{"id":80938,"date":"2021-03-22T21:07:54","date_gmt":"2021-03-22T20:07:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/?p=80938"},"modified":"2021-03-22T21:31:04","modified_gmt":"2021-03-22T20:31:04","slug":"informe-mercantil-marzo-2021-responsabilidad-deudas-sociales-disolucion-legal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/secciones\/oficina-mercantil\/informes-mensuales-o-m\/informe-mercantil-marzo-2021-responsabilidad-deudas-sociales-disolucion-legal\/","title":{"rendered":"Informe Mercantil Marzo 2021. Responsabilidad por deudas sociales por concurrir causa de disoluci\u00f3n legal."},"content":{"rendered":"

<\/a>INFORME MERCANTIL DE MARZO DE 2021\u00a0<\/span><\/strong><\/h1>\n

Jos\u00e9 \u00c1ngel Garc\u00eda Valdecasas Butr\u00f3n<\/span><\/h2>\n

Registrador de la Propiedad y Mercantil<\/span><\/h2>\n

Nota previa:<\/span><\/h2>\n

A partir de enero de 2018 este informe sufre dos cambios:<\/strong><\/p>\n

Nombre:<\/strong> se utilizar\u00e1 el del mes en el que se publica<\/strong>, pero recoger\u00e1 disposiciones y resoluciones publicadas en el BOE durante el mes anterior. Se busca un criterio uniforme para todos los informes de la web.<\/p>\n

Contenido:<\/strong> Se reduce su extensi\u00f3n, centr\u00e1ndonos en lo esencial<\/strong> y para evitar que los textos se dupliquen en la web. Si se desea ampliar<\/strong> la informaci\u00f3n sobre una disposici\u00f3n o resoluci\u00f3n en concreto, s\u00f3lo hay que seguir el enlace<\/strong> a su desarrollo en el informe general del mes.<\/p>\n<\/a>

Cuestiones de inter\u00e9s.<\/strong><\/span><\/h6>\n<\/a>
Responsabilidad por deudas de la sociedad por concurrencia de causa legal de disoluci\u00f3n: sus requisitos.<\/strong><\/span><\/h6>\n<\/a>
1.- Planteamiento.<\/strong><\/span><\/h6>\n

Aunque es un tema recurrente y sobre el que en esta misma web hemos escrito alguna vez, lo traemos de nuevo a colaci\u00f3n dada la situaci\u00f3n de crisis econ\u00f3mica en la que nos encontramos que har\u00e1 que muchas sociedades puedan incurrir en situaci\u00f3n de disoluci\u00f3n por p\u00e9rdidas o de disoluci\u00f3n por alguna de las otras causas(cese de actividad\u2026) del art\u00edculo 363 de la LSC<\/a>.<\/p>\n

Vamos a establecer, con la mayor claridad posible, los requisitos para la responsabilidad por deudas de la sociedad que pueden pasar a cargo del administrador por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 367 de la LSC<\/a>, es decir en los casos de disoluci\u00f3n obligada por la existencia de una causa legal.<\/p>\n<\/a>

2.- <\/strong>Situaci\u00f3n durante el estado de alarma Covid-19.<\/strong><\/span><\/h6>\n

\u00a0No obstante, a estos efectos y al menos de forma transitoria, debemos tener en cuenta que el art. 40 del RDley 8\/2020 dictado para el estado de alarma consecuencia de la pandemia Covid-19 nos dice\u00a0 que si \u201cantes de la declaraci\u00f3n del estado de alarma y durante la vigencia de ese estado, concurra causa legal o estatutaria de disoluci\u00f3n de la sociedad, el plazo legal para la convocatoria por el \u00f3rgano de administraci\u00f3n de la junta general de socios a fin de que adopte el acuerdo de disoluci\u00f3n de la sociedad o los acuerdos que tengan por objeto enervar la causa,\u00a0se suspende<\/strong>\u00a0hasta que finalice dicho estado de alarma\u201d. Y que \u201cSi la causa legal o estatutaria de disoluci\u00f3n hubiera acaecido durante la vigencia del estado de alarma, los administradores no responder\u00e1n de las deudas sociales contra\u00eddas en ese periodo\u201d. Adem\u00e1s, sobre la concreta causa de disoluci\u00f3n por p\u00e9rdidas el art. 18 del RDley 16\/2020 nos dice que no se computar\u00e1n\u00a0 las del presente ejercicio 2020, pero que si en el resultado del\u00a0ejercicio 2021<\/strong>\u00a0se apreciaran p\u00e9rdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, deber\u00e1 convocarse por los administradores o podr\u00e1 solicitarse por cualquier socio en el plazo de dos meses a contar desde el cierre del ejercicio conforme al\u00a0art\u00edculo 365 de la citada Ley<\/a>, la celebraci\u00f3n de Junta para proceder a la disoluci\u00f3n de la sociedad, a no ser que se aumente o reduzca el capital en la medida suficiente, lo que es ratificado en el art\u00edculo 13 de la\u00a0 Ley 3\/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el \u00e1mbito de la Administraci\u00f3n de Justicia, que deroga al anterior RDley.<\/a><\/p>\n

Si la causa de disoluci\u00f3n es por transcurso del plazo de duraci\u00f3n de la sociedad, causa de disoluci\u00f3n de pleno derecho, nos dice tambi\u00e9n el art\u00edculo 40 citado que si el plazo vence durante el estado de alarma \u201cno se producir\u00e1 la disoluci\u00f3n de pleno derecho hasta que transcurran\u00a0dos meses<\/strong>\u00a0a contar desde que finalice dicho estado\u201d.<\/p>\n

El estado de alarma, como sabemos, durar\u00e1, en principio y salvo nuevas pr\u00f3rrogas, hasta el 9 de mayo de 2021, seg\u00fan el RD 926\/2020 de 25 de octubre, modificado por el RD 956\/2020 de 3 de noviembre.<\/a><\/p>\n<\/a>

3.- Requisitos responsabilidad.<\/strong><\/span><\/h6>\n

Pues bien, el establecimiento de los requisitos<\/strong> para imponer a los administradores la responsabilidad por las deudas de la sociedad lo hacemos al hilo de una sentencia del Juzgado de lo Mercantil n\u00ba 3 de Barcelona de 9 de febrero de 2021, sentencia 34\/2021, que resume de forma muy clara toda la jurisprudencia sobre la materia.<\/p>\n

Se demanda en juicio ordinario determinada cantidad, m\u00e1s sus intereses legales desde la fecha de reclamaci\u00f3n judicial y costas correspondientes.<\/p>\n

\u00a0El demandado no contest\u00f3 la demanda, siendo declarado en situaci\u00f3n de rebeld\u00eda procesal Convocadas las partes a la audiencia previa, comparece solo la parte actora.<\/p>\n

En este procedimiento se ejercitan dos acciones de forma cumulativa:<\/p>\n

— la acci\u00f3n de responsabilidad por deudas<\/strong> frente al administrador social con fundamento en el art. 367<\/strong><\/a> en relaci\u00f3n con en el art. 363.1<\/strong> ambos de la Ley de Sociedades de Capital<\/a> y<\/p>\n

— la acci\u00f3n individual de responsabilidad frente al mismo administrador social, con fundamento en el art\u00edculo 241 de la Ley de Sociedades de Capital<\/strong><\/a>. <\/strong>\u00a0<\/p>\n

Se reclama una deuda por la emisi\u00f3n de varias facturas impagadas que ya fueron reclamadas en juicio monitorio, que llega a la ejecuci\u00f3n sin resultado.<\/p>\n

La sentencia parte del art\u00edculo 367 de la LSC<\/a> que establece la responsabilidad solidaria de los administradores por las deudas sociales posteriores a la causa de disoluci\u00f3n si en el plazo de dos meses no convocan junta general para que acuerde la disoluci\u00f3n o, en su caso, la disoluci\u00f3n judicial o el concurso de acreedores. Las deudas existentes se presumen posteriores a la causa de disoluci\u00f3n salvo que el administrador pruebe lo contrario.<\/p>\n

Una vez establecido el precepto aplicable al supuesto de hecho en el que la causa legal de disoluci\u00f3n era por p\u00e9rdidas, la sentencia de forma muy did\u00e1ctica fija los requisitos para su aplicaci\u00f3n:<\/p>\n

1) Que exista la deuda social. Ello queda probado por las resoluciones judiciales existentes sobre la reclamaci\u00f3n de la deuda y por las facturas aportadas. En cuanto a la fecha de la deuda dice que se contrajo con la emisi\u00f3n de las facturas<\/strong> \u201cque es cuando naci\u00f3 la obligaci\u00f3n social, sin que sea necesario que la cantidad correspondiente sea vencida, l\u00edquida y exigible\u201d. Este \u00faltimo es un dato esencial pues s\u00f3lo se responde, como sabemos, de las deudas posteriores a la concurrencia de la causa legal de disoluci\u00f3n. Basta por tanto con la emisi\u00f3n de la factura sin que sea ni siquiera necesaria su presentaci\u00f3n a la sociedad o el intento de su cobro.<\/p>\n

\u00a02) Que el demandado tenga la condici\u00f3n de administrador. <\/strong>\u00a0Aclara que responde las deudas de la mercantil deudora contra\u00eddas mientras es administrador, no tras su cese, pues la responsabilidad cesa con el cese efectivo en el cargo.<\/p>\n

Ello se acredita documentalmente, suponemos que por certificaci\u00f3n del RM. Debe ser administrador al tiempo de contraer la deuda con la actora. Corresponder\u00eda al administrador probar que pese a la inscripci\u00f3n registral no era administrador por haber cesado con anterioridad en su cargo.\u00a0<\/p>\n

La sentencia no alude al caso de que el administrador haya caducado por transcurso de su plazo de duraci\u00f3n. No obstante, podemos aplicar en este caso la doctrina del administrador de hecho<\/strong>, es decir que el administrador de derecho se convertir\u00e1 en administrador de hecho cuando caduca su mandato, salvo que haya sido expresamente reelegido o la junta proceda a un nuevo nombramiento. Su responsabilidad seg\u00fan la doctrina y la jurisprudencia abarca al supuesto de no promover la disoluci\u00f3n de la sociedad cuando legalmente est\u00e9 obligado a hacerlo o a solicitar el concurso en el caso de que as\u00ed proceda. Y esto es as\u00ed pues pudiendo convocar junta para la renovaci\u00f3n del cargo no lo hizo y por consiguiente debe responder de los da\u00f1os y perjuicios que resulten de tal conducta omisiva.<\/p>\n

3) Que concurra alguna de las causas de disoluci\u00f3n<\/strong> de las sociedades de capital previstas en el art\u00edculo 363 LSC. Aqu\u00ed son \u201clas p\u00e9rdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que \u00e9ste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaraci\u00f3n de concurso\u00bb. Para probarlo alega \u201cla no presentaci\u00f3n de cuentas anuales<\/strong> de la sociedad desde el a\u00f1o 2013<\/strong>, as\u00ed como que la sociedad ha procedido al cierre de hecho\u201d. Aclara la sentencia que la \u201cfalta de presentaci\u00f3n de las cuentas anuales no determina, por s\u00ed sola, la existencia de la causa de disoluci\u00f3n (pues la falta de formulaci\u00f3n, aprobaci\u00f3n o dep\u00f3sito de las cuentas anuales, si bien privan a los\u00a0 terceros del conocimiento de la situaci\u00f3n patrimonial de la compa\u00f1\u00eda, no constituye prueba directa de la situaci\u00f3n de p\u00e9rdidas), pero s\u00ed constituye un indicio<\/strong> de la concurrencia de la causa de disoluci\u00f3n de p\u00e9rdidas cualificadas, que habr\u00e1 de ser valorado con el resto de material probatorio ( STS de 28 de mayo de 2020<\/a>) y, en todo caso, conduce a una inversi\u00f3n de la carga de la prueba, por aplicaci\u00f3n del principio de disponibilidad y facilidad probatoria (217.7 LEC), que desplaza al administrador demandado la carga de probar que no se da el desbalance patrimonial, por serle m\u00e1s f\u00e1cil y accesible de acreditar que a la actora\u201d. Por tanto la falta de dep\u00f3sito de cuentas si bien no es obviamente causa de disoluci\u00f3n, ni prueba de la existencia de p\u00e9rdidas, es un dato muy importante para su prueba: si la sociedad no presenta el dep\u00f3sito de cuentas es evidente que al acreedor se le dificulta enormemente, tanto el conocimiento previo de la situaci\u00f3n patrimonial de la sociedad, como probar que la sociedad estaba en p\u00e9rdidas en el momento de la emisi\u00f3n de la factura. Por ello ya una sentencia del\u00a0 STS de 5 octubre 2004 vino a establecer que es irracional que la falta de dep\u00f3sito de cuentas \u201cderive en un beneficio para el incumplidor<\/strong>, en cuanto deja sin prueba a la contraparte de datos objetivos muy importantes, de modo que incumbir\u00e1 al actor acreditar lo que puede acreditar en estas circunstancias (la falta de pago de los suministros, el cierre de hecho, la desaparici\u00f3n del tr\u00e1fico sin liquidaci\u00f3n alguna,..) y ser\u00e1 a cargo del administrador demandado probar que la sociedad no ha sufrido disminuci\u00f3n de su patrimonio en t\u00e9rminos que le obliguen a convocar junta para adoptar el acuerdo de disoluci\u00f3n o de remoci\u00f3n de sus causas\u201d. Dado que la sociedad estaba en situaci\u00f3n de cierre registral por falta de dep\u00f3sito de cuentas ello es un importante indicio de que la sociedad \u201cse hallaba incursa en causa de disoluci\u00f3n, al impedir a los acreedores acceder al verdadero estado patrimonial de la mercantil\u201d. Es al administrador a quien corresponder\u00eda probar lo contrario \u201cdebiendo en consecuencia soportar las consecuencias del d\u00e9ficit probatorio ex art\u00edculo 217.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil\u201d.<\/p>\n

4) Que el administrador social haya quebrantado<\/strong> el mandato del art\u00edculo 367 LSC<\/a>, es decir que no haya convocado la junta para acordar la disoluci\u00f3n o remover la causa que la origina. Pero esta convocatoria no elimina la responsabilidad del administrador pues si no se logra el acuerdo debe promover la disoluci\u00f3n judicial de la sociedad. Para la prueba de este requisito al juzgador le es suficiente con el certificado del RM relativo de que la sociedad no ha sido disuelta.<\/p>\n

5) Que la deuda haya nacido con posterioridad<\/strong> a la concurrencia de la causa de disoluci\u00f3n alegada. Ahora bien, aqu\u00ed existe la presunci\u00f3n de que es posterior salvo que el administrador acredite lo contrario. Se presume que la deuda social es posterior, salvo que el administrador acredite que es anterior<\/strong> a la causa de disoluci\u00f3n. Ya conocemos cu\u00e1l es la fecha de la deuda que se toma en consideraci\u00f3n a estos efectos y dado que el administrador no acredita que fuera posterior, la presunci\u00f3n obra a favor del acreedor. Tambi\u00e9n aclara aqu\u00ed el Tribunal que basta con la concurrencia de una sola causa de disoluci\u00f3n por lo que, si se ha alegado la existencia de otras, admitida una no procede examinar las restantes.<\/p>\n

6) Que transcurran dos meses<\/strong> desde la causa de disoluci\u00f3n. El plazo se computa desde que el administrador tuvo o debi\u00f3 tener conocimiento de la situaci\u00f3n de p\u00e9rdidas, si hubiera obrado con la diligencia normal<\/strong> de su cargo. Quiz\u00e1s sea este, como ya hemos tenido ocasi\u00f3n de comentar en otros supuestos, una de los elementos esenciales para la efectividad de esta concreta causa de disoluci\u00f3n legal de sociedad.<\/p>\n

Esta fecha pudiera ser o bien la del cierre del ejercicio social, es decir normalmente a 31 de diciembre de cada a\u00f1o, o pudiera ser la de la formulaci\u00f3n de las cuentas anuales, como m\u00e1ximo tres meses despu\u00e9s o incluso pudiera ser la fecha de la aprobaci\u00f3n por la junta general de las cuentas, que es cuando estas son definitivas y firmes.<\/p>\n

En definitiva, se trata de determinar el\u00a0\u201cdies a quo\u201d<\/em>\u00a0a efectos de saber cu\u00e1ndo los administradores deben convocar la junta que decida sobre la disoluci\u00f3n de la sociedad.<\/p>\n

Prescindiendo de las discusiones doctrinales sobre la materia, que de forma mayoritaria se inclinan por considerar que esa fecha es\u00a0 \u201cen\u00a0cualquier momento de la vida social\u00a0en que se detecten las p\u00e9rdidas\u201d, aunque a\u00f1aden que ese\u00a0 momento usualmente coincidir\u00e1 con el cierre del ejercicio social, es lo cierto\u00a0 que la sentencia del TS de\u00a019\/12\/2018 en el recurso 3648\/2015<\/a>, n\u00famero de Resoluci\u00f3n: 716\/2018, siendo ponente Don Ignacio Sancho Gargallo, vino a establecer dicha fecha en la del cierre del ejercicio<\/strong>. No obstante, debemos rese\u00f1ar que, en el no nato C\u00f3digo Mercantil, dicha fecha se fija en el momento de la formulaci\u00f3n<\/strong> de las cuentas o cuando finaliza el plazo para su formulaci\u00f3n.\u00a0<\/p>\n

7) Que no exista causa<\/strong> que justifique incumplimiento del deber por el administrador. Es decir que el administrador que realizara medidas significativas \u201cpara evitar o remediar el da\u00f1o o que se encuentre ante la imposibilidad de evitarlo por haber cesado antes de que se produzca el hecho causante de la disoluci\u00f3n o haberse encontrado ante una situaci\u00f3n ya irreversible\u201d quedar\u00eda exonerado de responsabilidad. Ello deber\u00e1 probarse cumplidamente por el administrador.<\/p>\n

8) Que exista buena fe<\/strong> en el por parte del acreedor. Si el acreedor demandante contrat\u00f3 con la sociedad a sabiendas de su precaria situaci\u00f3n de financiera, \u201cno puede luego dirigirse contra sus administradores\u201d. Pero a\u00f1ade que \u201cpara excluir la responsabilidad del administrador no basta el mero conocimiento de la insolvencia por el actor, sino que deben concurrir circunstancias que permitan calificar la reclamaci\u00f3n como contraria a la buena fe\u201d. Dado que la buena fe se presume ser\u00e1 tambi\u00e9n el administrador demandado el que deba probar la mala fe del acreedor. Aqu\u00ed ser\u00e1 tambi\u00e9n de esencial importancia la existencia o no de dep\u00f3sito\u00a0 cuentas de la sociedad, pues si existe ese dep\u00f3sito y el mismo es revelador de la precaria situaci\u00f3n econ\u00f3mica de la sociedad, ello puede ser un indicio evidente de la mala fe del acreedor.<\/p>\n<\/a>

4.- Naturaleza de la acci\u00f3n.<\/strong><\/span><\/h6>\n

\u201cEn cuanto a la naturaleza de la acci\u00f3n de responsabilidad por deudas, la doctrina del Tribunal Supremo (entre otras, STS de 10 de noviembre de 2010) argumenta que nos encontramos ante una responsabilidad ex lege<\/strong> por incumplimiento de la obligaci\u00f3n de convocar<\/strong> la Junta General, cuando la sociedad se encuentra en situaci\u00f3n legal de disoluci\u00f3n y no proceden los administradores a su disoluci\u00f3n\u201d.<\/p>\n

Por tanto, de lo que se trata es que si los administradores conocen la situaci\u00f3n de la sociedad y no toman las medidas adecuadas para superar la situaci\u00f3n de insolvencia \u201cabocan con su actuaci\u00f3n a la sociedad a no responder de los cr\u00e9ditos que se contraigan posteriormente a la mencionada situaci\u00f3n\u201d y por ello deben responder de los mismos. Se trata, concluye la sentencia, de una situaci\u00f3n preconcursal \u201cque trata de proteger el cr\u00e9dito de los acreedores que contratan con una sociedad cuya solvencia econ\u00f3mica permite augurar la insatisfacci\u00f3n del cr\u00e9dito a su vencimiento\u201d.<\/p>\n

Finalmente en cuanto a la otra acci\u00f3n ejercitada por el acreedor, la individual de responsabilidad, se dice que aunque ambas acciones son compatibles pues son acciones distintas, en el presente caso dado que se acepta la primera acci\u00f3n que es una de responsabilidad cuasi objetiva, la pretensi\u00f3n del demandante se cumple\u00a0 \u201ccon la estimaci\u00f3n de una de las dos acciones, de modo que debe entenderse que en tales casos se est\u00e1n ejercitando de modo alternativo o subsidiario<\/strong>, aunque se diga que se ejercitan de modo cumulativo (entre otras, STS n\u00ba 733\/2013, de 4 de diciembre)\u201d.<\/p>\n

\u00a0En cuanto a los intereses, deber\u00e1 aplicarse el inter\u00e9s legal establecido en los art\u00edculos 1108 y 1109 del C\u00f3digo Civil, desde la fecha de interpelaci\u00f3n judicial. Desde la presente resoluci\u00f3n y hasta su completa satisfacci\u00f3n, los intereses ser\u00e1n los que se contemplan en el art. 576 LEC.<\/a><\/p>\n<\/a>

Disposiciones de car\u00e1cter general.<\/span><\/a><\/u><\/h6>\n

Podemos destacar con inter\u00e9s mercantil la siguiente:<\/strong><\/p>\n

— El Real Decreto-ley 3\/2021, de 2 de febrero<\/a>, por el que se adoptan medidas para la reducci\u00f3n de la brecha de g\u00e9nero y otras materias en los \u00e1mbitos de la Seguridad Social y econ\u00f3mico, en cuanto permite a los deudores solicitar moratorias legales y convencionales en los mismos casos regulados por la normativa Covid anterior hasta el l\u00edmite de nueve meses, si no las han obtenido antes por ese tiempo. Tambi\u00e9n hace retoques en la prestaci\u00f3n extraordinaria por cese de actividad de los aut\u00f3nomos.<\/p>\n

Ver resumen completo en archivo especial<\/strong><\/a><\/p>\n<\/a>

Disposiciones auton\u00f3micas<\/strong><\/span><\/h6>\n

CATALU\u00d1A. <\/strong>Decreto-ley 53\/2020, de 22 de diciembre, de modificaci\u00f3n del Decreto-ley 10\/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen nuevas medidas extraordinarias para hacer frente al impacto sanitario, econ\u00f3mico y social de la COVID-19.<\/p>\n

Se modifica el art\u00edculo 4 del Decreto-ley 10\/2020, de 27 de marzo, autorizando a los \u00f3rganos en general de las personas jur\u00eddicas sujetas al derecho catal\u00e1n a celebrar juntas y adoptar acuerdos por medio de videoconferencia<\/strong> o de otros medios de comunicaci\u00f3n. Tambi\u00e9n toca los plazos para presentar cuentas anuales que estando suspendidos se reanudar\u00e1n \u201cuna vez transcurridos tres meses a partir de la fecha de finalizaci\u00f3n de dicho estado de alarma\u201d.<\/p>\n

Tambi\u00e9n se suspende la obligaci\u00f3n de celebrar juntas de propietarios en PH hasta el 31\/12\/2021, salvo si lo decide el presidente, seg\u00fan las circunstancias de cada caso o lo pide el 20% de los propietarios..<\/p>\n

La celebraci\u00f3n de la junta tambi\u00e9n se puede llevar a cabo a trav\u00e9s de los medios establecidos por el art\u00edculo\u00a0312-5.2 del C\u00f3digo civil de Catalu\u00f1a<\/a>, es decir por el sistema de videoconferencia o sin reuni\u00f3n seg\u00fan el art. 312-7<\/a>.<\/p>\n

Adem\u00e1s tanto los presupuestos como los cargos de las personas jur\u00eddicas de derecho catal\u00e1n se entienden prorrogados.<\/p>\n