\u00a0<\/p>\n
1. <\/strong>Crisis del m\u00e9todo objetivo de cuantificaci\u00f3n<\/strong><\/a><\/span><\/p>\n 2.\u00a0Petici\u00f3n de devoluci\u00f3n dirigida al Ayuntamiento. Liquidaciones susceptibles de revisi\u00f3n.<\/strong><\/a><\/span><\/p>\n 3. Pedir la devoluci\u00f3n al Estado.<\/strong><\/a><\/span><\/p>\n 4. Medios de prueba h\u00e1biles para acreditar la plusval\u00eda real.<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n Enlaces<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n \u00a0<\/p>\n El r\u00e9gimen legal anterior a la S.T.C. n\u00fam. 59\/2017<\/a> era relativamente sencillo: producida una transmisi\u00f3n de terrenos (edificados o no) se estimaba, sin posibilidad de prueba en contrario (art. 110.4 TRLHL<\/a>) que se hab\u00eda producido un incremento de valor del suelo desde el momento en que se adquiri\u00f3 hasta que se transmite por cualquier t\u00edtulo que se calcula sobre el valor vigente en el momento de la transmisi\u00f3n a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Dicho valor se multiplica por el coeficiente que aprueba el Ayuntamiento dentro de los l\u00edmites que marca el art. 107<\/a> del mismo Texto Refundido y por el n\u00famero de a\u00f1os transcurridos entre dichos momentos, con el l\u00edmite m\u00e1ximo de 20 a\u00f1os. Facilita la aplicaci\u00f3n del procedimiento que el Catastro Inmobiliario calcula el valor de suelo separado del valor de lo edificado sobre el mismo y se lo facilita a los Ayuntamientos. A este r\u00e9gimen se refiere la jurisprudencia como \u201cm\u00e9todo objetivo se\u00f1alado en la Ley\u201d.<\/em><\/p>\n La crisis del sistema se inicia cuando empiezan a plantearse impugnaciones basadas en no existir aumento sino disminuci\u00f3n de valor entre la adquisici\u00f3n y la transmisi\u00f3n. Este fen\u00f3meno, tal vez ins\u00f3lito o poco frecuente en la historia del mercado inmobiliario espa\u00f1ol, se multiplica a ra\u00edz de la crisis econ\u00f3mica que se inicia en 2008.<\/p>\n En un primer momento se plantea ante los Ayuntamientos (que no tienen m\u00e1s remedio que calcular la base imponible como dice el art. 107 por lo que rechazan los recursos) y ante los juzgados contencioso-administrativos. Alg\u00fan juzgado se hace sensible al argumento fundado en la pura matem\u00e1tica de que mediante la f\u00f3rmula legal no se halla plusval\u00eda alguna: para fijar un incremento de valor es imprescindible comparar el valor de adquisici\u00f3n con el de transmisi\u00f3n y eso no lo hace el texto vigente, con lo que admiten f\u00f3rmulas alternativas, tambi\u00e9n rechazadas por los Ayuntamientos, pero bendecidas por alg\u00fan Tribunal Superior de Justicia, sin que llegar\u00e1 a pronunciarse el Tribunal Supremo antes de que lo hiciera el Tribunal Constitucional.<\/p>\n Los hitos fundamentales que definen la crisis del Impuesto aparecen en el comentario que publiqu\u00e9 en esta misma web sobre la evoluci\u00f3n jurisprudencial del pago del IIVTNU<\/a>.<\/p>\n En \u00e9l dec\u00eda que a las 12,55 horas del 25 de abril de 2019 hab\u00eda que considerar que:<\/p>\n – la Sentencia del Tribunal Constitucional n\u00fam. 59\/2017 de 11 mayo<\/strong>, declara que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales son inconstitucionales y nulos, pero \u00fanicamente en la medida que someten a tributaci\u00f3n situaciones de inexistencia de incrementos de valor.<\/p>\n – la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo, (secci\u00f3n 2\u00aa) n\u00fam. 1163\/2018 de 9 julio<\/a><\/strong> interpreta dicha sentencia como una declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad total del art\u00edculo 110.4 del TRLHL y parcial de los art\u00edculos 107.1 y 107.2 a) del mismo Texto Refundido. Con lo que rechaza de plano la opci\u00f3n de \u00f3rganos inferiores que hab\u00edan entendido que tras la sentencia del T.C. no cab\u00eda seguir liquidando el Impuesto hasta que se dicte la legislaci\u00f3n que sustituya a la anulada.<\/p>\n – Y la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo, (secci\u00f3n 2\u00aa) n\u00fam. 419\/2019 de 27 marzo<\/strong> declara que el importe de la base imponible del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana ha de ser el resultado de multiplicar el valor del terreno en el momento del devengo por el n\u00famero de a\u00f1os de generaci\u00f3n del incremento y por el porcentaje anual corresponda, es decir, de acuerdo con el denominado m\u00e9todo objetivo. Con lo que rechaza de plano que el c\u00e1lculo de la base imponible se haga de otra forma que juzgue el contribuyente m\u00e1s adecuada, como igualmente hab\u00edan admitido \u00f3rganos inferiores.<\/p>\n Desde entonces hay al menos tres resoluciones que necesariamente se deben a\u00f1adir para mantener actualizado el aqu\u00ed y ahora de la jurisprudencia sobre la plusval\u00eda municipal:<\/p>\n – la Sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de octubre de 2019 <\/a><\/strong>resuelve una Cuesti\u00f3n de Inconstitucionalidad (1020-2019) planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n\u00ba 32 de Madrid mediante auto de 8 de febrero de 2019<\/strong> en la que se inquiere sobre el ajuste constitucional del mismo art\u00edculo 107 TRLHL en cuanto puede determinar que, aun existiendo un incremento de valor, la cuota a pagar sea superior al incremento real experimentado por la venta del terreno, lo que implica que la cuota tributaria no sea proporcional al incremento patrimonial real que grava. Contesta el tribunal (F.D. 5) que el n\u00famero 4 de dicho art\u00edculo es inconstitucional \u201cen aquellos casos en los que la cuota a satisfacer es superior al incremento patrimonial realmente obtenido por el contribuyente\u201d<\/em>.<\/p>\n \u00a0Conviene recordar que similar Cuesti\u00f3n de Inconstitucionalidad ha planteado el Tribunal Supremo (a ello me refer\u00ed tambi\u00e9n en esta web mediante auto de la Secci\u00f3n 2\u00aa de la Sala Tercera de 1 de julio de 2019<\/strong><\/a> en el que, a la duda sobre la compatibilidad del r\u00e9gimen legal con las normas sobre capacidad econ\u00f3mica e interdicci\u00f3n de la confiscatoriedad (art\u00edculo 31.1 CE<\/a>) a\u00f1ade la eventual vulneraci\u00f3n de las obligaciones asumidas por Espa\u00f1a al suscribir el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en particular en cuanto pueda infringir el derecho de propiedad por implicar una \u00abcarga fiscal excesiva\u00bb .<\/p>\n – la Sentencia del Tribunal Constitucional n\u00fam. <\/a><\/strong>107\/2019, de 30 de septiembre de 2019<\/strong><\/a> en la que se estudia la fuerza probatoria de los valores consignados en las escrituras p\u00fablicas de compra y posterior venta a los efectos de hallar la base imponible de la plusval\u00eda.<\/p>\n – Y la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo, (secci\u00f3n 5\u00aa) n\u00fam. 1.303\/2019 de 3 de octubre<\/a> que <\/strong>considera viable una reclamaci\u00f3n de indemnizaci\u00f3n de da\u00f1os y perjuicios dirigida contra la Administraci\u00f3n del Estado por las cantidades satisfechas en cumplimiento de una legislaci\u00f3n inconstitucional.<\/p>\n Centrado este estudio en las posibilidades que se abren a quien ha pagado la plusval\u00eda para recobrar todo o parte de lo ingresado al Ayuntamiento<\/strong>, lo divido en tres apartados<\/strong>: (i)<\/strong> petici\u00f3n de devoluci\u00f3n al Ayuntamiento<\/a>; (ii)<\/strong> petici\u00f3n de devoluci\u00f3n al Estado<\/a> y (iii)<\/strong> en ambos casos, medios de prueba h\u00e1biles para acreditar la plusval\u00eda real<\/a>.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n A partir de la S.T.C. n\u00fam. 59\/2017 se comparan el valor real inicial y el valor real final del terreno urbano, quedando excluida toda posible liquidaci\u00f3n el caso de no existir ning\u00fan incremento, procediendo en consecuencia la devoluci\u00f3n \u00edntegra de lo satisfecho.<\/p>\n Pero de existir plusval\u00eda, aunque fuera m\u00ednima, se deb\u00eda seguir girando la liquidaci\u00f3n que correspondiera seg\u00fan las reglas del Impuesto, es decir, sobre la base imponible resultante del art. 107. A partir de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de octubre de 2019 se vuelve a modificar la liquidaci\u00f3n del impuesto de forma que cuando de la aplicaci\u00f3n de las reglas legales resulte una cuota superior al beneficio realmente percibido por el contribuyente parece que el Ayuntamiento tendr\u00e1 que ajustarla de forma que no se produzca el exceso declarado inconstitucional. Obviamente parto de la base de que en los restantes casos se seguir\u00e1 aplicando el IIVTNU tal y como se ha venido haciendo hasta ahora, pendiente de una imprescindible reforma legal a la que se refiere con cierta acritud esta \u00faltima sentencia: \u201cSolo al legislador le es dado, entonces, regular esa contribuci\u00f3n y la forma de adecuarla a la capacidad econ\u00f3mica de cada cual, dado que a fecha de hoy han transcurrido m\u00e1s de dos a\u00f1os desde la publicaci\u00f3n de la STC 59\/2017\u2026.sin que se haya acomodado el impuesto a las exigencias constitucionales<\/strong><\/em>\u201d.<\/p>\n Para pedir la devoluci\u00f3n de ingresos indebidos derivados de una liquidaci\u00f3n girada a partir de las normas declaradas inconstitucionales se precisa determinar los l\u00edmites temporales dentro de los que podr\u00e1 presentarse la petici\u00f3n ante el Ayuntamiento.<\/p>\n A esta cuesti\u00f3n se refiere espec\u00edficamente el F.D. QUINTO a) de la Sentencia de 31 de octubre de 2019 en estos t\u00e9rminos: \u201c\u00danicamente han de considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en esta Sentencia aquellas que, a la fecha de publicaci\u00f3n de la misma, no hayan adquirido firmeza por haber sido impugnadas en tiempo y forma, no haber reca\u00eddo todav\u00eda en ellas una resoluci\u00f3n administrativa o judicial firme\u201d<\/em>. T\u00e9ngase en cuenta que el fallo de la sentencia, si bien declara inconstitucional el art. 107.4 del TRLRL, lo hace \u201cen los t\u00e9rminos previstos en la letra a) del Fundamento jur\u00eddico quinto<\/em>\u201d.<\/p>\n 2.1. <\/strong><\/p>\n Ambas sentencias constitucionales se aplican a los hechos imponibles posteriores a su respectiva publicaci\u00f3n en el B.O.E. pero tambi\u00e9n a los hechos imponibles anteriores pendientes de iniciaci\u00f3n del procedimiento de liquidaci\u00f3n y a los que, iniciados, est\u00e9n pendientes de conclusi\u00f3n mediante resoluci\u00f3n firme, sea en v\u00eda administrativa o judicial.<\/p>\n Sobre este particular dice el Auto de 12 septiembre 2019. TS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) JUR\\2019\\267458, <\/strong>sobre el que m\u00e1s adelante vuelvo, lo siguiente:<\/p>\n \u00a0\u201cCUARTO<\/em><\/p>\n 1. El art\u00edculo 161.1.a) de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola<\/a><\/strong> (RCL 1978, 2836) [\u00abCE \u00ab] establece lo siguiente:<\/em><\/p>\n \u00abLa declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad de una norma jur\u00eddica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectar\u00e1 a \u00e9sta, si bien la sentencia o sentencias reca\u00eddas no perder\u00e1n el valor de cosa juzgada\u00bb.<\/em><\/p>\n Esta disposici\u00f3n se desarrolla en los art\u00edculos 38 a 40<\/a> de la Ley Org\u00e1nica 2\/1979, de 3 de octubre,<\/strong> del Tribunal Constitucional (BOE de 5 de octubre), relativos a la sentencia en procedimientos de inconstitucionalidad y sus efectos.<\/em><\/p>\n El primero de tales preceptos<\/em><\/strong> se\u00f1ala en su apartado Uno que \u00ab[l]as sentencias reca\u00eddas en procedimientos de inconstitucionalidad tendr\u00e1n el valor de cosa juzgada, vincular\u00e1n a todos los Poderes P\u00fablicos y producir\u00e1n efectos generales desde la fecha de su publicaci\u00f3n en el \u00abBolet\u00edn Oficial del Estado\u00bb.<\/em><\/p>\n A\u00f1ade el art\u00edculo 40 LOTC<\/em><\/strong> lo que sigue:<\/em><\/p>\n \u00abUno. Las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley no permitir\u00e1n revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se haya hecho aplicaci\u00f3n de las Leyes, disposiciones o actos inconstitucionales, salvo en el caso de los procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte una reducci\u00f3n de la pena o de la sanci\u00f3n o una exclusi\u00f3n, exenci\u00f3n o limitaci\u00f3n de la responsabilidad.<\/em><\/p>\n Dos. En todo caso, la jurisprudencia de los tribunales de justicia reca\u00edda sobre leyes, disposiciones o actos enjuiciados por el Tribunal Constitucional habr\u00e1 de entenderse corregida por la doctrina derivada de las sentencias y autos que resuelvan los procesos constitucionales\u00bb.<\/em><\/p>\n El art\u00edculo 32 de la Ley 40\/2015, de 1 de octubre<\/em><\/strong> , de R\u00e9gimen Jur\u00eddico del Sector P\u00fablico (BOE de 2 de octubre), que lleva por t\u00edtulo \u00abPrincipios de la responsabilidad\u00bb, precept\u00faa en su apartado 6 que \u00ab[l]a sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o declare el car\u00e1cter de norma contraria al Derecho de la Uni\u00f3n Europea producir\u00e1 efectos desde la fecha de su publicaci\u00f3n en el \u00abBolet\u00edn Oficial del Estado\u00bb o en el \u00abDiario Oficial de la Uni\u00f3n Europea\u00bb seg\u00fan el caso, salvo que en ella se establezca otra cosa\u00bb.<\/em><\/p>\n Respecto de las liquidaciones del IIVTNU que en su momento fueron ingresadas por el contribuyente, bien mediante autoliquidaci\u00f3n bien por liquidaci\u00f3n girada por el Ayuntamiento (sea por no haber mediado autoliquidaci\u00f3n o por haberse rectificado la presentada por el interesado), se precisa decidir si ser\u00e1 tambi\u00e9n factible la revisi\u00f3n de dichas autoliquidaciones o liquidaciones con eventual devoluci\u00f3n de ingresos indebidos<\/strong>.<\/p>\n 2.3. <\/strong><\/p>\n Cobra especial inter\u00e9s a estos efectos la distinci\u00f3n entre gesti\u00f3n mediante autoliquidaci\u00f3n y gesti\u00f3n mediante declaraci\u00f3n- liquidaci\u00f3n, a cuyo efecto, adem\u00e1s de las previsiones del T.R. L.H.L. hay que tener en cuenta las de la Ley General Tributaria<\/strong> y del Reglamento General<\/strong> de las actuaciones y los procedimientos de gesti\u00f3n e inspecci\u00f3n tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicaci\u00f3n de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065\/2007, de 27 de julio<\/strong>.<\/p>\n \u00a0La Direcci\u00f3n General de Tributos en la Consulta vinculante n\u00fam. V2269-18 de 1 agosto 2018 <\/strong>detalla las diferencias entre los dos sistemas de gesti\u00f3n posibles:<\/p>\n \u201cEl art\u00edculo 12 del TRLRHL dispone que:<\/em><\/p>\n \u00ab1. La gesti\u00f3n, liquidaci\u00f3n, inspecci\u00f3n y recaudaci\u00f3n de los tributos locales se realizar\u00e1 de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las dem\u00e1s leyes del Estado reguladoras de la materia, as\u00ed como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.<\/em><\/p>\n el apartado 3 de la disposici\u00f3n adicional cuarta de la LGT, que regula las normas relativas a las Haciendas Locales, establece que:<\/em><\/p>\n \u00ab3. Las entidades locales, dentro del \u00e1mbito de sus competencias, podr\u00e1n desarrollar lo dispuesto en esta ley mediante la aprobaci\u00f3n de las correspondientes ordenanzas fiscales.\u00bb<\/em><\/p>\n \u00a0Y el primer p\u00e1rrafo del art\u00edculo 1.1 de la LGT establece que:<\/em><\/p>\n \u00ab1. Esta ley establece los principios y las normas jur\u00eddicas generales del sistema tributario espa\u00f1ol y ser\u00e1 de aplicaci\u00f3n a todas las Administraciones tributarias en virtud y con el alcance que se deriva del art\u00edculo 149.1.1.\u00aa, 8.\u00aa, 14.\u00aa y 18.\u00aa de la Constituci\u00f3n<\/em>.\u00bb<\/p>\n \u201cPues bien, el IIVTNU tiene dos sistemas de gesti\u00f3n, dependiendo del municipio de que se trate o de la naturaleza de la transmisi\u00f3n de la que surge el incremento de valor:<\/p>\n – Presentaci\u00f3n de la declaraci\u00f3n tributaria correspondiente y posterior liquidaci\u00f3n por parte del Ayuntamiento<\/strong> de los elementos tributarios declarados por el sujeto pasivo. En este supuesto, el plazo de presentaci\u00f3n de la declaraci\u00f3n es de treinta d\u00edas h\u00e1biles, en los casos de actos inter vivos, y de seis meses prorrogables hasta un a\u00f1o (a solicitud del sujeto pasivo), en los casos mortis causa.<\/p>\n Debe adjuntarse a la declaraci\u00f3n tributaria el documento en el que figuren los actos o contratos que originan la imposici\u00f3n (escritura p\u00fablica, contrato privado, etc.).<\/p>\n La liquidaci\u00f3n del IIVTNU que realiza el Ayuntamiento ha de notificarse al sujeto pasivo, indicando el plazo de ingreso y los recursos que procedan contra la liquidaci\u00f3n.<\/p>\n – Presentaci\u00f3n de una autoliquidaci\u00f3n tributaria por el sujeto pasivo<\/strong>. El apartado 4 del art\u00edculo 110 T.R. L.H.L., cuya declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad no puede extenderse a este particular, por lo dem\u00e1s amparado en el art. 120 LGT, habilita a los Ayuntamientos para establecer, si as\u00ed lo desean el r\u00e9gimen de autoliquidaci\u00f3n, lo que conlleva la obligaci\u00f3n del sujeto pasivo de determinar e ingresar la deuda tributaria en los plazos establecidos en el apartado 2 del art\u00edculo 110 para el r\u00e9gimen de liquidaci\u00f3n administrativa\u201d.<\/p>\n 2.4. <\/strong><\/p>\n Presentaci\u00f3n de autoliquidaci\u00f3n del IIVTNU no seguida de actuaci\u00f3n tributaria que acepte los datos consignados por el contribuyente, al menos en lo referente a la determinaci\u00f3n de la base imponible.<\/p>\n En este caso se podr\u00e1 pedir la rectificaci\u00f3n de la autoliquidaci\u00f3n con devoluci\u00f3n de ingresos indebidos aportando los medios de prueba de que el sujeto pasivo disponga sobre no existir plusval\u00eda o resultar absorbida por la cuota tributaria mientras no haya concluido el plazo del que dispone el Ayuntamiento para revistar la autoliquidaci\u00f3n.<\/p>\n Se aplica el art. 126<\/a> del Reglamento aprobado por Real Decreto 1065\/2007, de 27 de julio <\/strong>que dice, en la parte que interesa:<\/p>\n \u00a0Art\u00edculo 126. Iniciaci\u00f3n del procedimiento de rectificaci\u00f3n de autoliquidaciones.<\/em><\/p>\n 1. Las solicitudes de rectificaci\u00f3n de autoliquidaciones se dirigir\u00e1n al \u00f3rgano competente de acuerdo con la normativa de organizaci\u00f3n espec\u00edfica.<\/em><\/p>\n 2. La solicitud s\u00f3lo podr\u00e1 hacerse<\/strong> una vez presentada la correspondiente autoliquidaci\u00f3n y antes de que la Administraci\u00f3n tributaria haya practicado la liquidaci\u00f3n definitiva o, en su defecto, antes de que haya prescrito el derecho de la Administraci\u00f3n tributaria para determinar la deuda tributaria<\/strong> mediante la liquidaci\u00f3n o el derecho a solicitar la devoluci\u00f3n correspondiente.<\/em><\/p>\n \u00a0As\u00ed lo explica la Sentencia TSJ de Galicia, (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Secci\u00f3n 4\u00aa) n\u00fam.. 251\/2012 de 30 marzo JUR\\2012\\143664,<\/strong> que distingue este supuesto del de liquidaci\u00f3n provisional o definitiva practicada por la Administraci\u00f3n:<\/p>\n F.D. PRIMERO. \u201c(\u2026)contra lo que se argumenta por la Administraci\u00f3n actuante, a la petici\u00f3n de devoluci\u00f3n no le ser\u00eda de aplicaci\u00f3n lo dispuesto en el apartado 3 del art\u00edculo 221 de la Ley 58\/2003 General Tributaria (LGT), al no tratarse de un acto de aplicaci\u00f3n de los tributos<\/strong>, sino lo dispuesto en el apartado 4 del referido art\u00edculo conforme al cual:<\/em><\/p>\n \u00a0\u00abCuando un obligado tributario considere que la presentaci\u00f3n de una auto liquidaci\u00f3n<\/strong> ha dado lugar a un ingreso indebido, podr\u00e1 instar la rectificaci\u00f3n de la autoliquidaci\u00f3n de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del art\u00edculo 120 de esta ley<\/em>. \u00ab<\/p>\n 2.5.<\/strong><\/p>\n Liquidaci\u00f3n firme girada por la Administraci\u00f3n, haya sido o no solicitada por el contribuyente, a partir de los datos facilitados por este u obrantes en su poder, supuesto al que se asimila el de presentaci\u00f3n de autoliquidaci\u00f3n del IIVTNU seguida de actuaci\u00f3n tributaria previa a las declaraciones de inconstitucionalidad que haya determinado, mediante resoluci\u00f3n firme, la base imponible del Impuesto y que se pretenda rectificar por dicho motivo, como paso previo obligado (art. 221.3 L.G.T.<\/a>) para obtener la devoluci\u00f3n de lo indebidamente ingresado<\/strong>.<\/p>\n En este caso estar\u00edamos en situaci\u00f3n similar a la estudiado en el n\u00famero anterior pero la solicitud de rectificaci\u00f3n\/devoluci\u00f3n tropieza con el serio problema de que, pese a haberse hecho el ingreso aplicando normas declaradas inconstitucionales (sea por no existir plusval\u00eda sino minusval\u00eda, sea por resultar la real inferior a la cuota tributaria), esta solicitud choca con el tenor del<\/strong> art. 217 de la L.G.T<\/a>. que solo permite solicitar la declaraci\u00f3n de nulidad de pleno derecho de actos dictados en materia tributaria que no hayan sido recurridos en plazo<\/strong> en supuestos tasados, de los que nos interesan dos:<\/p>\n a) Que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.<\/p>\n e) Que hayan sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formaci\u00f3n de la voluntad en los \u00f3rganos colegiados.<\/p>\n A estos efectos tiene especial inter\u00e9s la resoluci\u00f3n de los recursos de casaci\u00f3n que ha admitido la Sala Tercera del Tribunal Supremo por autos de 30 de mayo, 20 de junio y 9 de julio de 2019, que admiten a tr\u00e1mite los RRCA\/1068\/2019, 1665\/2019 y 2596\/2019 respectivamente, as\u00ed como el auto de 12 de septiembre de 2019 (Rec. Casaci\u00f3n 5923\/2018)<\/strong> al que me refer\u00ed antes y del que transcribir\u00e9 algunos apartados.<\/p>\n Entre otras cuestiones se plantea si tiene inter\u00e9s casacional la de si cabe admitir una petici\u00f3n de devoluci\u00f3n de ingresos indebidos derivados de liquidaciones del IIVTNU giradas en 2012 por un Ayuntamiento e ingresadas por los contribuyentes entonces, pese a tratarse de un acto consentido<\/strong> (al no haberse recurrido en su momento la liquidaci\u00f3n) y no haberse tramitado el procedimiento de revisi\u00f3n<\/strong> exigido por el art\u00edculo 221.3 de la LGT. Es decir, en el caso, los contribuyentes solicitan, a\u00f1os despu\u00e9s de aceptar y pagar la liquidaci\u00f3n, la devoluci\u00f3n de ingresos indebidos, siguiendo el precedente de los pronunciamientos judiciales que hab\u00edan estimado improcedente calcular la base imponible del impuesto conforme al art. 107 T.R. L.H.L.. El Ayuntamiento se niega pero el juzgado estima el recurso considerando que la aplicaci\u00f3n de la STC 59\/2017 supone que deba admitirse la prueba sobre el verdadero incremento de valor que hab\u00edan propuesto y de la que resulta que fue menor del resultante de aplicar la f\u00f3rmula legal, concediendo una devoluci\u00f3n parcial de las cantidades ingresadas, lo que obliga a la Administraci\u00f3n a acudir al Tribunal Supremo.<\/p>\n Con independencia de la conocida pol\u00e9mica sobre la posibilidad de utilizar una f\u00f3rmula alternativa de c\u00e1lculo de la plusval\u00eda, que tambi\u00e9n plantea el caso, lo que nos interesa ahora es la alegaci\u00f3n del Ayuntamiento sobre la firmeza de la liquidaci\u00f3n practicada: \u00abLa Administraci\u00f3n demandada se opone al recurso alegando (…) que se trata de actos firmes y consentidos por los recurrentes por no haber sido recurridas en su d\u00eda las correspondientes liquidaciones, considerando inadecuado el procedimiento de reclamaci\u00f3n de ingresos indebidos entendiendo que el cauce adecuado hubiese sido en su caso el recurso extraordinario de revisi\u00f3n contra actos nulos o anulables dictados por la Administraci\u00f3n<\/em>\u201d (Razonamiento Jur\u00eddico Tercero 1)\u201d.<\/p>\n \u00a0\u201cEl Ayuntamiento recurrente denuncia que con su decisi\u00f3n la sentencia recurrida atenta contra el principio de seguridad jur\u00eddica, al \u00abacordar, de forma directa y al margen del art\u00edculo 221.3 de la LGT (RCL 2003, 2945) , una devoluci\u00f3n de ingresos cuando las liquidaciones que l[a]s motivaron han sido consentidas y han adquirido firmeza<\/em>\u00ab.(Razonamiento Jur\u00eddico Tercero 3).<\/p>\n El auto del T.S. admite a tr\u00e1mite el recurso<\/strong>. Cita, entre otros, el art\u00edculo 221 de la L.G.T. relativo a los procedimientos para la devoluci\u00f3n de ingresos indebidos y concreta lo que habr\u00e1 de decidir la Sala en los siguientes t\u00e9rminos:<\/p>\n \u00a0Razonamiento Jur\u00eddico Cuarto .<\/strong>\u201d2<\/em><\/strong>. La cuesti\u00f3n que presenta inter\u00e9s casacional objetivo para la formaci\u00f3n de jurisprudencia consiste en determinar si la STC 59\/2017 permite revisar en favor del obligado tributario<\/strong> actos administrativos de liquidaci\u00f3n del IIVTNU, correctores de la previa autoliquidaci\u00f3n presentada, practicados en un supuesto en que hubo incremento de valor probado despu\u00e9s de haberse dictado la citada sentencia, aunque inferior al determinado por la Administraci\u00f3n tributaria local, cuando tales actos han quedado firmes por haber sido consentidos.<\/strong> Tal revisi\u00f3n necesariamente habr\u00eda de obedecer a la concurrencia de una causa de nulidad radical ( art\u00edculo 217 LGT ) de que se viera aquejada la liquidaci\u00f3n firme.<\/em><\/p>\n Por tanto, en caso de que se diera a la pregunta formulada una respuesta afirmativa, habilitante de esa posibilidad, surge la interrogante de en virtud de qu\u00e9 t\u00edtulo jur\u00eddico – esto es, de qu\u00e9 causa legal de nulidad radical o de pleno derecho, de las tipificadas numerus clausus en el mencionado precepto- operar\u00eda, y, adem\u00e1s, con qu\u00e9 limitaci\u00f3n temporal. <\/em>\u00ab<\/p>\n A\u00f1adiendo al final de mismo Razonamiento Jur\u00eddico : \u201c4.<\/strong> Las cuestiones suscitadas en este razonamiento jur\u00eddico presentan inter\u00e9s casacional objetivo para la formaci\u00f3n de jurisprudencia porque la sentencia impugnada puede incurrir en el supuesto previsto en la letra e) del art\u00edculo 88.2 LJCA , al interpretar y aplicar aparentemente con error y como fundamento de su decisi\u00f3n una doctrina constitucional,<\/strong> en concreto la que se refiere al alcance y efectos de las sentencias declaratorias de la constitucionalidad de las leyes, en atenci\u00f3n a la ex\u00e9gesis de los art\u00edculos 38 y 40 LOTC , y a la interpretaci\u00f3n que de tales preceptos efect\u00faa el Tribunal Constitucional en sus ya mencionadas sentencias 140\/2016 y 40\/2014 y las en ellas citadas, lo que hace conveniente un pronunciamiento del Tribunal Supremo. No es preciso razonar con extensi\u00f3n sobre el hecho de que el criterio establecido en la sentencia que se recurre puede resultar gravemente da\u00f1oso para los intereses generales y, con evidencia, afectar a un gran n\u00famero de situaciones<\/strong> [ art\u00edculo 88.2, letras b ) y c), LJCA ]\u201d.<\/em><\/p>\n 2.6.<\/strong><\/p>\n Est\u00e1 pendiente en estos momentos, por tanto, la respuesta que el T.S. dar\u00e1 sobre la viabilidad de la petici\u00f3n de devoluci\u00f3n de ingresos indebidos en los casos de liquidaci\u00f3n practicada, confirmada o rectificada por el Ayuntamiento mediante resoluci\u00f3n firme.<\/p>\n Se puede traer a colaci\u00f3n, salvando todas las distancias, la soluci\u00f3n que la misma Secci\u00f3n competente de la Sala Tercera (la 2\u00aa) dio a los supuestos de anulaci\u00f3n sobrevenida de liquidaciones practicadas en ciertos casos por el Impuesto de Bienes Inmuebles, pero hay una diferencia sustancial y es que en ese caso no media declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad y este extremo puede ser relevante.<\/p>\n Por no extenderme demasiado el caso del I.B.I. surge cuando el Tribunal Supremo, mediante sentencia de 30 de mayo de 2014, resuelve que los suelos urbanizables sin planeamiento de desarrollo detallado o pormenorizado deben ser clasificados como bienes inmuebles de naturaleza r\u00fastica, lo que determin\u00f3 que el Catastro hiciera las oportunas rectificaciones en todos los inmuebles afectados surgiendo la cuesti\u00f3n sobre si la notable reducci\u00f3n de valor catastral y, consecuentemente, de cuota tributaria por el I.B.I. no solo se proyecta hacia el futuro, es decir, desde que concluye el procedimiento catastral simplificado de valoraci\u00f3n colectiva, emiti\u00e9ndose los recibos correspondientes a esa nueva valoraci\u00f3n sino tambi\u00e9n hacia el pasado. Es decir si se puede pedir la devoluci\u00f3n de lo pagado al Ayuntamiento por dicho concepto.<\/p>\n En la reciente Sentencia T.S. Sala 3\u00aa, Secci\u00f3n 2\u00aa n\u00fam. 628 de 14 de mayo de 2019 (ECLI: ES:TS:2019:1700)<\/strong><\/a> el contribuyente interes\u00f3 la nulidad de las liquidaciones firmes de los ejercicios 2011 a 2014 y la de devoluci\u00f3n de ingresos indebidos ampar\u00e1ndose, precisamente, en el art\u00edculo 217 de la Ley General Tributaria..<\/p>\n La respuesta casacional es la siguiente:<\/p>\n F.D. CUARTO<\/strong>.<\/p>\n \u201c(\u2026) lo que debe aqu\u00ed dilucidarse<\/strong> es algo distinto de lo analizado en aquellos tres pronunciamientos, concretamente si la jurisprudencia emanada de nuestra sentencia de 30 de mayo de 2014 determina que las liquidaciones firmes giradas sin tener en cuenta ese nuevo criterio incurren en alguno de los supuestos de nulidad de pleno derecho<\/strong> previstos en el art\u00edculo 217 de la Ley General Tributaria .<\/em><\/p>\n Y m\u00e1s espec\u00edficamente, si ha de reputarse -como el recurrente en la instancia pretendi\u00f3- que tales liquidaciones son nulas de pleno derecho por lesionar derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional \u2013 art\u00edculo 217.1.a) de la Ley General Tributaria – o por haber sido dictadas prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido<\/strong> para ello o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formaci\u00f3n de la voluntad de los \u00f3rganos colegiados – art\u00edculo 217.1.e) de la Ley General Tributaria<\/em> \u201c.<\/p>\n F.D. QUINTO<\/strong><\/p>\n 1. \u201c En relaci\u00f3n con la revisi\u00f3n de los actos tributarios firmes y las potestades del \u00f3rgano judicial para acordarla, hemos sentado una doctrina reiterada que puede resumirse en los siguientes t\u00e9rminos:<\/em><\/p>\n a) El procedimiento de revisi\u00f3n de actos nulos de pleno Derecho constituye un cauce extraordinario <\/strong>para, en determinados y tasados supuestos (los expresados en el apartado 1 del art\u00edculo 217 LGT ), expulsar del ordenamiento jur\u00eddico aquellas decisiones que, no obstante su firmeza, incurren en las m\u00e1s groseras infracciones del ordenamiento jur\u00eddico<\/strong> ( sentencia del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 2018, dictada en el recurso de casaci\u00f3n n\u00fam. 122\/2016 ).<\/em><\/p>\n b) Tal procedimiento sacrifica la seguridad jur\u00eddica en beneficio de la legalidad cuando \u00e9sta es vulnerada de manera radical, lo que obliga a analizar la concurrencia de aquellos motivos tasados \u00abcon talante restrictivo\u00bb<\/strong> (sentencia del Tribunal Supremo de 13 de mayo de 2013, dictada en el recurso de casaci\u00f3n n\u00fam. 6165\/2011 ).<\/em><\/p>\n c) La acci\u00f3n de nulidad no est\u00e1 concebida para canalizar cualquier infracci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico que pueda imputarse a un acto tributario firme, sino solo aquellas que constituyan un supuesto tasado de nulidad plena, previsto en el art\u00edculo 217 de la Ley General Tributaria , de manera que<\/strong> -dada la previa inacci\u00f3n del interesado, que no utiliz\u00f3 en su momento el cauce adecuado para atacar aquel acto con cuantos motivos de invalidez hubiera tenido por conveniente- \u00abla revisi\u00f3n de oficio no es remedio para pretender la invalidez de actos anulables, sino solo para revisar actos nulos de pleno derecho\u00bb ( sentencia de 14 de abril de 2010, dictada en el recurso de casaci\u00f3n n\u00fam. 3533\/2007 )\u201d.<\/em><\/p>\n F.D. QUINTO <\/strong><\/p>\n \u00a0\u201c2.3<\/em><\/strong>. (\u2026) la vulneraci\u00f3n del principio de capacidad econ\u00f3mica no tiene encaje en el art\u00edculo 217.1.a)<\/strong> de la Ley General Tributaria , pues tal principio -reconocido en el art\u00edculo 31.1 de la Constituci\u00f3n – no constituye un derecho \u00absusceptible de amparo constitucional\u00bb, como tal precepto establece, al no estar reconocido en los art\u00edculos 14 a 29 de la Constituci\u00f3n (v. art\u00edculos 53.2 de la Constituci\u00f3n y 41.1 de la Ley Org\u00e1nica 2\/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional ).<\/em><\/p>\n 3 3<\/em><\/strong>. En el escrito de demanda, se defendi\u00f3 la nulidad radical de las liquidaciones firmes por considerar que las mismas hab\u00edan sido dictadas \u00abprescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido\u00bb, de modo que concurrir\u00eda el supuesto previsto en el art\u00edculo 217.1.e) de la Ley General Tributaria (\u2026)el ayuntamiento de Albacete se atemper\u00f3 estrictamente, al dictar sus liquidaciones de IBI, al procedimiento legalmente previsto<\/strong>, que no era otro que el de liquidar el impuesto, para lo cual tuvo en cuenta -como no pod\u00eda ser de otro modo- la base imponible establecida en el art\u00edculo 65 de la Ley de Haciendas Locales , esto es, el valor catastral de los bienes inmuebles \u00abque se determinar\u00e1, notificar\u00e1 y ser\u00e1 susceptible de impugnaci\u00f3n conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Catastro\u00bb.<\/em><\/p>\n Concluye la sentencia sentando este criterio:<\/p>\n F.D. SEXTO.<\/strong><\/p>\n \u201c1. Teniendo en cuenta los razonamientos expuestos, estamos en condiciones de dar respuesta a las cuestiones jur\u00eddicas que suscita el presente recurso, en el bien entendido que debemos hacerlo \u2013forzosamente- a tenor de las circunstancias f\u00e1cticas y jur\u00eddicas de este proceso y teniendo en cuenta las pretensiones en \u00e9l deducidas.<\/em><\/p>\n Y el contenido interpretativo de esta sentencia, reformulando las cuestiones que el auto de admisi\u00f3n nos plantea, es el siguiente:<\/em><\/p>\n a) En el \u00e1mbito del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la revisi\u00f3n de liquidaciones firmes<\/strong> como consecuencia de la necesidad de que el suelo, para ser urbano, cuente con desarrollo urban\u00edstico establecido por instrumento urban\u00edstico apto (exigencia derivada de la jurisprudencia posterior a esas liquidaciones y de la modificaci\u00f3n legal efectuada en su aplicaci\u00f3n) debe efectuarse por los cauces establecidos en el Cap\u00edtulo II del T\u00edtulo V de la Ley General Tributaria<\/strong>.<\/em><\/p>\n b) La circunstancia sobrevenida expuesta (derivada, insistimos, de la nueva jurisprudencia<\/strong> y de la reforma legal) no determina que las liquidaciones firmes<\/strong> de IBI giradas con anterioridad incurran en los supuestos de nulidad de pleno derecho<\/strong> previstos en el art\u00edculo 217.1.a ) y 217.1.e) de la Ley General Tributaria , pues aquellos actos tributarios -al atenerse a la valoraci\u00f3n catastral vigente- no han lesionado derechos fundamentales susceptibles de amparo constitucional, ni han prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente previsto\u201d<\/em>.<\/p>\n Insisto en que hay una diferencia entre las liquidaciones por IBI y por plusval\u00eda, ya que all\u00ed el cambio de r\u00e9gimen resulta de una sentencia del Tribunal Supremo mientras que aqu\u00ed es el Tribunal Constitucional el que deja obliga a cambiar el procedimiento para adecuar el previsto en la LHL a las exigencias constitucionales, por tanto, como se\u00f1ala el Auto T.S. transcrito habr\u00e1 que resolver teniendo en cuenta preferentemente la Ley Org\u00e1nica del Tribunal Constitucional y la doctrina de dicho Tribunal que interpreta dicha Ley.<\/p>\n Pero si el T.S. sigue criterios similares en ambos casos tendr\u00edamos que frente a liquidaciones firmes por consentidas (no autoliquidaciones, insisto) practicadas por los Ayuntamientos observando los preceptos de la LHL declarados inconstitucionales en todo o en parte resulta muy complicado buscar en el art\u00edculo 271 L.G.T. el encaje para declarar dichas liquidaciones nulas de pleno derecho y, sin declarar la nulidad, no parece posible que pueda prosperar la petici\u00f3n de devoluci\u00f3n de ingresos indebidos.<\/p>\n D\u00e1ndose as\u00ed la paradoja de que bas\u00e1ndose las sentencias constitucionales en que la LHL no puede infringir el principio de que la legislaci\u00f3n fiscal no puede imponer al contribuyente una carga excesiva o exagerada, sin embargo al no formar parte el art\u00edculo 31 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola de los que gozan de la especial protecci\u00f3n de la que si disfrutan los art\u00edculos 14 a 29 deviene imposible, en el sentir del Tribunal Supremo, restablecer la evidente infracci\u00f3n legal que supone para el ciudadano que no le devuelvan lo que pag\u00f3 en exceso.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/a>1. <\/strong>Crisis del m\u00e9todo objetivo de cuantificaci\u00f3n<\/strong><\/h2>\n
<\/a>2.\u00a0Petici\u00f3n de devoluci\u00f3n dirigida al Ayuntamiento. Liquidaciones susceptibles de revisi\u00f3n. <\/strong><\/h2>\n
\n
<\/a>3. PEDIR LA DEVOLUCI\u00d3N AL ESTADO<\/strong><\/h2>\n