{"id":91414,"date":"2022-03-01T18:08:09","date_gmt":"2022-03-01T17:08:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/?p=91414"},"modified":"2022-03-01T18:39:46","modified_gmt":"2022-03-01T17:39:46","slug":"el-caso-castor-o-como-enterrar-en-el-fondo-del-mar-1400-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/participa\/noticias\/el-caso-castor-o-como-enterrar-en-el-fondo-del-mar-1400-millones\/","title":{"rendered":"El caso Castor o c\u00f3mo enterrar en el fondo del mar 1400 millones"},"content":{"rendered":"

EL CASO CASTOR O C\u00d3MO ENTERRAR EN EL FONDO DEL MAR MIL CUATROCIENTOS MILLONES<\/strong><\/span><\/h1>\n

\u00c1LVARO MART\u00cdN MART\u00cdN, REGISTRADOR<\/h2>\n

 <\/p>\n

El B.O.E. del 25 de febrero de 2022 publica la Ley 2\/2022, de 24 de febrero, de medidas financieras de apoyo social y econ\u00f3mico y de cumplimiento de la ejecuci\u00f3n de sentencias<\/em> cuyo art\u00edculo 2, dice, en lo que aqu\u00ed interesa:<\/p>\n

Art\u00edculo 2. Concesi\u00f3n de una ampliaci\u00f3n de cr\u00e9dito destinada al Ministerio de Hacienda y Funci\u00f3n P\u00fablica.<\/em><\/strong><\/p>\n

1. La ejecuci\u00f3n de la sentencia del Tribunal Supremo 1404\/2020, de responsabilidad patrimonial del Estado legislador<\/strong>, se llevar\u00e1 a cabo por el Ministerio de Hacienda y Funci\u00f3n P\u00fablica, atribuy\u00e9ndose la competencia para su ejecuci\u00f3n y la autorizaci\u00f3n para la aprobaci\u00f3n del correspondiente expediente de gasto a la persona titular de la Subsecretar\u00eda de Hacienda y Funci\u00f3n P\u00fablica.<\/em><\/p>\n

2. Al objeto de proceder al pago de la ejecuci\u00f3n de la citada sentencia, se concede una ampliaci\u00f3n de cr\u00e9dito por importe de 638.000.000 de euros<\/strong> en la aplicaci\u00f3n presupuestaria 15.01. 923 M.471 \u00abPara pago ejecuci\u00f3n Sentencia del Tribunal Supremo de 20\/11\/2013 y otras sentencias de responsabilidad patrimonial del Estado legislador\u00bb, que tiene car\u00e1cter de ampliable.<\/em><\/p>\n

3. Esta ampliaci\u00f3n de cr\u00e9dito se financiar\u00e1 con cargo a deuda p\u00fablica<\/strong>, de conformidad con lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 46 de la Ley 6\/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el a\u00f1o 2018.<\/em><\/p>\n

\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..<\/em><\/p>\n

Que haya que aprobar una Ley para ejecutar una sentencia llama la atenci\u00f3n, obviamente. Se explica muy bien en sus fundamentos jur\u00eddicos y en los de su antecedente obligado, que es la STC. 152\/2017.<\/p>\n

\u00a0Lo fundamental es que el Estado tiene que pagar a tres bancos, en distinta proporci\u00f3n, la friolera de 1.350.729.000 euros,<\/strong> m\u00e1s intereses legales y por eso hay que ampliar cr\u00e9dito con cargo a la deuda p\u00fablica.<\/p>\n

\u00bfPor qu\u00e9?<\/p>\n

LA CONCESI\u00d3N DE CASTOR<\/strong><\/span><\/h2>\n

Tras una larga tramitaci\u00f3n administrativa que se remonta a 1996 y, se supone, con los informes t\u00e9cnicos y de seguridad m\u00e1s que contrastados, en 2008 se otorga a ESCAL, mediante el Real Decreto 855\/2008, de 16 de mayo<\/a>. la concesi\u00f3n para la construcci\u00f3n, desarrollo y explotaci\u00f3n de un almacenamiento b\u00e1sico de gas natural, 21 kil\u00f3metros mar adentro, entre Castell\u00f3n y Tarragona, ocupando m\u00e1s de 6.500 hect\u00e1reas. Entre otras condiciones se prev\u00e9 en el decreto que, en caso de renuncia por la concesionaria, las instalaciones revertir\u00e1n al Estado, pero con la especialidad, respecto del r\u00e9gimen ordinario de la Ley de Hidrocarburos, de que tambi\u00e9n en caso de renuncia se compensar\u00e1 a la empresa concesionaria por el valor neto contable de las instalaciones afectas al almacenamiento subterr\u00e1neo siempre que estas contin\u00faen operativas.<\/p>\n

En esas condiciones se construyeron las instalaciones, lo que ocup\u00f3 cuatro a\u00f1os, pero cuando, en 2012, se inyecta la primera fase del gas comienzan a notarse en la costa m\u00e1s pr\u00f3xima movimientos s\u00edsmicos cada vez m\u00e1s frecuentes e intensos, lo que genera una notable alarma social. El nerviosismo de la poblaci\u00f3n obliga a actuar al Gobierno y, al final, se suspende temporalmente el almacenamiento.<\/p>\n

Al mantenerse la suspensi\u00f3n porque no se pod\u00eda \u00abemitir una conclusi\u00f3n definitiva sobre las eventuales consecuencias de una vuelta a la operaci\u00f3n\u00bb, en 2014, ESCAL ejerce su derecho de renuncia anticipada de la concesi\u00f3n, solicitando que, de acuerdo con lo que preve\u00eda el pliego de condiciones, se le compensara por la inversi\u00f3n efectuada, cuantificando la indemnizaci\u00f3n procedente en 1.350.729.000 euros.<\/p>\n

REAL DECRETO LEY 13\/2014<\/strong><\/span><\/h2>\n

El Gobierno acuerda por decreto ley hibernar las instalaciones, extinguir la concesi\u00f3n, con lo que revierten al Estado y que ENAGAS, asuma la administraci\u00f3n de las instalaciones y el pago a ESCAL de la compensaci\u00f3n solicitada de una sola vez y plazo m\u00e1ximo de 35 d\u00edas, lo que fue cumplido. ENAGAS ser\u00eda resarcida con cargo a la facturaci\u00f3n por peajes de acceso y c\u00e1nones del sistema gasista durante 30 a\u00f1os, pudiendo ceder dicho derecho en la forma que tuviera por conveniente sin requerirse autorizaci\u00f3n administrativa ni m\u00e1s formalidad que hacerlo por escrito con comunicaci\u00f3n al pagador, que era la Comisi\u00f3n Nacional de los Mercados y la Competencia.<\/p>\n

CESI\u00d3N DEL DERECHO DE COBRO<\/strong><\/span><\/h2>\n

ENAGAS cede a tres bancos el derecho de cobro el mismo d\u00eda que entra en vigor el decreto ley por el nominal del cr\u00e9dito que recibe \u00edntegro, excluyendo expresamente en la escritura toda responsabilidad en caso de impago por la CNMC, cualquiera que fuera su causa.<\/p>\n

SENTENCIA CONSTITUCIONAL<\/span><\/h2>\n

El 21 de diciembre de 2017<\/strong> el Tribunal Constitucional declara (Sentencia 152\/2017 (B.O.E. 17 de enero de 2018)<\/strong>, cuyo ponente fue Don Juan Antonio Xiol Rios) parcialmente inconstitucional el decreto ley de 2014.<\/p>\n

El F.D. 3 de la sentencia concept\u00faa el decreto ley sometido a su consideraci\u00f3n como una ley singular, y, dentro de las leyes singulares, la sit\u00faa entre las leyes autoaplicativas, que se definen, seg\u00fan la jurisprudencia constitucional que cita, como \u201clas que contienen una actividad, t\u00edpicamente ejecutiva, de aplicaci\u00f3n de la norma al caso concreto<\/em>\u201d o tambi\u00e9n como \u201caquellas que no requieren del dictado de un acto administrativo de aplicaci\u00f3n\u201d, por lo que los interesados \u201cs\u00f3lo pueden solicitar del Juez el planteamiento de la correspondiente cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional<\/em>\u201d.<\/p>\n

A partir de dicha conceptuaci\u00f3n, el Tribunal resuelve:<\/p>\n

-que se justifica el decreto ley en cuanto acuerda la hibernaci\u00f3n de la instalaci\u00f3n, por tratarse de una figura no prevista en la regulaci\u00f3n general de estas instalaciones.<\/p>\n

– que tambi\u00e9n se justifica en cuanto regula la extinci\u00f3n de la concesi\u00f3n de una forma que no estar\u00eda amparada por las previsiones ordinarias, es decir, no se trata de una simple renuncia, imponiendo determinadas obligaciones al nuevo administrador de las instalaciones, lo que est\u00e1 directamente relacionado con la hibernaci\u00f3n.<\/p>\n

– por el contrario, dice la sentencia, no parecen justificada la utilizaci\u00f3n del decreto ley respecto de la compensaci\u00f3n a la concesionaria renunciante por la mercantil a la que se asigna la administraci\u00f3n de las instalaciones y el reconocimiento, en favor de esta, de unos concretos derechos de cobro frente al sistema gasista: \u201cNada se dice sobre la necesidad de abonar la suma de 1.350.729 miles de euros en ese plazo de 35 d\u00edas h\u00e1biles a contar desde la entrada en vigor del Decreto-ley. En particular, no se explica qu\u00e9 funci\u00f3n cumpla ese plazo en relaci\u00f3n con el presupuesto habilitante de la norma de urgencia: la necesidad de garantizar la seguridad de personas, bienes y el medio ambiente en el entorno de la instalaci\u00f3n\u201d <\/em>(F.D. 6 b).<\/p>\n

IMPAGO<\/strong><\/span><\/h2>\n

Como los art\u00edculos del decreto ley que fundamentaban la existencia del cr\u00e9dito cedido por ENAGAS a los bancos, hab\u00edan sido anulados por la sentencia constitucional, la CNMC dej\u00f3 de pagarles la compensaci\u00f3n acordada y, adem\u00e1s, reclam\u00f3 y obtuvo de ellos la devoluci\u00f3n de lo que hab\u00edan percibido hasta ese momento.<\/p>\n

DEMANDA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR ACTO LEGISLATIVO<\/strong><\/span><\/h2>\n

No pudiendo reclamar nada a ENAGAS, dados los t\u00e9rminos del contrato de cesi\u00f3n, los bancos consideran que es el Estado el que debe hacer frente a las consecuencias de haber dictado un decreto ley sin observar las exigencias constitucionales devolvi\u00e9ndoles las cantidades que cada uno hab\u00eda entregado a cambio de la cesi\u00f3n de derechos.<\/p>\n

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO<\/strong><\/span><\/h2>\n

La Sentencia n\u00fam. 1404\/2020 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Secci\u00f3n Quinta de 27 de octubre de 2020, ECLI:ES:TS:2020:3324<\/strong>, cuyo ponente fue Don Wenceslao Francisco Olea Godoy, da la raz\u00f3n a los bancos.<\/p>\n

Aunque reconoce que no concurre en el caso el requisito previsto en el art\u00edculo 32<\/a> de la Ley de R\u00e9gimen Jur\u00eddico del Sector P\u00fablico, se\u00f1ala que esto es consecuencia de las circunstancias concurrentes.<\/p>\n

Dicho art\u00edculo dice, en lo que aqu\u00ed interesa:<\/p>\n

\u201c 3. Asimismo, los particulares tendr\u00e1n derecho a ser indemnizados<\/strong> por las Administraciones P\u00fablicas de toda lesi\u00f3n que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicaci\u00f3n de actos legislativos <\/strong>de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jur\u00eddico de soportar cuando as\u00ed se establezca en los propios actos legislativos y en los t\u00e9rminos que en ellos se especifiquen.<\/p>\n

La responsabilidad del Estado legislador podr\u00e1 surgir tambi\u00e9n<\/strong> en los siguientes supuestos, siempre que concurran los requisitos previstos en los apartados anteriores:<\/p>\n

a) Cuando los da\u00f1os deriven de la aplicaci\u00f3n de una norma con rango de ley declarada inconstitucional<\/strong>, siempre que concurran los requisitos del apartado 4.<\/p>\n

b) Cuando los da\u00f1os deriven de la aplicaci\u00f3n de una norma contraria al Derecho de la Uni\u00f3n Europea, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5.<\/p>\n

Si la lesi\u00f3n es consecuencia de la aplicaci\u00f3n de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, proceder\u00e1 su indemnizaci\u00f3n cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuaci\u00f3n administrativa que ocasion\u00f3 el da\u00f1o, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada\u201d<\/strong>.<\/p>\n

La ley parte aqu\u00ed del supuesto usual que voy a explicar con un ejemplo<\/strong>. Supongamos que un contribuyente a quien se ha notificado una liquidaci\u00f3n de la plusval\u00eda municipal girada por aplicaci\u00f3n del Real Decreto-ley 26\/2021, de 8 de noviembre considera que dicha norma es inconstitucional por regular materia impositiva mediante ese instrumento. En ese caso el art\u00edculo trascrito de la Ley del Sector P\u00fablico le obliga a impugnar la liquidaci\u00f3n por la v\u00eda judicial ordinaria, invocando la inconstitucionalidad. Solo cuando recaiga una sentencia firme desestimatoria y, adem\u00e1s, el Tribunal Constitucional anule dicho Decreto ley, podr\u00e1 solicitar indemnizaci\u00f3n.<\/p>\n

\u00a0Pero, en el caso de CASTOR, el decreto ley parcialmente inconstitucional no solo no perjudicaba a los bancos, sino que constitu\u00eda precisamente el fundamento de su derecho, por lo que no cab\u00eda en este caso exigirles, como requisito concurrente con la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad, el de que lo hubieran impugnado infructuosamente.<\/p>\n

Como se ve, todo es especial en este caso. La sentencia fundamenta la responsabilidad estatal en que el decreto ley es<\/strong>, como dice la sentencia constitucional, una norma singular de car\u00e1cter autoaplicativo<\/strong> que se aplica directamente sin actividad administrativa intermedia que pudiera ser impugnada en caso de resultar perjuicio para alguien. En definitiva, dice el T.S., que \u201ccuando el da\u00f1o sea imputable a una norma con rango de ley autoaplicativa, es de imposible cumplimiento la exigencia de su previa impugnaci\u00f3n y obtenci\u00f3n de sentencia desestimatoria, en cuyo proceso debiera invocarse previamente la inconstitucionalidad, como exige el art\u00edculo 32.4\u00ba\u201d<\/em>.<\/p>\n

\u00a0El T.S. incluye la reflexi\u00f3n de que podr\u00eda no haberse originado el problema de haberse seguido el procedimiento ordinario y hubiera habido una actuaci\u00f3n administrativa intermedia, dice en ese sentido el FD. S\u00c9PTIMO: \u201c\u2026Porque, de existir actividad administrativa interpuesta entre la norma y el reconocimiento concreto del derecho, la firmeza de dicha actuaci\u00f3n purgar\u00eda los efectos de la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad, a salvo de que esa actividad administrativa fuera revisada de oficio, que comporta l\u00edmites significativos y permitir\u00eda a los interesados salvaguardar sus derechos. Nada de eso es posible en el caso de la ley autoaplicativa.<\/em><\/p>\n

Es decir, si seguimos tomando el ejemplo de autos, ninguna de estas dificultades que examinamos se habr\u00eda producido de haberse aplicado la ley con una concreta actividad administrativa. Si el derecho de cobro, en vez de haber sido establecido directamente en la ley, lo hubiera sido por concretos actos administrativos y estos, con toda evidencia, hubieran adquirido firmeza, la ulterior declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad no habr\u00eda tenido m\u00e1s efectos que los que hubiera fijado, de manera expresa, la propia sentencia del Tribunal Constitucional, sin que sea necesario examinar ahora la jurisprudencia establecida por el Alto Tribunal en orden a la incidencia de sus declaraciones de inconstitucionalidad sobre situaciones que han causado estado<\/em>.\u201d<\/p>\n

Tienen tambi\u00e9n inter\u00e9s las consideraciones que hace la sentencia del Tribunal Supremo en el F.D. CUARTO sobre la evoluci\u00f3n de la legislaci\u00f3n sobre responsabilidad patrimonial de los poderes p\u00fablicos<\/strong> y sobre la necesidad de moderar las muy restrictivas previsiones de la Ley del Sector P\u00fablico respecto de la derivada de la actividad legislativa, para no incurrir en inconstitucionalidad a que se refiere el en el F.D. QUINTO.<\/p>\n

Como reflexi\u00f3n final, creo que estaba claro, desde que empezaron a sucederse los temblores de tierra enfrente de donde se estaban empezando a llenar los enormes dep\u00f3sitos de gas de CASTOR que la presi\u00f3n popular, medi\u00e1tica y pol\u00edtica no iba a permitir que siguiera la operaci\u00f3n sin unas garant\u00edas que, al parecer, nadie pod\u00eda dar ni hab\u00eda previsto que fueran necesarias cuando se aprob\u00f3 la obra, pese a lo prolongado de los estudios previos que se hab\u00edan iniciado en 1996 en que se concede el primer permiso de investigaci\u00f3n de hidrocarburos en la zona.<\/p>\n

Semejante desprop\u00f3sito se intent\u00f3 paliar, mediante el Real Decreto-ley 13\/2014, con cargo a los usuarios del gas, v\u00eda tarifas y peajes. Aquello fracas\u00f3 por la sentencia constitucional. Ahora, de acuerdo a la del Tribunal Supremo lo pagaremos todos, usuarios o no, v\u00eda deuda p\u00fablica. Porque lo que recibimos a cambio, las obras ejecutadas que han revertido al Estado, dudo mucho que puedan servir para algo.<\/p>\n

28 de febrero de 2022<\/p>\n

\u00c1lvaro Jos\u00e9 Mart\u00edn Mart\u00edn<\/p>\n

Registro Mercantil de Murcia<\/p>\n

ENLACES:<\/span><\/h2>\n