{"id":96572,"date":"2022-07-14T19:01:20","date_gmt":"2022-07-14T17:01:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/?p=96572"},"modified":"2022-11-03T22:05:10","modified_gmt":"2022-11-03T21:05:10","slug":"la-desaparicion-del-acuerdo-extrajudicial-de-pagos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/secciones\/oficina-notarial\/otros-temas\/la-desaparicion-del-acuerdo-extrajudicial-de-pagos\/","title":{"rendered":"La desaparici\u00f3n del acuerdo extrajudicial de pagos."},"content":{"rendered":"

LA DESAPARICI\u00d3N -POR FIN- DEL ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE PAGOS<\/span> <\/strong><\/h1>\n

(algunas cuestiones preocupantes de derecho transitorio)<\/strong><\/h2>\n

Ricardo Cabanas Trejo, Notario de Fuenlabrada<\/h2>\n

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RESUMEN:<\/strong> <\/span><\/h2>\n

La pr\u00f3xima entrada en vigor de la reforma concursal supondr\u00e1 la desaparici\u00f3n del expediente del Acuerdo Extrajudicial de Pagos, tambi\u00e9n en su modalidad notarial para la persona natural que no fuera empresaria<\/em>. Esta supresi\u00f3n plantea delicadas cuestiones de derecho transitorio, en particular por la necesidad de contar con una fecha de inicio anterior a la entrada en vigor de la reforma, que puede obligar a una r\u00e1pida actuaci\u00f3n antes de esa fecha por parte de los notarios que todav\u00eda tengan expedientes a la espera de formalizaci\u00f3n.<\/em> \u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n

No s\u00e9 si en el momento de aparecer estas l\u00edneas la reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal -TRLC-, dedicada a transponer la Directiva (UE) 2019\/1023, de 20 de junio<\/a>, sobre marcos de reestructuraci\u00f3n preventiva, exoneraci\u00f3n de deudas e inhabilitaciones, ya estar\u00e1 en el BOE. Mi intenci\u00f3n, cuando lo haga, es publicar un an\u00e1lisis de las cuestiones de dicha reforma que presentan un mayor inter\u00e9s notarial. No obstante, hay una en concreto que me parece de la m\u00e1xima relevancia, pero tiene fecha de caducidad, por cuanto su inter\u00e9s se desvanecer\u00e1 tan pronto entre en vigor la reforma. Entonces ya no tendr\u00e1 remedio. Por ello me permito ahora llamar la atenci\u00f3n sobre el tema con esta breve nota, tomando como base el texto del proyecto de ley remitido por el Congreso al Senado y que, supongo, en esta materia ya no incorporar\u00e1 cambios[1]<\/a>.<\/p>\n

En un art\u00edculo anterior ya advert\u00ed con mi compa\u00f1era AMANAY RIVAS de la casi segura desaparici\u00f3n de la figura del Acuerdo Extrajudicial de Pagos -AEP-[2]<\/a>, pues as\u00ed se hab\u00eda previsto en el Anteproyecto sometido a informaci\u00f3n p\u00fablica, debi\u00e9ndose ahora prescindir del \u201ccasi\u201d por su conversi\u00f3n en definitiva. Lo hace en todas sus variantes, as\u00ed notarial, como registral o cameral, aunque en el primer caso sin alternativa alguna de tipo preconcursal para el deudor persona natural que no fuera empresario o profesional, pues, cuando desarrolle efectivamente una actividad econ\u00f3mica de este tipo, dispone de la opci\u00f3n preconcursal del Plan de Reestructuraci\u00f3n -PR-. A pesar de ello, el consumidor s\u00ed que podr\u00e1 reestructurar su pasivo, pero dentro del concurso de acreedores mediante el expediente ordinario del convenio, aunque, en su defecto, ya no est\u00e1 sometido a la liquidaci\u00f3n de todo su patrimonio para acceder despu\u00e9s a la Exoneraci\u00f3n del Pasivo Insatisfecho -EPI-, sino que podr\u00e1 conseguir esta por medio de un plan de pagos, que no depende de la aceptaci\u00f3n por los acreedores (quienes pueden -eso s\u00ed- alegar e impugnar), sino de la aprobaci\u00f3n por parte del Juez del Concurso -JC-, el cual deber\u00e1 tener en cuenta que dicho plan garantice, al menos, el pago del mismo importe que en la liquidaci\u00f3n[3]<\/sup><\/a>. Esta exoneraci\u00f3n seguir\u00e1 teniendo car\u00e1cter provisional hasta que transcurra el plazo fijado para el cumplimiento del plan de pagos, siempre que no haya sido revocada (art. 499.bis TRLC), y podr\u00e1 tener lugar, aunque no se haya cumplido en su integridad, pero nunca afectar\u00e1 a los cr\u00e9ditos no exonerables (art. 500 TRLC).<\/p>\n

Con independencia de la mayor o menor satisfacci\u00f3n que este deceso pueda causar en algunos, la cuesti\u00f3n que ahora se plantea es de puro derecho transitorio, teniendo en cuenta que el efecto derogatorio de la anterior normativa se producir\u00e1 a los veinte d\u00edas de la publicaci\u00f3n en el BOE (DF 16\u00aa). Est\u00e1 claro que a partir de ese momento ya no se podr\u00e1n aceptar solicitudes de AEP, y aunque nada se dice expresamente en las DDTT sobre el particular, el hecho de haber previsto que el Concurso Consecutivo -CC- a un Acuerdo de Refinanciaci\u00f3n -AR- o a un AEP que se declare a partir de la entrada en vigor de la reforma se regir\u00e1 por los anteriores arts. 697-720 TRLC (DT.4), provoca que los expedientes iniciados antes tambi\u00e9n deban continuar sujetos a dicha normativa para el procedimiento que sirve de antecedente y hace posible ese CC. Ahora bien, se aplicar\u00e1 la anterior normativa, salvo en lo referente al anterior Beneficio de la Exoneraci\u00f3n del Pasivo Insatisfecho -BEPI-, pues, si el nuevo sistema de EPI es aplicable a las solicitudes de exoneraci\u00f3n que se presenten despu\u00e9s de su entrada en vigor, tambi\u00e9n cuando el concurso se hubiera declarado con anterioridad (DT.3.6\u00ba), con mayor raz\u00f3n lo ser\u00e1 cuando la declaraci\u00f3n sea posterior, aunque se trate de CC por haberse iniciado el AEP antes de esa fecha. En tal caso, decae una de las ventajas que, de cara al BEPI, presentaba el AEP (anterior art. 488 TRLC), y teniendo en cuenta el escas\u00edsimo porcentaje de \u00e9xito de estas negociaciones, realmente tampoco se entender\u00eda muy bien el inter\u00e9s en iniciarlo a toda prisa antes del cambio legal.<\/p>\n

La duda surge porque la DT.1.4\u00ba establece que las comunicaciones de apertura de negociaciones que se realicen despu\u00e9s de esa fecha ya se someten a la nueva normativa, de donde se desprende, a contrario<\/em>, que las anteriores siguen haci\u00e9ndolo a la derogada. Ning\u00fan problema cuando se trate de un AR, pues realmente esa comunicaci\u00f3n al JC determina la puesta en marcha del procedimiento, aunque las negociaciones ya hubieran comenzado, pero en el AEP la comunicaci\u00f3n no tiene lugar por parte del instructor del expediente hasta que el Mediador Concursal -MC- no haya aceptado el cargo, tr\u00e1mite que puede demorarse en el tiempo, y hasta resultar finalmente frustrado -tambi\u00e9n, frustrante- cuando ninguno de los nombrados acepte el nombramiento. En una interpretaci\u00f3n estricta de esa disposici\u00f3n se dar\u00eda la paradoja de que la comunicaci\u00f3n hecha por el instructor pasada esa fecha, implicar\u00eda por s\u00ed misma el sometimiento del expediente a una normativa que ya no lo reconoce, haciendo inviable su tramitaci\u00f3n y el posterior CC. En cambio, cuando el expediente se haya cerrado sin la aceptaci\u00f3n de un MC, como no tiene lugar esa comunicaci\u00f3n, ser\u00eda posible el CC. No parece tener mucho sentido esta disparidad, por ello, en mi opini\u00f3n, con independencia de la fecha de comunicaci\u00f3n al JC, determinante ser\u00e1 la fecha de apertura del expediente por parte del instructor, una vez haya aceptado la solicitud del deudor.<\/p>\n

Pero puede no ser tan f\u00e1cil fijar esa fecha de inicio. En principio, verificada su competencia el receptor de la solicitud debe proceder a la apertura del expediente (anterior art. 640.1 TRLC), pero este automatismo no encaja demasiado bien con el principio de rogaci\u00f3n, seg\u00fan se entiende en el \u00e1mbito notarial. Como ha destacado la Res. SN de 03\/04\/2019, la solicitud se plasma strictu sensu<\/em> en el momento de la autorizaci\u00f3n del acta de inicio, que debe ser firmada por el deudor solicitante, con incorporaci\u00f3n del formulario de solicitud, as\u00ed como de aquella otra documentaci\u00f3n cuya protocolizaci\u00f3n el notario estime adecuada, tr\u00e1mite que habr\u00e1 de ser presencial, a pesar del art. 2.3 OM JUS\/2831\/2015. Ahora bien, lo habitual ser\u00e1 que la presentaci\u00f3n de la solicitud formulada por el deudor (o en palabras de la DGSJFP rogaci\u00f3n lato sensu<\/em>) no sea simult\u00e1nea a la admisi\u00f3n de la solicitud y firma del acta notarial de inicio (rogaci\u00f3n strictu sensu)<\/em>, pues el notario debe efectuar una serie de comprobaciones. En teor\u00eda, esas comprobaciones tambi\u00e9n est\u00e1n regladas, por cuanto se establece un plazo espec\u00edfico de subsanaci\u00f3n de apenas cinco d\u00edas (anterior art. 640.1 TRLC), con resoluci\u00f3n expresa de inadmisi\u00f3n en caso contrario (anterior art. 640.3 TRLC), que, adem\u00e1s, habr\u00eda de ser susceptible de recurso, aunque no existe un recurso espec\u00edfico contra la denegaci\u00f3n de la funci\u00f3n notarial al haber sido derogado el que se recog\u00eda en el art. 145 Reglamento Notarial por STS [3] de 20\/05\/2008 rec. 63\/2007. Apunta por ello la Res. SN de 24\/09\/2019 a que solo cabe eventualmente la apertura de expediente disciplinario cuando la negativa fuera injustificada, por lo que ser\u00e1 conveniente que el notario deje constancia por escrito de su denegaci\u00f3n motivada y as\u00ed lo notifique al interesado en forma que permita su acreditaci\u00f3n posterior[4]<\/sup><\/a>.<\/p>\n

En la pr\u00e1ctica, sin embargo, el procedimiento no suele ser tan r\u00edgido, sino que la documentaci\u00f3n se remite telem\u00e1ticamente para una primera valoraci\u00f3n por el notario, quien la examina y comunica al interesado las deficiencias observadas para que las subsane, en un proceso que puede durar semanas, y hasta meses, pero cuyo \u00fanico soporte documental ser\u00e1n los correos electr\u00f3nicos intercambiados. Mala es esa indefinici\u00f3n cuando el deudor se asoma a la insolvencia, o ya est\u00e1 inmerso en ella, con independencia de que el deber legal de instar el concurso voluntario haya estado en suspenso hasta el d\u00eda 30\/06\/2022 (art. 6.1 Ley 3\/2020, de 18 de septiembre), pues no se activan otros mecanismos protectores de la negociaci\u00f3n, en particular la paralizaci\u00f3n de ejecuciones. Pero la situaci\u00f3n se agrava dram\u00e1ticamente cuando existe el riesgo de que el mismo expediente solicitado se haga imposible por derogaci\u00f3n de su normativa reguladora. En ese caso una denegaci\u00f3n debidamente comunicada al interesado podr\u00e1 servir, en caso de reclamaci\u00f3n exitosa contra la decisi\u00f3n del notario, para retrotraer sus efectos a la fecha de aquella, y as\u00ed salvar la posibilidad del expediente. De no ser as\u00ed, la situaci\u00f3n se complica sobremanera si el interesado por fin se presenta en la notar\u00eda con toda la documentaci\u00f3n preceptiva, pero despu\u00e9s de la entrada en vigor de la reforma[5]<\/a>. Puede que desde el punto material no le suponga un gran perjuicio, no solo por lo antes dicho en relaci\u00f3n con la probable aplicaci\u00f3n en todo caso de la nueva normativa sobre la EPI, tambi\u00e9n por c\u00f3mo se regula ahora la extensi\u00f3n de la misma (art. 489 TRLC), pero es probable que, por haberle asesorado, alg\u00fan profesional, a quien no se impuso la gratuidad de sus servicios, le haya pasado una factura, en ocasiones nada insignificante. En ese caso es probable que culpe al notario de haber malgastado su dinero en un expediente que, finalmente, no se ha podido llevar a cabo.<\/p>\n

Por ello, parece aconsejable que antes de que entre en vigor la reforma el notario que tenga solicitudes de AEP pendientes de despacho contacte a toda prisa con los interesados, bien para formalizar el requerimiento de las que ya est\u00e9n completas, bien para comunicar los defectos observados en la documentaci\u00f3n presentada, insistiendo siempre en que su respuesta sea presurosa, por raz\u00f3n de un cambio normativo que puede hacer imposible el expediente. Incluso, que acepte el requerimiento con la documentaci\u00f3n incompleta, pero entonces el plazo de subsanaci\u00f3n de cinco d\u00edas es fatal e inexorable[6]<\/a>. Cuando la fecha haya pasado, todav\u00eda se puede hacer uso de la sugerencia de la Res. SN de 22\/10\/2018 de reflejar en el acta de inicio la fecha en que se produjo la solicitud inicial del deudor, pues desde esa fecha se aplican -en teor\u00eda- los efectos del anterior art. 639 TRLC, y en ese sentido se puede considerar iniciado. Sobre esta base el notario podr\u00eda argumentar en el acta que, no obstante ser el requerimiento de fecha posterior a la entrada en vigor de la reforma, considera que la solicitud fue de fecha anterior, lo que le permite su formalizaci\u00f3n. Es una soluci\u00f3n arriesgada, pues se expone a que despu\u00e9s el JC no lo considere as\u00ed, por lo que tambi\u00e9n deber\u00e1 hacerse la oportuna advertencia.<\/p>\n

A partir de ah\u00ed, el notario habr\u00e1 de seguir con la tramitaci\u00f3n ordinaria del AEP, pero recordemos que ya no est\u00e1 en vigor la norma especial COVID que permit\u00eda considerar intentado sin \u00e9xito el AEP cuando se acreditaran dos faltas de aceptaci\u00f3n del MC designado (art. 12 Ley 3\/2020)[7]<\/a>. Ahora los notarios han de seguir el criterio de la Res. Consulta de 14\/05\/2019 que solo permite cerrar el expediente una vez transcurridos dos meses desde el primer intento de designaci\u00f3n de MC, sin que se produzca la aceptaci\u00f3n de ninguno de los designados. Ser\u00e1 posible entonces instar el CC posterior, seg\u00fan hemos visto permite la DT 1\u00aa.4, pero parad\u00f3jicamente sin haber llevado a cabo ninguna de las actuaciones que dan sentido a las especialidades del CC. As\u00ed, se tendr\u00e1 que nombrar un Administrador Concursal (anterior art. 709.1 TRC). Tampoco procede la exenci\u00f3n de la comunicaci\u00f3n de los cr\u00e9ditos (anterior art. 710 TRLC), por cuanto no hay un AEP suscrito por algunos acreedores, y es evidente que no basta con la comunicaci\u00f3n que hizo el deudor en su lista. Adem\u00e1s, no se podr\u00eda intentar un convenio en el caso del deudor persona natural no empresario (anterior art. 708 TRLC), lo cual mucho sentido no tiene cuando fue imposible negociar el AEP, precisamente por ausencia de MC.<\/p>\n

Queden estas cuestiones simplemente enunciadas como \u201caviso a navegantes<\/em>\u201d para evitar que alg\u00fan asunto metido en un caj\u00f3n acabe convertido en un dolor de cabeza para el notario. Pero, tambi\u00e9n, como simple aperitivo de lo que nos espera, y espero comunicar pr\u00f3ximamente, pues la reforma concursal tiene enjundia, am\u00e9n de alg\u00fan otro recordatorio \u201camable<\/em>\u201d para los notarios, del que ya dar\u00e9 cuenta.<\/p>\n

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[1]<\/a> Cito los art\u00edculos del TRLC seg\u00fan el proyecto, salvo indicaci\u00f3n expresa de ser la versi\u00f3n anterior, probablemente todav\u00eda vigente al aparecer este trabajo.<\/p>\n

[2]<\/a> \u201cRequiescat in pace<\/em> -RIP- el acuerdo extrajudicial de pagos. Larga vida a los planes de reestructuraci\u00f3n y a la exoneraci\u00f3n del pasivo insatisfecho\u201d<\/a>, El Notario del Siglo XXI<\/em>, n\u00famero 99, septiembre\/octubre 2021, p\u00e1ginas 56-62.<\/p>\n

[3]<\/a> El JC podr\u00e1 hacerlo, incluso con la oposici\u00f3n de acreedores que representen m\u00e1s del ochenta por ciento de la deuda exonerable afectada, cuando concurran circunstancias particulares (art. 498.bis.1.3\u00ba TRLC).<\/p>\n

[4]<\/sup><\/a> Habla la Res. SR de 01\/06\/2018 de \u201cdictar resoluci\u00f3n estimando o desestimando de forma motivada la pretensi\u00f3n del solicitante<\/em>\u201d, con notificaci\u00f3n al mismo y con pie de recursos, si bien no alcanzo a saber cu\u00e1les son esos recursos a los que puede acudir el interesado, conforme a lo explicado.<\/p>\n

[5]<\/a> Respecto de los bienes y deudas del solicitante rese\u00f1ados en el formulario, el instructor solo debe solicitar un principio de prueba suficiente de los mismos, siendo deber y responsabilidad del MC recabar en su momento la documentaci\u00f3n que los acredite debidamente de acuerdo con el anterior art. 659 TRLC. Conviene ser flexible, y m\u00e1s en este tiempo descuento.<\/p>\n

[6]<\/a> Con car\u00e1cter general, recordemos que los plazos en el AEP, como todos los del TRLC, se cuentan por d\u00edas h\u00e1biles (art. 133.2 LEC, a la cual remite el art. 521 TRLC).<\/p>\n

[7]<\/a> Una extensi\u00f3n al \u00e1mbito del AEP del criterio sentado por la DGSJFP en materia de nombramiento de auditor en Res. Consulta de 10\/01\/2019, y que vienen aplicando los Registros Mercantiles.<\/p>\n

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ENLACES:\u00a0<\/span><\/h2>\n