{"id":83031,"date":"2021-05-26T20:38:37","date_gmt":"2021-05-26T18:38:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/?p=83031"},"modified":"2021-05-27T00:27:29","modified_gmt":"2021-05-26T22:27:29","slug":"acta-notarial-previa-al-matrimonio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/secciones\/oficina-notarial\/otros-temas\/acta-notarial-previa-al-matrimonio\/","title":{"rendered":"Acta notarial previa al matrimonio"},"content":{"rendered":"

<\/a>ACTA PARA ACREDITAR LA CONCURRENCIA EN LOS CONTRAYENTES DE LOS REQUISITOS LEGALES NECESARIOS PARA CONTRAER MATRIMONIO (ACTA MATRIMONIAL PREVIA).<\/strong><\/span><\/h1>\n

\u00a0<\/strong>Sus trazos y un caso pr\u00e1ctico<\/strong><\/h2>\n

INMACULADA ESPI\u00d1EIRA SOTO, NOTARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.<\/h2>\n

 <\/p>\n

\u00cdNDICE:<\/h2>\n

I.- Competencia internacional del Notario espa\u00f1ol para tramitar el acta.<\/strong><\/span><\/a><\/p>\n

II.- La ratificaci\u00f3n de los contrayentes al escrito inicial.<\/strong><\/span><\/a><\/p>\n

III.- Objeto del acta.<\/strong><\/span><\/a><\/p>\n

IV.- La relevancia del consentimiento matrimonial.<\/strong><\/span><\/a><\/p>\n

CASO PR\u00c1CTICO<\/strong><\/span><\/a><\/p>\n

ENLACES<\/strong><\/span><\/a><\/p>\n

 <\/p>\n

El acta matrimonial previa est\u00e1 regulada en el art\u00edculo 58<\/a> de la Ley del Registro Civil, que entr\u00f3 en vigor el 30 de abril de 2021[1]<\/a>. La remisi\u00f3n que hace el art\u00edculo 51.2<\/a> de la Ley del Notariado en materia de tramitaci\u00f3n, lo es al citado art\u00edculo 58 LRC; \u201cLa solicitud, tramitaci\u00f3n y autorizaci\u00f3n del acta se ajustar\u00e1n a lo dispuesto en el art\u00edculo\u00a058 de la Ley\u00a020\/2011, de\u00a021 de julio, del Registro Civil y, en lo no previsto, en esta Ley\u201d .<\/p>\n

<\/a>I.- Competencia internacional del Notario espa\u00f1ol para tramitar el acta.-<\/span> <\/strong><\/h2>\n

La Resoluci\u00f3n-circular de la DGRN de 29 de julio de 2005<\/a>[2]<\/a> sobre matrimonios civiles entre personas del mismo sexo, determina de forma clara que, si ninguno de los contrayentes tiene domicilio en Espa\u00f1a, no existe autoridad competente para instruir el expediente matrimonial previo y el matrimonio no puede celebrarse en Espa\u00f1a.<\/p>\n

E<\/em>l art\u00edculo 58.2<\/a> de la Ley 20\/2011 de 21 de julio, del Registro Civil, que entr\u00f3 en vigor el d\u00eda 30\/04\/2021, dispone que: \u201cLa celebraci\u00f3n del matrimonio requerir\u00e1 la previa tramitaci\u00f3n <\/strong>o instrucci\u00f3n de un acta<\/strong>\u2026 a instancia de los contrayentes para acreditar el cumplimiento de los requisitos de capacidad y la inexistencia de impedimentos o su dispensa, o cualquier otro obst\u00e1culo, de acuerdo con lo previsto en el C\u00f3digo Civil. La tramitaci\u00f3n del acta competer\u00e1 al Notario del lugar del domicilio de cualquiera de los contrayentes<\/strong>\u2026\u201d.<\/p>\n

La consulta del Centro Directivo, de fecha 9 de junio de 2005[3]<\/a>, analiza el concepto y prueba del domicilio a efectos civiles<\/strong>; en cuanto al concepto<\/strong> de domicilio a estos efectos, debe acudirse al acu\u00f1ado por el derecho privado espa\u00f1ol definido en el art\u00edculo 40 del c\u00f3digo civil, que identifica domicilio con residencia habitual (Resoluci\u00f3n de 4-4\u00aa, de marzo de 1998), sin que sea un obst\u00e1culo para apreciar su concurrencia el hecho de que el interesado se encuentre en Espa\u00f1a sin residencia legal amparada por la legislaci\u00f3n de extranjer\u00eda (Resoluci\u00f3n de 25 de septiembre 1995). En cuanto a la prueba <\/strong>del domicilio, la consulta reitera la doctrina de la Resoluci\u00f3n 4-.4\u00aa de marzo de 1998 y aclara que la prueba del domicilio a los efectos de la autorizaci\u00f3n del matrimonio no<\/strong> ha de ser contemplada con criterios demasiado r\u00edgidos que coarten indebidamente el ius nubendi. Si se ha acreditado que una persona ha fijado su nuevo domicilio en una poblaci\u00f3n, no hay por qu\u00e9 investigar cu\u00e1les han sido sus domicilios anteriores a los efectos de determinar la competencia para la instrucci\u00f3n del expediente. Si se sostiene que debe transcurrir cierto tiempo en el nuevo domicilio para que \u00e9ste sea habitual llevar\u00eda consigo que en los supuestos de cambio de residencia no habr\u00eda ning\u00fan \u00f3rgano espa\u00f1ol competente para la instrucci\u00f3n del expediente y para la autorizaci\u00f3n del matrimonio. Por otra parte, si se comprueba que una persona no tiene domicilio fijo, habr\u00e1 que acudir al criterio de la simple residencia para no privar en la pr\u00e1ctica a determinadas personas de su derecho fundamental a contraer matrimonio[4]<\/a>. Analiza la prueba que proporciona el empadronamiento municipal, hay que tener en cuenta que el art\u00edculo 16 de la Ley 7\/1985, de 2 de abril, en su redacci\u00f3n por la Ley 4\/1996, de 10 de enero, dispone que los datos del padr\u00f3n municipal constituyen prueba de la residencia y del domicilio habitual en el municipio pero es cierto que la prueba de la residencia habitual en que consiste el domicilio es libre, salvo cuando una norma legal o reglamentaria impone alguna acotaci\u00f3n y a los efectos concretos que en la misma se prevean; por ejemplo, el caso de los ap\u00e1tridas, respecto de los cuales el art\u00edculo 336.2 del Reglamento del Registro Civil dispone que \u00abel domicilio de los ap\u00e1tridas se acreditar\u00e1 por certificaci\u00f3n municipal o informaci\u00f3n testifical\u00bb, pero ello s\u00f3lo a los efectos de su declaraci\u00f3n de tal condici\u00f3n en expediente gubernativo con valor de simple presunci\u00f3n (cfr. art. 96 LRC). En cualquier otro caso, la prueba del domicilio es libre y sujeta a una apreciaci\u00f3n de conjunto, siendo el padr\u00f3n municipal uno m\u00e1s de los elementos probatorios,<\/strong> el cual podr\u00e1 quedar confirmado o, por el contrario, desvirtuado, por las restantes pruebas concurrentes en el caso concreto. En todo caso, aclara que la residencia habitual<\/strong>, se opte o no por incluir un elemento espiritualista en su concepto, acerca de lo cual no hay unanimidad ni en la doctrina ni en la jurisprudencia, exige un elemento de estabilidad y permanencia, bien ya consolidada, bien presumible para el futuro. Por lo tanto, residir en un lugar y que se trate de residencia presumible para un futuro (habitual).<\/strong><\/p>\n

La prueba del domicilio\/residencia habitual es fundamental pues determina la competencia internacional del notario y, luego, la competencia territorial; en los expedientes de jurisdicci\u00f3n voluntaria el notario debe examinar de oficio su competencia. <\/strong><\/p>\n

<\/a>II.- La ratificaci\u00f3n de los contrayentes <\/strong>al escrito inicial.<\/span><\/h2>\n

Dicha ratificaci\u00f3n es necesaria. No obstante, el art\u00edculo 242 del Reglamento<\/a>, permite que la ratificaci\u00f3n del contrayente que no est\u00e9 domiciliado en la demarcaci\u00f3n del Registro donde se instruya el expediente pueda realizarse por comparecencia ante otro Registro Civil espa\u00f1ol o por medio de poder especial. Trat\u00e1ndose de una actuaci\u00f3n notarial, la actuaci\u00f3n del notario- a quien corresponda por turno entre cualesquiera de los que sean competentes para actuar en el lugar del domicilio de cualquiera de los contrayentes- el asesoramiento por \u00e9ste y el consentimiento de los futuros contrayentes, ratificando la voluntad de contraer matrimonio y de instar la tramitaci\u00f3n del acta se suceder\u00e1 de forma inmediata sin perjuicio de que si uno de los contrayentes no estuviese domiciliado en el lugar de residencia del notario instructor pueda adherirse, ratificando la rogaci\u00f3n inicial por medio de documento p\u00fablico autorizado por otro notario o por medio de poder especial, a modo de nuntius, pues debe colmar las exigencias del art\u00edculo 240 RRC<\/a>. Por el contrario, el tr\u00e1mite de audiencia reservada y por separado a cada contrayente, que tiene como fin comprobar la verdadera voluntad de contraer matrimonio debe ser ante el mismo notario resultando, a nuestro juicio, compleja la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 246 RRC<\/a>, m\u00e1xime cuando uno de los contrayentes est\u00e1 domiciliado en el extranjero.<\/p>\n

<\/a>III.- Objeto del acta<\/strong>.-<\/span><\/p>\n

El art\u00edculo 58<\/a>[5]<\/a> de la Ley de Registro Civil establece de forma clara su objeto: \u201cacreditar el cumplimiento de los requisitos de capacidad y la inexistencia de impedimentos o su dispensa, de acuerdo con lo previsto en el c\u00f3digo civil\u201d y \u201capreciar la legalidad y veracidad del matrimonio\u201d.<\/p>\n

La edad<\/strong> m\u00ednima legal para contraer matrimonio en Espa\u00f1a es de diecis\u00e9is a\u00f1os. Los menores de 16 a\u00f1os no pueden contraer matrimonio en Espa\u00f1a ni es inscribible en el Registro civil el matrimonio contra\u00eddo en el extranjero. La resoluci\u00f3n de 10 de enero de 2014 (129\u00aa)[6]<\/a> referida al momento en el que la edad m\u00ednima para contraer matrimonio en Espa\u00f1a era de catorce a\u00f1os, resuelve que no es inscribible el matrimonio celebrado en Ecuador por una ciudadana ecuatoriana que luego adquiri\u00f3 la nacionalidad espa\u00f1ola, porque, aunque sea v\u00e1lido para el ordenamiento extranjero y en materia de capacidad matrimonial rija el estatuto personal de los contrayentes- ambos eran ecuatorianos en el momento de la celebraci\u00f3n del matrimonio-, uno de ellos era menor de catorce a\u00f1os, por lo que la ley extranjera, aplicable como regla seg\u00fan nuestras normas de conflicto, ha de quedar excluida por virtud de la excepci\u00f3n de orden p\u00fablico internacional (cfr. art. 12-3 CC<\/a>.); lo mismo cabe decir hoy para el menor de diecis\u00e9is a\u00f1os.<\/p>\n

Impedimento de ligamen<\/strong>.- Conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 46.2\u00ba del C\u00f3digo Civil<\/a> no pueden contraer matrimonio los que est\u00e9n ligados con v\u00ednculo matrimonial, norma imperativa a la que es aplicable el art\u00edculo 6.3 del mismo cuerpo legal, en virtud del cual \u201clos actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho,\u2026\u201d.<\/p>\n

En esta l\u00ednea, se deniega, por ejemplo, la autorizaci\u00f3n para la celebraci\u00f3n en Espa\u00f1a de un matrimonio civil entre un espa\u00f1ol, de origen marroqu\u00ed y una marroqu\u00ed que ya se encuentran vinculados entre s\u00ed<\/u> por un matrimonio isl\u00e1mico anterior celebrado en Marruecos que genera impedimento de ligamen. Resoluci\u00f3n 1 de septiembre de 2017 (1\u00aa)[7]<\/a>. No pueden contraer matrimonio los que est\u00e9n ligados por v\u00ednculo matrimonial (cfr. art. 46.2\u00ba CC).<\/p>\n

La funci\u00f3n propia del expediente previo- acta- regulado en los art\u00edculos 238 y siguientes del Reglamento del Registro Civil<\/a> es prevenir la celebraci\u00f3n de matrimonios nulos mediante la verificaci\u00f3n de que concurren todos los requisitos legales (cfr. art. 65 CC<\/a>), entre los que se encuentra la ausencia de impedimento personal de ligamen. En otro supuesto analizado por el Centro directivo, los interesados, ella espa\u00f1ola, de origen marroqu\u00ed y \u00e9l marroqu\u00ed presentan una solicitud para la celebraci\u00f3n de un matrimonio civil en Espa\u00f1a, sin embargo, los interesados declaran en las audiencias que est\u00e1n ya casados por el rito isl\u00e1mico en Marruecos (se casaron el 16 de julio de 2007), aportan adem\u00e1s el acta de matrimonio correspondiente, por lo cual est\u00e1n ligados por v\u00ednculo matrimonial. Como indica el centro directivo, el primer matrimonio que genera impedimento de ligamen puede ser celebrado en forma civil o religiosa.<\/p>\n

En cuanto a los impedimentos bilaterales que afectan a los dos c\u00f3nyuges e impiden contraer matrimonio con personas concretas (impedimento de parentesco)<\/strong> se aplica la ley nacional que establece el r\u00e9gimen m\u00e1s estricto. La citada Resoluci\u00f3n- circular de 29 de julio de 2005- acoge la clasificaci\u00f3n doctrinal de los impedimentos para contraer matrimonio en dos grupos seg\u00fan que imposibiliten la celebraci\u00f3n del matrimonio con cualquier persona, denominados por ello absolutos o unilaterales (por ejemplo, impedimento de edad), o s\u00f3lo con respecto a determinadas personas, conocidos como relativos o bilaterales (impedimento de parentesco) y a\u00f1ade \u201cla soluci\u00f3n al conflicto de leyes que se produce al concurrir en el supuesto de los matrimonios mixtos las leyes nacionales de los contrayentes de diferente nacionalidad es la de su aplicaci\u00f3n cumulativa. En cualquier caso, lo anterior supone que la validez del matrimonio queda condicionada a que ambos contrayentes respeten su respectivo estatuto personal, esto es, que cumplan los requisitos de capacidad impuestos por sus correspondientes leyes nacionales. En definitiva, sucede en sede de matrimonio lo mismo que en relaci\u00f3n con cualquier otro negocio jur\u00eddico: el defecto de capacidad en uno s\u00f3lo de los contratantes vicia de nulidad todo el negocio, y ello sin perjuicio de los efectos que se hayan de reconocer al matrimonio putativo\u201d.<\/p>\n

<\/a>IV.- La relevancia del consentimiento matrimonial.-<\/strong><\/span><\/p>\n

El derecho a contraer matrimonio constituye un derecho fundamental, art\u00edculos 32 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola<\/a>, 6.1 de la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos, 23.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos, 12 del Convenio Europeo para la Protecci\u00f3n de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales y 9 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Uni\u00f3n Europea. Cualquier limitaci\u00f3n del \u00abius connubii\u00bb debe justificarse.<\/p>\n

El consentimiento de los contrayentes es elemento esencial del negocio matrimonial y de la relaci\u00f3n jur\u00eddica que entre ellos se instituye a partir de su celebraci\u00f3n; dicho consentimiento debe responder a los fines que persigue dicha figura jur\u00eddica, la constituci\u00f3n de una comunidad de vida entre los esposos y la asunci\u00f3n de los derechos y deberes correspondientes en el marco de esa relaci\u00f3n estable y duradera.<\/p>\n

\u00a0Si bien nuestro Derecho positivo carece de una norma de conflicto espec\u00edfica y aut\u00f3noma respecto del \u201cconsentimiento matrimonial\u201d, el citado consentimiento matrimonial, como elemento esencial en la celebraci\u00f3n del matrimonio (art. 45 CC<\/a>), es materia directamente vinculada al \u201cestado civil\u201d y, como tal, sujeta al mismo estatuto personal de los contrayentes.<\/p>\n

En esta materia (consentimiento matrimonial) cobra especial relevancia el tr\u00e1mite de la audiencia reservada<\/strong>, al que se refiere la Instrucci\u00f3n de la DGRN de 31 de enero de 2006[8]<\/a> sobre matrimonios de complacencia, En la instrucci\u00f3n del citado expediente- acta previa matrimonial- ha de practicarse, conforme al art\u00edculo 246<\/a> del Reglamento del Registro Civil, un tr\u00e1mite de audiencia de cada uno de los contrayentes por separado y \u00abde modo reservado\u00bb en el que el instructor del expediente (notario, en su caso) puede y debe interrogar a los contrayentes para cerciorarse de la \u00abverdadera intenci\u00f3n matrimonial\u00bb de los mismos o, en su caso, descubrir posibles fraudes.<\/p>\n

El interrogatorio \u00abdebe servir para que el Instructor (el notario, en su caso) se asegure del verdadero prop\u00f3sito de los comparecientes y de la existencia en ambos de verdadero consentimiento matrimonial\u00bb.<\/p>\n

El notario podr\u00e1 preguntar, por ejemplo, sobre las intenciones de vida en com\u00fan de los contrayentes, hijos que desear\u00edan tener, desde cu\u00e1ndo dura la relaci\u00f3n, c\u00f3mo piensan organizar la convivencia com\u00fan, etc. Datos que permiten revelar si los contrayentes desean \u00abformar una familia\u00bb o, con otras palabras, \u00abasumir los derechos y deberes del matrimonio\u00bb.<\/p>\n

El interrogatorio debe ser completo. Un interrogatorio puramente formulario, de escasa entidad cuantitativa y cualitativa no es suficiente para inferir la existencia de un matrimonio simulado<\/strong>. La audiencia es un tr\u00e1mite esencial, del que no se debe prescindir ni cumplir de manera formularia ni rutinaria; recuerda el Centro Directivo que precisamente su omisi\u00f3n ha obligado en ocasiones a ordenar la retroacci\u00f3n de actuaciones con objeto de cumplir de forma adecuada el citado tr\u00e1mite (Resoluciones 15 de febrero de 2005-3\u00aa, 4 de mayo de 2005- 2\u00aa, etc.).<\/p>\n

Este control preventivo de la autenticidad del consentimiento matrimonial no debe realizarse como un control necesariamente uniforme para todos los matrimonios con nacionales de terceros pa\u00edses,<\/strong> sino que la intensidad del mismo y el contenido y extensi\u00f3n de las audiencias, depender\u00e1n de las circunstancias concretas del caso, debiendo extremarse el celo cuando se detecten datos indiciarios que puedan indicar que se est\u00e1 ante un futuro matrimonio de complacencia.<\/p>\n

El consentimiento matrimonial real y libre es materia de orden p\u00fablico, por su car\u00e1cter esencial en nuestro derecho (cfr. art. 45 CC<\/a>) y en el derecho internacional convencional y, en particular, en el Convenio relativo al consentimiento para el matrimonio, hecho en Nueva York el 10 de diciembre de 1962 (BOE del 29 de mayo de 1969)[9]<\/a>, cuyo art\u00edculo primero exige para la validez del matrimonio el pleno y libre consentimiento de ambos contrayentes. <\/strong>Debe denegarse- subraya el Centro Directivo- la autorizaci\u00f3n en los supuestos de simulaci\u00f3n, aunque los interesados est\u00e9n sujetos por su estatuto personal a legislaciones que admitan en sede matrimonial una suerte de consentimiento abstracto, sin causa o desconectado de toda relaci\u00f3n con la finalidad institucional del matrimonio (art. 12. 3 CC), pues se debe evitar que esta instituci\u00f3n sea utilizada como instrumento de un fraude de ley a las normas rectoras de la nacionalidad o la extranjer\u00eda o a otras de diversa \u00edndole. Adem\u00e1s, lo determinante para excepcionar la aplicaci\u00f3n de la ley extranjera es el hecho de que un consentimiento simulado supone una voluntad matrimonial inexistente, en la medida en que la voluntad declarada no se corresponde con la interna, produci\u00e9ndose en tales casos una discordancia consciente cuyo efecto es la nulidad absoluta, ipso iure e insubsanable del matrimonio celebrado (art. 74 CC), y ello cualquiera sea la causa simulationis, o prop\u00f3sito pr\u00e1ctico pretendido in casu, que act\u00faa como agente de una ilicitud civil incompatible con la protecci\u00f3n jur\u00eddica que del ius nubendi se desprende en favor de la verdadera voluntad matrimonial. Por ello, no cabe excusar la pr\u00e1ctica de la audiencia reservada de los contrayentes (art. 246 RRC<\/a>).<\/strong><\/p>\n

No obstante lo anterior, debemos tener presente- Sentencia de 27 de septiembre de 2018 (Recurso 385\/2018), entre otras- que dada la presunci\u00f3n general de buena fe y el car\u00e1cter fundamental del \u00abius nubendi\u00bb, la existencia de fraude de Ley s\u00f3lo podr\u00e1 apreciarse cuando \u00e9ste conste de manera inequ\u00edvoca, por existir entre los hechos base demostrados y aquel que se trata de deducir un enlace preciso, directo y un\u00edvoco seg\u00fan las reglas del criterio humano que excluya cualquier duda razonable. Es necesario que se llegue en estos casos a un \u00abalto grado de convicci\u00f3n racional\u00bb de la simulaci\u00f3n (Sentencias del Tribunal Supremo de 23 de julio de 2014 y 17 de febrero de 2016).-<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

<\/a>CASO PR\u00c1CTICO:<\/span> <\/strong><\/p>\n

Don A de nacionalidad mexicana adquiere en el a\u00f1o 2020 la nacionalidad espa\u00f1ola por residencia, acude a un notario con competencia en su domicilio, designado por turno, vigente la normativa del registro civil, para que tramite acta matrimonial previa, desea contraer matrimonio con Do\u00f1a B de nacionalidad mexicana, residente en M\u00e9xico, en la ciudad de Veracruz. <\/strong><\/p>\n

\u00a0Don A presenta el documento nacional de identidad espa\u00f1ol, certificado literal de nacimiento apostillado, copia del acta de matrimonio y copia certificada del acta de divorcio ante el registro civil mexicano, divorcio que se produjo en el a\u00f1o 2000, antes de adquirir la nacionalidad espa\u00f1ola, documentos apostillados y certificado de empadronamiento en Santiago de Compostela, y do\u00f1a B presenta pasaporte en vigor, certificado literal de nacimiento apostillado, certificado de constancia de solter\u00eda y certificado de residencia en la ciudad de Veracruz, M\u00e9xico y ambos presentan los documentos relativos a la residencia y empadronamiento de las ciudades en que han estado domiciliados o han residido los dos \u00faltimos a\u00f1os, con certificados de empadronamientos hist\u00f3ricos.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n

\u00a0El notario se plantea las siguientes cuestiones con relaci\u00f3n a este expediente: 1\u00aa) si debe exigirse el exequatur a la sentencia extranjera de divorcio de Don A, que es espa\u00f1ol; 2\u00aa) si siendo Espa\u00f1a parte del Convenio relativo a la expedici\u00f3n de un certificado matrimonial, hecho en M\u00fanich el 5 de septiembre de 1980, debe exigir a la ciudadana mexicana necesariamente un certificado de capacidad matrimonial; 3\u00ba) si dada la residencia fuera de Espa\u00f1a de Do\u00f1a B, deben publicarse edictos fuera de Espa\u00f1a.<\/p>\n

Respondemos.- <\/strong><\/p>\n

\u00a01\u00ba) La exigencia del exequatur de la sentencia extranjera de divorcio queda limitada a las sentencias extranjeras que afecten a espa\u00f1oles, al tiempo en que fueron dictadas o a matrimonios previamente inscritos en el registro civil espa\u00f1ol. La sentencia de divorcio mejicana tiene pleno valor probatorio para acreditar la inexistencia de impedimento de ligamen ya que al tiempo de dictarse la sentencia de divorcio ten\u00eda Don A nacionalidad mejicana. El matrimonio anterior celebrado en el extranjero de quien adquiere la nacionalidad espa\u00f1ola \u00fanicamente debe ser inscrito si el mismo subsiste. No es pues necesario. Esta es mi opini\u00f3n, salvo mejor criterio.<\/p>\n

\u00a02\u00ba) Certificado de capacidad matrimonial. La expedici\u00f3n por el instructor de este certificado s\u00f3lo es necesaria cuando los contrayentes hayan manifestado su prop\u00f3sito de contraer matrimonio en el extranjero con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebraci\u00f3n y esta ley exija la presentaci\u00f3n de tal certificado[10]<\/a> (art. 252 RRC y el Convenio n\u00famero 20 de la Comisi\u00f3n Internacional del Estado Civil de 5 de septiembre de 1980, publicado en el \u00abBolet\u00edn Oficial del Estado\u00bb de 16 de mayo de 1988).<\/p>\n

Previamente a la expedici\u00f3n del certificado ha de instruirse y concluir con auto firme favorable, el expediente matrimonial tramitado conforme a las reglas generales, art. 252 RRC, (Instrucci\u00f3n de 9 de enero de 1995, norma 5\u00aa), es decir, tras la solicitud presentada por los futuros contrayentes y la entrega de la documentaci\u00f3n, el expediente requiere actos de ratificaci\u00f3n, audiencias reservadas y ejercicio de pruebas, publicaciones o diligencias sustitutorias (art\u00edculo 58.5 in fine LRC actual,<\/em>)siendo tr\u00e1mite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obst\u00e1culo legal para la celebraci\u00f3n (cfr. art. 246 RRC<\/a>). La \u00fanica especialidad del expediente en este caso se encuentra en que no termina con la autorizaci\u00f3n del matrimonio por funcionario espa\u00f1ol, sino con la entrega a los interesados del certificado de capacidad matrimonial, valido por seis meses, extendido en el modelo pluriling\u00fce[11]<\/a> aprobado por la Orden de 26 de mayo de 1988.<\/a><\/p>\n

La respuesta: No es necesario. En caso de ser soltera puede presentar, fe de vida y estado, certificado de solter\u00eda, declaraci\u00f3n jurada o acta otorgada ante notario sobre tal extremo.<\/p>\n

\u00a03\u00ba) En cuanto a la publicaci\u00f3n de edictos:<\/p>\n

Hasta la fecha:<\/strong> La Resoluci\u00f3n (1\u00aa) de 7 de junio de 2007, BOE 185 de 3 de agosto de 2007, se\u00f1alaba que si los contrayentes extranjeros se han acogido a la forma civil prevista por la ley espa\u00f1ola, la tramitaci\u00f3n del expediente matrimonial se sujetar\u00e1 a la legislaci\u00f3n del Registro Civil, que a trav\u00e9s de su Reglamento regula todo lo relativo a competencia para su instrucci\u00f3n y resoluci\u00f3n, legitimaci\u00f3n para promoverlo, incoaci\u00f3n y tr\u00e1mites subsiguientes hasta su completa resoluci\u00f3n, que revestir\u00e1 la forma de auto autorizando o denegando la celebraci\u00f3n del matrimonio (en nuestro caso ser\u00e1 un acta).<\/p>\n

Entre los tr\u00e1mites previstos est\u00e1 el de la publicaci\u00f3n de edictos que prev\u00e9 el art\u00edculo 243<\/a> del citado Reglamento, conforme al cual \u00abSe publicar\u00e1n edictos o proclamas por espacio de quince d\u00edas exclusivamente en las poblaciones en cuya demarcaci\u00f3n hubiesen residido o estado domiciliados los interesados en los dos \u00faltimos a\u00f1os y que tengan menos de 25.000 habitantes de derecho, seg\u00fan el \u00faltimo censo oficial, o bien que correspondan a la circunscripci\u00f3n de un Consulado espa\u00f1ol con menos de 25.000 personas en el Registro de Matr\u00edcula\u00bb.<\/strong><\/p>\n

La interpretaci\u00f3n del precepto reglamentario fue abordada por el Centro Directivo en su resoluci\u00f3n de Consulta de 22 de marzo de 2004, la cual aclar\u00f3 que cuando el precepto citado habla de \u00abinteresados\u00bb en relaci\u00f3n con los futuros contrayentes, no distingue en funci\u00f3n de su nacionalidad espa\u00f1ola o extranjera. Por consiguiente, tambi\u00e9n en estos \u00faltimos casos, en concurrencia con el requisito de que la residencia o domicilio durante los dos \u00faltimos a\u00f1os haya estado fijada en una poblaci\u00f3n extranjera coincidente con una circunscripci\u00f3n consular espa\u00f1ola con menos de 25.000 personas en el correspondiente Registro de Matr\u00edcula consular, deber\u00e1 procederse a la publicaci\u00f3n de los edictos. El dato num\u00e9rico citado ha de ser consultado, en caso de desconocimiento, con el Consulado espa\u00f1ol respectivo, bien directamente (art. 1 RRC), bien a trav\u00e9s de este Centro Directivo (art. 9 LRC). La citada Resoluci\u00f3n de 7 de junio de 2007, BOE 185 de 3 de agosto a\u00f1ad\u00eda que tras la reforma del C\u00f3digo civil operada por Ley 30\/1981, de 7 de julio, debe entenderse \u201csuperada la doctrina contenida en el apartado 9.\u00ba de la Instrucci\u00f3n de 22 de marzo de 1974 sobre expediente previo al matrimonio civil, conforme al cual, y en base a la redacci\u00f3n entonces vigente de los art\u00edculos 91 y 92 del C\u00f3digo civil, se declar\u00f3 que no se exigir\u00eda la previa publicaci\u00f3n del matrimonio civil en pa\u00eds extranjero si por el C\u00f3nsul o funcionario competente se certifica que en la legislaci\u00f3n de tal pa\u00eds no est\u00e1 prevista la publicaci\u00f3n oficial previa del matrimonio, sin perjuicio de que en tal caso el Juez Encargado hab\u00eda de exigir certificaci\u00f3n del C\u00f3nsul o funcionario competente sobre la aptitud y libertad matrimoniales del contrayente extranjero, doctrina que no se compadece con la actual redacci\u00f3n de las disposiciones legales actuales\u201d.<\/p>\n

A partir del 30 de abril de 2021:<\/strong> Existe una interpretaci\u00f3n doctrinal sobre el tr\u00e1mite de la publicaci\u00f3n de edictos que sostiene que dicha publicaci\u00f3n con todos los datos que exige el art\u00edculo 240 RRC no se acomoda a la Ley Org\u00e1nica de Protecci\u00f3n de Datos, siendo m\u00e1s apropiada la prueba testifical; adem\u00e1s se a\u00f1ade que el propio art\u00edculo 58.5 in fine LRC tiene una redacci\u00f3n m\u00e1s laxa y permite diligencias sustitutorias como la testifical (\u201cpasado un a\u00f1o desde la publicaci\u00f3n de los anuncios o <\/strong>diligencias sustitutorias\u201d dice textualmente) y en el mismo sentido se pronuncia el art\u00edculo 83 de la Ley 39\/2015, de 1 de octubre, que en materia de informaci\u00f3n p\u00fablica dentro de la tramitaci\u00f3n de un procedimiento administrativo, utiliza la locuci\u00f3n \u201cpodr\u00e1\u201d; por lo que el tr\u00e1mite de publicaci\u00f3n de edictos puede verse sustituido o al menos dulcificado.<\/p>\n

\u00a0En todo caso, pasado un a\u00f1o desde la publicaci\u00f3n de los anuncios o de las diligencias sustitutorias sin que se haya contra\u00eddo el matrimonio, no podr\u00e1 celebrarse este sin nueva publicaci\u00f3n o diligencias.<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

Inmaculada Espi\u00f1eira, Notaria de Santiago de Compostela, abril 2021.<\/p>\n

\n

[1]<\/a> La disposici\u00f3n final quinta de la Ley 3\/2020 de 18 de septiembre, modifica la disposici\u00f3n final d\u00e9cima de la Ley 20\/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. \u201cDisposici\u00f3n final d\u00e9cima. Entrada en vigor. La presente Ley entrar\u00e1 en vigor el 30 de abril de 2021\u2026\u201d<\/p>\n

[2]<\/a> BOE n\u00famero 188, de 8 de agosto de 2005.<\/p>\n

[3]<\/a> Bolet\u00edn del Ministerio de Justicia, Consultas en materia de estado civil de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado. A\u00f1o LX. Suplemento al n\u00fam.2022, de 1 de octubre de 2006.<\/p>\n

[4]<\/a> La R. 6 de abril de 2017 (2\u00aa) Bolet\u00edn n\u00famero 2207 del Ministerio de Justicia- abril 2018 se\u00f1ala que la situaci\u00f3n irregular a efectos de residencia o extranjer\u00eda no supone por s\u00ed misma una limitaci\u00f3n al ius nubendi, derecho dotado de protecci\u00f3n constitucional, y reconocido a los extranjeros, seg\u00fan se desprende de los art\u00edculos 13 y 32 del texto constitucional. No obstante, lo anterior no impide que dicha situaci\u00f3n administrativa pueda ser tenida en cuenta como indicio, para probar o presumir la ausencia de verdadero consentimiento matrimonial.<\/p>\n

<\/a>\u00a0[5] Matrimonio por poder. El art\u00edculo 55 del C\u00f3digo civil permite, con determinados l\u00edmites, que el matrimonio se celebre con la asistencia personal de un contrayente y de una persona que interviene como apoderado especial del otro contrayente que reside en lugar distinto del de demarcaci\u00f3n del funcionario autorizante. Es oportuno se\u00f1alar que esta especialidad se refiere exclusivamente al momento final de la autorizaci\u00f3n del matrimonio, de modo que en lo dem\u00e1s el expediente previo ha de tramitarse de acuerdo con las reglas generales indicadas, entre ellas, como es obvio, la audiencia personal y reservada del poderdante sobre la que toda insistencia es poca.<\/p>\n

[6]<\/a> Bolet\u00edn del Ministerio de Justicia, resoluciones de la Direcci\u00f3n general de los Registros y del notariado, estado civil. A\u00f1o LXVIII, 21 de mayo de 2014.<\/p>\n

[7]<\/a> Bolet\u00edn del Ministerio de Justicia, resoluciones de la Direcci\u00f3n general de los Registros y del notariado, estado civil. A\u00f1o LXXII, n\u00fam. 2211, septiembre de 2018.<\/p>\n

[8]<\/a> BOE n\u00famero 41, de 17 de febrero de 2006.<\/p>\n

[9]<\/a> Convenci\u00f3n de Nueva York de 10 de diciembre de 1962.- sobre Consentimiento del matrimonio, edad m\u00ednimo para contraerlo; en la p\u00e1gina web de United Nations (Treaty Collection), capitulo XVI.3, pueden consultarse los Estados part\u00edcipes: ESTADOS PARTES: Alemania, Antigua y Barbuda, Argentina, Austria, Azerbaiy\u00e1n, Bangladesh, Barbados, Ben\u00edn, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Burkina Fasso, Chipre, Costa de Marfil, Croacia, Cuba, Dinamarca, Espa\u00f1a, Fiji, Finlandia, Guatemala, Guinea, Hungr\u00eda, Islandia, Jordania, Kirguist\u00e1n, Macedonia, Mali M\u00e9xico, Mongolia, N\u00edger, Noruega, Nueva Zelandia, Pa\u00edses Bajos, Filipinas, Polonia, Reino Unido, Rep\u00fablica Dominicana, Rep\u00fablica Checa, Rumania, San Vicente y las Granadinas, Samoa, Sud\u00e1frica, Eslovaquia, Suecia, Trinidad y Tobago, T\u00fanez, Venezuela, Yemen, Yugoslavia y Zimbabue<\/p>\n

<\/a>\u00a0[10] Cabe tambi\u00e9n la expedici\u00f3n de un certificado matrimonial en los supuestos a que se refiere , Orden JUS\/557\/2016, de 19 de abril: https:\/\/www.boe.es\/diario_boe\/txt.php?id=BOE-A-2016-3874<\/a><\/p>\n

[11]<\/a> El Convenio de Viena de 8 de septiembre de 1976 sobre expedici\u00f3n de certificados pluriling\u00fces de las actas del Registro Civil (Convenio n\u00fam. 16 de la CIEC, publicado en el BOE n\u00fam. 200 de 22 de agosto de 1983) o el Convenio de Atenas de 1977 sobre dispensa de la legalizaci\u00f3n de ciertos documentos (Convenio n\u00fam. 17 de la CIEC, publicado en el BOE n\u00fam. 112 de 11 de mayo de 1981). Reglamento (UE) 2016\/1191 por lo que respecta a los documentos que en \u00e9l se incluyen.<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

<\/a>ENLACES:<\/span><\/h2>\n