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¿QUÉ HEMOS HECHO MAL Y CÓMO SALDREMOS DE ESTA?

 

Daniel Iborra Fort, Notario de Vilafranca del Penedès (Barcelona)

 

 

He llegado a la conclusión, a la vista de las conductas tan irresponsables de los últimos años, que la bonanza económica propició el desarrollo de un virus que se alimentaba preferentemente de la memoria y del sentido común que, hasta entonces, dirigía nuestras decisiones.

A finales de 1987, iniciamos una serie sobre un hecho histórico que considerábamos tan relevante como el nacimiento de los grandes Estados Europeos, el inicio de la unificación política y económica europea.

Era tan importante que nos atrevimos a adelantar lo que supondría para nosotros esta transición:

……..“Estamos ante nuestra segunda transición política, que, posiblemente, consumirá otra década. Esta segunda transición tiene una dirección en muchos casos contradictoria a la primera y, como ésta, dará lugar a una mudanza de personas y de ideas, permaneciendo al final los que mejor logren integrarse en su curso histórico.

La revolución afecta, en primer lugar, a los Estados, cuyas atribuciones soberanas quedarán enormemente reducidas. ¿Se puede hablar de Estados independientes, cuando funciones tan importantes como la de la seguridad, política exterior, buena parte de la regulación económica, política social, fiscalidad.., han de estar concertadas con el resto de miembros de la CEE? Se habla de que hasta un 80% de las funciones que antes del proceso ejercitaban independientemente los Estados Miembros, quedarán desplazadas a los órganos de la CEE.

 La revolución afectará al funcionamiento de nuestro sistema democrático. Buena parte de la gestión pública nacional va a estar en manos de órganos comunitarios en los que participan políticos europeos con una gran experiencia en la gestión pública democrática. Políticos que han venido demostrando que sólo una gestión responsable y competente de los asuntos públicos, puede compaginar el respeto a las libertades y derechos individuales y sociales, con un progreso económico continuado.

Todo ello debe ayudar a consolidar socialmente la democracia, como un sistema político eficaz, no sólo en el ámbito de las libertades formales, sino en cuanto al nivel de vida y bienestar de la Sociedad, base de las libertades reales de los ciudadanos,

De momento vemos, con las salvedades que hemos venido manifestando anteriormente, que se ha detenido la degradación económica y social que acompañó la primera transición política, debida sobre todo a graves errores internos.

Por otro lado, la inclusión de nuestro sistema político en un espacio geográfico históricamente democrático, ha de ayudar a la democracia española a evolucionar positivamente hacia un funcionamiento homologable al de otras democracias europeas, dotándole de una experiencia política, de unas normas y de un comportamiento que difícilmente, aislado este país, hubiera conseguido en tan corto espacio de tiempo. Ello debe propiciar la evaporación de la situación de desencanto político actual, heredera fundamentalmente de la primera transición política.

Este proceso afectará también a nuestro sistema económico, indefinido en nuestra Constitución.

Ha quedado fijado definitivamente el marco económico de nuestro sistema político, la economía de mercado, con un grado de pureza que nunca se había dado en nuestro país. Esta pureza es consecuencia de la aplicación, a todos los Estados Miembros, de un régimen de competencia sumamente estricto que impide, salvo causas justificadas y concertadas, las ayuda públicas a las empresas, lo que provocará una privatización prácticamente total del sector productivo.

Es, por lo tanto, lógico, que los programas que favorecían la intervención del Estado en la Economía, hayan tenido que reconvertirse sobre la marcha.

Este proceso de armonización se irá acentuando, ya que la consecución de un mercado sin fronteras precisa de una estabilidad monetaria, de una concertación de políticas fiscales y de una unificación de gran parte de la normativa económica (Régimen de Sociedades, instituciones mercantiles, circulación de capitales, normas técnicas de producción, medio ambiente….), todo ello dentro de una convergencia de políticas económicas. Esto ha de provocar una desnacionalización de la gestión pública económica que pasará a manos comunitarias.

Todo el proceso anterior de transferencias de parcelas de poder nacional a los organismos comunitarios, incidirá no sólo en la soberanía de los distintos países miembros, sino también, y de manera sustancial, en los programas de los partidos políticos comunitarios.

La diferencia de estos programas quedará reducida a ámbitos cada vez más pequeños y anecdóticos. Claro que podrá haber amplios planteamientos políticos, pero lo que no será posible es que éstos se puedan aplicar directamente, con el triunfo en una elección política nacional. Serán las instancias supranacionales las que tengan la decisión final sobre la mayor parte de las cuestiones de interés social comunitario.

Con una reducción tan importante de su capacidad para modificar el marco institucional, ¿Puede ser que los pueblos escojan sus partidos políticos nacionales por su capacidad para gestionar asuntos comunes? En este caso se irá produciendo una reconversión de la clase política, seleccionándose entre la misma los políticos que tengan una mayor capacidad de gestión, es decir, que logren, con un menor coste, una mejor prestación de servicios sociales.

El político que promete que con su programa se solucionarán los problemas sociales, dará paso al político que prometerá gestionar con más eficacia un parecido programa.”…….. (*)

Los graves problemas actuales, políticos y económicos, creo que  se deben al desconocimiento y por lo tanto, a la falta de preparación de la ciudadanía y de gran parte de los dirigentes sociales y medios de información, ante el enorme reto que nos planteaba este proceso, que ha permitido que la situación se deteriore hasta extremos inimaginables.

No hubo una segunda transición que cambiara la cultura política popular, reconvirtiera los programas de los partidos políticos, ajustara el marco legal y mejorara la competitividad de nuestro sector productivo, única manera que fuera viable nuestro ingreso en la Unión Europea.

Cuando me invitaban a alguna conferencia sobre este tema, ponía como metáfora que entrar en la Unión Europea era como ingresar en la N.B.A., al principio hace mucha ilusión y al presidente lo sacan los aficionados a hombros pero si a continuación no amplia los presupuestos, no hace un equipo competitivo, no adapta la manera de entrenar y jugar a una competición de elite y no ficha una dirección técnica competente, mejor sería que nos hubiéramos quedado en casa.

Ahora bien, nosotros no teníamos opción ya que, a partir de entonces, España sería una democracia llevada por políticos más competentes y responsables porque, solos, lo hubiéramos pasado verdaderamente mal.

El motor que dinamizaba este proceso no era solo económico, también el garantizar el nivel de vida y de libertad de la población:

………….. “Es cierto que se han derogado barreras arancelarias, pero se mantiene otro tipo de barreras técnicas y burocráticas que han venido a impedir la cristalización del espíritu original con que se fundó la CEE. Decía Guido Brunner que las trabas burocráticas en la CEE suponen una pérdida anual de 50.000 millones de dólares, y que, a pesar de estar aprobado el principio de no discriminación en la licitación pública, ésta, con un valor anual de 500.000 millones de dólares, va a empresas nacionales en un 95%.

Pero el problema fundamental es que las tecnologías avanzadas precisan de grandes producciones, los costes han aumentado vertiginosamente, lo que exige que los productos deben ser colocados rápidamente en un gran mercado para cubrir los gastos y reunir los fondos necesarios para las inversiones de la siguiente ronda de renovación. Y este proceso, en la Europa Comunitaria queda dificultado por las trabas y las políticas nacionalistas de los gobiernos.

Por otra parte, Japón y EEUU actúan en el comercio internacional con un gran peso político, que les permite lograr una preeminencia para sus intereses. Ejemplo lo tenemos en Japón, que utiliza los principios de libre comercio para sus exportaciones, mientras que se sacude las obligaciones de reciprocidad que ello implica.

Pero para tener una posición fuerte en las negociaciones comerciales, los países comunitarios deben presentarse con una política de comercio común, lo que significa hablar con una sola voz.

La reacción tiene que producirse de inmediato, sino, como señalaba la OCDE, Europa suministrará cada vez más productos alimenticios, materias primas y bienes manufacturados, de baja tecnología.

Y este tema no tiene una trascendencia puramente material, sino también social, cultural y política. Tal como recoge el informe Poniatowski “de vez en cuando se hace un elogio de los valores culturales europeos y éstos son presentados como una especie de consuelo ante un eventual hundimiento tecnológico de nuestro continente. Esta fórmula es rotundamente inaceptable, la calidad de vida y la relativa armonía social que existen en Europa, dependen, sobre todo, de su capacidad de ofrecer condiciones de vida razonables a la mayoría de sus habitantes; y no será posible mantener este nivel si Europa no vuelve a hallar la competitividad .De lo contrario, la mayor parte de la Europa Occidental está condenada a la decadencia, a la pobreza y al desempleo estructural”……….(*)

Después de asumir estos compromisos, nuestro desarrollo político posterior no iba a ser totalmente congruente con los fundamentos de este proceso de unificación, tal como lo fuimos reflejando en artículos posteriores.

El proceso en el que nuestros partidos políticos nacionales se habían quedado sin la parte más sustancial de sus programas no tuvo la difusión adecuada. Esto permitió que pudieran desarrollarse conductas fraudulentas.

Gestores públicos y medios interesados intentaron desviar la atención social, retrotrayendo a la población a momentos históricos no especialmente fructíferos para la convivencia, la libertad y el progreso económico y arriesgando uno de los mayores éxitos de la primera transición.

 Si toda su preocupación la hubieran concentrado en el diagnóstico y las soluciones para salir de la crisis, no hubieran necesitado elementos de crispación social para ocultar la gravedad de la situación económica y social e intentar fidelizar a los votantes, en lugar de con una gestión de progreso real, con una poética sectaria absolutamente caduca y que podría devenir peligrosa en periodos graves de frustración social.

¿Era lógica la proliferación y diversificación legislativa que se intensificó, de una manera desaforada, sobre el sector productivo? Si había que unificar el régimen legal de los Estados para evitar la recesión. ¿A que nos llevaría el proceso de fragmentación legal dentro de un Estado pequeño?

Si España se había convertido en una especie de provincia de un nuevo Estado y debería cofinanciar una nueva estructura burocrática multinacional que asumiría cada vez más funciones ¿Era lógico que incrementáramos el gasto público local, autonómico y estatal cuando nos estábamos quedando sin atribuciones soberanas? ¿Abría dinero para todo?

Y en cuanto a la Economía productiva ¿Cómo podían tener todos los países la misma velocidad si tenían diferente cuerpo? ¿Cómo los países menos competitivos podrían alcanzar la misma marca que los mejores países de la Economía Mundial, si no tenían la misma preparación?

Al unificar el tipo de cambio con los países que mejor competitividad ofrecían y a la vez, eliminar las barreras arancelarias y técnicas que permitían controlar la circulación de bienes, era vital reforzar la maquinaria productiva nacional para no destrozar nuestro futuro.

Si no mejorábamos la calidad y conteníamos los precios de la producción, cada vez tendríamos más dificultades para mantener las ventas en el mercado mundial.

Para ello, el programa era claro e inevitable. Igual que en una familia que depende de un sueldo o de una renta empresarial, había que dar preferencia a la Economía como motor, no solo de renta común, sino de fuente de ingresos públicos, de empleo para la población, de garantía para la viabilidad del Estado del Bienestar y hasta de estabilidad política y social.

 No son los sistemas ni sus gestores los que dan o quitan empleo rentable, sino la competitividad de sus economías y la preparación profesional de los ciudadanos.

Y desde esta base y en la actual situación de precariedad de las finanzas públicas que ha dejado en soledad al sector productivo en el papel de secante para el desempleo, las reformas salen solas (entre otras anteriormente referidas): reformar el sistema educativo haciéndolo más riguroso y de mayor calidad técnica para proporcionar trabajadores más cualificados, reducir los costos del abastecimiento energético, racionalización de la política de infraestructuras, incentivar la mejora de la productividad y reducir el absentismo laboral, potenciar la generación de emprendedores, únicos que pueden crear nuevo empleo, con una mejora en el marco legal empresarial, ayudar al sector exportador y sobre todo, dirigir los recursos financieros, fundamentalmente a las actividades productivas.

Si la ingente cantidad de dinero que se ha gastado en los últimos años por motivos electorales, se hubiera invertido en el sector empresarial, habría la mitad de paro y con ello, una mayor solvencia financiera y la recuperación de los sectores básicos como la construcción y el automóvil y los dirigentes que los utilizaron tendrían mejores resultados electorales.

Sólo una gestión económica inteligente y continuada basada, no en intereses partidistas y electoralistas, sino en el interés general, que dedicara preferencia a la mejora de la calidad de todos los agentes productivos, podría evitar que este país estuviera condenado a la decadencia, a la pobreza y al desempleo estructural.

 

 

DANIEL IBORRA FORT

NOTARIO Y ANALISTA DE INVERSIONES

 

 VILAFRANCA DEL PENEDÈS (BARCELONA), 22 de mayo de 2.011

  

(*) Texto incluido en mi libro: 1992: EL RETO DEL MERCADO ÚNICO (1.989)

 

 

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