{"id":63474,"date":"2019-09-24T16:36:09","date_gmt":"2019-09-24T14:36:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/?p=63474"},"modified":"2019-09-24T17:16:11","modified_gmt":"2019-09-24T15:16:11","slug":"informe-septiembre-2019-registros-mercantiles-disolucion-por-causa-legal-responsabilidad-de-los-administradores","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/secciones\/oficina-mercantil\/informes-mensuales-o-m\/informe-septiembre-2019-registros-mercantiles-disolucion-por-causa-legal-responsabilidad-de-los-administradores\/","title":{"rendered":"Informe Septiembre 2019 Registros Mercantiles. Disoluci\u00f3n por causa legal: responsabilidad de los Administradores."},"content":{"rendered":"

<\/a>INFORME DE SEPTIEMBRE DE 2019 PARA REGISTROS MERCANTILES<\/span><\/strong><\/h1>\n

Jos\u00e9 \u00c1ngel Garc\u00eda Valdecasas Butr\u00f3n<\/h2>\n

Registrador de la Propiedad y Mercantil<\/h2>\n<\/a>
Nota previa:<\/span><\/h6>\n

A partir de enero de 2018 este informe sufre dos cambios:<\/strong><\/p>\n

Nombre:<\/strong> se utilizar\u00e1 el del mes en el que se publica<\/strong>, pero recoger\u00e1 disposiciones y resoluciones publicadas en el BOE durante el mes anterior. Se busca un criterio uniforme para todos los informes de la web.<\/p>\n

Contenido:<\/strong> Se reduce su extensi\u00f3n, centr\u00e1ndonos en lo esencial<\/strong> y para evitar que los textos se dupliquen en la web. Si se desea ampliar<\/strong> la informaci\u00f3n sobre una disposici\u00f3n o resoluci\u00f3n en concreto, s\u00f3lo hay que seguir el enlace<\/strong> a su desarrollo en el informe general del mes.<\/p>\n<\/a>

Disposiciones de car\u00e1cter general.<\/span><\/a><\/u><\/h6>\n

— <\/strong>S\u00f3lo destacaremos la Resoluci\u00f3n de 26 de julio de 2019<\/a>, de la Secretar\u00eda de Estado de Econom\u00eda y Apoyo a la Empresa, por la que se publica la lista de entidades<\/strong> que han comunicado su adhesi\u00f3n al C\u00f3digo de Buenas Pr\u00e1cticas<\/strong> para la reestructuraci\u00f3n viable de las deudas con garant\u00eda hipotecaria sobre vivienda habitual. La resoluci\u00f3n se limita a publicar las entidades que seg\u00fan la disposici\u00f3n adicional und\u00e9cima<\/a>, de la Ley 5\/2019, de 15 de marzo<\/a>, reguladora de los contratos de cr\u00e9dito inmobiliario, siguen adheridas al C\u00f3digo de Buenas Pr\u00e1cticas hipotecarias por no haber manifestado en plazo lo contrario. Ver resumen m\u00e1s amplio.<\/a><\/strong><\/p>\n<\/a>

Disposiciones Auton\u00f3micas<\/strong><\/span><\/a><\/h6>\n

No existe ninguna digna de menci\u00f3n.<\/p>\n<\/a>

RESOLUCIONES<\/span><\/u><\/strong><\/a><\/h6>\n<\/a>
RESOLUCIONES PROPIEDAD<\/span><\/a>\u00a0<\/span><\/strong>\u00a0<\/strong>\u00a0<\/span><\/h6>\n

La 325<\/a><\/strong>, seg\u00fan la cual los notarios son incompatibles para autorizar escrituras de herencia en las que \u00e9l o sus parientes hasta el cuarto grado adquieran derechos. La incompatibilidad implica la nulidad<\/strong> de la escritura y por tanto no es subsanable aunque los restantes interesados en la herencia se adhieran o ratifiquen en escrituras separadas ante otro notario.<\/p>\n

La 344<\/strong><\/a>, <\/strong>que ratifica que se trate o no de vivienda habitual,\u00a0no cabe que se adjudique una finca por menos del 50% del valor de tasaci\u00f3n, pero para que la denegaci\u00f3n sea confirmada por la DG, es necesario que en su calificaci\u00f3n el registrador haya hecho constar que debe acredit\u00e1rsele que, de conformidad con el art 670-4\u00a0\u201cin fine\u201d<\/em>\u00a0LEC<\/a>, el LAJ, o\u00eddas las partes, no ha aprobado el remate por una cantidad inferior. En definitiva, que existiendo el defecto por un error en la calificaci\u00f3n se declara inscribible el documento, tesis que no ha seguido el CD en otras ocasiones similares en que en aras de la seguridad jur\u00eddica confirma la suspensi\u00f3n de la inscripci\u00f3n sin perjuicio de declarar la facilidad de la subsanaci\u00f3n que, en este caso, consistir\u00eda en la entrega del Decreto del LAJ aprobatorio del remate.<\/p>\n<\/a>

RESOLUCIONES MERCANTIL<\/strong><\/span><\/a><\/h6>\n

La 326<\/strong><\/a>, <\/strong>seg\u00fan la cual es inscribible una escritura de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de una sociedad unipersonal, aunque en el balance final aprobado conste una partida incorrectamente contabilizada, si del contexto de dicho balance resulta con claridad que nada hay que repartir. Es decir que debe tenerse en cuenta el fondo material de dicho balance prescindiendo de la forma incorrecta en que el mismo se expresa.<\/p>\n

La 329<\/strong><\/a>, <\/strong>que establece que, aunque una sociedad an\u00f3nima sea unipersonal, para un desembolso de dividendos pasivos con aportaciones no dinerarias es necesario el informe del experto independiente.<\/p>\n

La 337<\/strong><\/a>, <\/strong>que vuelve a reiterar, una vez m\u00e1s que, pese a la existencia reglamentaria del principio de prioridad en el registro mercantil, para el mayor acierto en la calificaci\u00f3n el registrador puede tener en cuenta documentos presentados con posterioridad si desvirt\u00faan o ponen en duda los primeramente presentados.<\/p>\n

La 338<\/strong><\/a>, <\/strong>de enorme trascendencia pues establece la posibilidad de pactar en estatutos que la convocatoria de la junta se har\u00e1 por correo electr\u00f3nico con confirmaci\u00f3n de lectura y que la negativa a esa confirmaci\u00f3n equivale a la realizaci\u00f3n de la notificaci\u00f3n. Esta resoluci\u00f3n ya ha sido comentada favorablemente por parte de la doctrina, si bien la cl\u00e1usula que se declara inscribible adolec\u00eda en su redacci\u00f3n determinadas lagunas en materia de plazos de respuesta y de la forma de la misma, que por razones de seguridad de la sociedad y de sus administradores deber\u00edan completarse.<\/p>\n

La 343<\/strong><\/a>, que reitera una vez m\u00e1s que la baja en el \u00edndice de entidades de la AEAT, impide la pr\u00e1ctica de cualquier asiento salvo asientos exceptuados por el art. 96 del RRM.<\/p>\n<\/a>

Cuestiones de inter\u00e9s:<\/strong><\/span><\/h6>\n<\/a>
Disoluci\u00f3n de sociedad por concurrencia de una causa legal de disoluci\u00f3n: responsabilidad de los administradores en los contratos de tracto sucesivo.<\/strong><\/span><\/h6>\n<\/a>
1.Introducci\u00f3n.<\/strong><\/h6>\n

Es relativamente frecuente que muchas de las sociedades que depositan sus cuentas anuales en los RRMM, presenten balances con p\u00e9rdidas suficientes para incurrir en causa de disoluci\u00f3n.<\/p>\n

Sobre ello el art\u00edculo 363.1.e. de la LSC considera como causa de disoluci\u00f3n, las \u201cp\u00e9rdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social<\/strong>, a no ser que \u00e9ste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaraci\u00f3n de concurso\u201d.<\/p>\n

Por tanto, para saber o no cuando una sociedad est\u00e1 incursa en causa de disoluci\u00f3n deber\u00e1 compararse el patrimonio neto con la mitad del capital social, operaci\u00f3n que en principio parece sencilla pero que en ocasiones puede revestir gran complejidad por la existencia de pr\u00e9stamos participativos u otras partidas del balance que enmascaren la situaci\u00f3n patrimonial de la sociedad. No obstante, en la mayor\u00eda de los casos de las sociedades que depositan cuentas, ello se pone de manifiesto de forma evidente.<\/p>\n

Supuesto lo anterior y sobre la base de las dos opciones que concede el precepto, debe entonces determinarse cuando una sociedad deber\u00e1 disolverse<\/strong> por existir causa legal o debe declararse en concurso<\/strong>.<\/p>\n

La Ley concursal, Ley 22\/2003 de 9 de julio, no tiene en cuenta el balance a los efectos de hacer obligatoria para el administrador la petici\u00f3n de concurso. El art. 5 de la Ley Concursal<\/a> dispone el deber por parte de los administres de la sociedad de solicitar la declaraci\u00f3n de concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubieran conocido o debido conocer su estado de insolvencia. Caso de no hacerlo los administradores incurren en responsabilidad.<\/p>\n

Debido a ello puede perfectamente ocurrir que una sociedad en causa de disoluci\u00f3n legal, pueda seguir cumpliendo sus obligaciones ordinarias de pago y no tener el administrador obligaci\u00f3n de declarar el concurso, y al contrario tambi\u00e9n es posible que una sociedad caiga en insolvencia pese a que su balance sea relativamente saneado y no incurra en la causa de disoluci\u00f3n legal.<\/p>\n

Pues bien, ambos supuestos van a desencadenar la responsabilidad del \u00f3rgano de administraci\u00f3n.<\/p>\n

\u00a0Pero si concurre causa de disoluci\u00f3n, pese a que no se d\u00e9 la situaci\u00f3n de insolvencia, \u00a0y no da los pasos necesarios para que la junta acuerde la disoluci\u00f3n,\u00a0 la responsabilidad es a\u00fan m\u00e1s grave, porque el art. 367 de la Ley de Sociedades de Capital<\/a> dispone que \u201cresponder\u00e1n solidariamente de las obligaciones sociales posteriores<\/strong> al acaecimiento de la causa legal de disoluci\u00f3n los administradores que incumplan la obligaci\u00f3n de convocar, en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disoluci\u00f3n, as\u00ed como los administradores que no soliciten la disoluci\u00f3n judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebraci\u00f3n de la junta, cuando \u00e9sta no se haya constituido, o desde el d\u00eda de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disoluci\u00f3n.<\/em>\u201d<\/p>\n

Adem\u00e1s, termina el art\u00edculo diciendo que \u201cEn estos casos las obligaciones sociales reclamadas se presumir\u00e1n<\/strong> de fecha posterior al acaecimiento de la causa legal de disoluci\u00f3n de la sociedad, salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior\u201d.<\/em> Por ello la responsabilidad, como decimos es grave por su car\u00e1cter de solidaria cuando normalmente la sociedad que se encuentre en dicha situaci\u00f3n restar\u00e1 insolvente, y ello sin tener en cuenta la grave presunci\u00f3n que establece el art\u00edculo.<\/p>\n

Sobre estos art\u00edculos, especialmente con relaci\u00f3n al punto crucial de cu\u00e1ndo se entiende acaecida la causa de disoluci\u00f3n, son muchas las decisiones de nuestro TS. Pero hoy lo que traemos a estas p\u00e1ginas es una referencia a esa responsabilidad de los administradores en los contratos llamados de tracto sucesivo<\/strong>, pues son contratos muy frecuentes entre las sociedades, empezando por el normal arrendamiento del local de negocio en el que desarrolla sus actividades la empresa. En definitiva, se trata de determinar las rentas de que responde el administrador cuando acaece la causa de disoluci\u00f3n y las medidas que los administradores deben tomar para evitar esta responsabilidad.<\/p>\n<\/a>

2. Sentencia del TS<\/strong>.<\/span><\/h6>\n

Sobre esta cuesti\u00f3n la reciente sentencia del TS, sala de lo civil, de 10 de abril de 2019<\/a>, en recurso 4146\/2016, siendo ponente Don Pedro Jos\u00e9 Vela Torres, da unas pautas que nos pueden servir para el estudio de la cuesti\u00f3n planteada.<\/p>\n

Los hechos de esta sentencia son los siguientes:<\/p>\n

— Se trata de una sociedad con dos administradores solidarios que tiene un local de negocio arrendado desde 2009.<\/p>\n

— A partir de febrero de 2013 se dejan de pagar la renta y las cantidades asimiladas correspondientes al mencionado arrendamiento, por lo que se sigui\u00f3 un juicio de desahucio. La arrendataria adeuda a los arrendadores 38.348,32\u20ac, que no ha sido posible cobrar, pese a la reclamaci\u00f3n judicial.<\/p>\n

— En 2011 la sociedad, por consiguiente antes de dejar de pagar la renta, incurre en causa de disoluci\u00f3n, al sufrir p\u00e9rdidas que reduc\u00edan su patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, pero sus administradores no realizaron ninguna de las actuaciones legalmente exigibles para remediar dicha situaci\u00f3n.<\/p>\n

— La titular del local de negocio demanda a los administradores ejercitando las acciones de responsabilidad individual y de responsabilidad por deudas, y solicitaron que se les condenara solidariamente<\/strong> al pago de la cantidad antes indicada como deuda de la sociedad de la que eran administradores.<\/p>\n

— La sentencia de primera instancia estim\u00f3<\/strong> la pretensi\u00f3n relativa a la responsabilidad por deudas y conden\u00f3 a los administradores al pago de la cantidad reclamada en la demanda.<\/p>\n

— La Audiencia Provincial con\ufb01rma dicha resoluci\u00f3n, si bien redujo<\/strong> la cantidad importe de la condena, al compensar<\/strong> la \ufb01anza arrendaticia prestada en su d\u00eda.<\/p>\n

Ante ello los demandados interponen recurso de casaci\u00f3n<\/strong> fundado en un \u00fanico motivo basado en el concepto de deudas posteriores<\/strong> a efectos de responsabilidad en las obligaciones duraderas o de tracto sucesivo.<\/p>\n

El planteamiento que hacen es el siguiente:<\/p>\n

Se denuncia la infracci\u00f3n del art. 367 de la Ley de Sociedades de Capital<\/a><\/strong>, que ya conocemos y \u00a0que procede del art. 105.5 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.<\/p>\n

Se basan fundamentalmente los demandados en que la deuda social proviene de un contrato de arrendamiento celebrado con anterioridad<\/strong> a que la sociedad incurriera en causa de disoluci\u00f3n, por lo que no concurre el supuesto de hecho del art. 367 LSC (anteriormente, art. 105.5 LSRL), que se re\ufb01ere expresamente a deudas posteriores<\/strong> al acaecimiento de dicha causa.<\/p>\n

El TS, sobre el motivo planteado de casaci\u00f3n, hace las siguientes consideraciones:<\/p>\n

— Comienza diciendo que \u201cconforme al art. 367.1 LSC, los administradores \u201cresponder\u00e1n solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disoluci\u00f3n\u201d. El art\u00edculo 367.2 LSC precisa que las obligaciones sociales reclamadas se presumir\u00e1n<\/strong> de fecha posterior al acaecimiento de la causa legal de disoluci\u00f3n de la sociedad, salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior\u201d.<\/p>\n

— A continuaci\u00f3n a\u00f1ade que \u201ccomo el art. 367 LSC no establece una regla especial sobre la determinaci\u00f3n del momento en que nace la obligaci\u00f3n<\/strong>, resultan aplicables las reglas generales del Derecho de obligaciones. Y una vez establecido el momento de nacimiento de la obligaci\u00f3n, habr\u00e1 que contrastarlo con el de concurrencia de la causa de disoluci\u00f3n, de manera que el administrador s\u00f3lo responder\u00e1 de las obligaciones nacidas despu\u00e9s\u201d.<\/p>\n

— Aclara que en su sentencia 151\/2016, de 10 de marzo<\/a>, estableci\u00f3 que \u201clo relevante para decidir si la obligaci\u00f3n es anterior o posterior ser\u00eda la fecha de nacimiento de la obligaci\u00f3n<\/strong>, no su completo devengo o exigibilidad ni la fecha de la sentencia que la declara\u201d. Y ello es as\u00ed porque \u201cen el caso del incumplimiento de los contratos y el ejercicio de la facultad resolutoria por el contratante cumplidor, la obligaci\u00f3n restitutoria no nace en la fecha de celebraci\u00f3n del contrato\u201d, sino cuando ocurre el \u201checho resolutorio y (del) el ejercicio por el interesado de la facultad resolutoria derivada del mismo\u201d.<\/p>\n

— A\u00f1ade tambi\u00e9n que en las sentencias 246\/2015, de 14 de mayo, y 144\/2017, de 1 de marzo<\/a>, estableci\u00f3 que \u201cel momento relevante para decidir sobre si la obligaci\u00f3n es posterior a la concurrencia de la causa legal de disoluci\u00f3n es aquel en que nace<\/strong> la obligaci\u00f3n social de la que se pretende hacer responsable solidario a un administrador de la sociedad\u201d.<\/p>\n

— Supuesto lo anterior en los casos de contratos de tracto sucesivo<\/strong> celebrados con anterioridad a que concurriera la causa de disoluci\u00f3n y que se incumple despu\u00e9s \u201cno cabe considerar que la obligaci\u00f3n nazca en el momento de celebraci\u00f3n del contrato originario, sino cada vez<\/strong> que se realiza una prestaci\u00f3n en el marco de la relaci\u00f3n de que se trate\u201d.<\/p>\n

— Todo ello supone que \u201cen el caso del arrendamiento, que las rentas devengadas con posterioridad a la concurrencia de la causa de disoluci\u00f3n<\/strong> han de considerarse obligaciones posteriores<\/strong> y, por tanto, susceptibles de generar la responsabilidad solidaria de los administradores ex art. 367 LSC\u201d.<\/p>\n

— Para redondear su conclusi\u00f3n nos dice a continuaci\u00f3n que es lo que considera el TS como contrato de tracto sucesivo.<\/p>\n

— Sobre ello dice que en las sentencias 145\/2012 y 161\/2012, ambas de 21 de marzo, 505\/2013, de 24 de julio,<\/a> y 62\/2019, de 31 de enero(sic), se caracterizan los contratos de tracto sucesivo como aquellos en que \u201cun proveedor se obliga a realizar una sola prestaci\u00f3n continuada<\/strong> en el tiempo o pluralidad de prestaciones sucesivas, peri\u00f3dicas o intermitentes, por tiempo determinado o inde\ufb01nido, que se repiten, a \ufb01n de satisfacer intereses de car\u00e1cter sucesivo, peri\u00f3dico o intermitente m\u00e1s o menos permanentes en el tiempo, a cambio de una contraprestaci\u00f3n rec\u00edproca determinada o determinable dotada de autonom\u00eda relativa dentro del marco de un \u00fanico contrato<\/strong> de tal forma que cada uno de los pares o periodos de prestaciones en que la relaci\u00f3n se descompone satisface secuencialmente el inter\u00e9s de los contratantes\u201d.<\/p>\n

— En consecuencia \u201cen el contrato de tracto sucesivo las prestaciones son susceptibles de aprovechamiento independiente, en el sentido de que cada prestaci\u00f3n singular<\/strong> satisface \u00edntegramente el inter\u00e9s de ambas partes durante el correspondiente periodo, independientemente de las prestaciones pasadas o futuras de ese mismo contrato\u201d.<\/p>\n

— Finalmente concluye que \u201cen el contrato de arrendamiento celebrado por la sociedad con anterioridad a la existencia de la causa de disoluci\u00f3n, los administradores sociales responder\u00e1n por las prestaciones (pago de la renta peri\u00f3dica y cantidades asimiladas) posteriores<\/strong> al momento en que la sociedad incurra en causa de disoluci\u00f3n\u201d, es decir que cada per\u00edodo o mensualidad de utilizaci\u00f3n del bien arrendado \u201cgenera una obligaci\u00f3n de pago independiente y con autonom\u00eda su\ufb01ciente para considerar que ese per\u00edodo marca el nacimiento de la obligaci\u00f3n, al objeto de establecer si se puede hacer o no responsables solidarios de su cumplimiento a los administradores, en aplicaci\u00f3n del art. 367 LSC\u201d.<\/p>\n

Termina diciendo que adem\u00e1s este criterio \u201ces coherente con el que se aplica en los casos de declaraci\u00f3n de concurso respecto de los contratos con obligaciones rec\u00edprocas pendientes de cumplimiento, al establecer el art. 61.2 de la Ley Concursal<\/a> que las prestaciones a que est\u00e9 obligado el concursado se realizar\u00e1n con cargo a la masa, con independencia de que el origen de la relaci\u00f3n se sit\u00fae en un momento anterior a la declaraci\u00f3n de concurso\u201d.<\/p>\n<\/a>

3. Conclusiones<\/strong>:<\/span><\/h6>\n

\u00a0Del problema que hemos planteado y de la sentencia resumida podemos extraer las siguientes conclusiones:<\/p>\n

\u00a0— Lo primero que destacamos es que concurso y disoluci\u00f3n por p\u00e9rdidas, aunque pudiera estimarse que son dos caras de la misma moneda-fracaso empresarial-, act\u00faan con total independencia una de otra, siendo el \u00f3rgano de administraci\u00f3n el que a la vista de las circunstancias deber\u00e1 instar una u otra, sin perjuicio de que pese a optar por la disoluci\u00f3n esa disoluci\u00f3n pudiera terminar tambi\u00e9n en concurso.<\/p>\n

— Ambas situaciones son tambi\u00e9n remediables mediante una reducci\u00f3n o aumento del capital de la sociedad o acudiendo a otras f\u00f3rmulas, como los pr\u00e9stamos participativos aportados por los socios, o incluso por aportaciones a fondo perdido.<\/p>\n

— La soluci\u00f3n aportada por nuestro TS, am\u00e9n de bien fundamentada, se basa en criterios, a nuestro entender, de pura justicia material. Si el contrato celebrado se traduce en diversas prestaciones peri\u00f3dicas, es claro que cada una de las obligaciones derivadas del mismo, no son el mismo contrato, sino obligaciones que tiene en \u00e9l su fuente pero que van a funcionar como independientes. A estos efectos los administradores de la sociedad deben tomar nota y tenerlos en cuenta, pues si se produce un impago de las cuotas, sin que se prevea que la situaci\u00f3n es remediable, lo mejor, antes de caer en causa de disoluci\u00f3n por p\u00e9rdidas o por otra causa, es dar por vencido el contrato, si ello es posible seg\u00fan sus t\u00e9rminos, evitando as\u00ed el devengo de cuotas con posterioridad al surgimiento de la causa de disoluci\u00f3n.<\/p>\n

— De la sentencia tambi\u00e9n resulta claro que la responsabilidad de los administradores no es s\u00f3lo por su decisi\u00f3n de seguir contratando despu\u00e9s del acaecimiento de la causa de disoluci\u00f3n, sino que deben responder tambi\u00e9n de otras obligaciones, aunque su origen sea anterior o provengan ex lege, de la responsabilidad extracontractual, de la responsabilidad por hecho ajeno o por otras causas. Es decir que responder\u00e1 de todas las obligaciones posteriores.<\/p>\n

— Normalmente el momento en que deba apreciarse la concurrencia de la causa de disoluci\u00f3n por p\u00e9rdidas ser\u00e1 el del cierre del ejercicio, pues es en ese momento cuando el \u00f3rgano de administraci\u00f3n podr\u00e1 constatar la insuficiencia patrimonial de la sociedad.<\/p>\n

— Finalmente en cuanto al concepto o la configuraci\u00f3n de los contratos de tracto sucesivo, son para el TS un contrato \u00fanico que se desdobla en varias prestaciones que satisfacen el inter\u00e9s del acreedor en cada uno de los momentos de su vencimiento.\u00a0<\/strong><\/p>\n<\/a>

ENLACES:<\/span><\/h6>\n

LISTA INFORMES MERCANTIL<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n

SECCI\u00d3N REGISTROS MERCANTILES<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n

INFORME NORMATIVA AGOSTO DE 2019 (Secciones I y II )<\/span><\/a><\/strong><\/p>\n

INFORME GENERAL RESOLUCIONES DEL MES DE AGOSTO<\/span><\/strong><\/a><\/p>\n

MINI INFORME AGOSTO 2019<\/span><\/strong><\/a><\/p>\n

NORMAS: <\/strong>Cuadro general.<\/strong><\/a> Por meses.<\/strong><\/a> + Destacadas<\/strong><\/a><\/span><\/p>\n

NORMAS: <\/strong>Res\u00famenes 2002 \u2013 2019.<\/strong><\/a> Futuras.<\/strong><\/a> Consumo<\/strong><\/a><\/span><\/p>\n

NORMAS: <\/strong>Tratados internacionales<\/strong><\/a>, <\/strong>Derecho Foral<\/strong><\/a>, <\/strong>Uni\u00f3n Europea<\/strong><\/a><\/span><\/p>\n

RESOLUCIONES: <\/strong>Por meses.<\/strong><\/a> Por titulares.<\/strong><\/a> \u00cdndice Juan Carlos Casas<\/strong><\/a><\/span><\/p>\n

WEB: <\/strong>Qu\u00e9 ofrecemos<\/strong><\/a> NyR, p\u00e1gina de inicio<\/strong><\/a> Ideario<\/strong><\/a><\/span><\/p>\n

IR ARRIBA<\/strong><\/a><\/span><\/p>\n

PORTADA DE LA WEB<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n

\"Informe<\/a>

Pantano de Ria\u00f1o (Le\u00f3n). Por Siurle (Wikipedia)<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

INFORME DE SEPTIEMBRE DE 2019 PARA REGISTROS MERCANTILES Jos\u00e9 \u00c1ngel Garc\u00eda Valdecasas Butr\u00f3n Registrador de la Propiedad y Mercantil Nota previa: A partir de enero de 2018 este informe sufre dos cambios: Nombre: se utilizar\u00e1 el del mes en el que se publica, pero recoger\u00e1 disposiciones y resoluciones publicadas en el BOE durante el mes […]<\/p>\n","protected":false},"author":235,"featured_media":50651,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"footnotes":""},"categories":[253],"tags":[11458,11457,8419,8386,797,11459,7156,11460],"class_list":{"0":"post-63474","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-informes-mensuales-o-m","8":"tag-contratos-tracto-sucesivo","9":"tag-disolucion-por-causa-legal","10":"tag-disolucion-sociedad","11":"tag-disolucion-sociedades","12":"tag-jose-angel-garcia-valdecasas","13":"tag-pantano-de-riano","14":"tag-responsabilidad-administradores","15":"tag-riano"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63474","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/users\/235"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63474"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63474\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media\/50651"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63474"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63474"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63474"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}