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PARA TENER UNA DEMOCRACIA DE CALIDAD Y SOSTENIBLE,

 ¿QUÉ CLASE DE GASTO PÚBLICO HAY QUE REDUCIR?

Daniel Iborra Fort, Notario de Vilafranca del Penedès (Barcelona)

 

 

Como recogen todas las estadísticas, hay una intensa insatisfacción sobre el funcionamiento de nuestra democracia, como si sólo el sistema y no sus votantes, tuviera la culpa de los gravísimos problemas económicos y sociales actuales.

Esto no es nuevo, en la primera mitad de los noventa y en medio de una situación de enorme deterioro económico y social, provocada por similares defectos de gestión pública de la economía, al no haber adaptado el modelo productivo a los cambios de la economía mundial, afloraron innumerables casos de corrupción que empañaron la imagen de gran número de instituciones sociales.

Pensamos que la sociedad aprovecharía aquellos momentos para reforzar el control de la gestión pública y mejorar la eficiencia del sistema democrático, ayudada por el proceso de integración política en una de las zonas de mayor calidad democrática. Aún recuerdo la anécdota de que, al finalizar una conferencia sobre la Unión Europea y ante el escepticismo de la gente sobre los beneficios de la integración, les comenté que, si nos empobreciéramos, sería poco a poco y a medio plazo, pero que este proceso tenía una ventaja, la de que “España sería una democracia dirigida por alemanes, franceses e ingleses porque si permanecíamos en soledad, nos arruinamos fijo “.  

Como nada de esto sucedió, después de casi 20 años de aquellos desgraciados acontecimientos, continuamos en una situación semejante por lo que el diagnóstico es parecido y la solución obligada, esta vez, por la falta de recursos para mantener el sistema.

Como se ve que era más optimista que ahora, en medio de la tremenda crisis de los noventa, dimos la siguiente explicación de lo que estaba pasando en el periódico económico EXPANSION:

“Hay un general desconcierto en nuestra ciudadanía sobre el estado de la política española .Sin embargo, creo que estamos viviendo una etapa de maduración, necesaria para alcanzar cotas de mayor desarrollo político

En el mundo conviven  todo tipo de regímenes políticos. Entre ellos, hay una buena  parte de países que se llaman democráticos.

Las democracias ofrecen tantas caras como países pero, simplificando, hay dos grupos enormemente diferenciados: las democracias tercermundistas y las de los países desarrollados. Entre otras diferencias, nos vamos a detener en una que es básica en las democracias tercermundistas, el Estado es el botín del que gana las elecciones. La lucha electoral se parece a una de las tantas batallas militares que se llevaron a cabo en la Edad Media pero en la que la lucha física ha sido sustituida por la intelectual. Y, como en aquellas batallas históricas, hay estrategias, necesidades financieras y lucha brutal, pero desarrolladas en el control mental de la población.

Una vez decidida la contienda, el ganador se apodera del Estado. El triunfo electoral recompensa al triunfador abriéndole el portillo para entrar en la administración pública y con ello a los presupuestos de ingresos y gastos. Para compensar a los que han participado en el combate se distribuye entre ellos la bolsa de cargos públicos, se promociona a los afines en los diferentes sectores en que se divide el Estado, se adjudican obras y servicios públicos a los partidarios mientras que a los soldados de la cultura amigos se les abre el grifo para la financiación de sus obras artísticas, proyectos cinematográficos y teatrales, premios literarios, galas y espectáculos, espacios en los medios de información públicos.

De ahí que, en estos países, la corrupción no es aislada, de determinados personajes, sino general y derivada de la idea de que el triunfo electoral legitima la apropiación de la cosa pública.

En las democracias desarrolladas el Estado es de la sociedad y los políticos son servidores públicos y gestores de dinero ajeno. De manera que, si distraen del presupuesto público cualquier cantidad, para ellos o para el partido, la ciudadanía les retira la confianza y les inhabilita políticamente. Este es el tipo de democracia a que aspiraba el pueblo español.

 Pero, después de una etapa inicial de esperanza, vio que los comportamientos y actitudes de sus representantes fueron abandonando el modelo que ellos votaron. Y nuestra democracia se fue separando, cada vez más, de la que conocíamos en el mundo occidental. ¡Ya nos extrañaba que España fuera el país de Europa que mejor acogía a personajes que ejercían sobre sus ciudadanos la más completa dictadura y, a la vez, era el país que más fríamente acogía a los líderes democráticos occidentales!.

 Lo que ha sucedido es que, con la Unión Europea, no sólo había que reconvertir, como manifestaron nuestros representantes políticos, el sector naval, las aduanas, la agricultura, la industria o el comercio, sino también un sistema de gobierno que se había alejado de las normas democráticas europeas.

 De ahí que no estemos viviendo la crisis del sistema democrático en España sino una crisis para la recuperación del modelo de democracia, desarrollada que se le prometió al pueblo español en los  comienzos de la transición”.

El 14 de diciembre de 1993 publicamos el remedio para tener una democracia de calidad, sostenible y eficiente que no era otro que el de eliminar determinados y elevados gastos públicos:

“Parece que, por fin, se está generalizando entre los ciudadanos, la opinión de que hay que reducir los gastos electorales. Este estado de ánimo ha trascendido de la sociedad a los centros directivos de los partidos políticos, con lo que se puede hablar de que existe actualmente un consenso para resolver el tema.

Pero, creo,  que se está centrando la atención en la parte más marginal del llamado gasto electoral.

Lo más habitual es que se discuta el montante del costo de la publicidad en vallas y en correspondencia y los gastos de los actos políticos del último mes de la campaña electoral, pero se olvidan los acumulados en todo el período legislativo anterior.

¿Cual es el montante verdadero de los gastos electorales en España?

Tendremos que sumar todos los gastos que exceden de lo que llamaríamos una gestión prudente del Estado y que van dirigidos a consolidar y ampliar la cuota del mercado de votos de la opción política que administra los fondos públicos.

Por lo tanto hay que incluir los gastos dedicados al control de la educación, la cultura y la información en beneficio de la clase política dirigente. El coste económico del control de estos sectores que sirve para dirigir la sensibilidad de los ciudadanos introduciendo un mensaje continuo en el cuerpo social, que propiciará la decantación de los futuros votantes a la filosofía del partido en el poder y en paralelo  el rechazo de las otras opciones políticas competitivas.

Los fondos destinados a financiar el déficit de las televisiones públicas pero, también, los destinados a las televisiones y medios de información privados en cuanto sean discriminatorias,  a través de la llamada publicidad institucional, compras oficiales para instituciones y organismos públicos o con ayudas a la renovación tecnológica, por ejemplo, que sirven para mediatizar e influir en la dirección intelectual de estos medios de comunicación, privándoles de independencia y convirtiéndoles en eficaces instrumentos de publicidad política. La dirección de la información es fundamental para el control de las mentes y, por eso, las batallas más crueles de los últimos tiempos se dan en este campo.

La cantidad de fondos que de los presupuestos se dedican a financiar obras cinematográficas, teatrales o literarias con el objeto  de propagar el ideario político del que los patrocina y anular el del competidor. El día que desaparezca esta promoción pública, comprobaremos el valor objetivo de tantos intelectuales, artistas y músicos, utilizados como propagandistas pero financiados con renta proveniente de todos los ciudadanos, tan asiduamente promocionados por el  dependiente e interesado, sector informativo.

Por eso en cada elección intervienen en la lucha política con tanta agresividad como los políticos ya que, su renta y su futuro dependen de la misma suerte.

También hay que incluir los fondos destinados al control de la enseñanza con el objetivo de conseguir personalidades afines al ideario político dirigente con independencia y, muy a menudo, en contradicción con los intereses del sector estudiantil.

También el coste del asentamiento en la burocracia de personas afines y que se convertirán no sólo en un electorado fiel, sino también,  en una legión de propagan-distas eficaces dedicados a amplificar en la sociedad los mensajes políticos del que los introdujo en la administración.

Además los fondos públicos dirigidos a categorías sociales (ejm. el desempleo agrario en algunas zonas o las subvenciones puntuales) que sirven para asentar y ampliar el núcleo de votantes y comerciales de la región.

También habría que añadir el dinero dirigido a obras e inversiones sin una clara razón de Estado por ejemplo ¿Entran dentro de una buena administración los enormes costes de inversiones como el AVE, las Olimpiadas,  la Expo,  las redes de autovías de zonas tan alejadas de los centros productivos y de los mercados exteriores?..... Existe la sospecha de que una gran parte de las últimas inversiones del país no están basadas en razones de eficiencia económica o de utilidad social sino por motivos políticos, en momentos y zonas de utilidad electoral, dejándose de cubrir auténticas necesidades sociales sólo porque no producen inmediatos réditos electorales (ejm. repoblaciones forestales, investigación pública, aprovechamiento y distribución hidráulica.........).

Y hasta habría que incluir,  los fondos dedicados a la promoción exterior de buena parte de políticos, en diferentes ámbitos así como a objetivos aparentemente fuera de la órbita política pero que, en determinados casos, puede tener una gran eficacia electoral, como el mantenimiento actual del valor de la peseta ¿Cuanto ha costado al país el evitar una devaluación por las consecuencias que tendrían para la cuota de mercado del partido en el poder?

Así pues, vemos que en materia de gastos electorales, queda mucho por podar de un árbol que se ha desarrollado en todos los niveles del Estado (central, autonómico y local) echando sus raíces en los presupuestos hasta dejarlos exhaustos y que se genera y crece en sociedades que permiten que se apropie, una casta política y para sus intereses, del dinero de todos, haciendo inútil el esfuerzo de solidaridad colectiva que supone el pago de impuestos presentes y futuros.”

  Para entender como se ha podido producir la gravísima crisis actual, hay que sumar a la incompetencia de la dirección económica la falta de independencia y profesionalidad de gran parte de nuestros medios  y de entidades  que ocultaron, por interés o por ignorancia,  las raíces internas de esta degradación.

Y si profundizamos, comprobaremos que continúan actualmente vigentes los defectos estructurales de la democracia que denunciamos en la crisis anterior y que derivan de la sobreutilización partidista de los recursos públicos y de la política económica.

Si se anteponen los intereses políticos de la clase dirigente a los de la población, nunca se aprobará ninguna medida que perjudique  la cuota electoral del partido en el poder, por muy trascendente que sea para el bienestar social. La base electoral no domina el medio plazo, lo que le impide anticipar y  evitar los efectos negativos futuros de las erróneas  decisiones públicas actuales. Cuando se da cuenta del fraude, suele ser demasiado tarde. 

De ahí que,  el trascendental trabajo TRANSFORMA ESPAÑA, elaborado por los dirigentes de las principales empresas , nacionales y extranjeras, que operan en España y  cuyo resumen publicamos hace algún tiempo ( ¿ TIENE ALGÚN FUTURO ESPAÑA?) , no se centró sólo en la economía sino también y de manera preferente, en el agotamiento del actual modelo político vigente en España  con graves disfunciones e insuficiencias en materia de separación de poderes, sistema electoral, costes y duplicidades del sistema autonómico, de la falta  de consenso político en temas de trascendencia social como la educación, identidad productiva , estrategia energética y modelo de bienestar responsable y hasta la falta de preparación técnica de los dirigentes políticos y su visión partidista y cortoplacista de la gobernanza pública.

Y es que es imposible tener una economía competitiva, que asegure un estado del bienestar de calidad, sin un sistema democrático eficiente y una  gestión pública  competente.

 

DANIEL IBORRA FORT. NOTARIO Y ANALISTA DE INVERSIONES

VILAFRANCA DEL PENEDES (BARCELONA), 4 DE MARZO DE 2012

 

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