{"id":66049,"date":"2019-12-21T11:43:53","date_gmt":"2019-12-21T10:43:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/?p=66049"},"modified":"2019-12-22T13:09:24","modified_gmt":"2019-12-22T12:09:24","slug":"la-rebeldia-del-demandado-en-el-procedimiento-de-ejecucion-directa-de-bienes-hipotecados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/secciones\/doctrina\/articulos-doctrina\/la-rebeldia-del-demandado-en-el-procedimiento-de-ejecucion-directa-de-bienes-hipotecados\/","title":{"rendered":"La rebeld\u00eda del demandado en el procedimiento de ejecuci\u00f3n directa de bienes hipotecados."},"content":{"rendered":"

LA REBELD\u00cdA DEL DEMANDADO EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCI\u00d3N DIRECTA DE BIENES HIPOTECADOS.<\/h1>\n

(CRITICA A LA RESOLUCI\u00d3N DGRN DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019<\/a>)<\/h2>\n

Santiago Silvano Guti\u00e9rrez, abogado y oficial del Registro n\u00ba 3 de Le\u00f3n<\/h2>\n

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La Resoluci\u00f3n de 23 de septiembre de 2019, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci\u00f3n del registrador de la propiedad de Villacarrillo, por la que se deniega la inscripci\u00f3n de un decreto de adjudicaci\u00f3n de una finca en procedimiento de ejecuci\u00f3n hipotecaria y el correspondiente mandamiento de cancelaci\u00f3n de cargas afirma, en s\u00edntesis, que para la inscripci\u00f3n de autos o decretos de adjudicaci\u00f3n dictados en procedimiento de ejecuci\u00f3n hipotecaria en los que el deudor requerido de pago no se ha personado, es preciso que se acredite no s\u00f3lo la firmeza de las mismas, sino tambi\u00e9n el transcurso de los plazos para la rescisi\u00f3n de la resoluci\u00f3n dictada sin personaci\u00f3n de la parte demandada, si bien entre tanto cabe la anotaci\u00f3n preventiva, conforme al art\u00edculo 524.4 LEC.<\/p>\n

El \u00edter motivacional de la resoluci\u00f3n trata las cuestiones relativas a la necesidad de nombrar un administrador judicial que defienda los intereses de la herencia yacente, cuando no se haya demandado a un posible heredero que lo haga, y glosa la jurisprudencia y doctrina constitucional relativa a la supletoriedad y marginalidad de la notificaci\u00f3n edictal a los demandados, as\u00ed como la normativa legal y doctrina de la propia Direcci\u00f3n General acerca del requisito de firmeza para la inscripci\u00f3n definitiva de todo tipo de resoluciones judiciales, cuestiones que no son objeto de este comentario. Sin embargo, en el fundamento jur\u00eddico 6\u00ba de dicha resoluci\u00f3n, en la parte en que refiere a la rebeld\u00eda del demandado, se hace una interpretaci\u00f3n equivocada, a mi modo de ver, del art\u00edculo 524.4 LEC<\/a>, pues:<\/p>\n

– De un lado, la situaci\u00f3n de rebeld\u00eda requiere una declaraci\u00f3n expresa, la cual en principio no es posible -por no preverse legalmente- para el caso de falta de comparecencia del demandado en el procedimiento ejecutivo. En cualquier caso, no existe la rebeld\u00eda de hecho<\/strong>: la declaraci\u00f3n de rebeld\u00eda ser\u00e1 notificada, tras lo cual no se llevar\u00e1 a cabo ninguna otra notificaci\u00f3n del curso del proceso al rebelde, salvo contadas excepciones, hasta la sentencia o resoluci\u00f3n que ponga fin al procedimiento –art\u00edculos 496 y 497 de la LEC<\/a>-. La propia resoluci\u00f3n comentada reconoce la necesidad de esta declaraci\u00f3n expresa al afirmar, en su fundamento jur\u00eddico 4\u00ba, que \u201clas peculiaridades derivadas de la presentaci\u00f3n de una demanda contra una herencia yacente no impiden la necesidad de procurar la localizaci\u00f3n de quien pueda ostentar su representaci\u00f3n en juicio como paso previo a una posterior declaraci\u00f3n en rebeld\u00eda<\/em>\u201d.<\/p>\n

– De otro lado, es incierta para el supuesto de rebeld\u00eda -no as\u00ed para el de falta de firmeza- la afirmaci\u00f3n del Centro Directivo de que, al depender -\u201cser tributaria\u201d, dice- la validez de la transmisi\u00f3n dominical formalizada en escritura o acta de adjudicaci\u00f3n o transmisi\u00f3n dominical -asimil\u00e1ndolas en este caso al auto o decreto de adjudicaci\u00f3n-, \u201cde la propia validez de la correspondiente resoluci\u00f3n aprobatoria\u201d, su acceso al registro \u00fanicamente es posible por la v\u00eda de la anotaci\u00f3n preventiva. As\u00ed, frente al car\u00e1cter provisional de la ejecuci\u00f3n de las sentencias no firmes, la ejecuci\u00f3n de las sentencias firmes dictadas en rebeld\u00eda no es provisional, sino que o bien se ejecutan definitivamente, o bien se suspende su ejecuci\u00f3n en caso de que se solicite, se preste cauci\u00f3n, informe favorablemente el ministerio fiscal y lo decida el tribunal –art\u00edculo 566 LEC<\/a>, en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 504.1<\/a>-. Y, para llevar a cabo dicha ejecuci\u00f3n definitiva, el letrado de la administraci\u00f3n de justicia puede decretar el embargo de los bienes del deudor sin necesidad de requerirle de pago –art\u00edculo 580 LEC<\/a>-, y continuar con los tr\u00e1mites hasta su adjudicaci\u00f3n final en subasta, en virtud de la resoluci\u00f3n de adjudicaci\u00f3n correspondiente; resoluci\u00f3n para la que, al no haberse producido requerimiento de pago al deudor, por no ser necesario, no cabe la rescisi\u00f3n, sino \u00fanicamente y como remedio excepcional la nulidad de actuaciones –art\u00edculos 225 LEC<\/a> y 238 LOPJ-. <\/p>\n

– Y aunque la ejecuci\u00f3n hipotecaria s\u00ed incluye como tr\u00e1mite necesario el requerimiento de pago, por derivar de un t\u00edtulo ejecutivo no judicial ni arbitral –art\u00edculo 581 LEC<\/a>-, de ah\u00ed no se deduce nada en relaci\u00f3n con la rebeld\u00eda y su trascendencia para la eventual inscripci\u00f3n del decreto de adjudicaci\u00f3n y mandamiento de cancelaci\u00f3n de cargas. Y es que no cabe la declaraci\u00f3n de rebeld\u00eda en los procedimientos ejecutivos sumarios, que carecen de una fase cognitiva en la que se discuta la exigibilidad del cr\u00e9dito y prev\u00e9n \u00fanicamente un n\u00famero tasado y limitado de causas de oposici\u00f3n. Sin perjuicio de que el emplazamiento del deudor deba efectuarse utilizando todos los medios de averiguaci\u00f3n procesalmente establecidos para completar el tr\u00e1mite, en los t\u00e9rminos que exigen la jurisprudencia y la doctrina constitucional para implementar el principio de tutela judicial efectiva, no bastando la mera publicaci\u00f3n de edictos una vez resulte infructuoso el intento de notificaci\u00f3n en el domicilio de notificaciones fijado en la inscripci\u00f3n de hipoteca, la incomparecencia del deudor por causa de una notificaci\u00f3n defectuosa no faculta a este para recurrir en tr\u00e1mite de rescisi\u00f3n el auto o decreto de adjudicaci\u00f3n reca\u00eddo en el procedimiento.<\/p>\n

Y ello no s\u00f3lo porque falte la previa declaraci\u00f3n de rebeld\u00eda. Seg\u00fan el art\u00edculo 503 LEC<\/a> no son susceptibles de rescisi\u00f3n las sentencias firmes sin efectos de cosa juzgada<\/strong>. El precepto se refiere al efecto de cosa juzgada material, y no al de cosa juzgada formal del art\u00edculo 207, apartados 3 y 4<\/a>, si atendemos a su antecedente m\u00e1s pr\u00f3ximo con valor interpretativo, contenido en el art\u00edculo 789 de la anterior Ley de Enjuiciamiento Civil, que negaba la audiencia a los condenados en rebeld\u00eda contra sentencias firmes reca\u00eddas en juicios ejecutivos, en los posesorios y en cualquier otro despu\u00e9s del cual pudiera promoverse otro por el mismo objeto. Y precisamente la resoluci\u00f3n que pone fin al procedimiento de ejecuci\u00f3n hipotecaria es una de las que carece de efecto de cosa juzgada material pues, conforme al art\u00edculo 698.1 LEC<\/a> \u201ccualquier reclamaci\u00f3n que el deudor, el tercer poseedor y cualquier interesado puedan formular y que no se halle comprendida en los art\u00edculos anteriores, incluso las que versen sobre nulidad del t\u00edtulo o sobre el vencimiento, certeza, extinci\u00f3n o cuant\u00eda de la deuda, se ventilar\u00e1n en el juicio que corresponda\u201d; eventual proceso declarativo en el que la resoluci\u00f3n dictada en rebeld\u00eda que pueda recaer s\u00ed que tendr\u00e1 efecto de cosa juzgada material, y ser\u00eda por tanto susceptible de rescisi\u00f3n. Y, si bien es cierto que se ha admitido la excepci\u00f3n de cosa juzgada respecto de los incidentes de oposici\u00f3n por cl\u00e1usulas abusivas resueltos en la ejecuci\u00f3n directa -STS 576\/2018, 17 de Octubre de 2018-, a sensu contrario no habr\u00e1 cosa juzgada cuando, como ocurre en caso de incomparecencia del demandado, ni siquiera se hayan planteado dichos incidentes de oposici\u00f3n.<\/p>\n

– Por tanto, no procede la mera anotaci\u00f3n preventiva, sino la inscripci\u00f3n de las resoluciones firmes reca\u00eddas en procedimientos ejecutivos en los que no ha comparecido el demandado, siempre que se cumplan los dem\u00e1s requisitos para proceder a la misma. Pero es que adem\u00e1s, incluso en procedimientos declarativos como el de desahucio -con o sin reclamaci\u00f3n de cantidad-, o el monitorio, por poner algunos ejemplos, la incomparecencia del demandado equivale directamente al allanamiento –art\u00edculos 440.3, p\u00e1rrafos 1\u00ba y 5\u00ba<\/a>, y 816.1 LEC<\/a>-, no siendo posible tampoco el recurso de rescisi\u00f3n ni, en consecuencia, la mera anotaci\u00f3n preventiva de la sentencia o resoluci\u00f3n reca\u00edda en los mismos; motivo a\u00f1adido para realizar una interpretaci\u00f3n restrictiva de los efectos de la rebeld\u00eda frente al Registro.<\/p>\n

Desafortunada mezcla, por tanto, de lo relativo a la firmeza y la rebeld\u00eda, que constituyen cuestiones relacionadas, pero no equiparables en cuanto a los efectos que se derivan respecto de la inscripci\u00f3n en el Registro. Y es que de las consideraciones anteriores resulta que, aunque el mismo precepto -el art\u00edculo 524.4 LEC<\/a>– regule conjuntamente la exigencia de firmeza y la del transcurso de los plazos para la rescisi\u00f3n de la sentencia dictada en rebeld\u00eda, como requisitos para la inscripci\u00f3n definitiva de las resoluciones judiciales, la segunda no puede generalizarse sin m\u00e1s: su car\u00e1cter excepcional imposibilita la aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica a, entre otros muchos, los autos y\/o decretos de adjudicaci\u00f3n en procedimientos de ejecuci\u00f3n hipotecaria, conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 4.2 del C\u00f3digo Civil; sin perjuicio de la doctrina del centro directivo relativa a la calificabilidad por el registrador de los actos procesales que puedan producir indefensi\u00f3n del deudor o del titular registral de cualquier derecho sobre la finca hipotecada que es objeto del procedimiento de ejecuci\u00f3n.<\/p>\n

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Algunas p\u00e1ginas sobre la materia:<\/h2>\n