{"id":62703,"date":"2019-08-22T18:27:17","date_gmt":"2019-08-22T16:27:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/?p=62703"},"modified":"2019-08-22T18:56:36","modified_gmt":"2019-08-22T16:56:36","slug":"informe-agosto-2019-registros-mercantiles-convocatoria-junta-general-posibles-recursos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/secciones\/oficina-mercantil\/informes-mensuales-o-m\/informe-agosto-2019-registros-mercantiles-convocatoria-junta-general-posibles-recursos\/","title":{"rendered":"Informe Agosto 2019 Registros Mercantiles. Convocatoria junta general. Posibles recursos."},"content":{"rendered":"

<\/a>INFORME DE AGOSTO DE 2019 PARA REGISTROS MERCANTILES<\/span><\/strong><\/h1>\n

Jos\u00e9 \u00c1ngel Garc\u00eda Valdecasas Butr\u00f3n<\/h2>\n

Registrador de la Propiedad y Mercantil<\/h2>\n<\/a>
Nota previa:<\/span><\/h6>\n

A partir de enero de 2018 este informe sufre dos cambios:<\/strong><\/p>\n

Nombre:<\/strong> se utilizar\u00e1 el del mes en el que se publica<\/strong>, pero recoger\u00e1 disposiciones y resoluciones publicadas en el BOE durante el mes anterior. Se busca un criterio uniforme para todos los informes de la web.<\/p>\n

Contenido:<\/strong> Se reduce su extensi\u00f3n, centr\u00e1ndonos en lo esencial<\/strong> y para evitar que los textos se dupliquen en la web. Si se desea ampliar<\/strong> la informaci\u00f3n sobre una disposici\u00f3n o resoluci\u00f3n en concreto, s\u00f3lo hay que seguir el enlace<\/strong> a su desarrollo en el informe general del mes.<\/p>\n<\/a>

Disposiciones de car\u00e1cter general.<\/span><\/a><\/u><\/h6>\n

S\u00f3lo destacamos en este informe la siguiente:<\/p>\n

Un acuerdo de 18 de julio de 2019<\/a>, de la Comisi\u00f3n Permanente del Consejo General del Poder Judicial<\/strong>, por el que se atribuye al Juzgado de lo Mercantil n.\u00ba 13 de Madrid el conocimiento, con car\u00e1cter exclusivo de los asuntos que puedan surgir al amparo de la Ley 24\/2015, de 24 de julio, de Patentes, de la Ley 17\/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y de la Ley 20\/2003, de 7 de julio, de Protecci\u00f3n Jur\u00eddica del Dise\u00f1o Industrial, as\u00ed como los asuntos relativos a derecho mar\u00edtimo, y medidas cautelares, diligencias preliminares, preparatorias y prueba anticipada de dichas materias.<\/p>\n

Por este acuerdo, los juzgados de lo mercantil n.\u00ba 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 13<\/strong> de Madrid (el \u00faltimo es nuevo) tendr\u00e1n competencia exclusiva sobre patentes, marcas y dise\u00f1o Industrial<\/strong>.\u00a0<\/p>\n

Al Juzgado de lo Mercantil n\u00ba 13 le corresponder\u00e1n tambi\u00e9n los asuntos relativos a derecho mar\u00edtimo<\/strong>, y medidas cautelares, diligencias preliminares, preparatorias y prueba anticipada de dichas materias.<\/p>\n

Supone un reconocimiento de la trascendencia que estas materias mercantiles tienen en el \u00e1mbito jurisdiccional y la importancia que la rapidez en la soluci\u00f3n de los problemas que en estas materias supone para el mercado, tienen para su debido funcionamiento.<\/p>\n<\/a>

Disposiciones Auton\u00f3micas<\/a><\/strong><\/span><\/h6>\n

No existe ninguna digna de menci\u00f3n.<\/p>\n<\/a>

RESOLUCIONES<\/span><\/a><\/u><\/strong><\/h6>\n<\/a>
RESOLUCIONES PROPIEDAD<\/span><\/a>\u00a0<\/span><\/strong>\u00a0<\/strong>\u00a0<\/span><\/h6>\n

La 274<\/strong><\/a>, <\/strong>seg\u00fan la cual no es inscribible la cl\u00e1usula de un pr\u00e9stamo hipotecario mixto, entre profesional y particular, en la que se establece un inter\u00e9s de demora superior en dos puntos al inter\u00e9s remuneratorio.\u00a0 Se estima que los prestatarios personas f\u00edsicas<\/u> tienen la condici\u00f3n de consumidores, dado que […] no result\u00f3 acreditado que el pr\u00e9stamo tuviere por finalidad exclusiva o predominante<\/u> una inversi\u00f3n destinada a la actividad empresarial propia de los prestatarios\u201d. La misma regla se le aplica al avalista por actuar fuera de su \u00e1mbito profesional. La DG sigue expandiendo para los casos mixtos o dudosos la legislaci\u00f3n de defensa de los consumidores.<\/p>\n

La 275<\/strong><\/a>, <\/strong>que establece como posible que en una ejecuci\u00f3n ordinaria de un inmueble(garaje), no vivienda habitual, se adjudique al acreedor la finca por menos del 50% del valor de tasaci\u00f3n. Ahora bien la DG lo hace no por el fondo del asunto, respecto del cual reitera la no posibilidad de adjudicaci\u00f3n por menos del 50% del valor de tasaci\u00f3n, se trata de la finca d que se trate o el procedimiento en que se adjudique, sino porque el registrador no incluy\u00f3<\/strong> en su calificaci\u00f3n, una referencia a la posibilidad del procedimiento especial <\/em>previsto en el art 670-4 \u201cin fine\u201d<\/em> LEC<\/a>, que prev\u00e9 la posibilidad de aprobar el remate por una cantidad inferior. Es decir que el registrador debi\u00f3 en su nota de calificaci\u00f3n limitarse a exigir el decreto del LAJ, sobre dicha cuesti\u00f3n. Vemos en esta resoluci\u00f3n la importancia que la debida redacci\u00f3n de la nota de calificaci\u00f3n tiene para la decisi\u00f3n de la DG, aunque debemos reconocer que no siempre el CD aplica esta doctrina pues, en otras ocasiones, pasando por encima de la nota, decide el fondo de la cuesti\u00f3n planteada aunque ello suponga apartarse del acuerdo calificatorio.<\/p>\n

La 277<\/strong><\/a>, <\/strong>seg\u00fan la cual para acreditar quien sea el sustituto vulgar y la inexistencia de otros posibles descendientes es suficiente con la sentencia firme de reconocimiento de sustituto vulgar, aunque la misma haya sido dictada en rebeld\u00eda, sin perjuicio de que deben transcurrir los plazos necesarios y acreditarse el hecho de haberse o no interpuesto acci\u00f3n rescisoria (RRSS 28 noviembre 2018<\/a> y 17 enero 2019<\/a>).<\/p>\n

La 279<\/strong><\/a>, <\/strong>que no admite la cancelaci\u00f3n de una hipoteca mediante mandamiento reca\u00eddo en procedimiento de ejecuci\u00f3n hipotecaria cuando la causa es la satisfacci\u00f3n extraprocesal y no el remate o adjudicaci\u00f3n. No obstante, parece dar a entender la DG que se admitir\u00eda si resultara claro el reconocimiento por el acreedor de estar satisfecha la totalidad de la deuda o su voluntad de condonarla.\u00a0<\/p>\n

La 281<\/strong><\/a>, <\/strong>sobre cancelaci\u00f3n de hipotecas por caducidad estableciendo que si existe nota marginal de expedici\u00f3n de certificaci\u00f3n, posterior al vencimiento de la obligaci\u00f3n, la hipoteca se podr\u00e1 cancelar por prescripci\u00f3n transcurridos 21 a\u00f1os desde la fecha de la nota, aunque \u00e9sta ya se hubiese cancelado. Si la nota fuese anterior al vencimiento de la obligaci\u00f3n garantizada, no afecta al c\u00f3mputo de la prescripci\u00f3n, y por tanto este se inicia desde la fecha de amortizaci\u00f3n final del pr\u00e9stamo.\u00a0<\/p>\n

La<\/strong> 287<\/strong><\/a>, <\/strong>que declara que en el caso de sentencia dictada en rebeld\u00eda que condena a la elevaci\u00f3n a p\u00fablico de un documento privado, siendo suplida la declaraci\u00f3n de voluntad de la parte vendedora por el \u00f3rgano judicial, no puede el Registrador entrar a calificar la firmeza de la resoluci\u00f3n judicial y la posible acci\u00f3n de rescisi\u00f3n. Es decir que el documento inscribible en este caso no es la sentencia sino la escritura otorgada.<\/p>\n

La 290<\/strong><\/a>, <\/strong>que considera transparente y ajustada a la legalidad una f\u00f3rmula que calcula los intereses ordinarios conforme al a\u00f1o comercial de 360 d\u00edas en el denominador y conforme a meses comerciales de 30 d\u00edas en el numerador, por ser dichos per\u00edodos de duraci\u00f3n uniformes.<\/p>\n

La 293<\/strong><\/a>, <\/strong>seg\u00fan la cual la partici\u00f3n hecha por el contador partidor testamentario, aunque est\u00e9n interesados personas que no tienen plena capacidad de obrar, no necesita autorizaci\u00f3n previa ni posterior aprobaci\u00f3n judicial si el contador partidor no se aparta de lo meramente particional. Tampoco para la formaci\u00f3n de inventario.<\/p>\n

La 297<\/strong><\/a>, <\/strong>que declara no inscribible una hipoteca en la que concurren estas circunstancias: hipotecante no deudor, pr\u00e9stamo empresarial a sociedad y dos personas f\u00edsicas que son sus \u00fanicos socios y uno de ellos su administrador, con un inter\u00e9s remuneratorio del 3,95%, moratorio del 9% y con l\u00edmite de responsabilidad por 18 meses al mismo tipo, por ser los intereses de demora superiores al l\u00edmite jurisprudencial. En cambio. la estima admisible respecto de los dos prestatarios personas f\u00edsicas por no serle aplicable la normativa de protecci\u00f3n de los consumidores.<\/p>\n

La 298<\/strong><\/a>, <\/strong>sobre conciliaci\u00f3n registral del art. 103 bis de la LH declarando que su finalidad es alcanzar un acuerdo con el fin de evitar un pleito, o poner fin a uno comenzado, debiendo inadmitirse la petici\u00f3n cuando se persigan otras finalidades distintas. Es decir, no puede servir para la cancelaci\u00f3n total de una inscripci\u00f3n obviando el principio de tracto sucesivo.<\/p>\n

La 300<\/a>, <\/strong>que ha sido cuestionada por posible extralimitaci\u00f3n del CD, pues niega que el juez pueda autorizar al curador de un incapacitado parcialmente, para firmar una adjudicaci\u00f3n de herencia que el incapaz se niega a firmar. <\/strong>Estima por lo tanto que el juez no es competente para suplir la voluntad del incapacitado por los tr\u00e1mites de la jurisdicci\u00f3n voluntaria.<\/p>\n

La 304<\/strong><\/a>, interpretativa de un poder, estimando que un poder gen\u00e9rico para contratar no autoriza para permutar inmuebles.<\/strong><\/p>\n

La 305<\/strong><\/a>, <\/strong>que vuelve sobre el tema de los poderes, considerando que, aunque el poder alegado en la escritura est\u00e9 en el protocolo del mismo notario, siempre es preciso que este haga daci\u00f3n de fe de \u201cque (i) el apoderado se halla facultado para obtener copia del mismo y que (ii) no consta nota de su revocaci\u00f3n\u201d. Tambi\u00e9n declara que entran en las facultades del contador partidor adjudicar un bien a la viuda, en una liquidaci\u00f3n parcial de herencia, sin intervenci\u00f3n de los otros herederos, dejando para m\u00e1s adelante la compensaci\u00f3n a la masa de la herencia con otros bienes de la misma. No obstante es necesario que exista met\u00e1lico en la herencia, pues en otro caso se tratar\u00eda de un acto dispositivo no permitido.<\/p>\n

La 306<\/strong><\/a>, <\/strong>que, sobre la interpretaci\u00f3n de un testamento notarial, nos dice que siempre se debe partir de sus t\u00e9rminos literales, pero que a estos deben d\u00e1rsele el significado que les atribuye el ordenamiento jur\u00eddico. Esta tesis le sirve para distinguir, en un testamente en el que existe un legado de usufructo con facultad de disposici\u00f3n, este, de la sustituci\u00f3n fideicomisaria de residuo.<\/p>\n<\/a>

RESOLUCIONES MERCANTIL<\/strong><\/span><\/a><\/h6>\n

La 263<\/strong><\/a>, <\/strong>seg\u00fan la cual es inscribible una sentencia declarativa de la nulidad de determinados acuerdos sociales, aunque el juzgado no especifique qu\u00e9 asientos contradictorios posteriores deben ser tambi\u00e9n cancelados. Ello exige que de la sentencia resulten con claridad los acuerdos declarados nulos y las inscripciones registrales en los que constan. Es decir que lo cancelable ser\u00eda aquello que con claridad resulte de la sentencia, dejando para un momento posterior la cancelaci\u00f3n de otros asientos posteriores respecto de los cuales existan dudas de si quedan o no afectados.<\/p>\n

La 270<\/strong><\/a>, <\/strong>declarando sobre sociedades pseudo-profesionales no adaptadas, que no procede la disoluci\u00f3n de pleno derecho de una sociedad en cuyo objeto se incluyan actividades profesionales, salvo que resulte claramente dicho car\u00e1cter de los documentos presentados y del registro. A estos efectos no es suficiente con la solicitud de uno de los socios.<\/p>\n

La 273<\/strong><\/a>, <\/strong>que aclara que, para depositar unas cuentas formuladas por la administraci\u00f3n concursal en fase de liquidaci\u00f3n, es necesario la aprobaci\u00f3n de las cuentas por la junta general, salvo que dicha exigencia haya sido exonerada por el juez del concurso.<\/p>\n

La 282<\/strong><\/a>, <\/strong>que trata sobre los muy frecuentes pr\u00e9stamos participativos en las sociedades, estableciendo que dichos pr\u00e9stamos forman parte del patrimonio neto y por tanto se tienen en cuenta a los efectos de la reducci\u00f3n del capital por p\u00e9rdidas y tambi\u00e9n como contrapartida de capital en una transformaci\u00f3n de sociedad an\u00f3nima en limitada.<\/p>\n

La 289<\/strong><\/a>, <\/strong>que permite la utilizaci\u00f3n de nombre de municipios en la denominaci\u00f3n de las sociedades.<\/p>\n

La 307<\/strong><\/a>, <\/strong>que reitera una vez m\u00e1s que la introducci\u00f3n en una denominaci\u00f3n social de una nueva letra, fon\u00e9tica y gr\u00e1ficamente distinta, es suficiente para considerar que esa denominaci\u00f3n es diferente a cualquier otra ya inscrita.<\/p>\n<\/a>

Cuestiones de inter\u00e9s:<\/strong><\/span><\/h6>\n<\/a>
Expediente de jurisdicci\u00f3n voluntaria: \u00bfEs posible demandar en juicio ordinario contra una denegaci\u00f3n de convocatoria judicial de junta general? <\/strong><\/span><\/h6>\n<\/a>
Planteamiento<\/strong>.<\/span><\/h6>\n

Aunque el problema que en este informe traemos a nuestra consideraci\u00f3n se plante\u00f3 antes de la Ley de Jurisdicci\u00f3n voluntaria<\/a>, las reflexiones, tanto procesales como de fondo, que hace nuestro TS ante una denegaci\u00f3n de convocatoria judicial<\/strong> de junta, nos pueden ser de gran utilidad en la labor que ahora desempe\u00f1an los Registros Mercantiles. Pero no s\u00f3lo a los RRMM sino tambi\u00e9n, e incluso m\u00e1s, a todos aquellos juristas preocupados por el derecho societario y que de una forma u otra entran en contacto con \u00e9l.\u00a0 Adem\u00e1s, esta materia de convocatoria de junta a petici\u00f3n de socios en sus distintos supuestos no siempre es pac\u00edfica, pues suele existir una clara contraposici\u00f3n de intereses, entre los socios solicitantes de una parte y la sociedad de otra, pues esta normalmente se va a oponer a la convocatoria. Ello lo hemos visto ya reflejado en las varias resoluciones de nuestro CD sobre denegaci\u00f3n de convocatoria registral de junta.<\/p>\n<\/a>

Sentencia del TS<\/strong>.<\/span><\/h6>\n

Sobre este tema trata la sentencia de la Sala Civil del TS, en recurso 230\/2017, de 9 de abril de 2019,<\/a> siendo ponente Don Ignacio Sancho Gargallo.<\/p>\n

Los hechos que se contemplan en esta sentencia son los siguientes:<\/p>\n

— Por unos socios que representan el 25% del capital social se solicita en expediente de jurisdicci\u00f3n voluntaria, en el a\u00f1o 2010, convocatoria judicial de junta con el siguiente orden del d\u00eda:<\/p>\n

\u201cI.- Rendici\u00f3n de las cuentas correspondientes a las anualidades 1999 al 2008, al objeto de tener constancia del estado contable de la sociedad. \u00abII.- Acordar la disoluci\u00f3n de la sociedad, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 262.2 de la LSA\u201d. Aclaremos nosotros, pues tiene trascendencia para el recurso, que el art\u00edculo 262.2 del TRLSA<\/a> se refer\u00eda al derecho de los accionistas, si existe causa leg\u00edtima, de requerir a los administradores para que convoquen junta para acordar la disoluci\u00f3n de la sociedad. Aclaremos tambi\u00e9n que seg\u00fan el mismo art\u00edculo los administradores, una vez que se constate la causa legal de disoluci\u00f3n, deben convocar la junta en el plazo de dos meses.<\/p>\n

— El juzgado ante el que se hace la solicitud no accede a la convocatoria por la existencia de \u201coposici\u00f3n de la parte demandada\u201d, <\/strong>es decir de la sociedad, sin dar m\u00e1s explicaciones, ni fundamentar debidamente la denegaci\u00f3n.<\/p>\n

— Ante ello los interesados interponen demanda en juicio ordinario<\/strong> solicitando la convocatoria con el mismo orden del d\u00eda.<\/p>\n

— El juzgado de lo mercantil accede a la petici\u00f3n de convocatoria entendiendo que los demandantes estaban legitimados<\/strong> \u201cconforme al art. 169 LSC\u201d pues ostentaban m\u00e1s de 5% del capital social y \u201cse hab\u00edan cumplido los requisitos legales, entre ellos los previos requerimientos\u201d.<\/p>\n

— Por ello se\u00f1ala d\u00eda y hora para la celebraci\u00f3n de la junta, ya en 2014, con el siguiente orden del d\u00eda en el que apreciamos una diferencia respecto de la petici\u00f3n inicial:<\/p>\n

\u201c1\u00ba Rendici\u00f3n de cuentas de los ejercicios 1999 a 2008.<\/p>\n

\u201c2\u00ba Acuerdo de disoluci\u00f3n de la sociedad por paralizaci\u00f3n de los \u00f3rganos sociales<\/strong>\u201d. Antes como hemos visto se hablaba del art\u00edculo 262.2 de la LSA, que, aunque relacionado con la disoluci\u00f3n por causa legal, no contempla exclusivamente esta causa.<\/p>\n

— Se recurre esta sentencia.<\/p>\n

— La Audiencia confirma la sentencia del juzgado de lo mercantil. Razona la Audiencia que si bien \u201cno cabe convertir el procedimiento de jurisdicci\u00f3n voluntaria de convocatoria judicial de junta en un procedimiento contencioso\u201d,<\/strong> ante la denegaci\u00f3n por el juzgado de forma indebida de la petici\u00f3n de convocatoria en tr\u00e1mite de jurisdicci\u00f3n voluntaria, no es posible \u201cnegar la posibilidad de que los socios interesados acudieran a un procedimiento declarativo para hacer valer su derecho\u201d. Tambi\u00e9n razona que no existe extrapetitum por el cambio del orden del d\u00eda, especificando que la disoluci\u00f3n es por paralizaci\u00f3n de los \u00f3rganos sociales, \u201cpues se trata de una mera concreci\u00f3n<\/strong> de la petici\u00f3n originaria\u201d y finalmente, ante la alegaci\u00f3n de haberse omitido el tr\u00e1mite de informe o audiencia de los administradores dice \u201cque en el juicio ordinario no est\u00e1 prevista de forma espec\u00ed\ufb01ca esta audiencia, sin perjuicio de que, al contestar la sociedad a trav\u00e9s de sus administradores, estos hayan podido manifestar lo que estimaran pertinente\u201d.<\/p>\n

— Ante ello la sociedad recurre por infracci\u00f3n procesal<\/strong> y en casaci\u00f3n<\/strong> al TS.<\/p>\n

— La infracci\u00f3n procesal la concreta en los siguientes puntos:<\/p>\n

Por infracci\u00f3n del ordinal 3.\u00ba del art. 469.1 LEC<\/a>, por\u00a0 el hecho de tramitar la convocatoria judicial por un procedimiento totalmente inadecuado, lo que puede provocar indefensi\u00f3n.<\/p>\n

Este motivo se desestima pues, aunque la tramitaci\u00f3n deb\u00eda ser por los tr\u00e1mites de jurisdicci\u00f3n voluntaria, sin que exista un procedimiento ad hoc, sino que se aplicaban las reglas generales, por el hecho de la oposici\u00f3n de los administradores no se convert\u00eda en contencioso el procedimiento. <\/strong>Pero como la petici\u00f3n de los socios fue incorrectamente rechazada, \u201csin entrar a analizar la procedencia de la pretensi\u00f3n, no cab\u00eda negar a los socios la posibilidad de hacer valer su pretensi\u00f3n mediante un juicio declarativo ordinario\u201d.<\/p>\n

La indefensi\u00f3n, en su caso, se producir\u00eda en sentido contrario, es decir por parte de los socios y no de la sociedad. Por tanto la admisi\u00f3n de un juicio declarativo ordinario para ver si es o no procedente la pretensi\u00f3n de los socios \u201cno puede ocasionar indefensi\u00f3n a nadie, ya que es el cauce procesal m\u00e1s garantista por el cual los interesados pueden hacer valer sus pretensiones en igualdad de armas y con todas las garant\u00edas que preservan la efectiva contradicci\u00f3n\u201d.<\/p>\n

El segundo motivo se apoya en el mismo precepto, pero se centra en que no existi\u00f3 previa audiencia de los administradores. Tambi\u00e9n se rechaza: el informe de los administradores es preceptivo en la jurisdicci\u00f3n voluntaria en la que no hay ni existe propiamente contradicci\u00f3n ni partes pero en el caso enjuiciado la \u201cdemanda se interpuso contra la sociedad, que se person\u00f3 representada por sus administradores, sin perjuicio de que tuvieran el cargo caducado. De tal forma que la sociedad ha sido parte y, de hecho, es la que se ha opuesto a la demanda\u201d. Es decir, formalmente no se ha cumplido con la audiencia de los administradores pero no hay indefensi\u00f3n pues la sociedad ha sido parte y ha intervenido por medio de sus administradores, lo cuales han podido exponer sus razones de no convocar la junta solicitada.<\/p>\n

El tercer motivo se ampara en el ordinal 2.\u00ba del art. 469.1 LEC<\/a>, por infracci\u00f3n de las normas procesales reguladoras de la sentencia, por haber \u201cconcedido un extremo en el orden del d\u00eda de la convocatoria no solicitado por la parte demandante en su escrito de demanda\u201d. Es decir se solicit\u00f3 como punto el orden del d\u00eda el acordar la disoluci\u00f3n conforme al art. 262.2 de la LSA y se concedi\u00f3 para acordar la \u201cdisoluci\u00f3n de la sociedad por paralizaci\u00f3n de los \u00f3rganos sociales\u201d. Con ello acuerda algo no solicitado, que adem\u00e1s no ha podido ser objeto de discusi\u00f3n, lo que cuestiona la congruencia de la sentencia<\/p>\n

Tambi\u00e9n se desestima por las siguientes razones:<\/p>\n

El TS recuerda que seg\u00fan su doctrina \u201cel deber de congruencia se resume en la necesaria correlaci\u00f3n que ha de existir entre las pretensiones de las partes, teniendo en cuenta el petitum [petici\u00f3n] y la causa petendi [causa de pedir], y el fallo de la sentencia\u201d (por todas, sentencia 173\/2013, de 6 de marzo). En este sentido el Tribunal Constitucional ha dicho que \u201cel juzgador est\u00e1 vinculado por la esencia y sustancia de lo pedido y discutido en el pleito, no por la literalidad de las concretas pretensiones ejercitadas, tal y como se hayan sido formalmente formuladas por los litigantes\u201d (STC 182\/2000, de 10 de julio). De tal forma que \u201cno se incurre en incongruencia cuando se da acogida a lo que sustancialmente est\u00e1 comprendido en el objeto del pleito o impl\u00edcitamente en las pretensiones deducidas en la demanda\u201d (sentencia 1015\/2006, de 13 de octubre).<\/p>\n

En este sentido concluye que la \u201csentencia recurrida no se aparta de lo solicitado, que era la convocatoria de la junta de accionistas para decidir sobre la procedencia de la disoluci\u00f3n de la sociedad (art. 262.2 LSA<\/a>). Lo que hace es especi\ufb01car la causa legal de disoluci\u00f3n que justi\ufb01caba la necesidad de convocatoria de la junta general. Esta especi\ufb01caci\u00f3n no a\u00f1ade nada distinto a lo solicitado, en todo caso lo concreta<\/strong>, pues conforme a lo pedido cab\u00eda que en la junta se discutiera la procedencia del acuerdo de disoluci\u00f3n por concurrencia de cualquiera de las causas legales previstas en el art. 260.1 LSA, entre las que se encuentra la que \ufb01nalmente fue objeto de concreci\u00f3n (la n\u00fam. 3.\u00ba, paralizaci\u00f3n de los \u00f3rganos sociales, de modo que resulte imposible su funcionamiento)\u201d.<\/p>\n

Una vez desestimados los motivos de infracci\u00f3n procesal se entra en los motivos de casaci\u00f3n:<\/strong><\/p>\n

1\u00ba. L<\/strong>a infracci\u00f3n del art. 101 LSA<\/a>, que prev\u00e9 \u201cla obligatoriedad de cumplimentar por el juzgado el tr\u00e1mite de audiencia de los administradores de la sociedad, previo a la decisi\u00f3n de acordar o no la convocatoria judicial\u201d.<\/p>\n

El art. 101 de la LSA, precepto aplicable por el momento en que se solicit\u00f3 la junta, distingu\u00eda seg\u00fan la junta general a convocar fuera ordinaria o extraordinaria. Para la junta general ordinaria, preve\u00eda los siguiente:<\/p>\n

\u201c1. Si la Junta general ordinaria no fuere convocada dentro del plazo legal, podr\u00e1 serlo, a petici\u00f3n de los socios y con la audiencia de los administradores, por el Juez de Primera Instancia del domicilio social, quien adem\u00e1s designar\u00e1 la persona que habr\u00e1 de presidirla\u201d.<\/p>\n

Mientras que, a continuaci\u00f3n, para la junta general extraordinaria, preve\u00eda lo siguiente:<\/p>\n

\u201c2. Esta misma convocatoria habr\u00e1 de realizarse respecto de la Junta general extraordinaria, cuando lo solicite el n\u00famero de socios a que se re\ufb01ere el art\u00edculo anterior\u201d.<\/p>\n

Aunque en el caso de junta extraordinaria el precepto no prev\u00e9 la intervenci\u00f3n de los administradores, en los casos en los que el TS ha tenido ocasi\u00f3n de pronunciarse sobre ello, \u201cha dado por sentado que la audiencia a los administradores era precisa tanto en el caso de la convocatoria judicial de la junta ordinaria como de la extraordinaria\u201d.<\/p>\n

No obstante ello a\u00f1ade que, en \u201cun supuesto como el presente, en el que por tratarse de un juicio declarativo ordinario la demanda se dirige contra la sociedad, quien se ha visto representada por sus administradores, y se ha opuesto a la demanda, puede entenderse que la \ufb01nalidad pretendida por la ley con la exigencia de la previa audiencia a los administradores se ha cumplido\u201d.<\/p>\n

2\u00ba. Infracci\u00f3n del art. 126 LSA<\/a> y el art. 145.1 RRM, que \u201cse re\ufb01eren a la limitaci\u00f3n de los administradores con cargo caducado a la convocatoria de junta general en la que debe de \ufb01gurar la designaci\u00f3n o reelecci\u00f3n de los cargos de administradores\u201d.<\/p>\n

Se desestima por lo siguiente:<\/p>\n

Dado que lo que se solicita en la convocatoria es la disoluci\u00f3n de la sociedad por causa legal \u201caunque los cargos de administrador hubieran caducado, carece de sentido ce\u00f1ir el objeto de la convocatoria a la renovaci\u00f3n del cargo de administrador, y demorar a una posterior junta la deliberaci\u00f3n y, en su caso, decisi\u00f3n sobre la disoluci\u00f3n de la sociedad\u201d.<\/p>\n

Por ello y porque si se acuerda la disoluci\u00f3n procede el cese de administradores y el nombramiento de liquidadores no tiene sentido posponer el acuerdo de disoluci\u00f3n a la celebraci\u00f3n de una junta s\u00f3lo para el nombramiento de los administradores.<\/p>\n

Adem\u00e1s, si seg\u00fan el art\u00edculo 131<\/a> el cese de administradores puede realizarse en cualquier momento, \u201clo que supone adem\u00e1s el nombramiento de los nuevos administradores, la junta general extraordinaria solicitada pod\u00eda pronunciarse tanto sobre la disoluci\u00f3n, como, en caso de denegarse la disoluci\u00f3n, el nombramiento de nuevos administradores\u201d.<\/p>\n

Con ello el TS da por zanjada la cuesti\u00f3n accediendo <\/strong>a la petici\u00f3n de convocatoria de junta.<\/p>\n<\/a>

Conclusiones.<\/strong><\/span><\/h6>\n

De la sentencia resumida podemos extraer interesantes conclusiones perfectamente aplicables en la actualidad al expediente registral, y en su caso tambi\u00e9n al que se realiza ante el LAJ.<\/p>\n

1\u00aa. Contra la denegaci\u00f3n de la convocatoria de junta siempre es posible demandar en juicio ordinario con la misma petici\u00f3n<\/strong>. As\u00ed lo reconoce nuestra DGRN cuando en el pie de sus resoluciones contra denegaci\u00f3n de junta por registros mercantiles dice que la resoluci\u00f3n agota la v\u00eda administrativa conforme al art. 114.1.a) de la L. 39\/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas, pero que \u201cpodr\u00e1 ser impugnada ante los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional civil\u201d.<\/p>\n

Seg\u00fan ello entendemos que no ser\u00eda posible ir directamente en demanda en juicio ordinario contra la denegaci\u00f3n del registrador mercantil, sino que en todo caso habr\u00e1 de agotarse la v\u00eda administrativa por medio del recurso ante la DGRN. Adem\u00e1s la posibilidad de juicio ordinario existir\u00e1. no s\u00f3lo como en el caso enjuiciado en la sentencia de inexistencia de fundamentaci\u00f3n jur\u00eddica a la denegaci\u00f3n de convocatoria, sino en todo caso, es decir aunque esa denegaci\u00f3n se encuentre debidamente fundamentada.<\/p>\n

Si se trata de expediente ante el LAJ, seg\u00fan el art. 20 de la LJV<\/a>, \u201cdeber\u00e1 interponerse recurso de revisi\u00f3n ante el Juez competente, en los t\u00e9rminos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil\u201d. Una vez resuelto este recurso se entiende que cabe demanda en juicio ordinario, si se sigue denegando la convocatoria de junta.<\/p>\n

2\u00aa. El hecho de que los administradores tengan su cargo caducado, no es obst\u00e1culo para que se pueda acordar la disoluci\u00f3n de la sociedad nombrando directamente a los liquidadores.<\/strong> El problema estar\u00e1 en quien convoca la junta, pero una vez v\u00e1lidamente convocada, se puede omitir el tr\u00e1mite de nombrar administradores que ser\u00edan cesados inmediatamente, salvo que proceda su conversi\u00f3n en liquidadores.<\/p>\n

3\u00aa. En los expedientes jurisdicci\u00f3n voluntaria sobre convocatoria de junta, es esencial la citaci\u00f3n de los administradores de la sociedad afectada<\/strong>. Su ausencia determinar\u00e1 la nulidad del expediente.<\/p>\n

4\u00aa. El hecho de que los administradores tengan el cargo caducado, no va a impedir que comparezcan en juicio en representaci\u00f3n de la sociedad<\/strong>, si esa caducidad es alegada por los mismos administradores que demandan.<\/p>\n

5\u00aa. El orden del d\u00eda de la convocatoria no tiene porqu\u00e9 ser mim\u00e9ticamente id\u00e9ntico a lo solicitado<\/strong>, pues siempre que ese orden del d\u00eda sea aclaraci\u00f3n o concreci\u00f3n de lo solicitado por los socios ser\u00eda perfectamente admisible. Quiz\u00e1s esta postura de nuestro TS facilite el que en tr\u00e1mites del expediente de jurisdicci\u00f3n voluntaria se puedan subsanar de oficio los posibles errores que se contengan en la petici\u00f3n de orden del d\u00eda por los socios. No obstante estimamos que ese cambio debe ser excepcional, aunque se limite a concretar o especificar, pues el orden del d\u00eda solicitado deber\u00e1 ser respetado.<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n<\/a>

ENLACES:<\/span><\/h6>\n

LISTA INFORMES MERCANTIL<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n

SECCI\u00d3N REGISTROS MERCANTILES<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n

INFORME NORMATIVA JULIO DE 2019 (Secciones I y II )<\/span><\/a><\/strong><\/p>\n

INFORME GENERAL RESOLUCIONES DEL MES DE JULIO<\/span><\/a><\/strong><\/p>\n

MINI INFORME JULIO 2019<\/span><\/strong><\/a><\/p>\n

NORMAS: <\/strong>Cuadro general.<\/strong><\/a> Por meses.<\/strong><\/a> + Destacadas<\/strong><\/a><\/span><\/p>\n

NORMAS: <\/strong>Res\u00famenes 2002 \u2013 2019.<\/strong><\/a> Futuras.<\/strong><\/a> Consumo<\/strong><\/a><\/span><\/p>\n

NORMAS: <\/strong>Tratados internacionales<\/strong><\/a>, <\/strong>Derecho Foral<\/strong><\/a>, <\/strong>Uni\u00f3n Europea<\/strong><\/a><\/span><\/p>\n

RESOLUCIONES: <\/strong>Por meses.<\/strong><\/a> Por titulares.<\/strong><\/a> \u00cdndice Juan Carlos Casas<\/strong><\/a><\/span><\/p>\n

WEB: <\/strong>Qu\u00e9 ofrecemos<\/strong><\/a> NyR, p\u00e1gina de inicio<\/strong><\/a> Ideario<\/strong><\/a><\/span><\/p>\n

IR ARRIBA<\/strong><\/a><\/span><\/p>\n

PORTADA DE LA WEB<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n

\"Informe<\/a>

Fuegos artificiales en Almu\u00f1\u00e9car (Granada). Por Jos\u00e9 \u00c1ngel Garc\u00eda Valdecasas.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

INFORME DE AGOSTO DE 2019 PARA REGISTROS MERCANTILES Jos\u00e9 \u00c1ngel Garc\u00eda Valdecasas Butr\u00f3n Registrador de la Propiedad y Mercantil Nota previa: A partir de enero de 2018 este informe sufre dos cambios: Nombre: se utilizar\u00e1 el del mes en el que se publica, pero recoger\u00e1 disposiciones y resoluciones publicadas en el BOE durante el mes […]<\/p>\n","protected":false},"author":235,"featured_media":50652,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"footnotes":""},"categories":[253],"tags":[11329,11337,7147,11331,1042,1612,11336,797,1712,1524,11330,11232,5606,1958],"class_list":{"0":"post-62703","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-informes-mensuales-o-m","8":"tag-administradores-caducados","9":"tag-almunecar","10":"tag-calificacion-documentos-judiciales","11":"tag-conciliacion-registral","12":"tag-convocatoria-junta","13":"tag-denominacion-social","14":"tag-fuegos-artificiales","15":"tag-jose-angel-garcia-valdecasas","16":"tag-jurisdiccion-voluntaria","17":"tag-poderes","18":"tag-prestamos-a-consumidores","19":"tag-prestamos-participativos","20":"tag-recursos","21":"tag-sociedades-profesionales"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62703","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/users\/235"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62703"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62703\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media\/50652"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62703"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62703"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62703"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}