<\/p>\n
Introducci\u00f3n y recordatorio<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n Novedades<\/span><\/strong><\/a><\/p>\n Enlaces<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n Este comentario es una actualizaci\u00f3n de los que publiqu\u00e9 el pasado a\u00f1o sobre la jurisprudencia relacionada con el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusval\u00eda municipal, en definitiva) que se pueden consultar en esta web: \u201cSituaci\u00f3n jurisprudencial<\/em> 2019\u201d<\/em> (7 de mayo 2019)<\/a>; \u00abTambi\u00e9n el Tribunal Supremo quiere saber a qu\u00e9 atenerse<\/a>\u201d (<\/em>26 de julio 2019) y, especialmente, \u201cDevoluci\u00f3n de la Plusval\u00eda Municipal<\/a>\u201d<\/em> (13 de noviembre 2019)).<\/p>\n A modo de introducci\u00f3n, recordemos.<\/p>\n El IIVTNU no es exigible si en el periodo computable no se ha producido un incremento real de valor<\/strong>. Eso es lo que resulta de la Sentencia n\u00fam. 59\/2017 de 11 mayo<\/a>, del Pleno del Tribunal Constitucional<\/strong>, que decidi\u00f3:<\/p>\n \u201cEstimar la cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad n\u00fam. 4864-2016 y, en consecuencia, declarar que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2\/2004, de 5 de marzo, son inconstitucionales y nulos, pero \u00fanicamente en la medida que someten a tributaci\u00f3n situaciones de inexistencia de incrementos de valor<\/em>\u201d.<\/p>\n La aplicaci\u00f3n de dicha sentencia no comporta que los Ayuntamientos deban esperar a que el legislador defina de nuevo los elementos de la relaci\u00f3n tributaria en t\u00e9rminos m\u00e1s acordes con la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola ni que se puedan sustituir los criterios legales de determinaci\u00f3n de la base imponible por otros m\u00e1s adecuados para medir el incremento de valor.<\/p>\n Lo primero resulta de la S.T.S. Sala de lo contencioso-administrativo, (secci\u00f3n 2\u00aa) n\u00fam. 1163\/2018 de 9 julio<\/a>; ECLI: ES: TS: 2018:2499<\/strong>: \u201cen la STC 59\/2017 se declara la inconstitucionalidad parcial de los art\u00edculos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL ; y, de otra parte, que el alcance de la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad que se efect\u00faa en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 110.4 del TRLHL<\/a> es total<\/strong> (o, m\u00e1s exactamente, que se expulsa completa y definitivamente del ordenamiento jur\u00eddico la imposibilidad que hasta ese momento ten\u00edan los sujetos pasivos de acreditar un resultado diferente al resultante de la aplicaci\u00f3n de las reglas de valoraci\u00f3n contenidas en los art\u00edculos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL y, en consecuencia, de demostrar la improcedencia de liquidar y venir obligado al pago del IIVTNU en ciertos casos)<\/em>\u2026\u2026\u2026\u2026. tenemos que refutar a continuaci\u00f3n la interpretaci\u00f3n excesivamente literal -y, lo que es m\u00e1s reprobable, asistem\u00e1tica- que algunos Tribunales Superiores de Justicia vienen efectuando de la letra c) del FJ 5 de la STC 59\/2017, que les lleva a transformar el que es el entendimiento correcto del fallo de la Sentencia -la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad parcial de los art\u00edculos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL- en una comprensi\u00f3n err\u00f3nea del mismo: en particular, a defender la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad radical y absoluta de los mencionados preceptos y, por derivaci\u00f3n, a descartar a radice que, hasta tanto se produzca la reforma legal del IIVTNU, puedan girarse liquidaciones correspondientes al mismo\u201d.<\/em><\/p>\n \u00a0Lo segundo de la sentencia de la misma Sala y Secci\u00f3n n\u00fam. 419\/2019 de 27 marzo (ECLI:ES:TS:2019:1084<\/strong><\/a>): \u201cLa recurrente pretende hallar la diferencia entre el valor catastral inicial, calculado desde el valor final existente en el momento de la transmisi\u00f3n, sustituyendo la f\u00f3rmula del art\u00edculo 107. No hay que olvidar que esta f\u00f3rmula ya estuvo vigente en la legislaci\u00f3n anterior, y fue sustituida por la actual, no habi\u00e9ndose declarado inconstitucional, salvo que se pruebe la inexistencia de incremento del valor de los terrenos con su aplicaci\u00f3n, lo que aqu\u00ed no ocurre, y ni siquiera se intenta, y aunque la f\u00f3rmula propuesta por la sentencia recurrida pueda ser una opci\u00f3n legislativa v\u00e1lida constitucionalmente, no puede sustituir a la establecida legalmente, por lo que el recurso ha de ser estimado, y anulada la sentencia por otra que desestime el recurso contencioso-administrativo<\/em>\u201d.<\/p>\n <\/p>\n \u00a0<\/strong>El IIVTNU tampoco es exigible si se acredita que la cuota tributaria excede de la plusval\u00eda realmente producida.<\/p>\n As\u00ed lo dice la Sentencia del Tribunal Constitucional 126\/2019, de 31 de octubre<\/strong><\/a> que declara que \u201cel art. 107.4<\/a> del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales<\/strong>, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2\/2004, de 5 de marzo, es inconstitucional<\/strong> por vulnerar el principio de capacidad econ\u00f3mica y la prohibici\u00f3n de confiscatoriedad, uno y otra consagrados en el art. 31.1 CE, en aquellos supuestos en los que la cuota a pagar es superior al incremento patrimonial obtenido por el contribuyente<\/strong>.<\/em><\/p>\n a) El alcance de la declaraci\u00f3n: la anterior declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad no puede serlo, sin embargo, en todo caso, lo que privar\u00eda a las entidades locales del gravamen de capacidades econ\u00f3micas reales. En coherencia con la declaraci\u00f3n parcial de inconstitucionalidad que hizo la STC 59\/2017, el art. 107.4 TRLHL debe serlo \u00fanicamente en aquellos casos en los que la cuota a satisfacer es superior al incremento patrimonial realmente obtenido por el contribuyente<\/strong>. Eso s\u00ed, la inconstitucionalidad as\u00ed apreciada no puede extenderse, sin embargo, como pretende el \u00f3rgano judicial, al art. 108.1 TRLHL (tipo de gravamen), pues el vicio declarado se halla exclusivamente en la forma de determinar la base imponible y no en la de calcular la cuota tributaria\u201d<\/em>.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sentencia n\u00fam. 333\/2020 de 6 de marzo, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Secci\u00f3n Segunda; ECLI: ES:TS:2020:722.<\/strong><\/a><\/p>\n \u00a0En mi citado comentario del 13 de noviembre del pasado a\u00f1o expon\u00eda los problemas legales existentes para admitir que, aunque se est\u00e9 en uno de los casos en que no se deber\u00eda haber devengado el Impuesto tras las sentencias constitucionales indicadas, se pueda reclamar del Ayuntamiento la devoluci\u00f3n, una vez firme la liquidaci\u00f3n por el transcurso del plazo de un mes, o la autoliquidaci\u00f3n no revisada por el plazo de cuatro a\u00f1os, sin haber recurrido.<\/p>\n La principal dificultad es que no puede pedirse directamente la devoluci\u00f3n. Hay que conseguir primero que se declare nula de pleno derecho la actuaci\u00f3n tributaria firme anterior a las declaraciones de inconstitucionalidad (art. 221.3 L.G.T.) y esa nulidad solo puede pedirse por las causas tasadas que establece el art. 217 L.G.T. ninguna de las cuales parece aplicable.<\/p>\n Advert\u00eda tambi\u00e9n la transcendencia que en esta materia ten\u00eda la soluci\u00f3n que diera el Tribunal Supremo al Rec. Casaci\u00f3n 5923\/2018, <\/strong>a tenor de las cuestiones relacionadas en el auto de admisi\u00f3n de 12 de septiembre de 2019.<\/strong><\/p>\n Resumiendo el supuesto de hecho se trata de unas liquidaciones del IIVTNU giradas en 2012 por un Ayuntamiento e ingresadas por los contribuyentes entonces en las que, a\u00f1os despu\u00e9s, conocedores de que incluso antes de la primera sentencia del T.C. los tribunales ordinarios estaban admitiendo reclamaciones fundadas en la supuesta irregularidad de la f\u00f3rmula legal, presentan una petici\u00f3n de devoluci\u00f3n de ingresos indebidos. Era un acto consentido<\/strong> (al no haberse recurrido en su momento la liquidaci\u00f3n) y no haberse tramitado el procedimiento de revisi\u00f3n<\/strong> exigido por el art\u00edculo 221.3 de la LGT. Pese a ello el juzgado estima el recurso considerando que la aplicaci\u00f3n de la STC 59\/2017 supone que deba admitirse la prueba sobre el verdadero incremento de valor de la que resulta que fue menor del resultante de aplicar la f\u00f3rmula legal, concediendo a los contribuyentes una devoluci\u00f3n parcial de las cantidades ingresadas. <\/em><\/p>\n El auto de admisi\u00f3n<\/strong> del recurso dice, entre otras cosas:<\/p>\n Razonamiento Jur\u00eddico Tercero 1<\/strong>: \u00abLa Administraci\u00f3n demandada se opone al recurso alegando (…) que se trata de actos firmes y consentidos por los recurrentes por no haber sido recurridas en su d\u00eda las correspondientes liquidaciones, considerando inadecuado el procedimiento de reclamaci\u00f3n de ingresos indebidos entendiendo que el cauce adecuado hubiese sido en su caso el recurso extraordinario de revisi\u00f3n contra actos nulos o anulables dictados por la Administraci\u00f3n<\/em>\u201d<\/p>\n \u00a0Razonamiento Jur\u00eddico Tercero 3<\/strong>: \u201cEl Ayuntamiento recurrente denuncia que con su decisi\u00f3n la sentencia recurrida atenta contra el principio de seguridad jur\u00eddica, al \u00abacordar, de forma directa y al margen del art\u00edculo 221.3 de la LGT , una devoluci\u00f3n de ingresos cuando las liquidaciones que l[a]s motivaron han sido consentidas y han adquirido firmeza<\/em>\u00ab.<\/p>\n Razonamiento Jur\u00eddico Cuarto : <\/strong>\u201d2<\/em><\/strong>. La cuesti\u00f3n que presenta inter\u00e9s casacional objetivo para la formaci\u00f3n de jurisprudencia consiste en determinar si la STC 59\/2017 permite revisar en favor del obligado tributario<\/strong> actos administrativos de liquidaci\u00f3n del IIVTNU, correctores de la previa autoliquidaci\u00f3n presentada, practicados en un supuesto en que hubo incremento de valor probado despu\u00e9s de haberse dictado la citada sentencia, aunque inferior al determinado por la Administraci\u00f3n tributaria local, cuando tales actos han quedado firmes por haber sido consentidos.<\/strong> Tal revisi\u00f3n necesariamente habr\u00eda de obedecer a la concurrencia de una causa de nulidad radical<\/strong> (art\u00edculo 217 LGT ) de que se viera aquejada la liquidaci\u00f3n firme\u201d.<\/em><\/p>\n \u00a0Pues bien, el Recurso de Casaci\u00f3n 5923\/2018 termina con la Sentencia n\u00fam. 333\/2020 de 6 de marzo<\/a>, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Secci\u00f3n Segunda; ECLI: ES:TS:2020:722<\/strong>, que resuelve la cuesti\u00f3n planteada en estos t\u00e9rminos:<\/p>\n QUINTO.- <\/em><\/strong>Fijaci\u00f3n de la doctrina de inter\u00e9s casacional.<\/strong> En consecuencia, procede fijar la doctrina de inter\u00e9s casacional respecto a la segunda de las cuestiones planteadas, y en tal sentido hemos de afirmar que en un caso como el examinado, en que existi\u00f3 un incremento de valor del terreno que determin\u00f3 el devengo del IIVTNU, las declaraciones de inconstitucionalidad del art. 107.4 TRLHL efectuadas en las sentencias del Tribunal Constitucional 59\/2017, de 11 de mayo, y 126\/2019, de 31 de octubre, no permiten revisar en favor del obligado tributario actos administrativos de liquidaci\u00f3n del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que hayan quedado firmes por haber sido consentidos al tiempo de la publicaci\u00f3n de tales sentencias<\/strong>. En todo caso la revisi\u00f3n de estas liquidaciones firmes queda excluida por la propia limitaci\u00f3n de los efectos de la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad que contiene la STC 126\/2019, de 31 de octubre\u201d<\/em>.<\/p>\n Es preciso tener en cuenta para interpretar esta sentencia que el T.S. aplica el fallo del T.C. en la sentencia 126\/2019 siendo plenamente consciente de que la totalidad del procedimiento, incluido el auto de admisi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n, se hab\u00eda desarrollado antes de dictarse dicha sentencia..<\/p>\n La petici\u00f3n de devoluci\u00f3n, parcialmente estimada por el Juzgado, se hab\u00eda fundado en la STC 59\/2017, admitiendo, como quer\u00eda el contribuyente, que la anulaci\u00f3n parcial del art. 107 L.H.L. deb\u00eda superarse admitiendo una f\u00f3rmula de c\u00e1lculo del incremento de valor distinta de la prevista en dicha Ley. Ya sabemos que dicha interpretaci\u00f3n ha sido tajantemente rechazada por el T.S. pero, esto es lo importante, en la Sentencia 333\/2020, aunque otra cosa pueda deducirse de algunos p\u00e1rrafos aislados de sus fundamentos jur\u00eddicos, el Tribunal realmente lo que ha querido resolver es la espinosa cuesti\u00f3n de la eventual retroactividad de las dos sentencias constitucionales.<\/p>\n Y lo ha hecho invocando el F.D. Quinto de la S.T.C. 126\/2019 que dice: \u201c Por exigencia del principio de seguridad jur\u00eddica (art. 9.3 CE), y al igual que hemos hecho en otras ocasiones (por todas, SSTC 22\/2015 de 16 de febrero, FJ 5, y 73\/2017, de 8 de junio, FJ 6), \u00fanicamente han de considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas<\/strong> con fundamento en esta sentencia aquellas que, a la fecha de publicaci\u00f3n de la misma, no hayan adquirido firmeza por haber sido impugnadas en tiempo y forma, y no haber reca\u00eddo todav\u00eda en ellas una resoluci\u00f3n administrativa o judicial firme<\/strong>\u201d<\/em><\/p>\n De aqu\u00ed deriva, a mi juicio, que una eventual petici\u00f3n de devoluci\u00f3n de todo (inexistencia de incremento de valor ex STC 59\/2017) o parte (lo que exceda del incremento realmente producido ex STC. 126\/2019) no podr\u00e1 admitirse, aunque est\u00e9 perfectamente probado, por exigencia del principio de seguridad jur\u00eddica si la liquidaci\u00f3n o la autoliquidaci\u00f3n ingresada ha adquirido firmeza por no haber sido impugnada en tiempo y forma.<\/p>\n \u00a0La STS 333\/2020 remata el F.D. CUARTO diciendo:<\/p>\n \u201cLa sentencia recurrida no razona nada respecto a la \ufb01rmeza de las liquidaciones, y confunde<\/strong> el derecho a la devoluci\u00f3n de ingresos indebidos con el derecho a instar que un ingreso previamente realizado sea declarado como indebido<\/strong>, cuando es as\u00ed que este segundo derecho, trat\u00e1ndose de liquidaciones, exige que se ejercite dentro de los plazos preclusivos del recurso o de la reclamaci\u00f3n establecidos por la Ley<\/strong> (en virtud del principio de seguridad jur\u00eddica del art. 9 de la CE<\/strong>) , puesto que, en otro caso, resultar\u00eda que no existir\u00edan unos plazos preclusivos, o que ser\u00edan super\ufb02uos o in\u00fatiles, con lo que aquellos contribuyentes o sujetos pasivos que presentaran en tiempo y forma sus recursos o reclamaciones estar\u00edan actuando con una diligencia gratuita e innecesaria, ya que, en vez del plazo establecido para recurrir, podr\u00edan utilizar los cuatro a\u00f1os del art. 66.d) de la LGT; plazo que procede respecto de ingresos que ya han sido declarados indebidos, o en casos especiales, como el de las autoliquidaciones, en los que no ha existido un acto administrativo previo.<\/strong> La recurrente pod\u00eda haber interesado la revisi\u00f3n de los actos liquidatorios litigiosos por causa de nulidad para, en su caso, obtener el efecto devolutorio<\/strong>, pero no instar directamente la acci\u00f3n de devoluci\u00f3n, haciendo de peor condici\u00f3n a aquellos contribuyentes que cuestionaron las liquidaciones en tiempo y forma. Proceder\u00e1, pues, cali\ufb01car de incorrecta la v\u00eda procedimental<\/strong> que ha acogido la sentencia recurrida para revisar la liquidaci\u00f3n \ufb01rme y declarar el derecho a la devoluci\u00f3n de unos pagos que considera indebidos, en tanto que ha obviado la \ufb01rmeza de las liquidaciones tributarias\u201d.<\/em><\/p>\n Entiendo la referencia a la posibilidad de que la recurrente hubiera podido interesar la revisi\u00f3n por causa de nulidad previamente a pedir la devoluci\u00f3n como estimaci\u00f3n por el tribunal de la alegaci\u00f3n del Ayuntamiento en tal sentido, sin que deba entenderse que en este caso concreto se considere materialmente viable la declaraci\u00f3n de nulidad.<\/p>\n Ya hemos visto antes que los supuestos que permiten declarar la nulidad de pleno derecho de actos tributarios firmes est\u00e1n tasados y, en mi opini\u00f3n, el art\u00edculo 217 de la Ley General Tributaria no parece que pueda servir para fundamentar la de una liquidaci\u00f3n improcedente de plusval\u00eda en los casos que estamos examinando.<\/p>\n \u00a0No podr\u00eda serlo al amparo de la letra a) del n\u00famero 1 de dicho art\u00edculo que sanciona con nulidad los actos \u201cQue lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional\u201d<\/strong>, dada la doctrina de la Sentencia T.S. Sala 3\u00aa, Secci\u00f3n 2\u00aa n\u00fam. 628 de 14 de mayo de 2019<\/a> (ECLI: ES:TS:2019:1700)<\/strong>: \u201c(\u2026) la vulneraci\u00f3n del principio de capacidad econ\u00f3mica no tiene encaje en el art\u00edculo 217.1.a) de la Ley General Tributaria , pues tal principio -reconocido en el art\u00edculo 31.1 de la Constituci\u00f3n – no constituye un derecho \u00absusceptible de amparo constitucional\u00bb, como tal precepto establece, al no estar reconocido en los art\u00edculos 14 a 29 de la Constituci\u00f3n (v. art\u00edculos 53.2 de la Constituci\u00f3n y 41.1 de la Ley Org\u00e1nica 2\/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional \u201c.<\/em><\/p>\n \u00a0<\/em>Descartada esa v\u00eda parece que solo podr\u00eda obtenerse la declaraci\u00f3n de nulidad, suponiendo un expediente escrupulosamente tramitado, en la letra g) del mismo art. 217.1 L.G.T. que se refiere a \u201cCualquier otro que se establezca expresamente en una disposici\u00f3n de rango legal\u201d.<\/strong><\/p>\n En este caso habr\u00eda que instar la declaraci\u00f3n de nulidad como una consecuencia de la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad parcial del art. 107 L.H.L, de conformidad con lo dispuesto en los art\u00edculos 38 y 40 de la Ley Org\u00e1nica 2\/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. Ahora bien, los t\u00e9rminos de la STC 126\/2019 excluyen expresamente, como hemos visto, que la misma pueda invocarse para pedir la revisi\u00f3n de actos tributarios firmes en v\u00eda administrativa o judicial por lo que, a mi juicio, \u00e9sta es una calle sin salida.<\/p>\n \u00a0<\/strong><\/p>\n Tanto para el caso de que se trate de probar la inexistencia de incremento de valor como si lo que se alega es que es inferior a la cuota resultante (el criterio debe ser el mismo) la Sentencia n\u00fam. 312\/2020 de 3 de marzo de 2020<\/a>, que, como las anteriores procede de la Secci\u00f3n 2\u00aa de la Sala Tercera del Tribunal Supremo; ECLI: ES:TS:2020:798, <\/strong>resume la doctrina consolidada que viene aplicando el Tribunal acudiendo, entre otras, a su Sentencia n\u00fam. 1248\/2018 de 17 de julio<\/strong>, en la que se puede leer:<\/p>\n F.D. CUARTO. 2.2<\/strong>.: \u201canulada y expulsada<\/strong> de\ufb01nitivamente del ordenamiento jur\u00eddico la prohibici\u00f3n<\/strong> que hasta la fecha de dictarse la Sentencia ten\u00edan los sujetos pasivos del impuesto de probar la inexistencia de incrementos de valor<\/strong> en la transmisi\u00f3n onerosa de terrenos de naturaleza urbana, prohibici\u00f3n de la que indirectamente derivaba la quiebra del principio de capacidad econ\u00f3mica del art\u00edculo 31.1 CE, queda expedita la v\u00eda para llevar a cabo esta prueba<\/strong><\/em>\u201d<\/strong>.<\/p>\n F.D. QUINTO<\/strong>.-<\/p>\n \u00a0\u201cCorresponde al obligado tributario probar la inexistencia de incremento de valor del terreno<\/em><\/strong> onerosamente transmitido. Y este extremo, no solo se in\ufb01ere con car\u00e1cter general del art\u00edculo 105.1 LGT , conforme al cual \u00abquien haga valer su derecho deber\u00e1 probar los hechos constitutivos del mismo\u00bb, sino que tambi\u00e9n, y en el \u00e1mbito concreto que nos ocupa, ha sido puesto de relieve por el Pleno del Tribunal Constitucional en el FJ 5 b) de la STC 59\/2017.<\/em><\/p>\n \u00a0Para acreditar que no ha existido la plusval\u00eda gravada por el IIVTNU podr\u00e1 el sujeto pasivo<\/em><\/strong> (a)<\/strong> ofrecer cualquier principio de prueba, que al menos indiciariamente permita apreciarla, como es la diferencia entre el valor de adquisici\u00f3n y el de transmisi\u00f3n que se re\ufb02eja en las correspondientes escrituras p\u00fablicas\u2026\u2026\u2026.; (b)<\/strong> optar por una prueba pericial que con\ufb01rme tales indicios; o, en \ufb01n, (c)<\/strong> emplear cualquier otro medio probatorio ex art\u00edculo 106.1 LGT que ponga de mani\ufb01esto el decremento de valor del terreno transmitido y la consiguiente improcedencia de girar liquidaci\u00f3n por el IIVTNU<\/em>.<\/p>\n \u00a0Aportada -seg\u00fan hemos dicho, por cualquier medio- por el obligado tributario la prueba de que el terreno no ha aumentado de valor, deber\u00e1 ser la Administraci\u00f3n la que pruebe en contra de dichas pretensiones para poder aplicar los preceptos del TRLHL que el fallo de la STC 59\/2017 ha dejado en vigor en caso de plusval\u00eda\u201d.<\/em><\/p>\n Es pertinente recordar aqu\u00ed que la Sentencia del Tribunal Constitucional n\u00fam. 107 de 30 de septiembre de 2019<\/strong> confirma la virtualidad probatoria de los valores que constan en las escrituras que documentaron la adquisici\u00f3n y transmisi\u00f3n a efectos del IIVTNU.<\/p>\n \u00a0Ahora bien, lo que no cabe es pretender la anulaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n por la mera alegaci\u00f3n de inexistencia de incremento de valor, que es lo que suced\u00eda en el caso concreto de esta STS. 312\/2020 que plantea, como cuesti\u00f3n a resolver, la siguiente:<\/p>\n \u00abDeterminar en los casos en los que los \u00f3rganos judiciales optaron por la interpretaci\u00f3n de la legalidad sin planteamiento de cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad de la normativa reguladora del tributo, resulta procedente atribuir a la Administraci\u00f3n la carga de la prueba<\/strong> de la existencia del hecho imponible o, por el contrario, le corresponde al sujeto pasivo, cuando alegue una minusval\u00eda, aportar la prueba su\ufb01ciente que permita concluir que el precio de la transmisi\u00f3n fue inferior al de la adquisici\u00f3n del bien, pudiendo alegar tal circunstancia incluso con posterioridad a formular su escrito de demanda<\/em>\u00ab.<\/p>\n La respuesta casacional es que, como en el caso el Juzgado hab\u00eda entendido equivocadamente que la prueba incumb\u00eda al Ayuntamiento, lo que procede es devolverle los autos para que resuelva sobre el fondo:<\/p>\n F.D. CUARTO. <\/strong><\/p>\n 1) La sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n\u00fam. 5 de Las Palmas de Gran Canaria debe ser casada y anulada, en tanto contiene un criterio contrario al que hemos establecido, ya que considera err\u00f3neamente que la carga de probar la existencia del hecho imponible del impuesto corresponde a la Administraci\u00f3n<\/strong>, bastando al respecto con que el contribuyente niegue el incremento.<\/em><\/p>\n 2) Tal anulaci\u00f3n obliga a ordenar la retroacci\u00f3n del procedimiento seguido ante el Juzgado de instancia para que, a tenor de los datos constatados en el expediente y de las alegaciones de las partes, se determine si el contribuyente ha probado o no -en los t\u00e9rminos que se siguen de nuestras sentencias de 9 y 17 de julio de 2018 la inexistencia de un incremento de valor en la transmisi\u00f3n del inmueble litigioso (a trav\u00e9s de la operaci\u00f3n de daci\u00f3n en pago), habida cuenta que dicho Juzgado no ha valorado la prueba practicada en autos,<\/strong> limit\u00e1ndose a a\ufb01rmar -err\u00f3neamente, como se ha visto- que el hecho imponible no ha sido probado por la parte a la que dicha prueba incumb\u00eda<\/strong>.<\/em><\/p>\n En relaci\u00f3n con el valor probatorio de las escrituras p\u00fablicas,<\/strong> la antes transcrita STS. 1248\/2018<\/strong> agrega en el apartado CUARTO.- Resoluci\u00f3n de las pretensiones deducidas en el proceso. 2. que : \u201c los valores consignados en las escrituras p\u00fablicas, en tanto sean expresivos de que la t<\/em><\/strong>ransmisi\u00f3n se ha efectuado por un precio inferior al de adquisici\u00f3n, constituyen un s\u00f3lido y ordinario principio de prueba <\/strong>que, sin poseer un valor absoluto -que no podemos establecer con car\u00e1cter abstracto en sede casacional- s\u00ed que bastar\u00edan<\/strong>, por lo general, como fuente de acreditaci\u00f3n del hecho justi\ufb01cador de la inaplicabilidad del impuesto que, no debemos olvidar, hace s\u00f3lo objeto de gravamen las plusval\u00edas o incrementos de valor. En otras palabras, tales datos, a menos que fueran simulados, deber\u00edan ser su\ufb01cientes, desde la perspectiva de la onus probandi, para desplazar a la parte contraria, al Ayuntamiento gestor y liquidador, la carga de acreditar en contrario,<\/strong> de modo bastante, que los precios inicial o \ufb01nal son mendaces o falsos o no se corresponden con la realidad de lo sucedido.\u201d<\/em><\/p>\n Sobre esto creo pertinente hacer dos matizaciones: por una parte que cuando los documentos en que consten las transmisiones cuyos valores deban compararse no sean escrituras p\u00fablicas entiendo aplicable la misma doctrina si se trata de documentos judiciales o administrativos cuyo contenido es fehaciente. Trat\u00e1ndose de documentos privados habr\u00e1 de estarse al criterio de fecha fehaciente del art\u00edculo 1227 del C\u00f3digo Civil (La fecha de un documento privado no se contar\u00e1 respecto de terceros sino desde el d\u00eda en que hubiese sido incorporado o inscrito en un registro p\u00fablico, desde la muerte de cualquiera de los que lo firmaron, o desde el d\u00eda en que se entregase a un funcionario p\u00fablico por raz\u00f3n de su oficio<\/em>), sin que parezca dudoso que, por ejemplo, servir\u00e1 tambi\u00e9n para acreditar el valor inicial el que resulte de un documento privado presentado en su d\u00eda al Ayuntamiento para liquidar la plusval\u00eda de la transmisi\u00f3n anterior, por ejemplo.<\/p>\n Por otro lado, cuando las escrituras o documentos se refieran a fincas edificadas y no conste valor separado de suelo y construcci\u00f3n en los documentos a comparar parece que habr\u00e1 que acompa\u00f1ar un dictamen pericial complementario u ofrecer otro medio de prueba por cuanto el incremento o disminuci\u00f3n de valor experimentado a lo largo del tiempo de uno u otro no tiene por qu\u00e9 coincidir.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n La Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (Secci\u00f3n 5\u00aa) n\u00fam. <\/a><\/strong>1620\/2019 de 21 noviembre<\/a>, <\/strong>ECLI:ES:TS:2019:3808, RJ\\2019\\4955, <\/strong>reconoce por primera vez el derecho de un contribuyente a que el Estado le resarza por haberse visto obligado a pagar el IIVTNU a un Ayuntamiento pese a no existir incremento real de valor, por aplicaci\u00f3n de una norma declarada inconstitucional (lo hab\u00eda anunciado en la STS. 1303\/2019 que coment\u00e9 en mi comentario del 13 de noviembre, pero no se cumpl\u00edan todos los requisitos).<\/p>\n En s\u00edntesis el recurrente hab\u00eda seguido todos los pasos que requiere la Ley 40\/2015, de 1 de octubre, de R\u00e9gimen Jur\u00eddico del Sector P\u00fablico<\/strong> (que no son pocos) para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado legislador, una vez que la sentencia del Tribunal Constitucional n\u00b0 59\/2017, de 11 de mayo (RTC 2017, 59) declar\u00f3 contrario a la Constituci\u00f3n que se graven plusval\u00edas inexistentes.<\/p>\n La Sentencia<\/strong> comentada, partiendo de la doctrina de la Secci\u00f3n 2\u00aa de la misma Sala Tercera del T.S. sobre la adecuada interpretaci\u00f3n de la sentencia constitucional contenida en la sentencia 1.163\/2018, de 9 de julio (RJ 2018, 3952), examina los medios de prueba aportados por el ciudadano ante la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa para justificar la inexistencia del hecho imponible (valoraciones publicadas por el Ministerio de Fomento, escrituras de compra y de venta y prueba pericial) y, contra el criterio del Juzgado de lo Contencioso que dict\u00f3 sentencia firme desestimando la demanda, considera suficientemente justificada la inexistencia de plusval\u00eda gravable lo que conlleva la declaraci\u00f3n de responsabilidad patrimonial del Estado <\/strong>que resulta condenado a pagar la cuota satisfecha por el recurrente al Ayuntamiento con intereses y costas.<\/p>\n El F.D. TERCERO<\/strong> contiene el presupuesto del reconocimiento de la responsabilidad:<\/p>\n \u201cEl art. 32 de la ley 40\/2015<\/strong> establece que:<\/em><\/p>\n <<1. Los particulares tendr\u00e1n derecho a ser indemnizados por las Administraciones P\u00fablicas correspondientes, de toda lesi\u00f3n que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesi\u00f3n sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios p\u00fablicos salvo en los casos de fuerza mayor o de da\u00f1os que el particular tenga el deber jur\u00eddico de soportar de acuerdo con la Ley. […]<\/em><\/p>\n […]<\/em><\/p>\n\n
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\u00a0<\/h2>\n
<\/a>Introducci\u00f3n y recordatorios.<\/h2>\n
<\/a>INCONSTITUCIONALIDAD POR INEXISTENCIA DE INCREMENTO DE VALOR.<\/strong><\/h3>\n
<\/a>INCONSTITUCIONALIDAD POR RESULTAR LA CUOTA TRIBUTARIA SUPERIOR AL INCREMENTO DE VALOR.<\/strong><\/h3>\n
<\/a>NOVEDADES:<\/strong><\/h2>\n
<\/a>DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE RECLAMACI\u00d3N DE DEVOLUCI\u00d3N DE INGRESOS INDEBIDOS: <\/strong><\/h3>\n
<\/a>DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE LA CARGA DE LA PRUEBA. <\/strong><\/h3>\n
<\/a>DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-LEGISLADOR<\/strong><\/h3>\n
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