{"id":80311,"date":"2021-03-02T00:09:11","date_gmt":"2021-03-01T23:09:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/?p=80311"},"modified":"2024-05-18T13:01:20","modified_gmt":"2024-05-18T11:01:20","slug":"resoluciones-cataluna-2021","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/resoluciones\/cataluna-resoluciones\/resoluciones-cataluna-2021\/","title":{"rendered":"Resoluciones Catalu\u00f1a 2021"},"content":{"rendered":"

\u00a0<\/h1>\n

<\/a>RESOLUCIONES 2021 DE LA DIRECCI\u00d3N GENERAL DE DERECHO Y ENTIDADES JUR\u00cdDICAS DE CATALU\u00d1A<\/span>\u00a0<\/h1>\n

<\/a>POR\u00a0<\/span><\/strong>POR TERESA BEATRIZ S\u00c1NCHEZ HERN\u00c1NDEZ\u00a0<\/span><\/h2>\n

REGISTRADORA DE SANT FELIU DE LLOBREGAT<\/strong><\/h2>\n

 <\/p>\n<\/a>

15.() CONTROVERSIA ENTRE REGISTRADORES SOBRE EL REGISTRO CONCRETO EN EL QUE DEBE FIGURAR UNA DETERMINADA FINCA<\/strong><\/span><\/h6>\n

Resoluci\u00f3n de 18 de noviembre<\/a> de 2021, que resuelve el recurso interpuesto por la registradora de la propiedad titular del Registro de la Propiedad n\u00famero 12 de Barcelona contra la nota de denegaci\u00f3n del registrador de la propiedad titular del Registro de la Propiedad n\u00famero 11 de Barcelona que deniega la expedici\u00f3n del certificado del historial de una finca a los efectos de su traslado. (DOGC 30\/11\/2021)<\/p>\n

Resumen:<\/strong> Resoluci\u00f3n id\u00e9ntica a la publicada el 13 de octubre de 2021<\/a> y planteada entre los mismos registradores en la que, tras reconocer la competencia de la Generalitat para la resoluci\u00f3n del recurso, resuelve la duda surgida sobre el Registro en el que debe inscribirse una finca determinada que actualmente figura inscrita en dos registros diferentes por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 2 RH en su redacci\u00f3n anterior.<\/span><\/p>\n

https:\/\/dogc.gencat.cat\/es\/document-del-dogc\/?documentId=915297<\/a><\/p>\n<\/a>

14.*** MODIFICACI\u00d3N DE ESTATUTOS DE UNA PROPIEDAD HORIZONTAL POR LA QUE SE ESTABLECE LA PROHIBICI\u00d3N DE REALIZAR DETERMINADAS ACTIVIDADES EN EL EDIFICIO.<\/span><\/h6>\n

Resoluci\u00f3n de 9 de noviembre,<\/a> dictada en el recurso gubernativo interpuesto por una Comunidad de Propietarios contra la nota de calificaci\u00f3n negativa de la registradora de la propiedad titular del Registro de la Propiedad n\u00fam. 24 de Barcelona que suspende la inscripci\u00f3n de una escritura de modificaci\u00f3n de estatutos de propiedad horizontal. (DOGC 17\/11\/2021).<\/p>\n

Resumen<\/strong>: La modificaci\u00f3n de estatutos de una propiedad horizontal para prohibir determinadas actividades no requiere el voto favorable de todos los propietarios pues la falta de una norma que concrete qu\u00e9 usos se pueden prohibir con el voto del 80% hace necesario acudir a los principios generales que informan el Derecho catal\u00e1n, uno de los cuales, es la limitaci\u00f3n de la unanimidad a casos muy puntuales, establecidos por ley.<\/span><\/p>\n

Hechos: <\/strong>Se presenta escritura de elevaci\u00f3n a p\u00fablico de acuerdo adoptado por una Comunidad de propietarios por el que se establece la prohibici\u00f3n de destinar los departamentos privativos del edificio a actividades de colegios, hoteler\u00eda, usos tur\u00edsticos, fonda, pensi\u00f3n, bar, discoteca, cl\u00ednica que implique hospitalizaci\u00f3n de enfermos ni a ejercer industria alguna o a dedicarse a asociaciones de ning\u00fan tipo, ni a burdeles o tiendas de sexo. Los locales comerciales del inmueble podr\u00e1n ejercer las actividades que est\u00e9n autorizadas por las normativas vigentes y licencias de actividad correspondientes. Dicho acuerdo se adopta con el voto en contra de un propietario (sobre 14) que representa el coeficiente de 4,42 % del edificio.<\/p>\n

La Registradora <\/strong>suspende la inscripci\u00f3n porque toda prohibici\u00f3n diferente del uso tur\u00edstico y al desarrollo de actividades prohibidas en los estatutos que resulten da\u00f1inas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o il\u00edcitas requiere la unanimidad, real o presunta, de los propietarios de la Comunidad, por lo cual, con respecto a las limitaciones sobre los pisos para dedicarse a colegio, academia, ni ejercer ning\u00fan tipo de industria ni dedicarse a asociaciones, cualquiera que sea su car\u00e1cter, se requiere para inscribirla el acuerdo un\u00e1nime de los propietarios con derecho de voto.<\/p>\n

Argumenta la Registradora que el art\u00edculo 553-26 del CCC exige la mayor\u00eda de 4\/5 partes para modificar los estatutos, pero no regula la mayor\u00eda necesaria para prohibir usos en elementos privativos. Este silencio debe cubrirse acudiendo a la legislaci\u00f3n estatal, concretamente el art 17.12 de la Ley de propiedad horizontal.<\/p>\n

El interesado<\/strong> recurre y alega, en esencia, que 1) Que la legislaci\u00f3n catalana considera v\u00e1lida la cl\u00e1usula estatutaria que limita las actividades que se pueden llevar a cabo en los elementos privativos, y 2) Que la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 17.12 de la Ley estatal de propiedad horizontal desvirt\u00faa y deja sin efecto la aplicaci\u00f3n preferente del C\u00f3digo civil de Catalu\u00f1a.<\/p>\n

La DGDEJ<\/strong> estima el recurso y revoca la nota de la registradora.<\/p>\n

Doctrina<\/strong>:<\/p>\n

1\u00ba) La aplicaci\u00f3n preferente del derecho civil de Catalu\u00f1a<\/u><\/p>\n

El art\u00edculo 111-5 del CCC establece que \u201cLas disposiciones del derecho civil de Catalu\u00f1a se aplican con preferencia a cualesquiera otras. El derecho supletorio solo rige en la medida en que no se opone a las disposiciones del derecho civil de Catalu\u00f1a o a los principios generales que lo conforman\u201d. Dicho de otra manera, el simple silencio de la ley catalana sobre una cuesti\u00f3n concreta no puede ser considerado como una\u00a0laguna<\/em>, que solo existir\u00e1 cuando no exista regulaci\u00f3n catalana en una materia en la que deber\u00eda haber regulaci\u00f3n.<\/p>\n

La\u00a0supletoriedad<\/em>\u00a0de la legislaci\u00f3n estatal se predica de las materias susceptibles de ser reguladas por la legislaci\u00f3n catalana, pero que no lo han sido y mientras no lo sean. No se predica de instituciones o cuestiones relativas a una materia ya regulada por la legislaci\u00f3n catalana porque el ejercicio de la competencia legislativa excluye la aplicaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n estatal.<\/p>\n

Por lo tanto, dado que la Generalitat de Catalunya tiene competencia exclusiva en materia de derechos reales y dado que ha ejercitado esta competencia mediante la regulaci\u00f3n del libro quinto del C\u00f3digo civil, no procede de ninguna manera la aplicaci\u00f3n supletoria de la legislaci\u00f3n estatal en esta misma materia, con el pretexto de que se trata de enmendar sus lagunas u omisiones.<\/p>\n

2\u00ba) La introducci\u00f3n de nuevas restricciones por modificaci\u00f3n del t\u00edtulo inicia<\/u>l<\/p>\n

La cuesti\u00f3n que se discute es si una modificaci\u00f3n del t\u00edtulo o de los estatutos puede establecer\u00a0ex novo<\/em>\u00a0restricciones sin el consentimiento del propietario del elemento privativo afectado, un propietario que lo adquiri\u00f3 en un momento en que no exist\u00eda la restricci\u00f3n que ahora se establece y que, por lo tanto, ve restringidas sus facultades de uso por una norma\u00a0ex post facto<\/em>\u00a0en la cual no ha consentido.<\/p>\n

Esta cuesti\u00f3n fue tratada en relaci\u00f3n con las viviendas de uso tur\u00edstico en varias resoluciones (14 de julio y 15 de octubre de 2015, 25 de octubre de 2016). En ellas se dijo que es posible modificar los estatutos de la propiedad horizontal por la mayor\u00eda de cuatro quintas partes que establece el art\u00edculo 553-26.2 del CCC pero que hac\u00eda falta respetar lo que impon\u00eda el art\u00edculo 553-25.4: \u201cLos acuerdos que […] priven a cualquier propietario de las facultades de uso y disfrute de elementos comunes […] requieren el consentimiento de los propietarios afectados\u201d.<\/p>\n

Lo anterior unido a la necesidad de tratar de manera equitativa a) los derechos de la comunidad a regular la adecuada convivencia en el edificio y b) los derechos de los propietarios de elementos privativos a ejercer\u00a0todas las facultades del derecho de la propiedad;\u00a0hac\u00eda llegar a la conclusi\u00f3n de que los propietarios disidentes pueden seguir usando el elemento privativo de manera ajustada a la que establec\u00edan los estatutos cuando lo adquirieron mientras sean propietarios. Ahora bien, cuando se transmita la finca, los adquirentes, que tienen conocimiento de la limitaci\u00f3n por el Registro, ya no pueden iniciar el uso prohibido o, si es el caso, tienen que cesar. Solo se except\u00faan de esta norma los acuerdos a que se refiere art\u00edculo 553-25.4 del CCC que nunca afectar\u00e1n ni de presente ni de futuro los elementos privativos si sus titulares no lo consienten expresamente. En definitiva, la limitaci\u00f3n de uso aprobada con el voto favorable de m\u00e1s del 80 % es inscribible.<\/p>\n

Contra la conclusi\u00f3n anterior no se puede objetar, como hace la registradora, que como la ley catalana no concreta qu\u00e9 usos se pueden prohibir con el voto favorable del 80 % es necesario ir a buscar una soluci\u00f3n en la ley supletoria. Uno de los principios que se extraen con facilidad de la normativa catalana en materia de comunidad, tanto la ordinaria como las especiales, es la ruptura del principio de unanimidad. Precisamente la exposici\u00f3n de motivos de la Ley 5\/2006, que aprob\u00f3 el libro quinto, al referirse a la regulaci\u00f3n de la propiedad horizontal, destacaba que las disposiciones relativas al funcionamiento de la junta de propietarios se adaptan \u201ca las necesidades que la experiencia de los a\u00f1os y la evoluci\u00f3n de la legislaci\u00f3n hac\u00edan imprescindibles, entre los cuales destaca la limitaci\u00f3n del principio de unanimidad a casos muy puntuales\u201d. Esta limitaci\u00f3n del principio de unanimidad a\u00a0casos muy puntuales,<\/em>\u00a0expresamente establecidos por la ley, es, por lo tanto, tambi\u00e9n un principio general de derecho que inspira la regulaci\u00f3n del C\u00f3digo civil en materia de propiedad horizontal, que debe tenerse en cuenta en la resoluci\u00f3n del presente supuesto y que, por descontado, impide la aplicaci\u00f3n supletoria de la legislaci\u00f3n estatal defendida por la registradora.<\/p>\n

https:\/\/dogc.gencat.cat\/es\/document-del-dogc\/?documentId=914486<\/a><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n<\/a>

<\/a>13.() CONTROVERSIA ENTRE REGISTRADORES SOBRE EL REGISTRO CONCRETO EN EL QUE DEBE FIGURAR UNA DETERMINADA FINCA<\/span><\/h6>\n

Resoluci\u00f3n de 13 de octubre por la que se resuelve el recurso interpuesto por la registradora de la propiedad titular del Registro de la Propiedad de Barcelona n\u00fam. 12 contra la nota de denegaci\u00f3n del registrador de la propiedad titular del Registro de la Propiedad de Barcelona n\u00fam. 11 que deniega la expedici\u00f3n del certificado del historial de una finca a los efectos de su traslado. (DOGC 26\/10\/2021).<\/p>\n

Resumen:<\/strong> Resoluci\u00f3n muy similar a otras previamente publicadas, como la de 29 de abril de 2021<\/a>, en la que se resuelve la duda surgida sobre el Registro en el que debe inscribirse una finca determinada que actualmente figura inscrita en dos registros diferentes por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 2 RH en su redacci\u00f3n anterior. <\/span><\/p>\n

De esta resoluci\u00f3n interesa destacar los siguientes aspectos:<\/p>\n

1\u00ba) No nos hallamos propiamente ante un recurso gubernativo<\/u> contra una calificaci\u00f3n registral que se tenga que tramitar de acuerdo con los art\u00edculos 322 y siguientes de la Ley hipotecaria y de acuerdo con la Ley 5\/2009, de 28 de abril, sino como un recurso para resolver las dudas planteadas sobre el traslado del historial de una finca ya inscrita de un registro a otro.<\/p>\n

La solicitud que formula la registradora, con la finalidad de que otro registrador emita una certificaci\u00f3n literal, no se puede considerar incluida entre los t\u00edtulos inscribibles que pueden acceder al Registro, seg\u00fan el art\u00edculo 2 de la Ley hipotecaria. Tampoco se trata de un documento relativo al dominio o a otros derechos sobre bienes inmuebles, sino sobre la procedencia que conste dentro de una u otra circunscripci\u00f3n registral, seg\u00fan la demarcaci\u00f3n existente, establecida de acuerdo con la normativa aplicable. Igualmente, no hay, en rigor, una calificaci\u00f3n como la que prev\u00e9 el art\u00edculo 18 de la ley mencionada, orientada a confirmar o desmentir la legalidad de las formas extr\u00ednsecas de los documentos de todo tipo, as\u00ed como la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos que contienen las escrituras p\u00fablicas.<\/p>\n

2\u00ba) En Catalu\u00f1a el \u00f3rgano competente para resolver una controversia entre registradores que no tiene el car\u00e1cter de recurso gubernativo es la Generalitat<\/u> con fundamento en el art 147.1.c del Estatuto de autonom\u00eda de Catalu\u00f1a que le atribuye: \u201cEl establecimiento de las demarcaciones notariales y registrales, incluida la determinaci\u00f3n de los distritos hipotecarios y de los distritos de competencia territorial de los notarios.\u201d.<\/p>\n

En el ejercicio de dicha competencia, el Gobierno de la Generalidad dict\u00f3 el Decreto 69\/2015, de 5 de mayo, por el que se modifica la demarcaci\u00f3n de los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles de Catalu\u00f1a cuya disposici\u00f3n final segunda, apartado tercero, establece que \u201cSe autoriza al director o directora general competente en materia de notar\u00edas y registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles a resolver las dudas sobre los l\u00edmites f\u00edsicos de la demarcaci\u00f3n que puedan surgir en su ejecuci\u00f3n pr\u00e1ctica; atribuir a un registro determinado las adscripciones, segregaciones, cambios o alteraciones administrativas de t\u00e9rminos municipales, o resolver cualesquiera otros problemas relativos a la demarcaci\u00f3n que los registradores afectados sometan a consulta.\u201d.<\/p>\n

3\u00ba) En cuanto a la cuesti\u00f3n de fondo planteada la DGDEJM desestima el recurso con fundamento en el art\u00edculo 2 del RH<\/u>. Hasta la modificaci\u00f3n del citado art\u00edculo, producida por el Real decreto 195\/2017, de 3 de marzo la finca pertenec\u00eda a ambas circunscripciones registrales. A partir de esta reforma ya no ser\u00e1 posible la doble competencia registral, sino la competencia \u00fanica, ya que la reforma impone el criterio legal de atribuir la competencia al registro que tenga la porci\u00f3n de la parcela de mayor cabida. De acuerdo con este criterio dado que el edificio del que es parte la finca est\u00e1 ubicado en su mayor parte dentro del antiguo t\u00e9rmino municipal de Sant Joan d’Horta, corresponde al Registro n\u00famero 11 de los de Barcelona.<\/p>\n

https:\/\/dogc.gencat.cat\/es\/document-del-dogc\/?documentId=912988<\/a><\/p>\n<\/a>

12.* LICENCIA DE SEGREGACI\u00d3N Y REPRESENTACI\u00d3N GR\u00c1FICA GEORREFERENCIADA DE LA PORCI\u00d3N SEGREGADA<\/strong><\/span><\/h6>\n

RESOLUCI\u00d3N de 21 de septiembre 2021 dictada en el recurso gubernativo interpuesto contra la nota de calificaci\u00f3n de la registradora de la propiedad titular del Registro de la Propiedad de Sort que suspende la inscripci\u00f3n de una escritura de compraventa. (DOGC 01\/10\/2021)<\/p>\n

Resumen:<\/strong> La inscripci\u00f3n de escritura de compraventa de un edificio integrado en una finca requiere la correspondiente autorizaci\u00f3n administrativa de segregaci\u00f3n \u2013o, si procede, la declaraci\u00f3n de innecesariedad\u2013, con la representaci\u00f3n gr\u00e1fica georreferenciada de los v\u00e9rtices de la porci\u00f3n segregada.<\/span><\/p>\n

Hechos<\/strong>: Se presenta escritura en la que las partes elevan a publico el contrato privado de compraventa de un edificio de dos plantas y una buhardilla que hac\u00eda las funciones de taller y refugio de las brigadas que daban servicio a una l\u00ednea el\u00e9ctrica, edificio que est\u00e1 integrado en la finca registral 1044.<\/p>\n

La Registradora<\/strong> suspende la inscripci\u00f3n porque no se aporta la correspondiente autorizaci\u00f3n administrativa de segregaci\u00f3n \u2013o, si procede, la declaraci\u00f3n de innecesariedad\u2013, con la representaci\u00f3n gr\u00e1fica georreferenciada de los v\u00e9rtices de la porci\u00f3n segregada.<\/p>\n

La parte compradora<\/strong> recurre y manifiesta que la inscripci\u00f3n de la finca registral 1044 se practic\u00f3 como una concesi\u00f3n administrativa. Esta inscripci\u00f3n habla de una l\u00ednea de transporte de energ\u00eda el\u00e9ctrica establecida mediante una concesi\u00f3n administrativa otorgada por la administraci\u00f3n competente en la materia, de manera que la compraventa se tiene que inscribir sin necesidad de ning\u00fan acto de fiscalizaci\u00f3n por parte de la administraci\u00f3n urban\u00edstica competente. La finca inscrita constituye una l\u00ednea de transporte de energ\u00eda el\u00e9ctrica que disfruta de dicha concesi\u00f3n administrativa, y no una porci\u00f3n de terreno o suelo como espacio f\u00edsico que constituye una parcela, y que el edificio vinculado que se describe en la inscripci\u00f3n lo es como \u201cun edificio destinado al servicio de la l\u00ednea\u201d y, de acuerdo con el art\u00edculo 67 del RH, constituye un elemento de la explotaci\u00f3n, que en s\u00ed mismo ya constituye una porci\u00f3n de terreno separado o aut\u00f3nomo respecto de la l\u00ednea el\u00e9ctrica, la cual, por naturaleza, no constituye una porci\u00f3n de terreno que pueda tener la consideraci\u00f3n de parcela, sino una servidumbre legal de paso de energ\u00eda el\u00e9ctrica que la legislaci\u00f3n el\u00e9ctrica reconoce.<\/p>\n

La DGDEJM <\/strong>desestima el recurso y confirma la calificaci\u00f3n.<\/p>\n

Doctrina<\/strong>:<\/p>\n

1. En cuanto a la necesidad de licencia, partiendo de la base de que lo que se est\u00e1 calificando es la transmisi\u00f3n de la propiedad de un edificio, y no una concesi\u00f3n administrativa, aplica el art 26 del TRLS cuyo apartado 2 dice \u201cLa divisi\u00f3n o segregaci\u00f3n de una finca para dar lugar a dos o m\u00e1s diferentes s\u00f3lo es posible si cada una de las resultantes re\u00fane las caracter\u00edsticas que exige la legislaci\u00f3n aplicable y la ordenaci\u00f3n territorial y urban\u00edstica.\u201d Y el art 192 del TRLU de Catalu\u00f1a determina que toda parcelaci\u00f3n urban\u00edstica tiene que ser objeto de licencia, salvo la contenida en el proyecto de reparcelaci\u00f3n y de otras excepciones reguladas por reglamento.<\/p>\n

2. Y en cuanto a la necesidad de aportar las coordenadas georreferenciadas se confirma su car\u00e1cter obligatorio pues, aunque la escritura de segregaci\u00f3n fue otorgada en fecha 9 de febrero de 2015 y la Ley 13\/2015, de 24 de junio, entr\u00f3 en vigor el d\u00eda 1 de noviembre de 2015, es de aplicaci\u00f3n al caso que nos ocupa porque la escritura se present\u00f3 en el registro de la propiedad en fecha posterior a su entrada en vigor, concretamente el d\u00eda 6 de marzo de 2018.<\/span><\/p>\n

https:\/\/dogc.gencat.cat\/es\/document-del-dogc\/?documentId=911292<\/a><\/p>\n<\/a>

11.** INSCRIPCION DE SENTENCIA QUE DECLARA LA ADQUISICI\u00d3N DE UNA FINCA POR USUCAPI\u00d3N<\/strong><\/span><\/h6>\n

Resoluci\u00f3n de 27 de julio de 2021, dictada en el recurso gubernativo interpuesto contra la calificaci\u00f3n de la registradora accidental del Registro de la Propiedad n\u00famero 2 de Roses, que suspende la inscripci\u00f3n de una sentencia que declara la adquisici\u00f3n de una finca por usucapi\u00f3n.<\/p>\n

Resumen<\/strong>: La sentencia que declara la adquisici\u00f3n de una finca por usucapi\u00f3n supone una excepci\u00f3n al principio de tracto sucesivo del art 20 LH no siendo necesario el nombramiento de defensor judicial de la herencia yacente.<\/span><\/p>\n

Hechos<\/strong>: Se presenta sentencia firme dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucci\u00f3n n\u00famero 8 de Figueres en la que se estima la demanda interpuesta por J. C. S. contra herederos, sucesores y derechohabientes de J. C. N. y sucesores, herederos y derechohabientes de P. C. M. y declara a J. C. S. titular en pleno dominio de la finca que se dir\u00e1, la cual ha adquirido por t\u00edtulo de usucapi\u00f3n\u201d<\/p>\n

La registradora<\/strong> suspende la inscripci\u00f3n porque no consta que se haya nombrado administrador o defensor judicial de la herencia yacente ni resulta de la sentencia que la demanda se haya dirigido contra personas determinadas como posibles herederos del titular registral, ni tampoco que el juez haya considerado suficiente la legitimaci\u00f3n pasiva de la herencia yacente (art\u00edculo 20 de la LH; art\u00edculo 24 de la Constituci\u00f3n espa\u00f1ola).<\/p>\n

El interesado<\/strong> interpone recurso y alega, en s\u00edntesis, que: a) cualquier sentencia declarativa de una usucapi\u00f3n ganada contra el titular registral tratar\u00e1 de corregir la inexactitud registral que provoca la titularidad registral que ha perdido el dominio de la finca frente a la que lo ha ganado mediante el t\u00edtulo de usucapi\u00f3n, siendo una excepci\u00f3n al principio de trato sucesivo establecido por el art\u00edculo 20 de la Ley hipotecaria. b) El derecho de aceptar o repudiar la herencia de la persona que figuraba como titular registral \u201ccaduc\u00f3\u201d al cabo de 30 a\u00f1os, de conformidad con lo que establec\u00eda el art\u00edculo 257 de la Compilaci\u00f3n de derecho civil de Catalu\u00f1a de 1960 (CDCC). c) La demanda no se interpone contra una herencia yacente, sino contra los posibles propietarios de la finca, por lo que no se puede entender que haya una indefensi\u00f3n del titular registral. Es desproporcionado exigir la citaci\u00f3n de unos causahabientes que no han inscrito su derecho pasados m\u00e1s 30 a\u00f1os.<\/p>\n

La DGDEJ<\/strong> estima el recurso y revoca la calificaci\u00f3n. Como cuesti\u00f3n previa recuerda que, aunque la calificaci\u00f3n se fundamente en la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 20 de la LH y en el art\u00edculo 24 de la Constituci\u00f3n espa\u00f1ola es innegable que tiene en el fondo dos instituciones de derecho catal\u00e1n: la usucapi\u00f3n y la herencia yacente, las dos reguladas en la CDCC de 1960 (art\u00edculos 342 y 99) y, por lo tanto, la Generalitat es competente para la resoluci\u00f3n de este recurso.<\/p>\n

Doctrina:<\/strong> Para resolver la cuesti\u00f3n planteada, esto es, si es o no necesario el nombramiento de defensor judicial de la herencia yacente para inscribir una sentencia declarativa de dominio por usucapi\u00f3n analiza las dos siguientes instituciones:<\/p>\n