{"id":99793,"date":"2022-11-02T18:33:40","date_gmt":"2022-11-02T17:33:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/?p=99793"},"modified":"2022-12-28T00:01:22","modified_gmt":"2022-12-27T23:01:22","slug":"informe-338-boe-noviembre-2022","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.notariosyregistradores.com\/web\/normas\/informes-mensuales\/informe-338-boe-noviembre-2022\/","title":{"rendered":"Informe 338. BOE Noviembre 2022."},"content":{"rendered":"

INFORME N\u00ba 338. <\/span><\/strong><\/span>(BOE NOVIEMBRE de 2022)<\/span><\/strong><\/span><\/h1>\n

Primera Parte: Secciones I y II.<\/strong><\/span><\/h2>\n

IR A LISTA DE INFORMES MENSUALES<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n

IR A RESOLUCIONES DE NOVIEMBRE<\/strong><\/span><\/a><\/p>\n

IR A\u00a0\u00a1NO TE LO PIERDAS!<\/em> DE NOVIEMBRE<\/strong><\/a><\/h2>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Equipo de redacci\u00f3n:<\/strong><\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Jos\u00e9 F\u00e9lix Merino Escart\u00edn, registrador de la propiedad de Madrid.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Carlos Ballugera G\u00f3mez registrador de la propiedad de Las Rozas de Madrid.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Alfonso de la Fuente Sancho, notario de San Crist\u00f3bal de La Laguna <\/a>(Tenerife).<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Mar\u00eda N\u00fa\u00f1ez N\u00fa\u00f1ez, registradora de la propiedad y mercantil de Lugo<\/a>.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Inmaculada Espi\u00f1eira Soto, notaria de Santiago de Compostela<\/a>.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Jos\u00e9 \u00c1ngel Garc\u00eda-Valdecasas Butr\u00f3n, registrador.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Juan Carlos Casas Rojo, registrador de la propiedad de C\u00e1diz<\/a> n\u00ba 3<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Jos\u00e9 Antonio Riera \u00c1lvarez, notario de Arucas<\/a> (Gran Canaria)<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Albert Capell Mart\u00ednez, notario de El Prat, antes de <\/span>Fraga<\/a> (Huesca) y antes de Bolta\u00f1a<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Gerardo Garc\u00eda-Boente D\u00e1vila, Director Inmobiliario y Urbanismo de PwC.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Mar\u00eda Garc\u00eda-Valdecasas Alguacil, registradora de Barcelona<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Emma Rojo Iglesias, registradora de Alcal\u00e1 de Henares (Madrid)<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* Javier M\u00e1ximo Ju\u00e1rez Gonz\u00e1lez, notario de Valencia<\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n
* V\u00edctor Esquirol Jim\u00e9nez, notario de El Masnou (Barcelona)<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/a>
<\/a>DISPOSICIONES GENERALES:<\/b><\/span><\/h6>\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n<\/a>
Modificaci\u00f3n de la Ley de consumidores en la reforma de la Ley del Juego<\/span><\/h6>\n

Resumen: <\/strong>Una disposici\u00f3n final modifica la Ley General para la defensa de los Consumidores y Usuarios desarrollando fundamentalmente determinados preceptos del t\u00edtulo IV del libro primero, dedicado a la potestad sancionadora. La reforma tambi\u00e9n afecta a las visitas no solicitadas, excursiones organizadas y b\u00fasqueda de bienes y servicios.<\/span><\/p>\n

La regulaci\u00f3n del juego<\/strong> se encuentra fundamentalmente en la Ley\u00a013\/2011, de\u00a027 de mayo<\/strong><\/a>, de regulaci\u00f3n del juego, desarrollada por el Real Decreto\u00a0958\/2020<\/strong>, de\u00a03 de noviembre<\/a>, de comunicaciones comerciales de las actividades de juego,<\/p>\n

Esta reforma de la Ley 13\/2011 trata de luchar contra el fraude y manipulaci\u00f3n de las competiciones<\/strong> deportivas<\/strong> y regula el Servicio de investigaci\u00f3n global del mercado de apuestas.<\/p>\n

Sus dos disposiciones finales<\/a><\/strong> modifican el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios<\/strong><\/a> y el RD Legislativo que lo aprob\u00f3. El TR acababa de ser reformado por el art\u00edculo 82 RDLey 24\/2021, de 2 de noviembre, para transponer la Directiva (UE) 2019\/2161<\/a>.\u00a0(ver resumen<\/strong><\/a>).<\/p>\n

Entre otros contenidos, se modific\u00f3 el t\u00edtulo IV del libro primero<\/strong><\/a>, relativo a la potestad sancionadora de las administraciones<\/strong>, en aras de garantizar la existencia de procedimientos administrativos en materia de consumo que den lugar a sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, tal como exige la normativa de la Uni\u00f3n.<\/p>\n

Ahora se procede al desarrollo adicional de determinados preceptos del t\u00edtulo IV del libro primero<\/strong>, contando la disposici\u00f3n final primera<\/strong><\/a> de nueve apartados <\/strong>(y no 7 como dice la Exposici\u00f3n de Motivos, s\u00edntoma de que los dos primeros se a\u00f1adieron a \u00faltima hora):<\/p>\n

El apartado primero<\/strong> a\u00f1ade un nuevo apartado 7 al art\u00edculo 19<\/a> (que define un Principio general respecto a los consumidores y regula las pr\u00e1cticas comerciales). Permite a la Administraci\u00f3n p\u00fablica competente restringir las visitas no solicitadas<\/strong> efectuadas por el empresario en el domicilio del consumidor y usuario o las excursiones organizadas<\/strong> por el mismo con el objetivo o efecto de promocionar o vender bienes o servicios.<\/p>\n

El apartado segundo<\/strong> modifica el apartado 3 del art\u00edculo 20<\/a> (Informaci\u00f3n necesaria en la oferta comercial de bienes y servicios). Se refiere a las pr\u00e1cticas comerciales consistentes en ofrecer a los consumidores y usuarios la posibilidad de buscar bienes y servicios<\/strong> ofertados por distintos empresarios o consumidores y usuarios sobre la base de una consulta en forma de palabra clave<\/strong>. No se aplicar\u00e1 a proveedores de motores de b\u00fasqueda en l\u00ednea.<\/p>\n

El apartado tercero<\/strong> afecta al art\u00edculo 46<\/a> para afianzar la consideraci\u00f3n como partes interesadas del procedimiento a las asociaciones de consumidores<\/strong> cuando se vean afectados los intereses generales, colectivos o difusos de los consumidores y usuarios,<\/p>\n

Tambi\u00e9n se garantizan las competencias<\/strong> en materia de consumo de las comunidades aut\u00f3nomas <\/strong>que hayan asumido las mismas v\u00eda estatutaria, dentro del marco del car\u00e1cter b\u00e1sico del texto refundido.<\/p>\n

El apartado cuarto <\/strong>modifica el art\u00edculo\u00a049<\/a>, con la finalidad de garantizar la proporcionalidad de las sanciones impuestas<\/strong> en los procedimientos sancionadores de consumo. Se adaptar\u00e1n a la capacidad econ\u00f3mica de la empresa infractora.<\/p>\n

En el apartado quinto<\/strong> se introduce una nueva sanci\u00f3n accesoria<\/strong> en el art\u00edculo\u00a050<\/a>: la posibilidad de imponer al infractor la obligaci\u00f3n de rectificar los incumplimientos sancionados.<\/strong><\/p>\n

En el apartado sexto <\/strong>se adaptan, en el art\u00edculo 51.7<\/a>, los principios del procedimiento sancionador al \u00e1mbito concreto de consumo. En este sentido, es preciso tener en cuenta que determinados incumplimientos de la normativa de consumo suponen la inacci\u00f3n por parte del empresario respecto de una obligaci\u00f3n. En estos casos, debe ser el empresario quien pruebe que s\u00ed ha realizado la acci\u00f3n<\/strong>, pues lo contrario supondr\u00eda una prueba diab\u00f3lica para la autoridad de consumo.<\/p>\n

En virtud del apartado s\u00e9ptimo<\/strong>, se modifican los apartados sexto y s\u00e9ptimo del art\u00edculo\u00a052<\/a>, sobre los plazos del procedimiento<\/strong>, con la finalidad de evitar la impunidad del infractor, garantizando que una infracci\u00f3n pueda ser perseguida por la autoridad competente mientras no haya prescrito, as\u00ed como dar seguridad jur\u00eddica a los supuestos de suspensi\u00f3n de los plazos de tramitaci\u00f3n.<\/p>\n

El apartado octavo<\/strong> modifica el art\u00edculo\u00a052 bis<\/a> (Administraci\u00f3n competente) en varios aspectos<\/strong>.<\/p>\n

– Se confiere la competencia a las administraciones de consumo<\/strong> para actuar ante aquellas infracciones en materia de consumo tipificadas en normativas sectoriales<\/strong> cuya competencia no est\u00e1 conferida de forma expresa a otras autoridades.<\/p>\n

– Se concreta el lugar <\/strong>de manifestaci\u00f3n de la lesi\u00f3n o el riesgo en infracciones cometidas a trav\u00e9s de internet<\/strong>. Parte del lugar de celebraci\u00f3n del contrato que determina la Ley\u00a034\/2002, de\u00a011 de julio. Como en muchas ocasiones no hay relaciones contractuales, tambi\u00e9n se considerar\u00e1 cometida la infracci\u00f3n, adem\u00e1s de en los lugares en que se desarrollen las acciones u omisiones, en aquellos otros lugares donde residan consumidores o usuarios a los que el empresario se haya dirigido de forma activa, por ejemplo, a trav\u00e9s del env\u00edo de correos electr\u00f3nicos o publicidad en internet.<\/p>\n

– Fija la Administraci\u00f3n competente para la ejecuci\u00f3n del procedimiento sancionador en aquellos casos en que las infracciones en materia de consumo produzcan efectos en un \u00e1mbito superior al de cada comunidad aut\u00f3noma<\/strong> o afectan a bienes jur\u00eddicos protegidos<\/strong> adicionales a la propia defensa de las personas consumidoras; en concreto se determina cu\u00e1ndo ha de ser competente la Administraci\u00f3n General del Estado por intereses que afectan a la estructura del mercado.<\/p>\n

– Determinadas infracciones podr\u00e1n ser sancionados tanto por las comunidades aut\u00f3nomas como por la Administraci\u00f3n General del Estado, siempre que se respete el principio de \u201cnon bis in \u00eddem<\/strong>\u201d.<\/p>\n

Por \u00faltimo, por medio del apartado s\u00e9ptimo<\/strong> de la disposici\u00f3n final primera se modifica el anexo I<\/strong> del texto refundido para garantizar la transposici\u00f3n completa de la Directiva (UE) 2019\/2161 del Parlamento Europeo y del Consejo de\u00a027 de noviembre de\u00a02019 por la que se modifica la Directiva\u00a093\/13\/CEE del Consejo y las Directivas\u00a098\/6\/CE, 2005\/29\/CE y\u00a02011\/83\/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que ata\u00f1e a la mejora de la aplicaci\u00f3n y la modernizaci\u00f3n de las normas de protecci\u00f3n de los consumidores de la Uni\u00f3n.<\/p>\n

La presente ley se complementa con una disposici\u00f3n final segunda<\/strong>, por la que se modifica la disposici\u00f3n final primera del Real Decreto Legislativo\u00a01\/2007, de\u00a016 de noviembre, en relaci\u00f3n con el t\u00edtulo competencial<\/strong>, y una disposici\u00f3n final tercera sobre la entrada en vigor del texto.<\/p>\n

Y la disposici\u00f3n final segunda<\/a><\/strong>, que no modifica propiamente la Ley de Consumidores y Usuarios, sino el Real Decreto Legislativo 1\/2007, de 16 de noviembre, que la aprob\u00f3. Redefine en su D.F.1\u00aa<\/a> los art\u00edculos que, desde el punto de vista del t\u00edtulo competencial, tienen el car\u00e1cter de b\u00e1sicos.<\/p>\n

Entr\u00f3 en vigor el 4 de noviembre de 2022<\/strong>.<\/p>\n