<\/p>\n
Introducci\u00f3n<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n 1.- Fuerza mayor<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n 2.-\u00a0Rebus Sic Stantibus<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n \u00a0 \u00a0A) Presupuesto de aplicaci\u00f3n<\/strong><\/a><\/p>\n \u00a0 \u00a0B) \u00c1mbito de aplicaci\u00f3n<\/strong><\/a><\/p>\n \u00a0 \u00a0C) Requisitos<\/strong><\/a><\/p>\n 3.- Aplicaci\u00f3n Anal\u00f3gica<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n 4.- Conclusi\u00f3n<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n Notas<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n Enlaces<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n \u00a0<\/p>\n Tras una reuni\u00f3n extraordinaria del Consejo de Ministros el presidente del Gobierno anunci\u00f3 el 13 de marzo de 2020, en una declaraci\u00f3n institucional, la aprobaci\u00f3n del Real Decreto 463\/2020 por el que se declar\u00f3 el estado de alarma en toda Espa\u00f1a (el \u201cReal Decreto<\/strong><\/a>\u201d), por un plazo de 15 d\u00edas (prorrogado hasta el 12 de abril de 2020 y, nuevamente hasta el 26 de abril), de conformidad con el art\u00edculo 116.2 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola, para la gesti\u00f3n de la situaci\u00f3n de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Dicho decreto fue modificado por el Real Decreto 465\/2020, de 17 de marzo<\/a>.<\/p>\n El Real Decreto habilita al Ministro de Sanidad<\/strong> para modificar, ampliar o restringir las medidas, lugares, establecimientos y actividades enumeradas en los apartados anteriores, por razones justificadas de salud p\u00fablica, pudiendo por tanto ampliar esta suspensi\u00f3n a aquellos otros supuestos que se consideren necesarios.<\/p>\n Las medidas adoptadas por el Real Decreto y por las \u00f3rdenes dictadas al amparo de la habilitaci\u00f3n anteriormente referida (la \u201cSituaci\u00f3n COVID-19<\/strong>\u201d), han tenido un impacto cr\u00edtico en las relaciones contractuales<\/strong> tanto del \u00e1mbito p\u00fablico como del privado, pues muchas de ellas han supuesto la paralizaci\u00f3n de la mayor parte de las actividades econ\u00f3micas del pa\u00eds.<\/p>\n Es objeto de esta nota analizar las alternativas que se est\u00e1n planteando en el \u00e1mbito jur\u00eddico para tratar de afrontar las situaciones contractuales de imposibilidad de cumplimiento y de desequilibrio sobrevenido de prestaciones que se ha derivado de la situaci\u00f3n existente, y en concreto las figuras de la fuerza mayor y la cl\u00e1usula Rebus Sic Stantibus.<\/strong><\/p>\n La configuraci\u00f3n jur\u00eddica de ambas figuras es de car\u00e1cter predominantemente jurisprudencial y doctrinal, y dado lo excepcional de su aplicaci\u00f3n surgen muchas dudas a la hora de plantearse su invocaci\u00f3n en cada caso concreto.<\/p>\n Como punto de partida vamos a destacar dos cuestiones:<\/strong><\/p>\n a) que el propio Tribunal Supremo (STS de 19 de mayo de 2015) diferencia<\/strong> entre:<\/p>\n (i) la imposibilidad sobrevenida de cumplir la prestaci\u00f3n (fuerza mayor<\/strong>), que s\u00f3lo afecta a las obligaciones de entregar una cosa determinada o de hacer, y no a las deudas pecuniarias, y<\/p>\n (ii) la de aquellos supuestos en los que la prestaci\u00f3n resulta exorbitante o excesivamente onerosa (cl\u00e1usula rebus sic stantibus<\/strong>), aplicable con independencia de cu\u00e1l sea el contenido de la prestaci\u00f3n pactada.<\/p>\n b) que las dos f\u00f3rmulas mencionadas, principal objeto de an\u00e1lisis en esta nota, tendr\u00e1n en muchos casos car\u00e1cter supletorio y complementario a lo pactado<\/strong> en los contratos. En este sentido, habr\u00e1 de estarse, con car\u00e1cter preferente, a la autonom\u00eda de la voluntad de las partes y a aquellas cl\u00e1usulas contractuales que hayan acordado excluir o regular expresamente las situaciones de fuerza mayor o las circunstancias extraordinarias sobrevenidas.<\/p>\n Incidiremos sobre este punto al hablar de la cl\u00e1usula Rebus Sic Stantibus.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n En principio, los arts. 1101 ss.<\/a> de nuestro C\u00f3digo Civil (en adelante \u201cCc.<\/strong>\u201d) son disposiciones dictadas para el tratamiento de la responsabilidad contractual<\/strong>. Entre tales preceptos, se encuentra tambi\u00e9n el art. 1105 C.c.<\/a>, que contiene una definici\u00f3n descriptiva<\/strong> del concepto de fuerza mayor o caso fortuito[1]<\/strong><\/sup><\/em><\/a>, pues dispone:<\/p>\n \u201cFuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los en que as\u00ed lo declare la obligaci\u00f3n, nadie responder\u00e1 de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables.\u201d<\/em><\/p>\n El concepto de fuerza mayor no se refiere a si procede o no el cumplimiento de una obligaci\u00f3n contractual, sino a si el deudor incumplidor ser\u00e1 responsable o no de dicho incumplimiento<\/strong>.<\/p>\n Con car\u00e1cter general y te\u00f3rico, la imposibilidad sobrevenida de cumplir con las obligaciones contractuales como consecuencia de la Situaci\u00f3n COVID-19 permite bien la resoluci\u00f3n o bien la suspensi\u00f3n de un contrato<\/strong> (fundamentado en los arts. 1182 a 1184 del C\u00f3digo Civil<\/a>) en supuestos en donde la prestaci\u00f3n ha devenido sobrevenidamente imposible. Las consecuencias de tal resoluci\u00f3n o suspensi\u00f3n depender\u00e1n de si tal situaci\u00f3n de imposibilidad sobrevenida es o no imputable al deudor (es decir, en caso de resoluci\u00f3n podr\u00e1 tener o bien efectos liberatorios o, por el contrario, el deudor estar\u00e1 obligado al cumplimiento por equivalente pecuniario, as\u00ed como, en su caso, la indemnizaci\u00f3n de da\u00f1os y perjuicios, y todo ello sin perjuicio de las obligaciones de restituci\u00f3n de las prestaciones realizadas hasta ese momento).<\/p>\n Tal y como reza el art\u00edculo 1.105 del C.c.<\/a>, en supuestos de fuerza mayor el deudor no ser\u00e1 responsable de los sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables. No obstante, esta liberaci\u00f3n de responsabilidad<\/strong> por causa de fuerza mayor est\u00e1 sujeta a la concurrencia de una serie de requisitos:<\/strong><\/p>\n <\/em><\/li>\n El acaecimiento de un suceso inevitable o imprevisible, como puede ser la Situaci\u00f3n COVID-19, no faculta al deudor a incumplir sus obligaciones contractuales. Para poder invocar la fuerza mayor el cumplimiento de la misma ha de devenir imposible para el deudor. En este sentido, y sobre la base de la regla de que no existe obligaci\u00f3n de cosas imposibles (\u00abimpossibilium nulla obligatio est<\/em>\u00ab: Digesto 50, 17, 1185), la jurisprudencia establece que ha de tratarse de una imposibilidad f\u00edsica o legal, objetiva, absoluta, duradera y no imputable al deudor<\/strong>[<\/strong>3]<\/sup><\/a>.<\/p>\n Adicionalmente cabe destacar que no cabe alegar imposibilidad cuando es posible cumplir mediante la modificaci\u00f3n racional<\/strong> del contenido de la prestaci\u00f3n de modo que resulte adecuado a la finalidad perseguida[4]<\/sup><\/a>. Estima la jurisprudencia que deben intentar agotarse todos los medios al alcance del deudor para cumplir con el compromiso contractual, incluyendo el cumplimiento de la prestaci\u00f3n por medios alternativos (que no modifiquen sustancialmente la esencia del pacto)[5]<\/sup><\/a>, por lo que otro elemento a valorar ser\u00e1 la posibilidad del deudor de haber accedido a las ayudas y mecanismos (i.e. ERTEs, l\u00edneas de financiaci\u00f3n, etc…) que se est\u00e1n habilitando en el marco de la Situaci\u00f3n COVID-19.<\/p>\n En consecuencia, se antoja complicado invocar la imposibilidad sobrevenida de pagar una renta o canon peri\u00f3dico<\/strong> para aquellas empresas que tengan los recursos financieros para hacer frente a dicho cumplimiento durante el periodo objeto de la Situaci\u00f3n COVID-19. Adicionalmente cabe considerar que en los casos relativos a incapacidad de pago tal situaci\u00f3n est\u00e1 ya regulada por la ley concursal.<\/p>\n Es probable que la mayor dificultad en relaci\u00f3n con este punto se plantee con los supuestos de dificultad extraordinaria<\/strong>, que algunas sentencias han equiparado a la imposibilidad[6]<\/sup><\/a> pero con car\u00e1cter muy restrictivo. En este sentido, habr\u00eda que analizar caso por caso, puesto que el concepto de dificultad extraordinaria o no extraordinaria quiz\u00e1 nos sit\u00fae m\u00e1s cerca del concepto de la Rebus, referido m\u00e1s adelante.<\/p>\n En relaci\u00f3n con el concepto de imposibilidad<\/strong> cabe destacar el Real Decreto-ley 11\/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el \u00e1mbito social y econ\u00f3mico para hacer frente al COVID-1<\/a>9<\/em>, cuyo art\u00edculo 36<\/a>[7]<\/a> reconoce un derecho de resoluci\u00f3n a los consumidores<\/strong> en los supuestos que devenga imposible el cumplimiento de sus contratos. Se trata de una norma de regulaci\u00f3n difusa, que habr\u00e1 de ser interpretada teniendo en cuenta lo dispuesto en este apartado y lo dispuesto m\u00e1s adelante sobre la doctrina relativa a las prestaciones econ\u00f3micas que, seg\u00fan el Tribunal Supremo, no pueden devenir imposibles.<\/p>\n Por lo tanto, deber\u00e1 procederse al an\u00e1lisis de las causas que han provocado la imposibilidad de dar cumplimiento a la prestaci\u00f3n, y dicho an\u00e1lisis se remontar\u00e1 al estado en que se encontraba el cumplimiento del contrato en cuesti\u00f3n antes de la Situaci\u00f3n COVID-19[10]<\/sup><\/a>.<\/p>\n En este sentido, cabe recordar que el Gobierno ha habilitado m\u00faltiples medidas y mecanismos para evitar las consecuencias perjudiciales de la Situaci\u00f3n COVID-19.<\/p>\n A la vista de lo anterior, tal y como advierte el magistrado Xavier O’Callaghan, se puede concluir que la esencia es la falta de nexo causal entre la conducta del deudor y el incumplimiento<\/strong>[12]<\/sup><\/strong><\/a>.<\/p>\n Por otro lado y enlazando con lo comentado al principio, habr\u00e1 de valorarse si, como consecuencia de una situaci\u00f3n de fuerza mayor, la imposibilidad de cumplimiento de la prestaci\u00f3n debida, o el incumplimiento, es definitivo o solo temporal<\/strong>. Esta situaci\u00f3n se dar\u00e1 fundamentalmente en las prestaciones de dar o hacer. No obstante, cualquiera que sea el caso, el efecto primordial derivado de la fuerza mayor ser\u00e1 la exoneraci\u00f3n de responsabilidad del deudor, en el sentido de que no le ser\u00e1 exigible una indemnizaci\u00f3n por da\u00f1os y perjuicios.<\/p>\n Sin perjuicio de todo lo anterior cabe destacar el supuesto espec\u00edfico de las prestaciones pecuniarias<\/strong>, de la que es especialmente exponente la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de mayo de 2015<\/a>. En ella se aborda un caso de fuerza mayor liberatoria de la obligaci\u00f3n de pagar el precio de una compraventa, donde no cabe aplicar la imposibilidad sobrevenida de la prestaci\u00f3n por tratarse de una obligaci\u00f3n gen\u00e9rica al existir siempre el dinero como tal. Se trata de la obligaci\u00f3n gen\u00e9rica por excelencia, pues el g\u00e9nero nunca perece (genus nunquam perit<\/em>) y, de ah\u00ed, que la imposibilidad sobrevenida no extinga aquella.<\/p>\n Por tanto, no pudiendo plantearse, trat\u00e1ndose de deudas pecuniarias, la imposibilidad subjetiva -insolvencia- ni la objetiva o formal, concluye la doctrina que no es posible imaginar que si la imposibilidad obedece a fuerza mayor pudiera tener como efecto la extinci\u00f3n de la obligaci\u00f3n. Los tribunales admiten \u201ctodo lo m\u00e1s el incumplimiento temporal o retraso\u201d<\/em> como consecuencia de la imposibilidad sobrevenida de una deuda pecuniaria por fuerza mayor.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Puede que nos encontremos en una situaci\u00f3n donde el cumplimiento de la obligaci\u00f3n contractual no haya devenido imposible. Sin embargo, la Situaci\u00f3n COVID-19 ha provocado un escenario de excesiva onerosidad y desequilibrio en las prestaciones<\/strong> en numerosos contratos.<\/p>\n La cl\u00e1usula<\/strong> rebus sic stantibus<\/em> (la \u201cRebus<\/strong>\u201d) se considera como una cl\u00e1usula que se encuentra \u201cimpl\u00edcita<\/strong>\u201d en todos los contratos. La misma supone una flexibilizaci\u00f3n y factor mitigador del rigor del principio pacta sunt servanda<\/em>, en virtud del cual el contrato es fuente de obligaciones que han de cumplirse con arreglo a lo convenido, siempre con adecuaci\u00f3n a las pautas de la buena fe.<\/p>\n La Rebus te\u00f3ricamente permite la revisi\u00f3n de un contrato cuando surgen circunstancias extraordinarias sobrevenidas e imprevisibles no existentes en el momento de su suscripci\u00f3n, y en consecuencia las prestaciones de algunas de las partes devienen excesivamente gravosas u onerosas rompiendo el equilibrio econ\u00f3mico del contrato[13]<\/sup><\/a> (principio de conmutatividad del contrato). Como se\u00f1ala el magistrado Carlos S\u00e1nchez Mart\u00edn[14]<\/sup><\/a>, \u201cse puede afirmar que el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de la cl\u00e1usula rebus se extiende a aquellos supuestos en los que la prestaci\u00f3n no ha devenido completamente imposible sino m\u00e1s onerosa<\/strong>\u201d<\/em>.<\/p>\n Vamos a tratar de analizar las principales caracter\u00edsticas de la cl\u00e1usula, y sus requisitos de aplicaci\u00f3n ante la Situaci\u00f3n COVID-19 en base a toda la jurisprudencia que ha abordado el caso hasta este mismo a\u00f1o.<\/p>\n Los principales presupuestos de aplicaci\u00f3n de la cl\u00e1usula son los siguientes:<\/p>\n Debe tratarse, por tanto, de una alteraci\u00f3n de la base del negocio o de la base econ\u00f3mica del contrato, tal y como reza la jurisprudencia, que derive en una ruptura de la equivalencia de las contraprestaciones<\/strong>.<\/p>\n En relaci\u00f3n con lo anterior, se ha de resaltar que la excesiva onerosidad debe desprenderse del contrato en cuesti\u00f3n. Dif\u00edcilmente podr\u00eda defenderse que una potencial insolvencia del deudor justifica el cumplimiento del requisito de la excesiva onerosidad, pues no cabe su configuraci\u00f3n respecto de otros par\u00e1metros m\u00e1s amplios de valoraci\u00f3n econ\u00f3mica fuera del propio contrato (i.e. balance general o de cierre de cada ejercicio de la empresa, relaci\u00f3n de grupos empresariales, actividades econ\u00f3micas diversas)[16]<\/sup><\/a>.<\/p>\n No cabe duda de que la Situaci\u00f3n COVID-19, y sobre todo de las \u00f3rdenes de paralizaci\u00f3n de gran parte de la actividad del pa\u00eds, constituyen una circunstancia radicalmente imprevisible, especialmente los relacionados con tales actividades.<\/p>\n No obstante lo anterior, la invocaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de la Rebus no va a resultar pac\u00edfica. A estos efectos han de tenerse en cuenta las particularidades referidas a continuaci\u00f3n.<\/p>\n El \u00e1mbito natural de aplicaci\u00f3n de la Rebus son los contratos de larga duraci\u00f3n<\/strong>, ordinariamente de tracto sucesivo.<\/p>\n La jurisprudencia<\/strong> no viene admitiendo<\/strong> su invocaci\u00f3n en<\/p>\n (i) los supuestos de contratos de corta duraci\u00f3n<\/strong>, en los que dif\u00edcilmente puede justificarse que ha acaecido algo extraordinario que afecte a la base del contrato y no quede amparado dentro del riesgo propio de ese contrato[17]<\/sup><\/a>.<\/p>\n (ii) en los contratos de tracto \u00fanico con ejecuci\u00f3n no diferida<\/strong>.<\/p>\n No obstante lo anterior, con car\u00e1cter a\u00fan m\u00e1s excepcional, la jurisprudencia indica que podr\u00eda plantearse su admisi\u00f3n en alg\u00fan contrato de tracto \u00fanico con ejecuci\u00f3n diferida<\/strong>, es decir, contratos donde la prestaci\u00f3n debe cumplirse pasado ese periodo de tiempo (p. ej., compraventa de inmueble en fase de construcci\u00f3n o sobre plano, en donde queda aplazado el cumplimiento de la obligaci\u00f3n de entrega de la cosa o del pago del precio)[18]<\/sup><\/a>.<\/p>\n Al igual que en el caso de la fuerza mayor, la potencial invocaci\u00f3n de la Rebus requiere, desde un punto de vista jurisprudencial, que concurran una serie de requisitos adicionales<\/strong> a los presupuestos antes referidos:<\/p>\n Es bastante aclaratoria la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de marzo de 2018 en la que el arrendatario, explotador de una instalaci\u00f3n hotelera, solicita al amparo de la Rebus una modulaci\u00f3n judicial del canon arrendaticio pactado a ra\u00edz de los resultados negativos de la actividad hotelera en el local arrendado como consecuencia de la crisis econ\u00f3mica, concluyendo el alto tribunal \u201cque dichos resultados <\/em>(financieros de la empresa) no obedecen exclusivamente al cambio extraordinario del panorama econ\u00f3mico sino tambi\u00e9n a otras causas como la mala gesti\u00f3n u organizaci\u00f3n de la empresa\u201d<\/em>.<\/p>\n Por lo tanto, deber\u00e1 procederse al an\u00e1lisis de las causas que han provocado el exceso de gravosidad y\/u onerosidad, y dicho an\u00e1lisis se remontar\u00e1 a los momentos previos a la Situaci\u00f3n COVID-19.<\/p>\n En este sentido, el alto tribunal considera que no hay buena fe en la imposici\u00f3n unilateral por una de las partes de la modificaci\u00f3n de las condiciones contractuales al amparo de la Rebus sin apertura de un proceso de negociaci\u00f3n<\/strong>[20]<\/sup><\/a>.<\/p>\n A la vista de lo anterior, cabe preguntarse si podr\u00eda apreciarse mala fe por la contraparte ante una negativa categ\u00f3rica a abrir un proceso de negociaci\u00f3n cuando concurren el resto de circunstancias de la Rebus, y como ser\u00eda valorada en este caso la aplicaci\u00f3n unilateral de la Rebus de la parte que ha actuado de buena fe.<\/p>\n En este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de enero de 2019<\/a> declara expresamente respecto a estos acuerdos que \u201cpretender que la jurisdicci\u00f3n obvie dichos pactos y aplique la doctrina de la \u00abrebus sic stantibus\u00bb supone ordenar la reglamentaci\u00f3n de un nuevo negocio, lo que dicha doctrina no autoriza<\/em>\u201d[21]<\/sup><\/a>.<\/p>\n Entre las cl\u00e1usulas que pueden poner en tela de juicio la aplicaci\u00f3n<\/strong> de la Rebus pueden destacarse principalmente:<\/p>\n No obstante lo anterior, se impone el an\u00e1lisis pormenorizado de cada contrato, de cada cl\u00e1usula y del contexto del acuerdo de conformidad con los art\u00edculos 1281 y ss del C.c<\/a>.<\/p>\n Una vez expuesto lo anterior, cabe recordar que la aplicaci\u00f3n de la Rebus persigue un reequilibrio de las prestaciones contractuales, y no la resoluci\u00f3n del contrato<\/strong>. En este sentido la jurisprudencia ha llegado a manifestar que \u201ces extravagante el recurso a la cl\u00e1usula \u00abrebus sic stantibus\u00bb si alega al un\u00edsono una frustraci\u00f3n total del fin del contrato; la petici\u00f3n conjunta de resoluci\u00f3n por desaparici\u00f3n de la causa y de modificaci\u00f3n por inadecuaci\u00f3n a circunstancias es incompatible de suyo (…)\u201d<\/em>[22]<\/strong><\/sup><\/em><\/a>.<\/em><\/p>\n \u00a0<\/p>\n Aunque ning\u00fan autor lo ha propuesto abiertamente, en el \u00e1mbito de los contratos de arrendamiento<\/strong> algunas voces han tratado de abrir la puerta a la aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica de ciertos art\u00edculos del C\u00f3digo Civil como el 1575<\/a>, que concede al arrendatario r\u00fastico el derecho a solicitar una rebaja del 50% de la renta en caso de fuerza mayor, o el art\u00edculo 26 de la Ley de Arrendamientos Urbanos<\/a> que permite suspender el arrendamiento en caso de obras impuestas por la autoridad que la hagan inhabitable.<\/p>\n No obstante lo anterior, hay que recordar que el art\u00edculo 4.2 del C.c. establece claramente que las leyes penales, las excepcionales <\/strong>y las de \u00e1mbito temporal no se aplicar\u00e1n a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas<\/em>.<\/p>\n<\/a>INTRODUCCI\u00d3N:<\/h2>\n
<\/a>1.- FUERZA MAYOR:<\/strong><\/h2>\n
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<\/a>2.- REBUS SIC STANTIBUS<\/strong><\/h2>\n
<\/a>A) Presupuesto de aplicaci\u00f3n<\/strong><\/h3>\n
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<\/a>B) \u00c1mbito de aplicaci\u00f3n<\/strong><\/h3>\n
<\/a>C) Requisitos<\/strong><\/h3>\n
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<\/a>3.- APLICACI\u00d3N ANAL\u00d3GICA<\/strong><\/h2>\n