<\/p>\n
<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 El caso, calificaci\u00f3n y recurso.-<\/strong><\/p>\n En una refinanciaci\u00f3n de deuda bancaria de una sociedad inmobiliaria, se suspenden varias causas de vencimiento anticipado<\/strong> y la inscripci\u00f3n de [toda] la hipoteca por faltar el consentimiento para la inscripci\u00f3n parcial sin las cl\u00e1usulas de vencimiento anticipado suspendidas.<\/p>\n El recurrente, objeta primero,<\/strong> que el registrador se ha extralimitado<\/strong> al usar conceptos jur\u00eddicos indeterminados<\/strong>; y segundo,<\/strong> que las estipulaciones y pactos cuestionados son v\u00e1lidos<\/strong> e inscribibles. Estas cuestiones ya fueron resueltas por las resoluciones de 3, 6 y 9 de octubre<\/a><\/span><\/strong>.<\/p>\n Adem\u00e1s, en las estipulaciones 4 y 8.11 se pacta la libre redistribuci\u00f3n de la participaci\u00f3n en la hipoteca\/responsabilidad hipotecaria<\/strong> mediante simple certificaci\u00f3n bancaria<\/strong> en los casos de renuncia de cualquiera de los acreditantes de sus derechos sobre la hipoteca, o de pago, condonaci\u00f3n o extinci\u00f3n de cualquiera de las obligaciones garantizadas, o de ejecuci\u00f3n parcial de la hipoteca. El registrador rechaza su inscripci\u00f3n mediante documento privado aunque sea con firmas legitimadas, por contraria al art. 3 LH<\/a>. La DGRN revoca el defecto.<\/p>\n Facultad de redistribuci\u00f3n de participaciones de titularidad hipotecaria.-<\/strong><\/p>\n La DGRN limita la discusi\u00f3n a la facultad de \u00abredistribuci\u00f3n de las participaciones en la titularidad de la hipoteca\u00bb de la cl\u00e1usula cuarta, y no a la facultad recogida en la octava, en la que lo previsto para el caso de ejecuci\u00f3n parcial de la hipoteca por acuerdo conjunto de los acreditantes es la facultad de \u00abdistribuir la responsabilidad hipotecaria globalmente se\u00f1alada en la cl\u00e1usula 4 de la presente escritura […] con sus propios criterios, siempre y cuando se realice respetando el l\u00edmite de la responsabilidad hipotecaria m\u00e1xima se\u00f1alado en tal cl\u00e1usula\u00bb, porque en los fundamentos de la calificaci\u00f3n (apartado cuarto) s\u00f3lo se opone la falta de t\u00edtulo<\/strong> adecuado para su reflejo registral en relaci\u00f3n con el pacto de libre distribuci\u00f3n de la participaci\u00f3n en la hipoteca y, por tanto, a este pacto y no a otro debe ce\u00f1irse la resoluci\u00f3n<\/strong>, faltando la fundamentaci\u00f3n de la suspensi\u00f3n en relaci\u00f3n con el pacto de distribuci\u00f3n de responsabilidad hipotecaria en caso de ejecuci\u00f3n parcial.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Esa facultad entra\u00f1a una simple concreci\u00f3n aritm\u00e9tica.-<\/strong><\/p>\n Analizada la facultad<\/strong> de redistribuci\u00f3n en la hipoteca flotante del art. 153 bis LH<\/a>, se considera que no es negocial ni requiere nuevo consentimiento<\/strong>, pues ni hay novaci\u00f3n contractual, ni afectaci\u00f3n a la titularidad y contenido de las facultades jur\u00eddico-reales de los acreedores hipotecarios que sea fruto de una nueva relaci\u00f3n contractual, sino la constataci\u00f3n del resultado o efecto directo de la propia naturaleza jur\u00eddica de la hipoteca flotante <\/strong>en los t\u00e9rminos en que inicialmente fue constituida.<\/p>\n Se trata por tanto de una mera certificaci\u00f3n con objeto de reflejar o constatar un hecho (el c\u00e1lculo aritm\u00e9tico se\u00f1alado), que encuentra amparo (1) <\/strong>en la facultad certificante de saldos deudores que a las entidades financieras del art. 2 Ley 2\/1981, reconoce en materia de hipotecas de m\u00e1ximo el art.153 LH; (2) en la posibilidad de atribuir mediante pacto a dichas entidades la facultad de fijar la cantidad exigible en caso de ejecuci\u00f3n en funci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n efectuada por la entidad financiera acreedora en la forma convenida por las partes en la escritura; (3) en la posibilidad de hacer constar en el Registro el cumplimiento de las condiciones suspensivas; (4) o el nacimiento de las obligaciones futuras garantizadas por hipotecas de seguridad.<\/p>\n Tampoco se puede olvidar la facultad certificante de saldos deudores que se reconoce a los acreedores de cr\u00e9ditos anteriores y preferentes al del ejecutado respecto de su subsistencia y cuant\u00eda que prev\u00e9 el art. 657 LEC<\/a> (\u00abInformaci\u00f3n de cargas extinguidas o aminoradas\u00bb), o el r\u00e9gimen de distribuci\u00f3n de responsabilidad hipotecaria del art. 216 RH<\/a><\/strong>. Por tanto, el defecto, en los t\u00e9rminos en que se ha formulado, debe ser revocado. (CB)<\/p>\n PDF (BOE-A-2014-12511 – 73\u00a0p\u00e1gs.\u00a0– 1.318\u00a0KB)<\/a>\u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n \u00a0<\/strong><\/p>\n Se reitera la doctrina de la Direcci\u00f3n General<\/strong> seg\u00fan la cual las anotaciones preventivas prorrogadas con anterioridad a la entrada en vigor de la redacci\u00f3n del art. 86 de LH<\/a> por la LEC, ley 1\/2000, quedan sometidas a pr\u00f3rroga indefinida art.199.2 RH<\/a>, de manera que no cabe su cancelaci\u00f3n por caducidad<\/strong>, sin perjuicio de que una vez transcurridos seis meses desde la resoluci\u00f3n judicial firme en el proceso en que la anotaci\u00f3n preventiva y su pr\u00f3rroga fueron decretadas, se pueda solicitar su cancelaci\u00f3n.<\/p>\n Por ello, no podr\u00e1 practicarse la cancelaci\u00f3n mientras no se acredite, mediante testimonio de resoluci\u00f3n firme, que dicho procedimiento ejecutivo ha concluido o se aporte el correspondiente mandamiento de cancelaci\u00f3n<\/strong> (arts 83 LH<\/a> y 173, 174<\/a> y 207 RH<\/a>). En este caso se aporta una certificaci\u00f3n del secretario judicial que hace constar que en los autos del juicio ejecutivo se dict\u00f3 sentencia firme en el a\u00f1o 1985, pero sin especificar el contenido de la misma; pero se da la circunstancia de que la prorroga fue decretada y practicada con posterioridad a dicha sentencia.<\/em><\/p>\n Entiende el Centro que la Sentencia no implica finalizaci\u00f3n del procedimiento ya que conforme al art. 1473 LEC vigente en ese momento estas sentencias pod\u00edan contener uno de los tres fallos siguientes: bien seguir la ejecuci\u00f3n adelante, expresando la cantidad que deb\u00eda ser pagada al acreedor; bien no haber lugar a pronunciar sentencia de remate; o bien declarar la nulidad de todo el juicio o parte de \u00e9l, reponiendo en su caso los autos al estado que tuvieran cuando se cometi\u00f3 la falta. En este caso la existencia de la pr\u00f3rroga posterior indica que con la sentencia devenida firme no concluy\u00f3 el procedimiento. Adem\u00e1s el plazo de seis meses exigido para este tipo de cancelaci\u00f3n ha de computarse<\/strong> no desde la fecha de la resoluci\u00f3n que pone fin al procedimiento de ejecuci\u00f3n sino desde que dicha resoluci\u00f3n haya ganado firmeza<\/strong>, circunstancia que tampoco consta. Todo ello nos lleva a la conclusi\u00f3n de que es necesaria la aportaci\u00f3n del testimonio de la resoluci\u00f3n firme por la que pretendidamente se puso fin al procedimiento para ver su contenido. (MN)<\/p>\n PDF (BOE-A-2014-12512 – 5\u00a0p\u00e1gs.\u00a0– 164\u00a0KB)<\/a>\u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n <\/p>\n Hechos:<\/strong> Se suspende el dep\u00f3sito de cuentas del ejercicio 2013 por estar cerrado el registro<\/strong> por falta del dep\u00f3sito de las cuentas de 2012.<\/p>\n El interesado recurre<\/strong> alegando que las cuentas de 2012 fueron presentadas telem\u00e1ticamente.<\/p>\n Del informe de la registradora resulta que las cuentas de 2012 fueron calificadas con defectos y notificada la calificaci\u00f3n negativa\u2026, habi\u00e9ndose cancelado<\/strong> el asiento de presentaci\u00f3n, por caducidad.<\/p>\n Doctrina:<\/strong> La DG confirma el acuerdo de calificaci\u00f3n<\/strong> resaltando que \u201cno puede efectuarse el dep\u00f3sito de las cuentas anuales de una sociedad, cuando su hoja registral se encuentra cerrada por falta de dep\u00f3sito de las relativas al ejercicio anterior\u201d.<\/p>\n Para la DG el hecho de que tanto la Ley como el RRM \u201cutilicen la expresi\u00f3n \u00abno se inscribir\u00e1 ning\u00fan documento\u00bb, no permite entender que exima de tal prohibici\u00f3n a los \u00abasientos de dep\u00f3sito\u00bb, sino m\u00e1s bien que el t\u00e9rmino inscripci\u00f3n<\/strong> se emplea en su sentido amplio<\/strong>, equivalente a todo asiento registral<\/strong>\u201d.<\/p>\n Comentario:<\/strong> Para la DG s\u00f3lo quedan exceptuados<\/strong> del cierre por falta de dep\u00f3sito de cuentas los t\u00edtulos expresamente mencionados en el art\u00edculo 282 LSC y 378 del RRM. Como consecuencia de ello cabr\u00eda plantear<\/strong> si el cierre afecta tambi\u00e9n a la legalizaci\u00f3n de los libros contables de la sociedad<\/strong> pues el art\u00edculo 336 del RRM dice que \u201cpracticada\u2026 la legalizaci\u00f3n, se tomar\u00e1 raz\u00f3n de esta circunstancia en el libro de legalizaciones<\/strong>\u201d. Parece que si inscripci\u00f3n se toma en sentido amplio, esa constancia en el libro de legalizaciones debe ser tambi\u00e9n un asiento registral. Sin embargo\u00a0 no creemos que el sea aplicable el cierre a la legalizaci\u00f3n de libros contables o de otra clase de las sociedades pues, cuando se refiere al dep\u00f3sito, el RRM(cfr.368.2) habla de que se practicar\u00e1 el correspondiente asiento<\/strong> en el Libro dep\u00f3sito de cuentas y en la hoja abierta a la sociedad y en cambio<\/strong> cuando de libros se trata se dice simplemente que la legalizaci\u00f3n se har\u00e1 por diligencia y sello<\/strong>tomando raz\u00f3n de esta circunstancia en el Libro de legalizaciones, con lo que parece indicar que lo trascendente en la legalizaci\u00f3n es la diligencia y sello<\/strong> y que esa toma de raz\u00f3n es una mera referencia a que se ha legalizado un libro de un determinado comerciante.(JAGV)<\/p>\n PDF (BOE-A-2014-12513 – 3\u00a0p\u00e1gs.\u00a0– 150\u00a0KB)<\/a>\u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n \u00a0<\/strong><\/p>\n Hechos<\/strong>: Consta inscrita una hipoteca en garant\u00eda de una obligaci\u00f3n al portador, cuya fecha inicial es 1990 y\u00a0 plazo\u00a0 de duraci\u00f3n de un a\u00f1o, pero\u00a0 prorrogable hasta un total de diez a voluntad del tenedor. El actual titular de la finca solicita la cancelaci\u00f3n por caducidad.<\/p>\n El registrador<\/strong> suspende la inscripci\u00f3n pues considera que no se ha producido tal caducidad de la hipoteca ya que no han pasado los 20 a\u00f1os (m\u00e1s 1 adicional) si se considera la posible pr\u00f3rroga.<\/p>\n El interesado<\/strong> recurre y alega que no se ha producido tal pr\u00f3rroga y que de haberse producido no le es oponible al actual titular pues no se hizo constar en el Registro, por lo que el plazo de caducidad debe de computarse teniendo en cuenta s\u00f3lo 1 a\u00f1o y en tal caso ha trascurrido el tiempo necesario para la cancelaci\u00f3n por caducidad.<\/p>\n La DGRN<\/strong> desestima el recurso se\u00f1alando que para que pueda cancelarse por caducidad las hipotecas tiene que resultar claramente del Registro el vencimiento de la obligaci\u00f3n y el transcurso del plazo exigible, y que en este caso no es as\u00ed, ya que existe un plazo m\u00e1ximo de duraci\u00f3n de 10 a\u00f1os a voluntad del acreedor y por tanto sin necesidad de nuevo acuerdo de pr\u00f3rroga (que sea necesario inscribir para que sea oponible al actual titular).<\/p>\n Comentario:<\/strong> En resumen, que, a estos efectos, hay que computar el plazo m\u00e1ximo de 10 a\u00f1os como vencimiento de la obligaci\u00f3n (a\u00f1o 2000) y por ello\u00a0 no ha transcurrido el plazo necesario para su cancelaci\u00f3n por caducidad (21 a\u00f1os). La otra alternativa para la cancelaci\u00f3n es la ordinaria: consentimiento del acreedor o resoluci\u00f3n judicial que aprecie lo alegado por el solicitante. (AFS)<\/p>\n PDF (BOE-A-2014-12514 – 4\u00a0p\u00e1gs.\u00a0– 154\u00a0KB)<\/a>\u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n \u00a0<\/strong><\/p>\n Hechos: <\/strong>Una sociedad an\u00f3nima en junta universal y por unanimidad<\/strong> se escinde en dos sociedades limitadas nuevas <\/strong>cuyas participaciones son atribuidas proporcionalmente<\/strong> a los socios de aqu\u00e9lla. La sociedad escindida reduce su capital en la parte proporcional. Ni se aprueba, ni se inserta balance en la escritura y un acreedor se opone a la escisi\u00f3n.<\/p>\n La registradora suspende<\/strong> la inscripci\u00f3n, entre otros motivos que no son recurridos, por los siguientes:<\/p>\n 1\u00ba. El balance <\/strong>que sirve de base a la escisi\u00f3n no puede ser anterior en m\u00e1s de 6 meses a la fecha del proyecto de escisi\u00f3n. Art. 36.1 y 73 LME.<\/p>\n 2\u00ba. No habi\u00e9ndose justificado que el acreedor no tiene derecho a oponerse por estar suficientemente garantizado su cr\u00e9dito, la escisi\u00f3n no puede llevarse a efecto hasta que la sociedad preste garant\u00eda a satisfacci\u00f3n del acreedor,<\/strong> o en otro caso, hasta que se notifique la prestaci\u00f3n de fianza solidaria en favor de la sociedad en la forma que exige el art\u00edculo 44.3 LME.<\/p>\n 3\u00ba. No se especifica que el balance de escisi\u00f3n haya sido aprobado<\/strong> y en qu\u00e9 fecha por la Junta.<\/p>\n El notario <\/strong>recurre: Se funda en el art\u00edculo 78 bis de la LMESM<\/strong> que no considera preciso la aportaci\u00f3n del balance de escisi\u00f3n y el n\u00famero 3, de la Sexta Directiva 82\/891\/CEE y de la Directiva 2009\/109\/CE que la modifica, de donde resulta que la oposici\u00f3n de los acreedores no impide la escisi\u00f3n, pues se limita a exigir garant\u00edas a favor de los acreedores.<\/p>\n Doctrina:<\/strong> La DG, agrupando en uno los defectos 1\u00ba y 3, revoca el acuerdo<\/strong> de calificaci\u00f3n en su totalidad.<\/p>\n Para revocar los defectos referidos al balance hace una interpretaci\u00f3n literal del art\u00edculo 78 bis<\/strong> de la Ley 3\/2009 bas\u00e1ndose en que \u201cla inexistencia de patrimonio preexistente de las nuevas sociedades que se crean\u201d hace que ninguna de ellas pueda tener acreedores que \u201cpuedan afectar a los acreedores de la sociedad escindida\u201d. Y, a\u00f1ade que \u201chabida cuenta de la responsabilidad solidaria de las sociedades beneficiarias por las deudas de la escindida y la de \u00e9sta en el caso de escisi\u00f3n parcial, se considera por el legislador que en tal caso puede prescindirse del balance en tanto en cuanto no queda comprometida la solvencia de las sociedades de nueva creaci\u00f3n frente a los acreedores de la sociedad escindida, caracter\u00edstica que es apreciable tanto en el caso de pluralidad de sociedades beneficiarias de nueva creaci\u00f3n como en el de una sola sociedad beneficiaria constituida a tal efecto\u201d.<\/p>\n En cuanto al segundo defecto lo revoca igualmente utilizando los argumentos de su reciente resoluci\u00f3n de 15 de octubre de 2014, resumida y comentada bajo el n\u00famero 396 de este a\u00f1o.<\/p>\n Comentario:<\/strong> Respetando plenamente los argumentos de la DG, pues aparte de ajustarse estrictamente al texto legal, se incardinan en la actual tendencia de simplificaci\u00f3n<\/strong> de las\u00a0 modificaciones estructurales, no podemos compartirlos,<\/strong> en lo relativo a la no necesidad de balance de la sociedad escindida, limitando nuestra discrepancia al supuesto concreto contemplado en la resoluci\u00f3n.<\/p>\n Exist\u00eda en el caso contemplado en la resoluci\u00f3n, una reducci\u00f3n de capital <\/strong>de la sociedad escindida y una nueva constituci\u00f3n de dos sociedades<\/strong> las cuales deber\u00edan contar con el capital procedente. Pues bien no entiendo c\u00f3mo se pueden constituir dos sociedades asignando a cada una de ellas un capital determinado sin que se tenga a la vista, no s\u00f3lo por el notario o registrador calificante, sino por los propios administradores de la sociedad escindida y por los propios socios que deban adoptar el acuerdo, un balance de la sociedad que se escinde<\/strong>. Si el patrimonio neto<\/strong> de la escindida fuera negativo, se dar\u00eda la paradoja de asistir al nacimiento de sociedades sin capital positivo que podr\u00edan estar aquejadas de una de las escasas causas de nulidad de la sociedad (cfr. Art. 56 g. de la LSC).<\/p>\n Pero es m\u00e1s, en la escindida se produce una reducci\u00f3n de capital<\/strong>, reducci\u00f3n que carece<\/strong> de publicidad espec\u00edfica pues se da en el seno de una operaci\u00f3n de modificaci\u00f3n estructural, y carece<\/strong> tambi\u00e9n de informe del auditor, pues aunque la sociedad lo tuviera nombrado al no ser necesario balance tampoco se podr\u00eda solicitar ni calificar el informe de auditor\u00eda, y por tanto esa reducci\u00f3n de capital se da sin una protecci\u00f3n adecuada a favor de los acreedores de la sociedad. <\/strong>\u00a0Y si bien es cierto que, como apunta el CD, seg\u00fan el art\u00edculo 80 de la Ley 3\/2009 \u201cde las obligaciones asumidas por una sociedad beneficiaria que resulten incumplidas responder\u00e1n solidariamente las dem\u00e1s sociedades beneficiarias hasta el importe del activo neto atribuido en la escisi\u00f3n a cada una de ellas y, si subsistiera, la propia sociedad escindida por la totalidad de la obligaci\u00f3n\u201d en lo relativo a los acreedores de la escindida<\/strong> su \u00fanica protecci\u00f3n<\/strong> estar\u00eda en el art\u00edculo 44 de la Ley<\/strong>, el cual, seg\u00fan su \u00faltima reforma y la interpretaci\u00f3n que de la misma hace la propia DG, contradicha por alg\u00fan sector doctrinal, limita esa protecci\u00f3n<\/strong> a la posibilidad de solicitar una nota marginal y acudir en \u00faltimo t\u00e9rmino a los tribunales.<\/p>\n Por ello estimamos que es parad\u00f3jico<\/strong> que se rodee la constituci\u00f3n de sociedades de capital y la reducci\u00f3n de su capital de tutelas varias (certificados, expertos, balances, informes de auditores, etc) y sin embargo se permita la constituci\u00f3n de sociedades limitadas<\/strong>, que no an\u00f3nimas, sin ninguna garant\u00eda acerca de la realidad de su capital social. Y tambi\u00e9n es parad\u00f3jico<\/strong> que para el aumento de capital por reservas en las limitadas se exija balance y auditor, que para la reducci\u00f3n de capital por p\u00e9rdidas en estas mismas sociedades tambi\u00e9n se exija balance y auditor y que para la constituci\u00f3n de una sociedad limitada, con un capital asignado por los socios sin respaldo alguno, y para una reducci\u00f3n de capital de una an\u00f3nima, tambi\u00e9n si apoyo alguno, no se exija al menos el balance de la escindida a los efectos de poder calificar si dicho balance es al menos congruente con las operaciones llevadas a cabo<\/strong>.<\/p>\n En definitiva al igual que el CD ha interpretado el art. 78 bis, cuando de an\u00f3nimas se trata, en el sentido de que lo que no puede exigirse es el informe del experto sobre el tipo de canje<\/strong> pero que siempre va a ser necesario un informe de experto sobre la aportaciones no dinerarias que conforman el capital de la sociedad, abogamos porque en estas operaciones siempre exista un balance que sirva de base a toda la operaci\u00f3n.<\/strong> Y con ello no se le priva de utilidad al precepto pues ese balance no ser\u00e1 necesario cuando se trate de sociedades beneficiarias \u00edntegramente participadas por la escindida, o con sus mismos socios, y no exista<\/strong> ni reducci\u00f3n de capital en la que se escinde ni aumento en las beneficiarias. Por todo ello, sin perjuicio de mejor opini\u00f3n, entiendo que toda escisi\u00f3n, se tome el acuerdo como se tome, sea o no en junta universal, se atribuyan las participaciones de forma proporcional a los socios o no, siempre que exista reducci\u00f3n de capital y aumento correlativo o constituci\u00f3n de sociedades beneficiarias, s<\/strong>er\u00e1 preciso un balance<\/strong> sobre la base del cual se tome el acuerdo pues debe tenerse en cuenta que el balance, aparte de su funci\u00f3n informativa, como ha destacado la DG, cumple tambi\u00e9n una estricta funci\u00f3n econ\u00f3mica y contable.<\/strong><\/p>\n Incluso la propia DG en uno de sus fundamentos de derecho dice de forma literal que \u201csi bien es cierto que el balance de escisi\u00f3n tiene un alcance informativo<\/strong>, en cuanto sirve para permitir que los socios y los dem\u00e1s interesados a los que se refiere la Ley conozcan la situaci\u00f3n econ\u00f3mica de las sociedades que participan en la fusi\u00f3n (vid. R. 22 de Marzo de 2002<\/a>), no lo es menos que cumple una finalidad adicional en cuanto sirve de base a las condiciones en que se propone a las personas interesadas llevar a cabo la escisi\u00f3n<\/strong> (art\u00edculos 25.1 y 73.1de la Ley 3\/2009), les proporciona informaci\u00f3n sobre tales circunstancias a fin de que ejerciten sus derechos con el mayor grado de conocimiento posible y, en su caso, para que ejerciten las acciones resarcitorias que el ordenamiento les reconoce (art\u00edculo 47 de la Ley 3\/2009 y R. 10 de abril de 2014<\/a>)\u201d. A la vista de este fundamento resulta m\u00e1s incomprensible todav\u00eda la interpretaci\u00f3n que la DG hace del art\u00edculo 78 bis, art\u00edculo que al no haber sido convenientemente meditado y coordinado con el resto de la normativa aplicable a las sociedades, no ha hecho desde su entrada en vigor otra cosa que crear problemas en lugar de simplificar las operaciones que pretend\u00eda.<\/p>\n Finalmente indiquemos que en el recurso, por parte del notario recurrente, se pretend\u00eda que se notificara a determinados registros de la propiedad la existencia del recurso a efectos de extensi\u00f3n de la anotaci\u00f3n preventiva del Art. 49.2<\/a> de la LH. Con buen sentido la DG no accede a ello \u201cpor cuanto la pr\u00e1ctica de dicho asiento en el Registro particular de la finca debe solicitarse por el presentante del documento acompa\u00f1ando la documentaci\u00f3n precisa en la oficina competente como resulta de los art\u00edculos 42<\/a>, 65<\/a> y 243<\/a>, entre otros, de la Ley Hipotecaria (JAGV)<\/p>\n PDF (BOE-A-2014-12515 – 8\u00a0p\u00e1gs.\u00a0– 185\u00a0KB)<\/a>\u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n <\/p>\n Recurso id\u00e9ntico al anterior y sobre la misma escritura<\/strong>, aunque interpuesto el recurso por uno de los administradores de la sociedad. Adem\u00e1s en este se recurre un defecto no recurrido por el notario y que hac\u00eda referencia a que en \u201clos estatutos de las sociedades beneficiarias no consta la provincia del domicilio social<\/strong> que es indispensable para determinar la competencia del Registro Mercantil. Art. 17 RRM.<\/p>\n El recurrente dice que el t\u00e9rmino municipal se\u00f1alado es \u201cun top\u00f3nimo \u00fanico<\/strong> en el territorio nacional\u201d.<\/p>\n La DG tambi\u00e9n revoca el defecto<\/strong> pues el art\u00edculo 23.c de la Ley de Sociedades de Capital, exige la expresi\u00f3n del domicilio siendo s\u00f3lo necesario que se concrete el espec\u00edfico t\u00e9rmino municipal<\/strong> en el que se encuentre (art\u00edculo 38.2.4\u00ba del Reglamento del Registro Mercantil y Resoluci\u00f3n de 11 de octubre de 1993).<\/p>\n Concluye la DG diciendo que \u201cno existiendo obligaci\u00f3n legal de se\u00f1alar la provincia donde se encuentra el domicilio social de la sociedad constituida no puede exigirse su se\u00f1alamiento siendo suficiente, a los efectos de calificaci\u00f3n e inscripci\u00f3n, la concreci\u00f3n del domicilio social por determinaci\u00f3n del t\u00e9rmino municipal a que pertenece\u201d.<\/p>\n Comentario:<\/strong> En el \u00fanico defecto nuevo<\/strong> estudiado por el CD en esta resoluci\u00f3n nos parece totalmente correcta su postura, pues la exigencia de la constancia de la provincia del domicilio social,\u00a0 estando claro el municipio y no existiendo posibilidad de confusi\u00f3n con otro, es redundante la exigencia\u00a0 de la constancia de la provincia.(JAGV)<\/p>\n PDF (BOE-A-2014-12516 – 8\u00a0p\u00e1gs.\u00a0– 188\u00a0KB)<\/a>\u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n <\/p>\n PDF (BOE-A-2014-12668 – 4\u00a0p\u00e1gs.\u00a0– 156\u00a0KB)<\/a>\u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n \u00a0<\/strong><\/p>\n Hechos:<\/strong> Se pretende la inscripci\u00f3n de una sentencia de divorcio en la que se adjudican una vivienda y un garaje a uno de los c\u00f3nyuges. Dichos bienes hab\u00edan sido adquiridos antes de casarse, por mitad, siendo su r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial el de separaci\u00f3n de bienes regulado en la Comunidad Valenciana. No consta que la vivienda sea la habitual del matrimonio.<\/p>\n El registrador<\/strong>, y tambi\u00e9n el registrador sustituto, aplicando la doctrina de la DGRN, consideran que es necesaria escritura p\u00fablica, pues los bienes no forman parte de ninguna sociedad conyugal y tampoco se acredita que se trate de la vivienda habitual del matrimonio.<\/p>\n La recurrente<\/strong> alega que, junto con la demanda de divorcio se present\u00f3 una demanda acumulada de divisi\u00f3n de la cosa com\u00fan, posibilidad permitida actualmente por el art\u00edculo 438.3.4 de la LEC. Cita tambi\u00e9n una Resoluci\u00f3n de la DGRN de 1 de Julio de 2014<\/a> que ya admite esta posibilidad. A\u00f1ade adem\u00e1s que la vivienda es la habitual, pues as\u00ed consta en la demanda y lo acredita en el recurso.<\/p>\n La DGRN<\/strong> estima el recurso en base a lo dispuesto por el art\u00edculo 438.3.4 de la LEC<\/a> despu\u00e9s de la reforma introducida por la Ley de Mediaci\u00f3n 5\/2012<\/a>, pues al haberse ejercitado las dos acciones judiciales acumuladas (de divorcio y divisi\u00f3n de la cosa com\u00fan) el documento judicial es suficiente. Respecto del car\u00e1cter de vivienda habitual del matrimonio, para\u00a0 la vivienda, no lo considera acreditado en el momento de la calificaci\u00f3n. (AFS)<\/p>\n PDF (BOE-A-2014-12669 – 5\u00a0p\u00e1gs.\u00a0– 162\u00a0KB)<\/a>\u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n \u00a0\u00a0<\/strong><\/p>\n PDF (BOE-A-2014-12670 – 8\u00a0p\u00e1gs.\u00a0– 205\u00a0KB)<\/a>\u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n \u00a0<\/strong><\/p>\n PDF (BOE-A-2014-12671 – 3\u00a0p\u00e1gs.\u00a0– 147\u00a0KB)<\/a>\u00a0Otros formatos<\/a><\/p>\n <\/p>\n La DG reitera su ya consolidada doctrina de que \u201ces necesaria la demanda y requerimiento de pago al tercer poseedor de los bienes hipotecados que haya acreditado al acreedor la adquisici\u00f3n de sus bienes, entendiendo la Ley Hipotecaria que lo han acreditado quienes hayan inscrito su derecho con anterioridad a la nota marginal de expedici\u00f3n de certificaci\u00f3n de cargas. (MN)<\/p>\n PDF (BOE-A-2014-12939 – 8\u00a0p\u00e1gs.\u00a0– 191\u00a0KB)<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0 Otros formatos<\/a><\/p>\n <\/p>\n Hechos:<\/strong> Se presenta a inscripci\u00f3n una Resoluci\u00f3n Administrativa en virtud de la cual se incorpora al patrimonio del Estado una finca r\u00fastica que fue objeto de concentraci\u00f3n parcelaria en su momento, y que figura como de titular desconocido, habiendo transcurrido los cinco a\u00f1os previsto en el art\u00edculo 205 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario<\/a>.<\/p>\n Dicha finca figuraba en el Catastro desde 1999 como de titularidad de un particular, habiendo el Catastro recientemente modificado la titularidad catastral a favor del Estado y modificado tambi\u00e9n la superficie.<\/p>\n Se ha tramitado un expediente administrativo del que resulta, seg\u00fan la Administraci\u00f3n, que no hay poseedor de dicha finca, pues est\u00e1 abandonada.<\/p>\n El registrador<\/strong> suspende la inscripci\u00f3n y alega dos defectos:<\/p>\n 1\u00ba.- Considera que S\u00cd hay poseedor, que es el titular catastral anterior, y que es de aplicaci\u00f3n lo dispuesto en el art\u00edculo 17.4 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones P\u00fablicas<\/a>.<\/p>\n 2\u00ba.- No es posible modificar la superficie sin dar cumplimiento a lo dispuesto en el art\u00edculo\u00a0 238 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario.<\/a><\/p>\n La Administraci\u00f3n del Estado<\/strong> recurre el primer defecto y alega que el expediente administrativo se ha tramitado correctamente y que no puede deducirse que haya una poseedor de la parcela por el hecho de que fuera titular catastral, ya que el Catastro es un registro administrativo sin presunci\u00f3n de titularidad jur\u00eddica y de posesi\u00f3n; adem\u00e1s tal titular catastral nunca solicit\u00f3 del Catastro su titularidad ni ha alegado nada en este expediente.<\/p>\n La DGRN<\/strong> revoca la calificaci\u00f3n pues considera que la apreciaci\u00f3n de si hay o no poseedor es competencia de la Administraci\u00f3n, que ha hecho esa valoraci\u00f3n, por lo que se ha cumplido el tr\u00e1mite. El registrador no es competente para hacer una valoraci\u00f3n diferente de la Administraci\u00f3n sobre la situaci\u00f3n posesoria sino que s\u00f3lo puede calificar si se ha realizado el tr\u00e1mite. Considera por tanto que se ha cumplido lo dispuesto en la disposici\u00f3n adicional segunda<\/a> del Real Decreto 1373\/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General del Patrimonio de las Administraciones P\u00fablicas, aplicable al presente caso.\u00a0 (AFS)<\/p>\n PDF (BOE-A-2014-12940 – 6\u00a0p\u00e1gs.\u00a0– 171\u00a0KB)<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0 Otros formatos<\/a><\/p>\n <\/p>\n\n
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