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INDEPENDENCIA POLÍTICA Y SOLVENCIA FINANCIERA (1/2)

 

Daniel Iborra

Daniel Iborra Fort, Notario de Vilafranca del Penedès (Barcelona)

          

 

“En España, hay un problema de corrupción que seguramente acabaremos resolviendo pero tenemos, además, otros de irresponsabilidad e incompetencia, que tardaremos un poco más”

 

Cuando iniciamos el camino hacia la unidad de mercado utilizamos la metáfora de que entrar en la Unión Europea era como ingresar un club en la N.B.A., al principio hace mucha ilusión pero si a continuación no amplia los presupuestos, no hace un equipo competitivo, no adapta la manera de entrenar y jugar a una competición de elite y no ficha una dirección técnica competente, mejor que se hubiera quedado en casa.

Al unificar el tipo de cambio con los países que mejor competitividad ofrecían y a la vez, eliminar las barreras arancelarias y técnicas que permitían controlar la circulación de bienes, era vital reforzar la maquinaria productiva nacional para no destrozar nuestro futuro.

Si no mejorábamos la calidad y conteníamos los precios de la producción, cada vez tendríamos más dificultades para mantener las ventas en un mercado cada vez más globalizado.

Para ello, el programa era claro e inevitable. Había que dar preferencia a la Economía como motor, no solo de la renta común, sino, también, de los ingresos públicos, del empleo para la población, de la garantía para la viabilidad del estado del bienestar y hasta de la estabilidad política y social.

 Y desde esta base las reformas salen solas: reformar el sistema educativo haciéndolo más riguroso y de mayor calidad técnica para proporcionar trabajadores más cualificados, reducir los costos del abastecimiento energético, racionalización de la política de infraestructuras, en materia laboral simplificar y hacer más atractiva la contratación, incentivar la mejora de la productividad y reducir el absentismo, potenciar la generación de emprendedores, únicos que pueden crear nuevo empleo, con una mejora en el marco legal empresarial, ayudar al sector exportador y sobre todo, dirigir los recursos financieros, fundamentalmente a las actividades productivas.

La crisis nuestra, como la de Portugal y la de Grecia, tenían un origen parecido: el acceder, a cuerpo, a un mercado muy competitivo sin haber preparado a los ciudadanos ni a su sistema económico para este reto histórico.

Ni se hicieron las reformas fundamentales para mejorar la capacidad productiva, ni se adaptó el Estado en todas sus vertientes a la nueva situación política supranacional ni los ingentes recursos procedentes de los fondos comunitarios y de los mercados financieros, en un momento de exceso de liquidez y reducidos tipos de interés, se dirigieron a la consolidación de una estructura empresarial moderna sino fueron, en su mayor parte, despilfarrados en consumo público y privado desproporcionado, gasto público ineficiente y en inversiones de discutible utilidad social (y cuando no directamente objeto de extracción particular o partidista, como luego se comprobó).

 

“Nos endeudábamos para vivir mejor, no para ampliar nuestra capacidad productiva de la que deberían fluir los recursos para hacer frente a la deuda y esto acaba siendo autodestructivo” (Joaquim Muns)

 

Cada país, además, tuvo sus desvaríos particulares, el nuestro desarrolló una estructura autonómica contraria a los principios comunitarios e inviable económicamente y fuente de todo tipo de problemas, ineficiencias y corrupciones y también generamos un boom inmobiliario que, en sus momentos más expansivos (2.005) llegó a producir tantas viviendas como Francia, Alemania y el Reino Unido juntas.

Y todo ello terminó cuando, en el 2.006 (no a finales del 2.008) dejó de manar el crédito exterior.

Y al final, acabamos contagiados de graves problemas comunes: los déficits crecientes de todas las administraciones, el sobreendeudamiento tanto público como privado, la falta de competitividad de las economías que provocó desequilibrios históricos en el sector exterior, el crecimiento de los costes salariales por encima de su productividad y del paro a unos límites escandalosos, la falta de eficiencia de las administraciones del Estado, todo ello potenciado por un general desconocimiento de las obligaciones que suponía el ser miembro de un nuevo sistema político.

Pero, como podéis comprobar en la evolución de la prima de riesgo, los tipos de interés tuvieron evoluciones dispares ya que el comportamiento de los países, en idéntico período histórico, fue diferente ((1) de datos.macro.com.)

En GRECIA, la crisis financiera comenzó a desarrollarse cuando, en enero de 2010, la Comisión Europea les acusó de falsificar las cuentas públicas y su déficit real, lo que provocó la desconfianza y la corrección de su calificación por las agencias internacionales hasta alcanzar su deuda pública, en sucesivas evaluaciones, la categoría de bono basura.

     En abril de ese año, el Gobierno solicitó ayuda financiera al FMI para evitar la suspensión de pagos. Solo en el 2.010 tenían que refinanciar 54.000 millones de euros de deuda.

      El 2 de mayo siguiente, la UE y el FMI acuerdan una ayuda a Grecia de 110.000 millones de euros en 3 años.

        A cambio, tuvo que aceptar un plan de austeridad que luego se intensificó con importantes recortes que provocaron una gran reacción social con numerosas manifestaciones y disturbios y continuadas huelgas generales (8 sólo en el 2.010) que paralizaron el país durante meses.

        El plan tenía como objetivo luchar contra el déficit público y la corrupción y se estuvo centrando en los siguientes objetivos: reducción del número de funcionarios y de trabajadores de empresas públicas, de las pensiones y de los salarios públicos y privados, incremento de la imposición directa e indirecta, retraso de la edad de jubilación (de los 60 a los 65) y un programa de privatizaciones de bienes y empresas públicas.

Los tramos del rescate quedaban condicionados al cumplimiento de los compromisos y ajustes propuestos por los controladores.

La situación se continuó agravando al aumentar la recesión económica, los costes financieros, la salida de capital y el hundimiento de la recaudación fiscal.

Para evitar la suspensión de pagos se pidió un segundo rescate en julio del 2.011, con la aprobación de nuevas medidas de austeridad en los mismos sectores anteriormente referidos, que provocaron nuevas reacciones ciudadanas (2011 acaba con 7 huelgas generales). Varios países pidieron garantías adicionales a cambio de su intervención (Finlandia, Holanda, Austria…).

En noviembre dimite Papandreu y es sustituido por Papademus (Exvicepresidente del BCE) que preside un Gobierno de unidad nacional con 2 miembros de Nueva Democracia y hasta uno de Laos (extrema derecha).

El 12 de febrero de 2012, el Parlamento aprueba bajo una enorme presión, medidas tan polémicas como el despido de 15.000 funcionarios, reducir el salario mínimo un 22% y las pensiones, un ahorro del gasto público de 3.300 millones de euros, la quita en la deuda pública y el plan de recapitalización bancario.

El 12 de marzo de 2012, el Eurogrupo aprueba un segundo rescate, con un importe de 130.000 millones de euros que es ratificado por el Parlamento Griego

El 6 mayo del 2012, hay elecciones y dada la fragmentación política que impide la continuidad del plan de austeridad, se convocan otras nuevas para el mes de junio siguiente.

Durante esta transición, entre rumores de la salida del euro de Grecia y las declaraciones del líder de Syriza (izquierda radical) de que si ganara su partido abolirá el programa de austeridad, los griegos aumentaron la retirada de dinero de los bancos temiendo un “corralito”.

El 17 de mayo de 2.012, Sala i Martin publica en La Vanguardia un demoledor artículo que nos sirve para abrir los ojos sobre lo que puede pasar cuando uno sale de la Unión Europea con problemas de solvencia. Ver enlace.

En las elecciones ganan los conservadores de Nueva Democracia (superando a Syriza) que, con los socialistas del Pasok, acuerdan un gobierno que permite asegurar la aprobación de los planes de ajuste.

PORTUGAL fue un caso diferente, especialmente por la reacción más madura de la clase política y sus ciudadanos ante, también, una situación de grave insolvencia.

El deterioro comenzó el 3 de mayo de 2.011, cuando el gobierno del socialista Sócrates acuerda con la UE y el FMI un primer rescate de 78.000 millones de euros para superar la crítica situación financiera.

Ya, anteriormente, a continuación de ganar las elecciones en 2.009, había aprobado el 25 de marzo de 2010, con la ayuda del partido opositor PSD, que se abstuvo, el primer plan de austeridad que incluía medidas que luego se fueron intensificando por la presión exterior: reducción del gasto público y del número de funcionarios, congelación inicial y posteriormente reducción de los salarios de los funcionarios, las prestaciones de desempleo y las pensiones, privatización de las empresas y bienes públicos, elevación de la imposición (tanto directa como indirecta) y finalmente hasta el recorte de los costes del despido.

El 5 de junio de 2010 vence las elecciones el PSD el cual forma un gobierno de mayoría centro derecha con el CDS-PP.

El 13 de abril de 2013 casi el 90% del Parlamento ratifica los tratados de estabilidad presupuestaria de la Unión Europea.

En 2013 continúan las reformas en los sectores anteriores y se añaden otros como la reforma sanitaria, la liberalización de productos y servicios y la legislación sobre los medios.

Después del cumplimiento, con gran esfuerzo político y social de buena parte de los compromisos asumidos, el 17 de mayo del 2014, se dio por finalizado oficialmente el rescate, y con ello, se recuperó la independencia (dentro de lo que cabe) para la gestión pública.

Este noviembre el gobierno puede presentar dos datos muy positivos para la ciudadanía, la tasa de desempleo descendió al 13’1% y el interés de los bonos a 10 años al 3’17%, al nivel de 2.005.

 

“Hemos tenido la mala suerte histórica de que la peor crisis en muchas décadas haya coincidido con la peor clase política en muchos años” (Joaquim Muns).

 

Como preámbulo al contenido del resto del artículo (2/2) que publicaremos próximamente, se me ocurren las siguientes preguntas: ¿Quién es el responsable principal de nuestros problemas económicos y sociales actuales? Si, como dice, el profesor Joaquim Muns tuvimos la peor clase política en muchos años en la reciente gran crisis, ¿los que la están sustituyendo están mejor preparados, son más inteligentes y tienen capacidad de gestión acreditada o son parecidos pero sin experiencia política, que les impide mostrar errores ya que no tomaron decisiones ni corruptelas porque no ocuparon cargos? ¿Habrá que recordar lo que prometen los políticos antes de su elección y cómo dejan sus administraciones cuando se van? ¿Por qué, si los medios eran de información no nos “informaron” de una corrupción tan lejana y que “todo el mundo conocía”? ¿Fue por ignorancia o por interés? ¿Por qué nos preocupamos de los trajes, de los viajes y de los gastos menores de los políticos y de los dirigentes financieros y sociales y no de su preparación y de los graves errores de gestión? ¿Cuándo nos ocuparemos de los costes de la incompetencia? ¿Cómo nos resarcirán los que, y a veces de buena fe y sin haberse llevado ningún euro, han dejado lo que administraban en la ruina? ¿Es que no hemos aprendido nada en estos dramáticos años? ¿Continuaremos siendo indefinidamente “carne de estafa”? Y, tal como está el país, ¿subsistirá a una nueva ola, en todos los ámbitos, de incompetencia e irresponsabilidad?

 

 

DANIEL IBORRA FORT

NOTARIO Y ANALISTA DE INVERSIONES

 

 VILAFRANCA DEL PENEDÈS (BARCELONA), 20 de noviembre de 2014

 

 

 

 

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ARTÍCULO PUBLICADO EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2014

 

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