{"id":77395,"date":"2020-11-18T21:03:01","date_gmt":"2020-11-18T20:03:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/?p=77395"},"modified":"2020-11-18T22:30:25","modified_gmt":"2020-11-18T21:30:25","slug":"enajenacion-de-bienes-concursales-tras-la-legislacion-covid-19","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/secciones\/doctrina\/articulos-doctrina\/enajenacion-de-bienes-concursales-tras-la-legislacion-covid-19\/","title":{"rendered":"Enajenaci\u00f3n de bienes concursales tras la legislaci\u00f3n COVID-19"},"content":{"rendered":"

APUNTE SOBRE ENAJENACION DE BIENES CONCURSALES TRAS LA LEGISLACI\u00d3N COVID-19<\/strong><\/h1>\n

\u00c1lvaro Jos\u00e9 Mart\u00edn Mart\u00edn,\u00a0<\/strong>Registro Mercantil de Murcia<\/strong><\/h2>\n

\u00a0<\/p>\n

\u00cdNDICE:<\/h2>\n

INTRODUCCI\u00d3N<\/strong><\/a><\/p>\n

R\u00c9GIMEN DE ENAJENACI\u00d3N DE BIENES CONCURSALES<\/strong><\/a><\/p>\n

INCIDENCIA DE LA LEGISLACION DE ALARMA<\/strong><\/a><\/p>\n

SUBASTA NOTARIAL<\/strong><\/a><\/p>\n

SUBASTA POR ENTIDAD ESPECIALIZADA<\/strong><\/a><\/p>\n

NECESIDAD DE AUTORIZACI\u00d3N JUDICIAL<\/strong><\/a><\/p>\n

CALIFICACI\u00d3N REGISTRAL<\/strong><\/a><\/p>\n

DIRECCI\u00d3N GENERAL DE SEGURIDAD JUR\u00cdDICA Y FE P\u00daBLICA<\/strong><\/a><\/p>\n

ENLACES<\/strong><\/a><\/p>\n

 <\/p>\n

<\/a>INTRODUCCI\u00d3N<\/strong><\/h2>\n

Durante 2020 la enajenaci\u00f3n de bienes concursales ha estado sometida a la Ley Concursal y, desde el 1\u00ba de septiembre, a su Texto Refundido aprobado por el R.D.Legislativo 1\/2020 de 5 de mayo,<\/strong> pero tambi\u00e9n al r\u00e9gimen excepcional derivado de la declaraci\u00f3n del estado de alarma por el R.D. 463\/2020 que, en lo que nos ocupa, se contienen en el R.D.Ley 16\/2020 de 28 de abril<\/strong><\/a> primero y, definitivamente (por ahora), en la Ley 3\/2020, de 18 de septiembre<\/strong><\/a>, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el \u00e1mbito de la Administraci\u00f3n de Justicia.<\/p>\n

No puede llamar la atenci\u00f3n que los problemas derivados de la pandemia obliguen a dictar normas concursales excepcionales dada su incidencia directa en todas las instituciones relacionadas con la econom\u00eda, con los empresarios y con los ciudadanos en general que estuvieran ya afectos a expedientes concursales o preconcursales o que, tal vez, puedan necesitar acudir a ellos para salvar la situaci\u00f3n (de hecho el B.O.E. de hoy, 18 de noviembre, publica el Real Decreto-ley 34\/2020, de 17 de noviembre<\/strong><\/a>, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energ\u00e9tico, y en materia tributaria que afecta a la legislaci\u00f3n concursal nuevamente y que viene motivado por la nueva declaraci\u00f3n del estado de alarma por R.D. 926\/2020, de 25 de octubre).<\/p>\n

En la materia a que se dedica este apunte hay que poner de relieve las notables diferencias entre el texto de la Ley 3\/2020 y su precedente directo:<\/p>\n

(i). El art. 15<\/a> del Real Decreto-ley 16\/2020, de 28 de abril,<\/strong> de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el \u00e1mbito de la Administraci\u00f3n de Justicia, en vigor en esos momentos, dijo:<\/p>\n

Art\u00edculo 15. Enajenaci\u00f3n de la masa activa.<\/em><\/p>\n

    \n
  1. En los concursos de acreedores que se declaren dentro del a\u00f1o siguiente a la declaraci\u00f3n del estado de alarma y en los que se encuentren en tramitaci\u00f3n a dicha fecha, la subasta de bienes y derechos de la masa activa deber\u00e1 ser extrajudicial, incluso aunque el plan de liquidaci\u00f3n estableciera otra cosa.<\/em><\/li>\n
  2. Se except\u00faa de lo establecido en el apartado anterior la enajenaci\u00f3n, en cualquier estado del concurso, del conjunto de la empresa o de una o varias unidades productivas, que podr\u00e1 realizarse bien mediante subasta, judicial o extrajudicial, bien mediante cualquier otro modo de realizaci\u00f3n autorizado por el juez de entre los previstos en la Ley 22\/2003, de 9 de julio, Concursal.<\/em><\/li>\n
  3. Si el juez, en cualquier estado del concurso, hubiera autorizado la realizaci\u00f3n directa de los bienes y derechos afectos a privilegio especial o la daci\u00f3n en pago o para pago de dichos bienes, se estar\u00e1 a los t\u00e9rminos de la autorizaci\u00f3n.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n

    (ii).<\/strong> Dicha redacci\u00f3n es modificada en la tramitaci\u00f3n parlamentaria por el art\u00edculo 10<\/a> de la Ley 3\/2020, de 18 de septiembre <\/strong>(en vigor desde el siguiente d\u00eda 20 de septiembre):<\/p>\n

    Art\u00edculo 10. Enajenaci\u00f3n de la masa activa.<\/p>\n

      \n
    1. En los concursos de acreedores que se declaren hasta el 14 de marzo de 2021 inclusive y en los que se encuentren en tramitaci\u00f3n a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, la subasta de bienes y derechos de la masa activa podr\u00e1 realizarse bien mediante subasta, judicial o extrajudicial, bien mediante cualquier otro modo de realizaci\u00f3n autorizado por el juez de entre los previstos en el Real Decreto Legislativo 1\/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal. Con car\u00e1cter preferente y siempre que fuere posible, la subasta se realizar\u00e1 de manera telem\u00e1tica.<\/li>\n
    2. Si el juez, en cualquier estado del concurso, hubiera autorizado la realizaci\u00f3n directa de los bienes y derechos afectos a privilegio especial o la daci\u00f3n en pago o para pago de dichos bienes, se estar\u00e1 a los t\u00e9rminos de la autorizaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n

       <\/p>\n

      <\/a>R\u00c9GIMEN DE ENAJENACI\u00d3N DE BIENES CONCURSALES<\/strong><\/h2>\n

      Excluyo de este comentario las transmisiones de bienes del activo concursal de bienes afectos al pago de cr\u00e9ditos con privilegio especial en fase com\u00fan o de convenio para centrarme en las que deben sujetarse a un plan de liquidaci\u00f3n aprobado.<\/p>\n

      \u00a0El marco normativo no var\u00eda sustancialmente de la Ley Concursal a su Texto Refundido:<\/p>\n

      – La regla general de ser precisa autorizaci\u00f3n expresa del juez para disponer de bienes concursales tiene su principal excepci\u00f3n en la aprobaci\u00f3n por el juez del plan de liquidaci\u00f3n (art. 205 TR<\/a>).<\/strong><\/p>\n

      – El plan rige todas las operaciones de liquidaci\u00f3n con el l\u00edmite de que son \u201cde necesaria aplicaci\u00f3n las reglas especiales previstas en el t\u00edtulo IV del libro I sobre la realizaci\u00f3n de bienes o derechos afectos a privilegio especial\u201d <\/em>(art. 415.3 TR<\/a>).<\/strong><\/p>\n

      – En defecto de previsi\u00f3n espec\u00edfica del plan se aplican supletoriamente los art\u00edculos 421 y 422<\/a> del Texto Refundido<\/strong> (art. 415.2 TR). <\/strong>El primero contiene a su vez una remisi\u00f3n a las disposiciones establecidas en la Ley 1\/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil<\/strong> para el procedimiento de apremio.<\/p>\n

      – En particular, la realizaci\u00f3n de bienes afectos al pago de cr\u00e9ditos con privilegio especial debe realizarse mediante subasta judicial o extrajudicial (art. 209 TR<\/a>)<\/strong> que, hasta el 14 de marzo de 2021, ser\u00e1 telem\u00e1tica siempre que sea posible (art. 10.1 ley de reforma<\/strong>) pero el plan puede prever la adjudicaci\u00f3n directa (art. 210 TR<\/a>)<\/strong> o la adjudicaci\u00f3n en pago o para pago (art. 211 TR<\/a>)<\/strong>. La diferencia fundamental estriba en que el plan no puede eludir el cumplimiento de los requisitos previstos en los art\u00edculos 210 y 211 TR. si el sistema no es el de subasta.<\/p>\n

       <\/p>\n

      <\/a>INCIDENCIA DE LA LEGISLACION DE ALARMA<\/strong><\/h2>\n

      Como se aprecia en la redacci\u00f3n del art. 15.1 del Real Decreto-ley 16\/2020, de 28 de abril transcrito al principio, el prop\u00f3sito del legislador fue descargar a los juzgados de las subastas concursales, por lo que se impuso la subasta extrajudicial aunque el plan previera la judicial.<\/p>\n

      Dicha imposici\u00f3n desaparece en la redacci\u00f3n de la Ley 3\/3020. Cabe, sin embargo, plantearse si, a pesar de ello, es posible que, una vez en vigor dicha ley, la administraci\u00f3n concursal pueda interesar la realizaci\u00f3n de bienes de forma distinta a la prevista en el plan.<\/p>\n

      Se puede objetar que habiendo aprobado el juez un plan de liquidaci\u00f3n habr\u00eda de acudirse para ello a una modificaci\u00f3n del plan sujeta a las mismas reglas de su aprobaci\u00f3n (art. 420 TR<\/a><\/strong>). Sin embargo parece que, al menos durante el periodo que concluir\u00e1 cuando llegue el plazo previsto en el art. 10, debe entenderse que este art\u00edculo innova el ordenamiento y resulta necesario precisamente porque el r\u00e9gimen de excepci\u00f3n temporal que establece permite al administrador concursal solicitar y al juzgado concursal acordar que, pese a no estar previsto en un plan de liquidaci\u00f3n aprobado antes del R.D. Ley 16\/2020, la realizaci\u00f3n del activo concursal se lleve a cabo mediante subasta extrajudicial o por los alguno de los dem\u00e1s procedimientos previstos en el TR. Ley Concursal.<\/p>\n

      Interpretado as\u00ed el art. 10<\/a> de la Ley 3\/2020, me interesa ahora detenerme en el caso de que se desee realizar los activos del concurso mediante una subasta que no se tramite en el juzgado.<\/p>\n

      En mi opini\u00f3n esta subasta puede ser notarial o por medio de entidad especializada siempre que se cumpla la regla fundamental de que no queden al arbitrio del administrador concursal ni de la entidad especializada las condiciones de la subasta sino que sea el propio juzgado que aprob\u00f3 el plan de liquidaci\u00f3n el que autorice las condiciones en que se debe celebrar la subasta, en particular cuando no sea notarial, teniendo en cuenta que la aplicaci\u00f3n supletoria en estos casos de la Ley de Enjuiciamiento Civil no resuelve problemas fundamentales como la garant\u00eda de la adecuada publicidad de la subasta, de los bienes subastados y del resultado de la misma que la L.E.C. encomienda (art. 641.3<\/a>) a una regulaci\u00f3n reglamentaria que habr\u00e1 de ser sustituida por las previsiones del plan o, en el caso de aceptarse la tesis que defiendo, de la autorizaci\u00f3n judicial que excepcione las previsiones del plan.<\/p>\n

      \u00a0Creo que debe incluirse aqu\u00ed una referencia, aunque sea muy somera, a estos procedimientos de subasta alternativos.<\/p>\n

      \u00a0<\/p>\n

      <\/a>SUBASTA NOTARIAL<\/strong><\/h2>\n

      La subasta notarial est\u00e1 indudablemente admitida como forma de realizaci\u00f3n de bienes afectos al pago de cr\u00e9ditos con privilegio especial.<\/p>\n

      \u00a0Aunque, al igual que sucede con las subastas judiciales, el plan puede regular de la forma que tenga por conveniente las reglas aplicables en este caso, debe advertirse que la doctrina de la Direcci\u00f3n General de Seguridad Jur\u00eddica y Fe P\u00fablica considera que las disposiciones sobre subastas notariales, sean o no voluntarias incluidas en la Ley del Notariado, reformada por la Ley 19\/2015 (art\u00edculos 72 a 77<\/a>) son materia de orden p\u00fablico sin que la administraci\u00f3n concursal pueda alterar el procedimiento (Resoluci\u00f3n de 2 de enero de 2019).<\/p>\n

      \u00a0<\/p>\n

      <\/a>SUBASTA POR ENTIDAD ESPECIALIZADA<\/strong><\/h2>\n

      La realizaci\u00f3n de bienes concursales, afectos o no afectos, puede encomendarse a una entidad especializada, exista o no exista plan de liquidaci\u00f3n:<\/p>\n

      \u00a0-Si no existe porque la aplicaci\u00f3n supletoria de la LEC (art. 421.1 TR.<\/a>) <\/strong>habilita la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 641 L.E.C<\/a>. <\/strong>que dedica la mayor parte de su contenido a la tramitaci\u00f3n de subastas por entidades especializadas mencionando expresamente como tales a los Colegios de Procuradores.<\/p>\n

      – Si existe porque a la previsi\u00f3n espec\u00edfica contenida el art\u00edculo 216.1 del TR<\/a>. <\/strong>se une ahora el art. 10 de la Ley 3\/2020.<\/strong><\/p>\n

      El art\u00edculo 216.1 del TR dice que: \u201cEn cualquier estado del concurso o cuando la subasta quede desierta, el juez, mediante auto, podr\u00e1 autorizar<\/strong> la enajenaci\u00f3n directa del conjunto de la empresa o de una o varias unidades productivas o la enajenaci\u00f3n a trav\u00e9s de persona o de entidad especializada<\/strong>.<\/em> Por su parte el art. 10 de la Ley 3\/2020 autoriza para la realizaci\u00f3n de toda clase de bienes, formen parte o no de un conjunto, que se empleen los procedimientos previstos en el Texto Refundido de la Ley Concursal.<\/p>\n

      A su vez una de las formas que puede elegir la entidad especializada para cumplir el encargo que se le hace es la de convocar subasta p\u00fablica, de hecho en el mercado del arte es, seguramente, la forma m\u00e1s usual de venta.<\/p>\n

      Hay que tener en cuenta que, como antes dije, si se trata de bienes afectos a cr\u00e9ditos con privilegio especial solo cuando se celebre subasta podr\u00e1n eludirse las normas antes enunciadas con las que se protegen sus derechos en caso de adjudicaci\u00f3n directa, adjudicaci\u00f3n en pago o adjudicaci\u00f3n para pago.<\/p>\n

      \u00a0<\/strong><\/p>\n

      <\/a>NECESIDAD DE AUTORIZACI\u00d3N JUDICIAL<\/strong><\/h2>\n

      La condici\u00f3n que se prev\u00e9 tanto en el art. 216 TR<\/a>. como en el art. 10 de la Ley 3\/2020 es que la administraci\u00f3n concursal obtenga autorizaci\u00f3n judicial. <\/strong>Lo mismo cabe decir respecto de la subasta notarial no prevista en el plan, lo que sucede es que, como sabemos, \u00e9sta aparece regulada en sus aspectos esenciales en la Ley del Notariado.<\/p>\n

      \u00a0En definitiva entiendo que durante el periodo previsto en el art. 10.1 de la Ley 3\/2020 si las circunstancias lo aconsejan, aunque no est\u00e9 previsto en el plan, la administraci\u00f3n concursal podr\u00e1 solicitar del juzgado que autorice la subasta por entidad especializada, acordando al mismo tiempo las modificaciones que procedan respecto de las prevenidas en el plan de liquidaci\u00f3n y en el art\u00edculo 641 L.E.C<\/strong>. que tiene car\u00e1cter supletorio y se aplicar\u00e1 necesariamente en los aspectos no regulados en la autorizaci\u00f3n, aspecto este que debe tenerse muy en cuenta.<\/p>\n

      Por eso parece importante que si la administraci\u00f3n concursal somete a la aprobaci\u00f3n del juzgado la subasta por entidad especializada incluya todos aquellos extremos en que la especialidad del procedimiento concursal exija apartarse de las reglas de la L.E.C. que sean susceptibles de ello.<\/p>\n

      En todo caso, en mi opini\u00f3n, si los bienes subastados son inmuebles se requiere para que la transmisi\u00f3n resultante sea inscribible que se formalice en t\u00edtulo p\u00fablico, sea judicial o notarial y, en todo caso, que se dicte por el juzgado concursal el decreto\/auto de cancelaci\u00f3n de las cargas que graven los bienes concursales que prev\u00e9 el art. 225 del TR<\/a>. <\/strong>Trat\u00e1ndose de bienes afectos al pago de cr\u00e9ditos especialmente privilegiados por raz\u00f3n de garant\u00edas reales que han de ser canceladas por mandato del juzgado en todo caso, ser\u00eda temerario que se desarrolle una subasta distinta de la prevista en el plan sin saber si el juzgado aceptar\u00e1 o no aceptar\u00e1 su resultado, neg\u00e1ndose en este caso a admitir la exclusi\u00f3n del activo y, obviamente, a ordenar cancelaci\u00f3n alguna.<\/p>\n

      \u00a0<\/p>\n

      <\/a>CALIFICACI\u00d3N REGISTRAL<\/strong><\/h2>\n

      TRIBUNAL SUPREMO.<\/strong><\/p>\n

      La jurisprudencia del Tribunal Supremo<\/strong> reconoce sin ning\u00fan g\u00e9nero de duda que es obligaci\u00f3n del registrador de la propiedad rechazar la inscripci\u00f3n de aquellas transmisiones de bienes concursales que:<\/p>\n

      (i) No se ajusten al plan de liquidaci\u00f3n<\/strong>, por lo que est\u00e1 facultado para exigir que se le acredite el contenido del plan o de la autorizaci\u00f3n que justifica lo actuado en el documento presentado a inscripci\u00f3n.<\/p>\n

      \u00a0La <\/strong>sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo n\u00fam. 315\/2019, de 4 de junio<\/strong><\/a> en doctrina perfectamente trasladable al caso dice:<\/p>\n

      \u201cCon car\u00e1cter general, la apertura de la liquidaci\u00f3n levanta la prohibici\u00f3n de disponer bienes del concursado prevista en el art. 43 LC. La realizaci\u00f3n de los activos del deudor concursado viene regulada en los arts. 146bis y ss. LC. En concreto, existen unas reglas generales en el art. 149 LC, que operan en defecto de las espec\u00ed\ufb01camente aprobadas por el juez en el plan de liquidaci\u00f3n (art. 148 LC ). El actual art. 149.2 LC prev\u00e9 que \u00ablos bienes o derechos del concursado se enajenar\u00e1n, seg\u00fan su naturaleza, conforme a las previsiones contenidas en el plan de liquidaci\u00f3n y, en su defecto, por las disposiciones previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil para el procedimiento de apremio\u00bb. Del conjunto de la normativa se desprende que la enajenaci\u00f3n de bienes inmuebles debe realizarse por la v\u00eda de apremio, por subasta, salvo que el juez del concurso haya autorizado la venta directa, ya sea al aprobar un plan de liquidaci\u00f3n ya sea de forma espec\u00ed\ufb01ca para ese acto<\/strong>. Por ello una venta directa de bienes del concursado debe contar con la resoluci\u00f3n judicial que lo autoriza, ya sea la expresa para esa venta ya sea la general de aprobaci\u00f3n del plan de liquidaci\u00f3n que lo comprende. El registrador puede controlar esta exigencia legal al cali\ufb01car la escritura de venta directa. Pero el control afecta a la existencia de esa autorizaci\u00f3n judicia<\/strong>l, no al cumplimiento de otros requisitos o condiciones que pudieran haberse previsto en el plan de liquidaci\u00f3n y que presupongan una valoraci\u00f3n jur\u00eddica que no le corresponde, como pudieran ser los t\u00e9rminos y condiciones de la venta previstos en el plan. De ah\u00ed que el registrador, para corroborar la existencia de la autorizaci\u00f3n judicial de venta directa (la espec\u00ed\ufb01ca o la general de aprobaci\u00f3n del plan de liquidaci\u00f3n), deba exigir su aportaci\u00f3n junto con la escritura. Y , por ello,<\/em> la cali\ufb01caci\u00f3n negativa del registrador, que suspende la inscripci\u00f3n mientras no se aporte el plan de liquidaci\u00f3n o una resoluci\u00f3n espec\u00ed\ufb01ca que autorizara la venta directa en ese caso, se acomoda a lo previsto en el art. 118 LH\u201d. (<\/em>Destacado en negrita por el autor).<\/p>\n

      (ii) O que, ajust\u00e1ndose<\/strong>, no hayan respetado los derechos de los titulares de cr\u00e9ditos con privilegio especial, tanto respecto del destino del producto de la enajenaci\u00f3n como del procedimiento para realizarla<\/strong>.<\/p>\n

      Dice en este sentido la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo n\u00fam. 625\/2017, de 21 de noviembre<\/strong>:<\/em><\/p>\n

      \u00a0\u201c4. En la medida en que la cancelaci\u00f3n de la hipoteca supone la extinci\u00f3n del derecho del acreedor hipotecario, y esta cancelaci\u00f3n es consecuencia de una venta o enajenaci\u00f3n directa, la registradora puede revisar si, al haberse optado por esta forma de realizaci\u00f3n, en el mandamiento o el auto que autoriz\u00f3 la realizaci\u00f3n constan cumplidos los requisitos del art. 155.4 LC . Esta funci\u00f3n revisora debe hacerse en el marco de la funci\u00f3n cali\ufb01cadora que con car\u00e1cter general le con\ufb01ere al registrador el art. 18 LH , y m\u00e1s en particular respecto de los documentos expedidos por la autoridad judicial el art. 100 RH<\/strong> . Conforme al art. 18 LH , el registrador de la propiedad debe cali\ufb01car, bajo su responsabilidad, la legalidad de las formas extr\u00ednsecas de los documentos en cuya virtud se solicita la inscripci\u00f3n, as\u00ed como la capacidad de los otorgantes y validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras p\u00fablicas por lo que resulte de ellas y de los asientos registrales. Y , en relaci\u00f3n con la inscripci\u00f3n de los mandamientos judiciales, el art. 100 RH dispone que la cali\ufb01caci\u00f3n registral se limitar\u00e1 a la competencia del juzgado o tribunal, a la congruencia del mandamiento con el procedimiento o juicio en que se hubiera dictado, a las formalidades extr\u00ednsecas del documento presentado y a los obst\u00e1culos que surjan del Registro. Est\u00e1 funci\u00f3n cali\ufb01cadora no le permite al registrador revisar el fondo de la resoluci\u00f3n judicial en la que se basa el mandamiento de cancelaci\u00f3n, esto es no puede juzgar sobre su procedencia. Pero s\u00ed comprobar que el mandamiento judicial deje constancia del cumplimiento de los requisitos legales que preservan los derechos de los titulares de los derechos inscritos en el registro cuya cancelaci\u00f3n se ordena por el tribunal. De tal forma que en un caso como el presente, respecto de lo que constituye la funci\u00f3n cali\ufb01cadora de la registradora, lo relevante es que el mandamiento judicial deje constancia del cumplimiento de los requisitos del art. 155.4 LC , en relaci\u00f3n con los acreedores hipotecarios afectados por la venta directa del bien hipotecado<\/strong><\/em>\u201d (<\/em>destacado en negrita por el autor).<\/p>\n

      \u00a0No hace falta subrayar la transcendencia de esta doctrina que rechaza la inscripci\u00f3n de transmisiones que se ajustan al plan de liquidaci\u00f3n (lo mismo suceder\u00eda respecto de una autorizaci\u00f3n singular obviamente) en el caso de ignorarse los derechos de los acreedores privilegiados que, a tenor del art. 415.3 TR.<\/strong> deben ser en todo caso respetados.<\/p>\n

       <\/p>\n

      <\/a>DIRECCI\u00d3N GENERAL DE SEGURIDAD JUR\u00cdDICA Y FE P\u00daBLICA<\/strong><\/h2>\n

      \u00a0A su vez la doctrina de la Direcci\u00f3n General de Seguridad Jur\u00eddica y Fe P\u00fablica<\/strong> considera que si no se cumplen las reglas del plan de liquidaci\u00f3n no se producen los efectos traslativos pretendidos por las partes y, consecuentemente, el documento no es inscribible.<\/p>\n

      \u00a0Dice en este sentido la Resoluci\u00f3n de 2 de enero de 2019<\/strong><\/a> (B.O.E. de 5 de febrero de 2019):<\/p>\n

      \u201c(\u2026)Abierta la liquidaci\u00f3n, el poder de representaci\u00f3n del administrador concursal<\/strong> de ese patrimonio aut\u00f3nomo -no personificado-, propiedad del deudor, afecto a la satisfacci\u00f3n de los acreedores concursales, que es la masa activa, no deriva de la<\/em> p\u00e9rdida de las facultades de administraci\u00f3n y disposici\u00f3n por parte de la sociedad concursada, aunque sea consecuencia de ella, sino que deriva directamente de la Ley, que lo determina y configura<\/strong>. As\u00ed, mientras que el nombramiento de este representante es competencia exclusiva del juez, el \u00e1mbito del poder de representaci\u00f3n no lo fija la autoridad judicial, sino las normas legales,<\/strong> ya que la representaci\u00f3n que ostenta el administrador concursal es una representaci\u00f3n legal, aunque el poder de representaci\u00f3n que ostenta el administrador concursal para esas enajenaciones no est\u00e1 en funci\u00f3n del cumplimiento de las reglas contenidas en el plan de liquidaci\u00f3n<\/strong>. Cuando se infrinjan esas reglas, los efectos de la infracci\u00f3n ser\u00e1n los previstos por el ordenamiento jur\u00eddico, pero ello no afecta al poder de representaci\u00f3n de quien liquida; y en tales casos no es que el administrador concursal actuara sin poder (art\u00edculo 1259 del C\u00f3digo Civil), sino que, si hubiera habido infracci\u00f3n, fuera de requisitos sustantivos, fuera de requisitos procesales, la enajenaci\u00f3n realizada no podr\u00eda producir los efectos traslativos pretendidos por las partes<\/strong>. <\/em><\/p>\n

      En el sistema concursal espa\u00f1ol vigente, abierta la denominada \u00abfase de liquidaci\u00f3n\u00bb, la liquidaci\u00f3n de los bienes y derechos que integran la masa activa tiene que realizarse, bien conforme al plan de liquidaci\u00f3n aprobado por el juez del concurso (art\u00edculo 148 de la Ley Concursal), bien conforme a las reglas legales supletorias (art\u00edculo 149 de la Ley Concursal). Esta alternativa entre liquidaci\u00f3n con arreglo al plan o, a las reglas legales supletorias, pone de manifiesto la existencia de una clara opci\u00f3n de pol\u00edtica legislativa dirigida a evitar que la administraci\u00f3n concursal opere discrecionalmente en la fase espec\u00edficamente predispuesta para la conversi\u00f3n en dinero de los bienes y derechos que integran el patrimonio concursal<\/strong> que, en cuanto patrimonio de afectaci\u00f3n, est\u00e1 destinado a la satisfacci\u00f3n de los acreedores concursales clasificados en distintas categor\u00edas. El r\u00e9gimen legal s\u00f3lo opera en defecto de aprobaci\u00f3n judicial del plan de liquidaci\u00f3n presentado por la administraci\u00f3n concursal.<\/em><\/p>\n

      La administraci\u00f3n concursal, dentro de las reglas legales imperativas, tiene una amplia discrecionalidad para configurar el modo de liquidaci\u00f3n de los bienes y derechos de la masa activa. Pero el ejercicio de esta libertad condiciona la actuaci\u00f3n de este \u00f3rgano para el futuro. Aprobado el plan por el juez del concurso, la administraci\u00f3n concursal debe proceder a la realizaci\u00f3n de los bienes y derechos que integran la masa activa conforme a las reglas establecidas en el plan aprobado. Las reglas de liquidaci\u00f3n contenidas en el plan aprobado por el juez no tienen como finalidad la tutela del inter\u00e9s individual de uno o varios acreedores, sino el inter\u00e9s colectivo de la masa pasiva<\/strong>.\u201d (<\/em>Destacado en negrita por el autor).<\/p>\n

      De ah\u00ed la importancia que, tambi\u00e9n en orden a la viabilidad registral de la realizaci\u00f3n por entidad especializada, tiene que lo que se aparte del plan est\u00e9 expresamente autorizado por el juzgado. Lo no previsto en la autorizaci\u00f3n o que no se deduzca con claridad que es consecuencia de lo amparado en ella habr\u00e1 de ser estricto cumplimiento de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no queda a la discreci\u00f3n de la administraci\u00f3n concursal suplir las lagunas.<\/p>\n

      18 de noviembre de 2020<\/p>\n

      \u00c1lvaro Jos\u00e9 Mart\u00edn Mart\u00edn<\/p>\n

      Registrador Mercantil de Murcia<\/p>\n

       <\/p>\n

      <\/a>ENLACES:<\/h2>\n