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¿ES EL ESTADO UN GESTOR EFICIENTE?
 

Daniel Iborra Fort, Notario de Vilafranca del Penedès (Barcelona)

  

 

Siempre he mantenido una idea muy simplificada sobre el funcionamiento de las Haciendas en los países democráticamente desarrollados.

En estos países los ciudadanos tienen dos salarios: Un salario que le resta después de pagar impuestos y un salario en especie, en cuya financiación participa toda la población.

Este salario en especie está compuesto por el conjunto de servicios que la totalidad de ciudadanos recibe del Estado: educación, justicia, sanidad, seguridad ciudadana y defensa, infraestructura y transportes...

La financiación de este salario en especie se hace a través de un esfuerzo solidario, pero discriminatorio, de aportación de renta por los contribuyentes y la distribución de la riqueza se materializa en una prestación de servicios sociales, básicamente igualitaria, a todos los ciudadanos.

El proceso comienza con una percepción de ingresos de los ciudadanos y después de una gestión de mediación, finaliza en la realización de un conjunto de funciones de utilidad general.

En consecuencia, el principio distributivo tiene una finalidad social que conforma y legitima las diferentes actuaciones. La obligación de los sujetos pasivos de la tributación, da paso a la obligación de los administradores de recursos y finalmente a la de los encargados de la gestión técnica de los servicios públicos.

Las sociedades democráticas son rigurosamente exigentes en que este proceso se realice con la máxima eficacia en todos los tramos, conscientes de evitar que en la intermediación se pierda el menor número de recursos y que éstos se apliquen correctamente.

Son objetivos de las Haciendas de las sociedades modernas el lograr reducir los costos de la gestión pública, lo que incrementa el número de recursos disponibles para atender las necesidades sociales y la aplicación de cuantas técnicas de gestión mejoren las prestaciones publicas.

En consecuencia, hay tres etapas que merecen la misma atención social y la misma responsabilidad.

La etapa primera, la contribución social, suele ser discriminatoria, aportando más recursos los que obtienen más ingresos. En esta etapa se está reconsiderando la presión fiscal, porque ésta no es neutra, ya que tiene una inmediata incidencia en la expansión de la estructura productiva y en la preparación de la población y su asunción de funciones complejas.

Porque puede llegar un momento que los ciudadanos se sientan desmotivados por el descuento fiscal que sufren en sus retribuciones y reduzcan la contribución de su trabajo y su inteligencia a la marcha del país, lo que propiciaría el empobrecimiento general y la reducción de la base imponible de los impuestos.

Una buena parte de la recaudación proviene de porcentajes sobre las rentas y los beneficios de la población y, generalmente, un proceso expansivo, como el de hace unos cuantos años, proporciona con los mismos porcentajes, una mayor recaudación que una elevación de tipos que puede generar, una reducción de nivel productivo del país. Los agentes económicos acaban adaptando su comportamiento a la nueva regulación fiscal.

La manera de incrementar los ingresos públicos más eficaz y permanente es la de crear las condiciones legales y financieras para la germinación de actividades empresariales que generen empleo y riqueza, lo que proporcionaría nuevos contribuyentes a la arcas públicas y a la seguridad social y reduciría las cargas sociales.

De ahí que se han venido aplicando reformas impositivas con el objeto de establecer un nuevo equilibrio fiscal más positivo para el progreso y la competitividad del país.

En la segunda etapa, es fundamental que el Estado racionalice sus costos de administración como cualquier empresa de prestación de servicios, de manera que un incremento de la recaudación revierta en una mejora del salario en especie.

Un tema que ha encontrado solución en las sociedades democráticas avanzadas es el control de la utilización de recursos por la clase política dirigente.

Es lógico que los responsable políticos, una vez instalados, sientan la preocupación de lograr la permanencia de su opción política. Una manera de ampliar el número de votantes es el de utilizar po1iticamente los recursos durante su mandato con el objeto de asegurarse su reelección.

Se inicia entonces un proceso de trasvase de recursos hacia finalidades o sectores sociales en función no del interés general del país, sino de la opción política que lo dirige, dando lugar a un incremento de la penetración y control social e informativo progresivo y a la creación de grandes bolsas de beneficiarios políticos.

En estas circunstancias, el incremento de la presión fiscal de la primera fase quedará anulado en la segunda, sin que nunca vean los ciudadanos recompensa para su esfuerzo fiscal.

En las sociedades desarrolladas es muy difícil que los ciudadanos admitan una reducción importante de ingresos para verlos evaporados en una función tan insolidaria. De manera que, cualquier desvío de recursos públicos para intereses partidistas, le supone al actor el fin de su carrera política.

El nivel educativo y la madurez democrática de la Sociedad son básicos en el cambio de comportamiento de la clase política.

También es importante la tercera fase, pues es la que determina la calidad de los servicios públicos que componen el salario en especie. Como en una empresa con una administración competente, el Estado tiene la obligación de lograr una profesionalización de la función publica, de manera que a través de procedimientos de incentivación y reconocimiento objetivo de meritos, se encuentren los funcionarios mejores en los puestos de mayor responsabilidad y la prestación de obras y servicios públicos en manos de las empresas mas competitivas y de mayor calidad.

También es importante que el Estado utilice cuantas técnicas de gestión mejoren las prestaciones sociales y reduzcan el coste de las mismas. Serian practicas contrarias, por ejemplo, las adjudicaciones politizadas de obras y servicios en favor de ofertas publicas o privadas, inferiores en precio o calidad a sus alternativas, ya que redundaría en un encarecimiento o en un deterioro de las retribuciones sociales de los ciudadanos y la politización de la función publica en beneficio de funcionarios afines. En ambos casos se produciría, igualmente, un fraude a la Sociedad.

En consecuencia, el Estado ha acabado funcionando como una empresa de prestación de servicios públicos, y el examen de su competitividad vendrá definido por la relación entre el coste y el salario en especie que proporciona a sus ciudadanos.

 

DANIEL IBORRA FORT.- Vilafranca del Penedès, 13/09/10

 

 

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