\/p>\n

            \u00a0<\/strong><\/p>\n

            <\/a>ANOTACI\u00d3N PREVENTIVA<\/strong><\/p>\n

            CADUCIDAD<\/p>\n

            \u00bfCabe prorrogar una anotaci\u00f3n preventiva de embargo en virtud de mandamiento judicial que<\/u> es de fecha anterior a la de la caducidad de la anotaci\u00f3n, pero cuya presentaci\u00f3n en el Registro se produce ya despu\u00e9s<\/u>? NO<\/strong>..<\/p>\n

            La fecha relevante, seg\u00fan reiteradas RR, no es la del documento judicial ordenando la pr\u00f3rroga sino la de su presentaci\u00f3n en el Registro.<\/p>\n

            Habi\u00e9ndose presentado fuera del plazo de vigencia de la anotaci\u00f3n, \u00e9sta ha caducado, caducidad que opera \u00abipso iure\u00bb, sin que a partir de entonces pueda surtir ning\u00fan efecto ni pueda prorrogarse, y todo ello independientemente de que se haya procedido o no a la cancelaci\u00f3n correspondiente, pues la cancelaci\u00f3n no es sino la exteriorizaci\u00f3n registral de algo que era inexistente desde el momento en que se produjo la caducidad expresada.<\/p>\n

            R.16 septiembre 2014<\/a>. BOE 9 octubre 2014\/338<\/p>\n

            17 septiembre 2014<\/a>. BOE 9 octubre 2014\/339<\/p>\n

            \u00a0<\/strong><\/p>\n

            <\/a>EXPEDIENTE DE DOMINIO<\/strong>.<\/p>\n

            DUDAS FUNDADAS.\u00a0<\/p>\n

            La DGRN reitera (R. 25 de noviembre de 2013<\/a>, R. 27 de marzo de 2014<\/a>) que las dudas del registrador en lo relativo a la identificaci\u00f3n de la finca no pueden impedir, en v\u00eda de principios, la inscripci\u00f3n en los supuestos de expediente de dominio, pues el juicio sobre tal extremo corresponde exclusivamente al juez, salvo que esas dudas se hubieran ya expresado al expedirse la certificaci\u00f3n, o que el registrador no tenga ya dudas, sino la certeza de que la finca objeto del expediente de dominio es distinta de la inscrita, cuyo tracto ha sido interrumpido.<\/p>\n

            2 octubre 2014<\/a>. BOE 30 octubre 2014\/353<\/p>\n

            \u00a0<\/strong><\/p>\n

            <\/a>HERENCIA<\/strong><\/p>\n

              \n
            1. INTERVENCI\u00d3N DE LOS LEGITIMARIOS EN LA PARTICI\u00d3N.<\/li>\n<\/ol>\n

              \u00bfDeben intervenir en la partici\u00f3n los legitimarios aun cuando se haya dispuesto que sul leg\u00edtima se pague en dinero<\/u>? SI<\/strong>.<\/p>\n

              Seg\u00fan dice la DGRN, la leg\u00edtima, incluso en este caso, es una \u201cpars bonorum\u201d, con independencia de la posici\u00f3n que se tenga \u201cde lege ferenda\u201d, por lo que al no haber contador partidor deben de intervenir tambi\u00e9n los legitimarios<\/p>\n

              R.15 septiembre 2014<\/a>. BOE 9 octubre 2014\/335<\/p>\n

                \n
              1. EXCESO DE ADJUDICACION SIN COMPENSACI\u00d3N<\/li>\n<\/ol>\n

                La causa est\u00e1 expresada en la escritura calificada, al detallar que aun cuando exista un exceso de adjudicaci\u00f3n han convenido que el adjudicatario no tenga que realizar compensaci\u00f3n alguna por ello, lo que hace gratuita dicha adjudicaci\u00f3n excedentaria<\/p>\n

                R.2 octubre 2014<\/a>. BOE 30 octubre 2014\/352<\/p>\n

                \u00a0<\/strong><\/p>\n

                <\/a>PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO<\/strong>.<\/p>\n

                EXPEDIENTE DE DOMINIO<\/p>\n

                \u00bfCabe reanudar el tracto registral interrumpido mediante expediente de dominio cuando quienes pretenden la inscripci\u00f3n adquirieron de los \u00fanicos herederos del titular registral<\/u>? NO<\/strong>.<\/p>\n

                \u201c (\u2026) si bien es cierto que el art\u00edculo 40.a) de la Ley Hipotecaria parece presuponer que hay interrupci\u00f3n cuando al menos \u00abalguna\u00bb relaci\u00f3n jur\u00eddica inmobiliaria no tiene acceso al Registro, no lo es menos, que en otros lugares de la propia legislaci\u00f3n hipotecaria, se reconoce la posibilidad de inscripci\u00f3n directa a favor del adquirente de los bienes cuando la enajenaci\u00f3n ha sido otorgada por los herederos del titular registral (cfr. art\u00edculos 20 de la Ley Hipotecaria y 209 del Reglamento Hipotecario), por lo tanto en este caso bastar\u00eda la elevaci\u00f3n a p\u00fablico del citado contrato privado de compraventa\u201d.<\/p>\n

                \u00bfCabe en casos de extrema dificultad admitir la reanudacion del tracto mediante expediente de dominio aunque efectivamente las titularidades est\u00e9n encadenadas<\/u>? SI<\/strong>.<\/p>\n

                En el caso en concreto no cabe apreciar dicha dificultad por cuanto los herederos del titular registral y los adquirentes constan en el expediente, bien como notificados, bien como promotores del mismo.<\/p>\n

                2 octubre 2014<\/a>. BOE 30 octubre 2014\/355<\/p>\n

                \u00a0<\/p>\n

                <\/a>\u00a0T\u00cdTULO INSCRIBIBLE<\/strong><\/p>\n

                SENTENCIA EN REBELD\u00cdA.<\/p>\n

                Reitera m\u00faltiple doctrina seg\u00fan la cual en los documentos de origen judicial se exige que el t\u00edtulo correspondiente sea una ejecutoria, y que conforme al art. 245.4 LOPJ<\/a> la ejecutoria es \u00abel documento p\u00fablico y solemne en que se consigna una sentencia firme\u00bb.<\/p>\n

                Y se reitera igualmente la doctrina seg\u00fan la cual cuando una sentencia se hubiera dictado en rebeld\u00eda es preciso que, adem\u00e1s de ser firme, haya transcurrido el plazo del recurso de audiencia al rebelde. (art 524.4 LEC<\/a>).<\/p>\n

                1 octubre 2014<\/a>. BOE 30 octubre 2014\/351<\/p>\n

                IR A LA SECCI\u00d3N<\/a><\/strong><\/h3>\n

                LISTA DE INFORMES<\/a><\/h2>\n

                RESOLUCIONES POR MESES<\/a><\/strong><\/h3>\n

                DISPOSICIONES 2002-2016<\/a><\/strong><\/h3>\n

                DISPOSICIONES + DESTACADAS<\/a><\/strong><\/h3>\n

                CUADRO NORMAS B\u00c1SICAS<\/a><\/strong><\/h3>\n

                \u00a0<\/h3>\n
                \"Parque<\/a>

                Parque Nacional de Timanfaya (lanzarote)<\/p><\/div>\n

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                Por Jos\u00e9 Antonio Riera \u00c1lvarez, Notario de Arucas (Gran Canaria)<\/b><\/h2>\n<\/p>\n

                \"\"<\/CENTER><\/p>\n

                Jurisprudencia, resoluciones comentadas y cuestiones pr\u00e1cticas.\u00a0<\/p>\n

                Herencia y Derecho internacional Privado, inmatriculaci\u00f3n, acta de notoriedad, opci\u00f3n de compra…<\/p>\n

                <\/p>\n

                Seguir leyendo…<\/h2>\n

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