<\/p>\n
Real Decreto Legislativo 1\/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal.<\/span><\/a><\/p>\n<\/a> Extractamos su Exposici\u00f3n de Motivos, aludiendo al camino y razones que han propiciado su elaboraci\u00f3n, al contenido del mandato que hizo el Legislador, a la estructura del texto organizado en tres libros y apuntes t\u00e9cnicos de elaboraci\u00f3n. Tiene disposiciones adicionales, transitoria y una compleja disposici\u00f3n derogatoria. Este TR habr\u00e1 de convivir con la normativa Covid. Se anuncia una pr\u00f3xima reforma impuesta por la Directiva Europea 2019\/1023.<\/span><\/p>\n<\/a> El Derecho concursal se reivindica como una herramienta fundamental para la conservaci\u00f3n de tejido empresarial y empleo<\/strong>, de lo que es consciente, tanto el legislador espa\u00f1ol como el de la Uni\u00f3n Europea, lo que ha provocado profusas iniciativas legislativas.<\/p>\n Seg\u00fan la Exposici\u00f3n de Motivos<\/strong>, la historia de la Ley Concursal de 2003 \u201ces la historia de sus reformas<\/strong>\u201d, pues pocas leyes han sido modificadas tantas veces en tan poco tiempo.<\/p>\n Una de las carencias fundamentales en el texto de 2003 es la regulaci\u00f3n de las instituciones propias del denominado derecho preconcursal<\/strong>, pues la pr\u00e1ctica demostr\u00f3 que la admisi\u00f3n de la insolvencia inminente, como presupuesto alternativo para el concurso voluntario, no resultaba suficiente.<\/p>\n Se intent\u00f3 la agilizaci\u00f3n de procedimientos, creando Juzgados especializados <\/strong>y potenciando la figura del convenio anticipado<\/strong> como cauce preferente para la r\u00e1pida soluci\u00f3n de la insolvencia. Sin embargo, la subsiguiente crisis colaps\u00f3 los juzgados <\/strong>de lo mercantil y se produjo un efecto de \u00abhuida de la Ley Concursal\u00bb, buscando las sociedades, incluso en el extranjero, soluciones m\u00e1s \u00e1giles.<\/p>\n El legislador espa\u00f1ol reaccion\u00f3 -incluso acudiendo a los reales decretos leyes- buscando la flexibilidad y mayor justicia en la soluci\u00f3n de los intereses en conflicto, con medidas como:<\/p>\n – la incorporaci\u00f3n del criterio del valor razonable del bien<\/strong> o del derecho sobre el que se hubiere constituido la garant\u00eda como l\u00edmite del privilegio especial del cr\u00e9dito garantizado,<\/p>\n – el reconocimiento del derecho del deudor a solicitar<\/strong> en cualquier momento la apertura de la liquidaci\u00f3n<\/strong>,<\/p>\n – el r\u00e9gimen de los concursos sin masa suficiente<\/strong> para hacer frente a los costes el procedimiento,<\/p>\n – la introducci\u00f3n del beneficio de la exoneraci\u00f3n del pasivo insatisfecho<\/strong> del que, en ciertas condiciones, puede gozar el deudor persona natural,<\/strong><\/p>\n – o el r\u00e9gimen de los acuerdos de refinanciaci\u00f3n<\/strong>, continuamente reformado.<\/p>\n<\/a> Todo el c\u00famulo de reformas acumulado provoc\u00f3 que la D. F. 8\u00aa<\/a> de la Ley 9\/2015, de 25 de mayo<\/strong>, de medidas urgentes en materia concursal, habilitara al Gobierno para aprobar un texto refundido de la Ley 22\/2003, de 9 de julio, pero s\u00f3lo le dio doce meses para tan ingente tarea.<\/p>\n Al no haberse terminado en tiempo la labor, la D. F. 3\u00aa<\/a> de la Ley 1\/2019, de 20 de febrero<\/strong>, de Secretos Empresariales, habilit\u00f3 un nuevo plazo<\/strong> para aprobar un texto refundido, labor que ten\u00eda que concluir en ocho meses<\/strong>.<\/p>\n La ley 1\/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, entr\u00f3 en vigor el 13 de marzo de 2019, por lo que los ocho meses se cumplieron el 13 de noviembre de 2019<\/strong>. La deliberaci\u00f3n del Consejo de Ministros, su aprobaci\u00f3n y refrendo por el Rey se produjeron el 5 de mayo de 2020, es decir, cerca de seis meses despu\u00e9s de vencido el plazo concedido por el Poder Legislativo en la Ley 1\/2019.<\/p>\n Sin embargo, El Consejo de Estado<\/a>,<\/strong> en su dictamen (p\u00e1g. 24), salva la legalidad de la norma<\/strong> del modo siguiente: \u201cel <\/em>art\u00edculo 21.6<\/em><\/a> de la Ley 50\/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, entiende suspendidas las delegaciones legislativas<\/strong> otorgadas por las Cortes Generales durante todo el tiempo que el Gobierno est\u00e9 en funciones<\/strong> como consecuencia de la celebraci\u00f3n de elecciones generales. Habida cuenta de que el Gobierno de Espa\u00f1a estuvo en funciones desde el 29 de abril de 2019 hasta el 8 de enero de 2020, debe concluirse que durante dicho periodo el transcurso del referido plazo de ocho meses qued\u00f3 interrumpido, por lo que, en el momento de la emisi\u00f3n del presente dictamen (26 de marzo de 2020), restar\u00edan todav\u00eda algo menos de cuatro meses para proceder a la aprobaci\u00f3n del texto refundido dentro del plazo de ocho meses previsto en la Ley 1\/2019.<\/em>\u201d<\/p>\n El contenido del mandato en ambas leyes -9\/2015 y 1\/2019- es similar: \u201cEsta autorizaci\u00f3n incluye la facultad de regularizar, aclarar y armonizar<\/strong> los textos legales que deban ser refundidos.\u201d<\/p>\n En consecuencia, entre las dos opciones<\/strong> previstas en el art. 82.5 de la Constituci\u00f3n<\/a>, las Cortes han optado por la m\u00e1s amplia<\/strong>, pues la autorizaci\u00f3n no se circunscribe a la mera formulaci\u00f3n de un texto consolidado, sino que incluye esa triple facultad<\/strong>:<\/p>\n – Regularizar<\/strong>, lo que significa ajustar, reglar o poner en orden.<\/p>\n – Aclarar<\/strong>, que es verbo de m\u00faltiples significados: a veces, alude a quitar lo que impide apreciar la realidad de alguna cosa; otras, implica la idea de explicar.<\/p>\n – Y armonizar:<\/strong> equivale a hacer que no discuerden dos o m\u00e1s partes de un todo.<\/p>\n La doctrina del Consejo de Estado<\/strong> ha se\u00f1alado que regularizar, aclarar y armonizar textos legales supone:<\/p>\n – la posibilidad de alterar la sistem\u00e1tica de la ley<\/strong><\/p>\n – y la posibilidad de alterar la literalidad de los textos<\/strong> y, as\u00ed, eliminar las dudas interpretativas que pudieran plantear.<\/p>\n<\/a> El texto refundido se divide en tres libros<\/strong>:<\/p>\n El Libro Primero, \u201cDel concurso de acreedores\u201d<\/strong>, es el m\u00e1s extenso (582 art\u00edculos), con una sistem\u00e1tica muy diferente de la que ten\u00eda en la Ley de 2003.<\/p>\n Se divide en 14 t\u00edtulos, recogi\u00e9ndose en los 12 primeros las normas concursales generales<\/strong>, para no distraer con especialidades. En el t\u00edtulo XIV<\/strong>, el \u00faltimo, se han agrupado, junto con el concurso de la herencia, las especialidades<\/strong> del concurso de aquel deudor que tenga determinadas caracter\u00edsticas subjetivas u objetivas. El t\u00edtulo XIII<\/strong> se dedica al Registro p\u00fablico concursal<\/strong>.<\/p>\n La E. de M. destaca algunas de las muchas novedades:<\/p>\n – hay un t\u00edtulo espec\u00edfico sobre los \u00f3rganos del concurso <\/strong>(el II), con dos cap\u00edtulos, uno dedicado al juez del concurso y otro a la administraci\u00f3n concursal;<\/p>\n – hay un t\u00edtulo para la masa activa<\/strong> y otro sobre la masa pasiva<\/strong> (IV y V);<\/p>\n – otro t\u00edtulo regula el informe de la administraci\u00f3n concursal<\/strong> (VI);<\/p>\n – hay un t\u00edtulo propio para el pago de los cr\u00e9ditos a los acreedores<\/strong> (IX) y otro para publicidad<\/strong> (XIII);<\/p>\n Como ejemplo de agrupaci\u00f3n de contenidos, en el t\u00edtulo IV, dedicado a la masa activa<\/strong>, no solo se incluye lo relativo a la composici\u00f3n de esa masa o a la conservaci\u00f3n de la misma, sino tambi\u00e9n las reglas generales de enajenaci\u00f3n<\/strong> de los bienes y derechos que la componen, los reg\u00edmenes de reintegraci\u00f3n y reducci\u00f3n de la masa, la regulaci\u00f3n de los cr\u00e9ditos contra la masa, o las especialidades por insuficiencia de la masa.<\/p>\n El Libro Segundo, \u201cDel derecho preconcursal\u201d<\/strong>, est\u00e1 dedicado al derecho tradicional de la insolvencia<\/strong>, manteniendo la terminolog\u00eda. Se divide en cuatro t\u00edtulos<\/strong> independientes:<\/p>\n – la apertura de negociaciones<\/strong> con los acreedores;<\/p>\n – los acuerdos de refinanciaci\u00f3n<\/strong>, buscando que el r\u00e9gimen adquiera un m\u00ednimo de unidad y autonom\u00eda;<\/p>\n – los acuerdos extrajudiciales de pago<\/strong>,<\/p>\n – y el concurso consecutivo<\/strong>, sea a un acuerdo de refinanciaci\u00f3n, sea a un acuerdo extrajudicial de pagos.<\/p>\n Este Libro ha resultado en su elaboraci\u00f3n el m\u00e1s dif\u00edcil desde un punto de vista t\u00e9cnico<\/strong> y es donde se han exprimido m\u00e1s los l\u00edmites de la refundici\u00f3n.<\/p>\n En el Libro Tercero<\/strong> se incluyen las normas de derecho internacional privado<\/strong>, ganando rango, de t\u00edtulo a libro, que se justifica porque el nuevo Reglamento (UE) 2015\/848<\/a> es de aplicaci\u00f3n no solo a los concursos de acreedores<\/strong>, sino tambi\u00e9n a los \u00abprocedimientos<\/strong>\u00bb que el texto refundido agrupa en el libro II.<\/p>\n Existen normas del derecho internacional privado de la insolvencia<\/strong>, hasta ahora circunscritas al concurso de acreedores, que deber\u00e1n aplicarse a los acuerdos de refinanciaci\u00f3n y a los acuerdos extrajudiciales de pagos.<\/p>\n<\/a> a) Claridad en los art\u00edculos.<\/strong><\/p>\n – Se altera la literalidad<\/strong> de un buen n\u00famero de textos para facilitar la interpretaci\u00f3n de la norma.<\/p>\n – El sentido de la norma<\/strong> se hace coincidir con la formulaci\u00f3n.<\/p>\n – Se dedica un art\u00edculo a cada materia<\/strong>. Esta es la principal raz\u00f3n que justifica el elevado n\u00famero de art\u00edculos que tiene el Texto Refundido.<\/p>\n – El ep\u00edgrafe<\/strong> de cada art\u00edculo intenta anticipar el objeto de la norma<\/p>\n b) Terminolog\u00eda. <\/strong>La terminolog\u00eda se ha unificado.<\/p>\n c) Refundici\u00f3n.<\/strong><\/p>\n El texto refundido no puede incluir modificaciones de fondo del marco legal refundido<\/strong>, as\u00ed como tampoco introducir nuevos mandatos jur\u00eddicos inexistentes con anterioridad o excluir mandatos jur\u00eddicos vigentes.<\/p>\n Pero, dentro de los l\u00edmites fijados por las Cortes, la refundici\u00f3n se ha abordado, no como una tarea meramente mec\u00e1nica, sino que se ha desarrollado una labor de integraci\u00f3n<\/strong>, convirtiendo en norma expresa principios impl\u00edcitos, colmando lagunas cuando sea imprescindible, y rectificando incongruencias.<\/p>\n Esta labor t\u00e9cnica tiene, en consecuencia, un cierto contenido innovador<\/strong>, pudiendo incluso llegar a la explicitaci\u00f3n de normas complementarias a las que son objeto de refundici\u00f3n (acogi\u00e9ndose a las STC 122\/1992, de 28 de septiembre<\/a>, y 166\/2007, de 4 de julio<\/a>).<\/p>\n<\/a> La finalidad conservativa del Derecho concursal se manifiesta no solo a trav\u00e9s de normas con vocaci\u00f3n de permanencia, como el texto refundido, sino que en el contexto de la crisis sanitaria originada por el COVID-19<\/strong> tambi\u00e9n se han adoptado medidas urgentes, de naturaleza temporal y extraordinaria<\/strong>, con incidencia en el \u00e1mbito concursal.<\/p>\n Durante un cierto per\u00edodo de tiempo ambas normas, texto refundido y normas excepcionales, coincidir\u00e1n en su aplicaci\u00f3n<\/strong>, si bien cada una en su respectivo \u00e1mbito.<\/p>\n Esta es la normativa en materia concursal<\/strong> aprobada durante la crisis:<\/p>\n – RDley 8\/2020, art. 43 ya derogado<\/a> \u00a0Versaba sobre el plazo del deber de solicitud de concurso.<\/p>\n – RDLey 11\/2020<\/a>. Aplicaci\u00f3n de los ERTEs a las empresas concursadas.<\/p>\n – RDLey 16\/2020<\/a>. Amplias medidas.<\/p>\n<\/a> El RD Legislativo, aprobado a propuesta del Ministro de Justicia y de la Ministra de Asuntos Econ\u00f3micos y Transformaci\u00f3n Digital, tiene un solo art\u00edculo<\/strong>, por el que se aprueba el texto refundido, incorporado como anexo, pero cuenta con disposiciones adicionales y transitoria.<\/p>\n La 1\u00aa define qu\u00e9 se ha de entender por grupo de sociedades<\/strong> mediante remisi\u00f3n al definido en el art\u00edculo 42.1 del C\u00f3digo de Comercio<\/a>, seg\u00fan el cual, existe un grupo cuando una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control de otra u otras.<\/p>\n La 2\u00aa dispone que las referencias normativas <\/strong>contenidas en otras disposiciones a la Ley 22\/2003, de 9 de julio, Concursal, se entender\u00e1n realizadas a los preceptos<\/strong> correspondientes del texto refundido que se aprueba. Para ello se precisa una tabla de correspondencias<\/strong>, que se divulgar\u00e1 en la web de los Ministerios de Justicia y de Asuntos Econ\u00f3micos y Transformaci\u00f3n Digital, con efectos meramente informativos (D. Ad. 3\u00aa).<\/p>\n Y la 4\u00aa determina que la estad\u00edstica concursal<\/strong> se elaborar\u00e1 a partir de la informaci\u00f3n suministrada por la oficina judicial, los Registros Mercantiles y el Registro p\u00fablico concursal.<\/p>\n<\/a> Tres art\u00edculos de la todav\u00eda vigente Ley Concursal precisan desarrollo reglamentario desde 2014<\/a>, lo que todav\u00eda no se ha producido. Son los siguientes:<\/p>\n – Art. 27<\/a>: Condiciones subjetivas para el nombramiento de administradores concursales<\/strong>.<\/p>\n – Art. 34<\/a>: Retribuci\u00f3n<\/strong> de los administradores concursales.<\/p>\n – y art 198<\/a>: Registro p\u00fablico Concursal<\/strong>.<\/p>\n Mientras no se publique ese reglamento, no entrar\u00e1n en vigor los art\u00edculos correspondientes que son los art\u00edculos 57 a 63, 84 a 89, 560 a 566 y 574.1 del texto refundido y se mantendr\u00e1n en vigor las redacciones previas a 2014, que son las que est\u00e1n enlazadas m\u00e1s arriba.<\/p>\n Respecto a la cuenta de garant\u00eda arancelaria<\/strong>, no entrar\u00e1n en vigor los art\u00edculos 91 a 93 (que se corresponden con los art\u00edculos 34 bis a 34 qu\u00e1ter de la Ley 22\/2003, de 9 de julio<\/a>, mientras no se apruebe el desarrollo reglamentario de la cuenta de garant\u00eda arancelaria.<\/p>\n<\/a> Es muy compleja. En su primer apartado no hace una derogaci\u00f3n pura y simple de la Ley 22\/2003, de 9 de julio, Concursal, sino que, por una parte deroga los art\u00edculos 1 al 242 bis, y por otra deroga la mayor\u00eda de las disposiciones adicionales y s\u00f3lo dos de las finales<\/strong>. Son las siguientes:<\/p>\n As\u00ed pues, se mantienen<\/strong> las siguientes disposiciones adicionales:<\/strong><\/p>\n Despu\u00e9s, hace una enumeraci\u00f3n de los contenidos que se mantienen<\/strong>, correspondientes a:<\/p>\n – las dos disposiciones adicionales<\/strong> 1\u00aa y 3\u00aa vistas,<\/p>\n – las dos disposiciones transitorias<\/strong> (dedicadas a los procedimientos concursales en tramitaci\u00f3n y a los Juzgados de lo Mercantil, respectivamente)<\/p>\n – y el resto de disposiciones finales<\/strong> (todas menos la 5\u00aa y la 6\u00aa)<\/p>\n La derogaci\u00f3n no afectar\u00e1 a los contenidos de las leyes modificadas<\/strong> por las disposiciones adicionales y finales, que se mantienen en sus t\u00e9rminos actuales. Seguidamente, se pormenorizan las vigencias (listado de 36 \u00edtems).<\/p>\n En su segundo apartado la disposici\u00f3n derogatoria deroga 22 disposiciones concretas<\/strong>.<\/p>\n<\/a> Con este texto refundido no concluye el proceso de reforma del derecho de la insolvencia, pues Espa\u00f1a tiene pendiente de transponer la <\/strong>Directiva (UE) 2019\/1023<\/strong><\/a>, <\/strong>del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, que tiene como objetivos:<\/p>\n – establecer mecanismos de alerta ante el riesgo de insolvencia<\/strong>,<\/p>\n – modificar la regulaci\u00f3n de los procesos de reestructuraci\u00f3n preventiva de las deudas<\/strong>,<\/p>\n – simplificar<\/strong> el derecho concursal, aumentar la eficiencia, aligerar costes,<\/p>\n – y ampliar las posibilidades de obtenci\u00f3n del beneficio de liberaci\u00f3n de deudas<\/strong>.<\/p>\n<\/a> Entrar\u00e1 en vigor <\/strong>el 1 de septiembre del a\u00f1o 2020. Hay dos salvedades recogidas en la disposici\u00f3n transitoria \u00fanica a la que ya nos referimos. (JFME)<\/p>\n <\/p>\n<\/a>Resumen:<\/strong> <\/span><\/h6>\n
A) Antecedentes.<\/strong><\/span><\/h6>\n
B) Contenido del mandato.<\/strong><\/span><\/h6>\n
C) Estructura.<\/span> <\/strong><\/h6>\n
D) Apuntes t\u00e9cnicos.<\/strong><\/span><\/h6>\n
E) Normas Covid.<\/strong><\/span><\/h6>\n
F) Disposiciones Adicionales:<\/strong><\/span><\/h6>\n
G) Disposici\u00f3n transitoria \u00fanica.<\/span> <\/strong><\/h6>\n
H) Disposici\u00f3n derogatoria \u00fanica.<\/span> <\/strong><\/h6>\n
\n
\n
I) Pr\u00f3xima reforma.<\/strong><\/span><\/h6>\n
J) Entrada en vigor<\/strong><\/span><\/h6>\n