\u00a0\u00a0<\/p>\n
Ley 34\/2015, de 21 de septiembre, de modificaci\u00f3n parcial de la\u00a0Ley 58\/2003, de 17 de diciembre<\/a>, General Tributaria.<\/p>\n Ver cuadro comparativo de textos<\/a><\/strong>.<\/p>\n Esta es la reforma de mayor calado<\/strong> de la Ley General Tributaria desde su promulgaci\u00f3n en 2003 y complementa la reforma fiscal cuyos \u00faltimos hitos afectaron al IRPF<\/a>, Sociedades o al IVA. Sus 65 apartados<\/strong> pretenden mantener el car\u00e1cter codificador del texto inicial, incorporando, junto a modificaciones meramente t\u00e9cnicas o interpretativas, nuevas figuras sustantivas y procedimentales para cubrir vac\u00edos legales actualmente existentes.<\/p>\n Los objetivos esenciales<\/strong> de la reforma son:<\/p>\n \u00a0– reducir la litigiosidad<\/em><\/strong>,<\/p>\n – prevenir el fraude fiscal<\/strong><\/em>, incentivando el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias<\/p>\n – e incrementar la eficacia de la actuaci\u00f3n administrativa<\/em><\/strong> en la aplicaci\u00f3n de los tributos.<\/p>\n<\/a> Los \u00f3rganos de la Administraci\u00f3n Tributaria que tengan atribuida la iniciativa para la elaboraci\u00f3n de disposiciones en el orden tributario, podr\u00e1n dictar disposiciones interpretativas con car\u00e1cter vinculante<\/em><\/strong> en la aplicaci\u00f3n de los tributos, explicit\u00e1ndose de este modo una facultad ya contenida impl\u00edcitamente en la funci\u00f3n. Eximen de responsabilidad<\/em><\/strong> infractora a quienes se ajustan a estos criterios. Art. 12<\/a>.<\/p>\n<\/a> La figura del conflicto en la aplicaci\u00f3n de la norma, evoluci\u00f3n del anterior fraude de ley, naci\u00f3 como un instrumento para la lucha contra los mecanismos m\u00e1s sofisticados de fraude fiscal, materializado de ordinario en la utilizaci\u00f3n de figuras negociales susceptibles de ser calificadas como abusivas. Ahora se permite su sancionabilidad<\/em><\/strong>, configur\u00e1ndose un nuevo tipo infractor en la Ley<\/em><\/strong>, en el que se integran los posibles resultados materiales de la conducta del obligado as\u00ed como la desatenci\u00f3n por parte del mismo de los criterios administrativos preexistentes que hubiesen determinado el car\u00e1cter abusivo de actos o negocios sustantivamente iguales. Art. 15<\/a>.<\/p>\n<\/a> La reforma explicita la diferencia conceptual que existe entre este derecho y el derecho a liquidar<\/em><\/strong>, con la finalidad de superar los problemas interpretativos que esta materia ha suscitado en temas como la correcci\u00f3n de determinados cr\u00e9ditos fiscales y \u00a0la legalidad de la compensaci\u00f3n, deducci\u00f3n o aplicaci\u00f3n de los mismos.\u00a0 Arts. 66 bis<\/a> y 115<\/a> entre otros.<\/p>\n – La Ley aclara, a tal efecto, que la prescripci\u00f3n del derecho a liquidar<\/strong> no se extiende al derecho a comprobar e investigar<\/strong>, derecho que s\u00f3lo tendr\u00e1 las limitaciones recogidas en la Ley en los supuestos en los que expresamente se se\u00f1alan en el propio texto legal, espec\u00edficamente el temporal m\u00e1ximo establecido para el inicio de comprobaciones de cuyo objeto formen parte determinados cr\u00e9ditos fiscales, o las que puedan establecerse en la ley propia de cada tributo.<\/p>\n – El derecho de la Administraci\u00f3n para iniciar el procedimiento de comprobaci\u00f3n de las bases o cuotas compensadas o pendientes de compensaci\u00f3n o de deducciones aplicadas o pendientes de aplicaci\u00f3n, prescribir\u00e1 a los diez a\u00f1os<\/em><\/strong> a contar desde el d\u00eda siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario establecido para presentar la declaraci\u00f3n o autoliquidaci\u00f3n correspondiente al ejercicio o periodo impositivo en que se gener\u00f3 el derecho a compensar dichas bases o cuotas o a aplicar dichas deducciones.<\/p>\n – Se reconoce expl\u00edcitamente que la Administraci\u00f3n tiene facultades de calificaci\u00f3n<\/strong> respecto a hechos, actos, actividades, explotaciones y negocios que, acontecidos, realizados, desarrollados o formalizados en periodos tributarios prescritos<\/em><\/strong> en cuanto al derecho a liquidar, hubieran de surtir efectos fiscales en ejercicios o periodos no prescritos<\/em><\/strong>. Se ha de tener muy en cuenta lo anterior en la rectificaci\u00f3n de autoliquidaciones<\/em><\/strong> cuando en la comprobaci\u00f3n de la procedencia de la rectificaci\u00f3n la Administraci\u00f3n deba verificar aspectos vinculados a ejercicios respecto de los que se produjo la prescripci\u00f3n del derecho a liquidar.<\/p>\n<\/a> Una norma reglamentaria podr\u00e1 regular la obligaci\u00f3n de ser llevados a trav\u00e9s de medios telem\u00e1ticos<\/em><\/strong>. Art. 29<\/a>. Se pospone su entrada en vigor hasta el 1\u00ba de enero de 2017.<\/p>\n<\/a> Como especialidad, como con posterioridad al alta en el respectivo registro, padr\u00f3n o matr\u00edcula, no requieren la presentaci\u00f3n de declaraci\u00f3n ni autoliquidaci\u00f3n, el comienzo del c\u00f3mputo del plazo de prescripci\u00f3n<\/em><\/strong> se sit\u00faa en el momento del devengo<\/em><\/strong> de dicho tributo. Art. 67<\/a><\/p>\n<\/a> La regulaci\u00f3n previa puede provocar disfunciones en el juego de las obligaciones relacionadas, tanto a favor como en contra del contribuyente (imposici\u00f3n nula o doble), por lo que ahora se regula el r\u00e9gimen de interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n<\/em> <\/strong>de obligaciones tributarias conexas de titularidad del mismo obligado y el cauce procedimental<\/em><\/strong> a trav\u00e9s del cual la Administraci\u00f3n ejercer\u00e1 su derecho a liquidar, interrumpido conforme a lo anteriormente expuesto. Arts. 68.9<\/a>, 225<\/a> y 230<\/a>.<\/p>\n<\/a> Son reservados los datos con trascendencia tributaria, por regla general, pero se permite la publicaci\u00f3n de informaci\u00f3n cuando la misma derive de la normativa de la Uni\u00f3n Europea<\/em><\/strong>. Art. 95.4<\/a><\/p>\n El nuevo art. 95 bis<\/a> regula la publicidad de situaciones de incumplimiento relevante de las obligaciones tributarias<\/strong>. Hay que relacionarlo con la publicidad de sentencias en materia de fraude fiscal prevista en la Ley Org\u00e1nica 10\/2015, de 10 de septiembre<\/a>, pues ambas disposiciones se complementan y responden a finalidades similares.<\/p>\n a) Publicaci\u00f3n anual,<\/strong> durante el primer semestre, de listados de personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas. Se har\u00e1 por medios electr\u00f3nicos, debiendo adoptarse las medidas necesarias para impedir la indexaci\u00f3n de su contenido a trav\u00e9s de motores de b\u00fasqueda en Internet. Los listados dejar\u00e1n de ser accesibles una vez transcurridos tres meses desde la fecha de publicaci\u00f3n. Habr\u00e1 una publicaci\u00f3n antes de terminar 2015 (D. TR. 4).<\/p>\n b) Qu\u00e9 tributos:<\/strong> de titularidad estatal sin delegaci\u00f3n de competencias en aplicaci\u00f3n, sanci\u00f3n y revisi\u00f3n a favor de las Comunidades Aut\u00f3nomas o Entes Locales. Tambi\u00e9n por deuda aduanera.<\/p>\n c) Requisitos para incorporar a un deudor:<\/strong> ha de tener deudas o sanciones tributarias, no aplazadas ni suspendidas, pendientes de ingreso concluido el periodo voluntario, por un montante superior al mill\u00f3n de euros<\/em><\/strong>.<\/p>\n d) Propuesta de inclusi\u00f3n.<\/strong> El interesado ser\u00e1 notificado y tendr\u00e1 diez d\u00edas para hacer alegaciones antes de adoptarse el acuerdo. Los interesados que consideren no ajustada a derecho la publicaci\u00f3n, podr\u00e1n acudir a la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa.<\/p>\n e) Informaci\u00f3n que se publicar\u00e1:<\/strong> nombre, NIF y cuant\u00eda global pendiente.<\/p>\n f) D\u00f3nde<\/strong>. No se dice, pero ser\u00e1 por medios electr\u00f3nicos.<\/p>\n<\/a> La Ley niega que las facturas sean un medio de prueba privilegiado respecto de la existencia de las operaciones, por lo que una vez que la Administraci\u00f3n cuestiona fundadamente su efectividad, corresponde al obligado tributario aportar pruebas sobre la realidad de las operaciones. Art. 106<\/a><\/p>\n<\/a> En ellas, se podr\u00e1 realizar una distribuci\u00f3n lineal<\/em><\/strong> de la cuota anual que resulte entre los periodos de liquidaci\u00f3n correspondientes cuando la Administraci\u00f3n Tributaria no pueda, en base a la informaci\u00f3n obrante en su poder, atribuirla a un periodo de liquidaci\u00f3n concreto, y el obligado tributario, requerido no justifique que procede un reparto temporal diferente. Muy importante en IVA. Art. 108.5<\/a><\/p>\n<\/a> Los contribuyentes que al inicio del procedimiento de comprobaci\u00f3n o investigaci\u00f3n hubieran ya aplicado o compensado las cantidades que tuvieran pendientes mediante una declaraci\u00f3n complementaria, no podr\u00e1n dejar sin efecto la compensaci\u00f3n<\/em><\/strong> o aplicaci\u00f3n realizadas en otro ejercicio para solicitar la compensaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n de esas cantidades en el ejercicio comprobado, pues podr\u00eda alterar la calificaci\u00f3n de la infracci\u00f3n eventualmente cometida.<\/p>\n<\/a> Cuando se solicite, se suspende<\/em><\/strong> el plazo para iniciar o terminar el procedimiento sancionador<\/em><\/strong>. Si la sanci\u00f3n ya hubiese sido impuesta se podr\u00e1 adaptar la sanci\u00f3n a la liquidaci\u00f3n resultante tras la tasaci\u00f3n sin tener que acudir a un procedimiento de revocaci\u00f3n. Art. 135.1<\/a><\/p>\n<\/a> La Ley modifica su r\u00e9gimen jur\u00eddico permitiendo al obligado tributario que, voluntariamente y sin requerimiento previo, pueda aportar su contabilidad mercantil<\/em><\/strong> para la simple constataci\u00f3n de determinados datos de que dispone la Administraci\u00f3n, sin que dicha aportaci\u00f3n voluntaria tenga efectos preclusivos. Art. 136.2<\/a><\/p>\n<\/a> La reforma incrementa los plazos y hace m\u00e1s previsible el c\u00e1lculo de su conclusi\u00f3n. El plazo ordinario pasa de 12 a 18 meses<\/em><\/strong>, aunque no se hace referencia como antes a su ampliaci\u00f3n. Ser\u00e1 de 27 meses en los casos que se expresan en el art. 150<\/a>. Las consecuencias de la superaci\u00f3n del plazo<\/em><\/strong> del procedimiento inspector ser\u00e1n las actualmente previstas. Se eliminan los periodos de interrupci\u00f3n<\/em><\/strong> justificada del plazo del procedimiento inspector, sustituy\u00e9ndolos por periodos de suspensi\u00f3n<\/p>\n<\/a> Se completa su regulaci\u00f3n, se\u00f1alando las fuentes <\/em><\/strong>de las que pueden proceder los datos: de los signos, \u00edndices y m\u00f3dulos si el obligado pudo haberse aplicado el m\u00e9todo de estimaci\u00f3n objetiva, de la propia empresa, de estudios estad\u00edsticos o de una muestra efectuada por la Inspecci\u00f3n.<\/p>\n – Se precisa que la estimaci\u00f3n indirecta puede aplicarse solo a <\/em><\/strong>las ventas e ingresos, o solo a las compras y gastos, o a ambos simult\u00e1neamente<\/em><\/strong>, atendiendo a los datos ocultados o inexistentes.<\/p>\n – Se admite la deducibilidad de las cuotas soportadas del IVA<\/em><\/strong> aunque no se disponga de las facturas o documentos que, con car\u00e1cter general exige la normativa del Impuesto, siempre y cuando la Administraci\u00f3n obtenga datos o indicios que demostraran que el obligado tributario ha soportado efectivamente el impuesto correspondiente.<\/p>\n – Dado que la estimaci\u00f3n de bases y cuotas se hace de forma anual, en tributos como el IVA<\/em><\/strong>, con periodos de liquidaci\u00f3n inferiores al a\u00f1o, la cuota anual estimada se repartir\u00e1 linealmente<\/em><\/strong> entre los periodos de liquidaci\u00f3n correspondientes, salvo que el obligado justifique que procede un reparto temporal diferente. Art. 158<\/a>.<\/p>\n<\/a> Se tipifica la infracci\u00f3n<\/em><\/strong> consistente en el retraso en la obligaci\u00f3n de llevar los Libros Registro a trav\u00e9s de la Sede electr\u00f3nica de la Agencia Estatal de Administraci\u00f3n Tributaria mediante el suministro de los registros de facturaci\u00f3n en los t\u00e9rminos establecidos reglamentariamente. Se sancionar\u00e1 con multa <\/em><\/strong>pecuniaria proporcional de un\u00a00,5 por ciento del importe de la factura objeto del registro, con un m\u00ednimo trimestral de\u00a0300 euros y un m\u00e1ximo de\u00a06.000 euros. La utilizaci\u00f3n de libros y registros sin haber sido diligenciados<\/em><\/strong> o habilitados por la Administraci\u00f3n cuando la normativa tributaria o aduanera lo exija se sancionar\u00e1 con multa pecuniaria fija de\u00a0300 euros. Art. 200<\/a>. Entra en vigor el 1\u00ba de enero de 2017.<\/p>\n<\/a> La reforma persigue agilizar la actuaci\u00f3n de los Tribunales y reducir la litigiosidad. Arts. 229, y ss<\/a>.<\/p>\n – Medios electr\u00f3nicos.<\/strong> Se promueven en todas las fases del procedimiento, introduciendo la notificaci\u00f3n electr\u00f3nica<\/em><\/strong> para las reclamaciones que se interpongan obligatoriamente por esta v\u00eda. Se incorpora la referencia al expediente electr\u00f3nico<\/em><\/strong> y la obligatoriedad de la interposici\u00f3n electr\u00f3nica en caso de que el acto impugnando fuera de notificaci\u00f3n obligatoria por esta v\u00eda.<\/p>\n – Reclamantes domiciliados en el extranjero<\/strong>. Se atribuye al Tribunal Econ\u00f3mico-Administrativo Central (TEAC) la competencia para conocer de las reclamaciones respecto de actuaciones entre particulares, cuando el domicilio fiscal del reclamante se halle fuera de Espa\u00f1a.<\/p>\n – Unificaci\u00f3n de doctrina<\/strong>. El TEAC tendr\u00e1 la competencia para dictar resoluciones en unificaci\u00f3n de criterio. Los Tribunales Econ\u00f3mico-Administrativos Regionales (TEAR) podr\u00e1n dictar resoluciones de fijaci\u00f3n de criterio respecto de las salas desconcentradas.<\/p>\n – Acumulaci\u00f3n<\/strong>. Se simplifican las reglas de acumulaci\u00f3n obligatoria y se introduce la acumulaci\u00f3n facultativa.<\/p>\n – Presunci\u00f3n de representaci\u00f3n voluntaria. <\/strong>Se reconoce a favor de aquellos que la ostentaron en el procedimiento de aplicaci\u00f3n de los tributos del que derive el acto impugnado.<\/p>\n – Costas.<\/strong> En el caso de inadmisi\u00f3n, se precisa el \u00e1mbito subjetivo de la condena en costas, vinculando la misma a cada instancia, y supeditando la dictada en primera instancia a su posterior confirmaci\u00f3n.<\/p>\n – Plazo para recurrir.<\/strong> Se suprime la regla especial de c\u00f3mputo de plazo para recurrir en caso de silencio<\/em><\/strong>. Si posteriormente a la interposici\u00f3n de la reclamaci\u00f3n econ\u00f3mico-administrativa se dicta resoluci\u00f3n expresa, se notificar\u00e1 concediendo plazo de alegaciones ante los Tribunales Econ\u00f3mico-Administrativos, teni\u00e9ndola por impugnada.<\/p>\n – Plazo para ejecutar.<\/strong> Se determina de forma expresa en norma con rango de ley el plazo del que dispone la Administraci\u00f3n para ejecutar la resoluci\u00f3n dictada por el TEA en supuestos en los que se resuelva por razones sustantivas o de fondo.<\/p>\n – Eficacia de las resoluciones<\/strong>. Es reconocida expresamente su eficacia ante la Administraci\u00f3n Tributaria<\/em><\/strong> encargada de la aplicaci\u00f3n de los tributos.<\/p>\n – Suspensi\u00f3n.<\/strong> La Ley permite la suspensi\u00f3n de la resoluci\u00f3n econ\u00f3mico-administrativa en caso de recursos de alzada ordinarios por los Directores Generales en ciertos casos.<\/p>\n – Recurso de anulaci\u00f3n<\/strong>. Se concretan los supuestos en los que no procede dicho recurso.<\/p>\n – Nuevo recurso de ejecuci\u00f3n<\/strong>. Llamado hasta ahora incidente de ejecuci\u00f3n, va contra actos dictados como consecuencia de una resoluci\u00f3n estimatoria del Tribunal. Se tramitar\u00e1 con car\u00e1cter urgente.<\/p>\n – Recurso extraordinario de revisi\u00f3n. <\/strong>El plazo de resoluci\u00f3n queda reducido a seis meses.<\/p>\n – Procedimiento abreviado.<\/strong> Se sustituye el procedimiento ante los \u00f3rganos unipersonales por el procedimiento abreviado para las reclamaciones de menor cuant\u00eda en el que el tribunal podr\u00e1 actuar de forma unipersonal.<\/p>\n<\/a> Se a\u00f1ade un T\u00cdTULO VI<\/strong>, con el ep\u00edgrafe \u201cActuaciones y procedimientos de aplicaci\u00f3n de los tributos en supuestos de delito contra la Hacienda p\u00fablica\u201d. Arts. 250 al 259<\/a>.<\/p>\nPrincipales modificaciones:\u00a0<\/strong><\/span>1.- Disposiciones interpretativas. <\/strong><\/span><\/h6>\n
2.- Conflicto en la aplicaci\u00f3n de la norma.<\/strong> <\/span><\/h6>\n
3.- Derecho a comprobar e investigar. <\/strong><\/span><\/h6>\n
4.- Libros Registro. \u00a0<\/strong><\/span><\/h6>\n
5.- Prescripci\u00f3n en tributos de cobro peri\u00f3dico por recibo.<\/strong><\/span><\/h6>\n
6.- Prescripci\u00f3n de las obligaciones tributarias conexas.<\/strong> <\/span><\/h6>\n
7.- Publicaci\u00f3n datos defraudadores. <\/strong><\/span><\/h6>\n
8.- Valor probatorio de las facturas.<\/strong> <\/span><\/h6>\n
9. Obligaciones tributarias con periodos de liquidaci\u00f3n inferior al a\u00f1o. <\/strong><\/span><\/h6>\n
10.- Procedimiento de comprobaci\u00f3n y compensaci\u00f3n.<\/strong> <\/span><\/h6>\n
11.- Tasaci\u00f3n pericial contradictoria. <\/strong><\/span><\/h6>\n
12.- Comprobaci\u00f3n limitada. <\/strong><\/span><\/h6>\n
13.- Plazo de las actuaciones inspectoras<\/strong>. <\/span><\/h6>\n
14.- Estimaci\u00f3n indirecta.<\/strong> <\/span><\/h6>\n
15.- Retraso en Libros Registro.<\/strong> <\/span><\/h6>\n
16.- Reclamaciones econ\u00f3mico- administrativas<\/strong>.<\/span><\/h6>\n
17.- Delitos contra Hacienda.<\/strong><\/span><\/h6>\n