Cooperaci\u00f3n jur\u00eddica internacional en materia civil\u00a0<\/strong>\u00a0^<\/strong><\/a><\/p>\n<\/a> Ley 29\/2015, de 30 de julio, de cooperaci\u00f3n jur\u00eddica internacional en materia civil.<\/p>\n Esta Ley regula la cooperaci\u00f3n jur\u00eddica internacional entre las autoridades espa\u00f1olas y extranjeras en materia civil y mercantil<\/strong>. Su plasmaci\u00f3n en un texto estaba pendiente desde la promulgaci\u00f3n de la Ley Org\u00e1nica del Poder Judicial en el a\u00f1o\u00a01985.<\/p>\n El concepto <\/strong>de cooperaci\u00f3n jur\u00eddica internacional se utiliza de forma muy amplia en esta ley<\/strong>, lo que permite incluir materias que, en sentido estricto, son ajenas al concepto indicado y que tradicionalmente se han regulado en otros cuerpos normativos, como la LEC o la LOPJ: la litispendencia y la conexidad internacionales, el reconocimiento y ejecuci\u00f3n de sentencias o la informaci\u00f3n y prueba del Derecho extranjero.<\/p>\n<\/a> Materia civil y mercantil, incluyendo la responsabilidad civil derivada de delito y los contratos de trabajo.<\/p>\n<\/a> a) Las normas de la Uni\u00f3n Europea y los tratados internacionales en los que Espa\u00f1a sea parte.<\/p>\n b) Las normas especiales del Derecho interno.<\/p>\n c) Subsidiariamente<\/strong>, por la presente ley.<\/p>\n El vigente r\u00e9gimen com\u00fan interno<\/strong> de la cooperaci\u00f3n jur\u00eddica internacional viene dado por las previsiones del art\u00edculo\u00a0177 LEC<\/a> (que ahora se desarrollan), por los art\u00edculos\u00a0276 a\u00a0278 LOPJ<\/a> y por el Reglamento\u00a01\/2005 CGPJ<\/a>, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales (art\u00edculos\u00a074 al\u00a080). La presente ley integra y detalla, con las adaptaciones precisas, la indicada normativa.<\/p>\n Son de aplicaci\u00f3n preferente normas sectoriales <\/strong>como las incluidas en las siguientes: Ley\u00a0Concursal, Ley\u00a054\/2007, de\u00a028 de diciembre, de Adopci\u00f3n Internacional, Ley\u00a0del Registro Civil, \u00a0Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, Ley de Arbitraje o Ley de Jurisdicci\u00f3n Voluntaria. D. Ad. 1\u00aa<\/p>\n La propia D. Ad. 1\u00aa<\/a> tambi\u00e9n considera especiales a las normas de la Ley y Reglamento Hipotecarios, C\u00f3digo de Comercio, Reglamento del Registro Mercantil, reguladoras de la inscripci\u00f3n de documentos extranjeros. Sin embargo, hace un a\u00f1adido que no aparece en las dem\u00e1s normas: en cuanto sean compatibles con lo dispuesto en esta ley<\/em><\/strong>.<\/p>\n<\/a> – cooperaci\u00f3n, atendiendo a los intereses de los ciudadanos<\/em><\/strong>, aunque no haya en principio reciprocidad,<\/p>\n – comunicaciones judiciales directas<\/em><\/strong> entre \u00f3rganos jurisdiccionales nacionales y extranjeros sin intermediaci\u00f3n alguna<\/p>\n – Subsidiariedad<\/em><\/strong> respecto otras fuentes y supletoriedad cuando las haya.<\/p>\n<\/a> \u00c1mbito de aplicaci\u00f3n del t\u00edtulo: <\/strong><\/p>\n – <\/strong>actos de cooperaci\u00f3n jur\u00eddica internacional, en particular a los actos de comunicaci\u00f3n y traslado de documentos judiciales y extrajudiciales, tales como notificaciones, citaciones y requerimientos<\/strong>,<\/p>\n – comisiones rogatorias<\/strong> para actos relativos a la obtenci\u00f3n y pr\u00e1ctica de pruebas<\/strong>.<\/p>\n<\/a> Es el Mi<\/em><\/strong>nisterio de Justicia<\/em><\/strong>, con las funciones del art. 8<\/a>. Entre ellas se encuentran las de verificar la adecuaci\u00f3n de las solicitudes y garantizar su tramitaci\u00f3n; prestar auxilio a las autoridades judiciales competentes o proporcionar informaci\u00f3n sobre Derecho espa\u00f1ol<\/p>\n<\/a> Las solicitudes de cooperaci\u00f3n podr\u00e1n ir por las siguientes v\u00edas (siempre que estuvieran previstas en el ordenamiento jur\u00eddico de ambos Estados):<\/p>\n a) Por la v\u00eda consular<\/em><\/strong> o diplom\u00e1tica.<\/p>\n b) A trav\u00e9s de las respectivas autoridades centrales<\/em><\/strong>.<\/p>\n c) Directamente<\/strong> entre los \u00f3rganos jurisdiccionales<\/em><\/strong>.<\/p>\n d) Por conducto notarial<\/em><\/strong>, si ello es compatible con la naturaleza del acto de cooperaci\u00f3n.<\/p>\n Tramitaci\u00f3n de las solicitudes. <\/strong><\/p>\n – El art 10 determina sus requisitos<\/strong>, que comprobar\u00e1 la autoridad central.<\/p>\n – El art. 11 se refiere al idioma<\/strong>, remitiendo, en cuanto a la traducci\u00f3n al art. 144 LEC<\/a>.<\/p>\n – Los arts. 12 \u00a0y 13 dan apuntes sobre el procedimiento<\/strong>.<\/p>\n – El art. 14 regula los motivos de denegaci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n C\u00f3nsules<\/strong>.\u00a0 Es posible ejecuci\u00f3n de diligencias procesales<\/em><\/strong> ordenadas por autoridades judiciales espa\u00f1olas por funcionarios diplom\u00e1ticos y consulares espa\u00f1oles, siempre que no impliquen coacci\u00f3n, la ley espa\u00f1ola no requiera de modo inexcusable la presencia de autoridad judicial, hayan de realizarse en la demarcaci\u00f3n consular y a ello no se oponga la legislaci\u00f3n del Estado receptor.<\/p>\n<\/a> – Se aplica la regulaci\u00f3n a los requisitos especiales aplicables a los actos de notificaci\u00f3n y traslado de documentos judiciales<\/strong> que deban ser remitidos desde Espa\u00f1a a un Estado extranjero o desde un Estado extranjero a Espa\u00f1a, sin perjuicio de las diversas v\u00edas de comunicaci\u00f3n del art\u00edculo\u00a09.<\/p>\n – Los \u00f3rganos jurisdiccionales espa\u00f1oles<\/strong> podr\u00e1n acudir a<\/strong> la autoridad central espa\u00f1ola (Ministerio de Justicia), o dirigirse directamente a la autoridad competente del Estado requerido o, incluso usar el correo postal certificado con acuse de recibo, o equivalente, si no se opone la legislaci\u00f3n del Estado de destino.<\/p>\n – Para los \u00f3rganos jurisdiccionales extranjeros<\/strong> que quieran comunicar en Espa\u00f1a, se admiten los mismos medios y, de modo expreso, el correo certificado con acuse de recibo o equivalente.<\/p>\n – La fecha<\/strong> de notificaci\u00f3n o traslado ser\u00e1 la de efectiva realizaci\u00f3n conforme con el Derecho interno del Estado requerido o del lugar de la notificaci\u00f3n y traslado.<\/p>\n – Los documentos deber\u00e1n acompa\u00f1arse de una traducci\u00f3n<\/strong> a la lengua oficial del Estado de destino o a una lengua que el destinatario entienda. Si la comunicaci\u00f3n proviene de autoridades extranjeras y se dirige a un destinatario en Espa\u00f1a, los documentos deber\u00e1n ir acompa\u00f1ados de una traducci\u00f3n al espa\u00f1ol, lengua auton\u00f3mica o a una lengua que el destinatario entienda.<\/p>\n – Si el <\/strong>demandado no comparece<\/strong>, se suspender\u00e1 el procedimiento mientras no se acredite que el documento ha sido regularmente notificado. Transcurridos seis meses<\/strong> desde la fecha de env\u00edo del documento, la autoridad competente proveer\u00e1 a instancia de parte interesada aun cuando no haya podido certificar que la notificaci\u00f3n ha tenido lugar.<\/p>\n – Podr\u00e1 pedirse al Estado requerido un certificado<\/strong> de que se ha realizado la \u00a0diligencia y la forma en que se ha llevado a cabo.<\/p>\n – Los emplazamientos, citaciones, requerimientos y cualesquiera otros actos de comunicaci\u00f3n judicial dirigidos a Estados extranjeros<\/strong> se realizar\u00e1n por v\u00eda diplom\u00e1tica a trav\u00e9s del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci\u00f3n. Estas actuaciones no se regulan por la presente Ley.<\/p>\n<\/a> – Los documentos autorizados o expedidos por notario<\/strong>, autoridad o funcionario competente podr\u00e1n ser objeto de traslado o notificaci\u00f3n aplicando las reglas vistas sobre notificaciones judiciales<\/strong> que le sean aplicables atendiendo a su especial naturaleza.<\/p>\n – Los documentos extrajudiciales podr\u00e1n ser remitidos a notario, autoridad o funcionario p\u00fablico a trav\u00e9s de<\/strong> la autoridad central (Ministerio de Justicia) o de forma directa.<\/p>\n – Se indica la informaci\u00f3n m\u00ednima de la solicitud<\/strong> (datos del documento, del destinatario, la pretensi\u00f3n notificada y consecuencias, en su caso, de su incumplimiento y plazo, en su caso.<\/p>\n Pruebas. <\/strong>Arts. 29 al 32.<\/p>\n – <\/strong>Estos arts se aplican a la pr\u00e1ctica y obtenci\u00f3n de pruebas en el extranjero<\/strong> para que surtan efecto en un procedimiento judicial en Espa\u00f1a, o en Espa\u00f1a<\/strong> para que surtan efecto en un proceso extranjero.<\/p>\n – El art. 30 especifica el contenido de la solicitud<\/strong>, desarrollando el 31 c\u00f3mo han de describirse las diligencias de obtenci\u00f3n de prueba.<\/p>\n – Y el 32 trata de la pr\u00e1ctica en Espa\u00f1a de la prueba solicitada por una autoridad extranjera<\/strong>. Ha de respetar nuestras garant\u00edas y practicarse conforme a la normativa procesal espa\u00f1ola.<\/p>\n<\/a> – Hay remisi\u00f3n<\/strong> a las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil y dem\u00e1s disposiciones aplicables en la materia.<\/p>\n Esta regulaci\u00f3n es s\u00f3lo\u00a0supletoria<\/strong> en\u00a0registros, pues se considera legislaci\u00f3n especial a la Ley Hipotecaria y a su Reglamento por la D. Ad. 1\u00aa letra f)<\/a>. Ver R. 15 de febrero de 2016.<\/a><\/strong><\/p>\n Recordemos que el art. 36.2 del Reglamento Hipotecario<\/a> dispone\u00a0 que \u201cla observancia de las formas y solemnidades extranjeras y la aptitud y capacidad legal necesarias para el acto podr\u00e1n acreditarse, entre otros medios, mediante aseveraci\u00f3n o informe de un Notario o C\u00f3nsul espa\u00f1ol o de Diplom\u00e1tico, C\u00f3nsul o funcionario competente del pa\u00eds de la legislaci\u00f3n que sea aplicable. Por los mismos medios podr\u00e1 acreditarse la capacidad civil de los extranjeros que otorguen en territorio espa\u00f1ol documentos inscribibles. El Registrador podr\u00e1, bajo su responsabilidad, prescindir de dichos medios si conociere suficientemente la legislaci\u00f3n extranjera de que se trate, haci\u00e9ndolo as\u00ed constar en el asiento correspondiente.\u201d Ver, de todos modos, la nueva posibilidad<\/strong> prevista en el art. 35<\/a> sobre solicitud e informaci\u00f3n.<\/p>\n – La valoraci\u00f3n<\/strong> de esa prueba por los \u00f3rganos jurisdiccionales espa\u00f1oles, para acreditar el contenido y vigencia del Derecho extranjero, se har\u00e1 seg\u00fan las reglas de la sana cr\u00edtica, sin que ning\u00fan informe o dictamen les vincule.<\/p>\n – Excepcionalmente, si no ha sido posible<\/strong> acreditarlo, podr\u00e1 aplicarse el<\/strong> Derecho espa\u00f1ol<\/strong>, en evitaci\u00f3n as\u00ed de una denegaci\u00f3n de justicia.<\/p>\n<\/a> – Es una regulaci\u00f3n subsidiaria<\/strong>, en defecto de norma convencional o europea o tratado y no garantiza la respuesta<\/p>\n – Peticionaros:<\/strong> los \u00f3rganos judiciales<\/em><\/strong>, y los notarios y registradores<\/em><\/strong><\/p>\n – Destinatario:<\/strong> oficio a la autoridad central espa\u00f1ola (Ministerio de Justicia)<\/p>\n – La autoridad central har\u00e1 llegar las solicitudes a las autoridades competentes del Estado requerido.<\/p>\n – Cuando se solicite un elemento probatorio que suponga un coste<\/strong>, el mismo ser\u00e1 a cargo de la parte solicitante. En este caso podr\u00e1 ser solicitada provisi\u00f3n de fondos.<\/p>\n – Para solicitudes de informaci\u00f3n sobre Derecho espa\u00f1ol<\/strong> se aplican unas reglas parecidas, pudiendo contestar directamente la autoridad central espa\u00f1ola o transmitirla a otros organismos p\u00fablicos o privados. Si hay coste, ser\u00e1 a cargo de la autoridad requirente, pudiendo solicitarse provisi\u00f3n de fondos.<\/p>\n<\/a> – Una consecuencia directa de la existencia de procesos paralelos<\/strong> en distintos Estados es la posibilidad de que se dicten resoluciones contradictorias<\/em><\/strong>.<\/p>\n – Afronta la materia el nuevo Reglamento (UE) n.\u00ba\u00a01215\/2012<\/a>, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecuci\u00f3n de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. Lo dispuesto en esta ley se aplicar\u00e1 a terceros pa\u00edses y en lo que no entre en contradicci\u00f3n con el Reglamento.<\/p>\n – El art. 39 regula la excepci\u00f3n de litispendencia<\/strong>, que es potestativa y se aceptar\u00e1 atendiendo fundamentalmente a si el \u00f3rgano extranjero est\u00e1 conociendo en virtud de un foro razonable<\/strong>, a si la resoluci\u00f3n es susceptible de reconocimiento<\/strong> en Espa\u00f1a y a un concepto ambiguo, que trata de aclarar el Reglamento, si la suspensi\u00f3n del procedimiento abierto en Espa\u00f1a es necesaria en aras de la buena administraci\u00f3n de justicia<\/strong>.<\/p>\n – El art 40 regula las demandas conexas<\/strong>, es decir, las vinculadas entre s\u00ed por una relaci\u00f3n tan estrecha que ser\u00eda oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones inconciliables.<\/p>\n<\/a> – Las resoluciones judiciales extranjeras pueden ser reconocidas y ejecutadas. Los documentos p\u00fablicos extranjeros, s\u00f3lo ejecutados.<\/p>\n – Se reconocer\u00e1n en Espa\u00f1a las resoluciones extranjeras que cumplan con los requisitos <\/strong>previstos en las disposiciones de este t\u00edtulo (arts. 41 y ss).<\/p>\n – <\/strong>En ning\u00fan caso la resoluci\u00f3n extranjera podr\u00e1 ser objeto de una revisi\u00f3n en cuanto al fondo<\/strong>, pero cabe reconocimiento \u00a0parcial<\/strong> para uno o varios de sus pronunciamientos.<\/p>\n – \u00c1mbito:<\/strong> las resoluciones firmes reca\u00eddas en un procedimiento contencioso<\/em><\/strong> y las definitivas adoptadas en el marco de un procedimiento de jurisdicci\u00f3n voluntaria<\/em><\/strong>. Incluye las dictadas en procedimientos derivados de acciones colectivas<\/em><\/strong>, con mayores exigencias para reconocer la competencia del juez que las dict\u00f3. No las medidas cautelares y provisionales, salvo excepciones.<\/p>\n – Se denomina exequ\u00e1tur<\/strong> al procedimiento para declarar a t\u00edtulo principal el reconocimiento de una resoluci\u00f3n judicial extranjera y, en su caso, para autorizar su ejecuci\u00f3n. Tambi\u00e9n se utilizar\u00e1 para declarar que una resoluci\u00f3n extranjera no es susceptible de reconocimiento en Espa\u00f1a, por las causas del art. 46<\/a>.<\/p>\n – Como regla principal de competencia, se determina que el juez competente<\/strong> es el de Primera Instancia del domicilio de la parte frente a la que se solicita el reconocimiento o ejecuci\u00f3n, o de la persona a quien se refieren los efectos de la resoluci\u00f3n judicial extranjera. Puede plantearse tambi\u00e9n como cuesti\u00f3n incidental<\/em><\/strong>, pero con efectos s\u00f3lo para ese proceso.<\/p>\n – Se regula el proceso<\/strong> en el art. 54 y los recursos<\/strong> en el 55.<\/p>\n – Las causas de denegaci\u00f3n<\/strong> (art. 46<\/a>) son muy importantes tambi\u00e9n para la actuaci\u00f3n previa del Registrador como veremos. Las recogemos:<\/p>\n a) Cuando fueran contrarias al orden p\u00fablico<\/strong>.<\/p>\n b) Cuando la resoluci\u00f3n se hubiera dictado con manifiesta infracci\u00f3n de los derechos de defensa<\/strong> de cualquiera de las partes. Si la resoluci\u00f3n se hubiera dictado en rebeld\u00eda<\/strong>, se entiende que concurre una manifiesta infracci\u00f3n de los derechos de defensa si no se entreg\u00f3 al demandado c\u00e9dula de emplazamiento o documento equivalente de forma regular y con tiempo suficiente para que pudiera defenderse.<\/p>\n c) Cuando la resoluci\u00f3n extranjera se hubiere pronunciado sobre una materia respecto a la cual fueren exclusivamente competentes los \u00f3rganos jurisdiccionales espa\u00f1oles<\/strong> o, respecto a las dem\u00e1s materias, si la competencia del juez de origen no obedeciere a una conexi\u00f3n razonable<\/strong>. Se presumir\u00e1 la existencia de una conexi\u00f3n razonable con el litigio cuando el \u00f3rgano jurisdiccional extranjero hubiere basado su competencia judicial internacional en criterios similares a los previstos en la legislaci\u00f3n espa\u00f1ola.<\/p>\n d) Cuando la resoluci\u00f3n fuera inconciliable con una resoluci\u00f3n dictada en Espa\u00f1a<\/strong>.<\/p>\n e) Cuando la resoluci\u00f3n fuera inconciliable con una resoluci\u00f3n dictada con anterioridad en otro Estado<\/strong>, cuando esta \u00faltima resoluci\u00f3n reuniera las condiciones necesarias para su reconocimiento en Espa\u00f1a.<\/p>\n f) Cuando existiera un litigio pendiente en Espa\u00f1a<\/strong> entre las mismas partes y con el mismo objeto, iniciado con anterioridad al proceso en el extranjero.<\/p>\n – En virtud del reconocimiento la resoluci\u00f3n extranjera podr\u00e1 producir en Espa\u00f1a los mismos efectos<\/strong> que en el Estado de origen.<\/p>\n – Si una resoluci\u00f3n contiene una medida que es desconocida<\/strong> en el ordenamiento jur\u00eddico espa\u00f1ol, se adaptar\u00e1 a una medida conocida que tenga efectos equivalentes.<\/p>\n<\/a>Preliminares<\/span><\/h6>\n
\u00c1mbito objetivo.<\/strong> <\/span><\/h6>\n
Fuentes.<\/strong><\/span><\/h6>\n
Principios aplicables:<\/strong><\/span><\/h6>\n
T\u00edtulo I. R\u00e9gimen general<\/strong><\/span><\/h6>\n
Autoridad central espa\u00f1ola.<\/strong><\/span><\/h6>\n
V\u00edas de tramitaci\u00f3n.<\/strong> <\/span><\/h6>\n
Notificaciones judiciales. <\/strong>Arts. 20 al 27.<\/span><\/h6>\n
Notificaciones extrajudiciales. <\/strong>Art. 28.<\/span><\/h6>\n
Prueba del Derecho extranjero. <\/strong>Art. 33.<\/span><\/h6>\n
Informaci\u00f3n del derecho extranjero. <\/strong>Art. 34<\/span><\/h6>\n
Litispendencia internacional<\/strong>. Arts 37 al 40<\/a>.<\/span><\/h6>\n
Reconocimiento de resoluciones judiciales.<\/strong> Arts. 41 y ss<\/a>.<\/span><\/h6>\n
Ejecuci\u00f3n<\/strong> de resoluciones judiciales<\/strong><\/span><\/h6>\n