{"id":9066,"date":"2015-09-01T13:54:29","date_gmt":"2015-09-01T12:54:29","guid":{"rendered":"http:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/?p=9066"},"modified":"2015-12-21T21:59:39","modified_gmt":"2015-12-21T20:59:39","slug":"informe-252-boe-septiembre-2015","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/normas\/informes-mensuales\/informe-252-boe-septiembre-2015\/","title":{"rendered":"Informe 252. BOE septiembre 2015"},"content":{"rendered":"

\u00a0INFORME N\u00ba 252. (BOE SEPTIEMBRE\u00a0de 2015)<\/strong><\/h1>\n

 <\/p>\n

IR A LISTA DE INFORMES MENSUALES<\/a><\/strong><\/h2>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Equipo de redacci\u00f3n:<\/strong><\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Jos\u00e9 F\u00e9lix Merino Escart\u00edn, registrador de la propiedad de Madrid.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Joaqu\u00edn Delgado Ramos, registrador de la propiedad de Santa F\u00e9<\/a> (Granada) y notario\u00a0 excedente.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Carlos Ballugera G\u00f3mez registrador de la propiedad de\u00a0Torrej\u00f3n de Ardoz<\/a>.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Alfonso de la Fuente Sancho, notario de San Crist\u00f3bal de La Laguna <\/a>(Tenerife).<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Mar\u00eda N\u00fa\u00f1ez N\u00fa\u00f1ez, registradora mercantil de Lugo<\/a>.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Inmaculada Espi\u00f1eira Soto, notario de Santiago de Compostela<\/a>.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Jorge L\u00f3pez Navarro, notario de Alicante<\/a>.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Jos\u00e9 \u00c1ngel Garc\u00eda-Valdecasas Butr\u00f3n, registrador mercantil de Granada<\/a>.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Joaqu\u00edn Zejalbo Mart\u00edn, notario de Lucena<\/a> (C\u00f3rdoba)<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Juan Carlos Casas Rojo, registrador de la propiedad de Vitigudino<\/a> (Salamanca)<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Jos\u00e9 Antonio Riera \u00c1lvarez, notario de Arucas<\/a> (Gran Canaria)<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Albert Capell Mart\u00ednez, Notario de\u00a0Bolta\u00f1a<\/a>\u00a0(Huesca)<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Gerardo Garc\u00eda-Boente D\u00e1vila, Letrado del despacho ASHURST y E3 Universidad Comillas.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

<\/a><\/p>\n<\/a>

DISPOSICIONES GENERALES:<\/b> ^<\/a><\/span><\/h6>\n<\/a>
Correcci\u00f3n de Errores Ley Jurisdicci\u00f3n Voluntaria.<\/strong><\/span><\/h6>\n

Correcci\u00f3n de errores de la Ley 15\/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicci\u00f3n Voluntaria.<\/p>\n

Ir al archivo de la LJV.<\/a><\/strong><\/p>\n

PDF (BOE-A-2015-9524 – 3 p\u00e1gs.<\/abbr> – 158 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n<\/a>

Contratos de las Administraciones P\u00fablicas.\u00a0<\/span><\/strong><\/h6>\n

Real Decreto 773\/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones P\u00fablicas, aprobado por el Real Decreto 1098\/2001, de 12 de octubre.<\/p>\n

Este real decreto modifica el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones P\u00fablicas<\/a> para adaptarlo y desarrollar la reforma que tuvo lugar en 2013 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector P\u00fablico<\/a> en la que se introdujeron diversas modificaciones en la regulaci\u00f3n de la clasificaci\u00f3n de empresas<\/strong>, as\u00ed como en la acreditaci\u00f3n tanto de la solvencia econ\u00f3mica<\/strong> y financiera como en la solvencia t\u00e9cnica o profesional<\/strong> exigible para contratar con las Administraciones P\u00fablicas, remitiendo determinados aspectos de la misma a un posterior desarrollo reglamentario.<\/p>\n

Estas son sus principales novedades:<\/strong><\/p>\n

1.- Se modifica el art\u00edculo 11<\/a> adecuando a las nuevas disposiciones legales el sistema de determinaci\u00f3n de los criterios de selecci\u00f3n del contratista<\/strong> y de acreditaci\u00f3n de los mismos por los empresarios, y fijando los medios y criterios a aplicar en defecto de lo establecido en los pliegos del contrato.<\/p>\n

2.- Se modifica el art\u00edculo 26<\/a> dedicado a las categor\u00edas de clasificaci\u00f3n de los contratos de obras<\/strong>, reajustando los umbrales de las distintas categor\u00edas, partiendo de la categor\u00eda 1 para contratos de valor anual inferior a 150.000 euros y reajust\u00e1ndose igualmente el patrimonio neto m\u00ednimo exigible para el acceso de las empresas a cada categor\u00eda de clasificaci\u00f3n (art. 35<\/a>).<\/p>\n

3.- Se modifican los art\u00edculos 27 y 29<\/a> para ampliar a diez a\u00f1os<\/strong> el periodo durante el cual las obras en \u00e9l ejecutadas ser\u00e1n tomadas en cuenta como prueba de la experiencia <\/strong>de los empresarios como contratistas de obras.<\/p>\n

4.- En cuanto a la clasificaci\u00f3n de contratos de servicios<\/strong>, que desde la entrada en vigor del presente real decreto deja de ser exigible, se modifica el art\u00edculo 37<\/a> del Reglamento, manteniendo la estructura general en grupos y subgrupos pero reduciendo significativamente su n\u00famero.<\/p>\n

5.- Se modifica el Anexo II del Reglamento al objeto de delimitar el \u00e1mbito de trabajos incluidos en cada subgrupo<\/strong>.<\/p>\n

6.- Se modifica el art\u00edculo 38<\/a>, introduciendo una categor\u00eda adicional para contratos de anualidad media superior a 1,2 millones de euros<\/strong>.<\/p>\n

7.- Se modifican los art\u00edculos 39<\/a> y 45<\/a>, ampliando a cinco a\u00f1os<\/strong> el periodo durante el cual los trabajos en \u00e9l ejecutados ser\u00e1n tomados en cuenta como prueba de la experiencia<\/strong> de los empresarios a efectos de su clasificaci\u00f3n como contratistas de servicios<\/strong>.<\/p>\n

8.- Var\u00eda el art\u00edculo 46<\/a>, suprimiendo la exigibilidad de la clasificaci\u00f3n en los contratos de servicios<\/strong>, circunstancia que pasa a ser condici\u00f3n suficiente y medio de acreditaci\u00f3n de la solvencia del empresario, alternativo a los determinados en el anuncio de licitaci\u00f3n y en los pliegos de cada contrato por el \u00f3rgano de contrataci\u00f3n, o en su defecto a los establecidos en el art\u00edculo 11 del Reglamento.<\/p>\n

9.- Cambios en el art\u00edculo 67<\/a> que establece el contenido de los pliegos de cl\u00e1usulas administrativas particulares<\/strong> de los contratos p\u00fablicos. Se incorpora la relaci\u00f3n de criterios alternativos de selecci\u00f3n del empresario, tanto relativos a su solvencia econ\u00f3mica y financiera como a su solvencia t\u00e9cnica y profesional, a disposici\u00f3n del \u00f3rgano de contrataci\u00f3n para su incorporaci\u00f3n a los pliegos.<\/p>\n

Entrar\u00e1 en vigor el 5 de noviembre de 2015<\/strong>, sin perjuicio de lo establecido en sus disposiciones transitorias.<\/p>\n

PDF (BOE-A-2015-9607 – 33 p\u00e1gs.<\/abbr> – 746 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n<\/a>

Om\u00e1n. <\/strong><\/span><\/h6>\n

Convenio entre el Reino de Espa\u00f1a y el Sultanato de Om\u00e1n para evitar la doble imposici\u00f3n y prevenir la evasi\u00f3n fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su Protocolo, hecho \u00abad refer\u00e9ndum\u00bb en Mascate el 30 de abril de 2014.<\/p>\n

Personas comprendidas.<\/strong>\u00a0Este Convenio se aplica a las personas residentes<\/strong> de uno o de ambos Estados contratantes.<\/p>\n

Impuestos comprendidos.\u00a0<\/strong>Este Convenio se aplica a los impuestos sobre la renta<\/strong>.\u00a0Los impuestos actuales a los que se aplica este Convenio son, en particular:<\/p>\n

a) en el caso del Reino de Espa\u00f1a:<\/strong><\/p>\n

i) el Impuesto sobre la Renta de las Personas F\u00edsicas;<\/p>\n

ii) el Impuesto sobre la renta de Sociedades;<\/p>\n

iii) el Impuesto sobre la Renta de no Residentes; y<\/p>\n

iv) los impuestos locales sobre la renta;\u00a0<\/p>\n

b) en el caso del Sultanato de Om\u00e1n:\u00a0<\/strong>el impuesto sobre la renta; (denominado en lo sucesivo \u00abimpuesto oman\u00ed\u00bb).<\/p>\n

Entra en vigor el 19 de septiembre de 2015.<\/p>\n

PDF (BOE-A-2015-9673 – 21 p\u00e1gs.<\/abbr> – 325 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n<\/a>

C\u00f3digo Civil Catalu\u00f1a.<\/strong> <\/span><\/h6>\n

Ley 19\/2015, de 29 de julio, de incorporaci\u00f3n de la propiedad temporal y de la propiedad compartida al libro quinto del C\u00f3digo civil de Catalu\u00f1a.<\/p>\n

Ver archivo especial<\/a><\/strong><\/p>\n

Pre\u00e1mbulo.\u00a0<\/strong><\/p>\n

La presente ley recoge dos formas nuevas de propiedad la propiedad temporal y la compartida<\/strong>, que son diferentes de los derechos reales sobre cosa ajena y de los derechos personales.<\/p>\n

\u00a0La primera confiere a su titular el dominio de un bien por un plazo cierto y determinado, a cuyo vencimiento el dominio deviene para el titular sucesivo.<\/p>\n

En cuanto a la segunda, confiere al titular material, una cuota inicial de dominio as\u00ed como la posesi\u00f3n y el uso y disfrute exclusivo del bien y el derecho a adquirir de modo gradual, la cuota restante del otro titular, llamado titular formal. En esta propiedad se excluye la acci\u00f3n de divisi\u00f3n.<\/p>\n

La propiedad temporal<\/strong> se apoya en la tradici\u00f3n catalana y en instituciones tales como la sustituci\u00f3n fideicomisaria, la donaci\u00f3n con cl\u00e1usula de reversi\u00f3n y en especial los censos.\u00a0 La segunda o propiedad compartida es una forma de comunidad con distribuci\u00f3n de poder y de la posesi\u00f3n entre los comuneros, en la que los copropietarios acuerdan el uso y posesi\u00f3n del bien a su conveniencia.<\/p>\n

\u00a0 En la propiedad temporal, el propietario goza, durante un plazo el plazo fijado de un poder jco id\u00e9ntico al del propietario ordinario, que le legitima para actuar como propietario \u00fanico y exclusivo, mientras que el titular sucesivo lo es de un dcho de reversi\u00f3n, y este dcho de recuperaci\u00f3n de la propiedad tiene un contenido jco y econ\u00f3mico del que puede disponerse por acto inter vivos y mortis causa, pero que no le permite injerencia alguna en el ejercicio de las facultades del propietario temporal.<\/p>\n

\u00a0 El plazo es cierto y determinado y debe establecerse necesariamente desde el principio: hay un m\u00ednimo de 10 a\u00f1os y un m\u00e1ximo de 99.<\/p>\n

\u00a0 En cuanto a la propiedad compartida<\/strong> permite favorecer la adquisici\u00f3n sucesiva de la propiedad, a partir de una cuota inicial, y el propietario material va adquiriendo progresivamente las restantes cuotas del dominio del propietario formal, mediante el ejercicio gradual del derecho que es inherente a la instituci\u00f3n. El propietario material monopoliza casi todas las facultades dominicales a cambio del pago de una contraprestaci\u00f3n dineraria al propietario formal, por el uso exclusivo y excluyente del objeto. Aunque se deja la fijaci\u00f3n de una cuota m\u00ednima inicial a la voluntad de las partes, la adquisici\u00f3n de las cuotas restantes mediante un ejercicio de adquisici\u00f3n gradual, \u00e9ste debe representar, en defecto de pacto, un m\u00ednimo del 10%. De hecho y en relaci\u00f3n con la vivienda, el pre\u00e1mbulo de la ley, estima que la proporci\u00f3n ideal debe ser: un 5% adquirido con capital propio del propietario material; 20% que adquiere este propietario con financiaci\u00f3n hipotecaria y un 75% que permanece en manos del propietario formal y se adquiere sucesivamente despu\u00e9s.<\/p>\n

Cap\u00edtulo VII.- Propiedad Temporal. <\/strong><\/p>\n

Concepto y R\u00e9gimen Jur\u00eddico.\u00a0<\/strong>El derecho de propiedad temporal confiere a su titular el dominio de un bien durante un\u00a0 plazo cierto y determinado, vencido el cual el dominio hace tr\u00e1nsito al titular sucesivo. Pueden sr objeto de propiedad temporal los bienes inmuebles y tambi\u00e9n los \u201cmuebles duraderos no fungibles que puedan constar en un registro p\u00fablico\u201d.<\/p>\n

El titular del dcho. de propiedad puede retener la propiedad temporal y transmitir la titularidad sucesiva a un tercero o a la inversa o transmitir ambas. La propiedad temporal se adquiere por negocio jco. intervivos, a t\u00edtulo oneroso o gratuito o mortis causa. En el negocio adquisitivo debe constar el plazo cierto de duraci\u00f3n temporal que no puede ser\u00a0 inferior a 10 a\u00f1os para los inmuebles y 1 a\u00f1o para los muebles, ni superior, en ning\u00fan caso, a los 99 a\u00f1os. La transmisi\u00f3n de la propiedad temporal debe acompa\u00f1arse\u00a0 de un inventario de los bienes que la integran.<\/p>\n

Facultades del propietario temporal.\u00a0<\/strong><\/p>\n

El propietario temporal tiene todas las facultades del derecho de propiedad, limitadas s\u00f3lo por su duraci\u00f3n y la existencia de un titular sucesivo. La propiedad temporal se puede enajenar, hipotecar y someter a cualquier otro gravamen con el l\u00edmite del plazo fijado, y sin necesidad de intervenci\u00f3n del titular sucesivo. Caso de propiedad horizontal el ejercicio de los dchos y cumplimiento de las obligaciones corresponden al propietario temporal. El propietario temporal puede transmitir otra propiedad temporal de menor duraci\u00f3n a favor de una o m\u00e1s personas, a la vez o una despu\u00e9s de otra.<\/p>\n

Facultades del titular sucesivo.\u00a0<\/strong>El titular sucesivo puede enajenar, hipotecar y someter a cualquier otro gravamen su derecho y puede disponer de \u00e9l mortis causa. El titular sucesivo puede exigir al propietario temporal que se haga cargo de las obras de reparaci\u00f3n o reconstrucci\u00f3n, si el bien se deteriora en un 50% o m\u00e1s de su valor por culpa o dolo del propietario temporal.<\/p>\n

Inscripci\u00f3n.\u00a0<\/strong>El t\u00edtulo de adquisici\u00f3n de la propiedad temporal se inscribe en el Registro correspondiente de conformidad con la ley y con los efectos correspondientes. En la inscripci\u00f3n debe hacerse constar la duraci\u00f3n de la propiedad temporal y si procede el r\u00e9gimen voluntario pactado.\u00a0<\/p>\n

Extinci\u00f3n.\u00a0<\/strong>La propiedad temporal se extingue por las causas generales de extinci\u00f3n de la propiedad y adem\u00e1s por las siguientes: Vencimiento del plazo; deterioro del bien en un 50% de su valor por culpa o dolo del propietario temporal, si \u00e9ste una vez requerido por el titular sucesivo, no se ha hecho cargo de las obras de reparaci\u00f3n o construcci\u00f3n.<\/p>\n

Los dchos reales que gravan la propiedad temporal, en caso de renuncia al derecho y abandono de la posesi\u00f3n del bien o cualquier otra causa de extinci\u00f3n voluntaria, subsisten hasta que venza el hecho o la causa que comporte su extinci\u00f3n.<\/p>\n

Cap\u00edtulo VI: Propiedad compartida.\u00a0<\/strong><\/p>\n

Concepto y r\u00e9gimen jur\u00eddico:\u00a0<\/strong>La propiedad compartida confiere a uno de los dos titulares, llamado propietario material, una cuota de dominio, la posesi\u00f3n, el uso y disfrute exclusivo del bien y el derecho a adquirir, de modo gradual, la cuota restante del otro titular llamado propietario formal. La propiedad compartida supone le exclusi\u00f3n de la acci\u00f3n de divisi\u00f3n. Pueden ser objeto de la propiedad compartida los bienes inmuebles y los \u201cmuebles duraderos y no fungibles que puedan constar en un registro p\u00fablico\u201d. Puede constituirse la propiedad compartida sobre un bien en r\u00e9gimen de propiedad temporal.<\/p>\n

La propiedad compartida se rige, en lo no establecido por su t\u00edtulo de constituci\u00f3n y disposiciones de este cap\u00edtulo, por las normas de este c\u00f3digo (C\u00f3digo Civil Catal\u00e1n) relativas a la comunidad ordinaria indivisa y a los dchos de adquisici\u00f3n, en lo que sea compatible.<\/p>\n

Constituci\u00f3n: <\/strong>La propiedad compartida se constituye por negocio jco inter vivos, a titulo oneroso o gratuito o por causa de muerte. El t\u00edtulo de constituci\u00f3n debe contener las siguientes circunstancias:<\/p>\n

a) La cuota inicialmente adquirida.<\/p>\n

b) El derecho de adquisici\u00f3n gradual y los requisitos y condiciones de su ejercicio. En defecto de pacto, las cuotas sucesivamente adquiridas no pueden ser inferiores al 10 % del total de la propiedad.<\/p>\n

c) La contraprestaci\u00f3n dineraria, si existe, para el ejercicio en exclusiva de las facultades dominicales atribuidas sobre el bien, su actualizaci\u00f3n y los criterios para su determinaci\u00f3n a medida que se ejerza el derecho de adquisici\u00f3n gradual.<\/p>\n

La duraci\u00f3n de la propiedad compartida es de 30 a\u00f1os, salvo que las partes fijen un plazo diferente que, en ning\u00fan caso, puede superar los 99 a\u00f1os.<\/p>\n

Inscripci\u00f3n:\u00a0<\/strong>La propiedad compartida se inscribe en el registro correspondiente, haci\u00e9ndose constar las circunstancias anteriores y en su caso los dchos de tanteo y retracto. Si recae cobre un inmueble, debe inscribirse de acuerdo con la legislaci\u00f3n hipotecaria, en el folio abierto para la finca\u00a0 matriz. La inscripci\u00f3n del dcho del propietario material se har\u00e1 en folio independiente, el cual debe remitir al r\u00e9gimen de propiedad compartida.<\/p>\n

Facultades y obligaciones del propietario material<\/strong>: El propietario material tiene la posesi\u00f3n y uso del bien de forma plena y exclusiva, sin que pueda comprometer su subsistencia; puede enajenar, hipotecar y someter a cualquier otro gravamen su cuota, comunic\u00e1ndolo al propietario formal, as\u00ed como disponer mortis causa. Y puede adquirir m\u00e1s cuota de forma gradual, de acuerdo con el t\u00edtulo de constituci\u00f3n.<\/p>\n

Puede ejercer todos los actos de riguroso dominio, pero precisa del consentimiento del propietario formal para dividir el bien, y la distribuci\u00f3n debe hacerse en cuanto al precio de adquisici\u00f3n, y contraprestaci\u00f3n dineraria establecida.<\/p>\n

Est\u00e1n a su cargo, caso e Propiedad horizontal el ejercicio de los dchos y cumplimiento de las obligaciones, as\u00ed como los gastos ordinarios, ya que los extraordinarios deben dividirse de acuerdo con la cuota de cada uno.<\/p>\n

Obligaciones: <\/strong>tiene la de pagar el precio de adquisici\u00f3n de las cuotas, satisfacer la contraprestaci\u00f3n dineraria, cuyo importe disminuye proporcionalmente con la adquisici\u00f3n de m\u00e1s cuota, y pagas rolos gastos e impuesto vinculados a la propiedad del bien.<\/p>\n

Facultades del propietario formal.\u00a0<\/strong>Puede enajenar, hipotecar y someter a cualquier otro gravamen su cuota, as\u00ed como disponer de ella por causa de muerte, sin perjuicio de los dchos de tanteo y retracto.<\/p>\n

Y exigir al propietario material que se haga cargo de las obras de reparaci\u00f3n o reconstrucci\u00f3n si el bien se deteriora un 20% o m\u00e1s o compromete su subsistencia.<\/p>\n

Contraprestaci\u00f3n dineraria y tanteo y retracto.\u00a0<\/strong>La cuota del propietaria material est\u00e1 afecta, con car\u00e1cter real, al pago de la contra prestaci\u00f3n correspondiente al a\u00f1o en curso y dos a\u00f1os anteriores.<\/p>\n

Si el propietario material efect\u00faa una transmisi\u00f3n onerosa de su cuota debe aportar el documento que acredite que est\u00e1 al corriente de pago de la contraprestaci\u00f3n dineraria hasta la fecha de la transmisi\u00f3n, sin cuyo requisito no puede otorgarse escritura, salvo renuncia de los adquirentes.<\/p>\n

Ambos propietarios deben comunicarse rec\u00edprocamente el cambio de titularidad a favor de un tercero.<\/p>\n

\u00a0 Finalmente la enajenaci\u00f3n a t\u00edtulo oneroso de su cuota por cualquiera de los propietarios, da derecho al otro, salvo pacto en contrario, a los derechos de tanteo y retracto.<\/p>\n

Extinci\u00f3n:\u00a0<\/strong>La propiedad compartida se extingue por las siguientes causas:<\/p>\n

a) La reuni\u00f3n en una sola titularidad de todas las cuotas de propiedad.<\/p>\n

b) La destrucci\u00f3n o p\u00e9rdida del bien.<\/p>\n

c) El vencimiento del plazo de duraci\u00f3n de la propiedad compartida.<\/p>\n

d) La falta de ejercicio de cualesquiera de los derechos de adquisici\u00f3n gradual acordados, salvo pacto en contrario.<\/p>\n

e) La conversi\u00f3n en un r\u00e9gimen de comunidad ordinaria o especial.<\/p>\n

f) El acuerdo de ambos titulares.<\/p>\n

g) La renuncia de cualquiera de los titulares, que comporta el acrecimiento a favor del otro.<\/p>\n

Una vez extinguida la propiedad compartida por las causas a que se refieren las letras c<\/em> y d<\/em>, el bien afectado pasa a la situaci\u00f3n de comunidad ordinaria indivisa. En este caso, quien ha sido propietario formal puede exigir la adjudicaci\u00f3n de la totalidad del bien objeto de la comunidad pagando en met\u00e1lico el 80% del valor pericial, en el momento de exigir la adjudicaci\u00f3n, de la participaci\u00f3n de quien ha sido propietario material.<\/p>\n

Comentario del autor del resumen.<\/strong><\/p>\n

El origen de esta ley (compra por cuotas de una vivienda-shared ownership-\u00a0 o compra por un plazo determinado-key workers-) se encuentra en el Reino Unido y en los Pa\u00edses Bajos, y en Catalu\u00f1a es ahora el resultado de unos trabajos que han durado cuatro a\u00f1os y que ha llevado a cabo la C\u00e1tedra de Vivienda de la Universidad Rovira i Virgili (URV) dirigida por Sergio Nasarre. Su objetivo, dice el autor, ha sido crear un tercer mercado inmobiliario asequible a m\u00e1s personas que permita, por ejemplo, adquirir un piso en la Avda Diagonal de Barcelona\u00a0 por una cierta suma, pero comprando s\u00f3lo un 40% y el resto progresivamente y sin endeudarse (propiedad compartida) o bien comprar un piso por los a\u00f1os que se va a necesitar (propiedad temporal). Esta forma de acceso aprovecha la flexibilidad del alquiler y la estabilidad de la propiedad y se dirige a personas que no pueden obtener ayudas, ni recurrir al mercado libre y al tiempo no aceptan el alquiler como una forma de tenencia adecuada a su plan de vida, dice\u00a0 Nasarre.<\/p>\n

\u00a0 El problema de estas formas de propiedad, aparte de que chocan con el concepto quiritario romano que, en general, tiene el espa\u00f1ol de la propiedad (de hecho la figura del time sharing, o propiedad por turnos, ha sido un fracaso, salvo en ciertas provincias con un n\u00facleo importante de extranjeros..Baleares, Canarias, M\u00e1laga) es el de que, en principio, no tendr\u00e1n financiaci\u00f3n, ya que un Banco nunca, pienso, se embarcar\u00eda, en esta aventura. Usted intente que un Banco le hipoteque s\u00f3lo la cuota de que es propietario (una mitad, por ejemplo, de su vivienda) y cuya otra cuota corresponde a un hermano suyo, que no desea hipotecar. La negativa de la entidad de cr\u00e9dito la tiene ya.<\/p>\n

\u00a0 Quiz\u00e1 estas formas de propiedad que se encuentran muy cercanas a los censos o a la comunidad ordinaria, puedan tener cierto \u00e9xito en las Promociones Oficiales de Viviendas, construidas por la Entidad Auton\u00f3mica correspondiente (en Catalu\u00f1a la ley de Vivienda lo incentiva) o los Ayuntamientos, y de hecho en nuestras antiguas leyes de Protecci\u00f3n Oficial, hab\u00eda algunos modelos similares: por ejemplo aquel que creo se denominaba \u201cVPO de adquisici\u00f3n diferida\u201d que en se entregaban las viviendas originariamente en alquiler durante veinte o treinta a\u00f1os y al t\u00e9rmino de dicho plazo se adjudicaban en propiedad al inquilino (que realmente era un comprador a plazos), con el otorgamiento de escritura de venta.<\/p>\n

(Ver \u201cSea propietario sin comprar ni alquilar<\/a>\u201d, de Sandra Let\u00f3n El Pa\u00eds 19 abril de 2015 o \u201cLa propiedad temporal<\/a>\u201d o Leasehold de Ur\u00eda Men\u00e9ndez)\u00a0 (JLN)<\/p>\n

Entr\u00f3 en vigor<\/strong> a los 20 d\u00edas de su publicaci\u00f3n o sea el 24 agosto de 2015<\/p>\n

Jorge L\u00f3pez Navaro, Notario de Alicante\u00a0(JLN)<\/p>\n

[Ver resumen Proyecto<\/a><\/strong> en Futuras Normas.]<\/p>\n

Ver archivo especial<\/a><\/strong><\/p>\n

PDF (BOE-A-2015-9678 – 10 p\u00e1gs.<\/abbr> – 216 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n<\/a>

Formaci\u00f3n Profesional para el empleo.<\/strong> <\/span><\/h6>\n

Ley 30\/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formaci\u00f3n Profesional para el empleo en el \u00e1mbito laboral.\u00a0<\/p>\n

Objeto. <\/strong>La presente ley tiene por objeto regular la planificaci\u00f3n y financiaci\u00f3n del sistema de formaci\u00f3n profesional para el empleo en el \u00e1mbito laboral<\/strong>, la programaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de las acciones formativas, el control, el seguimiento y el r\u00e9gimen sancionador, as\u00ed como el sistema de informaci\u00f3n, la evaluaci\u00f3n, la calidad y la gobernanza del sistema.<\/p>\n

\u00c1mbito de aplicaci\u00f3n.<\/strong> El sistema dar\u00e1 cobertura a empresas y trabajadores de cualquier parte del territorio del Estado espa\u00f1ol<\/em><\/strong> y responder\u00e1 a una acci\u00f3n coordinada, colaborativa y cooperativa entre las Administraciones, las organizaciones empresariales y sindicales m\u00e1s representativas y los dem\u00e1s agentes que intervienen en el mismo.<\/p>\n

Se aplica as\u00ed la doctrina constitucional<\/strong> que se\u00f1ala que el modelo de formaci\u00f3n profesional para el empleo tiene una incardinaci\u00f3n gen\u00e9rica en la competencia exclusiva del Estado<\/em><\/strong> en materia de \u00ablegislaci\u00f3n laboral\u00bb, reforzada por la atribuci\u00f3n al Estado de la competencia exclusiva en materia de bases y coordinaci\u00f3n de la planificaci\u00f3n general de la actividad econ\u00f3mica.<\/p>\n

Objetivos estrat\u00e9gicos. <\/strong>La ley, profundizando en la senda que inici\u00f3 la Ley 3\/2012, de 6 de julio<\/a>, acomete una reforma integral del sistema<\/strong> con cuatro objetivos estrat\u00e9gicos:<\/p>\n

– la garant\u00eda del ejercicio del derecho a la formaci\u00f3n<\/strong> de los trabajadores, empleados y desempleados, en particular, de los m\u00e1s vulnerables;<\/p>\n

– la contribuci\u00f3n efectiva de la formaci\u00f3n a la competitividad<\/strong> de las empresas, anticip\u00e1ndose a sus necesidades;<\/p>\n

– el fortalecimiento de la negociaci\u00f3n colectiva<\/strong> en la adecuaci\u00f3n de la oferta formativa a los requerimientos del sistema productivo,<\/p>\n

– la eficiencia y transparencia en la gesti\u00f3n de los recursos p\u00fablicos<\/strong>.<\/p>\n

La Estrategia Espa\u00f1ola de Activaci\u00f3n para el Empleo 2014-2016<\/strong> constituye el marco plurianual que institucionaliza las medidas a llevar a cabo, tanto desde el Servicio P\u00fablico de Empleo Estatal<\/strong> como desde los servicios p\u00fablicos de empleo auton\u00f3micos. Entre las medidas desarrolladas se encuentran la transformaci\u00f3n gradual del sistema<\/em><\/strong> de formaci\u00f3n profesional para el empleo o la creaci\u00f3n del Sistema de Garant\u00eda Juvenil<\/em><\/strong>, para facilitar el acceso de los j\u00f3venes menores de 25 a\u00f1os al mercado de trabajo.<\/p>\n

\"Albarrac\u00edn<\/a>

Albarrac\u00edn (Teruel). Por Jos\u00e9 Luis Mieza<\/p><\/div>\n

El cap\u00edtulo I<\/strong>, aparte del objeto y \u00e1mbito nacional de la norma que ya hemos visto, describe los fines y los principios inspiradores entre los que destaca el papel protagonista de la negociaci\u00f3n colectiva y la unidad financiera del sistema y de su r\u00e9gimen econ\u00f3mico que garantiza el principio de unidad de caja de la cuota para la formaci\u00f3n profesional.<\/em><\/strong><\/p>\n

El cap\u00edtulo II<\/strong> se dedica a la planificaci\u00f3n y financiaci\u00f3n de la formaci\u00f3n profesional para el empleo<\/strong>.<\/p>\n

Planificaci\u00f3n.<\/strong> Se fijan unas actividades de observaci\u00f3n y prospecci\u00f3n del mercado de trabajo, para detectar los cambios en las demandas<\/em><\/strong> de cualificaci\u00f3n y competencias del tejido productivo. Se marca un escenario estrat\u00e9gico plurianual<\/em><\/strong>, referente de la programaci\u00f3n de toda la formaci\u00f3n que se imparta en el sistema.<\/p>\n

Financiaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n

– Se introduce la concurrencia competitiva<\/em><\/strong> abierta a todos los proveedores de formaci\u00f3n acreditados y\/o inscritos, como norma general para la gesti\u00f3n de los fondos destinados a financiar las programaciones formativas de las distintas Administraciones p\u00fablicas.<\/p>\n

– El art\u00edculo 6 recoge la posibilidad de que las administraciones p\u00fablicas puedan articular un \u00abcheque formaci\u00f3n\u00bb<\/em><\/strong> para trabajadores desempleados, herramienta novedosa que permitir\u00e1 la libertad de elecci\u00f3n entre las entidades adheridas a los dispositivos espec\u00edficos que se desarrollen para su seguimiento.<\/p>\n

– Y se acoge el concepto de m\u00f3dulo econ\u00f3mico<\/em><\/strong>, entendiendo por tal, el coste por participante y hora de formaci\u00f3n que podr\u00e1 ser objeto de financiaci\u00f3n p\u00fablica<\/p>\n

El cap\u00edtulo III<\/strong>, Programaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de la formaci\u00f3n<\/strong>, introduce un nuevo enfoque de las iniciativas de formaci\u00f3n profesional para el empleo, situando a las propias empresas y a los trabajadores en el centro del sistema<\/em><\/strong>. <\/em><\/p>\n

Trabajadores ocupados.<\/strong> En el nuevo modelo todas las empresas participar\u00e1n en alguna medida con sus propios recursos en la financiaci\u00f3n de la formaci\u00f3n de sus trabajadores<\/em><\/strong>, completando las distintas Administraciones la oferta formativa con su propia programaci\u00f3n para los trabajadores ocupados, en la cual las organizaciones empresariales y sindicales dejar\u00e1n de ser titulares de planes de formaci\u00f3n<\/em><\/strong>, si bien participar\u00e1n en su dise\u00f1o, programaci\u00f3n y difusi\u00f3n.<\/p>\n

Pago por las empresas.<\/strong> El porcentaje de participaci\u00f3n de las empresas en el coste de la formaci\u00f3n (art. 9.5) oscila entre el 5% para las que tengan de 6 a 9 trabajadores, hasta el 40% (a partir de 250). Hasta cinco trabajadores, est\u00e1n exentas.<\/p>\n

Trabajadores desempleados.<\/strong> Las Administraciones competentes tambi\u00e9n programar\u00e1n formaci\u00f3n para los trabajadores desempleados en la que cobrar\u00e1 un papel especialmente relevante la labor de los servicios p\u00fablicos de empleo, que deber\u00e1n identificar los perfiles<\/em><\/strong> y los itinerarios individuales<\/em><\/strong> y personalizados de empleo de los beneficiarios.<\/p>\n

Formaci\u00f3n on line.<\/strong> Se potencia la formaci\u00f3n online frente a la formaci\u00f3n a distancia tradicional, que se suprime.<\/p>\n

Entidades de formaci\u00f3n.<\/strong> Las entidades de formaci\u00f3n acreditadas y\/o registradas, tanto p\u00fablicas como privadas, adem\u00e1s de su papel de proveedores de formaci\u00f3n, ser\u00e1n corresponsables en el<\/em><\/strong> seguimiento<\/em><\/strong> del aprendizaje y su evaluaci\u00f3n. Entre las entidades que podr\u00e1n impartir formaci\u00f3n para el empleo est\u00e1n incluidas las empresas que desarrollen acciones formativas para sus propios trabajadores.<\/p>\n

El cap\u00edtulo IV, Control de la formaci\u00f3n y el r\u00e9gimen sancionador<\/strong>, tiene el objetivo de garantizar el principio de tolerancia cero contra el fraude<\/em><\/strong> en la gesti\u00f3n de los fondos de formaci\u00f3n profesional para el empleo. Lo completa la DF3\u00aa que modifica el TR Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.<\/p>\n

– se ampl\u00edan los sujetos responsables<\/em><\/strong> para incluir a las entidades de formaci\u00f3n y a las que asuman la organizaci\u00f3n de la formaci\u00f3n programada por las empresas<\/p>\n

– se modifican los tipos<\/em><\/strong> infractores existentes, se crean tipos nuevos y se endurecen las sanciones<\/em><\/strong><\/p>\n

– se establece la responsabilidad solidaria<\/em><\/strong> de los sujetos que participen en la obtenci\u00f3n fraudulenta de ayudas, subvenciones y bonificaciones<\/p>\n

– y se crea una Unidad Especial de Inspecci\u00f3n<\/em><\/strong>.<\/p>\n

El cap\u00edtulo V<\/strong> implanta un sistema integrado de informaci\u00f3n, evaluaci\u00f3n y calidad<\/strong>, que permitir\u00e1 desarrollar tres instrumentos clave:<\/p>\n

– la Cuenta de Formaci\u00f3n<\/strong>, que acompa\u00f1ar\u00e1 al trabajador a lo largo de su carrera profesional al objeto de acreditar su historial formativo y de orientar la oferta formativa al incremento de su empleabilidad;<\/p>\n

– el Cat\u00e1logo de Especialidades Formativas<\/strong>, que ser\u00e1 referente com\u00fan de toda la oferta formativa que se programe para los trabajadores ocupados y desempleados y ser\u00e1 objeto de actualizaci\u00f3n permanente;<\/p>\n

– y el Registro Estatal de Entidades de Formaci\u00f3n<\/strong>, de car\u00e1cter p\u00fablico, al que se incorporar\u00e1n los resultados de las auditor\u00edas o controles de calidad que se realicen a dichas entidades.<\/p>\n

Y el cap\u00edtulo VI<\/strong> se dedica a la gobernanza del sistema<\/strong> y define un nuevo papel para los distintos agentes y \u00f3rganos que intervienen en el gobierno del sistema. Aunque se quiere dar un importante papel a las organizaciones empresariales y sindicales<\/em><\/strong>, se las aparta de la gesti\u00f3n de fondos y tambi\u00e9n de la impartici\u00f3n de la formaci\u00f3n como lo hac\u00edan hasta la fecha, dejando este papel a las entidades que imparten formaci\u00f3n profesional. Tiene gran calado la medida, pues, para estas organizaciones, era una fundamental fuente de financiaci\u00f3n.<\/p>\n

En las disposiciones finales se modifican estas leyes:<\/p>\n

– D. F. 3\u00aa. TR Ley sobre Infracciones y Sanciones<\/strong> en el Orden Social<\/a>.<\/p>\n

– D. F. 4\u00aa. Ley 56\/2003, de 16 de diciembre, de Empleo<\/strong><\/a>. El art\u00edculo 26<\/a> establece las l\u00edneas generales del nuevo modelo de formaci\u00f3n profesional para el empleo en el \u00e1mbito laboral.<\/p>\n

– D. F. 5\u00aa. Ley 20\/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo aut\u00f3nomo<\/strong><\/a>. Incorpora a las organizaciones empresariales entre aquellas con capacidad jur\u00eddica para actuar en representaci\u00f3n de los trabajadores aut\u00f3nomos.<\/p>\n

– D. F. 6\u00aa. Ley 14\/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnolog\u00eda y la Innovaci\u00f3n<\/a> para regular la figura del contrato del personal investigador predoctoral<\/strong> en formaci\u00f3n.<\/p>\n

La transformaci\u00f3n del modelo de formaci\u00f3n profesional para el empleo no acaba con la aprobaci\u00f3n de esta ley. En su desarrollo se aprobar\u00e1 un nuevo real decreto y una orden ministerial que derogar\u00e1n la totalidad del resto del marco jur\u00eddico vigente<\/strong>, constituido por el Real Decreto 395\/2007, de 23 de marzo<\/a>, por el que se regula el subsistema de formaci\u00f3n profesional para el empleo, y todas las normas que lo desarrollan.<\/p>\n

Entr\u00f3 en vigor, con salvedades, el 11 de septiembre de 2015<\/strong>.<\/p>\n

PDF (BOE-A-2015-9734 – 45 p\u00e1gs.<\/abbr> – 688 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n<\/a>

Trabajadores Aut\u00f3nomos y Econom\u00eda Social.<\/strong> <\/span><\/h6>\n

Ley 31\/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoci\u00f3n del trabajo aut\u00f3nomo y de la Econom\u00eda Social.\u00a0<\/p>\n

En Espa\u00f1a el tejido productivo<\/strong> est\u00e1 compuesto fundamentalmente por trabajadores por cuenta propia y por peque\u00f1as y medianas empresas, De hecho, los m\u00e1s de tres millones de trabajadores por cuenta propia (3.125.806) suponen el 18,5 por ciento<\/strong> del total de los trabajadores dados de alta en la Seguridad Social.<\/p>\n

Tambi\u00e9n adquiere cada vez m\u00e1s importancia la denominada Econom\u00eda Social,<\/strong> donde se engloban las cooperativas y sociedades laborales, los Centros Especiales de Empleo, las Empresas de Inserci\u00f3n, las fundaciones, las asociaciones, las mutualidades, las cofrad\u00edas de pescadores\u2026 Su promoci\u00f3n es, adem\u00e1s, un mandato constitucional<\/a>.<\/p>\n

Tanto el autoempleo como la econom\u00eda social tienen una gran potencialidad para crear puestos de trabajo<\/strong> que, adem\u00e1s, suelen ser m\u00e1s estables y de dif\u00edcil deslocalizaci\u00f3n.<\/p>\n

La E. de M. cita algunas medidas adoptadas<\/strong> a lo largo de estos a\u00f1os al respecto:<\/p>\n

– el contrato de Apoyo a los Emprendedores<\/strong> de la Ley 3\/2012, de 6 de julio<\/a>;<\/p>\n

– \u00a0la Tarifa Plana de 50 euros<\/strong><\/a> en la cotizaci\u00f3n a la Seguridad Social para nuevos aut\u00f3nomos;<\/p>\n

– \u00a0la Ley 14\/2013, de 27 de septiembre<\/a>, de Apoyo a los Emprendedores<\/strong> y su Internacionalizaci\u00f3n;<\/p>\n

–\u00a0 el RDLey y la Ley de mecanismo de Segunda Oportunidad<\/strong><\/a>.<\/p>\n

– la capitalizaci\u00f3n <\/strong>de la prestaci\u00f3n por desempleo.<\/p>\n

Ahora -dice la E. de M.- se trata de sistematizar el marco vigente de incentivos al trabajo aut\u00f3nomo y a la Econom\u00eda Social, reuniendo en un solo texto las medidas e incentivos establecidos en favor de estos colectivos<\/strong>, mejorando, armonizando y ampliando los ya existentes, e implementando otros nuevos. Sin embargo, como veremos, el texto de la Ley \u00fanicamente se dedica a modificar p\u00e1rrafos concretos de seis leyes distintas.<\/p>\n

Asimismo, en el campo de los trabajadores aut\u00f3nomos econ\u00f3micamente dependientes<\/strong>, se establece la posibilidad de que, ante determinadas circunstancias que afectan a su actividad profesional y que, en ocasiones, les impide desarrollarla plenamente, puedan contratar un trabajador por cuenta ajena en las situaciones tasadas en la presente norma<\/strong>.<\/p>\n

Por otra parte, y en el \u00e1mbito de la Econom\u00eda Social<\/strong>, en el presente texto se incluyen novedades como el reconocimiento de las Empresas de Inserci\u00f3n y de los Centros Especiales de Empleo<\/strong> como entidades prestadoras de Servicios de Inter\u00e9s Econ\u00f3mico General<\/strong> lo que permita que reciban subvenciones de hasta 500000 euros y se extiende la posibilidad de reserva en los procedimientos de adjudicaci\u00f3n de contratos p\u00fablicos a las empresas de inserci\u00f3n.<\/p>\n

Y tambi\u00e9n se incorporan nuevas actuaciones como la creaci\u00f3n de un nuevo incentivo para facilitar el tr\u00e1nsito de los trabajadores desde el empleo protegido a la empresa ordinaria<\/strong> as\u00ed como otras medidas destinadas a fomentar el impulso y mantenimiento del autoempleo en su vertiente colectiva, como la ampliaci\u00f3n de las posibilidades de capitalizaci\u00f3n de la prestaci\u00f3n por desempleo para la participaci\u00f3n en sociedades cooperativas<\/strong> o las ayudas a la contrataci\u00f3n para la sustituci\u00f3n de socios de dicho tipo de sociedades.<\/p>\n

En definitiva, las medidas contenidas tratan<\/strong> de impulsar<\/strong> el autoempleo, individual o colectivo; apoyar a que se consoliden<\/strong> los proyectos y avanzar en la mejora de la protecci\u00f3n social<\/strong> de los aut\u00f3nomos para reducir la brecha que existe entre los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores asalariados.<\/p>\n

La ley consta de seis art\u00edculos<\/strong>, cada uno de los cuales modifica una Ley.<\/p>\n

El art\u00edculo primero<\/strong>, el m\u00e1s extenso, afecta a 14 apartados del Estatuto del Trabajo Aut\u00f3nomo<\/strong><\/a>. Destacan:<\/p>\n

– La autorizaci\u00f3n a los Trabajadores Aut\u00f3nomos Econ\u00f3micamente Dependientes<\/strong> para la contrataci\u00f3n de trabajadores por cuenta ajena en aquellos supuestos en los que la interrupci\u00f3n de la actividad por causas vinculadas a la conciliaci\u00f3n de su actividad profesional con su vida familiar pudiese ocasionar la resoluci\u00f3n del contrato con su cliente.<\/p>\n

– Se determina con mayor claridad la cuota a ingresar<\/strong> por el trabajador aut\u00f3nomo en aquellos supuestos en los que durante el inicio de su actividad, se acoja a la denominada \u00abTarifa Plana para aut\u00f3nomos<\/strong>\u00bb, al fijarse no como un porcentaje, sino como una cantidad fija y estable. Adem\u00e1s, se prev\u00e9 la posibilidad de actualizaci\u00f3n<\/strong> de esta cifra a trav\u00e9s de las sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado.<\/p>\n

– Se elimina la barrera de edad <\/strong>para que un trabajador por cuenta propia pueda beneficiarse de la capitalizaci\u00f3n al 100%<\/strong>\u00a0 de la prestaci\u00f3n por desempleo para destinarla a la inversi\u00f3n necesaria para el ejercicio de la actividad y tambi\u00e9n se elimina esa barrera para la compatibilizaci\u00f3n <\/strong>de la prestaci\u00f3n por desempleo con el trabajo por cuenta propia durante un periodo determinado en que se suele ingresar menos.<\/p>\n

– Se ampl\u00eda el periodo de suspensi\u00f3n de la prestaci\u00f3n por desempleo<\/strong> en aquellos supuestos en los que se realice una actividad por cuenta propia.<\/p>\n

El art\u00edculo segundo<\/strong> modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social<\/a><\/strong>, para adoptar medidas que permitan la suspensi\u00f3n de la prestaci\u00f3n por desempleo durante un periodo m\u00e1s amplio<\/strong> que el existente hasta la fecha en aquellos supuestos en los que se desarrolle un trabajo por cuenta propia. Pasa de 24 meses a sesenta meses para los trabajadores de m\u00e1s de treinta a\u00f1os, equipar\u00e1ndolos a los j\u00f3venes.<\/p>\n

El art\u00edculo tercero <\/strong>tiene como objeto la modificaci\u00f3n de la Ley 5\/2011, de 29 de marzo, de Econom\u00eda Social<\/strong><\/a>, para incluir incentivos a la contrataci\u00f3n de personas<\/strong> que, por su situaci\u00f3n, tengan un menor \u00edndice de acceso al mercado laboral. Adem\u00e1s, se unifican en esta norma las distintas medidas de capitalizaci\u00f3n<\/strong> de desempleo y bonificaci\u00f3n en contratos de interinidad previstos para sujetos de la Econom\u00eda Social. Ver arts. 9 al 12<\/a>.<\/p>\n

El art\u00edculo cuarto<\/strong> modifica la disposici\u00f3n adicional quinta<\/a> del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector P\u00fablico<\/strong>, para permitir la reserva de la participaci\u00f3n<\/strong> en procedimientos de adjudicaci\u00f3n de contratos a las empresas de inserci\u00f3n.<\/p>\n

El art\u00edculo quinto<\/strong> modifica la disposici\u00f3n adicional segunda de la Ley 12\/2001, de 9 de julio<\/a>, relativa a las bonificaciones de cuotas de Seguridad Social<\/strong> para los trabajadores en per\u00edodo de descanso por maternidad, adopci\u00f3n, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural o suspensi\u00f3n por paternidad.<\/p>\n

El art\u00edculo sexto<\/strong> a\u00f1ade un p\u00e1rrafo al art. 2.5<\/a> de la Ley 43\/2006, de 29 de diciembre, estableciendo un nuevo incentivo para el supuesto de contrataci\u00f3n de personas en situaci\u00f3n de exclusi\u00f3n social<\/strong> por empresas que no tengan la condici\u00f3n de empresas de inserci\u00f3n ni de centros especiales de empleo, cuando dichos trabajadores han prestado sus servicios para una empresa de inserci\u00f3n.<\/p>\n

Hay dos disposiciones transitorias:<\/strong><\/p>\n

– La primera alude a las medidas de fomento del autoempleo que se vienen disfrutando<\/strong> y que son objeto de modificaci\u00f3n, permitiendo, adem\u00e1s, a sus beneficiarios el disfrute de las mejoras previstas respecto a la regulaci\u00f3n anterior.<\/p>\n

La segunda aplica los nuevos plazos previstos para la suspensi\u00f3n de la prestaci\u00f3n por desempleo<\/strong> a aquellos beneficiarios que, a la entrada en vigor de la presente ley, tuviesen suspendida dicha prestaci\u00f3n por la realizaci\u00f3n de un trabajo por cuenta propia.<\/p>\n

Entrar\u00e1 en vigor el 10 de octubre de 2015<\/strong>.<\/p>\n

PDF (BOE-A-2015-9735 – 25 p\u00e1gs.<\/abbr> – 379 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n<\/a>

Uzbekist\u00e1n<\/span>.<\/strong>\u00a0<\/h6>\n

Convenio entre el Reino de Espa\u00f1a y la Rep\u00fablica de Uzbekist\u00e1n para evitar la doble imposici\u00f3n y prevenir la evasi\u00f3n fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su Protocolo, hecho en Madrid el 8 de julio de 2013.<\/p>\n

Personas comprendidas.<\/strong>\u00a0Este Convenio se aplica a las personas residentes<\/strong> de uno o de ambos Estados contratantes.<\/p>\n

Impuestos comprendidos.\u00a0<\/strong>Este Convenio se aplica a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio<\/strong>.\u00a0Los impuestos actuales a los que se aplica este Convenio son, en particular:<\/span><\/p>\n

a) en el caso del Reino de Espa\u00f1a:<\/strong><\/span><\/p>\n

i) el Impuesto sobre la Renta de las Personas F\u00edsicas;<\/span><\/p>\n

ii) el Impuesto sobre la renta de Sociedades;<\/span><\/p>\n

iii) el Impuesto sobre la Renta de no Residentes;<\/span><\/p>\n

(iv) el Impuesto sobre el Patrimonio; y<\/span><\/p>\n

(v) los impuestos locales sobre la renta y sobre el patrimonio;<\/span><\/p>\n

b) en el caso de Uzbekist\u00e1n:\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n

(i) el Impuesto sobre los beneficios de las personas jur\u00eddicas;<\/span><\/p>\n

(ii) el Impuesto sobre la renta de las personas f\u00edsicas; y<\/span><\/p>\n

(iii) el Impuesto sobre la propiedad.<\/span><\/p>\n

Entr\u00f3 en vigor el 19 de septiembre de 2015.<\/span><\/p>\n

PDF (BOE-A-2015-9736 – 17 p\u00e1gs.<\/abbr> – 283 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n<\/a>

Publicidad sentencias fraude fiscal. <\/span><\/h6>\n

Ley Org\u00e1nica 10\/2015, de 10 de septiembre, por la que se regula el acceso y publicidad de determinada informaci\u00f3n contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal.<\/p>\n

La Exposici\u00f3n de Motivos engarza esta Ley Org\u00e1nica con el art\u00edculo 120 de la Constituci\u00f3n<\/a> donde se recoge el principio de publicidad de las actuaciones judiciales<\/strong> y las sentencias dictadas por los Tribunales.\u00a0 Se desarrolla por los art\u00edculos 232, 235 bis y 260 LOPJ. As\u00ed, el art. 235 bis<\/a> establece respecto de las sentencias el acceso al texto de las mismas<\/strong>, fijando una serie de limitaciones.<\/p>\n

Los l\u00edmites al acceso<\/strong> han sido analizados por la doctrina del Tribunal Constitucional y la del Tribunal Supremo, considerando que la divulgaci\u00f3n de datos personales <\/strong>contenidos en las sentencias judiciales, especialmente en el \u00e1mbito penal, puede constituir una intromisi\u00f3n ileg\u00edtima en el derecho a la intimidad y que la publicidad ha de cohonestarse con el derecho al honor o a la intimidad<\/strong> que pueden colisionar con este principio.<\/p>\n

Ahora bien, el legislador puede introducir excepciones <\/strong>y l\u00edmites a esos derechos por razones de inter\u00e9s p\u00fablico<\/strong> y especialmente cuando colisionan con otros valores tambi\u00e9n contemplados en la Constituci\u00f3n. Incluso, en el \u00e1mbito europeo es com\u00fan la cita de jurisprudencia por referencia a las partes intervinientes en el proceso.<\/p>\n

En el caso concreto de los delitos relacionados con la defraudaci\u00f3n fiscal<\/strong>, frente al inter\u00e9s del condenado, se alza el inter\u00e9s p\u00fablico de proteger la obligaci\u00f3n tambi\u00e9n constitucional de contribuir por los ciudadanos al sostenimiento de los gastos p\u00fablicos (art. 31<\/a>) y el deber de los poderes p\u00fablicos de luchar contra el fraude fiscal.<\/p>\n

En l\u00ednea con lo anterior, en la reforma de la Ley General Tributaria<\/strong>, publicada el 22 de septiembre, se introduce un art. 95 bis que regula la publicaci\u00f3n de deudores a la Hacienda P\u00fablica cuyas deudas y sanciones tributarias pendientes de ingreso superen el importe de 1.000.000 de euros. Y ello a pesar de que las actuaciones tributarias<\/strong> -frente a lo que ocurre con las actuaciones judiciales- se rigen por el principio de confidencialidad<\/strong><\/a>, salvo las excepciones que se determinen por ley.<\/p>\n

Tambi\u00e9n conviene destacar que las condenas<\/strong> impuestas por la comisi\u00f3n de delitos relacionados con la defraudaci\u00f3n fiscal<\/strong> tienen una importante relevancia fuera del proceso<\/strong>, pues distintas normas establecen consecuencias a tales condenas en materia de contrataci\u00f3n p\u00fablica, subvenciones y ayudas p\u00fablicas o de intervenci\u00f3n y disciplina de entidades financieras, cuya aplicaci\u00f3n solo resulta efectiva si se efect\u00faa una publicidad, aunque sea parcial, de las mismas.<\/p>\n

La publicidad<\/strong> de las sanciones tanto administrativas como penales<\/strong> se ha incorporado a nuestro ordenamiento jur\u00eddico en distintos \u00e1mbitos de los que se predica una especial protecci\u00f3n<\/strong>. As\u00ed sucede en el sector financiero, en materia de prevenci\u00f3n de riesgos laborales y recientemente respecto de las sanciones cometidas por los altos cargos, donde se ha observado la eficacia de este tipo de medidas en relaci\u00f3n con la finalidad perseguida.<\/p>\n

Atendiendo a estas razones, la presente Ley, con un solo art\u00edculo<\/strong> modifica la Ley Org\u00e1nica del Poder Judicial, atempera la publicidad, centr\u00e1ndola tan s\u00f3lo en los datos del condenado o del responsable civil y no del resto de sujetos y solo respecto de las sentencias firmes<\/strong>.<\/p>\n

El nuevo art\u00edculo 235 ter dice:<\/strong><\/p>\n

\u00ab1. Es p\u00fablico<\/strong> el acceso a los datos personales<\/strong> contenidos en los fallos de las sentencias firmes condenatorias<\/strong>, cuando se hubieren dictado en virtud de los delitos previstos en los siguientes art\u00edculos:<\/p>\n

a) Los art\u00edculos 305, 305 bis y 306<\/a> de la Ley Org\u00e1nica 10\/1995, de 23 de noviembre, del C\u00f3digo Penal.<\/p>\n

b) Los art\u00edculos 257 y 258<\/a> de la Ley Org\u00e1nica 10\/1995, de 23 de noviembre, del C\u00f3digo Penal, cuando el acreedor defraudado hubiese sido la Hacienda P\u00fablica.<\/p>\n

c) El art\u00edculo 2 de la Ley Org\u00e1nica 12\/1995, de 12 de diciembre, de Represi\u00f3n del Contrabando<\/strong>, siempre que exista un perjuicio para la Hacienda P\u00fablica estatal o de la Uni\u00f3n Europea.<\/p>\n

2. En los casos previstos en el apartado anterior, el Secretario Judicial, emitir\u00e1 certificado<\/strong> en el que se har\u00e1n constar los siguientes datos:<\/p>\n

a) Los que permitan la identificaci\u00f3n del proceso judicial.<\/p>\n

b) Nombre y apellidos o denominaci\u00f3n social<\/strong> del condenado<\/strong> y, en su caso, del responsable civil<\/strong>.<\/p>\n

c) Delito<\/strong> por el que se le hubiera condenado.<\/p>\n

d) Las penas<\/strong><\/p>\n

e) La cuant\u00eda<\/strong> correspondiente al perjuicio causado a la Hacienda P\u00fablica por todos los conceptos, seg\u00fan lo establecido en la sentencia.<\/p>\n

Mediante diligencia de ordenaci\u00f3n el Secretario Judicial ordenar\u00e1 su publicaci\u00f3n en el \u00abBolet\u00edn Oficial del Estado<\/strong>\u00ab.<\/p>\n

3. Lo dispuesto en este art\u00edculo no ser\u00e1 de aplicaci\u00f3n<\/strong> en el caso de que el condenado o, en su caso, el responsable civil, hubiera satisfecho o consignado<\/strong> en la cuenta de dep\u00f3sitos y consignaciones del \u00f3rgano judicial competente la totalidad de la cuant\u00eda correspondiente al perjuicio causado a la Hacienda P\u00fablica por todos los conceptos, con anterioridad a la firmeza de la sentencia.\u00bb<\/p>\n

Algunos apuntes<\/strong> que se deducen de su lectura:<\/p>\n

– Se reconoce el car\u00e1cter p\u00fablico<\/strong> del acceso al fallo de las sentencias condenatorias firmes<\/strong> en materias especialmente relevantes para el control fiscal<\/strong>: delitos contra la Hacienda P\u00fablica, delitos de insolvencia punible, cuando el acreedor sea el erario p\u00fablico o, finalmente, los delitos de contrabando.<\/p>\n

– El acceso p\u00fablico se efectuar\u00e1 mediante la publicaci\u00f3n de un extracto del fallo condenatorio <\/strong>que contenga \u00fanicamente los datos que permitan la identificaci\u00f3n del proceso, del condenado y del responsable civil, el delito por el que lo haya sido, as\u00ed como la pena y la cuant\u00eda de la responsabilidad civil impuesta.<\/p>\n

– La publicidad se efectuar\u00e1 a trav\u00e9s del \u00abBolet\u00edn Oficial del Estado<\/strong>.<\/p>\n

– No habr\u00e1 publicidad, como excepci\u00f3n<\/strong>, en los casos en que se haya satisfecho con anterioridad a la firmeza de la sentencia la totalidad de la cuant\u00eda<\/strong> correspondiente al perjuicio causado a la Hacienda P\u00fablica por todos los conceptos. Esta excepci\u00f3n busca un tratamiento uniforme con las situaciones previstas en la normativa tributaria e incentiva el resarcimiento de la Hacienda P\u00fablica.<\/p>\n

Derecho transitorio:<\/strong> la norma se aplicar\u00e1 a todas las sentencias que se dicten a partir de su entrada en vigor<\/strong>. Se introduce as\u00ed una retroactividad media que resulta admisible dado el car\u00e1cter procesal y no sancionador que el Legislador da a la medida.<\/p>\n

Entrar\u00e1 en vigor el 11 de noviembre de 2015<\/strong>.<\/p>\n

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PDF (BOE-A-2015-9768 – 5 p\u00e1gs.<\/abbr> – 176 KB<\/abbr>)<\/a>Otros formatos<\/a><\/p>\n

 <\/p>\n<\/a>

Empleados p\u00fablicos: paga extra y moscosos.<\/strong> <\/span><\/h6>\n

Real Decreto-ley 10\/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden cr\u00e9ditos extraordinarios y suplementos de cr\u00e9dito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo p\u00fablico y de est\u00edmulo a la econom\u00eda.<\/p>\n

Ante el escenario de grave crisis econ\u00f3mica<\/strong>, diversas disposiciones, como el Real Decreto-ley 20\/2011, de 30 de diciembre<\/a>\u00a0 y el Real Decreto-ley 20\/2012, de 13 de julio<\/a>, impusieron a los empleados p\u00fablicos importantes sacrificios<\/strong>, fundamentalmente retributivos y de permisos laborales, que se pretend\u00eda fueran temporales<\/strong>, mientras subsistieran las circunstancias econ\u00f3micas y financieras excepcionales.<\/p>\n

Al llevar un tiempo mejorando la situaci\u00f3n econ\u00f3mica, este RDLey, en su cap\u00edtulo I,\u00a0 ahonda en el camino de restituci\u00f3n de esos derechos<\/strong> temporalmente perdidos:<\/p>\n

\u2013 Recuperaci\u00f3n de parte de la paga extraordinaria<\/strong> y adicional de los empleados p\u00fablicos correspondiente al a\u00f1o 2012<\/strong>. La Ley de Presupuestos para 2015 devolvi\u00f3 el 24,04%. Ahora se devuelve el equivalente a 48 d\u00edas o al 26,23 por ciento<\/strong>. El personal del sector p\u00fablico estatal percibir\u00e1 el importe correspondiente en 2015 y el del resto de las Administraciones P\u00fablicas tambi\u00e9n si as\u00ed lo acuerdan y si su situaci\u00f3n econ\u00f3mico financiera lo hiciera posible. De no permitirlo, el abono podr\u00e1 hacerse en el primer ejercicio presupuestario en que dicha situaci\u00f3n lo permita.<\/p>\n

\u2013 Modificaci\u00f3n del n\u00famero de d\u00edas de permiso<\/strong> por asuntos particulares (moscosos) restituyendo un sexto d\u00eda<\/strong>, e incremento de los d\u00edas de permiso por asuntos particulares en funci\u00f3n de la antig\u00fcedad (canosos) y los de vacaciones reconocidos en el Estatuto B\u00e1sico del Empleado P\u00fablico increment\u00e1ndolos igualmente en funci\u00f3n de la antig\u00fcedad. Las vacaciones en la Administraci\u00f3n General del estado, para las personas con mayor antig\u00fcedad, pueden llegar a los veintis\u00e9is d\u00edas h\u00e1biles.<\/p>\n

\"Cabo<\/a>

Cabo Ortegal. Galicia.<\/p><\/div>\n

Este cap\u00edtulo tambi\u00e9n modifica el r\u00e9gimen de funcionarios de administraci\u00f3n local<\/strong> con habilitaci\u00f3n de car\u00e1cter nacional para las funciones de tesorer\u00eda<\/strong>, permitiendo atribuir el ejercicio de estas funciones a la subescala de secretar\u00eda-intervenci\u00f3n<\/strong> (art. 92 bis.2 Ley de Bases del R\u00e9gimen Local<\/a>).<\/p>\n

Del resto del articulado, cabe destacar el art\u00edculo 12 que modifica el art. 75.1 TR Ley de Contratos del Sector P\u00fablico<\/a> que regula los medios por los que ha de acreditarse la solvencia econ\u00f3mica y financiera del empresario<\/strong>, a elecci\u00f3n del \u00f3rgano de contrataci\u00f3n.<\/p>\n

Y la D.F. 2\u00aa modifica los arts. 62 al 64<\/a> de la Ley Org\u00e1nica de Universidades, relativos al sistema de acceso y provisi\u00f3n de puestos del Personal Docente e Investigador de las universidades p\u00fablicas<\/strong>:<\/p>\n

– Se contempla el acceso al Cuerpo de Catedr\u00e1ticos<\/strong> de Universidad mediante promoci\u00f3n interna, reservada a los profesores titulares que hayan obtenido la acreditaci\u00f3n nacional para Catedr\u00e1tico de Universidad.<\/p>\n

– Se establece con car\u00e1cter permanente la posibilidad de provisi\u00f3n de puestos docentes vacantes en una universidad con profesores titulares y catedr\u00e1ticos de otras universidades<\/strong>, que fue autorizada temporalmente por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el a\u00f1o 2015.<\/p>\n

Entr\u00f3 en vigor el 12 de septiembre de 2015.<\/p>\n

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PDF (BOE-A-2015-9801 – 23 p\u00e1gs.<\/abbr> – 498 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

\u00a0<\/p>\n<\/a>

SRL: ESCRITURA EN FORMATO ESTANDARIZADO.<\/span><\/h6>\n

Orden JUS\/1840\/2015, de 9 de septiembre, por la que se aprueba el modelo de escritura p\u00fablica en formato estandarizado y campos codificados de las sociedades de responsabilidad limitada, as\u00ed como la relaci\u00f3n de actividades que pueden formar parte del objeto social.<\/p>\n

El art\u00edculo 15<\/a> de la Ley\u00a0de Emprendedores trata de la constituci\u00f3n de sociedades de responsabilidad limitada mediante escritura p\u00fablica y estatutos tipo<\/strong>, pudiendo los fundadores optar<\/strong> por la constituci\u00f3n de la sociedad mediante escritura p\u00fablica con estatutos tipo en formato estandarizado. <\/strong>El art\u00edculo 16<\/a> de la misma Ley se dedica a la constituci\u00f3n de sociedades de responsabilidad limitada sin estatutos tipo.<\/p>\n

El Real Decreto 421\/2015, de 29 de mayo<\/a>, regula la escritura p\u00fablica en formato estandarizado <\/strong>a que se refieren los art\u00edculos 15 y 16<\/a> de la Ley\u00a0de Emprendedores y aprueba un modelo simple de estatutos-tipo.<\/p>\n

Objeto 1\u00ba: modelo.<\/strong> Esta Orden tiene por objeto<\/strong> la aprobaci\u00f3n del modelo de escritura p\u00fablica en formato estandarizado y con campos codificados<\/em><\/strong> para la constituci\u00f3n de las sociedades de responsabilidad limitada, mediante el documento \u00fanico electr\u00f3nico (DUE) y el sistema de tramitaci\u00f3n telem\u00e1tica del Centro de Informaci\u00f3n y Red de Creaci\u00f3n de Empresas (CIRCE).<\/p>\n

Se ha optado por un modelo de gran sencillez<\/strong> sin perjuicio de la aprobaci\u00f3n futura de otro u otros modelos que incorporen mayor complejidad.<\/p>\n

El modelo se recoge en el anexo I<\/strong> de esta Orden. Cada uno de los campos que figuran en el modelo estandarizado deber\u00e1 contener el dato codificado que corresponde a la numeraci\u00f3n situada en el mismo, de acuerdo con la relaci\u00f3n contenida en el anexo II<\/strong> de esta Orden.<\/p>\n

Ejemplo:<\/strong> El modelo comienza del siguiente modo:<\/p>\n

\"Molino<\/a>

Molino de viento. Alburrica, Barreiro, Portugal<\/p><\/div>\n

ESCRITURA DE CONSTITUCI\u00d3N DE LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA \u201c<E5.1 Denominaci\u00f3nSocial>\u201d<\/p>\n

\u201c<E5.1 Denominaci\u00f3nSocial>\u201d es un campo<\/strong>. Para saber c\u00f3mo rellenarlo, hay que ir a la tabla del Anexo II y buscar E5.1<\/strong> en su columna izquierda. En la l\u00ednea correspondiente se dan indicaciones como que es un campo alfanum\u00e9rico, que no puede estar vac\u00edo y que puede provenir de la bolsa de denominaciones.<\/p>\n

Los campos ser\u00e1n completados por el notario<\/strong> de forma que la informaci\u00f3n estructurada sea electr\u00f3nicamente tratable.<\/p>\n

La escritura p\u00fablica deber\u00e1 indicar si la sociedad se encuentra en r\u00e9gimen de formaci\u00f3n sucesiva<\/strong>.<\/p>\n

Objeto 2\u00ba: listado de actividades. <\/strong>Se considera, como objeto adicional de esta Orden, la aprobaci\u00f3n del listado de actividades econ\u00f3micas que pueden constituir su objeto social<\/strong> el cual se determinar\u00e1 mediante la selecci\u00f3n de alguna o algunas de las actividades econ\u00f3micas y de sus c\u00f3digos -de al menos dos d\u00edgitos-, relacionados en el anexo IV<\/strong>. La actividad que se se\u00f1ale como principal se identificar\u00e1 con cuatro d\u00edgitos.<\/p>\n

La tabla del Anexo IV tiene tres columnas a la izquierda:<\/p>\n

– Divisi\u00f3n<\/strong>. La primera columna recoge la DIVISI\u00d3N. Es la categor\u00eda m\u00e1s amplia y usa dos d\u00edgitos para definir un tipo de actividad. Son 98 posibles, de la 01 a la 98. Ejemplo.<\/strong> 01: Agricultura, ganader\u00eda, caza y servicios relacionados con las mismas<\/p>\n

– Grupo<\/strong>. La segunda columna recoge el GRUPO. Dentro de cada Divisi\u00f3n, puede haber varios grupos, precisando cada uno tres d\u00edgitos. Ejemplo:<\/strong> 01.1: Cultivos no perennes.<\/p>\n

– Clase.<\/strong> La tercera columna recoge la CLASE. Dentro de cada Grupo, puede haber varios grupos, precisando cada uno cuatro d\u00edgitos. Ejemplo:<\/strong> 01.11 Cultivo de cereales (excepto arroz), leguminosas y semillas oleaginosas.<\/p>\n

As\u00ed pues, la actividad principal<\/strong> precisa ser definida por divisi\u00f3n + grupo + clase. En total, cuatro d\u00edgitos.<\/p>\n

Anexos. <\/strong>Los cuatro anexos dan a la orden una gran extensi\u00f3n:<\/p>\n

– Anexo I:<\/strong> Modelo de escritura en formato estandarizado<\/p>\n

– Anexo II: <\/strong>Codificaci\u00f3n de datos<\/p>\n

– Anexo III:<\/strong> formato de Escritura Estandarizado descrito mediante un esquema XSD, XML Schema Definition<\/p>\n

– Anexo IV:<\/strong> Relaci\u00f3n de actividades que pueden integrar el objeto social por relaci\u00f3n a las actividades y c\u00f3digos de la Clasificaci\u00f3n Nacional de Actividades Econ\u00f3micas<\/p>\n

Disposici\u00f3n derogatoria. <\/strong>Queda derogada la Orden JUS\/3185\/2010, de 9 de diciembre, por la que se aprueban los estatutos tipo de las sociedades de responsabilidad limitada (ver resumen)<\/a>.<\/p>\n

La presente Orden se dicta al amparo de las competencias exclusivas<\/strong> que atribuye al Estado el art\u00edculo 149<\/a> de la Constituci\u00f3n, en materia de legislaci\u00f3n mercantil, y en materia de ordenaci\u00f3n de los registros e instrumentos p\u00fablicos, pudiendo ser desarrollada por la DGRN mediante resoluciones e instrucciones.<\/p>\n

Entra en vigor el 13 de septiembre de 2015<\/strong>.<\/p>\n

Ver\u00a0resumen del\u00a0Real Decreto 421\/2015, de 29 de mayo<\/a>, por el que se regulan los modelos de estatutos-tipo y de escritura p\u00fablica estandarizados de las sociedades de responsabilidad limitada, se aprueba modelo de estatutos-tipo, se regula la Agenda Electr\u00f3nica Notarial y la Bolsa de denominaciones sociales con reserva.<\/p>\n

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PDF (BOE-A-2015-9803 – 102 p\u00e1gs.<\/abbr> – 2.080 KB<\/abbr>)<\/a>Otros formatos<\/a><\/p>\n

\u00a0\u00a0<\/p>\n<\/a>

Aborto: prestaci\u00f3n de consentimiento<\/strong>\u00a0^<\/strong><\/a><\/span><\/h6>\n

Ley Org\u00e1nica 11\/2015, de 21 de septiembre, para reforzar la protecci\u00f3n de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo.<\/p>\n

La Ley Org\u00e1nica 2\/2010, de 3 de marzo<\/a>, extendi\u00f3 la capacidad de otorgar el consentimiento para la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo a las menores de 16 y 17 a\u00f1os, equipar\u00e1ndolas al r\u00e9gimen general aplicable a las mujeres mayores de edad establecido en el C\u00f3digo Civil.<\/p>\n

Esta Ley Org\u00e1nica rectifica el r\u00e9gimen de consentimiento de las menores para la interrupci\u00f3n del embarazo, suprimiendo la posibilidad de que las menores de edad puedan prestar el consentimiento por s\u00ed solas.<\/p>\n

Dispone que, para la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo de las menores de edad, ser\u00e1 preciso, adem\u00e1s de la manifestaci\u00f3n de su voluntad, el consentimiento expreso de los titulares de la patria potestad<\/strong>. Se incluye tambi\u00e9n a las personas con capacidad modificada judicialmente<\/strong>.<\/p>\n

Adem\u00e1s, se hace una remisi\u00f3n al C\u00f3digo Civil<\/strong>, a fin de solucionar cualquier tipo de conflicto<\/strong> que surja al prestar el consentimiento por los representantes legales o cuando la decisi\u00f3n de estos pueda poner en peligro el inter\u00e9s superior del menor.<\/p>\n

Para ello, se modifican dos art\u00edculos<\/strong>:<\/p>\n

– Con rango de ley org\u00e1nica<\/strong>, el art\u00edculo 13 de la Ley Org\u00e1nica 2\/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo, suprimiendo el apartado cuarto<\/a>.<\/p>\n

– Con rango de ley ordinaria<\/strong>, el art. 9.5<\/a> de la Ley 41\/2002, de 14 de noviembre, b\u00e1sica reguladora de la autonom\u00eda del paciente y de derechos y obligaciones en materia de informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n cl\u00ednica, a\u00f1adiendo un p\u00e1rrafo a un apartado dedicado a la pr\u00e1ctica de ensayos cl\u00ednicos y t\u00e9cnicas de reproducci\u00f3n humana asistida. Dice as\u00ed:<\/p>\n

\u201cPara la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo de menores de edad o personas con capacidad modificada judicialmente ser\u00e1 preciso, adem\u00e1s de su manifestaci\u00f3n de voluntad, el consentimiento expreso de sus representantes legales. En este caso, los conflictos que surjan en cuanto a la prestaci\u00f3n del consentimiento por parte de los representantes legales, se resolver\u00e1n de conformidad con lo dispuesto en el C\u00f3digo Civil.\u201d<\/em><\/p>\n

Entr\u00f3 en vigor el 23 de septiembre de 2015.<\/p>\n

PDF (BOE-A-2015-10141 \u2013 2\u00a0p\u00e1gs.\u00a0\u2013 154\u00a0KB)<\/a>Otros formatos<\/a><\/p>\n

 <\/p>\n<\/a>

Patrimonio natural y biodiversidad<\/span><\/h6>\n

Ley 33\/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42\/2007, de 13 de diciembre<\/a>, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.<\/p>\n

La Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad establece el r\u00e9gimen jur\u00eddico b\u00e1sico<\/strong> de la conservaci\u00f3n, uso sostenible, mejora y restauraci\u00f3n del patrimonio natural y de la biodiversidad<\/strong>, como parte del deber de conservar y del derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, establecido en el art\u00edculo 45.2 de la Constituci\u00f3n<\/a>.<\/p>\n

La Ley en 2007 ya recogi\u00f3 el contenido de acuerdos y protocolos internacionales y de directivas comunitarias. Ahora<\/strong> se pretende mejorar aspectos de su aplicaci\u00f3n e incorporar nuevos contenidos de derecho internacional, de Directivas, como las de H\u00e1bitats y Aves Silvestres y los principales objetivos de la Estrategia de la Uni\u00f3n Europea sobre la biodiversidad hasta\u00a02020.<\/p>\n

Citemos algunas reformas<\/strong>, dejando para el final la que afecta al Registro de la Propiedad<\/strong>:<\/p>\n

– Se incorporan como principios<\/strong> los de evitar la p\u00e9rdida neta de biodiversidad<\/strong>, as\u00ed como la prevenci\u00f3n de los problemas consecuencia del cambio clim\u00e1tico<\/strong>. Art. 2<\/a><\/p>\n

– Se precisan las competencias<\/strong> que corresponden a la Administraci\u00f3n General del Estado en lo relativo a la gesti\u00f3n del medio marino<\/strong>, partiendo de la doctrina del Tribunal Constitucional, seg\u00fan la cual el ejercicio de la competencia auton\u00f3mica sobre espacios naturales protegidos en el mar territorial es excepcional y solo se justifica cuando las propias caracter\u00edsticas y circunstancias del espacio natural a proteger demanden una gesti\u00f3n unitaria.<\/p>\n

– La simplificaci\u00f3n y agilizaci\u00f3n de los instrumentos para el conocimiento y planificaci\u00f3n del patrimonio natural y de la biodiversidad<\/strong>, regulados en el t\u00edtulo I: Inventario Espa\u00f1ol, <\/strong>contenido de los Informes anuales<\/strong> y Plan Estrat\u00e9gico <\/strong>Estatal.<\/p>\n

– Se introduce un nuevo cap\u00edtulo III, en el t\u00edtulo I, relativo a la Estrategia estatal de infraestructura verde y de la conectividad y restauraci\u00f3n ecol\u00f3gicas<\/strong>. Tendr\u00e1 por objetivo<\/strong> marcar las directrices para la identificaci\u00f3n y conservaci\u00f3n de los elementos del territorio que componen la infraestructura verde del territorio espa\u00f1ol, terrestre y marino, y para que la planificaci\u00f3n territorial y sectorial que realicen las Administraciones p\u00fablicas permita y asegure la conectividad ecol\u00f3gica y la funcionalidad de los ecosistemas, la mitigaci\u00f3n y adaptaci\u00f3n a los efectos del cambio clim\u00e1tico, la desfragmentaci\u00f3n de \u00e1reas estrat\u00e9gicas para la conectividad y la restauraci\u00f3n de ecosistemas degradados.<\/p>\n

– Para mejorar la gesti\u00f3n de los espacios protegidos<\/strong> y, en particular, de los incluidos en la Red Natura\u00a02000, se prev\u00e9 que las obras necesaria<\/strong>s para la conservaci\u00f3n y restauraci\u00f3n de los espacios protegidos, para la conservaci\u00f3n de especies amenazadas, o para la conservaci\u00f3n de h\u00e1bitats en peligro de desaparici\u00f3n, puedan ser declaradas de inter\u00e9s general del Estado<\/strong>.<\/p>\n

– En relaci\u00f3n con los monumentos naturales<\/strong>, se permitir\u00e1 la explotaci\u00f3n de los recursos cuando sean plenamente coherentes con los valores que justificaron la declaraci\u00f3n.<\/p>\n

– Respecto a los espacios incluidos dentro de la Red Natura\u00a02000<\/strong>, se permitir\u00e1n actividades econ\u00f3micas compatibles<\/em><\/strong>, se determina con mayor precisi\u00f3n el \u00e1mbito geogr\u00e1fico y las especies afectadas <\/em><\/strong>por medidas de conservaci\u00f3n, y se prev\u00e9 la aprobaci\u00f3n de unas directrices comunes en cuanto a la metodolog\u00eda<\/em><\/strong> a aplicar en todo el territorio nacional para la vigilancia y seguimiento de los h\u00e1bitats y especies de inter\u00e9s comunitario.<\/p>\n

– Se refuerza la actuaci\u00f3n de las AAPP en la conservaci\u00f3n de la biodiversidad<\/strong>: importaci\u00f3n de especies al\u00f3ctonas, reintroducci\u00f3n de especies silvestres extinguidas, planes de recuperaci\u00f3n y conservaci\u00f3n de las especies amenazadas marinas, estrategias de conservaci\u00f3n de especies amenazadas y especies ex\u00f3ticas invasoras. Al respecto, se mejora la incorporaci\u00f3n de la Directiva H\u00e1bitats<\/strong><\/a>, y de la Directiva Aves<\/strong><\/a> a nuestro ordenamiento jur\u00eddico.<\/p>\n

– Se reformula la regulaci\u00f3n de los bancos de germoplasma animal o vegetal<\/strong>, teniendo prioridad de intervenci\u00f3n las especies en r\u00e9gimen de protecci\u00f3n especial, con especial atenci\u00f3n a las especies end\u00e9micas o catalogadas.<\/p>\n

– En la Red espa\u00f1ola de reservas de la biosfera<\/strong>, se adapta la normativa al programa \u00abPersona y Biosfera\u00bb<\/a> de la UNESCO, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia del Tribunal Constitucional\u00a0138\/2013, de\u00a06 de junio.<\/p>\n

– En cuanto al acceso a los recursos gen\u00e9ticos<\/strong>, se cumple con el Protocolo de Nagoya<\/a>.<\/p>\n

– Respecto al Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad<\/strong>, se prev\u00e9 que la Administraci\u00f3n General del Estado pueda ejecutar las acciones que se financien con cargo al Fondo.<\/p>\n

– En el r\u00e9gimen sancionador <\/strong>(t\u00edtulo VI), se incluyen las infracciones asociadas a la utilizaci\u00f3n de los recursos gen\u00e9ticos.<\/p>\n

Otras leyes modificadas:<\/strong><\/p>\n

– la Ley\u00a026\/2007, de\u00a023 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental<\/strong>. Se aplicar\u00e1 el silencio negativo una vez transcurrido el plazo m\u00e1ximo previsto para la resoluci\u00f3n del procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental. Art. 45.3<\/a><\/p>\n

\"Laurisilva<\/a>

Laurisilva en la pen\u00ednsula de Anaga (Tenerife). Por Inkaroad<\/p><\/div>\n

– la Ley\u00a034\/2007, de\u00a015 de noviembre, de Calidad del Aire y Protecci\u00f3n de la Atm\u00f3sfera. Se aplica el silencio negativo en el procedimiento para autorizar instalaciones contaminantes<\/strong>, una vez transcurrido el plazo m\u00e1ximo para resolver previsto en la ley. Art. 13.2<\/a><\/p>\n

<\/a>Informaci\u00f3n ambiental en el Registro de la Propiedad:<\/strong><\/p>\n

Es una de las novedades m\u00e1s importantes que introduce la ley, recogida en el nuevo cap\u00edtulo VI del t\u00edtulo II<\/strong>, que contiene un solo art\u00edculo, el 53, relativo a la incorporaci\u00f3n de la informaci\u00f3n ambiental en el Registro de la Propiedad<\/strong>.<\/p>\n

Seg\u00fan la Exposici\u00f3n de Motivos<\/strong>, \u201ccon esta medida, se persigue dotar de mayor seguridad jur\u00eddica los aspectos relacionados con el r\u00e9gimen de propiedad de los espacios protegidos<\/strong>, por lo que la informaci\u00f3n perimetral<\/strong> referida a dichos espacios deber\u00e1 tener su reflejo en dicho Registro\u201d.<\/em><\/p>\n

Y contin\u00faa m\u00e1s adelante: \u201cSe persigue, por tanto, instrumentar un mecanismo de publicidad<\/strong> que aumente la eficacia y aplicaci\u00f3n de las normas reforzando la seguridad jur\u00eddica del tr\u00e1fico inmobiliario. Se trata de una informaci\u00f3n territorial asociada<\/strong> y que como tal tiene un valor meramente informativo<\/strong>.\u201d<\/em><\/p>\n

Dice as\u00ed el art\u00edculo 53: <\/strong><\/p>\n

\u00abCAP\u00cdTULO VI. Informaci\u00f3n ambiental en el Registro de la Propiedad<\/strong><\/p>\n

Art\u00edculo\u00a053. Incorporaci\u00f3n de la informaci\u00f3n geogr\u00e1fica al Registro de la Propiedad.<\/strong><\/p>\n

    \n
  1. La informaci\u00f3n perimetral<\/strong> referida a espacios naturales protegidos, Red Natura\u00a02000, los montes de utilidad p\u00fablica y los dominios p\u00fablicos de las v\u00edas pecuarias y zonas incluidas en el Inventario Espa\u00f1ol de Zonas H\u00famedas, integradas en el Inventario Espa\u00f1ol del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, quedar\u00e1 siempre incorporada al sistema de informaci\u00f3n geogr\u00e1fica de la finca registral<\/strong>, con arreglo a lo dispuesto en la legislaci\u00f3n hipotecaria.<\/li>\n
  2. A tales efectos y con independencia de otros instrumentos o sitios electr\u00f3nicos de informaci\u00f3n medioambiental que puedan establecer las comunidades aut\u00f3nomas en el marco de sus competencias, el Ministerio de Agricultura, Alimentaci\u00f3n y Medio Ambiente mantendr\u00e1 actualizado un servicio de mapas en l\u00ednea<\/strong> con la representaci\u00f3n gr\u00e1fica georreferenciada y metadatada, que permita identificar y delimitar los \u00e1mbitos espaciales protegidos a que se refiere el apartado anterior, as\u00ed como la importaci\u00f3n de sus datos<\/strong> para que puedan ser contrastados con las fincas registrales en la aplicaci\u00f3n del sistema inform\u00e1tico registral \u00fanico<\/strong>. El procedimiento de comunicaci\u00f3n entre los respectivos sistemas de informaci\u00f3n geogr\u00e1fica se determinar\u00e1 mediante orden ministerial<\/strong> conjunta del Ministerio de Agricultura, Alimentaci\u00f3n y Medio Ambiente y del Ministerio de Justicia.<\/li>\n
  3. En toda informaci\u00f3n registral<\/strong>, as\u00ed como en las notas de calificaci\u00f3n o despacho<\/strong> referidas a fincas, que seg\u00fan los sistemas de georreferenciaci\u00f3n de fincas registrales, intersecten o colinden con \u00e1mbitos espaciales sujetos a alg\u00fan tipo de determinaci\u00f3n medioambiental, conforme a la documentaci\u00f3n recogida en el apartado anterior, se pondr\u00e1 de manifiesto tal circunstancia como informaci\u00f3n territorial asociada<\/strong> y con efectos meramente informativos<\/strong>, recomendando en cualquier caso, adem\u00e1s, la consulta con las autoridades ambientales competentes.<\/li>\n
  4. Igualmente, el Catastro Inmobiliario<\/strong> tendr\u00e1 acceso<\/strong> a la informaci\u00f3n a que se refiere el apartado segundo, en los t\u00e9rminos previstos en esta ley, de conformidad con lo dispuesto en su normativa reguladora.\u00bb<\/li>\n<\/ol>\n

    Algunos apuntes<\/strong> derivados de su lectura:<\/p>\n

    1.- Incorporaci\u00f3n al sistema de informaci\u00f3n geogr\u00e1fica de la finca registral de:<\/strong><\/p>\n

    – espacios naturales protegidos,<\/p>\n

    – Red Natura\u00a02000,<\/p>\n

    – los montes de utilidad p\u00fablica<\/p>\n

    – los dominios p\u00fablicos de las v\u00edas pecuarias<\/p>\n

    – zonas incluidas en el Inventario Espa\u00f1ol de Zonas H\u00famedas<\/p>\n

    2.- \u00bfA qu\u00e9 se refiere el Legislador cuando alude a que la informaci\u00f3n perimetral quedar\u00e1 siempre\u00a0 incorporada al sistema de informaci\u00f3n geogr\u00e1fica de la finca registral?<\/strong><\/p>\n

    Citemos al respecto dos p\u00e1rrafos del art. 9 de la Ley Hipotecaria<\/a>, tal como estar\u00e1 vigente el pr\u00f3ximo 1\u00ba de noviembre:<\/p>\n

    \u201cA efectos de valorar la correspondencia de la representaci\u00f3n gr\u00e1fica aportada, en los supuestos de falta o insuficiencia de los documentos suministrados, el Registrador podr\u00e1 utilizar, con car\u00e1cter meramente auxiliar, otras representaciones gr\u00e1ficas disponibles<\/strong>, que le permitan averiguar las caracter\u00edsticas topogr\u00e1ficas de la finca y su l\u00ednea poligonal de delimitaci\u00f3n<\/strong>.<\/em><\/p>\n

    Todos los Registradores dispondr\u00e1n, como elemento auxiliar de calificaci\u00f3n<\/strong>, de una \u00fanica aplicaci\u00f3n inform\u00e1tica<\/strong> suministrada y dise\u00f1ada por el Colegio de Registradores e integrada en su sistema inform\u00e1tico \u00fanico, bajo el principio de neutralidad tecnol\u00f3gica, para el tratamiento de representaciones gr\u00e1ficas, que permita relacionarlas con las descripciones de las fincas contenidas en el folio real<\/strong>, previniendo adem\u00e1s la invasi\u00f3n del dominio p\u00fablico, as\u00ed como la consulta de las limitaciones al dominio que puedan derivarse de la clasificaci\u00f3n y calificaci\u00f3n urban\u00edstica, medioambiental<\/strong> o administrativa correspondiente.\u201d<\/em><\/p>\n

    As\u00ed, pues, estas representaciones gr\u00e1ficas, utilizando el programa inform\u00e1tico, deber\u00e1n relacionarse con folios registrales concretos, generando la informaci\u00f3n registral asociada<\/strong> a la que se alude en esta Ley y en los art\u00edculos 203<\/a> y 205 LH<\/a>, en su futura redacci\u00f3n.<\/p>\n

    3.- Servicio de mapas en l\u00ednea.<\/strong> Aunque no se dice expresamente, es de suponer que sea p\u00fablico, sin perjuicio de que, adem\u00e1s, resulte interoperable con la aplicaci\u00f3n registral homologada. Para ello, se precisa una orden ministerial conjunta.<\/p>\n

    4.- Publicidad registral medioambiental:<\/strong><\/p>\n

    – D\u00f3nde:<\/strong> notas simples, certificaciones, notas de despacho y de calificaci\u00f3n.<\/p>\n

    – De qu\u00e9 fincas:<\/strong> fincas registrales que intersecten o colinden con \u00e1mbitos espaciales sujetos a alg\u00fan tipo de determinaci\u00f3n medioambiental. Habr\u00e1 que hacer, para ello, la correspondiente comprobaci\u00f3n.<\/p>\n

    – Contenido:<\/strong> se expresar\u00e1 que colindan o intersectan y se recomendar\u00e1 siempre la consulta con las autoridades ambientales competentes.<\/p>\n

    – Efectos:<\/strong> s\u00f3lo informativos.<\/p>\n

    5.- Catastro.<\/strong> Tendr\u00e1 derecho a acceder a este servicio de mapas en l\u00ednea del Ministerio de Agricultura, Alimentaci\u00f3n y Medio Ambiente y a sus metadatos.<\/p>\n

    La Ley entrar\u00e1 en vigor el 7 de octubre de 2015<\/strong>.<\/p>\n

    PDF (BOE-A-2015-10142 – 45 p\u00e1gs.<\/abbr> – 711 KB<\/abbr>)<\/a>Otros formatos<\/a><\/p>\n

     <\/p>\n<\/a>

    LEY GENERAL TRIBUTARIA\u00a0<\/span><\/h6>\n

    Ley 34\/2015, de 21 de septiembre, de modificaci\u00f3n parcial de la Ley 58\/2003, de 17 de diciembre<\/a>, General Tributaria.<\/p>\n

    Ir al archivo especial<\/a><\/strong><\/p>\n

    Ver cuadro comparativo de textos<\/a><\/strong>.<\/p>\n

    Esta es la reforma de mayor calado<\/strong> de la Ley General Tributaria desde su promulgaci\u00f3n en 2003 y complementa la reforma fiscal cuyos \u00faltimos hitos afectaron al IRPF<\/a>, Sociedades o al IVA. Sus 65 apartados<\/strong> pretenden mantener el car\u00e1cter codificador del texto inicial, incorporando, junto a modificaciones meramente t\u00e9cnicas o interpretativas, nuevas figuras sustantivas y procedimentales para cubrir vac\u00edos legales actualmente existentes.<\/p>\n

    Los objetivos esenciales<\/strong> de la reforma son:<\/p>\n

    \u00a0– reducir la litigiosidad<\/em><\/strong>,<\/p>\n

    – prevenir el fraude fiscal<\/strong><\/em>, incentivando el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias<\/p>\n

    – e incrementar la eficacia de la actuaci\u00f3n administrativa<\/em><\/strong> en la aplicaci\u00f3n de los tributos.<\/p>\n

    Principales modificaciones:<\/strong><\/p>\n

    1.- Disposiciones interpretativas. <\/strong>Los \u00f3rganos de la Administraci\u00f3n Tributaria que tengan atribuida la iniciativa para la elaboraci\u00f3n de disposiciones en el orden tributario, podr\u00e1n dictar disposiciones interpretativas con car\u00e1cter vinculante<\/em><\/strong> en la aplicaci\u00f3n de los tributos, explicit\u00e1ndose de este modo una facultad ya contenida impl\u00edcitamente en la funci\u00f3n. Eximen de responsabilidad<\/em><\/strong> infractora a quienes se ajustan a estos criterios. Art. 12<\/a>.<\/p>\n

    2.- Conflicto.<\/strong> La figura del conflicto en la aplicaci\u00f3n de la norma, evoluci\u00f3n del anterior fraude de ley, naci\u00f3 como un instrumento para la lucha contra los mecanismos m\u00e1s sofisticados de fraude fiscal, materializado de ordinario en la utilizaci\u00f3n de figuras negociales susceptibles de ser calificadas como abusivas. Ahora se permite su sancionabilidad<\/em><\/strong>, configur\u00e1ndose un nuevo tipo infractor en la Ley<\/em><\/strong>, en el que se integran los posibles resultados materiales de la conducta del obligado as\u00ed como la desatenci\u00f3n por parte del mismo de los criterios administrativos preexistentes que hubiesen determinado el car\u00e1cter abusivo de actos o negocios sustantivamente iguales. Art. 15<\/a>.<\/p>\n

    3.- Derecho a comprobar e investigar. <\/strong>La reforma explicita la diferencia conceptual que existe entre este derecho y el derecho a liquidar<\/em><\/strong>, con la finalidad de superar los problemas interpretativos que esta materia ha suscitado en temas como la correcci\u00f3n de determinados cr\u00e9ditos fiscales y \u00a0la legalidad de la compensaci\u00f3n, deducci\u00f3n o aplicaci\u00f3n de los mismos.\u00a0 Arts. 66 bis<\/a> y 115<\/a> entre otros.<\/p>\n

    – La Ley aclara, a tal efecto, que la prescripci\u00f3n del derecho a liquidar<\/strong> no se extiende al derecho a comprobar e investigar<\/strong>, derecho que s\u00f3lo tendr\u00e1 las limitaciones recogidas en la Ley en los supuestos en los que expresamente se se\u00f1alan en el propio texto legal, espec\u00edficamente el temporal m\u00e1ximo establecido para el inicio de comprobaciones de cuyo objeto formen parte determinados cr\u00e9ditos fiscales, o las que puedan establecerse en la ley propia de cada tributo.<\/p>\n

    – El derecho de la Administraci\u00f3n para iniciar el procedimiento de comprobaci\u00f3n de las bases o cuotas compensadas o pendientes de compensaci\u00f3n o de deducciones aplicadas o pendientes de aplicaci\u00f3n, prescribir\u00e1 a los diez a\u00f1os<\/em><\/strong> a contar desde el d\u00eda siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario establecido para presentar la declaraci\u00f3n o autoliquidaci\u00f3n correspondiente al ejercicio o periodo impositivo en que se gener\u00f3 el derecho a compensar dichas bases o cuotas o a aplicar dichas deducciones.<\/p>\n

    – Se reconoce expl\u00edcitamente que la Administraci\u00f3n tiene facultades de calificaci\u00f3n<\/strong> respecto a hechos, actos, actividades, explotaciones y negocios que, acontecidos, realizados, desarrollados o formalizados en periodos tributarios prescritos<\/em><\/strong> en cuanto al derecho a liquidar, hubieran de surtir efectos fiscales en ejercicios o periodos no prescritos<\/em><\/strong>. Se ha de tener muy en cuenta lo anterior en la rectificaci\u00f3n de autoliquidaciones<\/em><\/strong> cuando en la comprobaci\u00f3n de la procedencia de la rectificaci\u00f3n la Administraci\u00f3n deba verificar aspectos vinculados a ejercicios respecto de los que se produjo la prescripci\u00f3n del derecho a liquidar.<\/p>\n

    4.- Libros Registro. \u00a0<\/strong>Una norma reglamentaria podr\u00e1 regular la obligaci\u00f3n de ser llevados a trav\u00e9s de medios telem\u00e1ticos<\/em><\/strong>. Art. 29<\/a>. Se pospone su entrada en vigor hasta el 1\u00ba de enero de 2017.<\/p>\n

    5.- Prescripci\u00f3n en tributos de cobro peri\u00f3dico por recibo. <\/strong>Como especialidad, como con posterioridad al alta en el respectivo registro, padr\u00f3n o matr\u00edcula, no requieren la presentaci\u00f3n de declaraci\u00f3n ni autoliquidaci\u00f3n, el comienzo del c\u00f3mputo del plazo de prescripci\u00f3n<\/em><\/strong> se sit\u00faa en el momento del devengo<\/em><\/strong> de dicho tributo. Art. 67<\/a><\/p>\n

    6.- Prescripci\u00f3n de las obligaciones tributarias conexas.<\/strong> La regulaci\u00f3n previa puede provocar disfunciones en el juego de las obligaciones relacionadas, tanto a favor como en contra del contribuyente (imposici\u00f3n nula o doble), por lo que ahora se regula el r\u00e9gimen de interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n<\/em> <\/strong>de obligaciones tributarias conexas de titularidad del mismo obligado y el cauce procedimental<\/em><\/strong> a trav\u00e9s del cual la Administraci\u00f3n ejercer\u00e1 su derecho a liquidar, interrumpido conforme a lo anteriormente expuesto. Arts. 68.9<\/a>, 225<\/a> y 230<\/a>.<\/p>\n

    7.- Publicaci\u00f3n de datos. <\/strong>Son reservados los datos con trascendencia tributaria, por regla general, pero se permite la publicaci\u00f3n de informaci\u00f3n cuando la misma derive de la normativa de la Uni\u00f3n Europea<\/em><\/strong>. Art. 95.4<\/a><\/p>\n

    El nuevo art. 95 bis<\/a> regula la publicidad de situaciones de incumplimiento relevante de las obligaciones tributarias<\/strong>. Hay que relacionarlo con la publicidad de sentencias en materia de fraude fiscal prevista en la Ley Org\u00e1nica 10\/2015, de 10 de septiembre<\/a>, pues ambas disposiciones se complementan y responden a finalidades similares.<\/p>\n

    a) Publicaci\u00f3n anual,<\/strong> durante el primer semestre, de listados de personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas. Se har\u00e1 por medios electr\u00f3nicos, debiendo adoptarse las medidas necesarias para impedir la indexaci\u00f3n de su contenido a trav\u00e9s de motores de b\u00fasqueda en Internet. Los listados dejar\u00e1n de ser accesibles una vez transcurridos tres meses desde la fecha de publicaci\u00f3n. Habr\u00e1 una publicaci\u00f3n antes de terminar 2015 (D. TR. 4).<\/p>\n

    b) Qu\u00e9 tributos:<\/strong> de titularidad estatal sin delegaci\u00f3n de competencias en aplicaci\u00f3n, sanci\u00f3n y revisi\u00f3n a favor de las Comunidades Aut\u00f3nomas o Entes Locales. Tambi\u00e9n por deuda aduanera.<\/p>\n

    c) Requisitos para incorporar a un deudor:<\/strong> ha de tener deudas o sanciones tributarias, no aplazadas ni suspendidas, pendientes de ingreso concluido el periodo voluntario, por un montante superior al mill\u00f3n de euros<\/em><\/strong>.<\/p>\n

    d) Propuesta de inclusi\u00f3n.<\/strong> El interesado ser\u00e1 notificado y tendr\u00e1 diez d\u00edas para hacer alegaciones antes de adoptarse el acuerdo. Los interesados que consideren no ajustada a derecho la publicaci\u00f3n, podr\u00e1n acudir a la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa.<\/p>\n

    e) Informaci\u00f3n que se publicar\u00e1:<\/strong> nombre, NIF y cuant\u00eda global pendiente.<\/p>\n

    f) D\u00f3nde<\/strong>. No se dice, pero ser\u00e1 por medios electr\u00f3nicos.<\/p>\n

    8.- Valor probatorio de las facturas.<\/strong> La Ley niega que las facturas sean un medio de prueba privilegiado respecto de la existencia de las operaciones, por lo que una vez que la Administraci\u00f3n cuestiona fundadamente su efectividad, corresponde al obligado tributario aportar pruebas sobre la realidad de las operaciones. Art. 106<\/a><\/p>\n

    9. Obligaciones tributarias con periodos de liquidaci\u00f3n inferior al a\u00f1o. <\/strong>En ellas, se podr\u00e1 realizar una distribuci\u00f3n lineal<\/em><\/strong> de la cuota anual que resulte entre los periodos de liquidaci\u00f3n correspondientes cuando la Administraci\u00f3n Tributaria no pueda, en base a la informaci\u00f3n obrante en su poder, atribuirla a un periodo de liquidaci\u00f3n concreto, y el obligado tributario, requerido no justifique que procede un reparto temporal diferente. Muy importante en IVA. Art. 108.5<\/a><\/p>\n

    10.- Procedimiento de comprobaci\u00f3n y compensaci\u00f3n.<\/strong> Los contribuyentes que al inicio del procedimiento de comprobaci\u00f3n o investigaci\u00f3n hubieran ya aplicado o compensado las cantidades que tuvieran pendientes mediante una declaraci\u00f3n complementaria, no podr\u00e1n dejar sin efecto la compensaci\u00f3n<\/em><\/strong> o aplicaci\u00f3n realizadas en otro ejercicio para solicitar la compensaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n de esas cantidades en el ejercicio comprobado, pues podr\u00eda alterar la calificaci\u00f3n de la infracci\u00f3n eventualmente cometida.<\/p>\n

    11.- Tasaci\u00f3n pericial contradictoria. <\/strong>Cuando se solicite, se suspende<\/em><\/strong> el plazo para iniciar o terminar el procedimiento sancionador<\/em><\/strong>. Si la sanci\u00f3n ya hubiese sido impuesta se podr\u00e1 adaptar la sanci\u00f3n a la liquidaci\u00f3n resultante tras la tasaci\u00f3n sin tener que acudir a un procedimiento de revocaci\u00f3n. Art. 135.1<\/a><\/p>\n

    12.- Comprobaci\u00f3n limitada. <\/strong>La Ley modifica su r\u00e9gimen jur\u00eddico permitiendo al obligado tributario que, voluntariamente y sin requerimiento previo, pueda aportar su contabilidad mercantil<\/em><\/strong> para la simple constataci\u00f3n de determinados datos de que dispone la Administraci\u00f3n, sin que dicha aportaci\u00f3n voluntaria tenga efectos preclusivos. Art. 136.2<\/a><\/p>\n

    13.- Plazo de las actuaciones inspectoras<\/strong>. La reforma incrementa los plazos y hace m\u00e1s previsible el c\u00e1lculo de su conclusi\u00f3n. El plazo ordinario pasa de 12 a 18 meses<\/em><\/strong>, aunque no se hace referencia como antes a su ampliaci\u00f3n. Ser\u00e1 de 27 meses en los casos que se expresan en el art. 150<\/a>. Las consecuencias de la superaci\u00f3n del plazo<\/em><\/strong> del procedimiento inspector ser\u00e1n las actualmente previstas. Se eliminan los periodos de interrupci\u00f3n<\/em><\/strong> justificada del plazo del procedimiento inspector, sustituy\u00e9ndolos por periodos de suspensi\u00f3n<\/p>\n

    14.- Estimaci\u00f3n indirecta.<\/strong> Se completa su regulaci\u00f3n, se\u00f1alando las fuentes <\/em><\/strong>de las que pueden proceder los datos: de los signos, \u00edndices y m\u00f3dulos si el obligado pudo haberse aplicado el m\u00e9todo de estimaci\u00f3n objetiva, de la propia empresa, de estudios estad\u00edsticos o de una muestra efectuada por la Inspecci\u00f3n.<\/p>\n

    – Se precisa que la estimaci\u00f3n indirecta puede aplicarse solo a <\/em><\/strong>las ventas e ingresos, o solo a las compras y gastos, o a ambos simult\u00e1neamente<\/em><\/strong>, atendiendo a los datos ocultados o inexistentes.<\/p>\n

    – Se admite la deducibilidad de las cuotas soportadas del IVA<\/em><\/strong> aunque no se disponga de las facturas o documentos que, con car\u00e1cter general exige la normativa del Impuesto, siempre y cuando la Administraci\u00f3n obtenga datos o indicios que demostraran que el obligado tributario ha soportado efectivamente el impuesto correspondiente.<\/p>\n

    – Dado que la estimaci\u00f3n de bases y cuotas se hace de forma anual, en tributos como el IVA<\/em><\/strong>, con periodos de liquidaci\u00f3n inferiores al a\u00f1o, la cuota anual estimada se repartir\u00e1 linealmente<\/em><\/strong> entre los periodos de liquidaci\u00f3n correspondientes, salvo que el obligado justifique que procede un reparto temporal diferente. Art. 158<\/a>.<\/p>\n

    15.- Retraso en Libros Registro.<\/strong> Se tipifica la infracci\u00f3n<\/em><\/strong> consistente en el retraso en la obligaci\u00f3n de llevar los Libros Registro a trav\u00e9s de la Sede electr\u00f3nica de la Agencia Estatal de Administraci\u00f3n Tributaria mediante el suministro de los registros de facturaci\u00f3n en los t\u00e9rminos establecidos reglamentariamente. Se sancionar\u00e1 con multa <\/em><\/strong>pecuniaria proporcional de un\u00a00,5 por ciento del importe de la factura objeto del registro, con un m\u00ednimo trimestral de\u00a0300 euros y un m\u00e1ximo de\u00a06.000 euros. La utilizaci\u00f3n de libros y registros sin haber sido diligenciados<\/em><\/strong> o habilitados por la Administraci\u00f3n cuando la normativa tributaria o aduanera lo exija se sancionar\u00e1 con multa pecuniaria fija de\u00a0300 euros. Art. 200<\/a>. Entra en vigor el 1\u00ba de enero de 2017.<\/p>\n

    16.- Reclamaciones econ\u00f3mico- administrativas<\/strong>. La reforma persigue agilizar la actuaci\u00f3n de los Tribunales y reducir la litigiosidad. Arts. 229, y ss<\/a>.<\/p>\n

    – Medios electr\u00f3nicos.<\/strong> Se promueven en todas las fases del procedimiento, introduciendo la notificaci\u00f3n electr\u00f3nica<\/em><\/strong> para las reclamaciones que se interpongan obligatoriamente por esta v\u00eda. Se incorpora la referencia al expediente electr\u00f3nico<\/em><\/strong> y la obligatoriedad de la interposici\u00f3n electr\u00f3nica en caso de que el acto impugnando fuera de notificaci\u00f3n obligatoria por esta v\u00eda.<\/p>\n

    – Reclamantes domiciliados en el extranjero<\/strong>. Se atribuye al Tribunal Econ\u00f3mico-Administrativo Central (TEAC) la competencia para conocer de las reclamaciones respecto de actuaciones entre particulares, cuando el domicilio fiscal del reclamante se halle fuera de Espa\u00f1a.<\/p>\n

    – Unificaci\u00f3n de doctrina<\/strong>. El TEAC tendr\u00e1 la competencia para dictar resoluciones en unificaci\u00f3n de criterio. Los Tribunales Econ\u00f3mico-Administrativos Regionales (TEAR) podr\u00e1n dictar resoluciones de fijaci\u00f3n de criterio respecto de las salas desconcentradas.<\/p>\n

    – Acumulaci\u00f3n<\/strong>. Se simplifican las reglas de acumulaci\u00f3n obligatoria y se introduce la acumulaci\u00f3n facultativa.<\/p>\n

    – Presunci\u00f3n de representaci\u00f3n voluntaria. <\/strong>Se reconoce a favor de aquellos que la ostentaron en el procedimiento de aplicaci\u00f3n de los tributos del que derive el acto impugnado.<\/p>\n

    – Costas.<\/strong> En el caso de inadmisi\u00f3n, se precisa el \u00e1mbito subjetivo de la condena en costas, vinculando la misma a cada instancia, y supeditando la dictada en primera instancia a su posterior confirmaci\u00f3n.<\/p>\n

    – Plazo para recurrir.<\/strong> Se suprime la regla especial de c\u00f3mputo de plazo para recurrir en caso de silencio<\/em><\/strong>. Si posteriormente a la interposici\u00f3n de la reclamaci\u00f3n econ\u00f3mico-administrativa se dicta resoluci\u00f3n expresa, se notificar\u00e1 concediendo plazo de alegaciones ante los Tribunales Econ\u00f3mico-Administrativos, teni\u00e9ndola por impugnada.<\/p>\n

    – Plazo para ejecutar.<\/strong> Se determina de forma expresa en norma con rango de ley el plazo del que dispone la Administraci\u00f3n para ejecutar la resoluci\u00f3n dictada por el TEA en supuestos en los que se resuelva por razones sustantivas o de fondo.<\/p>\n

    – Eficacia de las resoluciones<\/strong>. Es reconocida expresamente su eficacia ante la Administraci\u00f3n Tributaria<\/em><\/strong> encargada de la aplicaci\u00f3n de los tributos.<\/p>\n

    – Suspensi\u00f3n.<\/strong> La Ley permite la suspensi\u00f3n de la resoluci\u00f3n econ\u00f3mico-administrativa en caso de recursos de alzada ordinarios por los Directores Generales en ciertos casos.<\/p>\n

    – Recurso de anulaci\u00f3n<\/strong>. Se concretan los supuestos en los que no procede dicho recurso.<\/p>\n

    – Nuevo recurso de ejecuci\u00f3n<\/strong>. Llamado hasta ahora incidente de ejecuci\u00f3n, va contra actos dictados como consecuencia de una resoluci\u00f3n estimatoria del Tribunal. Se tramitar\u00e1 con car\u00e1cter urgente.<\/p>\n

    – Recurso extraordinario de revisi\u00f3n. <\/strong>El plazo de resoluci\u00f3n queda reducido a seis meses.<\/p>\n

    – Procedimiento abreviado.<\/strong> Se sustituye el procedimiento ante los \u00f3rganos unipersonales por el procedimiento abreviado para las reclamaciones de menor cuant\u00eda en el que el tribunal podr\u00e1 actuar de forma unipersonal.<\/p>\n

    17.- Delitos contra Hacienda.<\/strong><\/p>\n

    Se a\u00f1ade un T\u00cdTULO VI<\/strong>, con el ep\u00edgrafe \u201cActuaciones y procedimientos de aplicaci\u00f3n de los tributos en supuestos de delito contra la Hacienda p\u00fablica\u201d. Arts. 250 al 259<\/a>.<\/p>\n

    – Es consecuencia de la reforma de la regulaci\u00f3n del delito contra la Hacienda P\u00fablica llevada a cabo por la Ley Org\u00e1nica\u00a07\/2012, de\u00a027 de diciembre<\/a> para establecer un procedimiento administrativo<\/strong> que permita practicar liquidaciones tributarias y efectuar el cobro de las mismas a\u00fan en los supuestos en los que se inicie la tramitaci\u00f3n de un procedimiento penal.<\/p>\n

    – Los \u00f3rganos que llevan a cabo estas actuaciones forman parte de la Administraci\u00f3n Tributaria.<\/p>\n

    – Son dos las autoridades del Estado<\/em><\/strong> que intervienen ante una defraudaci\u00f3n tributaria de naturaleza delictiva, la administrativa y la judicial<\/em><\/strong>, actuando cada una de ellas en el \u00e1mbito que le es propio, pero siendo preferente el orden penal<\/em><\/strong> en dos aspectos: el juez penal puede suspender las actuaciones administrativas de cobro y ha de ajustarse la liquidaci\u00f3n tributaria a los hechos que el juez penal declare probados.<\/p>\n

    – La regla general ser\u00e1 la pr\u00e1ctica de las liquidaciones<\/em><\/strong> y la posterior remisi\u00f3n del tanto de culpa al Juez o a la Fiscal\u00eda y el desarrollo de actuaciones recaudatorias. Se evita as\u00ed que el presunto delincuente tenga un trato de favor respecto al mero infractor administrativo.<\/p>\n

    – La Administraci\u00f3n Tributaria pueda materializar las actuaciones de cobro de la deuda tributaria liquidada mediante la aplicaci\u00f3n de los mecanismos recaudatorios<\/em><\/strong>, pero se admite la posibilidad de revisi\u00f3n<\/em> <\/strong>de las actuaciones recaudatorias mediante los procedimientos administrativos tributarios ordinarios por las causas tasadas en la ley.<\/p>\n

    – Se ha incorporado en norma positiva el concepto de regularizaci\u00f3n<\/em><\/strong>, definida \u00e9sta como el completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, configur\u00e1ndose como el verdadero reverso del delito. Una O.M. publicar\u00e1 modelo<\/em><\/strong>. Se adapta el precepto que establece la no devoluci\u00f3n<\/em><\/strong> de las cantidades pagadas por las que se regulariza voluntariamente la situaci\u00f3n tributaria y que, en virtud de la nueva regulaci\u00f3n del delito contra la Hacienda P\u00fablica, determinan el pleno retorno a la legalidad.<\/p>\n

    – El procedimiento <\/em><\/strong>mantiene la estructura del procedimiento de inspecci\u00f3n<\/em><\/strong> en cuanto a su inicio y tramitaci\u00f3n, pero incorpora significativas modificaciones en la fase de terminaci\u00f3n<\/em><\/strong> del mismo respecto de la liquidaci\u00f3n vinculada al delito, siendo precisa, para dictar dicha liquidaci\u00f3n, la autorizaci\u00f3n previa del \u00f3rgano competente para interponer la denuncia o querella.<\/p>\n

    – Se regula un mecanismo de divisi\u00f3n<\/em><\/strong>, con dos liquidaciones distintas, para los casos en los que una misma obligaci\u00f3n tributaria, concepto y periodo, existan elementos integrantes de la misma en relaci\u00f3n con los cuales pueda predicarse la existencia de defraudaci\u00f3n delictiva y otros que no se vean afectados por \u00e9sta.<\/p>\n

    – Se establece un nuevo supuesto de responsabilidad tributaria<\/em><\/strong> basado en la condici\u00f3n de causante o colaborador<\/em><\/strong> en la defraudaci\u00f3n, cualificada, adem\u00e1s, por la necesidad de la condici\u00f3n de imputado en el proceso penal.<\/p>\n

    – La D. F. 1\u00ba modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal<\/em><\/strong> para recoger que la mera presentaci\u00f3n ante el juez penal de una solicitud de suspensi\u00f3n de la ejecutividad<\/em><\/strong> de la liquidaci\u00f3n no producir\u00e1 efectos salvo acuerdo judicial expreso con formalizaci\u00f3n de garant\u00edas.<\/p>\n

    – La D. F. 3\u00aa modifica la Ley\u00a0 de la Jurisdicci\u00f3n Contencioso-administrativa<\/em><\/strong>, aclar\u00e1ndose en dicha Ley que, conforme a la actual regulaci\u00f3n de este delito en el C\u00f3digo Penal, est\u00e1 excluido del orden contencioso-administrativo<\/em><\/strong> el conocimiento de las pretensiones que los obligados tributarios pudiesen plantear al socaire de la actuaci\u00f3n administrativa.<\/p>\n

    18.- Cuestiones prejudiciales.<\/strong> Se reconoce la legitimaci\u00f3n de los \u00f3rganos econ\u00f3mico-administrativos para promoverlas ante el Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea, regulando el procedimiento y estableciendo que su interposici\u00f3n suspender\u00e1 el procedimiento econ\u00f3mico-administrativo, as\u00ed como el c\u00f3mputo del plazo de prescripci\u00f3n. Art. 237.3<\/a><\/p>\n

    19.- Ayudas de Estado.<\/strong> La Ley introduce un nuevo T\u00edtulo VII, \u201cRecuperaci\u00f3n<\/em><\/strong> de ayudas de Estado que afecten al \u00e1mbito tributario\u201d, adaptado a la normativa comunitaria en materia de ayudas de estado ilegales e incompatibles, pues no ten\u00edamos procedimiento regulado. Arts. 260 al 271<\/a>.<\/p>\n

    – Ahora se desarrollan dos procedimientos<\/em><\/strong>. La aplicaci\u00f3n de uno u otro depender\u00e1 de si la ejecuci\u00f3n de la decisi\u00f3n influye o no en la cuantificaci\u00f3n o liquidaci\u00f3n de la deuda tributaria. Cabe tambi\u00e9n utilizar el procedimiento de inspecci\u00f3n ordinario cuando al obligado tributario se le comprueben tambi\u00e9n otras obligaciones u otros elementos de la obligaci\u00f3n distintos.<\/p>\n

    – La Administraci\u00f3n Tributaria act\u00faa como ejecutor<\/em><\/strong> de una decisi\u00f3n que le viene impuesta por la Comisi\u00f3n Europea, debiendo ajustarse a la normativa comunitaria, existiendo especialidades<\/em><\/strong> como:<\/p>\n

    –La posibilidad de modificar actos administrativos firmes<\/em><\/strong>, incluso con fuerza de cosa juzgada.<\/p>\n

    — Las deudas tributarias resultantes no<\/em><\/strong> son susceptibles de aplazamiento o fraccionamiento<\/em><\/strong>.<\/p>\n

    — Reglas especiales de prescripci\u00f3n<\/strong><\/em>.<\/p>\n

    20.- N\u00famero de Identificaci\u00f3n Fiscal<\/strong>. Se explicitan los efectos<\/em><\/strong> derivados de su revocaci\u00f3n<\/em><\/strong> y se extienden dichos efectos a los n\u00fameros asignados a las personas f\u00edsicas<\/em><\/strong>. D.F.6\u00aa<\/a><\/p>\n

    – La publicaci\u00f3n<\/em><\/strong> de la revocaci\u00f3n del NIF asignado en el \u00abBolet\u00edn Oficial del Estado<\/em><\/strong>\u00ab, determinar\u00e1 la p\u00e9rdida de validez<\/em><\/strong> a efectos identificativos de dicho n\u00famero en el \u00e1mbito fiscal<\/em><\/strong>.<\/p>\n

    – Las entidades de cr\u00e9dito no podr\u00e1n realizar cargos o abonos en las cuentas o dep\u00f3sitos<\/em><\/strong> bancarios en que consten como titulares o autorizados los titulares de dichos n\u00fameros revocados, salvo rehabilitaci\u00f3n o nueva asignaci\u00f3n.<\/p>\n

    – Cuando la revocaci\u00f3n se refiera a una entidad<\/em><\/strong>, la publicaci\u00f3n determinar\u00e1 que el registro p\u00fablico<\/em><\/strong> en que est\u00e9 inscrita proceda a extender en la hoja abierta a la entidad a la que afecte la revocaci\u00f3n una nota marginal<\/em><\/strong> en la que se har\u00e1 constar que, en lo sucesivo, no podr\u00e1 realizarse inscripci\u00f3n alguna que afecte a esta<\/em><\/strong>, salvo rehabilitaci\u00f3n del n\u00famero o si se asigna uno nuevo.<\/p>\n

    – La admisi\u00f3n de las autoliquidaciones<\/em><\/strong>, declaraciones, comunicaciones o escritos en los que conste un n\u00famero de identificaci\u00f3n fiscal revocado quedar\u00e1 condicionada<\/em><\/strong> a la rehabilitaci\u00f3n u obtenci\u00f3n de un nuevo n\u00famero.<\/p>\n

    21.- Procedimientos amistosos. <\/strong>Est\u00e1n regulados en la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes<\/a>. Ahora se establece la suspensi\u00f3n de los procedimientos revisores, tanto en v\u00eda administrativa como judicial, que se hayan podido iniciar, hasta que se sustancie el procedimiento amistoso.<\/p>\n

    22.- Identificaci\u00f3n de residentes.<\/strong> Se introducen dos nuevos tipos de infracci\u00f3n, dirigidos a las instituciones financieras en relaci\u00f3n con el incumplimiento de la obligaci\u00f3n de identificar la residencia de las personas que ostenten la titularidad o control de las cuentas financieras<\/em><\/strong>.<\/p>\n

    23.- No arbitraje entre Administraciones. <\/strong>Se dispone la no aplicaci\u00f3n a la materia tributaria de lo establecido en la D. Ad. \u00fanica de la Ley\u00a011\/2011, de\u00a020 de mayo<\/a>, de forma que las controversias jur\u00eddicas que se susciten entre la Administraci\u00f3n Tributaria y entes de derecho p\u00fablico se resolver\u00e1n por los procedimientos establecidos en la normativa tributaria.<\/p>\n

    24.- R\u00e9gimen transitorio.<\/strong> Destacan el referido a la aplicaci\u00f3n del nuevo procedimiento de liquidaci\u00f3n de deudas tributarias vinculadas a delitos contra la Hacienda P\u00fablica, y el de los nuevos supuestos de responsabilidad asociados a posibles delitos.<\/p>\n

    25.- Otras Disposiciones finales.<\/strong><\/p>\n

    – La D. F, 2\u00aa reforma la Ley Org\u00e1nica\u00a012\/1995, de\u00a012 de diciembre, de Represi\u00f3n del Contrabando<\/strong><\/p>\n

    – La D. F. 5\u00aa modifica la Ley\u00a07\/2012, de\u00a029 de octubre<\/a>, que estableci\u00f3 una limitaci\u00f3n a los pagos en efectivo, excluyendo ahora la limitaci\u00f3n respecto del cambio de moneda en efectivo<\/em><\/strong> por otra moneda en efectivo, que se realice por establecimientos de cambio de moneda, extendi\u00e9ndose dicha exclusi\u00f3n tambi\u00e9n a las entidades de pago. Tambi\u00e9n se modifica el r\u00e9gimen jur\u00eddico de las notificaciones en el seno de los procedimientos sancionadores.<\/p>\n

    – La D. F. 6\u00aa afecta a la Ley del Impuesto sobre Sociedades<\/strong>, entre las que cabe destacar la modificaci\u00f3n de aquellos apartados que establecen unos plazos espec\u00edficos de comprobaci\u00f3n de cr\u00e9ditos fiscales<\/em><\/strong>, ya sean bases imponibles negativas, deducciones por doble imposici\u00f3n o incentivos fiscales. Tambi\u00e9n afecta a cooperativas.<\/p>\n

    – La D. F. 10\u00aa anuncia que, mediante Orden Ministerial, se aprobar\u00e1 el modelo<\/strong> para llevar a cabo la regularizaci\u00f3n voluntaria<\/a><\/em><\/strong> de la deuda, determinante, en su caso, de la desaparici\u00f3n del reproche penal por el delito contra la Hacienda P\u00fablica.<\/p>\n

    Entrada en vigor:<\/strong> el 12 de octubre de 2015<\/strong>, excepto\u00a0las modificaciones en el\u00a0art\u00edculo\u00a029<\/a> (llevanza telem\u00e1tica de libros registro) y en el art\u00edculo\u00a0200<\/a> (Infracci\u00f3n tributaria por incumplir obligaciones contables y registrales),\u00a0que lo har\u00e1n el 1 de enero de 2017, y la disposici\u00f3n final 2.2 y 3 (contrabando), que entrar\u00e1 en vigor el 22 de diciembre de 2015.<\/p>\n

    Ver\u00a0archivo en Futuras Normas<\/strong><\/a>, elaborado por Albert Capell.<\/p>\n

    Ver cuadro comparativo de textos<\/a><\/strong>.<\/p>\n

    Ir al archivo especial<\/a><\/strong><\/p>\n

    \n

    PDF (BOE-A-2015-10143 – 72 p\u00e1gs.<\/abbr> – 1.261 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a>\u00a0 \u00a0\u00a0Correcci\u00f3n de errores<\/a><\/p>\n<\/div>\n

     <\/p>\n<\/a>

    Recurso previo de inconstitucionalidad<\/span><\/h6>\n

    Ley Org\u00e1nica 12\/2015, de 22 de septiembre, de modificaci\u00f3n de la Ley Org\u00e1nica 2\/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para el establecimiento del recurso previo de inconstitucionalidad para los Proyectos de Ley Org\u00e1nica de Estatuto de Autonom\u00eda o de su modificaci\u00f3n.<\/p>\n

    El art\u00edculo 147<\/a> de la Constituci\u00f3n configura los Estatutos de Autonom\u00eda<\/strong> como la norma institucional b\u00e1sica de cada Comunidad Aut\u00f3noma<\/strong> que el Estado reconocer\u00e1 y amparar\u00e1 como parte integrante del ordenamiento jur\u00eddico, siendo fundamento del orden social y la convivencia pol\u00edtica y c\u00edvica en su \u00e1mbito territorial.<\/p>\n

    Al tener rango de ley es el Tribunal Constitucional quien ostenta el monopolio de su control<\/strong> de constitucionalidad. Y al resultar su promulgaci\u00f3n de tanta trascendencia, el legislador de 1979 instituy\u00f3 el recurso previo<\/em><\/strong> de constitucionalidad que dur\u00f3 hasta 1985, cuando ya estaban aprobados casi todos los estatutos de autonom\u00eda.<\/p>\n

    En 2006 el Consejo de Estado<\/strong> sugiri\u00f3 que se reintrodujera para librar de sospechas al respecto a fuentes normativas de tanta trascendencia como son los Estatutos.<\/p>\n

    Acogiendo este consejo, la presente Ley Org\u00e1nica restablece el recurso previo de inconstitucionalidad<\/strong>, eso s\u00ed, s\u00f3lo para los Proyectos de Estatutos de Autonom\u00eda y sus propuestas de reforma<\/em><\/strong>, es decir, con un \u00e1mbito mucho m\u00e1s reducido que el original de 1979 que fue muy criticado pues lo utilizaban partidistamente grupos minoritarios para frenar la entrada en vigor de leyes org\u00e1nicas.<\/p>\n

    El alcance de la reforma afecta a tres preceptos<\/strong> de la Ley Org\u00e1nica del Tribunal Constitucional:<\/p>\n

    – El art\u00edculo 2<\/a>, que enumera los casos en los que conocer\u00e1 el Tribunal Constitucional, a\u00f1adiendo el \u201ccontrol previo de inconstitucionalidad en el supuesto previsto en el art\u00edculo 79\u201d.<\/p>\n

    – El art\u00edculo 10<\/a> concede esta competencia al Pleno<\/strong> del Tribunal.<\/p>\n

    – Y el art\u00edculo 79<\/a> vuelve a tener contenido, dentro de un nuevo t\u00edtulo VI bis<\/strong>, titulado \u201cDel recurso previo de inconstitucionalidad contra Proyectos de Estatutos de Autonom\u00eda y contra Propuestas de Reforma de Estatutos de Autonom\u00eda\u201d.<\/p>\n

    Supuestos en que cabe recurso previo: <\/strong>los Proyectos de Estatutos de Autonom\u00eda y las propuestas de reforma de los mismos.<\/p>\n

    Objeto del recurso:<\/strong> la impugnaci\u00f3n del texto definitivo, una vez aprobado por las Cortes Generales.<\/p>\n

    Legitimaci\u00f3n activa:<\/strong> Presidente del Gobierno, Defensor del Pueblo, 50 Diputados \u00f3 50 Senadores.<\/p>\n

    Plazo: <\/strong>tres d\u00edas desde la publicaci\u00f3n del texto aprobado en el \u00abBolet\u00edn Oficial de las Cortes Generales.<\/p>\n

    Suspensi\u00f3n.<\/strong> La interposici\u00f3n del recurso suspender\u00e1 autom\u00e1ticamente todos los tr\u00e1mites subsiguientes. Si se precisa refer\u00e9ndum, el mismo no podr\u00e1 convocarse hasta que haya resuelto el Tribunal y, en su caso, se hayan suprimido o modificado por las Cortes Generales los preceptos declarados inconstitucionales.<\/p>\n

    Procedimiento.<\/strong> Se utilizar\u00e1 el del cap\u00edtulo II del t\u00edtulo II<\/a>, debiendo ser resuelto en seis meses desde su interposici\u00f3n, para lo que gozar\u00e1 de preferencia.<\/p>\n

    Fallo.<\/strong><\/p>\n

    – Si se rechaza<\/strong> el recurso, los tr\u00e1mites seguir\u00e1n su curso para la entrada en vigor de la reforma, incluido el refer\u00e9ndum.<\/p>\n

    – Si declara la inconstitucionalidad<\/strong> del texto impugnado, deber\u00e1 concretar los preceptos a los que alcanza, aquellos que por conexi\u00f3n o consecuencia quedan afectados por tal declaraci\u00f3n y el precepto o preceptos constitucionales infringidos. En este supuesto, la tramitaci\u00f3n no podr\u00e1 proseguir sin que tales preceptos hayan sido suprimidos o modificados por las Cortes Generales.<\/p>\n

    No cosa juzgada.<\/strong> El pronunciamiento en el recurso previo no prejuzga la decisi\u00f3n del Tribunal en los recursos o cuestiones de inconstitucionalidad que pudieren interponerse tras la entrada en vigor con fuerza de ley del texto impugnado en la v\u00eda previa<\/p>\n

    Entr\u00f3 en vigor el 24 de septiembre de 2015.<\/p>\n

    \n

    PDF (BOE-A-2015-10196 – 3 p\u00e1gs.<\/abbr> – 161 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

     <\/p>\n<\/div>\n<\/a>

    Accidentes de circulaci\u00f3n<\/span><\/h6>\n

    Ley 35\/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoraci\u00f3n de los da\u00f1os y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulaci\u00f3n.<\/p>\n

    Tras m\u00e1s de veinte a\u00f1os, se modifica el llamado \u00abBaremo<\/strong>\u00bb, o Sistema de valoraci\u00f3n de da\u00f1os y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulaci\u00f3n y que figura como Anexo<\/strong> en el Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulaci\u00f3n de veh\u00edculos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8\/2004, de 29 de octubre<\/a>.<\/p>\n

    La puesta al d\u00eda trata de acercarlo a los pa\u00edses m\u00e1s avanzados de la Uni\u00f3n Europea, donde existe una gran disparidad de criterios e importes, utilizando, para ello, como veh\u00edculo, una amplia reforma del <\/strong>RDLeg 8\/2004, de 29 de octubre<\/strong><\/a>. Busca tambi\u00e9n hacer uniforme la interpretaci\u00f3n y permitir, as\u00ed, la resoluci\u00f3n extrajudicial de la gran mayor\u00eda de los casos.<\/p>\n

    El nuevo Baremo se inspira y respeta el principio b\u00e1sico de la indemnizaci\u00f3n del da\u00f1o corporal<\/strong>, tratando de lograr la total indemnidad de los da\u00f1os y perjuicios padecidos para situar a la v\u00edctima en una posici\u00f3n lo m\u00e1s parecida posible a la que tendr\u00eda de no haberse producido el accidente. Para ello, tambi\u00e9n se identifican nuevos perjudicados y nuevos conceptos resarcitorios<\/em><\/strong> que no est\u00e1n recogidos en el Baremo vigente. Se sistematizan y dotan de sustantividad propia las indemnizaciones por da\u00f1o patrimonial<\/em><\/strong> (da\u00f1o emergente y lucro cesante). Y se pone al d\u00eda, mediante su aumento, el conjunto de indemnizaciones<\/em><\/strong>, destacando en particular las que corresponden a los casos de fallecimiento \u2013y, en especial, la de los hijos de v\u00edctimas fallecidas\u2013 y de grandes lesionados.<\/p>\n

    Dentro del RDLeg, la principal novedad es la introducci\u00f3n de un nuevo T\u00edtulo IV<\/strong>, \u00a0\u201cSistema para la valoraci\u00f3n de los da\u00f1os y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulaci\u00f3n\u201d,<\/em> que consta nada menos que de 112 art\u00edculos (arts. 32 al 143), agrupados en dos cap\u00edtulos. El primero se refiere a disposiciones generales y definiciones<\/em><\/strong> y el segundo incluye las reglas para la valoraci\u00f3n del da\u00f1o corporal<\/em><\/strong> (indemnizaciones por causa de muerte, por secuelas y por lesiones temporales, que se plasman, respectivamente, en las tablas 1, 2 y 3).<\/p>\n

    El tratamiento de los da\u00f1os patrimoniales<\/strong> clarifica y regula con detalle las partidas resarcitorias en concepto de gastos y racionaliza el m\u00e9todo de c\u00e1lculo del lucro cesante. Se tratan de manera especial los gastos en caso de muerte, las secuelas y las lesiones temporales.<\/p>\n

    Los perjuicios extrapatrimoniales <\/strong>se tratan separadamente.<\/strong> La mayor novedad se encuentra en la reestructuraci\u00f3n del perjuicio personal b\u00e1sico en las indemnizaciones por causa de muerte y de su relaci\u00f3n con los perjuicios particulares, que ahora se ampl\u00edan. La reforma configura los perjudicados en cinco categor\u00edas aut\u00f3nomas y considera que sufren siempre un perjuicio resarcible y de la misma cuant\u00eda con independencia de que concurran o no con otras categor\u00edas de perjudicados.<\/p>\n

    En cuanto al derecho transitorio, el \u00a0sistema para la valoraci\u00f3n de los da\u00f1os y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulaci\u00f3n que establece esta Ley se aplicar\u00e1 \u00fanicamente a los accidentes de circulaci\u00f3n que se produzcan tras su entrada en vigor<\/strong>.<\/p>\n

    La D. F.1\u00aa introduce una peque\u00f1a modificaci\u00f3n en la Ley de Enjuiciamiento Civil<\/strong>, que afecta al art. 517.2. 8\u00ba<\/a>:<\/p>\n

    Art\u00edculo 517. Acci\u00f3n ejecutiva. T\u00edtulos ejecutivos.<\/p>\n

      \n
    1. S\u00f3lo tendr\u00e1n aparejada ejecuci\u00f3n los siguientes t\u00edtulos:<\/li>\n<\/ol>\n

      \u00ab8.\u00b0 El auto que establezca la cantidad m\u00e1xima reclamable en concepto de indemnizaci\u00f3n, dictado en los supuestos previstos por la ley<\/em><\/strong> en procesos penales incoados por hechos cubiertos por el Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil derivada del uso y circulaci\u00f3n de veh\u00edculos de motor.\u00bb<\/p>\n

      S\u00f3lo cambia lo subrayado diciendo antes: \u201cen casos de rebeld\u00eda del acusado o de sentencia absolutoria o sobreseimiento\u201d.<\/em><\/p>\n

      Informaci\u00f3n transfronteriza sobre infracciones de tr\u00e1fico. <\/strong>La D. F. 2\u00aa modifica la Ley sobre Tr\u00e1fico, Circulaci\u00f3n de Veh\u00edculos a Motor y Seguridad Vial<\/a> incorpora la Directiva (UE) 2015\/413<\/a> por la que se facilita el intercambio transfronterizo de informaci\u00f3n sobre infracciones de tr\u00e1fico en materia de seguridad vial.<\/p>\n

      La presente Ley entrar\u00e1 en vigor el 1 de enero de 2016.<\/p>\n

      \n

      PDF (BOE-A-2015-10197 – 507 p\u00e1gs.<\/abbr> – 20.718 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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      \n

       <\/p>\n<\/a>

      Actualizaci\u00f3n de Valores catastrales. <\/span><\/h6>\n

      Orden HAP\/1952\/2015, de 24 de septiembre, por la que se establece la relaci\u00f3n de municipios a los que resultar\u00e1n de aplicaci\u00f3n los coeficientes de actualizaci\u00f3n de los valores catastrales que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el a\u00f1o 2016.<\/p>\n

      El\u00a0art. 32.2<\/a>\u00a0de la Ley del Catastro dispone que las leyes de presupuestos generales del Estado podr\u00e1n actualizar los valores catastrales de los inmuebles urbanos de un mismo municipio por aplicaci\u00f3n de coeficientes en funci\u00f3n del a\u00f1o de entrada en vigor de la correspondiente ponencia de valores del municipio, siempre que se cumplan determinados requisitos entre los que se encuentran que hayan transcurrido al menos cinco a\u00f1os desde la entrada en vigor de los valores catastrales derivados del anterior procedimiento de valoraci\u00f3n colectiva de car\u00e1cter general, que se pongan de manifiesto diferencias sustanciales con los valores de mercado y que la solicitud por parte del Ayuntamiento se comunique a la Direcci\u00f3n General del Catastro (en 2015, antes el 31 de julio).<\/p>\n

      Ahora se aprueba la\u00a0relaci\u00f3n de municipios a efectos de la aplicaci\u00f3n de coeficientes de actualizaci\u00f3n de valores catastrales para 2016<\/strong>, que se establece en el ANEXO a la presente orden.<\/p>\n

      Entre los municipios se encuentras 23 capitales de provincia, siendo las mayores Valencia y Sevilla<\/strong>.<\/p>\n

      \n

      PDF (BOE-A-2015-10358 – 58 p\u00e1gs.<\/abbr> – 4.200 KB<\/abbr>)<\/a>\u00a0 \u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n

       <\/p>\n<\/a>

      Seguridad nacional.<\/span><\/h6>\n

      Ley 36\/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional.<\/p>\n

      Esta ley tiene por objeto regular:<\/p>\n

      a) Los principios b\u00e1sicos, \u00f3rganos superiores y autoridades y los componentes fundamentales de la Seguridad Nacional.<\/p>\n

      b) El Sistema de Seguridad Nacional, su direcci\u00f3n, organizaci\u00f3n y coordinaci\u00f3n.<\/p>\n

      c) La gesti\u00f3n de crisis.<\/p>\n

      d) La contribuci\u00f3n de recursos a la Seguridad Nacional.<\/p>\n

      Entr\u00f3 en vigor el 30 de septiembre de 2015<\/p>\n

      PDF (BOE-A-2015-10389 – 12 p\u00e1gs.<\/abbr> – 244 KB<\/abbr>)<\/a>Otros formatos<\/a><\/p>\n

       <\/p>\n<\/a>

      Carreteras<\/strong>\u00a0<\/span><\/h6>\n

      Ley 37\/2015, de 29 de septiembre, de carreteras.<\/p>\n

      Ir al archivo especial<\/a>.<\/strong><\/p>\n

      Se suele considerar que la carretera tiene un triple aspecto<\/strong>, como dominio p\u00fablico<\/em><\/strong>, como obra p\u00fablica<\/em><\/strong> y como soporte para la prestaci\u00f3n de un servicio p\u00fablico<\/em><\/strong>, regul\u00e1ndolos las diversas legislaciones conforme a su momento hist\u00f3rico.<\/p>\n

      Ahora se deroga la Ley de Carreteras de 1988, tras m\u00e1s de un cuarto de siglo, para una nueva adaptaci\u00f3n a los tiempos <\/strong>lo que supone, entre otros aspectos:<\/p>\n

      – adecuarse a unas mayores exigencias medioambientales<\/em><\/strong>, reduciendo en la medida de lo posible su impacto y consumo de territorio,<\/p>\n

      – armonizar su regulaci\u00f3n con el urbanismo<\/em><\/strong> que ha de tener sus propias soluciones de comunicaci\u00f3n,<\/p>\n

      – evitar solapamientos y conflictos de competencias<\/em><\/strong> con la Comunidades Aut\u00f3nomas y Ayuntamientos,<\/p>\n

      – desarrollar el concepto de servicio p\u00fablico viario<\/em><\/strong>, como base de la gesti\u00f3n de carreteras,<\/p>\n

      – controlar la excesiva proliferaci\u00f3n de accesos a las v\u00edas<\/em><\/strong>, que han de ser compatibles con el fin principal de la v\u00eda,<\/p>\n

      – redefinir las zonas de protecci\u00f3n<\/em><\/strong>, cre\u00e1ndose la zona de limitaci\u00f3n a la edificabilidad<\/em><\/strong> e introduciendo el concepto de servidumbre ac\u00fastica<\/em><\/strong> en su delimitaci\u00f3n, modificando la distancia de la l\u00ednea l\u00edmite de edificaci\u00f3n<\/em><\/strong> en diferentes tipos de carreteras y elementos de las mismas,<\/p>\n

      – agilizar el procedimiento para posibilitar los intercambios de titularidad<\/em><\/strong> entre las distintas redes, especialmente cesiones gratuitas a Ayuntamientos de tramos que sean traves\u00edas urbanas,<\/p>\n

      – mejorar las garant\u00edas en las carreteras en redacci\u00f3n,<\/em><\/strong><\/p>\n

      – actualizar el cat\u00e1logo<\/em><\/strong> de carreteras del Estado y modificar las categor\u00edas de v\u00edas.<\/em><\/strong><\/p>\n

      La Ley consta de\u00a049 art\u00edculos en cuatro cap\u00edtulos<\/strong>:<\/p>\n

      Cap\u00edtulo I. Disposiciones generales.<\/strong><\/p>\n

      Objeto de la Ley.<\/strong> Es la regulaci\u00f3n de la Red de Carreteras del Estado su correspondiente dominio p\u00fablico y zonas de protecci\u00f3n.<\/p>\n

      Dominio p\u00fablico viario.<\/strong> Lo integran, no s\u00f3lo las carreteras propiamente dichas, sino el viario anexo, sus elementos funcionales y construcciones, las zonas contiguas a las carreteras definidas como zona de dominio p\u00fablico en esta ley y cualquiera otra zona de titularidad del Estado afecta a dichas carreteras.<\/p>\n

      Clasificaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n

      – Son carreteras del Estado aquellas cuya titularidad<\/strong>, independientemente de su sistema de gesti\u00f3n, corresponde a la Administraci\u00f3n General del Estado.<\/p>\n

      – Las carreteras del Estado est\u00e1n constituidas por la Red de Carreteras<\/strong> del Estado y su Viario Anexo.<\/strong><\/p>\n

      – <\/strong>Constituyen la Red de Carreteras del Estado<\/strong> las integradas en un itinerario de inter\u00e9s general o cuya funci\u00f3n en el sistema de transporte afecte a m\u00e1s de una comunidad aut\u00f3noma. Se clasificar\u00e1 funcionalmente en a) Red B\u00e1sica<\/em><\/strong>, B) Red complementaria<\/em><\/strong>.<\/p>\n

      – El viario anexo<\/strong> estar\u00e1 formado por carreteras del Estado que no formen parte de la Red de Carreteras del Estado, as\u00ed como los viales y caminos de su competencia. Podr\u00e1 ser cedido<\/em><\/strong> a otras administraciones p\u00fablicas e, incluso, podr\u00e1 ser transmitido<\/em><\/strong> a otras personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas, previa desafectaci\u00f3n del mismo al servicio p\u00fablico, al igual que tramos de carreteras que dejen de serlo.<\/p>\n

      – Se sustituyen la expresi\u00f3n v\u00edas r\u00e1pidas por multicarril<\/em><\/strong>.<\/p>\n

      Cap\u00edtulo II.<\/strong> Planificaci\u00f3n, proyecto, construcci\u00f3n y explotaci\u00f3n<\/strong> de carreteras<\/p>\n

      Planificaci\u00f3n de carreteras<\/strong>. Secci\u00f3n 1\u00aa. Se centra en el Plan estrat\u00e9gico de las carreteras del Estado<\/em><\/strong> que es el instrumento t\u00e9cnico y jur\u00eddico de la pol\u00edtica sectorial de carreteras, y debe contener las previsiones y objetivos a cumplir y las prioridades de actuaci\u00f3n en relaci\u00f3n con carreteras estatales y sus elementos funcionales.<\/p>\n

      Programas, estudios y proyectos.<\/strong> Secci\u00f3n 2\u00aa. Como principal novedad, se impone la obligatoriedad de llevar a cabo estudios adicionales:<\/strong><\/em><\/p>\n

      – \u00a0an\u00e1lisis coste\/beneficio en las actuaciones m\u00e1s relevantes,<\/p>\n

      – an\u00e1lisis multicriterio para la priorizaci\u00f3n de actuaciones viarias<\/p>\n

      – viabilidad o procedencia de utilizar f\u00f3rmulas de gesti\u00f3n indirecta o colaboraci\u00f3n p\u00fablico privada en toda actuaci\u00f3n viaria susceptible de explotaci\u00f3n diferenciada.<\/p>\n

      – evaluaciones de impacto y auditor\u00edas espec\u00edficas en las distintas fases de concepci\u00f3n y ejecuci\u00f3n.<\/p>\n

      Se completa la regulaci\u00f3n de las obras de emergencia<\/strong> en carreteras, para facilitar su ejecuci\u00f3n.<\/p>\n

      La Ley detalla los procedimientos de coordinaci\u00f3n entre el planeamiento viario y la ordenaci\u00f3n territorial y urban\u00edstica<\/strong>, con silencios positivos si no informan las administraciones en plazo. No podr\u00e1n aprobarse instrumentos de modificaci\u00f3n, revisi\u00f3n, desarrollo o ejecuci\u00f3n de la ordenaci\u00f3n territorial y urban\u00edstica, que contravengan lo establecido en un estudio de carreteras aprobado definitivamente. El incumplimiento de la anterior prohibici\u00f3n comportar\u00e1 la nulidad de pleno derecho del instrumento de ordenaci\u00f3n. Ver art. 16.<\/p>\n

      La aprobaci\u00f3n definitiva de los proyectos de carreteras del Estado implicar\u00e1 la declaraci\u00f3n de utilidad p\u00fablica<\/strong> y la necesidad de ocupaci\u00f3n de los bienes, modificaci\u00f3n de servicios y adquisici\u00f3n de derechos correspondientes, a los fines de expropiaci\u00f3n<\/strong>, de ocupaci\u00f3n temporal o de imposici\u00f3n o modificaci\u00f3n de servidumbres. Ver tambi\u00e9n D. Tr. 2\u00aa<\/p>\n

      Construcci\u00f3n.<\/strong> Secci\u00f3n\u00a03.\u00aa. \u00a0El art. 17 se dedica a la expropiaci\u00f3n<\/strong> y afecci\u00f3n de bienes y derechos, con remisi\u00f3n a la normativa general salvo alguna especialidad. El art. 18 extiende la actual exenci\u00f3n<\/strong> de la obligatoriedad de obtenci\u00f3n de licencias<\/strong> para la construcci\u00f3n de carreteras a las tareas necesarias para su concepci\u00f3n y realizaci\u00f3n.<\/p>\n

      Contribuciones especiales.<\/strong> Secci\u00f3n\u00a04.\u00aa Aunque las carreteras se financien, con car\u00e1cter general, con cargo a Presupuestos, podr\u00e1n imponerse contribuciones especiales cuando personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas obtengan un beneficio especial por la obra realizada. Ver art. 20.<\/p>\n

      Explotaci\u00f3n. <\/strong>Secci\u00f3n\u00a05.\u00aa. Se refiere a la explotaci\u00f3n de carreteras, su contenido y forma de gesti\u00f3n. Se modifican determinados aspectos de la regulaci\u00f3n de \u00e1reas de servicio y aparcamientos seguros, facilitando la iniciativa particular.<\/p>\n

      Cap\u00edtulo III<\/strong>. Uso y defensa<\/strong> de las carreteras.<\/p>\n

      Zonas de protecci\u00f3n de las carreteras. <\/strong>Se establecen cuatro zonas: <\/strong>de dominio p\u00fablico, de servidumbre, de afecci\u00f3n y de limitaci\u00f3n a la edificabilidad.<\/p>\n

      – En ellas, no podr\u00e1n realizarse obras o instalaciones<\/em><\/strong> ni se permitir\u00e1n m\u00e1s usos o servicios que aqu\u00e9llos que sean compatibles.<\/p>\n

      – La realizaci\u00f3n de cualquier actividad que pueda afectar a su r\u00e9gimen requiere autorizaci\u00f3n<\/em><\/strong> del Ministerio de Fomento, adem\u00e1s de otras posibles.<\/p>\n

      – Tambi\u00e9n afecta a las carreteras proyectadas y en construcci\u00f3n.<\/p>\n

      – Ser\u00e1n nulas<\/em><\/strong> de pleno derecho las autorizaciones administrativas y licencias que hayan sido otorgadas contraviniendo los preceptos de la presente ley.<\/p>\n

      1\u00aa.- Zona de dominio p\u00fablico. Art. 28. <\/strong>Constituyen la zona de dominio p\u00fablico los terrenos ocupados por las propias carreteras del Estado, sus elementos funcionales y una franja de terreno a cada lado de la v\u00eda de 8 metros de anchura en autopistas y autov\u00edas y de 3 metros en el resto.<\/p>\n

      – Los bienes y derechos reales de titularidad p\u00fablica afectos al servicio p\u00fablico viario, obtenidos mediante expropiaci\u00f3n, cesi\u00f3n o permuta, ser\u00e1n inscritos en el Registro de la Propiedad<\/strong>. La inscripci\u00f3n por la Administraci\u00f3n General del Estado de los citados bienes y derechos ser\u00e1 gratuita<\/strong>. En el caso de actuaciones promovidas por terceros y debidamente autorizadas, que pasen a formar parte del dominio p\u00fablico viario estatal, la inscripci\u00f3n citada ser\u00e1 a cargo del promotor sin que proceda ninguna exenci\u00f3n arancelaria.<\/p>\n

      – En toda informaci\u00f3n registral <\/strong>que se aporte en relaci\u00f3n con fincas colindantes con el dominio p\u00fablico viario estatal<\/strong>, as\u00ed como en las notas de calificaci\u00f3n o despacho<\/strong> referidas a las mismas, se pondr\u00e1 de manifiesto dicha circunstancia, como informaci\u00f3n territorial asociada y con efectos meramente informativos, para que pueda conocerse que dicha colindancia impone limitaciones a las facultades inherentes al derecho de propiedad.<\/p>\n

      Obligaci\u00f3n de deslinde y facultad de investigaci\u00f3n.<\/strong> Art. 30.<\/p>\n

      – El deslinde del dominio p\u00fablico viario corresponde al Ministerio de Fomento<\/strong> seg\u00fan el procedimiento que reglamentariamente se determine.<\/p>\n

      – El deslinde aprobado y reflejado en acta<\/strong> declara la posesi\u00f3n y la titularidad dominical a favor de la Administraci\u00f3n General del Estado. Su concreci\u00f3n f\u00edsica se realizar\u00e1 mediante el amojonamiento. El deslinde aprobado e inscrito en el Registro de la Propiedad tendr\u00e1 preferencia frente a otras inscripciones que puedan incidir sobre el mismo \u00e1mbito f\u00edsico<\/strong> a que se refiere el deslinde, en funci\u00f3n de la naturaleza demanial de los bienes deslindados.<\/p>\n

      – La resoluci\u00f3n de aprobaci\u00f3n del deslinde ser\u00e1 t\u00edtulo suficiente<\/strong> para rectificar<\/strong>, en la forma y condiciones que se determinen reglamentariamente, las situaciones jur\u00eddicas registrales contradictorias<\/strong> con dicho deslinde.<\/p>\n

      – Dicha resoluci\u00f3n ser\u00e1 t\u00edtulo suficiente, asimismo, para que la administraci\u00f3n proceda a la inmatriculaci\u00f3n<\/strong> de los bienes de dominio p\u00fablico cuando lo estime conveniente.<\/p>\n

      – Cuando se trate de inmatricular por terceros<\/strong> en el Registro de la Propiedad bienes inmuebles situados en la zona de servidumbre, en la descripci\u00f3n de aqu\u00e9llos se precisar\u00e1 si lindan o no con el dominio p\u00fablico viario. En caso afirmativo no podr\u00e1 practicarse la inmatriculaci\u00f3n si no se acompa\u00f1a al t\u00edtulo la certificaci\u00f3n<\/em><\/strong> de la Administraci\u00f3n General del Estado, en la que se acredite que no se invade<\/em><\/strong> el dominio p\u00fablico.<\/p>\n

      – Los terrenos patrimoniales<\/strong> de titularidad de la Administraci\u00f3n General del Estado colindantes<\/strong> con el dominio p\u00fablico viario, o emplazados en sus zonas de servidumbre o afecci\u00f3n, que resulten necesarios para la protecci\u00f3n o utilizaci\u00f3n de dicho dominio, no podr\u00e1n ser enajenados sin previa declaraci\u00f3n de no necesidad.<\/p>\n

      El Ministerio de Fomento tendr\u00e1 derecho de tanteo y retracto<\/strong> en las transmisiones onerosas intervivos de los bienes colindantes con el dominio p\u00fablico viario<\/em><\/strong>, a cuyo efecto deber\u00e1 ser notificada por escrito por los cedentes, o en su defecto por el notario<\/strong> que intervenga en la transmisi\u00f3n. El derecho de tanteo podr\u00e1 ejercerse en el plazo de tres meses y el de retracto en el de un a\u00f1o, ambos a contar desde la correspondiente notificaci\u00f3n, que comprender\u00e1 las condiciones esenciales de la transmisi\u00f3n.<\/p>\n

      2\u00aa.- Zona de servidumbre. <\/strong>Art. 31. Est\u00e1 constituida por dos franjas de terreno a ambos lados de las carreteras, delimitadas interiormente por la zona de dominio p\u00fablico y exteriormente por dos l\u00edneas paralelas a las aristas exteriores de la explanaci\u00f3n, a una distancia de 25 metros en autopistas y autov\u00edas y de 8 metros en el resto. No podr\u00e1n realizarse obras o instalaciones ni se permitir\u00e1n m\u00e1s usos que aquellos que sean compatibles, previa autorizaci\u00f3n, en cualquier caso, del Ministerio de Fomento, y sin perjuicio de otras competencias concurrentes.<\/p>\n

      3\u00aa.- Zona de afecci\u00f3n.<\/strong> Art. 32. Est\u00e1 constituida por dos franjas de terreno a ambos lados de las carreteras, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos l\u00edneas paralelas a las aristas exteriores de la explanaci\u00f3n, a una distancia de 100 metros en autopistas y autov\u00edas y de 50 metros en el resto.<\/p>\n

      – Para ejecutar en la zona de afecci\u00f3n cualquier tipo de obras o instalaciones fijas o provisionales, cambiar el uso o destino de las existentes y plantar o talar \u00e1rboles, se requerir\u00e1 la previa autorizaci\u00f3n<\/strong> del Ministerio de Fomento, sin perjuicio de otras competencias concurrentes.<\/p>\n

      – En las construcciones e instalaciones ya existentes podr\u00e1n realizarse obras de reparaci\u00f3n o mejora<\/strong>, previa la autorizaci\u00f3n correspondiente, una vez constatados su finalidad y contenido, siempre que no supongan aumento de volumen de la construcci\u00f3n y sin que el incremento de valor que aquellas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios. Hay causas tasadas de denegaci\u00f3n.<\/p>\n

      4\u00aa.- Zona de limitaci\u00f3n a la edificabilidad. <\/strong>Art. 33. Esta zona es nueva<\/strong>. A ambos lados de las carreteras del Estado se establece la l\u00ednea l\u00edmite de edificaci\u00f3n, que se sit\u00faa a 50 metros en autopistas y autov\u00edas y a 25 metros en el resto.<\/p>\n

      – Queda prohibido en esta zona cualquier tipo de obra de construcci\u00f3n<\/strong>, reconstrucci\u00f3n o ampliaci\u00f3n, incluidas las que se desarrollen en el subsuelo, o cambio de uso, a excepci\u00f3n de las que resultaren imprescindibles para la conservaci\u00f3n y mantenimiento de las construcciones o instalaciones ya existentes. El Ministerio de Fomento podr\u00e1, por razones geogr\u00e1ficas o socioecon\u00f3micas, fijar una l\u00ednea l\u00edmite de edificaci\u00f3n inferior aplicable a determinadas carreteras estatales en zonas o tramos perfectamente delimitados.<\/p>\n

      – Las nuevas actuaciones, conferir\u00e1n derecho a indemnizaci\u00f3n<\/strong> a favor de los titulares de derechos reales sobre los terrenos incluidos en la zona de limitaci\u00f3n a la edificabilidad as\u00ed como en los afectados por las restricciones en las zonas de servidumbre ac\u00fastica que acrediten el menoscabo de sus derechos y no pudieran ejercerlos en otras ubicaciones.<\/p>\n

      – Ser\u00e1 indemnizable<\/strong> la depreciaci\u00f3n originada en las fincas contiguas<\/strong> a carreteras que se construyan o actuaciones que se lleven a cabo en las mismas a partir de la entrada en vigor de la presente ley, como consecuencia del menoscabo en el estatuto jur\u00eddico de la propiedad<\/strong>, incluida la p\u00e9rdida de edificabilidad que tuvieran reconocida las fincas sitas en las zonas de protecci\u00f3n de dichas carreteras y no pudiera ejercerse en otras ubicaciones.<\/p>\n

      – La clasificaci\u00f3n y la calificaci\u00f3n de terrenos<\/strong> incluidos en la zona de limitaci\u00f3n a la edificabilidad no podr\u00e1n ser modificadas en ning\u00fan caso si ello estuviere en contradicci\u00f3n con lo establecido en esta ley.<\/p>\n

      Facultad de expropiaci\u00f3n.<\/strong> Art. 34. En las zonas de servidumbre y en la comprendida hasta la l\u00ednea l\u00edmite de edificaci\u00f3n, el Ministerio de Fomento podr\u00e1 proceder a la expropiaci\u00f3n,\u00a0 entendi\u00e9ndose impl\u00edcita la declaraci\u00f3n de utilidad p\u00fablica y la necesidad de ocupaci\u00f3n.<\/p>\n

      Publicidad.<\/strong> Art. 37. Fuera de los tramos urbanos de las carreteras queda prohibido realizar publicidad en cualquier lugar que sea visible desde las calzadas de la carretera, y en general cualquier anuncio que pueda captar la atenci\u00f3n de los conductores que circulan por la misma.<\/p>\n

      Cap\u00edtulo IV.<\/strong> Traves\u00edas y tramos urbanos<\/strong>.<\/p>\n

      – Se considera traves\u00eda<\/strong> la parte de carretera en la que existen edificaciones consolidadas al menos en dos terceras partes de la longitud de ambas m\u00e1rgenes y un entramado de calles conectadas con aqu\u00e9lla en al menos una de sus m\u00e1rgenes. En las traves\u00edas de carreteras del Estado corresponde al Ministerio de Fomento el otorgamiento de autorizaciones relativas a la propia carretera o a los terrenos y edificaciones colindantes cuando se afecte a los elementos de la carretera o a la zona de dominio p\u00fablico.<\/p>\n

      – Se consideran tramos urbanos<\/strong> aquellos de las carreteras del Estado que discurran por suelo clasificado como urbano por el correspondiente instrumento de planeamiento urban\u00edstico y que est\u00e9n reconocidos como tales en un estudio de delimitaci\u00f3n de tramos urbanos aprobado por el Ministerio de Fomento. En los tramos urbanos de carreteras corresponde al Ministerio de Fomento el otorgamiento de autorizaciones relativas a la carretera o a los terrenos y edificaciones colindantes cuando se afecte a los elementos de la carretera o a las zonas de dominio p\u00fablico y servidumbre<\/em><\/strong>. Desaparece la clasificaci\u00f3n urban\u00edstica como fundamento del umbral de partida de dicha definici\u00f3n y tambi\u00e9n desaparecen los informes vinculantes. Ver D. Tr. 1\u00aa.<\/p>\n

      \u00daltimas disposiciones.<\/strong> Citemos algunas:<\/p>\n

      – Cat\u00e1logo de las carreteras del Estado<\/strong>. Incluye la relaci\u00f3n y denominaci\u00f3n de las carreteras estatales. D. Ad. 1\u00aa y Anexo II.<\/p>\n

      – Catastro. <\/strong>Se hace remisi\u00f3n al TRLCatastro<\/a> para la incorporaci\u00f3n de los bienes inmuebles en el Catastro Inmobiliario, as\u00ed como de las alteraciones de sus caracter\u00edsticas, que deban realizarse como consecuencia de lo dispuesto en esta ley en particular en lo que se refiere a la utilizaci\u00f3n de la referencia catastral y la certificaci\u00f3n catastral descriptiva y gr\u00e1fica para la identificaci\u00f3n y descripci\u00f3n de las fincas. D. Ad. 5\u00aa. Seg\u00fan la EdeM. esta D- Ad 5\u00aa es para \u201cla incorporaci\u00f3n al Catastro de los bienes de dominio p\u00fablico viario<\/strong>\u201d<\/em>.<\/p>\n

      – Reglamento de la Ley de Carreteras<\/strong><\/a>. <\/strong>Mantiene su vigor, en lo que no se oponga a lo dispuesto en esta ley. Pero, en el plazo de un a\u00f1o, el Gobierno aprobar\u00e1 uno nuevo. D. F. 1\u00aa<\/p>\n

      – Ley de autopistas en r\u00e9gimen de concesi\u00f3n. <\/strong>La D. F. 2\u00ba afecta al art. 27<\/a> disponiendo que el concesionario podr\u00e1 contratar, en la forma que los pliegos de la concesi\u00f3n establezcan, la gesti\u00f3n de los servicios complementarios establecidos en las \u00e1reas de servicio, pero haciendo salvedades respecto a productos petrol\u00edferos, prohibiendo el encadenamiento de estaciones de servicio de igual bandera<\/em><\/strong>.<\/p>\n

      – Ley del Suelo. <\/strong>La D. F. 3\u00aa modifica la D. Ad. 7\u00aa.1 TRLSuelo<\/p>\n

      Disposici\u00f3n adicional s\u00e9ptima. Reglas para la capitalizaci\u00f3n de rentas en suelo rural.<\/strong><\/p>\n

      \u00ab1. Para la capitalizaci\u00f3n de la renta anual real o potencial de la explotaci\u00f3n a que se refiere el apartado\u00a01 del art\u00edculo\u00a023, se utilizar\u00e1 como tipo de capitalizaci\u00f3n el valor promedio de los datos anuales publicados<\/em><\/strong> por el Banco de Espa\u00f1a de la rentabilidad de las Obligaciones del Estado a\u00a030 a\u00f1os, correspondientes a los tres a\u00f1os anteriores a la fecha a la que deba entenderse referida la valoraci\u00f3n<\/em><\/strong>.\u00bb Antes se utilizaba el rendimiento interno en el mercado secundario de la deuda p\u00fablica de plazo entre dos y seis a\u00f1os<\/p>\n

      – Competencia del Estado.<\/strong> Esta ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva que atribuye al Estado la Constituci\u00f3n, en sus art\u00edculos\u00a0149.1.21.\u00aa y\u00a024.\u00aa<\/a>, sobre el r\u00e9gimen general de comunicaciones y sobre las obras p\u00fablicas de inter\u00e9s general cuya realizaci\u00f3n afecte a m\u00e1s de una comunidad aut\u00f3noma. D. F. 5\u00aa<\/p>\n

      Entr\u00f3 en vigor el 1 de octubre de 2015<\/strong>.<\/p>\n

      Ir al archivo especial<\/a>.<\/strong><\/p>\n

      PDF (BOE-A-2015-10439 – 57 p\u00e1gs.<\/abbr> – 1.201 KB<\/abbr>)<\/a>Otros formatos<\/a><\/p>\n

       <\/p>\n<\/a>

      Sector ferroviario\u00a0<\/span><\/strong><\/h6>\n

      Ley 38\/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario.<\/p>\n

      El objeto de esta ley<\/strong> es la regulaci\u00f3n, en el \u00e1mbito de la competencia del Estado, de las infraestructuras ferroviarias<\/em><\/strong>, de la seguridad<\/em><\/strong> en la circulaci\u00f3n ferroviaria y de la prestaci\u00f3n de los servicios<\/em><\/strong> de transporte ferroviario de viajeros y de mercanc\u00edas<\/em> y de aquellos que se prestan a las empresas ferroviarias en las instalaciones de servicio, incluidos los complementarios y auxiliares.<\/p>\n

      La Ley es heredera de la Ley\u00a039\/2003, de\u00a017 de noviembre<\/strong>, del sector ferroviario, derogada expresamente, y que se apoy\u00f3 en tres pilares:<\/strong><\/p>\n

      – la separaci\u00f3n<\/strong>, org\u00e1nica y funcional, de las actividades de administraci\u00f3n de la infraestructura y de explotaci\u00f3n de los servicios de transporte<\/strong>, rompiendo el monopolio de RENFE;<\/p>\n

      – puso en marcha un proceso de liberalizaci\u00f3n progresiva<\/strong> del transporte ferroviario;<\/p>\n

      – cre\u00f3 un \u00f3rgano regulador, el Comit\u00e9 de Regulaci\u00f3n Ferroviaria<\/strong>, al que se encomendaron funciones de supervisi\u00f3n y de resoluci\u00f3n de los conflictos.<\/p>\n

      La nueva Ley se adapta a las numerosas reformas habidas durante estos 12 a\u00f1os e incorpora la Directiva 2012\/34\/UE<\/strong><\/a>.<\/p>\n

      Tiene siete t\u00edtulos:<\/strong><\/p>\n

      T\u00edtulo I. Disposiciones generales.<\/strong> Incluye el objeto, ya visto y los fines de la Ley.<\/p>\n

      T\u00edtulo II. La infraestructura ferroviaria. <\/strong>Establece el r\u00e9gimen de su planificaci\u00f3n, proyecci\u00f3n, \u00a0construcci\u00f3n y administraci\u00f3n. Se define el concepto de Red Ferroviaria de Inter\u00e9s General, sobre la que el Estado ejerce competencias plenas, y se regulan los procedimientos de inclusi\u00f3n y exclusi\u00f3n de infraestructuras en dicha red. Se impone al Ministerio de Fomento la obligaci\u00f3n de aprobar y de publicar una estrategia<\/em><\/strong> indicativa del desarrollo, mantenimiento y renovaci\u00f3n de la infraestructura ferroviaria de competencia estatal, que ha de desarrollarse con un horizonte temporal no inferior a cinco a\u00f1os<\/em><\/strong>. Se publicar\u00e1 antes del\u00a016 de diciembre de\u00a02016.<\/p>\n

      \"T\u00fanel<\/a>

      T\u00fanel de ferrocarril. Singapur. Atribuci\u00f3n: Calvin Teo.<\/p><\/div>\n

      Es de especial inter\u00e9s el Cap\u00edtulo III: Limitaciones a la propiedad:<\/strong><\/p>\n

      – Art\u00edculo\u00a012. Zona de dominio p\u00fablico, zona de protecci\u00f3n y l\u00edmite de edificaci\u00f3n. <\/strong>A los efectos de esta ley, se establecen en las l\u00edneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Inter\u00e9s General, una zona de dominio p\u00fablico, otra de protecci\u00f3n y un l\u00edmite de edificaci\u00f3n. Tanto las referidas zonas como el l\u00edmite de edificaci\u00f3n se regir\u00e1n por lo establecido en esta ley y en sus disposiciones de desarrollo.<\/p>\n

      – Art\u00edculo\u00a013. Zona de dominio p\u00fablico. <\/strong>La forman los terrenos ocupados por las l\u00edneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Inter\u00e9s General y una franja de terreno de ocho metros<\/em><\/strong> a cada lado de la plataforma. Caben excepciones reglamentarias.<\/p>\n

      – Art\u00edculo\u00a014. Zona de protecci\u00f3n. <\/strong>Es una franja de terreno a cada lado de las mismas delimitada, interiormente, por la zona de dominio p\u00fablico definida en el art\u00edculo anterior y, exteriormente, por dos l\u00edneas paralelas situadas a\u00a070 metros<\/em><\/strong> de las aristas exteriores de la explanaci\u00f3n.<\/p>\n

      – Art\u00edculo\u00a015. L\u00edmite de edificaci\u00f3n. <\/strong>A ambos lados de las l\u00edneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Inter\u00e9s General se establece la l\u00ednea l\u00edmite de edificaci\u00f3n, desde la cual hasta la l\u00ednea ferroviaria queda prohibido cualquier tipo de obra de construcci\u00f3n<\/em><\/strong>, reconstrucci\u00f3n o ampliaci\u00f3n, a excepci\u00f3n de las que resultaren imprescindibles para la conservaci\u00f3n y mantenimiento de las edificaciones existentes en el momento de la entrada en vigor de esta ley. No se aplica a t\u00faneles y l\u00edneas soterradas. La l\u00ednea se sit\u00faa se sit\u00faa a cincuenta metros<\/em><\/strong> de la arista exterior m\u00e1s pr\u00f3xima de la plataforma, y a veinte<\/em><\/strong> en zonas urbanas. Caben excepciones.<\/p>\n

      Art\u00edculo\u00a016. Otras limitaciones relativas a las zonas de dominio p\u00fablico y de protecci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n

      – Para cualquier tipo de obras o instalaciones <\/strong>fijas o provisionales, cambiar el destino de las mismas o el tipo de actividad que se puede realizar en ellas y plantar o talar \u00e1rboles, se requerir\u00e1 la previa autorizaci\u00f3n<\/em><\/strong> del administrador de infraestructuras ferroviarias.<\/p>\n

      – En las construcciones e instalaciones ya existentes<\/strong> podr\u00e1n realizarse, exclusivamente, obras de reparaci\u00f3n y mejora, siempre que no supongan aumento de volumen de la construcci\u00f3n y sin que el incremento de valor que aqu\u00e9llas comporten puedan ser tenidas en cuenta a efectos expropiatorios. Tales obras requerir\u00e1n la previa autorizaci\u00f3n<\/em><\/strong> del administrador de infraestructuras ferroviarias, sin perjuicio de los dem\u00e1s permisos.<\/p>\n

      – El planeamiento urban\u00edstico podr\u00e1 calificar con distintos usos, superficies superpuestas<\/em><\/strong>, en la rasante y el subsuelo o el vuelo, con la finalidad de constituir un complejo inmobiliario<\/strong>.<\/p>\n

      Art\u00edculo\u00a017. Expropiaci\u00f3n de bienes. <\/strong>En la zona de protecci\u00f3n hasta la l\u00ednea l\u00edmite de edificaci\u00f3n, el administrador de infraestructuras ferroviarias<\/em><\/strong> podr\u00e1 solicitar al Ministerio de Fomento la expropiaci\u00f3n de bienes que pasar\u00e1n a tener la consideraci\u00f3n de dominio p\u00fablico, entendi\u00e9ndose impl\u00edcita la declaraci\u00f3n de utilidad p\u00fablica, y la necesidad de su ocupaci\u00f3n y la declaraci\u00f3n de urgencia de la misma, siempre que se justifique.<\/p>\n

      La administraci\u00f3n de las infraestructuras ferroviarias. <\/strong>Se trata en el Cap\u00edtulo IV.<\/p>\n

      – Objeto. <\/strong>La administraci\u00f3n de las infraestructuras ferroviarias integradas en la Red Ferroviaria de Inter\u00e9s General tiene por objeto el mantenimiento y la explotaci\u00f3n de aqu\u00e9llas, as\u00ed como tambi\u00e9n la gesti\u00f3n de su sistema de control, de circulaci\u00f3n y de seguridad.<\/p>\n

      – Qui\u00e9nes.<\/strong> La administraci\u00f3n de las infraestructuras ferroviarias y su construcci\u00f3n corresponder\u00e1n, dentro del \u00e1mbito de competencia estatal, a una o varias entidades p\u00fablicas empresariales adscritas al Ministerio de Fomento que tendr\u00e1n personalidad jur\u00eddica propia, plena capacidad de obrar y patrimonio propio y se regir\u00e1n por lo establecido en esta ley, en la Ley\u00a06\/1997, de\u00a014 de abril<\/a>, en sus propios estatutos y en las dem\u00e1s normas que le sean de aplicaci\u00f3n. Actualmente son ADIF y ADIF-Alta Velocidad (D. Ad. 1\u00aa).<\/p>\n

      – R\u00e9gimen tributario<\/strong>. Los administradores generales de infraestructuras quedar\u00e1n sometidos al r\u00e9gimen tributario propio de las entidades p\u00fablicas empresariales, con las particularidades que esta ley prev\u00e9.<\/p>\n

      – Infraestructuras ferroviarias de titularidad privada. <\/strong>\u00a0Se regulan en el Cap\u00edtulo IX, arts 40 y 41.<\/p>\n

      T\u00edtulo III. Instalaciones de servicio y prestaci\u00f3n de servicios a las empresas ferroviarias<\/strong>. Se ampl\u00eda notablemente la relaci\u00f3n de instalaciones reguladas, se previene el acceso no discriminatorio a las mismas de todos los operadores, se clasifican con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 2012\/34\/UE los distintos tipos de servicios y se extiende el r\u00e9gimen de autoprestaci\u00f3n de servicios por las empresas ferroviarias.<\/p>\n

      T\u00edtulo IV. El transporte ferroviario.<\/strong><\/p>\n

      – Se considera un servicio de inter\u00e9s general y esencial para la comunidad que se presta en r\u00e9gimen de libre competencia<\/strong>, sin otras excepciones que las expresamente previstas en la ley por razones de servicio p\u00fablico. Las disposiciones transitorias prev\u00e9n una liberalizaci\u00f3n progresiva.<\/p>\n

      – La ley adapta la regulaci\u00f3n de los derechos de los usuarios<\/strong> a la normativa establecida, con car\u00e1cter uniforme para toda la Uni\u00f3n Europea, en el Reglamento (CE)\u00a01371\/2007<\/a> sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril, y recoge el derecho a una asistencia integral para los afectados por accidentes ferroviarios. Arts. 62 y 63.<\/p>\n

      – Registro Especial Ferroviario. <\/strong>Corresponde a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria el mantenimiento y gesti\u00f3n del Registro Especial Ferroviario, que car\u00e1cter p\u00fablico. La regulaci\u00f3n de su organizaci\u00f3n y funcionamiento se har\u00e1 por Real decreto. En el Registro deber\u00e1n inscribirse, de oficio, los datos relativos a las entidades y las personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas cuya actividad est\u00e9 vinculada al sector ferroviario y requieran para su ejercicio de la pertinente licencia, autorizaci\u00f3n, certificado o habilitaci\u00f3n o bien as\u00ed lo establezca expresamente alg\u00fan precepto legal o reglamentario. Asimismo, en el registro se inscribir\u00e1 el material rodante. Art. 61.<\/p>\n

      T\u00edtulo V. La seguridad ferroviaria. <\/strong>Alcanzan valor de ley disposiciones recogidas anteriormente en normas reglamentarias y se ordenan sistem\u00e1ticamente otras incorporadas mediante el Real Decreto-ley\u00a01\/2014, de\u00a024 de enero. La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria<\/em><\/strong> es configurada como la autoridad nacional responsable de la seguridad ferroviaria. Hay un cap\u00edtulo relativo a la investigaci\u00f3n de accidentes<\/em><\/strong> e incidentes ferroviarios.<\/p>\n

      T\u00edtulo VI. R\u00e9gimen econ\u00f3mico y tributario. <\/strong>Se reestructura el r\u00e9gimen de c\u00e1nones y tasas y tarifas<\/em><\/strong>, suprimi\u00e9ndose la modalidad de canon de acceso. \u00a0Las tasas y los c\u00e1nones ferroviarios se ajustar\u00e1n a lo establecido en la Ley\u00a0General Tributaria, y en la Ley\u00a0de tasas y precios p\u00fablicos.<\/p>\n

      T\u00edtulo VII. R\u00e9gimen sancionador y de inspecci\u00f3n.<\/strong> La regulaci\u00f3n persigue reforzar el principio de legalidad con una tipificaci\u00f3n m\u00e1s precisa y sistem\u00e1tica de las infracciones y una mayor graduaci\u00f3n de las sanciones. Se distribuye la potestad sancionadora<\/em><\/strong> entre la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria para las infracciones que afectan a la seguridad ferroviaria, el Ministerio de Fomento para las que vulneran las reglas del transporte y la Comisi\u00f3n Nacional de los Mercados y la Competencia para corregir el incumplimiento de sus decisiones (La D. F. 1\u00aa modifica al respecto la Ley 3\/2013, de 4 de junio<\/a>, de creaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n Nacional de los Mercados y la Competencia).<\/p>\n

      Entr\u00f3 en vigor el 1 de octubre de 2015<\/strong>.<\/p>\n

      PDF (BOE-A-2015-10440 – 102 p\u00e1gs.<\/abbr> – 2.246 KB<\/abbr>)<\/a>Otros formatos<\/a><\/p>\n

       <\/p>\n<\/a>

      Instrucci\u00f3n sefard\u00edes<\/span><\/h6>\n

      Instrucci\u00f3n de 29 de septiembre de 2015, de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, sobre la aplicaci\u00f3n de la Ley 12\/2015, de 24 de junio, en materia de concesi\u00f3n de la nacionalidad espa\u00f1ola a los sefard\u00edes originarios de Espa\u00f1a.<\/p>\n

      Ir a p\u00e1gina especial.<\/a><\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

      La Ley 12\/2015, de 24 de junio<\/strong><\/a>, en materia de concesi\u00f3n de la nacionalidad espa\u00f1ola a los sefard\u00edes originarios de Espa\u00f1a introduce un nuevo cauce para obtener la nacionalidad espa\u00f1ola<\/strong> entendiendo que concurren las circunstancias excepcionales<\/em><\/strong> a que se refiere el art\u00edculo 21 del C\u00f3digo Civil<\/a> en los sefard\u00edes originarios de Espa\u00f1a que prueben dicha condici\u00f3n y su especial vinculaci\u00f3n con Espa\u00f1a, con independencia de que tengan o no fijada en nuestro pa\u00eds su residencia.<\/p>\n

      Como complemento de lo anterior, se reforma el art\u00edculo 23 del C\u00f3digo Civil<\/a> para evitar<\/strong> que al adquirir la nacionalidad espa\u00f1ola deban renunciar<\/strong> a la previamente ostentada.<\/p>\n

      La Ley dispone un procedimiento<\/strong> enteramente electr\u00f3nico<\/strong>. La tramitaci\u00f3n de la solicitud se inicia mediante la intervenci\u00f3n de notario<\/strong>, quien, tras una valoraci\u00f3n inicial, concertar\u00e1 la comparecencia<\/strong> del interesado y emitir\u00e1 su juicio plasmado en un acta de notoriedad<\/strong> espec\u00edfica para este fin. Finalmente, la resoluci\u00f3n del Director General de los Registros y del Notariado<\/strong>, tras informes complementarios, ser\u00e1 t\u00edtulo suficiente para practicar la inscripci\u00f3n<\/strong> en el Registro Civil correspondiente a su nacimiento.<\/p>\n

      Esta Instrucci\u00f3n<\/strong>, dictada a punto de entrar en vigor la Ley, establece las reglas necesarias<\/strong> para una correcta tramitaci\u00f3n<\/em><\/strong> del procedimiento y trata de despejar las dudas<\/em><\/strong> que pudiera generar la Ley en su aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica.<\/p>\n

      1. Solicitud. <\/strong>Ser\u00e1 electr\u00f3nica en el portal www.justicia.sefardies.notariado.org<\/a>. En espa\u00f1ol. Dar\u00e1 al solicitante un identificador que permitir\u00e1 seguir el estado de la tramitaci\u00f3n de su expediente.<\/p>\n

      2. Personas que pueden acogerse. <\/strong>Precisan dos requisitos: probar la condici\u00f3n de sefard\u00ed originario de Espa\u00f1a del solicitante y demostrar una especial vinculaci\u00f3n con Espa\u00f1a.<\/p>\n

      3. Capacidad.<\/strong><\/p>\n

      – Como regla general<\/strong> la pueden pedir por s\u00ed los mayores de 18 a\u00f1os y los emancipados que acrediten serlo.<\/p>\n

      – Se tiene muy en cuenta el Convenio de La Haya, de 19 de octubre de 1996<\/a>.<\/p>\n

      – Cobra especial importancia la residencia habitual del menor<\/strong> a los efectos de justificar qui\u00e9n ostenta su representaci\u00f3n legal. Han de ser ambos progenitores, salvo que se acredite que s\u00f3lo ejerce uno la patria potestad. En caso de desacuerdo, resoluci\u00f3n judicial.<\/p>\n

      – Los responsables parentales del menor deber\u00e1n acreditar dicha condici\u00f3n<\/strong> y los poderes atribuidos, conforme a la ley del Estado de la residencia habitual del menor, para asistirle si es mayor de 14 a\u00f1os, o efectuar la solicitud en su nombre en el caso de que sea menor de dicha edad.<\/p>\n