<\/p>\n
Quien necesite saber con certeza en estos momentos si cualquier liquidaci\u00f3n por el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (al que voy a denominar de plusval\u00eda, nombre con el que tradicionalmente ha sido identificado) que se gire ahora es o no es conforme a Derecho, tiene un problema serio.<\/p>\n
Despu\u00e9s de la STC. 59\/2017 y antes de que se resuelva la cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad n.\u00ba 1020-2019 es imposible predecir si al final resultar\u00e1 bien o mal determinada la base imponible en las liquidaciones que se est\u00e1n practicando por los ayuntamientos conforme a la Ley de Haciendas Locales.<\/p>\n
\u00a0Lo que se puede anticipar es lo que dir\u00e1 la justicia contencioso-administrativa. De eso, ahora, puede informarse con bastante seguridad.<\/p>\n
<\/p>\n
De la jurisprudencia del Tribunal Supremo aplicable se deduce lo siguiente:<\/p>\n
– Si se puede demostrar, utilizando cualquiera de los medios probatorios admitidos por el ordenamiento fiscal, que no ha existido incremento de valor del terreno desde el momento inicial (adquisici\u00f3n) hasta el final (transmisi\u00f3n) conviene presentar una declaraci\u00f3n con cuota cero que, a tenor de la Resoluci\u00f3n DGRN de 1 de abril de 2019<\/strong> (BOE de 23 de abril), es suficiente para levantar el cierre registral.<\/p>\n – Si no se puede demostrar (la prueba corresponde al sujeto pasivo) caben, al menos, tres opciones:<\/p>\n (i) Autoliquidar aplicando todos los elementos de cuantificaci\u00f3n de base y determinaci\u00f3n de cuota que regulan los preceptos no declarados por completo inconstitucionales.<\/p>\n (ii) Autoliquidar con cuota cero, anticipando una eventual sentencia T.C. que declare inviable seguir exigiendo el plusval\u00eda en tanto no se reforme la Ley.<\/p>\n (iii) Autoliquidar aplicando la f\u00f3rmula alternativa que se ha venido en denominar (por lo que despu\u00e9s se dir\u00e1) \u201cde Cuenca\u201d<\/em>, anticipando una eventual sentencia T.C. que estime factible la aplicaci\u00f3n de dicha f\u00f3rmula como m\u00e1s ajustada a los principios constitucionales, sin necesidad de que se reforme la ley o mientras se reforma.<\/p>\n Convendr\u00e1 advertir que la alternativa (i) puede resultar onerosa si, finalmente, es declarada inconstitucional la aplicaci\u00f3n de lo que sobre determinaci\u00f3n de la base imponible de la plusval\u00eda queda de la Ley de Haciendas Locales (ver nota al final), al tratarse de cuesti\u00f3n sometida en estos momentos al Pleno del T.C. por lo que cabe la posibilidad de que se pague de m\u00e1s y resulte dif\u00edcil o imposible (por plazos) pedir la devoluci\u00f3n. Para evitarlo se puede valorar si conviene pedir la devoluci\u00f3n por ingresos indebidos desde ya, en espera de que la sentencia constitucional llegue mientras se sustancia la reclamaci\u00f3n.<\/p>\n \u00a0Pero tambi\u00e9n que las alternativas (ii) y (iii) llevaran indefectiblemente a una liquidaci\u00f3n a partir de las normas vigentes sin que hoy en d\u00eda existan posibilidades razonables de que vaya a prosperar en el seno de la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa, un recurso basado en que mientras no se sustituyan las disposiciones declaradas inconstitucionales no se puede exigir el pago del impuesto (cuota cero) o bien en que la f\u00f3rmula legal no permite determinar el verdadero incremento de valor, debiendo sustituirse por otra (la de Cuenca), que s\u00ed lo permite. Lo que tampoco se puede descartar en que el legislador cumpla su obligaci\u00f3n (como dijo el T.C. y recuerda el T.S.) de reformar la Ley de Haciendas Locales, como han hecho las Haciendas Forales (incluso alguna, como la vizca\u00edna, antes de que tuviera estricta obligaci\u00f3n de hacerlo) y que de ese ajuste resulten normas aplicables con car\u00e1cter retroactivo (por declaraci\u00f3n expresa) que puedan ser m\u00e1s favorables que la del apartado (i).<\/p>\n As\u00ed est\u00e1n las cosas a las 12,55 horas del 25 de abril de 2019.<\/p>\n A continuaci\u00f3n, la justificaci\u00f3n jurisprudencial de mis conclusiones:<\/p>\n <\/p>\n (i). Para los Ayuntamientos que se rigen por la Ley de Haciendas Locales la sentencia fundamental es la n\u00fam. 59\/2017 de 11 mayo, del Pleno del Tribunal Constitucional<\/strong>, que decidi\u00f3:<\/p>\n \u201cEstimar la cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad n\u00fam. 4864-2016 y, en consecuencia, declarar que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, <\/strong>todos ellos del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2\/2004, de 5 de marzo, son inconstitucionales y nulos, pero \u00fanicamente en la medida que someten a tributaci\u00f3n situaciones de inexistencia de incrementos de valor\u201d<\/strong>.<\/em><\/p>\n (ii). Y se encuentra pendiente de resolver (ver resoluci\u00f3n del Pleno del T.C. de 26 de marzo de 2019 <\/strong>en BOE del 2 de abril de 2019) la Cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad n.\u00ba 1020-2019<\/strong>, en relaci\u00f3n con los art\u00edculos 107 y 108 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2\/2004, de 5 de marzo, en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 31 CE. planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n\u00ba 32 de Madrid mediante Auto de 8 de febrero de 2019.<\/strong> Recurso 336\/2018 (ECLI: ES: JCA: 2019:4\u00aa) en el que se dice: \u201cCUARTO. Planteamiento de la cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad<\/em>. (\u2026) El supuesto que se plantea en esta cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad es diferente al resuelto por el Tribunal Constitucional en la citada sentencia, puesto que se plantea que, existiendo un incremento de valor, la cuota a pagar es superior al incremento real experimentado por la venta del terreno, por lo que el contribuyente ve como \u00e9ste (el incremento) le es \u00abexpropiado\u00bb de facto, lo que podr\u00eda tener car\u00e1cter confiscatorio. <\/strong>Esta circunstancia no est\u00e1 prevista en la normativa que regula el impuesto, ni se ha planteado ante el Tribunal Constitucional.<\/em><\/p>\n Adem\u00e1s de lo anterior, procede plantear al Tribunal Constitucional, en el supuesto que no concurra tal situaci\u00f3n, si la falta de valoraci\u00f3n de la capacidad econ\u00f3mica en la determinaci\u00f3n de la cuota tributaria, siendo indiferente para legislador el beneficio obtenido por el contribuyente, respeta los principios recogidos en el art\u00edculo 31 de la Constituci\u00f3n, es decir, si pudiera resultar contrario a la Constituci\u00f3n el que la cuota tributaria no sea proporcional al incremento patrimonial real que grava<\/strong>.<\/em><\/p>\n Por lo tanto, entiende el Juzgador que las normas de disciplina el impuesto pueden contravenir la doctrina constitucional sobre la capacidad econ\u00f3mica, prohibici\u00f3n de car\u00e1cter confiscatorio y progresividad de los tributos, de tal modo que de la adecuaci\u00f3n o no de los art\u00edculos 107 y 108 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de 2004 al art\u00edculo 31 de la Constituci\u00f3n resulta determinante del sentido del fallo que se haya de dictar en los presentes autos.<\/em><\/p>\n Procede, en consecuencia, y en aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en el art\u00edculo 35.2 de la Ley Org\u00e1nica 2\/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, y con suspensi\u00f3n provisional del curso de los autos, elevar cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad de los referidos preceptos legales al Tribunal Constitucional, para que, si fuera el caso y en el ejercicio de sus competencias, determine lo procedente\u201d.<\/em><\/p>\n <\/p>\n Hay dos sentencias fundamentales:<\/p>\n (i) LA DE SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, (SECCI\u00d3N 2\u00aa) N\u00daM. 1163\/2018 DE 9 JULIO<\/strong> (ECLI: ES: TS: 2018:2499) de la que transcribo, parcialmente, pero de forma literal,\u00a0 los p\u00e1rrafos m\u00e1s relevantes, destacando en negrita lo que me parece esencial:<\/p>\n \u201cANTECEDENTES DE HECHO. <\/em><\/p>\n TERCERO<\/em><\/p>\n Preparaci\u00f3n y admisi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n.<\/em><\/p>\n \u00abDeterminar si,<\/strong> para garantizar la seguridad jur\u00eddica ( art\u00edculo 9.3 de la Constituci\u00f3n ), la igualdad en la aplicaci\u00f3n de la ley ( art\u00edculo 14 de la Constituci\u00f3n ) y el respeto de la reserva de ley en materia tributaria ( art\u00edculos 31.3 y 133.1 y 2 de la Constituci\u00f3n ), la inconstitucionalidad de los art\u00edculos 107.1 , 107.2 a ) y 110.4 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales<\/strong> , aprobado por el Real Decreto legislativo 2\/2004, de 5 de marzo, declarada en la sentencia del Tribunal Constitucional 59\/2017, de 11 de mayo , obliga en todo caso a la anulaci\u00f3n de las liquidaciones y al reconocimiento del derecho a la devoluci\u00f3n de ingresos indebidos<\/strong> en las solicitudes de rectificaci\u00f3n de autoliquidaciones por el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, sin entrar a valorar la existencia o no en cada caso de una situaci\u00f3n inexpresiva de capacidad econ\u00f3mica\u00bb.<\/em><\/p>\n El citado auto identifica como normas jur\u00eddicas que, en principio, ser\u00e1n objeto de interpretaci\u00f3n, los art\u00edculos 107.1 , 107.2.a) y 110.4 del TRLHL, atendida la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad contenida en la STC 59\/2017 .<\/em><\/p>\n FUNDAMENTOS DE DERECHO<\/em><\/p>\n TERCERO<\/em><\/p>\n Interpretaci\u00f3n del fallo de la STC 59\/2017 efectuada por algunos Tribunales Superiores de Justicia.<\/em><\/strong><\/p>\n En la determinaci\u00f3n del alcance de los efectos de la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad contenida en la STC 59\/2017 , en un primer momento, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid -en sentencia de 19 de julio de 2017 (rec. apelaci\u00f3n 783\/2016)- y, posteriormente, otros Tribunales Superiores de Justicia [entre otros, de Castilla y Le\u00f3n, con sede en Burgos, sentencia de 22 de septiembre de 2017 (rec. 21\/2017 ); de Galicia, sentencia de 14 de julio de 2017 (rec. 15002\/2017 ); de Catalu\u00f1a, sentencia de 21 de diciembre de 2017 (rec. 100\/2017 ); y de Navarra, sentencia de 6 de febrero de 2018 (rec. 535\/2016 )], han venido anulando sistem\u00e1ticamente las liquidaciones dictadas en relaci\u00f3n con el IIVTNU –<\/strong>con independencia de que las mismas se hubieran practicado sobre la base de situaciones expresivas o inexpresivas de capacidad econ\u00f3mica-, en cuanto que giradas \u00aben aplicaci\u00f3n de preceptos expulsados del ordenamiento jur\u00eddico ex origine , cuyo resultado -al decir de estos Tribunales- no puede ser reexaminado a la vista del resultado de prueba pericial para la que se carece de par\u00e1metro legal (comparaci\u00f3n de valores escriturados, comparaci\u00f3n de valores catastrales, factores de actualizaci\u00f3n, aplicaci\u00f3n de normas de otros impuestos…) en ejercicio o forma de actuaci\u00f3n expresamente rechazado, pues implicar\u00eda continuar haciendo lo que expresamente el Tribunal Constitucional rechaza, esto es, \u00abdejar al arbitrio del aplicador tanto la determinaci\u00f3n de los supuestos en los que nacer\u00eda la obligaci\u00f3n tributaria como la elecci\u00f3n del modo de llevar a cabo la determinaci\u00f3n del eventual incremento o decremento\u00bb, determinaci\u00f3n que el Constitucional insiste queda reservada al legislador, al que debe entenderse dirigida la aclaraci\u00f3n del alcance o significado de la inconstitucionalidad declarada, no al aplicador del derecho, que con ello habr\u00eda de quebrantar principios de seguridad jur\u00eddica y de reserva de ley en materia tributaria, que en definitiva han determinado la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad\u00bb [ sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 19 de julio de 2017 (rec. de apelaci\u00f3n 783\/2016), FD 3\u00ba].<\/em><\/p>\n CUARTO<\/em><\/p>\n (\u2026)Sin embargo, de un an\u00e1lisis sosegado del texto de la STC 59\/2017<\/strong> en el que se tomen en consideraci\u00f3n, no solo la literalidad de su fallo o incluso de alg\u00fan fundamento jur\u00eddico aislado [se\u00f1aladamente, del FJ 5 c), que vienen citando los Tribunales Superiores de Justicia que defienden la imposibilidad de liquidar en la actualidad el IIVTNU], sino tambi\u00e9n, y fundamentalmente, la verdadera ratio decidendi o, lo que es igual, las razones de fondo que llevaron al Pleno del Tribunal a efectuar la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad que interpretamos, pueden inferirse dos conclusiones<\/strong>: de una parte, que en la STC 59\/2017 se declara la inconstitucionalidad parcial de los art\u00edculos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL ; y, de otra parte, que el alcance de la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad que se efect\u00faa en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 110.4 del TRLHL es total (o, m\u00e1s exactamente, que se expulsa completa y definitivamente del ordenamiento jur\u00eddico la imposibilidad que hasta ese momento ten\u00edan los sujetos pasivos de acreditar un resultado diferente al resultante de la aplicaci\u00f3n de las reglas de valoraci\u00f3n contenidas en los art\u00edculos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL y, en consecuencia, de demostrar la improcedencia de liquidar y venir obligado al pago del IIVTNU en ciertos casos).<\/em><\/p>\n 1.- La declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad parcial de los art\u00edculos 107.1 y107.2 a) del TRLHL.<\/em><\/strong><\/p>\n (\u2026)siendo como es la vulneraci\u00f3n del principio de capacidad econ\u00f3mica la ratio decidendi de la inconstitucionalidad declarada en la STC 59\/2017 , carece de sentido -y, por ende, consideramos que el Pleno del Tribunal Constitucional no pudo pretender este efecto- que la nulidad de los preceptos cuya contradicci\u00f3n con la Constituci\u00f3n se denuncia se extienda tambi\u00e9n a supuestos en los que existe un incremento de valor del terreno y, en consecuencia, un manifestaci\u00f3n de riqueza real o potencial cuyo gravamen resulta plenamente compatible con art\u00edculo 31.1 CE . Y es que -y a mayor abundamiento-, en estos casos, no solo se grava la que a priori o en abstracto es una manifestaci\u00f3n de riqueza real o potencial compatible con los dictados del art\u00edculo 31.1 CE , sino tambi\u00e9n la que en su configuraci\u00f3n legal concreta resulta plenamente compatible con las exigencias que derivan del principio de capacidad econ\u00f3mica. As\u00ed se encarg\u00f3 de puntualizarlo el m\u00e1ximo int\u00e9rprete de la Constituci\u00f3n en el FJ 3 de STC 26\/2017, de 16 de febrero , y de reiterarlo en la posterior STC 59\/2017 : \u00ab\u00bbes plenamente v\u00e1lida -explic\u00f3- la opci\u00f3n de pol\u00edtica legislativa dirigida a someter a tributaci\u00f3n los incrementos de valor mediante el recurso a un sistema de cuantificaci\u00f3n objetiva de capacidades econ\u00f3micas potenciales, en lugar de hacerlo en funci\u00f3n de la efectiva capacidad econ\u00f3mica puesta de manifiesto\u00bb\u00bb (FJ 3) por el contribuyente.<\/em><\/p>\n 2.- La ex\u00e9gesis que consideramos certera del FJ 5: la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad total del art\u00edculo 110.4 del TRLHL <\/em><\/strong>contenida en la STC 59\/2017 y la posibilidad que se abre para probar la inexistencia de plusval\u00eda.(\u2026)<\/em> Esto sentado, tenemos que refutar a continuaci\u00f3n la interpretaci\u00f3n excesivamente literal -y, lo que es m\u00e1s reprobable, asistem\u00e1tica- que algunos Tribunales Superiores de Justicia vienen efectuando <\/strong>de la letra c) del FJ 5 de la STC 59\/2017 , que les lleva a transformar el que es el entendimiento correcto del fallo de la Sentencia -la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad parcial de los art\u00edculos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL- en una comprensi\u00f3n err\u00f3nea del mismo: en particular, a defender la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad radical y absoluta de los mencionados preceptos y, por derivaci\u00f3n, a descartar a radice que, hasta tanto se produzca la reforma legal del IIVTNU, puedan girarse liquidaciones correspondientes al mismo<\/strong>.<\/em><\/p>\n \u00a0Ciertamente, en el FJ 5.c) de la STC 59\/2017 el Pleno del Tribunal afirma que, declarados contrarios al texto constitucional los preceptos denunciados del TRLHL, \u00abla forma de determinar la existencia o no de un incremento susceptible de ser sometido a tributaci\u00f3n es algo que solo corresponde al legislador, en su libertad de configuraci\u00f3n normativa, a partir de la publicaci\u00f3n de esta Sentencia, llevando a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el r\u00e9gimen legal del impuesto\u00bb. Ahora bien, de esta atribuci\u00f3n al poder legislativo de la competencia exclusiva para reformar el IIVTNU no puede inferirse que, hasta que el legislador no lleve a cabo semejante tarea, no puede probarse por el contribuyente -ni, en consecuencia, valorarse por el aplicador del Derecho- la inexistencia de plusval\u00eda real susceptible de ser sometida a imposici\u00f3n, <\/strong>y ello por cuanto que esta prueba o, en su caso, la determinaci\u00f3n del eventual incremento\/decremento del valor del terreno que pudiera producirse, carecer\u00edan de la debida cobertura legal, en contra de las exigencias que dimanan de los principios de seguridad jur\u00eddica ( art\u00edculo 9.3 CE ) y de reserva de ley que en materia tributaria establecen los art\u00edculos 31.3 y 133.1 CE.<\/em><\/p>\n QUINTO<\/em><\/p>\n Corresponde al sujeto pasivo del IIVTNU probar la inexistencia de una plusval\u00eda real conforme a las normas generales sobre la carga de la prueba previstas en la Ley 58\/2003, de 17 de diciembre , General Tributaria<\/em><\/strong> ( \u00ab LGT\u00bb) [mandato que no conlleva una quiebra de los principios de reserva de ley tributaria o del principio de seguridad jur\u00eddica].<\/em><\/p>\n De la interpretaci\u00f3n del alcance de la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad contenida en la STC 59\/2017 <\/em><\/strong>que acabamos de efectuar ( parcial en lo que se refiere a los art\u00edculos 107.1 y 107. 2 a) del TRLHL y total en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 110.4 del TRLHL) resultan, en esencia, tres corolarios<\/strong>: (1) primero<\/strong>, anulada y expulsada definitivamente del ordenamiento jur\u00eddico la prohibici\u00f3n que ten\u00edan los sujetos pasivos de probar la inexistencia de incrementos de valor en la transmisi\u00f3n onerosa de terrenos de naturaleza urbana ex art\u00edculo 110.4 del TRLHL, puede el obligado tributario demostrar que el terreno no ha experimentado un aumento de valor y, por ende, que no se ha producido el nacimiento de la obligaci\u00f3n tributaria principal correspondiente al IIVTNU; (2) segundo<\/strong>, demostrada la inexistencia de plusval\u00eda , no proceder\u00e1 la liquidaci\u00f3n del impuesto (o, en su caso, corresponder\u00e1 la anulaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n practicada o la rectificaci\u00f3n de la autoliquidaci\u00f3n y el reconocimiento del derecho a la devoluci\u00f3n); y (3) tercero<\/strong>, en caso contrario, habr\u00e1 de girarse la correspondiente liquidaci\u00f3n cuantific\u00e1ndose la base imponible del impuesto de conformidad con lo previsto en los art\u00edculos 107.1 y 107. 2 a) del TRLHL (que, seg\u00fan hemos dicho, han quedado en vigor para los casos de existencia de incremento de valor). En relaci\u00f3n con este \u00faltimo supuesto, esta Sala es consciente de que pudieran darse casos en los que la plusval\u00eda realmente obtenida por el obligado tributario fuera tan escasa que la aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL pudiera suscitar dudas desde la perspectiva del art\u00edculo 31.1 CE (RCL 1978, 2836) . La cuesti\u00f3n, sin embargo, no se nos ha planteado a\u00fan y tampoco ha sido resuelta por el Tribunal Constitucional en la STC 59\/2017<\/strong>.<\/em><\/p>\n Para acreditar que no ha existido la plusval\u00eda gravada por el IIVTNU podr\u00e1 el sujeto pasivo (a) ofrecer cualquier principio de prueba, que al menos indiciariamente permita apreciarla<\/em><\/strong> , como es la diferencia entre el valor de adquisici\u00f3n y el de transmisi\u00f3n que se refleja en las correspondientes escrituras p\u00fablicas [cuyo valor probatorio ser\u00eda equivalente al que atribuimos a la autoliquidaci\u00f3n del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en los fundamentos de derecho 3.4 de nuestras sentencias de 23 de mayo de 2018 ( RRCA n\u00fams. 1880\/2017 y 4202\/2017 ), de 5 de junio de 2018 ( RRCA n\u00fams. 1881\/2017 y 2867\/2017 ) y de 13 de junio de 2018 ( RCA n\u00fam. 2232\/2017 ]; (<\/strong><\/em>b) optar por una prueba pericial<\/em><\/strong> que confirme tales indicios; o, en fin, (c) emplear cualquier otro medio probatorio ex art\u00edculo 106.1 LGT<\/strong> que ponga de manifiesto el decremento de valor del terreno transmitido y la consiguiente improcedencia de girar liquidaci\u00f3n por el IIVTNU.<\/em><\/p>\n Aportada -seg\u00fan hemos dicho, por cualquier medio- por el obligado tributario la prueba de que el terreno no ha aumentado de valor, deber\u00e1 ser la Administraci\u00f3n la que pruebe en contra de dichas pretensiones<\/em><\/strong> para poder aplicar los preceptos del TRLHL que el fallo de la STC 59\/2017 ha dejado en vigor en caso de plusval\u00eda. Contra el resultado de la valoraci\u00f3n de la prueba efectuada por la Administraci\u00f3n en el seno del procedimiento tributario correspondiente, el obligado tributario dispondr\u00e1 de los medios de defensa que se le reconocen en v\u00eda administrativa y, posteriormente, en sede judicial. En la v\u00eda contencioso- administrativa la prueba de la inexistencia de plusval\u00eda real ser\u00e1 apreciada por los Tribunales de acuerdo con lo establecido en los art\u00edculos 60 y 61 LJCA y, en \u00faltimo t\u00e9rmino, y tal y como dispone el art\u00edculo 60.4 LJCA , de conformidad con las normas del C\u00f3digo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil<\/strong> .<\/em><\/p>\n S\u00c9PTIMO<\/em><\/p>\n Criterios interpretativos sobre los art\u00edculos 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del TRLHL , a la luz de la STC 59\/2017 .<\/em><\/strong><\/p>\n Conforme a lo hasta aqu\u00ed expuesto, y seg\u00fan ordena el art\u00edculo 93.1 LJCA, procede fijar la siguiente interpretaci\u00f3n de los preceptos legales concernidos en este litigio:<\/em><\/strong><\/p>\n 1\u00ba) Los art\u00edculos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL, a tenor de la interpretaci\u00f3n que hemos hecho del fallo y del fundamento jur\u00eddico 5 de la STC 59\/2017 , adolecen solo de una inconstitucionalidad y nulidad parcial . <\/em><\/strong>En este sentido, son constitucionales y resultan, pues, plenamente aplicables, en todos aquellos supuestos en los que el obligado tributario no ha logrado acreditar, por cualquiera de los medios que hemos expresado en el fundamento de derecho Quinto, que la transmisi\u00f3n de la propiedad de los terrenos por cualquier t\u00edtulo (o la constituci\u00f3n o transmisi\u00f3n de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos), no ha puesto de manifiesto un incremento de su valor o, lo que es igual, una capacidad econ\u00f3mica susceptible de ser gravada con fundamento en el art\u00edculo 31.1 CE.<\/em><\/p>\n 2\u00ba) El art\u00edculo 110.4 del TRLHL, sin embargo, es inconstitucional y nulo en todo caso <\/em><\/strong>(inconstitucionalidad total) porque, como se\u00f1ala la STC 59\/2017 , \u00abno permite acreditar un resultado diferente al resultante de la aplicaci\u00f3n de las reglas de valoraci\u00f3n que contiene\u00bb, o, dicho de otro modo, porque \u00abimpide a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una situaci\u00f3n inexpresiva de capacidad econ\u00f3mica ( SSTC 26\/2017 , FJ 7 , y 37\/2017 , FJ 5)\u00bb. Esa nulidad total de dicho precepto, precisamente, es la que posibilita que los obligados tributarios puedan probar, desde la STC 59\/2017 , la inexistencia de un aumento del valor del terreno ante la Administraci\u00f3n municipal o, en su caso, ante el \u00f3rgano judicial, y, en caso contrario, es la que habilita la plena aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL\u201d.<\/em><\/p>\n (II) LA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, (SECCI\u00d3N 2\u00aa) N\u00daM. 419\/2019 DE 27 MARZO<\/strong>\u00a0(ECLI:ES:TS:2019:1084) que, adem\u00e1s de confirmar en todo la anterior, creando doctrina legal (lo que cierra definitivamente el paso a la jurisprudencia menor que considera inaplicable el tributo en tanto el legislador no fije la forma de aplicarlo tras la sentencia constitucional, sanciona la imposibilidad, admitida por sentencias de \u00f3rganos inferiores, de calcular la base imponible de forma distinta a la prevista por la LHL.<\/p>\n Para entender este pronunciamiento es imprescindible tener presente que desde la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n\u00ba 1 de Cuenca, Sentencia n\u00fam. 366\/2010 de 21 septiembre<\/strong> (ECLI:ES:JCA:2010:83), ratificada por el TSJ de Castilla-La Mancha, (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Secci\u00f3n 1\u00aa) Sentencia n\u00fam. 85\/2012 de 17 abril<\/strong> (ECLI:ES:TSJCLM:2012:1189) se abri\u00f3 paso una f\u00f3rmula de c\u00e1lculo de la base imponible alternativa a la de la Ley.<\/p>\n \u00a0As\u00ed dice el F.D. CUARTO de la expresada Sentencia n\u00fam. 366\/2010:<\/p>\n \u201cPor lo que se refiere al otro motivo de impugnaci\u00f3n, la f\u00f3rmula de c\u00e1lculo, en este aspecto s\u00ed que hay que dar la raz\u00f3n a la parte actor, por cuanto la misma, en base a los informes matem\u00e1ticos que acompa\u00f1a con sus escritos de recursos de reposici\u00f3n<\/strong> presentados en v\u00eda administrativa, s\u00ed que ofrece argumentos l\u00f3gicos y coherentes para entender que la f\u00f3rmula aplicada por el mismo, y que ha determinado el resultado de la autoliquidaci\u00f3n practicada por el recurrente, tal como el mismo refiere en su escrito de demanda, esto es, plusval\u00eda = valor final x n\u00ba de a\u00f1os x coeficiente de incremento \/ 1+ ( n\u00famero de a\u00f1os x coeficiente de incremento), se ofrece como correcta, en base a las explicaciones contenidas en el escrito de demanda, a los efectos de gravar de manera correcta la plusval\u00eda generada durante el per\u00edodo de tenencia del bien, tal como se aplica gr\u00e1ficamente en dicho escrito de demanda, partiendo de un valor de suelo de 100 euros, y las diferencias de aplicar una u otra f\u00f3rmula, 54 de aplicar la f\u00f3rmula del Ayuntamiento, 35,06 de aplicar la f\u00f3rmula de la parte actora, pues de aplicar la f\u00f3rmula del Ayuntamiento, lo que se estar\u00eda calculando ser\u00eda el incremento de valor del suelo en a\u00f1os sucesivos y no en a\u00f1os pasados, al aplicar el incremento sobre el valor final, el de devengo, <\/strong>y desde esta perspectiva, por tanto, aplicando dicha f\u00f3rmula, a su resultado habr\u00e1 que estar declarando nula la liquidaci\u00f3n complementaria practicada y, por tanto, la resoluci\u00f3n impugnada\u201d.<\/em><\/p>\n Con mayor extensi\u00f3n, pero con referencia expresa a las dos sentencias de origen castellano-manchego citadas, explica la S. TSJ de C. Valenciana, (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Secci\u00f3n 4\u00aa) Sentencia n\u00fam. 186\/2015 de 6 mayo<\/strong> (ECLI:ES:TSJCV:2015:3550 ) en qu\u00e9 consiste la f\u00f3rmula alternativa, que acepta y aplica, estimando el Recurso de Apelaci\u00f3n que se hab\u00eda interpuesto por el contribuyente:<\/p>\n \u00a0\u201cFUNDAMENTOS DE DERECHO. SEGUNDO.<\/em><\/p>\n SEGUNDO<\/em><\/p>\n \u00a0La apelante, disconforme con dicha Sentencia, alega incongruencia puesto que no se pronuncia sobre la cuesti\u00f3n planteada en su escrito de demanda y que sobre la base de manifestar que el c\u00e1lculo para determinar el impuesto es err\u00f3neo, pues no se hace sobre la base del incremento real del valor desde la anterior adquisici\u00f3n, sino a un eventual incremento futuro desde el valor actua<\/strong>l.<\/em><\/p>\n Dice, as\u00ed, que el Ayuntamiento, para hallar la base imponible, aplica la f\u00f3rmula de capitalizaci\u00f3n, que sirve para determinar los rendimientos futuros de un capital presente , con un tipo de inter\u00e9s dado, cuya f\u00f3rmula es:<\/em><\/p>\n Vf = Vi (1+i*n), lo que significa que el valor final es igual al valor inicial por uno, m\u00e1s el tipo de inter\u00e9s por el n\u00famero de a\u00f1os que transcurran.<\/em><\/p>\n O sea, el c\u00e1lculo que realiza el Ayuntamiento es, en concreto:<\/em><\/p>\n -Valor final de la finca = valor catastral actual (207.684,67 E).<\/em><\/p>\n -N\u00famero de a\u00f1os desde la \u00faltima transmisi\u00f3n: 20 (m\u00e1ximo establecido en la Ordenanza).<\/em><\/p>\n -Coeficiente establecido en la Ordenanza: 2,8{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}.<\/em><\/p>\n Si se multiplica el valor catastral x 1 + 2,8{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}+20, da como resultado 323.988,09 E, a cuya cantidad se restar\u00e1 el valor catastral actual (207.684,67 E), dando un resultado final de 34.891,03 E.<\/em><\/p>\n Al realizar el c\u00e1lculo de la cuota del impuesto de esta manera, se ha tomado como valor inicial el valor final, con lo que el resultado obtenido es el incremento del valor para los pr\u00f3ximos 20 a\u00f1os, y no el de los 20 a\u00f1os anteriores.<\/em><\/p>\n Pero si se realiza bien el c\u00e1lculo, ha de tenerse el valor de 207.684,67 E -valor actual- como lo que es, o sea, el valor final correspondiente al valor catastral 2012, y que debe retrotraerse a los 20 a\u00f1os anteriores de la siguiente manera:<\/em><\/p>\n 207.684,67\/1+2,8{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}*20 = 133.131,20 E (que es el valor inicial).<\/em><\/p>\n Si restamos al valor final el importe del valor inicial, nos da la cantidad de 74.553,57 E, cantidad a la que habr\u00eda que aplicar el 30{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039} -tipo de gravamen-, resultando una cuota del impuesto de 22.366,07 E.\u201d<\/em><\/p>\n \u00a0Pues bien, la sentencia n\u00fam. 419\/2019 a que se dedica este apartado pone fin, creo que tambi\u00e9n de forma definitiva, a las sentencias de instancia que han seguido dicha f\u00f3rmula alternativa<\/strong>:<\/p>\n \u201cANTECEDENTES DE HECHO<\/em><\/p>\n SEGUNDO<\/em><\/p>\n Interposici\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n.7.(\u2026) La Secci\u00f3n de Admisi\u00f3n por Auto de fecha 27 de noviembre de 2017 acuerda:<\/em><\/p>\n 1\u00ba) Admitir el recurso de casaci\u00f3n RCA\/4924\/2017 preparado por el Ayuntamiento de Casas Ib\u00e1\u00f1ez contra la sentencia dictada el 26 de junio de 2017 por el Juzgado de lo Contencioso- administrativo n\u00famero 2 de Albacete, en el recurso 24\/2016.<\/em><\/p>\n 2\u00ba) La cuesti\u00f3n que presenta inter\u00e9s casaci\u00f3n al objetivo para la formaci\u00f3n de la jurisprudencia es la siguiente:<\/em><\/p>\n Determinar si la interpretaci\u00f3n conjunta de los art\u00edculos 104.1 y 107, apartados 1 , 2 y 4, del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto legislativo 2\/2004, de 5 de marzo , permite concluir que el importe de la base imponible del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana puede no ser el resultado de multiplicar el valor del terreno en el momento del devengo por el n\u00famero de a\u00f1os de generaci\u00f3n del incremento y por el porcentaje anual corresponda<\/em><\/strong>.<\/em><\/p>\n 3\u00ba) Identificar como normas jur\u00eddicas que en principio ser\u00e1n objeto de interpretaci\u00f3n los art\u00edculos 104.1 y 107, apartados 1, 2 y 4, del citado texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.<\/em><\/p>\n TERCERO. <\/em><\/p>\n Formalizaci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n.<\/em><\/p>\n Sostiene la recurrente<\/em><\/strong> [en este caso el ayuntamiento] que esta f\u00f3rmula <\/em>[se refiere a la aceptada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n\u00ba 1 de Cuenca, Sentencia n\u00fam. 366\/2010 de 21 septiembre a que alud\u00ed antes], infringe tanto el principio de seguridad jur\u00eddica previsto en el art\u00edculo 9.3 de la Constituci\u00f3n como el principio de reserva de ley<\/strong> que rige la materia tributaria, conforme se establece en los art\u00edculos 31.3 y 133 de la CE (RCL 1978, 2836) y art\u00edculo 8 de la LGT .<\/em><\/p>\n En primer lugar, porque la redacci\u00f3n del art\u00edculo 107.4 del TRLHL es clara a la hora de fijar las normas para determinar la base imponible del impuesto, que la \u00fanica interpretaci\u00f3n posible del t\u00e9rmino \u00bb se aplicar\u00e1 el porcentaje anual que determine cada ayuntamiento \u00bb dispuesto en el apartado cuarto, p\u00e1rrafo primero del art\u00edculo 107, es el de multiplicar el valor del bien en el momento del devengo por la cifra correspondiente, que en este caso era 3, y dividirlo entre 100 (3{81190e917790475744d1d81edcc4d7d0110a571f4848b7a9ee305cbac1831039}). As\u00ed se explica por la Direcci\u00f3n General de Tributos, tanto en las Consultas Generales de 17 de mayo de 2013 y de 27 de enero de 2014 como en el Informe de 29 de julio de 2014 (IE0359- 14), en respuesta a la consulta dirigida por propio Ayuntamiento de Casas Ib\u00e1\u00f1ez.<\/em><\/p>\n Como sostiene la recurrente, tal y como consta en el informe pericial aportado por el Ayuntamiento de Casas Ib\u00e1\u00f1ez al Procedimiento Abreviado n\u00famero 24\/2016, de fecha 23\/5\/2017, suscrito por la economista del Servicio de A.T.M. de la Excma. Diputaci\u00f3n de Albacete, el c\u00e1lculo de la base imponible del impuesto conforme a la f\u00f3rmula \u00abplusval\u00eda = valor final x n\u00ba de a\u00f1os x coeficiente de incremento \/ 1 + (n\u00famero de a\u00f1os x coeficiente de incremento\u00bb que admite el Juzgado n\u00famero 2 de lo Contencioso- Administrativo como \u00bb correcta \u00ab, no solo afectar\u00eda a elementos esenciales de la base imponible dispuesta en la Ley de Haciendas Locales,<\/strong> como son el elemento del que parte su determinaci\u00f3n, esto es, se cambia el elemento \u00bb sobre el valor del terreno en el momento del devengo <\/strong>se aplicar\u00e1 […] \u00bb a un elemento obtenido como diferencia de dos valores<\/strong>, un valor final (el valor catastral del terreno en el momento de la transmisi\u00f3n) y un valor inicial que se obtiene despejando una inc\u00f3gnita (y por tanto, un valor hipot\u00e9tico), sino tambi\u00e9n a otros elementos esenciales que conforman el impuesto como es el devengo<\/strong>.<\/em><\/p>\n Tal y como reza dicho informe pericial, el IIVTNU es un impuesto de devengo instant\u00e1neo, \u00abel valor de los terrenos en el momento del devengo ser\u00e1 el que tengan en dicho momento (transmisi\u00f3n) a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles\u00bb; si bien con el c\u00e1lculo del incremento como diferencia entre los valores final e inicial se desvirt\u00faa el devengo tal y como se define en el texto legal, convirti\u00e9ndose en un devengo peri\u00f3dico o continuo, que va desde el momento \u00ab0\u00bb al momento \u00abn\u00bb.<\/em><\/p>\n As\u00ed, el mencionado informe concluye que: \u00abAtendiendo al aspecto fiscal, es decir, valorando \u00fanicamente si el m\u00e9todo propuesto por el recurrente para cuantificar el hecho imponible del IIVTNU, es m\u00e1s adecuado que el que figura en el TRLHL y sin entrar en la cuesti\u00f3n de si se pueden utilizar reglas, m\u00e9todos o f\u00f3rmulas distintas y alternativas a los que figuran en la Ley, habr\u00eda que concluir que la f\u00f3rmula propuesta implica: La invasi\u00f3n de hechos imponibles de otros impuestos, desvirt\u00faa elementos esenciales del mencionado impuesto como el devengo y entra en contradicci\u00f3n con el c\u00e1lculo de la base imponible ya que no es necesario despejar ninguna inc\u00f3gnita (valor inicial) puesto que todos los datos necesarios para el c\u00e1lculo est\u00e1n perfectamente identificados\u00bb<\/strong>.[i]<\/strong><\/a><\/em><\/p>\n \u00a0FUNDAMENTOS DE DERECHO<\/em><\/p>\n PRIMERO. (\u2026) el recurrente puede probar que no existe plusval\u00eda en el momento de la transmisi\u00f3n y por ello capacidad econ\u00f3mica gravable. Sin embargo, en el presente caso no estamos ante un problema de inexistencia de plusval\u00eda sino ante una f\u00f3rmula de c\u00e1lculo distinta de la prevista en el art\u00edculo 107 de la ley de Haciendas Locales<\/strong> , que solo ha sido declarado inconstitucional en la medida en que as\u00ed se graven situaciones de inexistencia de plusval\u00eda. Y esa inexistencia puede ser demostrada por el recurrente por diversos medios, a los que alude la sentencia antes transcrita parcialmente, entre otras de esta Sala, y desde luego a trav\u00e9s de una prueba pericial que demuestre que el valor catastral es inferior al del mercado. Pero en el presente caso, la prueba pericial<\/strong>, aparte del defecto formal de tomar la referencia de un pleito distinto, sin permitir en ese caso la contradicci\u00f3n correspondiente a la otra parte, no es realmente un dictamen pericial, sino una f\u00f3rmula de interpretaci\u00f3n de la ley, que corresponde siempre al Juzgador y que es distinta de la prevista literalmente en la normativa aplicable.<\/strong> La recurrente pretende hallar la diferencia entre el valor catastral inicial, calculado desde el valor final existente en el momento de la transmisi\u00f3n, sustituyendo la f\u00f3rmula del art\u00edculo 107.<\/strong> No hay que olvidar que esta f\u00f3rmula ya estuvo vigente en la legislaci\u00f3n anterior, y fue sustituida por la actual, no habi\u00e9ndose declarado inconstitucional, salvo que se pruebe la inexistencia de incremento del valor de los terrenos con su aplicaci\u00f3n, lo que aqu\u00ed no ocurre, y ni siquiera se intenta, y aunque la f\u00f3rmula propuesta por la sentencia recurrida pueda ser una opci\u00f3n legislativa v\u00e1lida constitucionalmente, no puede sustituir a la establecida legalmente, <\/strong>por lo que el recurso ha de ser estimado, y anulada la sentencia por otra que desestime el recurso contencioso-administrativo.<\/em><\/p>\n SEGUNDO<\/em><\/p>\n<\/a>JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL<\/strong><\/h2>\n
<\/a>JURISPRUDENCIA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA<\/strong><\/h2>\n
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