{"id":83886,"date":"2021-06-23T17:51:58","date_gmt":"2021-06-23T15:51:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/?p=83886"},"modified":"2021-06-23T20:08:59","modified_gmt":"2021-06-23T18:08:59","slug":"resumen-de-la-ley-organica-de-proteccion-a-la-infancia-y-la-adolescencia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/secciones\/aula-social\/normas-a-s\/resumen-de-la-ley-organica-de-proteccion-a-la-infancia-y-la-adolescencia\/","title":{"rendered":"Resumen de la Ley Org\u00e1nica de protecci\u00f3n a la infancia y la adolescencia\u00a0"},"content":{"rendered":"

RESUMEN DE LA <\/span>LEY ORG\u00c1NICA DE PROTECCI\u00d3N A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA\u00a0<\/span><\/strong><\/h1>\n

 <\/p>\n

Ley Org\u00e1nica 8\/2021, de 4 de junio, de protecci\u00f3n integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.<\/a><\/strong><\/p>\n<\/a>

Breve Resumen:<\/strong> <\/span><\/h6>\n

Se trata de una ley integral sobre la violencia contra los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes. Sus disposiciones finales afectan a una gran cantidad de leyes, entre ellas, cuatro art\u00edculos del C\u00f3digo Civil.<\/span><\/p>\n<\/a>

A) Introducci\u00f3n.<\/span><\/strong><\/span><\/h6>\n

\u00abNo hay causa que merezca m\u00e1s alta prioridad que la protecci\u00f3n y el desarrollo del ni\u00f1o, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilizaci\u00f3n humana\u00bb. <\/em>(Cumbre Unicef 1990)<\/p>\n

La protecci\u00f3n de las personas menores de edad es una obligaci\u00f3n prioritaria de los\u00a0poderes p\u00fablicos, reconocida en el art\u00edculo 39 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola<\/strong><\/a> y en diversos tratados internacionales.<\/p>\n

De entre ellos, Destaca la Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o<\/strong><\/a>, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por Espa\u00f1a en 1990. Tiene tambi\u00e9n tres protocolos facultativos<\/strong> y se desarrolla mediante las Observaciones Generales del Comit\u00e9 de los Derechos del Ni\u00f1o<\/strong>, de las que destacamos las referentes al derecho del ni\u00f1o a ser escuchado<\/strong>, a no ser objeto de ninguna forma de violencia<\/strong> y la primac\u00eda del inter\u00e9s superior<\/strong> del ni\u00f1o y de la ni\u00f1a.<\/p>\n

En el \u00e1mbito de la Uni\u00f3n Europea<\/strong>, se expresa que fomentar\u00e1 la \u00abprotecci\u00f3n de los derechos del ni\u00f1o\u00bb a trav\u00e9s del art\u00edculo 3 del Tratado de Lisboa<\/strong><\/a> y es un objetivo general de la pol\u00edtica com\u00fan, tanto en el espacio interno como en las relaciones exteriores. Tambi\u00e9n se han firmado convenios en el seno del Consejo de Europa<\/strong>, como el Convenio de Lanzarote<\/a>.<\/p>\n

Esta ley org\u00e1nica se relaciona tambi\u00e9n con los compromisos y metas del Pacto de Estado contra la violencia de g\u00e9nero<\/strong>, as\u00ed como de la Agenda 2030<\/strong> en varios \u00e1mbitos, y de forma muy espec\u00edfica con la meta 16.2: \u00abPoner fin al maltrato, la explotaci\u00f3n, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los ni\u00f1os.\u00bb<\/p>\n

Podemos citar como antecedentes:<\/strong><\/p>\n

– la Ley Org\u00e1nica 1\/1996, de 15 de enero<\/a>, de Protecci\u00f3n Jur\u00eddica del Menor (que afect\u00f3 tambi\u00e9n al C\u00f3digo Civil y a la LEC).<\/p>\n

– la Ley Org\u00e1nica 8\/2015, de 22 de julio<\/a>, y la Ley Ordinaria 26\/2015, de 28 de julio<\/a>, ambas de modificaci\u00f3n del sistema de protecci\u00f3n a la infancia y a la adolescencia.<\/p>\n

Esta nueva Ley Org\u00e1nica, de car\u00e1cter integral<\/strong>, responde a la necesidad de introducir en nuestro ordenamiento jur\u00eddico los compromisos internacionales asumidos por Espa\u00f1a, luchando contra las graves repercusiones<\/strong> que la violencia y los malos tratos sufridos tienen como posibles causantes de discapacidad; problemas de salud f\u00edsica, dificultades de aprendizaje, trastornos afectivos, destrucci\u00f3n de la autoestima, problemas de salud mental, iniciaci\u00f3n precoz en la actividad sexual o abuso de sustancias adictivas, etc.<\/p>\n

Algunos de sus \u00e1mbitos son \u00edntimos, siendo los principales el entorno familiar y escolar<\/strong>. En ellos suelen confluir variables sociol\u00f3gicas, educativas, culturales, sanitarias, econ\u00f3micas, administrativas y jur\u00eddicas, lo que exige que el enfoque deba de ser multidisciplinar<\/strong>.<\/p>\n

Los menores con discapacidad<\/strong> son sujetos especialmente sensibles y vulnerables a esta tipolog\u00eda de violencia, expuestos de forma agravada a sus efectos y con mayores dificultades para el acceso, en igualdad de oportunidades, al ejercicio de sus derechos.<\/p>\n

Como consecuencia de esta aproximaci\u00f3n integral<\/strong> al fen\u00f3meno, la norma establece, en colaboraci\u00f3n con las CCAA, medidas de protecci\u00f3n, detecci\u00f3n precoz, asistencia, reintegraci\u00f3n de derechos vulnerados y recuperaci\u00f3n de la v\u00edctima<\/strong>.<\/p>\n

La ley se estructura en 60 art\u00edculos<\/strong>, distribuidos en un t\u00edtulo preliminar y cinco t\u00edtulos. <\/strong>Entre la gran cantidad de \u00faltimas disposiciones, destacan 25 disposiciones finales<\/strong> que modifican muchas leyes.<\/p>\n<\/a>

B) T\u00edtulo Preliminar: objeto<\/strong><\/span><\/h6>\n

La ley tiene por objeto<\/strong> garantizar los derechos fundamentales de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes a su integridad f\u00edsica, ps\u00edquica, psicol\u00f3gica y moral frente a cualquier forma de violencia, asegurando el libre desarrollo de su personalidad y estableciendo medidas de protecci\u00f3n integral, que incluyan la sensibilizaci\u00f3n, la prevenci\u00f3n, la detecci\u00f3n precoz, la protecci\u00f3n y la reparaci\u00f3n del da\u00f1o en todos los \u00e1mbitos en los que se desarrolla su\u00a0vida.<\/p>\n<\/a>

C) \u00c1mbito de aplicaci\u00f3n.<\/span> <\/strong><\/span><\/h6>\n

La presente ley es de aplicaci\u00f3n a los menores de edad<\/strong> que se encuentren en territorio espa\u00f1ol,<\/strong> con independencia de su nacionalidad y de su situaci\u00f3n administrativa de residencia y a los menores de nacionalidad espa\u00f1ola en el exterior a trav\u00e9s de Embajadas y Consulados (ver art. 51<\/a>).<\/p>\n

Las obligaciones<\/strong> establecidas en esta ley ser\u00e1n exigibles a todas las personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas, p\u00fablicas o privadas, que act\u00faen o se encuentren en territorio espa\u00f1ol<\/strong>.<\/p>\n

Aparte de ello el t\u00edtulo preliminar<\/strong> recoge la definici\u00f3n la definici\u00f3n de violencia y de buen trato, establece los fines y criterios generales de la ley, regula la formaci\u00f3n especializada de los profesionales, enuncia la cooperaci\u00f3n entre las AAPP, y crea la Conferencia Sectorial de la infancia y la adolescencia.<\/p>\n<\/a>

D) Derechos de ni\u00f1os y adolescentes.<\/strong><\/span><\/h6>\n

El t\u00edtulo<\/strong> I<\/strong><\/a> va desmenuzando los diversos derechos que tienen frente a la violencia, entre los que se encuentran su derecho a la informaci\u00f3n y asesoramiento, a ser escuchados, a la atenci\u00f3n integral, a intervenir en el procedimiento judicial o a la asistencia jur\u00eddica gratuita.<\/p>\n<\/a>

E) Deber de comunicaci\u00f3n de situaciones de violencia<\/strong><\/span><\/h6>\n

El t\u00edtulo II<\/strong><\/a> se dedica a ello, estableciendo un deber gen\u00e9rico<\/strong>, que afecta a toda la ciudadan\u00eda, de comunicar<\/strong> de forma inmediata a la autoridad competente la existencia de indicios<\/strong> de violencia ejercida sobre ni\u00f1os o adolescentes.<\/p>\n

Si los hechos pudieran ser constitutivos de delito<\/strong>, deber\u00e1 informar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial, sin perjuicio de prestar la atenci\u00f3n inmediata que la v\u00edctima precise<\/p>\n

Este deber de comunicaci\u00f3n se configura de una forma m\u00e1s exigente<\/strong> para aquellos colectivos que, por raz\u00f3n de su cargo, profesi\u00f3n, oficio o actividad<\/strong>, tienen encomendada la asistencia, el cuidado, la ense\u00f1anza o la protecci\u00f3n de menores. En estos supuestos, se obliga a las AAPP a facilitar mecanismos adecuados de comunicaci\u00f3n e intercambio de informaci\u00f3n.<\/p>\n

Los ni\u00f1os deber\u00e1n tambi\u00e9n contar con canales gratuitos de comunicaci\u00f3n<\/strong> como l\u00edneas telef\u00f3nicas de atenci\u00f3n.<\/p>\n

Y se regula de forma espec\u00edfica el deber de comunicaci\u00f3n de la existencia de contenidos en Internet<\/strong> que constituyan una forma de violencia o abuso sobre los ni\u00f1os, manteniendo la confidencialidad de la denuncia.<\/p>\n<\/a>

F) Sensibilizaci\u00f3n, prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n precoz<\/strong><\/span><\/h6>\n

Esquematizamos el contenido del extenso t\u00edtulo III<\/strong><\/a>, con 12 cap\u00edtulos, que regula esta materia:<\/p>\n

El cap\u00edtulo I<\/strong><\/a> obliga a la Administraci\u00f3n General del Estado a disponer de una Estrategia de erradicaci\u00f3n<\/strong> de la violencia sobre la infancia y la adolescencia.<\/p>\n

El cap\u00edtulo II<\/strong><\/a> determina los diferentes niveles de actuaci\u00f3n<\/strong>, que van desde planes<\/strong> de sensibilizaci\u00f3n a medidas de prevenci\u00f3n<\/strong> frente a los procesos de radicalizaci\u00f3n y adoctrinamiento o de detecci\u00f3n precoz<\/strong>.<\/p>\n

El cap\u00edtulo III<\/strong><\/a> se centra en el \u00e1mbito familiar<\/strong>, adoptando medidas de prevenci\u00f3n, atendiendo especialmente a los casos de ruptura familiar y a situaciones de violencia dom\u00e9stica. Da un especial valor al ejercicio positivo de la corresponsabilidad parental<\/p>\n

El cap\u00edtulo IV<\/strong><\/a> concreta su \u00e1mbito a los centros educativos<\/strong>. Habr\u00e1 un coordinador de bienestar y protecci\u00f3n, en todos los centros educativos. Tambi\u00e9n se fomenta la capacitaci\u00f3n de los menores en materia de seguridad digital.<\/p>\n

El cap\u00edtulo V<\/strong><\/a> regula la implicaci\u00f3n de la Educaci\u00f3n Superior<\/strong> y del Consejo de Universidades en la lucha contra la violencia sobre la infancia y la adolescencia.<\/p>\n

En el cap\u00edtulo VI<\/strong><\/a> se trata del \u00e1mbito sanitario<\/strong>, debiendo todos los centros y servicios sanitarios aplicar el protocolo com\u00fan de actuaci\u00f3n cuando se atienda a un menor que haya sido objeto de violencia. Se crear\u00e1 una Comisi\u00f3n al respecto. .<\/p>\n

El cap\u00edtulo VII<\/strong><\/a> se centra en los servicios sociales<\/strong>, determinando sus actuaciones, equipos de intervenci\u00f3n y planes de intervenci\u00f3n. A los funcionarios que desarrollan su actividad profesional en los servicios sociales se les atribuye la condici\u00f3n de agentes de la autoridad<\/p>\n

El cap\u00edtulo VIII<\/strong><\/a> es para las nuevas tecnolog\u00edas. Trata de garantizar el uso seguro y responsable de Internet<\/strong> por parte de los ni\u00f1os, adolescentes, familias, personal educador y profesionales que trabajen con menores. Habr\u00e1 un servicio espec\u00edfico de l\u00ednea de ayuda sobre el uso seguro y responsable de Internet.<\/p>\n

El cap\u00edtulo IX<\/strong><\/a>,<\/strong> dedicado al \u00e1mbito del deporte y el ocio,<\/strong> establece la necesidad de contar con protocolos de actuaci\u00f3n frente a la violencia en este \u00e1mbito e impone determinadas obligaciones a las entidades que realizan actividades deportivas o de ocio con menores de forma habitual, entre las que destaca el establecimiento de la figura del Delegado de protecci\u00f3n.<\/p>\n

El cap\u00edtulo X<\/strong><\/a> se centra en el \u00e1mbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad<\/strong> y consta de dos art\u00edculos. El primero dispone que contar\u00e1n de unidades especializadas<\/strong> en violencia sobre menores. El segundo establece criterios de actuaci\u00f3n policial. <\/strong>Salvo que sea imprescindible, se evitar\u00e1 la toma de declaraci\u00f3n a menores.<\/p>\n

El cap\u00edtulo XI<\/strong><\/a> regula las competencias de la Administraci\u00f3n General del Estado en el Exterior en relaci\u00f3n con la protecci\u00f3n de los intereses de los menores de nacionalidad espa\u00f1ola que se encuentren en el extranjero<\/strong>, siendo piezas clave las Embajadas y a las Oficinas Consulares.<\/p>\n

Y el cap\u00edtulo XII<\/strong><\/a> recoge el papel de la Agencia Espa\u00f1ola de Protecci\u00f3n de Datos<\/strong>. Contar\u00e1 con canal accesible y seguro de denuncia de la existencia de contenidos il\u00edcitos en Internet.<\/p>\n<\/a>

G) Actuaciones en centros de protecci\u00f3n<\/strong><\/span><\/h6>\n

De ellas trata el t\u00edtulo IV<\/strong><\/a>, <\/strong>debiendo estos centros de menores aplicar protocolos<\/strong> de actuaci\u00f3n, cuya eficacia se someter\u00e1 a evaluaci\u00f3n, y que recoger\u00e1n las actuaciones que prevengan la violencia y permitan detectarla precozmente.<\/p>\n

Estos centros estar\u00e1n supervisados por parte del Ministerio Fiscal<\/strong>.<\/p>\n<\/a>

H) Organizaci\u00f3n administrativa<\/strong><\/span><\/h6>\n

En el t\u00edtulo V<\/strong><\/a>, el art. 56 prev\u00e9 la creaci\u00f3n del Registro Central <\/strong>de informaci\u00f3n sobre la violencia contra la infancia y la adolescencia, al que deber\u00e1n remitir informaci\u00f3n las AAPP, el CGPJ y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.<\/p>\n

Y los art\u00edculos 57 al 60<\/a> introducen una regulan la certificaci\u00f3n negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales<\/strong>, que pasa a denominarse Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos. Se completa con la D. Ad. 6\u00aa<\/a>.<\/p>\n

Por \u00faltimo, cabe destacar la modificaci\u00f3n llevada a cabo de diferentes cuerpos normativos a trav\u00e9s de las disposiciones finales de la ley.<\/p>\n<\/a>

I) Ley de Enjuiciamiento Criminal<\/strong><\/span><\/h6>\n

Se modifica por la D.F. 1\u00aa<\/a>, destacando:<\/p>\n

– Las v\u00edctimas<\/strong> y las personas perjudicadas por un delito podr\u00e1n personarse<\/strong>, incluso transcurrido el t\u00e9rmino para formular el escrito de acusaci\u00f3n, siempre que se adhieran al escrito de acusaci\u00f3n formulado por el Ministerio Fiscal o por el resto de las acusaciones personadas.<\/p>\n

– Est\u00e1n obligados a denunciar el c\u00f3nyuge y familiares cercanos<\/strong> de la persona que haya cometido un hecho delictivo grave contra un menor o persona con discapacidad necesitada de especial protecci\u00f3n.<\/p>\n

– Se regula de forma completa la prueba preconstituida<\/strong>, fij\u00e1ndose los requisitos necesarios para su validez.<\/p>\n

– Ser\u00e1 obligatoria la prueba preconstituida cuando el testigo tenga menos de catorce a\u00f1os<\/strong> o sea una persona con discapacidad necesitada de especial, con lo que, s\u00f3lo si el juez lo estima imprescindible, declarar\u00e1n en juicio estas personas.<\/p>\n

– Var\u00eda la regulaci\u00f3n de las medidas cautelares<\/strong> –penales y civiles<\/strong>– que pueden adoptarse durante el proceso penal y que puedan afectar a menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protecci\u00f3n. Ver art. 544 ter LECR<\/a>.<\/p>\n<\/a>

J) C\u00f3digo Civil y tabla comparativa<\/strong><\/span><\/h6>\n

La D.F. 2\u00aa<\/a> afecta a cuatro art\u00edculos<\/strong> del C\u00f3digo Civil<\/p>\n

En el art\u00edculo 92<\/strong> se refuerza el inter\u00e9s superior del menor<\/strong> en los procesos de separaci\u00f3n, nulidad y divorcio:<\/p>\n

– El Juez, cuando deba adoptar cualquier medida sobre la custodia, el cuidado y la educaci\u00f3n <\/strong>de los hijos menores, velar\u00e1 por el cumplimiento de su derecho a ser o\u00eddos y emitir\u00e1 una resoluci\u00f3n motivada en el inter\u00e9s superior del menor<\/strong>.<\/p>\n

– El Juez, con car\u00e1cter previo a decidir, podr\u00e1 recabar dictamen de especialistas<\/strong>. El dictamen ahora tambi\u00e9n lo pueden pedir el Fiscal, miembros del Equipo T\u00e9cnico Judicial, o el propio menor.<\/p>\n

En el art\u00edculo 154:<\/strong><\/p>\n

– Entre los deberes y facultades de la patria potestad<\/strong> se a\u00f1ade: 3.\u00ba Decidir el lugar de residencia<\/strong> habitual de la persona menor de edad, que solo podr\u00e1 ser modificado con el consentimiento de ambos progenitores o, en su defecto, por autorizaci\u00f3n judicial. Con ello se cumple con tratados internacionales y se dificulta la posible sustracci\u00f3n de menores.<\/p>\n

– Se potencia el derecho de los menores a ser o\u00eddos<\/strong>, sea en procedimiento contencioso o de mutuo acuerdo, en condiciones adaptadas a sus circunstancias, recabando el auxilio de especialistas cuando ello fuera necesario.<\/p>\n

En el art\u00edculo 158<\/strong> se determina que el Juez podr\u00e1 acordar: 6.\u00ba La suspensi\u00f3n cautelar en el ejercicio de la patria potestad, guarda y custodia, visitas y comunicaciones, entre otras medidas para apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios<\/strong> en su entorno familiar o frente a terceras personas. Ha de o\u00edr al menor<\/strong>, pudiendo el Tribunal ser auxiliado por personas externas.<\/p>\n

Y se modifica el art\u00edculo 172.5 del C\u00f3digo Civil,<\/strong> que regula los supuestos de cesaci\u00f3n de la tutela<\/strong> y de la guarda provisional de las entidades p\u00fablicas de protecci\u00f3n, ampliando de 6 a 12 meses<\/strong> el plazo desde que el menor abandon\u00f3 voluntariamente el centro.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
\n

TEXTO ANTERIOR<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

NUEVO TEXTO<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Art\u00edculo 92.<\/strong><\/span><\/p>\n

1. La separaci\u00f3n, la nulidad y el divorcio no eximen a los padres de sus obligaciones para con los hijos.<\/span><\/p>\n

2. El Juez, cuando deba adoptar cualquier medida sobre la custodia, el cuidado y la educaci\u00f3n de los hijos menores, velar\u00e1 por el cumplimiento de su derecho a ser o\u00eddos.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

3. En la sentencia se acordar\u00e1 la privaci\u00f3n de la patria potestad cuando en el proceso se revele causa para ello.<\/span><\/p>\n

4. Los padres podr\u00e1n acordar en el convenio regulador o el Juez podr\u00e1 decidir, en beneficio de los hijos, que la patria potestad sea ejercida total o parcialmente por unos de los c\u00f3nyuges.<\/span><\/p>\n

5. Se acordar\u00e1 el ejercicio compartido de la guarda y custodia de los hijos cuando as\u00ed lo soliciten los padres en la propuesta de convenio regulador o cuando ambos lleguen a este acuerdo en el transcurso del procedimiento. El Juez, al acordar la guarda conjunta y tras fundamentar su resoluci\u00f3n, adoptar\u00e1 las cautelas procedentes para el eficaz cumplimiento del r\u00e9gimen de guarda establecido, procurando no separar a los hermanos. <\/span>(se traslada con cambios al nuevo apartado 10)<\/span><\/p>\n

6. En todo caso, antes de acordar el r\u00e9gimen de guarda y custodia, el Juez deber\u00e1 recabar informe del Ministerio Fiscal, y o\u00edr a los menores que tengan suficiente juicio cuando se estime necesario de oficio o a petici\u00f3n del Fiscal, partes o miembros del Equipo T\u00e9cnico Judicial, o del propio menor, valorar las alegaciones de las partes vertidas en la comparecencia y<\/span> la prueba practicada en ella<\/span>, y la relaci\u00f3n que los padres mantengan entre s\u00ed y con sus hijos para determinar su idoneidad con el r\u00e9gimen de guarda.<\/span><\/p>\n

7. No proceder\u00e1 la guarda conjunta cuando cualquiera de los padres est\u00e9 incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad f\u00edsica, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro c\u00f3nyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco proceder\u00e1 cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia dom\u00e9stica.<\/span><\/p>\n

8. Excepcionalmente, aun cuando no se den los supuestos del apartado cinco de este art\u00edculo, el Juez, a instancia de una de las partes, con informe\u00a0favorable<\/span><\/strong>\u00a0del Ministerio Fiscal, podr\u00e1 acordar la guarda y custodia compartida fundament\u00e1ndola en que s\u00f3lo de esta forma se protege adecuadamente el inter\u00e9s superior del menor.<\/span><\/p>\n

9. El Juez, antes de adoptar alguna de las decisiones a que se refieren los apartados anteriores, de oficio o a instancia de parte, podr\u00e1 recabar dictamen de especialistas debidamente cualificados, relativo a la idoneidad del modo de ejercicio de la patria potestad y del r\u00e9gimen de custodia de los menores.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n<\/td>\n

\n

Art\u00edculo 92.<\/strong><\/span><\/p>\n

1. La separaci\u00f3n, la nulidad y el divorcio no eximen a los padres de sus obligaciones para con los hijos.<\/span><\/p>\n

2. El Juez, cuando deba adoptar cualquier medida sobre la custodia, el cuidado y la educaci\u00f3n de los hijos menores, velar\u00e1 por el cumplimiento de su derecho a ser o\u00eddos y emitir\u00e1 una resoluci\u00f3n motivada en el inter\u00e9s superior del menor sobre esta cuesti\u00f3n<\/strong>.<\/span><\/p>\n

3. En la sentencia se acordar\u00e1 la privaci\u00f3n de la patria potestad cuando en el proceso se revele causa para ello.<\/span><\/p>\n

4. Los padres podr\u00e1n acordar en el convenio regulador o el Juez podr\u00e1 decidir, en beneficio de los hijos, que la patria potestad sea ejercida total o parcialmente por uno de los c\u00f3nyuges.<\/span><\/p>\n

5. Se acordar\u00e1 el ejercicio compartido de la guarda y custodia de los hijos cuando as\u00ed lo soliciten los padres en la propuesta de convenio regulador o cuando ambos lleguen a este acuerdo en el transcurso del procedimiento.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

6. En todo caso, antes de acordar el r\u00e9gimen de guarda y custodia, el Juez deber\u00e1 recabar informe del Ministerio Fiscal, o\u00edr a los menores que tengan suficiente juicio cuando se estime necesario de oficio o a petici\u00f3n del Fiscal, las partes o miembros del Equipo T\u00e9cnico Judicial, o del propio menor, y valorar las alegaciones de las partes, la prueba practicada, y la relaci\u00f3n que los padres mantengan entre s\u00ed y con sus hijos para determinar su idoneidad con el r\u00e9gimen de guarda.<\/span><\/p>\n

7. No proceder\u00e1 la guarda conjunta cuando cualquiera de los progenitores<\/strong> est\u00e9 incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad f\u00edsica, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro c\u00f3nyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco proceder\u00e1 cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia dom\u00e9stica o de g\u00e9nero<\/strong>.<\/span><\/p>\n

8. Excepcionalmente, aun cuando no se den los supuestos del apartado cinco de este art\u00edculo, el Juez, a instancia de una de las partes, con informe del Ministerio Fiscal, podr\u00e1 acordar la guarda y custodia compartida fundament\u00e1ndola en que solo de esta forma se protege adecuadamente el inter\u00e9s superior del menor.<\/span><\/p>\n

9. El Juez, antes de adoptar alguna de las decisiones a que se refieren los apartados anteriores, de oficio o a instancia de parte, del Fiscal o miembros del Equipo T\u00e9cnico Judicial, o del propio menor,<\/strong> podr\u00e1 recabar dictamen de especialistas debidamente cualificados, relativo a la idoneidad del modo de ejercicio de la patria potestad y del r\u00e9gimen de custodia de las personas menores de edad para asegurar su inter\u00e9s superior<\/strong>.<\/span><\/p>\n

10. El Juez adoptar\u00e1, al acordar fundadamente el r\u00e9gimen de guarda y custodia, as\u00ed como el de estancia, relaci\u00f3n y comunicaci\u00f3n, las cautelas necesarias, procedentes y adecuadas para el eficaz cumplimiento de los reg\u00edmenes establecidos, procurando no separar a los hermanos<\/strong>.<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Art\u00edculo 154.<\/strong><\/span><\/p>\n

Los hijos no emancipados est\u00e1n bajo la patria potestad de los progenitores.<\/span><\/p>\n

La patria potestad, como responsabilidad parental, se ejercer\u00e1 siempre en inter\u00e9s de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y con respeto a sus derechos, su integridad f\u00edsica y mental.<\/span><\/p>\n

Esta funci\u00f3n comprende los siguientes deberes y facultades:<\/span><\/p>\n

1.\u00ba Velar por ellos, tenerlos en su compa\u00f1\u00eda, alimentarlos, educarlos y procurarles una formaci\u00f3n integral.<\/span><\/p>\n

2.\u00ba Representarlos y administrar sus bienes.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

Si los hijos tuvieren suficiente madurez deber\u00e1n ser o\u00eddos siempre antes de adoptar decisiones que les afecten.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

Los progenitores podr\u00e1n, en el ejercicio de su funci\u00f3n, recabar el auxilio de la autoridad.<\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Art\u00edculo 154.<\/strong><\/span><\/p>\n

Los hijos e hijas<\/strong> no emancipados est\u00e1n bajo la patria potestad de los progenitores.<\/span><\/p>\n

La patria potestad, como responsabilidad parental, se ejercer\u00e1 siempre en inter\u00e9s de los hijos e hijas<\/strong>, de acuerdo con su personalidad, y con respeto a sus derechos, su integridad f\u00edsica y mental.<\/span><\/p>\n

Esta funci\u00f3n comprende los siguientes deberes y facultades:<\/span><\/p>\n

1.\u00ba Velar por ellos, tenerlos en su compa\u00f1\u00eda, alimentarlos, educarlos y procurarles una formaci\u00f3n integral.<\/span><\/p>\n

2.\u00ba Representarlos y administrar sus bienes.<\/span><\/p>\n

3.\u00ba Decidir el lugar de residencia habitual de la persona menor de edad, que solo podr\u00e1 ser modificado con el consentimiento de ambos progenitores o, en su defecto, por autorizaci\u00f3n judicial.<\/strong><\/span><\/p>\n

Si los hijos o hijas<\/strong> tuvieren suficiente madurez deber\u00e1n ser o\u00eddos siempre antes de adoptar decisiones que les afecten sea en procedimiento contencioso o de mutuo acuerdo. En todo caso, se garantizar\u00e1 que puedan ser o\u00eddas en condiciones id\u00f3neas, en t\u00e9rminos que les sean accesibles, comprensibles y adaptados a su edad, madurez y circunstancias, recabando el auxilio de especialistas cuando ello fuera necesario.<\/strong><\/span><\/p>\n

Los progenitores podr\u00e1n, en el ejercicio de su funci\u00f3n, recabar el auxilio de la autoridad.<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Art\u00edculo 158.<\/strong><\/span><\/p>\n

El Juez, de oficio o a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o del Ministerio Fiscal, dictar\u00e1:<\/span><\/p>\n

1.\u00ba Las medidas convenientes para asegurar la prestaci\u00f3n de alimentos y proveer a las futuras necesidades del hijo, en caso de incumplimiento de este deber, por sus padres.<\/span><\/p>\n

2.\u00ba Las disposiciones apropiadas a fin de evitar a los hijos perturbaciones da\u00f1osas en los casos de cambio de titular de la potestad de guarda.<\/span><\/p>\n

3.\u00ba Las medidas necesarias para evitar la sustracci\u00f3n de los hijos menores por alguno de los progenitores o por terceras personas y, en particular, las siguientes:<\/span><\/p>\n

a) Prohibici\u00f3n de salida del territorio nacional, salvo autorizaci\u00f3n judicial previa.<\/span><\/p>\n

b) Prohibici\u00f3n de expedici\u00f3n del pasaporte al menor o retirada del mismo si ya se hubiere expedido.<\/span><\/p>\n

c) Sometimiento a autorizaci\u00f3n judicial previa de cualquier cambio de domicilio del menor.<\/span><\/p>\n

4.\u00ba La medida de prohibici\u00f3n a los progenitores, tutores, a otros parientes o a terceras personas de aproximarse al menor y acercarse a su domicilio o centro educativo y a otros lugares que frecuente, con respeto al principio de proporcionalidad.<\/span><\/p>\n

5.\u00ba La medida de prohibici\u00f3n de comunicaci\u00f3n con el menor, que impedir\u00e1 a los progenitores, tutores, a otros parientes o a terceras personas establecer contacto escrito, verbal o visual por cualquier medio de comunicaci\u00f3n o medio inform\u00e1tico o telem\u00e1tico, con respeto al principio de proporcionalidad.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

6.\u00ba En general, las dem\u00e1s disposiciones que considere oportunas, a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios en su entorno familiar o frente a terceras personas. Se garantizar\u00e1 por el Juez que el menor pueda ser o\u00eddo en condiciones id\u00f3neas para la salvaguarda de sus intereses.<\/span><\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

En caso de posible desamparo del menor, el Juzgado comunicar\u00e1 las medidas a la Entidad P\u00fablica.<\/span><\/p>\n

Todas estas medidas podr\u00e1n adoptarse dentro de cualquier proceso civil o penal o bien en un expediente de jurisdicci\u00f3n voluntaria.<\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Art\u00edculo 158.<\/strong><\/span><\/p>\n

El Juez, de oficio o a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o del Ministerio Fiscal, dictar\u00e1:<\/span><\/p>\n

1.\u00ba Las medidas convenientes para asegurar la prestaci\u00f3n de alimentos y proveer a las futuras necesidades del hijo, en caso de incumplimiento de este deber, por sus padres.<\/span><\/p>\n

2.\u00ba Las disposiciones apropiadas a fin de evitar a los hijos perturbaciones da\u00f1osas en los casos de cambio de titular de la potestad de guarda.<\/span><\/p>\n

3.\u00ba Las medidas necesarias para evitar la sustracci\u00f3n de los hijos menores por alguno de los progenitores o por terceras personas y, en particular, las siguientes:<\/span><\/p>\n

a) Prohibici\u00f3n de salida del territorio nacional, salvo autorizaci\u00f3n judicial previa.<\/span><\/p>\n

b) Prohibici\u00f3n de expedici\u00f3n del pasaporte al menor o retirada del mismo si ya se hubiere expedido.<\/span><\/p>\n

c) Sometimiento a autorizaci\u00f3n judicial previa de cualquier cambio de domicilio del menor.<\/span><\/p>\n

4.\u00ba La medida de prohibici\u00f3n a los progenitores, tutores, a otros parientes o a terceras personas de aproximarse al menor y acercarse a su domicilio o centro educativo y a otros lugares que frecuente, con respecto al principio de proporcionalidad.<\/span><\/p>\n

5.\u00ba La medida de prohibici\u00f3n de comunicaci\u00f3n con el menor, que impedir\u00e1 a los progenitores, tutores, a otros parientes o a terceras personas establecer contacto escrito, verbal o visual por cualquier medio de comunicaci\u00f3n o medio inform\u00e1tico o telem\u00e1tico, con respeto al principio de proporcionalidad.<\/span><\/p>\n

6.\u00ba La suspensi\u00f3n cautelar en el ejercicio de la patria potestad y\/o en el ejercicio de la guarda y custodia, la suspensi\u00f3n cautelar del r\u00e9gimen de visitas y comunicaciones establecidos en resoluci\u00f3n judicial o convenio judicialmente aprobado y,<\/strong> en general, las dem\u00e1s disposiciones que considere oportunas, a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios en su entorno familiar o frente a terceras personas.<\/span><\/p>\n

En caso de posible desamparo del menor, el Juzgado comunicar\u00e1 las medidas a la Entidad P\u00fablica. Todas estas medidas podr\u00e1n adoptarse dentro de cualquier proceso judicial o penal o bien en un expediente de jurisdicci\u00f3n voluntaria, en que la autoridad judicial habr\u00e1 de garantizar la audiencia de la persona menor de edad, pudiendo el Tribunal ser auxiliado por personas externas para garantizar que pueda ejercitarse este derecho por s\u00ed misma.<\/strong><\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Art\u00edculo 172.<\/strong><\/span><\/p>\n

5. La Entidad P\u00fablica cesar\u00e1 en la tutela que ostente sobre los menores declarados en situaci\u00f3n de desamparo cuando constate, mediante los correspondientes informes, la desaparici\u00f3n de las causas que motivaron su asunci\u00f3n, por alguno de los supuestos previstos en los art\u00edculos 276 y 277.1, y cuando compruebe fehacientemente alguna de las siguientes circunstancias:<\/span><\/p>\n

a) Que el menor se ha trasladado voluntariamente a otro pa\u00eds.<\/span><\/p>\n

b) Que el menor se encuentra en el territorio de otra comunidad aut\u00f3noma cuya Entidad P\u00fablica hubiere dictado resoluci\u00f3n sobre declaraci\u00f3n de situaci\u00f3n de desamparo y asumido su tutela o medida de protecci\u00f3n correspondiente, o entendiere que ya no es necesario adoptar medidas de protecci\u00f3n a tenor de la situaci\u00f3n del menor.<\/span><\/p>\n

c) Que hayan transcurrido seis meses<\/span> desde que el menor abandon\u00f3 voluntariamente el centro de protecci\u00f3n, encontr\u00e1ndose en paradero desconocido.<\/span><\/p>\n

La guarda provisional cesar\u00e1 por las mismas causas que la tutela.<\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Se modifica el apartado 5 del art\u00edculo 172<\/strong> del C\u00f3digo Civil:<\/span><\/p>\n

\u00ab5. La Entidad P\u00fablica cesar\u00e1 en la tutela que ostente sobre los menores declarados en situaci\u00f3n de desamparo cuando constate, mediante los correspondientes informes, la desaparici\u00f3n de las causas que motivaron su asunci\u00f3n, por alguno de los supuestos previstos en los art\u00edculos 276 y 277.1, y cuando compruebe fehacientemente alguna de las siguientes circunstancias:<\/span><\/p>\n

a) Que el menor se ha trasladado voluntariamente a otro pa\u00eds.<\/span><\/p>\n

b) Que el menor se encuentra en el territorio de otra comunidad aut\u00f3noma, en cuyo caso se proceder\u00e1 al traslado del expediente de protecci\u00f3n y<\/strong> cuya Entidad P\u00fablica hubiere dictado resoluci\u00f3n sobre declaraci\u00f3n de situaci\u00f3n de desamparo y asumido su tutela o medida de protecci\u00f3n correspondiente, o entendiere que ya no es necesario adoptar medidas de protecci\u00f3n a tenor de la situaci\u00f3n del menor.<\/span><\/p>\n

c) Que hayan transcurrido doce meses<\/strong> desde que el menor abandon\u00f3 voluntariamente el centro de protecci\u00f3n, encontr\u00e1ndose en paradero desconocido.<\/span><\/p>\n

La guarda provisional cesar\u00e1 por las mismas causas que la tutela.<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/a>

K) Ley Org\u00e1nica del Poder Judicial<\/strong><\/span><\/h6>\n

La D.F. 4\u00aa<\/a> modifica la LOPJ:<\/p>\n

– Se regula la necesidad de formaci\u00f3n especializada <\/strong>en las carreras judicial y fiscal, en el cuerpo de letrados y en el resto de personal al servicio de la Administraci\u00f3n de Justicia, en lo referente a menores y a personas con discapacidad.<\/p>\n

– Las unidades administrativas<\/strong> \u2013como los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses y las Oficinas de Asistencia a las V\u00edctimas- podr\u00e1n incorporar como funcionarios otros profesionales especializados<\/strong> en las distintas \u00e1reas de actuaci\u00f3n de estas unidades.<\/p>\n

Ver tambi\u00e9n la D.F. 16\u00aa<\/a>, que actualiza la denominaci\u00f3n de la especialidad en Medicina Legal y Forense<\/strong>.<\/p>\n<\/a>

L) C\u00f3digo Penal<\/strong><\/span><\/h6>\n

La D.F.6\u00aa<\/a> modifica esta Ley Org\u00e1nica:<\/p>\n

– Se da una nueva regulaci\u00f3n a los delitos de odio<\/strong>, incorporando como causa de discriminaci\u00f3n la edad<\/strong>, tanto respecto a ni\u00f1os como personas con edad avanzada, as\u00ed como la aporofobia<\/strong> (desprecio a las personas pobres)<\/p>\n

– Se extiende el tiempo de prescripci\u00f3n de los delitos m\u00e1s graves<\/strong> cometidos contra menores, pues el plazo se contar\u00e1 desde que la v\u00edctima cumpla 35 a\u00f1os.<\/p>\n

– Se elimina el perd\u00f3n<\/strong> de la persona ofendida como causa de extinci\u00f3n de la responsabilidad criminal, cuando la v\u00edctima del delito sea menor de 18 a\u00f1os.<\/p>\n

– Ser\u00e1 obligatorio imponer la pena de privaci\u00f3n de la patria potestad<\/strong> a los penados por homicidio o por asesinato en dos situaciones: cuando el autor y la v\u00edctima tuvieran en com\u00fan un hijo o una hija y cuando la v\u00edctima fuera hijo o hija del autor.<\/p>\n

– Se incrementa la edad a partir de la que se aplicar\u00e1 el subtipo agravado del delito de lesiones<\/strong> del art\u00edculo 148.3, de los doce a los catorce a\u00f1os.<\/p>\n

– Se modifica la redacci\u00f3n del tipo agravado de agresi\u00f3n sexual<\/strong>, del tipo de abusos y agresiones sexuales a menores de 16 a\u00f1os y de los tipos de prostituci\u00f3n y explotaci\u00f3n sexual y corrupci\u00f3n de menores.<\/p>\n

– Se limita el efecto de extinci\u00f3n de la responsabilidad criminal por el consentimiento libre del menor de 16 a\u00f1o en determinados casos.<\/p>\n

– Se modifica el tipo penal de sustracci\u00f3n de menores<\/strong>, permitiendo que puedan ser sujeto activo del mismo tanto el progenitor que conviva habitualmente con el menor como el progenitor que solo conviva en un r\u00e9gimen de estancias.<\/p>\n

– Y se crean nuevos tipos delictivos<\/strong> para evitar la impunidad de conductas realizadas a trav\u00e9s de medios tecnol\u00f3gicos<\/strong> y de la comunicaci\u00f3n, que producen graves riesgos para la vida y la integridad de los menores.<\/p>\n<\/a>

M) Ley de Enjuiciamiento Civil<\/strong><\/span><\/h6>\n

La D.F. 9\u00aa<\/a> modifica los art\u00edculos 779 y 780 LEC<\/a> para fijar un plazo m\u00e1ximo de tres meses<\/strong>, desde su iniciaci\u00f3n, en los procedimientos en los que se sustancie la oposici\u00f3n a las resoluciones administrativas en materia de protecci\u00f3n de menores<\/strong>.<\/p>\n

Adem\u00e1s, se prev\u00e9 que los menores<\/strong> podr\u00e1n elegir<\/strong>, ellos mismos, a sus defensores<\/strong>, se reducen los plazos del procedimiento, y se contempla la posibilidad de que se adopten medidas cautelares.<\/p>\n<\/a>

N) Ley de Jurisdicci\u00f3n Voluntaria<\/strong><\/span><\/h6>\n

La D.F.15\u00aa<\/a> modifica s\u00f3lo un art\u00edculo, el 18<\/a>, de la Ley de la Jurisdicci\u00f3n Voluntaria<\/strong>, que regula la celebraci\u00f3n de la comparecencia, dentro del cap\u00edtulo dedicado a las normas comunes de tramitaci\u00f3n.<\/p>\n

Se pretende asegurar el derecho de los ni\u00f1os y adolescentes a ser escuchados en los expedientes de su inter\u00e9s<\/strong>, salvaguardando su derecho de defensa, a expresarse libremente y garantizando su intimidad.<\/p>\n<\/a>

\u00d1) Otras leyes modificadas<\/strong><\/span><\/h6>\n

Rese\u00f1amos en breve el resto de las disposiciones finales:<\/p>\n

– La D.F. 3\u00aa<\/a>, en la Ley Org\u00e1nica\u00a01\/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria<\/strong>, establece programas espec\u00edficos para las personas internas condenadas por delitos relacionados con la violencia sobre la infancia y adolescencia a fin de evitar la reincidencia, as\u00ed como el seguimiento de las mismas para la concesi\u00f3n de permisos y la libertad condicional.<\/p>\n

– La D.F. 5\u00aa<\/a> modifica la Ley 34\/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad<\/strong>, declarando il\u00edcita tanto a la publicidad que incite a cualquier forma de violencia o discriminaci\u00f3n sobre los menores como aquella que fomente estereotipos de car\u00e1cter sexista, racista, est\u00e9tico, homof\u00f3bico o transf\u00f3bico o por razones de discapacidad.<\/p>\n

– La D.F. 7\u00aa<\/a> modifica la Ley 1\/1996, de 10 de enero, de asistencia jur\u00eddica gratuita<\/strong>, reconociendo el derecho a la asistencia jur\u00eddica gratuita a las personas menores de edad y las personas con discapacidad necesitadas de especial protecci\u00f3n cuando sean v\u00edctimas de delitos violentos graves<\/strong> con independencia de sus recursos para litigar.<\/p>\n

– La D.F. 8\u00aa<\/a>, en la Ley Org\u00e1nica\u00a01\/1996, de 15 de enero, de Protecci\u00f3n Jur\u00eddica del Menor<\/strong>, describe los indicadores de riesgo<\/strong> e introduce un nuevo art\u00edculo 14 bis para facilitar la labor de los servicios sociales en casos de urgencia. Establece un sistema de garant\u00edas en los sistemas de protecci\u00f3n a la infancia. Y regula las condiciones y el procedimiento aplicable a las solicitudes de acogimiento transfronterizo<\/strong> de menores.<\/p>\n

– La D.F. 10\u00aa<\/a> afecta al art\u00edculo 1 de la Ley contra la Violencia de G\u00e9nero<\/strong>, para hacer constar que la violencia de g\u00e9nero a que se refiere dicha ley tambi\u00e9n comprende la violencia que con el objetivo de causar perjuicio o da\u00f1o a las mujeres se ejerza sobre sus familiares o allegados menores de edad.<\/p>\n

– La D.F. 11\u00aa<\/a> modifica el art\u00edculo 4 de la Ley Org\u00e1nica 5\/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores<\/strong>, referido a los derechos de las v\u00edctimas de los delitos cometidos por menores, a fin de configurar nuevos derechos de las v\u00edctimas de delitos de violencia de g\u00e9nero cuando el autor no haya cumplido los 18 a\u00f1os. .<\/p>\n

– La D.F. 12\u00aa<\/a> se dedica a la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social<\/strong>, introduciendo una nueva infracci\u00f3n en el orden social por el hecho de dar ocupaci\u00f3n a personas con antecedentes de naturaleza sexual en actividades relacionadas con personas menores de edad.<\/p>\n

– La D.F. 13\u00aa<\/a> afecta a la Ley reguladora de la autonom\u00eda del paciente<\/strong>, estableciendo que los registros relativos a la atenci\u00f3n de los menores v\u00edctimas de violencia deben constar en la historia cl\u00ednica.<\/p>\n

– La D.F. 14\u00aa<\/a> modifica la Ley de ordenaci\u00f3n de las profesiones sanitarias<\/strong>, en relaci\u00f3n con la expedici\u00f3n de los t\u00edtulos de\u00a0especialista en Ciencias de la Salud.<\/p>\n

– La D.F. 20\u00aa<\/a> ordena al Gobierno la elaboraci\u00f3n de dos proyectos de ley<\/strong> con el fin de establecer la especializaci\u00f3n<\/strong> de la jurisdicci\u00f3n penal y civil<\/strong>, as\u00ed como del Ministerio Fiscal<\/strong>. En el mismo plazo se regular\u00e1n los Equipos T\u00e9cnicos que presten asistencia especializada a los \u00f3rganos judiciales especializados en infancia y adolescencia.<\/p>\n

– La D.F. 24\u00aa<\/a> mandata al Gobierno para que regule un procedimiento con el que se determine la edad de los menores<\/strong>.<\/p>\n<\/a>

O) Entrada en vigor<\/strong><\/span><\/h6>\n

Seg\u00fan la D.F. 25\u00aa<\/a>, esta ley entra en vigor el 25 de junio de 2021 con excepciones.<\/p>\n

Lo previsto en la D.F. 14\u00aa<\/a> (t\u00edtulos de\u00a0especialista en Ciencias de la Salud) producir\u00e1 efectos a partir del 1 de enero de 2022.<\/p>\n

Producir\u00e1n efectos a los seis meses, es decir, a partir del 25 de diciembre de 2025:<\/strong><\/p>\n

– Formaci\u00f3n espec\u00edfica en los colegios de abogados y procuradores (art. 5.3<\/a>),<\/p>\n

– Designaci\u00f3n de letrado de oficio (arts. 14.2 y 14.3<\/a>),<\/p>\n

– Deberes de informaci\u00f3n de los centros educativos y establecimientos residenciales (art. 18<\/a>),<\/p>\n

– Coordinador de bienestar y protecci\u00f3n en centros educativos (art. 35<\/a>)<\/p>\n

\u00a0– Monitorizaci\u00f3n y Delegado de protecci\u00f3n en entidades deportivas y de ocio (art. 48.1.b) y c)<\/p>\n

Ver Cuadro comparativo elaborado por el Colegio de Abogados de Madrid<\/strong><\/a> (JFME)<\/p>\n

 <\/p>\n<\/a>

Enlaces:<\/span><\/h6>\n