{"id":82552,"date":"2021-05-11T23:30:36","date_gmt":"2021-05-11T21:30:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/?p=82552"},"modified":"2021-06-16T21:03:44","modified_gmt":"2021-06-16T19:03:44","slug":"el-tribunal-supremo-cambia-las-reglas-de-caducidad-de-las-anotaciones-preventivas-de-embargo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/secciones\/oficina-registral\/estudios\/el-tribunal-supremo-cambia-las-reglas-de-caducidad-de-las-anotaciones-preventivas-de-embargo\/","title":{"rendered":"El Tribunal Supremo cambia las reglas de caducidad de las anotaciones preventivas de embargo."},"content":{"rendered":"

LA SENTENCIA DE 4 DE MAYO DE 2021: EL TRIBUNAL SUPREMO CAMBIA LAS REGLAS DE CADUCIDAD DE LAS ANOTACIONES PREVENTIVAS DE EMBARGO<\/strong><\/span><\/h1>\n

\u00c1LVARO JOS\u00c9 MART\u00cdN MART\u00cdN, REGISTRADOR<\/h2>\n<\/a>
Introducci\u00f3n.<\/span><\/h6>\n

Hay sentencias que tienen una importancia especial porque no solo sientan jurisprudencia sobre un caso, sino que, al hacerlo, obligan a cambiar para el futuro aspectos clave del procedimiento registral, lo que quiere decir que su doctrina tiene que ser aplicada a otros muchos casos similares. Para el Registro de la Propiedad la regla de caducidad de un asiento como momento a partir del cual deja de surtir efectos beneficiosos o perjudiciales en relaci\u00f3n con la finca sobre la que pesa, se ha venido aplicando siempre a las anotaciones preventivas de embargo.<\/p>\n

La Sentencia n\u00fam. 237\/2021 de 4 de mayo del Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo, ECLI:ES:TS:2021:1497, <\/strong>(Rainville Inc. contra Registradora de la Propiedad n\u00fam. 2 de Pozuelo de Alarc\u00f3n) ha venido a sentar doctrina jurisprudencial sobre un asunto que ven\u00eda preocupando a quienes tenemos encomendados los Registros de la Propiedad y Bienes Muebles, al existir una clara disparidad de criterio entre los Tribunales y el Centro Directivo del que dependen, hoy la Direcci\u00f3n General de Seguridad Jur\u00eddica y Fe P\u00fablica.<\/p>\n

 <\/p>\n<\/a>

Asunto Rainville Inc. vs. Registro<\/strong><\/span><\/h6>\n

En noviembre de 2009 se tom\u00f3 en el Registro de la Propiedad de Pozuelo de Alarc\u00f3n n\u00fam. 2 una anotaci\u00f3n preventiva de embargo a favor de Rainville Inc. sobre una finca de otra mercantil que le deb\u00eda dinero; en octubre de 2010 se expidi\u00f3 la preceptiva certificaci\u00f3n de dominio y cargas y, en diciembre de 2012, se adjudic\u00f3 la finca embargada a la actora, expidi\u00e9ndose tambi\u00e9n el mandamiento dirigido a cancelar las cargas posteriores a la anotaci\u00f3n de embargo.<\/p>\n

Por razones inexplicables, o, al menos, inexplicadas, ni el testimonio de la adjudicaci\u00f3n ni el mandamiento cancelatorio se presentaron en el Registro de la Propiedad hasta agosto de 2014, cuando ya hab\u00eda caducado la vigencia de la anotaci\u00f3n. La registradora, siguiendo doctrina constante y uniforme de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, deneg\u00f3 tanto la inscripci\u00f3n de la adjudicaci\u00f3n (seguramente porque en el \u00ednterin se hab\u00eda anotado una prohibici\u00f3n de disponer sobre la finca) como la cancelaci\u00f3n de cargas, por haber mejorado su rango las posteriores a la anotaci\u00f3n de embargo, al no haberse prorrogado la vigencia de la anotaci\u00f3n de embargo.<\/p>\n

Se plante\u00f3 entonces por Rainville una demanda de juicio verbal contra la calificaci\u00f3n registral que fue confirmada en primera instancia, pero revocada en apelaci\u00f3n por la Audiencia Provincial, aplicando la doctrina que, mucho despu\u00e9s de la calificaci\u00f3n registral, sent\u00f3 la sentencia del Tribunal Supremo 427\/2017, de 7 de julio.<\/p>\n

 <\/p>\n<\/a>

Sentencia T.S. 427\/2017, de 7 de julio de 2017.<\/strong><\/span><\/h6>\n

La sentencia de 7 de julio de 2017, que, al igual que sucede en la de 4 de mayo de 2021 se dict\u00f3, a diferencia de las que cita como precedentes en que no se cuestionaba directamente la denegaci\u00f3n, en un juicio verbal promovido directamente contra la calificaci\u00f3n registral, declar\u00f3 que:<\/p>\n

F.D.QUINTO<\/em><\/p>\n

\u201c Para la resoluci\u00f3n del tema debatido hemos de acudir a la doctrina sentada por esta sala en su sentencia n.\u00ba 282\/2007, de 12 de marzo, que ha sido reiterada por la n.\u00ba 88\/2015, de 23 de febrero, pues dicha doctrina -pese a que su formulaci\u00f3n se hizo en relaci\u00f3n con la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 ha de ser mantenida con arreglo a las disposiciones de la actual LEC 2000, especialmente sus art\u00edculos 656<\/a>, 659<\/a> y 674<\/a>.<\/em><\/p>\n

Dicha doctrina reconoce una especial significaci\u00f3n al momento de emisi\u00f3n por parte del Registro de la Propiedad de la certificaci\u00f3n de cargas y grav\u00e1menes <\/strong>(art\u00edculo 656 LEC<\/a>). Dicha certificaci\u00f3n<\/strong> acreditativa de los derechos y cargas que afectan al inmueble sobre el que se ha iniciado la ejecuci\u00f3n, persigue varios objetivos<\/strong>: <\/em><\/p>\n

    \n
  1. Conocer el importe de todas las cargas<\/strong> y derechos anteriores al gravamen por el que se sigue la ejecuci\u00f3n a los efectos de determinar la valoraci\u00f3n del bien para la subasta (que se calcula deduciendo su importe del aval\u00fao); <\/em><\/li>\n
  2. Proporcionar<\/strong> a los posibles licitadores una informaci\u00f3n completa sobre las condiciones de adquisici\u00f3n <\/strong>y, en concreto, sobre la existencia de cargas anteriores que no desaparecer\u00e1n con la adquisici\u00f3n; y <\/em><\/li>\n
  3. Identificar e individualizar<\/strong> a los titulares de derechos y cargas inscritos o anotados con posterioridad al del acreedor ejecutante, los cuales quedar\u00e1n extinguidos por la realizaci\u00f3n del bien,<\/strong> a los efectos de comunicarles la pendencia del proceso de ejecuci\u00f3n para que puedan intervenir en \u00e9l a los efectos legalmente previstos.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n

    La expedici\u00f3n de dicha certificaci\u00f3n, sin duda, ha dado lugar a la extensi\u00f3n de nota marginal en la hoja registral a efectos de publicidad; y la existencia de la ejecuci\u00f3n es comunicada a los titulares de derechos que figuren en asientos posteriores al del derecho del ejecutante (art\u00edculo 659.1 LEC ), todo lo cual no se ha cuestionado por las partes.<\/em><\/p>\n

    En consecuencia, puede afirmarse que el contenido de tal certificaci\u00f3n tiene un valor esencial<\/strong> en el desarrollo del procedimiento de apremio y que la situaci\u00f3n registral que proclama fija las condiciones para la adquisici\u00f3n del bien inmueble de que se trate, de forma que cualquier alteraci\u00f3n posterior<\/strong> -como puede ser la caducidad de la anotaci\u00f3n de embargo extendida a favor del ejecutante- no modifica dicha situaci\u00f3n<\/strong>\u201d.<\/em><\/p>\n

     <\/p>\n<\/a>

    Consulta Vinculante DGRN de 8 de abril de 2018<\/strong><\/span><\/h6>\n

    Precisamente fue la preocupaci\u00f3n por dicha doctrina, opuesta a la doctrina aplicada de forma reiterada en las Resoluciones de recursos gubernativos, la que motiv\u00f3 que el Colegio de Registradores consultara con la Direcci\u00f3n General la forma de proceder en lo sucesivo. Dicho Centro Directivo resolvi\u00f3, en esencia, que deb\u00eda seguir aplic\u00e1ndose la regla general de que la caducidad de la anotaci\u00f3n preventiva<\/strong> sin que conste en el Registro haberse adjudicado la finca en el procedimiento amparado en ella, priva al rematante o adjudicatario del derecho a cancelar las cargas posteriores, que dejaron de serlo, al no prorrogarse oportunamente la anotaci\u00f3n.<\/p>\n

    Los argumentos fundamentales son los siguientes:<\/p>\n

    La caducidad produce, legalmente, la extinci\u00f3n del asiento.<\/strong><\/h3>\n

    \u201cDe acuerdo con el vigente art\u00edculo 86 de la Ley Hipotecaria<\/a>, caducada la anotaci\u00f3n preventiva se produce su extinci\u00f3n. As\u00ed lo dice expresamente el art\u00edculo 77 de la Ley Hipotecaria<\/a> al se\u00f1alar que \u00ablas anotaciones preventivas se extinguen por cancelaci\u00f3n, por caducidad o por su conversi\u00f3n en inscripci\u00f3n\u00bb. Registralmente, caducada la anotaci\u00f3n, debe actuar el registrador a estos efectos como si nunca se hubiera practicado la citada anotaci\u00f3n<\/strong>, en cuyo caso la inscripci\u00f3n de la adjudicaci\u00f3n de la finca como consecuencia de la ejecuci\u00f3n, como se ha se\u00f1alado reiteradamente por este Centro Directivo, depender\u00e1 de que el deudor siga conservando la titularidad de la misma y en caso de existir cargas posteriores no podr\u00e1n ser objeto de cancelaci\u00f3n registral<\/strong>. Operan los principios de prioridad (art\u00edculo 17 de la Ley Hipotecaria<\/a>) y tracto (art\u00edculo 20 de la Ley Hipotecaria<\/a>), por lo que habiendo perdido la anotaci\u00f3n, como ha quedado expuesto, su efecto respecto a terceros posteriores inscritos o anotados, surge un obst\u00e1culo registral que impedir\u00e1 la cancelaci\u00f3n de los asientos posteriores al devenir registralmente inexistente la anotaci\u00f3n de la que trae causa\u201d.<\/em><\/p>\n

    La nota marginal de expedici\u00f3n de certificaci\u00f3n no supone pr\u00f3rroga de la anotaci\u00f3n.<\/strong><\/h3>\n

    \u201c(\u2026) ni la certificaci\u00f3n ni la nota marginal,<\/strong> que no hace sino consignar registralmente su expedici\u00f3n, suponen en ning\u00fan caso la pr\u00f3rroga de la anotaci\u00f3n preventiva <\/strong>extendida como consecuencia del mismo procedimiento. La nota marginal, en tanto tiene la condici\u00f3n de asiento accesorio en este supuesto, dura tanto como el asiento principal que le sirve de soporte, la anotaci\u00f3n preventiva, por lo que la cancelaci\u00f3n por caducidad de esta conllevar\u00e1 necesariamente la de la nota marginal\u201d<\/em>.<\/p>\n

    Para conservar la prioridad se debe prorrogar la anotaci\u00f3n o inscribir la adquisici\u00f3n mientras est\u00e1 vigente.<\/strong><\/h3>\n

    \u201cSingularmente del contenido de la propia certificaci\u00f3n resultar\u00e1 la fecha en la que se extendi\u00f3 la anotaci\u00f3n de la que trae causa, lo cual permitir\u00e1 conocer si previsiblemente mantendr\u00e1 su vigencia hasta la finalizaci\u00f3n del procedimiento, para en caso contrario solicitar su pr\u00f3rroga y as\u00ed asegurar las resultas del procedimiento,<\/strong> sin que sea razonable forzar los efectos de la nota marginal m\u00e1s all\u00e1 de sus justos y legales t\u00e9rminos cuando la propia ley ritual ofrece al interesado mecanismos suficientes para preservar sus derechos, siempre que, claro est\u00e1, act\u00fae con la diligencia debida.<\/em><\/p>\n

    De la misma forma, basta que el rematante procure la inscripci\u00f3n de su adquisici\u00f3n dentro de la vigencia de la anotaci\u00f3n <\/strong>que le protege para que mantenga su virtualidad cancelatoria, pero parece igualmente desproporcionado que, en sede registral, sin una declaraci\u00f3n clara y terminante de la ley al respecto, <\/strong>se reconozca eficacia cancelatoria una anotaci\u00f3n caducada y a\u00fan menos de forma permanente, por el hecho de haberse expedido en su d\u00eda, la certificaci\u00f3n de dominio y cargas<\/em>\u201d.<\/p>\n

    Si se dej\u00f3 caducar la anotaci\u00f3n ser\u00e1 el juez, a instancia de parte legitimada, el que podr\u00e1 acordar la cancelaci\u00f3n de inscripciones o anotaciones posteriores. <\/strong><\/h3>\n

    \u201cLa caducidad de la anotaci\u00f3n determina que el beneficiado por la misma ha perdido el derecho de purgar directamente y sin m\u00e1s tr\u00e1mites las cargas posteriores<\/strong>, aunque ello no significa que deba soportarlas, sino que la liberaci\u00f3n debe ser acordada en un procedimiento distinto en el que sean parte los interesados<\/strong>, y en el que el juez se pronuncie sobre tal extremo en particular. El registrador est\u00e1 compelido por una norma legal (art\u00edculo 86 de la Ley Hipotecaria<\/a>), y no puede dejar de aplicarla, ni tiene competencias para valorar las pruebas que puedan existir y ser determinantes del motivo por el cual no se prorrog\u00f3 la anotaci\u00f3n que ha servido de base al procedimiento ejecutivo.<\/em><\/p>\n

    En cuanto a la segunda afirmaci\u00f3n, el efecto cancelatorio de la anotaci\u00f3n caducada, aun cuando haya podido apreciarse en el proceso, no podr\u00e1 tener reflejo registral, ya que el asiento soporte de la preferencia ganada ha devenido inexistente. Podr\u00eda interpretarse que, tras la citada sentencia, cuando se expida una certificaci\u00f3n de cargas en un procedimiento de ejecuci\u00f3n de embargo, el registrador deber\u00e1 extender nota al margen de la anotaci\u00f3n, y dar a dicha nota la virtualidad de prorrogar indefinidamente la anotaci\u00f3n a la que se refiere.<\/strong><\/em><\/p>\n

    Sin embargo, ni puede extraerse dicha conclusi\u00f3n de la citada Sentencia, ni hay apoyo legal que permita hacerlo\u201d<\/strong>.<\/em><\/p>\n

    Siendo conclusi\u00f3n de todo lo expuesto:<\/h3>\n

    \u201c7. De cuanto antecede, resulta que, en el \u00e1mbito de la calificaci\u00f3n, los registradores de la Propiedad habr\u00e1n de atenerse a lo establecido en el art\u00edculo 86 de la Ley Hipotecaria<\/a><\/strong>, y solo podr\u00e1n cancelar<\/strong> (en los t\u00e9rminos previstos en los art\u00edculos 674 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 175.2.\u00aa del Reglamento Hipotecario<\/a>), las cargas inscritas o anotadas con posterioridad a la anotaci\u00f3n de embargo practicada a resultas del procedimiento de ejecuci\u00f3n del que deriva el mandamiento cancelatorio, cuando la referida anotaci\u00f3n preventiva de embargo est\u00e9 vigente, por no haber transcurrido el plazo de cuatro a\u00f1os de vigencia que fija el citado art\u00edculo 86, o el de sus sucesivas pr\u00f3rrogas, al tiempo en que, al menos el decreto de adjudicaci\u00f3n, haya sido presentado en el Registro de la Propiedad<\/strong>.<\/em><\/p>\n

    Todo ello sin perjuicio del derecho que asiste al adquirente de la finca adjudicada en el procedimiento de ejecuci\u00f3n para acudir a un proceso judicial en el que pueda discutirse, con la intervenci\u00f3n de todos los titulares de las cargas posteriores a la anotaci\u00f3n caducada, si procede o no la cancelaci\u00f3n de las mismas\u201d.<\/em><\/p>\n

    As\u00ed las cosas, cuando vuelve a plantearse la cuesti\u00f3n, el Tribunal Supremo decide reunir al pleno de la Sala Primera<\/strong> para resolver la cuesti\u00f3n, sentando as\u00ed jurisprudencia directamente invocable en casaci\u00f3n<\/strong>, seg\u00fan el acuerdo adoptado por el Pleno no jurisdiccional de la propia Sala de 27 de enero de 2017 para todas las sentencias plenarias.<\/p>\n

     <\/p>\n<\/a>

    La sentencia de 4 de mayo de 2021.<\/strong><\/span><\/h6>\n

    En la sentencia, tras exponer la cuesti\u00f3n controvertida y los precedentes jurisprudenciales, as\u00ed como la Consulta DGRN de 8 de abril de 2018, el T.S. dice:<\/p>\n<\/a>

    A) Planteamiento de la Cuesti\u00f3n<\/strong><\/span><\/h6>\n

    F.D. 5. Concurre en esta cuesti\u00f3n una controversia entre la aspiraci\u00f3n del sistema registral de otorgar una seguridad jur\u00eddica preventiva por la informaci\u00f3n que otorga el registro<\/strong>, de acuerdo con los asientos vigentes, y la seguridad jur\u00eddica que la certificaci\u00f3n registral<\/strong> de cargas ha de otorgar a quienes concurren a la ejecuci\u00f3n judicial<\/strong><\/em>.<\/p>\n<\/a>

    B) Necesidad de asegurar la vigencia de la certificaci\u00f3n durante un tiempo razonable.<\/strong><\/span><\/h6>\n

    \u201c6. La clave radica en el efecto de la emisi\u00f3n de la certificaci\u00f3n de cargas<\/strong>, con la consiguiente nota marginal, que si se pretende \u00abcause estado\u00bb y produzca \u00absu finalidad para dicha ejecuci\u00f3n desde la fecha de la emisi\u00f3n de la citada certificaci\u00f3n de cargas y grav\u00e1menes\u00bb, con las matizaciones derivadas del rese\u00f1ado sistema de actualizaci\u00f3n permanente de informaci\u00f3n registral de la finca hasta la subasta, tiene que tener una repercusi\u00f3n en la informaci\u00f3n registral, en cuanto que impida la caducidad de la anotaci\u00f3n preventiva y la cancelaci\u00f3n del asiento, aunque sea durante el tiempo razonable para asegurar la eficacia de la informaci\u00f3n suministrada por la certificaci\u00f3n de cargas<\/strong> en aquella ejecuci\u00f3n judicial. S\u00f3lo as\u00ed se evita la falta de seguridad jur\u00eddica preventiva advertida por la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, en la medida en que el registro seguir\u00eda informando de la existencia de la anotaci\u00f3n preventiva de embargo y la nota marginal correspondiente a la certificaci\u00f3n de cargas\u201d.<\/em><\/p>\n<\/a>

    C) Innecesidad de previsi\u00f3n legal expresa. Suficiencia del pronunciamiento jurisprudencial.<\/strong><\/span><\/h6>\n

    \u201cFrente a la objeci\u00f3n formulada por la Direcci\u00f3n General de que no existe precepto legal que lo explicite as\u00ed, baste advertir que un pronunciamiento jurisprudencial al respecto<\/strong> ser\u00eda la culminaci\u00f3n de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica y teleol\u00f3gica del ordenamiento jur\u00eddico<\/strong>, en concreto el registral y el procesal, en aras de la seguridad jur\u00eddica<\/strong>. Cuando la dicci\u00f3n literal de los preceptos legales vigentes da lugar a una contradicci\u00f3n con una merma de seguridad jur\u00eddica para el sistema de ejecuci\u00f3n o v\u00edas de apremio, con remedios desproporcionadamente onerosos y en muchas ocasiones insuficientes para quien adquiere confiado en la certificaci\u00f3n de cargas, como es la tercer\u00eda de mejor derecho o de dominio, los tribunales deben realizar una interpretaci\u00f3n integradora de las normas del ordenamiento jur\u00eddico.<\/strong> Si la seguridad jur\u00eddica preventiva pivota sobre la vigencia de los asientos registrales y la informaci\u00f3n que en un momento determinado suministran, y en este caso la quiebra de esta seguridad provendr\u00eda de dar eficacia a un asiento (anotaci\u00f3n preventiva de embargo) que se hab\u00eda cancelado, frente a los titulares de derechos o cargas inscritos o anotados con posterioridad, ese riesgo de inseguridad se salvar\u00eda si no llegara a cancelarse aquel asiento<\/strong>\u201d.<\/em><\/p>\n<\/a>

    D) Pr\u00f3rroga de la anotaci\u00f3n impl\u00edcitamente solicitada con la certificaci\u00f3n.<\/strong><\/span><\/h6>\n

    \u201cObviamente, la emisi\u00f3n de la certificaci\u00f3n de cargas y la extensi\u00f3n de la nota marginal no pueden provocar una pr\u00f3rroga indefinida<\/strong>, pues la ratio de la reforma legal introducida por la disposici\u00f3n final 9.2 de la Ley 1\/2000, de Enjuiciamiento Civil, fue evitar que las anotaciones preventivas puedan convertirse en perpetuas mediante su pr\u00f3rroga. De ah\u00ed que convenga declarar que la solicitud de certificaci\u00f3n de cargas opera como una petici\u00f3n impl\u00edcita de pr\u00f3rroga de cuatro a\u00f1os, a contar desde el momento de la emisi\u00f3n de la certificaci\u00f3n<\/strong> y la extensi\u00f3n de la preceptiva nota marginal. Con ello se respeta la finalidad perseguida por la Ley al prever en todo caso la necesidad de la pr\u00f3rroga de las anotaciones preventivas y se asegura un plazo razonable dentro<\/strong> del procedimiento de ejecuci\u00f3n en el que se acord\u00f3 el embargo para hacer efectiva la realizaci\u00f3n del bien y que el decreto de adjudicaci\u00f3n pueda inscribirse en el registro con el efecto de cancelaci\u00f3n de las cargas y derechos posteriores a la anotaci\u00f3n de embargo\u201d.<\/em><\/p>\n<\/a>

    E) L\u00edmites de la aplicaci\u00f3n de la nueva doctrina: anotaciones canceladas antes.<\/strong><\/span><\/h6>\n

    \u201cEn un caso como este, la registradora puede acceder a la cancelaci\u00f3n de las cargas posteriores, dejando \u00fanicamente a salvo las eventuales inscripciones<\/strong> de derechos adquiridos despu\u00e9s de que en el registro ya no constara la anotaci\u00f3n de embargo<\/strong> por haberse cancelado el asiento\u201d<\/em>.<\/p>\n

     <\/p>\n<\/a>

    Conclusi\u00f3n y comentarios:<\/span><\/h6>\n

    En definitiva: el T.S. considera que debe protegerse la confianza de quien adquiere una finca en una ejecuci\u00f3n judicial a que se mantenga la situaci\u00f3n existente cuando se expide la certificaci\u00f3n, para lo que juzga conveniente que se entienda que su expedici\u00f3n lleva consigo la pr\u00f3rroga de dicha anotaci\u00f3n que, en consecuencia, dispondr\u00e1 siempre de cuatro a\u00f1os m\u00e1s de vigencia, como poco. Respecto de los asientos practicados y derechos inscritos con posterioridad a la cancelaci\u00f3n por caducidad de anotaciones de embargo antes de aplicarse esta nueva doctrina, se respeta a sus titulares, sin que surta efectos la pr\u00f3rroga frente a ellos.<\/p>\n

    Esta es, sucintamente explicada, la doctrina que habr\u00e1 de aplicarse en tanto no se legisle de otra forma sobre la materia o se anule por constituirse el tribunal en legislador, al dictar lo que, en la pr\u00e1ctica, equivale a una norma de car\u00e1cter general que impide aplicar art\u00edculos fundamentales de la Ley Hipotecaria.<\/p>\n

    Mi valoraci\u00f3n sobre esta jurisprudencia no puede ser positiva. Qued\u00f3 plasmada en el comentario de la Sentencia de 7 de julio de 2017 aparecido en el Bolet\u00edn del Colegio de Registradores de agosto de 2017, (n\u00fam. 44, 3\u00aa \u00e9poca)<\/a>, que llevaba por t\u00edtulo \u201cCancelaci\u00f3n de anotaci\u00f3n posterior tras la caducidad de la anterior. Comentario a la sentencia del tribunal supremo 427\/2017, de 7 de julio\u201d<\/em> en cuyos puntos b\u00e1sicos me reafirmo.<\/p>\n

    No obstante, es indudable que la Sentencia de 4 de mayo de 2021 es mucho m\u00e1s equilibrada que la precedente de 7 de julio de 2017, contempla todos los intereses en juego, no solo los del rematante o adjudicatario, pone l\u00edmite temporal a la vigencia de la anotaci\u00f3n y deja expresamente a salvo las situaciones consolidadas por haberse cancelado por caducidad asientos que ahora habr\u00eda que entender prorrogados. No me parece mala soluci\u00f3n, de hecho es la que propugn\u00e9, pero mediante modificaci\u00f3n de la Ley Hipotecaria (en Cuadernos de Derecho Registral \u201c\u00daltima Jurisprudencia sobre Calificaci\u00f3n Registral del Documento Judicial\u201d, Madrid, 2015, p\u00e1ginas 391 y 392), para resolver en parte los continuos problemas causados por la caducidad de anotaciones.<\/p>\n

    Indudablemente habr\u00e1 que acomodar las operaciones registrales a esta jurisprudencia, lo que no resultar\u00e1 f\u00e1cil porque todo el sistema chirr\u00eda cuando se fuerza la maquinaria, pero se tiene que hacer.<\/p>\n

    A los registradores nos corresponde indudablemente la responsabilidad de hacerlo. Siguiendo las indicaciones que seguramente emanen de la Direcci\u00f3n General tendremos que encontrar la forma adecuada de reflejar en el folio de la finca que se ha producido la pr\u00f3rroga de la vigencia de la anotaci\u00f3n cuando se expida la certificaci\u00f3n del art\u00edculo 656 LEC y, respecto de las ya expedidas, adem\u00e1s de no caducarlas hasta que se cumpla el nuevo plazo, habr\u00e1 que informar de la ampliaci\u00f3n de su vigencia temporal en cualquier clase de publicidad. Tambi\u00e9n tendremos que reconsiderar documentos calificados negativamente por caducidad de la anotaci\u00f3n si, como en el caso de autos, se re\u00fanen los requisitos que permiten mantener su vigencia y, por tanto, conservar su eficacia de purga de asientos ulteriores, con el l\u00edmite, muy importante de no afectar a derechos que haya ingresado despu\u00e9s de haberse constatado registralmente dicha caducidad.<\/p>\n

    Pero todos los dem\u00e1s operadores jur\u00eddicos deber\u00e1n estar atentos tambi\u00e9n al giro de los acontecimientos. Cuando una informaci\u00f3n registral de una finca contenga una anotaci\u00f3n con nota de expedici\u00f3n no podr\u00e1 darse por caducada si tiene m\u00e1s de cuatro a\u00f1os, como hasta ahora era perfectamente leg\u00edtimo hacer, en la confianza en que bastar\u00eda pedir una certificaci\u00f3n de cargas o presentar un documento a inscribir para que el registrador cancele por caducidad.<\/p>\n

    Me parece lamentable que haya que cambiar la aplicaci\u00f3n de reglas muy arraigadas y perfectamente coherentes con el sistema, siendo tan f\u00e1cil evitar los perjuicios de la caducidad mediante la prorroga prevista en el art. 86 de la Ley Hipotecaria<\/a>, lo que es perfectamente conocido por los profesionales del derecho que tienen necesariamente que intervenir en los procedimientos judiciales. Pero, en fin, es lo que hay.<\/p>\n

    11 de mayo de 2021<\/p>\n

    \u00c1lvaro Jos\u00e9 Mart\u00edn Mart\u00edn<\/p>\n

    Registro Mercantil de Murcia<\/p>\n

     <\/p>\n<\/a>

    ENLACES:<\/span><\/h6>\n