INTRODUCCI\u00d3N:<\/strong><\/a><\/p>\n CONTENIDO DE LA SENTENCIA:<\/a><\/strong><\/p>\n VOTOS PARTICULARES<\/a><\/strong><\/p>\n ENLACES<\/a><\/strong><\/p>\n <\/p>\n Una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, de 13 de noviembre de 2019, analiz\u00f3 determinados preceptos de la Ley 3\/2017, de 15 de febrero<\/a>, del libro sexto del C\u00f3digo Civil de Catalu\u00f1a, relativo a las obligaciones y los contratos, ante la interposici\u00f3n de un recurso de inconstitucionalidad por el Gobierno de la Naci\u00f3n contra la redacci\u00f3n de los art\u00edculos 3, 4 y 9 de dicha ley, art\u00edculos que regulan el contrato de compraventa<\/strong>, el de permuta<\/strong>, el de mandato<\/strong> y la gesti\u00f3n de negocios ajenos<\/strong>.<\/p>\n El Tribunal estuvo muy dividido<\/strong> ante el fallo, con varios votos particulares, presentados por seis de los doce miembros.<\/p>\n Declar\u00f3 inconstitucional parte de un art\u00edculo<\/strong> y constitucional todo lo dem\u00e1s.<\/p>\n Se impugnan:<\/strong><\/p>\n – el art. 3 de la Ley<\/a>, que da nueva redacci\u00f3n al contrato de compraventa<\/strong>, al de permuta<\/strong> y a la cesi\u00f3n de finca o de aprovechamiento urban\u00edstico a cambio de construcci\u00f3n futura<\/strong>; son los art\u00edculo 621-1 al 621-66<\/p>\n – el art. 4<\/a> que aprueba la regulaci\u00f3n del mandato y de la gesti\u00f3n de asuntos ajenos<\/strong>; son los arts. 622-21 a 622-42<\/p>\n – y el art. 9<\/a>, que aprueba la parte final del libro sexto<\/strong> del C\u00f3digo Civil de Catalu\u00f1a donde se recogen las disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales.<\/p>\n El Gobierno recurri\u00f3 al considerar que esta regulaci\u00f3n exced\u00eda de la competencia para la conservaci\u00f3n, modificaci\u00f3n y desarrollo del derecho civil propio<\/strong>, atribuida a la Comunidad Aut\u00f3noma de Catalu\u00f1a en el art. 129 de su Estatuto de Autonom\u00eda<\/a>, vulnerando con ello la competencia exclusiva del Estado sobre legislaci\u00f3n civil ex art. 149.1.8 CE.<\/p>\n El art. 149.1.8\u00ba:<\/a> de la Constituci\u00f3n<\/strong> dice:<\/p>\n Art\u00edculo 149<\/p>\n 1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:…<\/p>\n 8.\u00aa Legislaci\u00f3n civil, sin perjuicio de la conservaci\u00f3n, modificaci\u00f3n y desarrollo<\/strong> por las Comunidades Aut\u00f3nomas de los derechos civiles, forales o especiales<\/strong>, all\u00ed donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicaci\u00f3n y eficacia de las normas jur\u00eddicas, relaciones jur\u00eddico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenaci\u00f3n de los registros e instrumentos p\u00fablicos, bases de las obligaciones contractuales<\/strong>, normas para resolver los conflictos de leyes y determinaci\u00f3n de las fuentes del Derecho, con respeto, en este \u00faltimo caso, a las normas de derecho foral o especial.<\/p>\n El art. 129<\/a> del Estatuto de Autonom\u00eda de Catalu\u00f1a<\/strong> dice:<\/p>\n Art\u00edculo 129. Derecho civil.<\/p>\n \u00abCorresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de derecho civil, con la excepci\u00f3n de las materias que el art\u00edculo 149.1.8.\u00aa de la Constituci\u00f3n atribuye en todo caso al Estado. Esta competencia incluye la determinaci\u00f3n del sistema de fuentes del derecho civil de Catalu\u00f1a.\u00bb<\/span><\/p>\n Art\u00edculo 621-54. Pacto de condici\u00f3n resolutoria. …<\/strong><\/p>\n 3. El procedimiento notarial de resoluci\u00f3n, que se inicia una vez hecho el requerimiento establecido por el apartado 1 sin haber obtenido el pago del precio aplazado y en un acta separada, es el siguiente:<\/em><\/p>\n a) El notario debe solicitar al Registro de la Propiedad un certificado de dominio y cargas de la finca, que debe hacerse constar en una nota marginal. Una vez recibido el certificado, debe notificar al comprador la voluntad del vendedor de resolver el contrato, con efectos desde la fecha de la notificaci\u00f3n, as\u00ed como los titulares de derechos reales inscritos con posterioridad, en el domicilio que haya designado el comprador o que conste en el Registro seg\u00fan el certificado. Si consta expresamente el inmueble como vivienda de la familia, tambi\u00e9n debe notificarse al c\u00f3nyuge o conviviente. La notificaci\u00f3n debe ser personal. Si no puede notificarse personalmente, debe practicarse de acuerdo con lo establecido por la ley.<\/em><\/p>\n b) El comprador, en el plazo de quince d\u00edas, puede oponerse a la resoluci\u00f3n si paga la deuda, alega el pago de lo reclamado o la existencia de otra causa de oposici\u00f3n establecida en el contrato. En estos casos, el notario da por terminada su intervenci\u00f3n y por concluido el procedimiento, y queda expedita la v\u00eda judicial o arbitral. No puede alegarse el pago si en la escritura de compraventa se convino que los pagos se har\u00edan mediante transferencias a la cuenta de provisiones del notario que la autoriza y no consta que los pagos se hayan efectuado.<\/em><\/p>\n c) En el supuesto de falta de oposici\u00f3n a la resoluci\u00f3n o de oposici\u00f3n limitada a la liquidaci\u00f3n practicada por el vendedor, el acta notarial de resoluci\u00f3n constituye t\u00edtulo para la inscripci\u00f3n del dominio del inmueble a favor del vendedor y para la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de la condici\u00f3n resolutoria ejercida y la de todos los asientos de cargas, grav\u00e1menes y derechos consignados en el Registro de la Propiedad con posterioridad a la inscripci\u00f3n de la compraventa, salvo los relativos a litigios sobre la vigencia o el ejercicio de la propia condici\u00f3n resolutoria.<\/em><\/p>\n Hacemos un esquema de los que han pasado el filtro constitucional (todos menos parte de un precepto):<\/p>\n Compraventa:<\/strong><\/p>\n Permuta:<\/strong> concepto, r\u00e9gimen jur\u00eddico,<\/p>\n Cesi\u00f3n de finca o de aprovechamiento urban\u00edstico a cambio de construcci\u00f3n futura:<\/strong> concepto, modalidades, r\u00e9gimen general, a<\/span>dquisici\u00f3n en la transmisi\u00f3n total y en la parcial, incumplimiento\u00a0 y resoluci\u00f3n del contrato, efectos y oposici\u00f3n del contrato ante terceros. suelo.<\/p>\n Mandato<\/strong><\/p>\n Gesti\u00f3n de asuntos ajenos sin mandato:<\/strong> fundamento, deberes del gestor, resarcimiento e indemnizaci\u00f3n por la gesti\u00f3n.<\/p>\n La ley 3\/2017 cuestionada se incardina en un largo proceso normativo, de formaci\u00f3n sucesiva del C\u00f3digo Civil catal\u00e1n<\/strong>, lo que va provocando la derogaci\u00f3n de diversa normativa auton\u00f3mica catalana previa con contenidos que afectan a la normativa civil contractual.<\/p>\n En esta materia, el Estado<\/strong> conforme al art\u00edculo 149.1.8 de la Constituci\u00f3n<\/a> tiene la competencia<\/strong> para dictar las bases de las obligaciones contractuales<\/strong> en todo caso y, la competencia exclusiva<\/strong> en materia de legislaci\u00f3n civil \u201csin perjuicio<\/strong> de la conservaci\u00f3n, modificaci\u00f3n y desarrollo por las comunidades aut\u00f3nomas de los derechos civiles, forales o especiales<\/strong>, all\u00ed donde existan\u201d.<\/em><\/p>\n El Tribunal Constitucional, para resolver, se plantea dos preguntas:<\/strong><\/p>\n Entiende el TC que la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola ampara el crecimiento de los derechos civiles auton\u00f3micos<\/strong> de acuerdo con los principios informadores peculiares del derecho foral.<\/p>\n Aunque el art\u00edculo 129 del Estatuto de Autonom\u00eda<\/a> establece la competencia exclusiva<\/strong> en materia de derecho civil (con la excepci\u00f3n de las materias que el art. 149.1.8.\u00aa CE<\/a> atribuye en todo caso al Estado), esta ha de ce\u00f1irse estrictamente las funciones de conservaci\u00f3n modificaci\u00f3n y desarrollo del derecho civil catal\u00e1n<\/strong>.<\/p>\n Citando sentencias anteriores, el TC recuerda que el concepto constitucional de \u00abconservaci\u00f3n<\/strong>\u201d permite \u201cla asunci\u00f3n o integraci\u00f3n en el ordenamiento auton\u00f3mico<\/span> de las Compilaciones y otras normas derivadas de las fuentes propias<\/span> de su ordenamiento y puede hacer tambi\u00e9n viable, junto a ello, la formalizaci\u00f3n legislativa de costumbres<\/span> efectivamente vigentes en el propio \u00e1mbito territorial\u00bb.<\/em><\/p>\n La \u201cmodificaci\u00f3n<\/strong>\u201d puede implicar \u201c<\/strong>no solo la alteraci\u00f3n y reforma del derecho preexistente, sino, incluso, de las reglas contenidas<\/span> en el mismo<\/em>\u201d.<\/strong><\/p>\n La noci\u00f3n de \u201cdesarrollo del derecho civil propio<\/strong>\u201d permite una ordenaci\u00f3n legislativa de \u00e1mbitos hasta entonces no normados por aquel derecho, pues lo contrario llevar\u00eda a la inadmisible identificaci\u00f3n de tal concepto con el m\u00e1s restringido de \u00abmodificaci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n Existe, por lo tanto, un reconocimiento constitucional de la labor auton\u00f3mica de actualizaci\u00f3n de los derechos civiles existentes en su territorio, lo que lleva consigo su \u201ccrecimiento org\u00e1nico\u201d<\/strong>, pues sin capacidad de crecimiento, actualizaci\u00f3n e innovaci\u00f3n las instituciones jur\u00eddicas pierden su raz\u00f3n de ser.<\/p>\n L\u00edmites:<\/strong> Tal reajuste debe acometerse de conformidad con la norma estatutaria<\/strong>, que es la que establece el alcance de las propias competencias, siempre dentro de los l\u00edmites dispuestos en el art. 149.1.8\u00aa CE.<\/strong>\u00a0<\/p>\n El desarrollo tambi\u00e9n permite\u00a0que las comunidades aut\u00f3nomas dotadas de derecho civil regulen instituciones conexas<\/strong> con las ya existentes en su ordenamiento, respetando los principios informadores peculiares del derecho foral.<\/p>\n Para el Alto Tribunal, los ordenamientos jur\u00eddicos civiles<\/strong> \u00abson el resultado de una evoluci\u00f3n legislativa larga y pausada, cuyas normas se asientan a lo largo del tiempo y no pueden ser entendidos como un simple conjunto o recopilaci\u00f3n de normas e instituciones aisladas y asistem\u00e1ticas, sino, por el contrario, deben contemplarse como verdaderos sistemas normativos<\/strong> cuyas reglas y principios est\u00e1n racionalmente enlazados entre s\u00ed.\u00bb<\/em><\/p>\n La conexi\u00f3n<\/strong> ha de efectuarse con el conjunto del derecho preexistente<\/strong>, tanto el vigente al tiempo de entrada en vigor de la Constituci\u00f3n, como con las instituciones reguladas posteriormente<\/strong> al amparo del art. 149.1.8\u00aa CE. En tal sentido da la raz\u00f3n a la Generalitat cuando afirma que no se puede limitar la competencia<\/strong> en materia civil de la comunidad aut\u00f3noma a la conservaci\u00f3n, modificaci\u00f3n y desarrollo solo de lo previsto en la Compilaci\u00f3n de 1960<\/strong>, sino que podr\u00e1 ir referida al derecho civil catal\u00e1n en su conjunto<\/strong>.<\/p>\n As\u00ed, pues,\u00a0la competencia legislativa auton\u00f3mica para el desarrollo del derecho civil propio comprende la disciplina de instituciones civiles no preexistentes<\/strong>, siempre y cuando pueda apreciarse alguna conexi\u00f3n<\/strong> con aquel derecho. El criterio de conexi\u00f3n debe ir referido al ordenamiento civil en su conjunto<\/strong>.<\/p>\n\n
\n
<\/a>INTRODUCCI\u00d3N:<\/h2>\n
<\/a>Contenido del recurso:\u00a0<\/h3>\n
<\/a>Art\u00edculos de la Constituci\u00f3n y del Estatuto<\/h3>\n
<\/a>Precepto inconstitucional:<\/h3>\n
<\/a>Contenidos declarados constitucionales:<\/h3>\n
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\u00a0<\/h2>\n
<\/a>CONTENIDO DE LA SENTENCIA:<\/strong><\/h2>\n
<\/a>Contexto normativo del libro sexto y encuadramiento competencial.<\/strong><\/h3>\n
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<\/a>Competencia de la Comunidad Aut\u00f3noma catalana para legislar en materia de contratos.<\/strong><\/h3>\n
<\/a>Conceptos de conservaci\u00f3n modificaci\u00f3n y desarrollo.<\/strong><\/h3>\n
<\/a>Conexi\u00f3n con la normativa anterior.<\/h3>\n