1. SEGUNDA HIPOTECA MOBILIARIA. R. 9 de abril de 2002, DGRN.

            No puede inscribirse una hipoteca mobiliaria sobre determinada maquinaria industrial, constituida en escritura pública, ya que, con el número inmediatamente anterior del protocolo del mismo Notario, los mismos interesados habían constituido otra hipoteca mobiliaria sobre esa misma maquinaria en garantía de otra deuda la cual ya ha sido debidamente inscrita en el Registro de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento. La decisión se basa en el artículo 2 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento, el cual prohíbe constituir hipoteca mobiliaria sobre bienes anteriormente hipotecados.

            No es óbice para tal solución el que se haya pactado que ambas hipotecas tengan el mismo rango registral, al tratarse de dos hipotecas y ser categórico el referido artículo. (JFME)

http://www.boe.es/boe/dias/2002-06-03/pdfs/A19846-19847.pdf

2. PRÉSTAMO HIPOTECARIO: DETERMINACIÓN DE INTERESES. R. 10 de abril de 2002, DGRN.

Sólo se impugna un defecto de la nota: la apreciación del Registrador de que hay indeterminación en las cláusulas relativas a la fijación de los intereses ordinarios de un préstamo que se garantizan con la hipoteca cuya inscripción se pretende. En la cláusula 3ª se pacta la variabilidad del tipo de interés aplicable, pero no se establece tope máximo a esta variación. En la cláusula de constitución de hipoteca, aunque se establece un tipo máximo al definir la respectiva cobertura hipotecaria, se añade que tal fijación lo es ‘a los únicos efectos de determinar un máximo de responsabilidad hipotecaria por interés’.

La DG revoca la nota. Por una parte, no cabe imponer, al amparo del principio de determinación registral, la fijación de un tipo máximo al que pueden ascender los intereses ordinarios en las relaciones personales entre acreedor y deudor si se señala el límite al que puede ascender su cobertura hipotecaria, de modo que mas allá del cual no podrán ser ya satisfechos con cargo al precio de remate del bien hipotecado, aun cuando los efectivamente devengados y exigibles en las relaciones personales acreedor-deudor, fueren superiores.

Por otra, la expresión ‘a los únicos efectos de determinar un máximo de responsabilidad hipotecaria por interés' debe entenderse en el sentido de fijar la extensión de la cobertura hipotecaria de tales intereses, esto es, de definir el alcance del propio derecho real de hipoteca y, por ende, con alcance tanto ‘interpartes’ como 'erga-omnes' por la literalidad misma de la expresión y la valoración conjunta de las cláusulas del contrato en el sentido mas adecuado para que produzcan efectos. (JFME)

http://www.boe.es/boe/dias/2002-06-04/pdfs/A19923-19924.pdf

3. NOTA DEL 2001 Y PROCEDIMIENTO ACTUAL. EMBARGO CONTRA EL CÓNYUGE.  R.  15 de abril de 2002, DGRN.

            Llama la atención en este recurso el que, tratándose de una nota de calificación anterior al 31 de diciembre de 2001, sin embargo se sigue por los trámines del nuevo artículo 326 de la Ley Hipotecaria, sin intervención del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad. El plazo actual es el de un mes frente al anterior de cuatro. La nota de calificación es de 29 de octubre de 2001, sin que conste cuándo fue notificada. Es de suponer que el recurso se presentó este año con lo que sería de aplicación la Disposición Transitoria 1ª del Capítulo IX BIS de la Ley de Acompañamiento que dispone: ”El régimen previsto en esta Ley para el recurso gubernativo será de aplicación a los recursos interpuestos con posterioridad a su entrada en vigor”. Sin embargo es de observar que el procedimiento de notificación entra en vigor el 1º de enero de este año, por lo que la notificqación de la calificación del 29 de octubre de 2001 no ha tenido que hacerse conforme al nuevo procedimiento. Tal vez se haya admitido el plazo del procedimiento anterior –al ser más favorable al interesado- y las reglas del nuevo.

            Pasando al caso concreto, se suspende la práctica de una anotación preventiva de embargo ordenada por la Tesorería General de la Seguridad Social por hallarse la finca inscrita a nombre de la esposa del demandado por título de disolución y liquidación del la sociedad de gananciales. Se confirma la nota sin que se pueda alegar:

a) ni la notificación a la titular registral (que además lo fue de un embargo anterior), debiendo mediar la pertinente providencia de apremio contra el titular registral y el previo requerimiento de pago al mismo para garantizar su derecho a que, mediante el oportuno pago de la deuda, pueda evitar el embargo y el inicio del apremio, 

b) ni la manifestación por el Recaudador de ser la deuda ganancial, porque, para ello sería preciso haber obtenido resolución judicial en procedimiento declarativo dirigido contra ambos cónyuges al no existir en nuestro Código Civil una presunción de ganancialidad de las deudas contraídas. (JFME)

http://www.boe.es/boe/dias/2002-06-04/pdfs/A19924-19926.pdf

4. CANCELACIÓN DE EMBARGOS POSTERIORES A OPCIÓN.  R. 18 de abril de 2002, DGRN.

Una vez inscrito un derecho de opción de compra se anotan determinados embargos y, posteriormente, se inscribe la compra derivada del ejercición de la opción.

No cabe cancelar dichas anotaciones mediante una mera instancia presentada por el actual titular registral sin que se acredite la consignación del precio de la compraventa a disposición del vendedor y de todos los titulares de derechos posteriores que de él traigan causa. El precio pasará a ocupar, por subrogación real, la posición jurídica que correspondía al inmueble vendido. (JFME)

http://www.boe.es/boe/dias/2002-06-04/pdfs/A19926-19927.pdf

*5.  ANOTACIÓN PREVENTIVA DE SENTENCIA NO FIRME. R. 19 de abril de 2002, DGRN.

Se dicta una Sentencia –todavía no firme- por la que se declara nula la adjudicación de una finca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Para asegurarla, se emite un mandamiento por el que se ordena una 'anotación preventiva de la cancelación de la inscripción de dominio’. El Registrador entiende que dicha anotación no está prevista en el art. 42 de la Ley Hipotecaria, cuya relación es ‘numerus clausus’.

La DG revoca la nota:

a) por la utilidad de la constatación registral de que una inscripción de dominio está en entredicho por cuanto una sentencia no firme ha declarado nulo el título que la motivó y ordenado su cancelación.

b) porque tiene apoyo normativo relacionando el artículo 42-10 de la Ley Hipotecaria (‘el que en cualquiera otro caso tuviese derecho a exigir anotación preventiva, conforme a lo dispuesto en ésta o en otra Ley’) con el 727-6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (‘Podrán acordarse las siguientes medidas cautelares:..6º: Otras anotaciones registrales, en casos en que la publicidad registral sea útil para el buen fin de la ejecución’), y, especialmente, con el 524 del mismo texto legal (‘procederá la anotación preventiva de las sentencias que dispongan o permitan la inscripción o la cancelación de asientos en Registros públicos’).

Da la DG importancia menor a problemas semánticos acerca de si la anotación que ha de practicarse es la de la propia sentencia no firme o de la cancelación misma que se persigue. De todos modos hay un gran confusionismo en el documentro presentado ya que en una parte del mismo se ordena la cancelación de un embargo. (JFME)

http://www.boe.es/boe/dias/2002-06-04/pdfs/A19927-19928.pdf

6. CALIFICACIÓN DE PODERES. R. 23 de abril de 2002, DGRN. Esta Resolución fue cimentada en el número anterior. Una vez publicada su reproduce el comentario con algún retoque.

En una escritura de 16 de enero de 2002, que el Notario califica expresamente de cancelación de hipoteca, después de identificar la escritura de poder de la que hacen uso los representantes de la entidad crediticia, añade el Notario: ”Copia autorizada del referido poder he tenido a la vista y juzgo, bajo mi responsabilidad, con facultades representativas suficientes para el acto o contrato que se instrumenta en esta escritura. Inscrita en el Registro Mercantil de ....”

El Registrador suspendió la inscripción de la misma «por no acreditarse las facultades representativas de los otorgantes que intervienen como apoderados».

La DG revoca la nota de calificación. Resuelve centrándose en el artículo 98.2 de la Ley 24/2001 que dice: “La reseña por el Notario del documento auténtico y su valoración de la suficiencia de las facultades representativas harán fe suficiente, por sí solas, de la representación acreditada, bajo la responsabilidad del Notario”. Aparecen constantes reseñas de la R. 12 de abril de 2002.

Parte la DG de que dicho precepto no ha modificado el esquema de la seguridad jurídica preventiva ni la función que en ese esquema desarrollan sus protagonistas. La norma incrementa la fe pública notarial en materia de representación pero lo hace sin merma de la función calificadora de los Registradores. No se altera la práctica de la calificación registral de las escrituras que, conforme al artículo 18 de la Ley Hipotecaria, debe realizarse “por lo que resulta de ellas y de los asientos del Registro”.

Antes no existía un precepto legal que atribuyera plena eficacia formal por sí sola a la manifestación notarial relativa a la suficiencia de las facultades representativas. Tras la reforma legislativa se atribuye idéntico valor a los juicios notariales de capacidad natural y de capacidad jurídica de los otorgantes, actúen éstos personalmente o por medio de representante o apoderado: Están dotados de una presunción iuris tantum que vincula erga omnes y obliga a pasar por ella, en tanto no sea revisada judicialmente.

La aplicación del artículo 98.2 exige la concurrencia de dos elementos:

a)      la reseña del documento auténtico. La reseña tiene por objeto los datos de identificación del documento auténtico. Es la narración de un hecho.

b)      la valoración de la suficiencia de las facultades representativas. La valoración es un juicio. Deberá constar siempre, siendo un defecto su ausencia. No puede ser sustituida por la trascripción de las facultades unido a la expresión clasica de que “en lo no transcrito no hay nada que desvirtúe...”. Esta expresión ya no es necesario que conste, aunque haya transcripción parcial.

La cuestión clave es la extensión de la reseña. La Resolución de 12 de abril de 2002 concluye con la siguiente expresión: “los Registradores no pueden exigir que dichos títulos contengan la transcripción total de las facultades o la incorporación total -ni mucho menos, el acompañamiento-, de los documentos que se hayan aportado para acreditar la representación alegada”. De ahí, ‘a sensu contrario’, cabría deducir que sí se puede solicitar la transcripción parcial en lo que afecte al negocio en cuestión.

Esta R. viene a decir que esta trascripción parcial tampoco sería imprescindible, pudiendo el Notario optar por  apoyar su juicio o valoración en una referencia o relación de la esencia de tales facultades (por analogia a los testimonios en relación). Y pone un ejemplo: si el Notario ha comprobado que el apoderado está plenamente facultado para disponer de todo tipo de bienes a título oneroso o gratuito, será suficiente con reseñar que está facultado para vender sin tener que copiar literalmente las facultades. También le da otra tercera alternativa: calificar el negocio (como en prácticamente todas las escrituras se hace) y decir que los apoderados tienen facultades para el mismo.

Esta tercera posibilidad se da en el caso concreto: el Notario no transcribe dichas facultades pero las identifica por remisión a la naturaleza del negocio instrumentado que califica previamente de cancelación de hipoteca.

En mi opinión, la tercera opción (que la DG asimila a la segunda) es opuesta al fallo de la R. 12 de abril de 2002 al vaciar de contenido la reseña del documento fuera de lo que son sus meros datos identificativos, creando un grave conflicto, si se llega a publicar en el BOE (como ya ha ocurrido), a los Registradores: ¿han de atenerse a lo resuelto en este caso concreto (fácilmente extrapolable) o bien atender a lo dispuesto en la Resolución de 12 de abril que, con carácter general, trató de zanjar la cuestión y que es de obligado cumplimiento? (JFME)

http://www.boe.es/boe/dias/2002-06-04/pdfs/A19928-19933.pdf

//www.notariosyregistradores.com/doctrina/resolucion-poderes-1.htm

**7. SUBROGACIÓN DE HIPOTECA.  R. 25 de abril de 2002, DGRN.

Se trata de una escritura de subrogación de entidad de crédito en un préstamo con garantía hipotecaria, en la que se pacta que 'en ningún caso el tipo de interés nominal anual resultante de la variación podrá ser superior al doce por ciento'. La hipoteca, en su redacción original, garantiza los intereses remuneratorios de tres años al tipo del trece cincuenta por ciento anual, que importaban 35.294,44 euros

Confirma la DG el criterio de la Registradora de que es necesario señalar claramente la nueva responsabilidad hipotecaria de la finca, dado el carácter accesorio de la hipoteca respecto del crédito garantizado.

No puede extenderse la hipoteca más allá de la obligación garantizada. Si el interés no puede exceder del 12 por ciento no cabe una garantía del 13,5. Tampoco cabe interpretar por el conjunto de las cláusulas que el tope de responsabilidad por intereses se alteró, porque se pacta expresamente que el referido préstamo seguirá inalterado, excepción hecha de la mejora del tipo de interés. Se generaría, asímismo incertidumbre al estar fijada una cantidad máxima de intereses si ésta sigue siendo la cobertura con independencia de los años o si són éstos los que varían.

Por último, la DG recuerda que la calificación negativa habrá de ajustarse debidamente a las prescripciones del nuevo artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria y, por tanto, con expresión de la motivación jurídica de las causas impeditivas, suspensivas o denegatorias, ordenada en hechos y fundamentos de derecho.  (JFME)

http://www.boe.es/boe/dias/2002-06-04/pdfs/A19933-19935.pdf

8. ANOTACIÓN DE EMBARGO CADUCADA. R. 11 de abril de 2002, DGRN.

La DGRN reitera su doctrina de que, caducada una anotación preventiva del embargo trabado en los autos de un juicio ejecutivo NO puede cancelarse, en virtud de lo acordado en los mismos, las cargas posteriores a aquella anotación cuando el mandamiento correspondiente se presenta en el Registro una vez que tal caducidad se ha producido.

Dice que, salvo el supuesto excepcional que se contemplaba en la Resolución de 28 de julio de 1989, (conforme a la cual la preferencia del proceso de ejecución que proclamaba la anotación preventiva de embargo respecto de cargas o gravámenes que accedieran al Registro con posterioridad debía entenderse trasladada a la inscripción de la transmisión derivada de la aprobación del remate practicada durante su vigencia), la caducidad de la anotación preventiva de embargo se produce 'ipso jure' (cualquiera que sea su causa), careciendo a partir de entonces de toda eficacia jurídica, de modo que los asientos posteriores mejoran su rango en cuanto dejan de estar sujetos a la limitación o restricción que para los mismos suponía la presencia de aquella anotación que ya no puede servir de soporte que para cancelar inscripciones o anotaciones 'posteriores' a la misma conforme a lo previsto en el artículo 175.2 del Reglamento Hipotecario que, en su caso, deberá obtenerse por otra vía. (JDR)

http://www.boe.es/boe/dias/2002-06-05/pdfs/A20131-20132.pdf

9. INADMISIÓN DEL RECURSO POR NO APORTAR LOS DOCUMENTOS CALIFICADOS. R. 13 de abril de 2002, DGRN.

Se presenta recurso contra una nota de calificación del Registrador sin aportar los documentos calificados, ni testimonio de los mismos, ni siquiera una simple copia de ellos. El Presidente del Tribunal Superior inadmite el recurso. Las interesadas recurren el Auto de inadmisión.

La DGRN acuerda que el recurso no puede ser admitido. Es imposible resolver sobre la procedencia de una nota de calificación sin tener a la vista el documento a que dicha calificación se refiere. (JDR)

http://www.boe.es/boe/dias/2002-06-05/pdfs/A20135-20135.pdf

10. CANCELACIÓN DE CONDICIÓN RESOLUTORIA DE UNA DONACIÓN. R. 16 de abril de 2002, DGRN.

Inscrita la transmisión del dominio de unas fincas por donación sujeta a condición resolutoria para el caso de que por el donatario no se destinasen las mismas, o no se aplicase el importe obtenido por la venta de parte de ellas, a la concreta finalidad para las que consta que fueron donadas, (la construcción de una iglesia o capilla destinada al culto divino), se solicita la cancelación de la condición por entender que dicho fin se ha cumplido y, por tanto, aquella no puede ya operar.

La registradora rechaza la pretensión por entender que ha de estarse a la regla general del artículo 82 de la Ley Hipotecaria y se precisa el consentimiento del titular registral, en este caso los donantes o sus herederos.

Para el recurrente, por el contrario, el incumplimiento de la condición consiste en un hecho objetivo, la realización de la construcción, que al estar suficientemente acreditado (escritura de declaración de obra nueva inscrita) es suficiente por sí sólo para practicar tal cancelación.

La DG confirma el criterio de la registradora, en una resolución muy didáctica  en la que teoriza acerca de la diferencia entre el “modo” y la “condición resolutoria”, concluyendo que el presente caso es una donación modal con la previsión añadida de una condición resolutoria explícita para el caso de no cumplirse el modo impuesto.

Dice que resulta difícil admitir que el simple hecho de que el donatario justifique haber llevado a cabo una construcción con destino a una capilla pueda tenerse objetivamente como determinante del desarrollo de la total actividad o aplicación de los bienes donados que exigía el modo impuesto por voluntad de los donantes.

En consecuencia, afirma que la cancelación de dicha condición precisa el consentimiento de quien la impuso -o el de sus herederos-, o en su defecto, la resolución judicial recaída en juicio ordinario. Lo contrario supondría cercenar el derecho legal del donante de revocar la donación, no porque con la eliminación del modo del Registro quede aquél extinguido, sino porque de proceder así podría volverse inoperante al quedar a cubierto de sus efectos los terceros adquirentes de los bienes donados. (JDR)

http://www.boe.es/boe/dias/2002-06-05/pdfs/A20135-20137.pdf

11. APORTACIÓN A GANANCIALES: CAUSA IMPRECISA. R. de 17 de abril de 2002, DGRN.

En una aportación de un bien privativo (la vivienda familiar, gravada con hipoteca) a la sociedad de gananciales se dice que 'La causa de dicha aportación tiene su origen en eliminar dificultades a la hora de liquidar su sociedad de gananciales debido a los gastos habidos al contraer matrimonio y que el préstamo hipotecario reseñado se está reintegrando y se va a pagar con dinero ganancial”.

 El Registrador suspende por el defecto de que no se precisa la causa -gratuita u onerosa- de la aportación.

La DGRN revoca su criterio diciendo que en el presente supuesto, si bien es cierto, como dice el Registrador, que la afirmación de querer facilitar la liquidación es más motivo que causa, también lo es que se expresa en la escritura una causa onerosa suficiente para el desplazamiento patrimonial, (ser la aportación compensación de los gastos realizados para contraer matrimonio), unida al hecho de que el precio de la vivienda pendiente de pago se va a satisfacer con dinero ganancial.  (JDR)

http://www.boe.es/boe/dias/2002-06-05/pdfs/A20137-20138.pdf

12. EMBARGO AL MARIDO DE BIENES ADJUDICADOS A LA ESPOSA POR LIQUIDACIÓN DE GANANCIALES. R. de 24 de abril de 2002, DGRN.

Mediante escritura de capitulaciones matrimoniales los cónyuges disolvieron y liquidaron su sociedad de gananciales con adjudicación a la esposa del pleno dominio de determinada finca;  En expediente administrativo de apremio instruido contra el marido se dictaron contra este deudor determinadas providencias de apremio (posteriores a la inscripción de la liquidación de gananciales) con la correspondiente diligencia de embargo de la finca inscrita a nombre de la esposa 'por ser deudas anteriores a las capitulaciones matrimoniales'. Se presenta el correspondiente mandamiento de embargo, en el que consta haber sido notificada a la esposa dicha traba.

 La Registradora deniega la anotación preventiva de embargo solicitada, por estar inscrita la finca con carácter privativo en favor de la esposa del deudor y no haberse dirigido la demanda también contra ella.

La DGRN confirma la calificación registral,. por aplicación de los principios de tracto sucesivo y legitimación.

 Ciertamente, los bienes adjudicados a uno de los cónyuges mediante la liquidación de la sociedad de gananciales puede responder de las deudas gananciales contraídas por su consorte antes de la disolución y liquidación de la sociedad conyugal (cfr. artículos 1317, 1401, 1402 del Código Civil); lo que ocurre es que, a falta de una presunción legal de ganancialidad de las deudas contraídas constante la sociedad conyugal, esa responsabilidad no puede ser apreciada por el Registrador ni en el estrecho marco del recurso gubernativo con base en la mera declaración de la Unidad Recaudadora, si no precede la correspondiente decisión judicial mediante procedimiento judicial en el que la titular registral haya sido parte (cfr. artículo 24 de la Constitución).

No obstante, la DGRN recuerda su doctrina interpretativa del artículo 144.4, párrafo segundo, del RH, (aunque no sea aplicable al presente supuesto) según la cual cabría practicar la anotación de embargo por deudas de un cónyuge sobre bienes antes gananciales y ya adjudicados e inscritos en favor de su consorte, siempre que la traba y su notificación a éste se hubieran producido antes de que la disolución y liquidación de la sociedad conyugal hubiera producido efecto frente a terceros de buena fe.  (JDR)

http://www.boe.es/boe/dias/2002-06-05/pdfs/A20138-20139.pdf

13. SENTENCIA FIRME DECLARATIVA DE DOMINIO. R. 20 de abril de 2002, DGRN

Medainte convenio regulador recogido en un procedimiento de separación matrimonial, se adjudica al marido un piso en determinado edificio. En el convenio se omitió inventariar y adjudicar una cochera-trastero sita en el mismo edificio del piso adjudicado al marido, por lo que éste presenta demanda en juicio declarativo solicitando que se declare que ha de entenderse incluida en su lote la citada cochera trastero y que se condene a la esposa demandada a elevar a público el convenio, incluyendo expresamente en el mismo el citado bien. La sentencia firme estima totalmente la demanda. El expresado marido insta la ejecución de la sentencia anterior, dictándose Auto por el que se requiere a la esposa a elevar a público el convenio, de acuerdo con la Sentencia, con apercibimiento de que, si no cumple lo ordenado, se hará por el Juzgado, remitiéndose igualmente mandamiento al Registrador para que cumpla lo acordado.

El Registrador suspende la inscripción, fundamentalmente porque no se ordena en el mandamiento que se inscriba la finca a favor del demandante y porque el Auto contiene un requerimiento a la esposa, y, antes de que transcurra su plazo, se solicita la inscripción.

La DG estima el recurso basándose en que con la Sentencia firme declarativa de la propiedad es suficiente para conseguir la inscripción, siendo redundantes todas las actuaciones procesales posteriores, pues, como se deriva palmariamente de la actual Ley de Enjuiciamiento Civil (arts. 517 y 521), las sentencias declarativas no necesitan ejecución, por lo que no precisan de actividades posteriores ejecutorias, con lo que, para obtener la inscripción, es suficiente el testimonio de la sentencia, que es firme, por la que se declara que la cochera trastero es de la exclusiva propiedad del actor.  (JFME)