{"id":83737,"date":"2021-06-16T20:38:27","date_gmt":"2021-06-16T18:38:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/?p=83737"},"modified":"2021-06-16T21:35:03","modified_gmt":"2021-06-16T19:35:03","slug":"alcance-de-la-jurisprudencia-relativa-al-valor-de-la-nota-de-expedicion-de-cargas-en-las-anotaciones-de-embargo-consideraciones-criticas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/secciones\/oficina-registral\/estudios\/alcance-de-la-jurisprudencia-relativa-al-valor-de-la-nota-de-expedicion-de-cargas-en-las-anotaciones-de-embargo-consideraciones-criticas\/","title":{"rendered":"Alcance de la jurisprudencia relativa al valor de la nota de expedici\u00f3n de cargas en las anotaciones de embargo: Consideraciones criticas"},"content":{"rendered":"

BREVES CONSIDERACIONES CRITICAS SOBRE EL ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA RELATIVA AL VALOR DE LA NOTA DE EXPEDICI\u00d3N DE CARGAS EN LAS ANOTACIONES DE EMBARGO.<\/span><\/h1>\n

JUAN IGNACIO DE LOS MOZOS TOUYA, REGISTRADOR<\/h2>\n

\u00cdndice:<\/h2>\n
    \n
  1. Planteamiento.<\/strong><\/span><\/a><\/li>\n
  2. Valor de la jurisprudencia.<\/a><\/strong><\/span><\/li>\n
  3. Importancia real de la jurisprudencia en el recurso de casaci\u00f3n y las sentencias del pleno.<\/a><\/strong><\/span><\/li>\n
  4. La evoluci\u00f3n de la doctrina jurisprudencial.<\/a><\/strong><\/span><\/li>\n
  5. Referencia a las consecuencias directas y otros efectos colaterales de la Sentencia.<\/a><\/strong><\/span><\/li>\n
  6. Ultimas observaciones.<\/a><\/strong><\/span><\/li>\n
  7. ENLACES<\/a><\/strong><\/span><\/li>\n<\/ol>\n

     <\/p>\n

    <\/a>Planteamiento.<\/span><\/strong><\/span><\/h2>\n

    \u00a0La cuesti\u00f3n suscitada por la Sentencia del pleno de la Sala 1\u00aa del Tribunal Supremo 237\/2021 de 4 de mayo<\/a> ha de situarse en el marco m\u00e1s amplio de la concordancia entre el Registro y la realidad extrarregistral y, en concreto, en el conflicto que surge, por un lado, entre la protecci\u00f3n del ejecutante o adjudicatario de un procedimiento de ejecuci\u00f3n judicial cuando su t\u00edtulo (el decreto de adjudicaci\u00f3n) no puede inscribirse por haber caducado la anotaci\u00f3n que le sirve de publicidad frente, por otro, a la protecci\u00f3n del tr\u00e1fico jur\u00eddico a trav\u00e9s de las garant\u00edas de estabilidad y fijeza que adquirentes y acreedores pueden encontrar en lo publicado por el Registro(1).<\/a><\/p>\n

    \u00a0Ante esta situaci\u00f3n, para evitar \u201clos remedios desproporcionadamente onerosos\u201d (tercer\u00edas, juicios declarativos) que el ordenamiento ofrece al adjudicatario (ejecutante o no) para hacer valer sus derechos frente a titulares de cargas y derechos que siendo posteriores han ganado no obstante prioridad, como consecuencia de la caducidad de su embargo y consiguiente cancelaci\u00f3n o no, el Tribunal Supremo opta por ampliar la vigencia de la anotaci\u00f3n de embargo por entender que existe una petici\u00f3n impl\u00edcita de pr\u00f3rroga de la anotaci\u00f3n desde el momento de la emisi\u00f3n de la certificaci\u00f3n de cargas y su correspondiente nota, con ello se aparta de la Sentencia 427\/2017 de 7 de julio<\/a> que le sirve de precedente al limitar los efectos de la pr\u00f3rroga indefinida decretada por \u00e9sta \u00faltima.<\/p>\n

    \u00a0El aut\u00e9ntico problema jur\u00eddico con el que tropieza la Sentencia, como puso de manifiesto la Resoluci\u00f3n vinculante de la Direcci\u00f3n general de los Registros y el Notariado de 9 de abril de 2018<\/a> y recuerda la propia Sentencia, es la dicci\u00f3n literal del art\u00edculo 86 de la Ley Hipotecaria<\/a> al establecer un plazo de caducidad de cuatro a\u00f1os susceptible de posibles pr\u00f3rrogas sucesivas de otros cuatro a\u00f1os m\u00e1s. Si el registrador ha de calificar apoy\u00e1ndose precisamente en la Ley (principio de legalidad ex art 18 LH<\/a>) no puede dejar inaplicado un art\u00edculo de la Ley que es claro en sus t\u00e9rminos (\u201cin claris non fit interpretatio\u201d) y ello por acatar una jurisprudencia que pretende llenar una laguna inexistente, siendo la soluci\u00f3n legal precisamente la contraria a lo decretado por el Tribunal al rechazar las pr\u00f3rrogas indefinidas de la legislaci\u00f3n anterior (y m\u00e1s a\u00fan las t\u00e1citas), si bien obligando al acreedor o a la autoridad judicial a una cierta diligencia para evitar la caducidad del asiento. Claro que lo dicho hasta aqu\u00ed no tendr\u00eda ning\u00fan sentido si la jurisprudencia fuera fuente del derecho.<\/p>\n

    \u00a0<\/p>\n

    <\/a>Valor de la jurisprudencia:<\/span><\/h2>\n

    El espejismo provocado por la aplicaci\u00f3n del Derecho comunitario y la obligatoriedad de las sentencias judiciales.<\/span><\/h3>\n

    \u00a0En relaci\u00f3n con el valor de la jurisprudencia, en el sentido de creadora de norma jur\u00eddica, es pr\u00e1cticamente un\u00e1nime en la doctrina la exclusi\u00f3n de la misma de su consideraci\u00f3n de fuente del Derecho por estarle reservada una funci\u00f3n complementadora del ordenamiento jur\u00eddico al aplicar e interpretar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho (art 1.6 CC) (2).<\/a> Puede hacernos creer otra cosa el papel que en los \u00faltimos a\u00f1os ha desempe\u00f1ado la jurisprudencia en el \u00e1mbito del Derecho comunitario tanto en materia de derecho de sociedades como de consumidores. Recu\u00e9rdese, por poner un solo ejemplo, la precisi\u00f3n casi normativa a la que lleg\u00f3 el Tribunal en la declaraci\u00f3n de abusividad de los intereses de demora en pr\u00e9stamos hipotecarios (SSTS 23-XII-2015, 18-II-2016). Pero esto no es m\u00e1s que un espejismo que oscurece la funci\u00f3n propiamente jurisdiccional de interpretar la ley del Alto Tribunal, porque en su labor no hac\u00eda otra cosa que aplicar el principio de primac\u00eda del Derecho comunitario que, al quedar integrado en el ordenamiento interno por la ratificaci\u00f3n en Cortes de los Tratados internacionales en que tiene su origen, s\u00ed constituye fuente del Derecho de manera eminente por la cesi\u00f3n de soberan\u00eda que implica (art 96 CE en relaci\u00f3n con el 1.5 Cc). Con ello el Tribunal cumpl\u00eda, desde otra perspectiva, el mandato a \u00e9l dirigido contenido en el art\u00edculo 4 bis 1 LOPJ cuando dispone que \u201cLos Jueces y Tribunales aplicar\u00e1n el Derecho de la Uni\u00f3n Europea de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea\u201d. Sin que podamos olvidar, por otra parte, que las Sentencias prejudiciales dictadas por el Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n son obligatorias y tienen eficacia ex tunc, adem\u00e1s de car\u00e1cter erga omnes (art 91 Rto Proc TJUE).<\/p>\n

    \u00a0Sin embargo se argumenta, pese a todo, que las Sentencias del Tribunal Supremo son obligatorias (3),<\/a> lo cual es cierto en el \u00e1mbito del Derecho p\u00fablico, los derechos de la personalidad o relativas al estado civil (impugnaci\u00f3n o reclamaci\u00f3n de la filiaci\u00f3n\u2026) al tener efectos erga omnes, aunque no deja de ser una forma de recordar la fuerza de la jurisprudencia en materia de Derecho privado por su importancia en relaci\u00f3n con \u201cel inter\u00e9s casacional\u201d a la hora de fundamentar un recurso de casaci\u00f3n (4),<\/a> pero sin que podamos olvidar que, resolviendo a la postre un conflicto inter partes, el fallo de la sentencia no puede nunca desvincularse del supuesto de hecho objeto del proceso. Sucede algo as\u00ed, mutatis mutandi, de manera paralela en el \u00e1mbito extrajudicial, con los contratos que teniendo fuerza de ley entre las partes contratantes (art 1091 Cc<\/a>) no tienen efectos m\u00e1s all\u00e1 o frente a terceros de acuerdo con el principio de relatividad de los contratos (art 1257 CC<\/a>: \u201cres inter alios acta\u201d).<\/p>\n

    \u00a0Por ello, en un caso como el de la Sentencia se echa en falta un fallo de justicia material m\u00e1s apegado a las circunstancias de hecho probadas en la instancia que tuviera en cuenta la dilaci\u00f3n provocada por la excesiva duraci\u00f3n del procedimiento judicial o la omisi\u00f3n de la diligencia debida de los interesados o de la autoridad que decret\u00f3 la anotaci\u00f3n (art. 86 LH<\/a>), para evitar la caducidad de la publicidad registral del embargo y no, como es el caso, una declaraci\u00f3n gen\u00e9rica sobre una doctrina jurisprudencial contraria a la ley (STS 7-VII-2017) que ahora, aunque matizada, no resulta ser menos contraria a la ley.<\/p>\n

    \u00a0Con el \u00e1nimo de amparar al adjudicatario de una subasta judicial cuyo t\u00edtulo, puede no ser eficaz por el momento al tener que hacerlo valer judicialmente frente a acreedores o adquirentes posteriores protegidos por el Registro, pretende o, m\u00e1s bien, decide dar a la nota de expedici\u00f3n de cargas unos efectos que no tiene en la Ley, aprovechando que el decreto se presenta dentro de los cuatro a\u00f1os siguientes a dicha nota, creando con ello una aut\u00e9ntica norma jur\u00eddica. En vez de tratar de resolver el caso concreto con los medios que la Ley proporciona, sobre todo cuando no hay laguna legal ni doctrina jurisprudencial contradictoria, se invaden competencias de tipo legislativo que no le corresponden (arts 66.2 en relaci\u00f3n con el 117.3 CE). \u00bfC\u00f3mo elevar a norma jur\u00eddica lo que, sin duda de acuerdo con las circunstancias del caso, debi\u00f3 ser una respuesta justa a un caso concreto, falt\u00e1ndole, como le falta a la jurisprudencia, las notas de generalidad y publicidad que acompa\u00f1an a las normas jur\u00eddicas propiamente dichas?<\/p>\n

    \u00a0<\/p>\n

    <\/a>Importancia real de la jurisprudencia en el recurso de casaci\u00f3n y las sentencias del pleno.<\/span><\/h2>\n

    \u00a0En la vida jur\u00eddica es cierto que la obligatoriedad parece imponerse por el peso aplastante de las llamadas sentencias del pleno y la pr\u00e1ctica habitual seguida por el juego del llamado \u201cinter\u00e9s casacional\u201d en el funcionamiento del recurso de casaci\u00f3n que al fin y a la postre ha venido a sustituir a la vieja casaci\u00f3n por infracci\u00f3n de doctrina legal. Tras la reforma de la casaci\u00f3n civil operada por la Ley 1\/2000 de Enjuiciamiento civil, el Tribunal Supremo est\u00e1 convirtiendo el recurso de casaci\u00f3n en un recurso para la unificaci\u00f3n de doctrina con la pretensi\u00f3n de fijar en el fallo la interpretaci\u00f3n jurisprudencial para el futuro de una cuesti\u00f3n afectada por una jurisprudencia contradictoria de los Tribunales inferiores, como s\u00ed est\u00e1 previsto en el \u00e1mbito administrativo y laboral pero no en el civil, en que es algo residual limitado a las normas y garant\u00edas procesales como \u201crecurso en inter\u00e9s de ley\u201d en los art\u00edculos 490 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento.<\/p>\n

    \u00a0Si de manera originaria la finalidad de la organizaci\u00f3n judicial, con un sistema de jueces organizados jer\u00e1rquicamente, ser\u00eda garantizar la aplicaci\u00f3n de la ley por los tribunales o desde otra perspectiva el sometimiento de los jueces y tribunales a la ley, pronto se ha priorizado la uniformidad en la interpretaci\u00f3n de las normas jur\u00eddicas en aras de la previsibilidad en la aplicaci\u00f3n de la ley, en definitiva, de la seguridad jur\u00eddica. Hoy esto se pone de manifiesto en la mec\u00e1nica del recurso de casaci\u00f3n en que teniendo un \u00fanico motivo: \u201cla infracci\u00f3n de las normas aplicables\u201d (art 477.1 LEC<\/a>), fuera de los casos que se refieran a la tutela judicial civil de derechos fundamentales o en asuntos de cuant\u00eda superior a los 6oo.ooo euros, el \u00fanico motivo real en la pr\u00e1ctica es la infracci\u00f3n de la doctrina jurisprudencial que ha tomado nuevo protagonismo a trav\u00e9s del \u201cinter\u00e9s casacional\u201d(5).<\/a> De forma que pudiera darse el caso de que, trat\u00e1ndose de un asunto inferior a la summa graviminis o tramitado por raz\u00f3n de la materia en el que conste la infracci\u00f3n de una norma jur\u00eddica, el recurso de casaci\u00f3n no sea admitido por ese motivo que es el \u00fanico legal sino por presentar \u201cinter\u00e9s casacional\u201d, es decir por existir jurisprudencia contradictoria o tratarse de la interpretaci\u00f3n de una norma que lleve en vigor menos de cinco a\u00f1os (art 477.3 LEC<\/a>). Y es aqu\u00ed, en la importancia pr\u00e1ctica de la jurisprudencia a trav\u00e9s del \u201cinter\u00e9s casacional\u201d, donde juega un papel cada vez m\u00e1s destacado las llamadas sentencias del pleno de Magistrados de la Sala 1\u00aa.<\/p>\n

    \u00a0Hasta hace relativamente poco tiempo para que pudiera hablarse de jurisprudencia se requer\u00edan al menos dos sentencias id\u00e9nticas o fundamentalmente an\u00e1logas, actualmente bastar\u00eda una sola siempre que sea del pleno (6).<\/a> Ahora bien, no podemos olvidar que las sentencias del pleno, previstas en el art\u00edculo 197 LOPJ<\/a>, no son m\u00e1s que sentencias con un plus sobre las sentencias de sala porque por si mismas sirven para fijar doctrina jurisprudencial. En palabras de la profesora Parra Luc\u00e1n \u201cuna sentencia de pleno vale por dos\u201d, digamos que es la manera de obtener una jurisprudencia expr\u00e9s, que a veces por la trascendencia de los casos resueltos o la urgencia con que se presentan puede ser necesario y conveniente en aras de la seguridad jur\u00eddica, pero que en otras ocasiones carece de justificaci\u00f3n cuando no existe una urgencia perentoria y s\u00ed un af\u00e1n de fijar o sentar doctrina incluso m\u00e1s all\u00e1 de la propia norma jur\u00eddica, lo que tendr\u00eda que hacer pensar en la necesidad de ser prudente en el uso de un mecanismo que puede llevar en la pr\u00e1ctica a los resultados propios de un recurso de unificaci\u00f3n de doctrina en contra de lo querido por el legislador para el orden civil.<\/p>\n

    \u00a0<\/p>\n

    <\/a>La evoluci\u00f3n de la doctrina jurisprudencial.<\/span><\/h2>\n

    \u00a0En nuestro ordenamiento, no siendo la jurisprudencia fuente del Derecho, se ha de partir de la siempre posible evoluci\u00f3n de la doctrina jurisprudencial, entre otras cosas por la necesidad de que la aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de la ley vaya acompasada a los propios cambios legislativos. As\u00ed lo reconoce el propio Tribunal que en el Acuerdo citado alude a dicha posibilidad cuando \u201cla parte recurrente justifique debidamente la necesidad de modificar la jurisprudencia\u2026 porque haya evolucionado la realidad social o la com\u00fan opini\u00f3n de la comunidad jur\u00eddica sobre una determinada materia\u201d, eso s\u00ed dejando claro que \u201cesta excepci\u00f3n tiene el car\u00e1cter extraordinario\u201d y sujeta al criterio de la Sala, de modo que \u201cel recurso no es admisible cuando la Sala no aprecie la posibilidad razonable de que deba ser modificada la jurisprudencia\u201d.<\/p>\n

    \u00a0Por ello nada impide que en un supuesto como el que nos ocupa no cambie el Alto Tribunal su doctrina en el futuro. De hecho, es lo que ha ocurrido en el presente caso frente a la contenida en la Sentencia de 7 de julio de 2017 que pretendi\u00f3 dotar a la nota de expedici\u00f3n de cargas de un efecto de pr\u00f3rroga indefinida de la anotaci\u00f3n preventiva, la Sentencia que tan cr\u00edticamente estamos comentado corrige su propio criterio reconociendo que tal doctrina ir\u00eda en contra de la Reforma introducida en la Ley 1\/2000 de Enjuiciamiento civil (Fundamento de derecho 6), por lo que, entendiendo que existe una petici\u00f3n impl\u00edcita de pr\u00f3rroga, la limita a los 4 a\u00f1os posteriores a la fecha de la emisi\u00f3n de la certificaci\u00f3n y la extensi\u00f3n de la nota. En consecuencia, resulta factible, a mi juicio, que en el futuro pueda corregir de nuevo su doctrina aplicando, ahora s\u00ed, la Ley, es decir el art\u00edculo 86 de la Ley hipotecaria<\/a> que no s\u00f3lo \u201cexige la necesidad de pr\u00f3rroga\u201d (Fundamento 6\u00ba) sino que pide que se haga expresamente, bien por los interesados o las autoridades que la decretaron, antes de la caducidad de la anotaci\u00f3n misma o de las ulteriores pr\u00f3rrogas.<\/p>\n

    \u00a0Para que esto sea posible, bien haya nacido la doctrina jurisprudencial de varias sentencias concordes o de una sola del pleno, como es el caso, habr\u00e1 de ser, como dec\u00edamos m\u00e1s arriba, debidamente alegado y justificado, y el Tribunal, por su parte, como cualquier otro \u00f3rgano que cambie el sentido de una resoluci\u00f3n anterior deber\u00e1 fundamentarlo \u201cde manera suficiente y razonable\u201d (STC 38\/2011 de 28 de marzo). No hay que olvidar que la casaci\u00f3n tiene como \u00fanico motivo \u201cla infracci\u00f3n de las normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso\u201d (art. 477.1 LECivil). En el supuesto que nos ocupa, la norma es el art\u00edculo 86 de la Ley hipotecaria<\/a> y el \u201cinter\u00e9s casacional\u201d estar\u00eda precisamente en que la doctrina jurisprudencial no lo respeta del todo.<\/p>\n

    \u00a0<\/p>\n

    <\/a>Referencia a las consecuencias directas y otros efectos colaterales de la Sentencia.<\/span><\/h2>\n

    \u00a0La primera consecuencia que se deriva de esta Sentencia es la cantidad de principios hipotecarios que, como un aut\u00e9ntico hurac\u00e1n, han quedado infringidos o maltratados tras su paso: principios de prioridad, de legitimaci\u00f3n, fe p\u00fablica, rogaci\u00f3n, tracto\u2026\u2026dejando el Registro convertido en un verdadero campo de batalla jur\u00eddico. En segundo lugar, van a ser damnificados todos los titulares de cargas y derechos posteriores a la anotaci\u00f3n caducada y no cancelada todav\u00eda que habr\u00edan ganado prioridad por su cancelaci\u00f3n.<\/p>\n

    \u00a0Respecto de los que se cancelan hay unos titulares particularmente agraviados: aquellos que adquirieron su derecho confiando en lo publicado por el Registro y que como consecuencia de esta doctrina no s\u00f3lo ver\u00e1n su derecho atacado por una carga rediviva sino que se cancelara el suyo por una causa que no consta en el propio Registro, al menos jur\u00eddicamente hablando. Son los que adquirieron en el periodo de \u201cgracia jurisprudencial\u201d entre la caducidad de la anotaci\u00f3n y la de la nota de expedici\u00f3n de cargas.<\/p>\n

    \u00a0Finalmente, hay otros que seg\u00fan el criterio jurisprudencial ser\u00e1n mantenidos vivos y no podr\u00e1n cancelarse, pero que m\u00e1s les valiera no haber inscrito nunca porque tendr\u00e1n que hacer valer su derecho por el juicio declarativo que corresponda y parece que no podr\u00e1n utilizar el art\u00edculo 41 de la Ley hipotecaria<\/a> porque sus oponentes tambi\u00e9n podr\u00e1n usarlo. \u00bfQu\u00e9 sentido tiene mantener vigente un embargo desconectado de la titularidad actual que consta en el Registro? \u00bfy qu\u00e9 pasa con el titular de dominio por compra de buena fe de quien figuraba como due\u00f1o al tiempo de su adquisici\u00f3n cuando el embargo que publicaba el Registro estaba caducado y por tanto quedaba protegido ex art\u00edculo 34<\/a>, pero figurando en el folio abierto a la finca otra inscripci\u00f3n de dominio igualmente vigente? Desde ahora ya no se puede hablar s\u00f3lo de la doble inmatriculaci\u00f3n, sino del \u201ccondominio forzoso\u201d.<\/p>\n

    \u00a0Adem\u00e1s, por no ser excesivamente exhaustivo, plantea otros problemas colaterales como son: la alteraci\u00f3n de las reglas relativas a las plazos de prescripci\u00f3n (arts 1973 y ss a sensu contrario<\/a>); las reglas de prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos (art.1927 p\u00ba 2\u00ba,2\u00aa<\/a>) que lo son \u201cpor el orden de antig\u00fcedad de las respectivas inscripciones o anotaciones en el Registro de la Propiedad\u201d; la aplicaci\u00f3n de esta doctrina a los dem\u00e1s embargos administrativos a los que la Sentencia parece extenderla, al referirse en el Fundamento 6\u00ba a la merma de seguridad jur\u00eddica para el sistema de ejecuci\u00f3n o \u201cv\u00edas de apremio\u201d, lo cierto es que la aplicaci\u00f3n de esta doctrina va originar un agravio comparativo con respecto a estos acreedores, Hacienda y la Seguridad Social, ya que por Ley (arts 170.2 LGT, 104.3 RGRSS) la solicitud de la certificaci\u00f3n de cargas es simult\u00e1nea a la presentaci\u00f3n del mandamiento de anotaci\u00f3n con lo que nunca va a producirse una expedici\u00f3n de cargas posterior salvo que se olvidara pedirla en el mandamiento, lo cual es dif\u00edcil por tratarse de modelos.<\/p>\n

    \u00a0<\/p>\n

    <\/a>Ultimas observaciones.<\/span><\/h2>\n

    \u00a0Para terminar, quiero se\u00f1alar que dado que el supuesto de hecho de la Sentencia se ha reducido a la m\u00ednima expresi\u00f3n tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento civil por la Ley 42\/2015 de 5 de octubre al establecer un sistema de informaci\u00f3n continuada en los procedimientos ejecutivos por parte del Registro (\u201chasta el t\u00e9rmino de la subasta\u201d, arts 656.2<\/a>, 667 LEC<\/a>), proporcionando a los ejecutantes y postores informaci\u00f3n en tiempo real, podemos presumir que, de producirse la situaci\u00f3n objeto del litigio planteada, habr\u00e1 sido m\u00e1s por desidia o falta de diligencia de los interesados o la autoridad judicial que por ineficacia del Registro.<\/p>\n

    \u00a0Por todo ello entiendo, modestamente, que el coste del remedio jurisprudencial en t\u00e9rminos de respeto a la Ley y a la seguridad jur\u00eddica (art 9.3 CE<\/a>) es muy grande en relaci\u00f3n con el beneficio propuesto para los acreedores o adjudicatarios de subastas judiciales que ven prorrogadas autom\u00e1ticamente sus anotaciones por un plazo relativamente breve.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n

    \u00a0<\/p>\n

    \u00a0\u00a0Juan Ignacio de los Mozos Touya.<\/strong><\/p>\n

    \n

    <\/a>(1) Tras 160 a\u00f1os sigue siendo \u00fatil, en este sentido, la lectura de la Exposici\u00f3n de Motivos de la Ley de 1861.<\/p>\n

    <\/a>(2) Sobre el valor de la jurisprudencia puede verse: Federico de Castro y Bravo, Derecho civil de Espa\u00f1a, 2\u00aa ed, p\u00e1gs. 508 y ss. Jos\u00e9 Cast\u00e1n Tobe\u00f1as, Tomo I, Vol. I, und\u00e9cima edici\u00f3n, revisada y puesta al d\u00eda por Jos\u00e9 Luis de los Mozos y de los Mozos, Madrid 1975, p\u00e1gs. 487 y ss, esp. 496 y ss. Jos\u00e9 Luis Lacruz Berdejo, Elementos de Derecho civil, I-1\u00ba, Barcelona, E. Bosch, 1988, p\u00e1g. 218. F\u00e9lix Calvo Vidal, \u00bfLa jurisprudencia fuente del Derecho?, Lex Nova, 1992.<\/p>\n

    <\/a>(3) Incluso se ha pretendido recientemente, como en la reforma de 2009 de la Ley Org\u00e1nica del Poder judicial o en el Anteproyecto de 2014, dotarla de car\u00e1cter vinculante trastocando todo el sistema de fuentes del derecho por la puerta de atr\u00e1s con la disculpa de adaptar la ley a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas. \u00bfC\u00f3mo van a ser vinculantes las sentencias del Supremo cuando para salvaguardar la independencia de Jueces y Magistrados la ley Org\u00e1nica del Poder Judicial en su art\u00edculo 12.3 proh\u00edbe a \u201cJueces y Tribunales, \u00f3rganos de gobierno de los mismos o el Consejo del Poder Judicial dictar instrucciones, de car\u00e1cter general o particular, dirigidas a sus inferiores, sobre la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico que lleven a cabo en el ejercicio de su funci\u00f3n jurisdiccional\u201d?. Sobre la obligatoriedad de las sentencias: art 118 CE<\/a>; SSTC 166\/1998 de 15 de julio, 228\/1998 de 1 de diciembre; obligatoriedad que alcanza a todos los poderes p\u00fablicos, incluso a los propios Tribunales (excepci\u00f3n de cosa juzgada).<\/p>\n

    <\/a>(4) As\u00ed lo entend\u00eda el Prof. De Castro cuando se\u00f1alaba que \u201cla doctrina legal no tuvo antes, como no tiene ahora, el car\u00e1cter de fuente jur\u00eddica, sino s\u00f3lo el efecto adjetivo de poder motivar la admisi\u00f3n de un recurso de casaci\u00f3n\u201d, op cit p\u00e1g. 510.<\/p>\n

    <\/a>(5) Para todo ello puede verse el interesante trabajo de la Prof. Mar\u00eda \u00c1ngeles Parra Luc\u00e1n, Alcance y valor de la jurisprudencia en el Derecho privado<\/a>, Revista Electr\u00f3nica de Direito, U Porto, Fevereiro 2017-n\u00baI.<\/p>\n

    <\/a>(6) Acuerdo de la Sala Primera del Tribunal Supremo sobre criterios de admisi\u00f3n de los recursos de casaci\u00f3n y extraordinario por infracci\u00f3n procesal de 30-XII-2011.<\/p>\n

     <\/p>\n

    <\/a>ENLACES:<\/span><\/h2>\n