- 23.* INADMISIÓN DEL RECURSO POR FALTA DE CALIFICACIÓN NEGATIVA RECURRIBLE
- 22.*** REDENCIÓN UNILATERAL DE CENSOS. LA OPOSICIÓN DEL CENSALISTA NO IMPIDE LA CANCELACIÓN, PERO EL REGISTRADOR DEBE CALIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES
- 21.*** CESIÓN DE CRÉDITO HIPOTECARIO. LA NOTIFICACIÓN AL DEUDOR NO ES REQUISITO PARA LA INSCRIPCIÓN
- 20.* INADMISIÓN DE RECURSO POR IDENTIDAD CON OTRO YA RESUELTO Y PENDIENTE DE REVISIÓN JUDICIAL
- 19.** VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL. PRÓRROGA DE LA CALIFICACIÓN EN ZONA DE MERCADO RESIDENCIAL TENSADO
- 18.*** CAMBIO DE USO DE LOCAL A VIVIENDA. NECESIDAD DE LICENCIA O CERTIFICACIÓN MUNICIPAL CUANDO NO HA PRESCRITO LA ACCIÓN DE RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA
- 17.*** DERECHO DE REPRESENTACIÓN EN LA SUCESIÓN TESTADA. DIFERENCIA CON LA SUSTITUCIÓN VULGAR Y EFECTOS DE LA RENUNCIA
- 16.* REDENCIÓN UNILATERAL DE CENSOS ENFITÉUTICOS. INNECESARIEDAD DEL CONSENTIMIENTO DEL CENSALISTA
- 15.* GRANDES TENEDORES, DERECHO DE TANTEO DE LA GENERALITAT Y NECESIDAD DE CERTIFICACIÓN REGISTRAL
- 14.*** PAGO DE LA LEGÍTIMA CON BIENES DE LA HERENCIA Y CONFLICTO DE INTERESES ENTRE PADRE LEGITIMARIO E HIJOS MENORES
- 13.*** SEGREGACIÓN DE VIVIENDA EN PROPIEDAD HORIZONTAL Y NECESIDAD DE LICENCIA URBANÍSTICA
- 12.** CONSTITUCIÓN UNILATERAL DE SERVIDUMBRE Y NECESIDAD DE ACEPTACIÓN DEL TITULAR DEL PREDIO DOMINANTE
- 11.** PROTOCOLIZACIÓN DEL CERTIFICADO DE DEUDAS CON LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EN LAS TRANSMISIONES DE VIVIENDAS
- 10.** DIVISIÓN HORIZONTAL, SERVIDUMBRE DE PASO Y CONSENTIMIENTO DEL ACREEDOR HIPOTECARIO
- 9.** DERECHO DE TRANSMISIÓN Y ACEPTACIÓN TÁCITA DE LA HERENCIA
- 8.* DEPÓSITO DEL MODELO INFORMATIVO DE ARRENDAMIENTOS DE CORTA DURACIÓN Y NECESIDAD DE DISPONER DE NRUA DEFINITIVO
- 7.** DERECHO DE OPCIÓN DE COMPRA, RETENCIÓN DEL PRECIO Y GARANTÍA DEL PAGO EN EL EJERCICIO UNILATERAL
- 6.* DECLARACIÓN RESPONSABLE Y NÚMERO ÚNICO DE REGISTRO PARA VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO
- 4 y 5.* DERECHO DE TANTEO Y RETRACTO DE LA GENERALITAT EN LA VENTA DE UNA PARTICIPACIÓN INDIVISA DE UNA VIVIENDA
- 3.** SUSTITUCIÓN EJEMPLAR, DERECHO TRANSITORIO Y APERTURA DE LA SUCESIÓN INTESTADA
- 2.** ATRIBUCIÓN DEL USO DE LA VIVIENDA FAMILIAR AL CÓNYUGE PROPIETARIO Y NECESIDAD DE FIJAR SU DURACIÓN
- 1.** MODIFICACION DE ESTATUTOS DE PH POR LA QUE SE ADSCRIBE EL USO PRIVATIVO DE PLAZAS DE APARCAMIENTO A DETERMINADOS ELEMENTOS PRIVATIVOS
- ENLACES:
RESOLUCIONES 2026 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHO, ENTIDADES JURÍDICAS Y MEDIACIÓN DE CATALUÑA
POR TERESA BEATRIZ SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
REGISTRADORA DE MARTORELL (BARCELONA)
IR A RESOLUCIONES DE AÑOS ANTERIORES
23.* INADMISIÓN DEL RECURSO POR FALTA DE CALIFICACIÓN NEGATIVA RECURRIBLE
Resolución JUS/3411/2026, de 14 de septiembre, dictada en el recurso gubernativo interpuesto contra la calificación de la registradora de la propiedad del Registro de la Propiedad de Terrassa núm. 2 que había suspendido anteriormente la inscripción de una escritura de compraventa. (DOGC 30/09/2026).
Resumen: El recurso gubernativo exige la existencia de una calificación registral negativa vigente y recurrible. No puede recurrirse una calificación anterior una vez transcurrido el plazo legal ni presentar anticipadamente un recurso frente a una eventual futura calificación del mismo documento. Si el título se presenta nuevamente, la nueva calificación que se dicte constituye un acto independiente y debe recurrirse específicamente dentro de plazo.
Hechos: Una escritura de compraventa había sido objeto de anteriores presentaciones y calificaciones negativas cuyos asientos de presentación habían caducado. El título se presentó nuevamente en 2026 incorporando mediante diligencia notarial un recurso contra una calificación negativa dictada el 29 de agosto de 2025. En el momento de esta nueva presentación todavía no existía una nueva calificación registral.
Posteriormente, el 9 de julio de 2026 se dictó una nueva calificación negativa en términos análogos a las anteriores. El defecto fue después subsanado por el propio notario y el documento terminó siendo inscrito.
Registradora: Solicita la inadmisión del recurso porque, en el momento en que se presentó, el título estaba pendiente de una nueva calificación y, por tanto, no existía ningún acto calificatorio negativo susceptible de recurso.
Recurrente: El recurso incorporado al título se dirigía contra la calificación negativa de 29 de agosto de 2025, dictada con ocasión de una presentación anterior del mismo documento.
Dirección General: Inadmite el recurso por falta de objeto.
Doctrina: La existencia de una calificación registral negativa constituye presupuesto necesario para la interposición del recurso gubernativo. No puede existir recurso frente a una calificación todavía no emitida.
Tampoco puede recurrirse una calificación anterior cuando ha transcurrido el plazo de un mes para su impugnación. La nueva presentación del mismo título no reabre el plazo para recurrir una calificación anterior cuyo asiento de presentación ya ha caducado.
Cada nueva presentación del título puede dar lugar a una nueva calificación, incluso de contenido idéntico o análogo a las anteriores, pero cada calificación constituye un acto independiente y debe ser recurrida específicamente dentro del plazo legal. No cabe extender a una futura calificación un recurso formulado anticipadamente contra otra anterior.
La Dirección General señala además la incongruencia de que la registradora emitiera inicialmente un informe en defensa de la calificación cuando todavía no existía una nueva calificación negativa del título.
La posterior calificación negativa de 9 de julio de 2026 tampoco fue objeto de recurso. El defecto fue subsanado y el documento terminó inscribiéndose, por lo que tampoco existía ya controversia registral sobre la que pudiera pronunciarse la Dirección General.
En consecuencia, el recurso debe inadmitirse por inexistencia de una calificación negativa vigente y recurrida en tiempo y forma.
DOGC: https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=1055429
22.*** REDENCIÓN UNILATERAL DE CENSOS. LA OPOSICIÓN DEL CENSALISTA NO IMPIDE LA CANCELACIÓN, PERO EL REGISTRADOR DEBE CALIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES
Resolución JUS/3392/2026, de 5 de agosto, dictada en el recurso gubernativo interpuesto contra la resolución de la registradora titular del Registro de la Propiedad de Barcelona núm. 3 que suspende la inscripción de una escritura de redención unilateral de censos. (DOGC 29/09/2026).
Resumen: La redención unilateral de los censos prevista en la disposición transitoria 22.ª de la Ley 5/2006 no requiere el consentimiento del censalista, por lo que su oposición no obliga a acudir previamente a la vía judicial. Sin embargo, la cancelación registral solo procede si el registrador comprueba que se cumplen todos los requisitos legales de la redención, incluido el correcto cálculo del precio. Si existe algún defecto, debe suspender la inscripción indicando cuál es, pero no remitir sin más la controversia a los tribunales.
Hechos: Los censatarios otorgaron escritura de redención unilateral de dos censos con dominio directo constituidos antes de la Ley 6/1990 y depositaron como precio de redención el 1 % del valor catastral por cada censo, al considerar que no constaba inscrito el derecho de laudemio. La redención y el depósito fueron notificados al censalista, la Archidiócesis de Barcelona.
El censalista se opuso al precio, alegando que, al tratarse de censos con dominio directo, existía derecho de laudemio y debía añadirse otro 1 % del valor catastral por cada censo. Solicitó que no se practicase la cancelación mientras no se completase el precio.
Registradora: Suspende la cancelación porque entiende que la redención unilateral mediante consignación únicamente opera cuando el censalista no comparece, la notificación es infructuosa o se desconoce su domicilio. Existiendo oposición expresa del titular registral, considera necesario acudir a la vía judicial y obtener una resolución firme que permita cancelar el censo.
Recurrente: Sostiene que la disposición transitoria 22.ª configura una verdadera facultad de redención unilateral y que exigir el consentimiento del censalista o una resolución judicial vaciaría de contenido la regulación. Considera que, cumplidos los requisitos legales, la redención extingue el censo y permite su cancelación aunque exista oposición del censalista.
Dirección General: Estima parcialmente el recurso y revoca la nota en cuanto remite la decisión a la autoridad judicial. La registradora debe calificar las escrituras aportadas por censatarios y censalista y determinar si la redención cumple los requisitos de la disposición transitoria 22.ª. Si la calificación es positiva, debe cancelar los censos; si aprecia defectos, debe suspender la inscripción hasta su subsanación.
Doctrina: La disposición transitoria 22.ª de la Ley 5/2006 permite al censatario redimir unilateralmente los censos constituidos con anterioridad a la Ley 6/1990, cualquiera que sea su clase salvo los vitalicios, siempre que se haya acreditado su vigencia y se cumplan las normas establecidas para la redención.
El carácter unilateral de la redención implica que no es necesario el consentimiento del censalista. Exigirlo supondría desnaturalizar la institución y contrariar la finalidad legal de simplificar la redención de los censos antiguos. Una vez practicada correctamente la redención y realizada la notificación, la eventual oposición del censalista no impide por sí misma la cancelación.
La notificación al censalista no tiene por finalidad recabar su consentimiento, sino poner en su conocimiento la redención ya efectuada. El censalista puede impugnar posteriormente la cancelación en vía judicial, pero su mera oposición no determina que sea necesario obtener previamente una resolución judicial para cancelar.
La redención constituye una causa legal de extinción del censo por voluntad unilateral del censatario. La Dirección General fundamenta esta afirmación en los artículos 561-11.1.b), 565-12 y 565-13 CCCat, que contemplan expresamente la redención y la redención unilateral como causas y mecanismos de extinción del censo.
Ahora bien, la unilateralidad no significa que el censatario pueda fijar libremente las condiciones de la redención. El registrador debe comprobar que se cumplen todos los requisitos establecidos en la disposición transitoria 22.ª, entre ellos la correcta determinación del precio: el 1 % del valor catastral de la finca en el momento de la redención y un 1 % adicional si consta inscrito el derecho de laudemio.
La intervención del censalista puede servir precisamente para poner de manifiesto el incumplimiento de alguno de estos requisitos. En tal caso, el registrador debe valorar sus alegaciones dentro de su función calificadora. Si aprecia que la redención no se ajusta a la ley, debe suspender la inscripción indicando el defecto concreto y permitir su subsanación; lo que no puede hacer es considerar que la mera oposición del censalista transforma la cuestión en una controversia que necesariamente deba resolverse judicialmente.
En el caso concreto, la oposición del Arzobispado no se dirigía realmente contra la posibilidad misma de redimir, sino contra el precio fijado. Por ello, correspondía a la registradora determinar si, atendiendo a la naturaleza de los censos y a la eventual existencia del derecho de laudemio, el precio depositado cumplía la disposición transitoria 22.ª. Si era correcto, debía practicar la cancelación; si era insuficiente, debía suspenderla señalando como defecto subsanable la insuficiencia del precio.
DOGC: https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=1055333
21.*** CESIÓN DE CRÉDITO HIPOTECARIO. LA NOTIFICACIÓN AL DEUDOR NO ES REQUISITO PARA LA INSCRIPCIÓN
Resolución JUS/3311/2026, de 6 de agosto, dictada en el recurso gubernativo interpuesto contra la nota de calificación negativa de la registradora de la propiedad del Registro de la Propiedad de Badalona núm. 1 de una escritura de compraventa de créditos hipotecarios. (DOGC 25/09/2026).
Resumen: La notificación fehaciente al deudor y, en su caso, al titular registral de la finca hipotecada prevista en el artículo 569-28.2 CCCat no es requisito previo para inscribir la cesión de un crédito hipotecario. La falta de notificación no afecta a la validez ni a la eficacia real de la transmisión, aunque condiciona la legitimación del cesionario frente al deudor y al titular de la finca hipotecada y puede producir otras consecuencias jurídicas o procesales.
Hechos: Banco de Sabadell, SA vende a PSD LUX, SARL una cartera de créditos hipotecarios, entre ellos uno garantizado con una finca situada en Badalona. En la escritura consta individualizado el precio de cesión correspondiente al crédito, pero no se acredita que el cedente haya notificado la cesión al deudor hipotecario ni a la propietaria de la finca.
Registradora: Suspende la inscripción porque considera que el artículo 569-28.2 CCCat exige que el titular del crédito hipotecario notifique fehacientemente la transmisión al deudor y, en su caso, al titular registral del bien hipotecado, indicando además el precio o valor atribuido al derecho y las condiciones esenciales de la cesión. Entiende que esta notificación constituye un presupuesto de legitimación del cesionario y debe acreditarse para practicar la inscripción.
Recurrente: Sostiene que la cesión del crédito se perfecciona por el consentimiento de cedente y cesionario, sin necesidad de consentimiento ni conocimiento del deudor. Considera que la notificación puede producir efectos respecto del deudor, pero no condiciona la transmisión ni la inscripción registral, que se rige por el artículo 149 LH.
Dirección General: Estima el recurso y revoca la nota de calificación.
Doctrina: El artículo 569-28.2 CCCat obliga al titular de un crédito o préstamo hipotecario que transmite su derecho a notificar fehacientemente la cesión al deudor y, en su caso, al titular registral del bien hipotecado, indicando el precio convenido o valor atribuido al derecho y las condiciones esenciales de la cesión. La renuncia del deudor a esta notificación es nula.
Sin embargo, la Dirección General distingue entre la existencia de esta obligación de notificar y sus efectos sobre la inscripción registral. La notificación no constituye un requisito de validez ni de eficacia de la transmisión del crédito y su ausencia no impide la transmisión de la titularidad del derecho cedido.
La falta de notificación no afecta a la validez ni a la eficacia de la transmisión, aunque condiciona la legitimación del cesionario frente al deudor y al titular de la finca hipotecada y puede producir otras consecuencias jurídicas o procesales en el ejercicio y reclamación del crédito.
La Dirección General refuerza esta interpretación señalando que, cuando el legislador catalán ha querido convertir una notificación en requisito para la inscripción registral, lo ha establecido expresamente. Así sucede, por ejemplo, en el artículo 623-29 CCCat respecto de la transmisión de fincas rústicas arrendadas. El artículo 569-28.2 CCCat, en cambio, no condiciona expresamente la inscripción de la cesión del crédito a la acreditación de la notificación.
En consecuencia, la falta de notificación al deudor o al titular registral de la finca hipotecada no permite suspender la inscripción de la cesión del crédito hipotecario, sin perjuicio de las consecuencias jurídicas o procesales que aquella omisión pueda producir fuera del ámbito estrictamente registral.
DOGC: https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=1055123
20.* INADMISIÓN DE RECURSO POR IDENTIDAD CON OTRO YA RESUELTO Y PENDIENTE DE REVISIÓN JUDICIAL
Resolución JUS/3307/2026, de 5 de agosto, dictada en el recurso gubernativo interpuesto contra la calificación del registrador de la propiedad del Registro de la Propiedad de Sant Boi de Llobregat que deniega la cancelación solicitada mediante instancia. (DOGC 25/09/2026).
Resumen: No procede admitir un nuevo recurso cuando existe plena identidad de sujetos, objeto, documentos y calificación con otro recurso ya resuelto por la propia Dirección General. La inadmisión resulta todavía más justificada cuando la resolución anterior se encuentra impugnada judicialmente y pendiente de pronunciamiento. La Dirección General aplica el artículo 116 de la Ley 39/2015 y rechaza volver a pronunciarse sobre una cuestión ya decidida.
Hechos: El interesado presenta una instancia solicitando la cancelación de una carga registral y acompaña determinada documentación que, en esencia, ya había sido examinada en un expediente anterior. La misma pretensión había dado lugar a sucesivos procedimientos y, en particular, a la Resolución JUS/4371/2025, de 17 de septiembre, en la que la Dirección General estimó el recurso y consideró procedente la cancelación solicitada. Esta resolución fue posteriormente impugnada judicialmente por los interesados afectados y el procedimiento judicial permanecía pendiente.
En marzo de 2026 el mismo interesado vuelve a solicitar la cancelación, esta vez mediante instancia privada, aportando nuevamente la documentación que había sido tenida en cuenta en el expediente resuelto en 2025.
Registrador: Vuelve a suspender la cancelación solicitada por considerar insuficiente la documentación aportada y exigir documentación adicional o, subsidiariamente, el consentimiento de los afectados por la cancelación.
Recurrente: Sostiene que el registrador se extralimita en su función calificadora al volver a cuestionar extremos que ya habían sido examinados en una resolución judicial firme aportada al procedimiento y que la cuestión ya había sido planteada y resuelta anteriormente.
Dirección General: Inadmite el recurso.
Doctrina: La Dirección General constata que la cuestión planteada es idéntica a la resuelta en la Resolución JUS/4371/2025, de 17 de septiembre. Existe identidad de sujetos, objeto, documentos presentados y calificación registral, siendo irrelevante que en el expediente anterior determinados documentos se aportaran incorporados a una escritura pública y en el nuevo procedimiento se acompañen a una instancia privada.
Cuando una determinada cuestión ya ha sido resuelta por la propia Dirección General, no procede reproducir nuevamente el mismo recurso para obtener otro pronunciamiento sobre idéntico objeto. La reiteración del procedimiento no permite reabrir una controversia ya decidida administrativamente.
Esta conclusión se refuerza porque la Resolución JUS/4371/2025 fue impugnada judicialmente y se encuentra pendiente de resolución. Mientras existe un procedimiento judicial abierto sobre la decisión administrativa anterior, la Dirección General considera improcedente volver a pronunciarse sobre la misma cuestión.
En consecuencia, concurren las circunstancias previstas en el artículo 116 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común, y procede inadmitir el recurso sin entrar nuevamente en el fondo de la controversia.
La resolución, por tanto, no establece nueva doctrina sobre la cuestión sustantiva que dio origen a la calificación registral, sino exclusivamente sobre la improcedencia de reiterar un recurso ya resuelto cuando existe identidad sustancial con el expediente anterior y, además, la resolución dictada en este se encuentra sometida a revisión judicial.
DOGC: https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=1055104
19.** VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL. PRÓRROGA DE LA CALIFICACIÓN EN ZONA DE MERCADO RESIDENCIAL TENSADO
Resolución JUS/3108/2026, de 5 de agosto, dictada en el recurso gubernativo interpuesto contra la calificación de la registradora de la propiedad del Registro de la Propiedad de Canovelles que suspende la cancelación por caducidad de una nota marginal de calificación definitiva de vivienda de protección oficial. (DOGC 09/09/2026).
Resumen: No puede cancelarse por caducidad la nota marginal de calificación definitiva de VPO aunque haya transcurrido su plazo originario de 30 años, si la vivienda está situada en una zona de mercado residencial tensado. La reforma introducida por la Ley 11/2025 prorroga la vigencia de la calificación mientras permanezca vigente dicha declaración y resulta aplicable también a viviendas calificadas con anterioridad.
Hechos: Una vivienda fue calificada definitivamente como VPO el 20 de marzo de 1996 por un plazo de 30 años. Su titular solicita en abril de 2026 la cancelación por caducidad de la nota marginal. La finca se encuentra en Montornès del Vallès, municipio declarado zona de mercado residencial tensado.
Registradora: Suspende la cancelación porque la calificación sigue vigente por aplicación del artículo 79.5 de la Ley 18/2007, en la redacción dada por la Ley 11/2025. Este precepto establece que las viviendas con protección oficial situadas en zonas de mercado residencial tensado mantienen su calificación mientras permanezca vigente dicha declaración.
Recurrente: Sostiene que la calificación debía extinguirse el 20 de marzo de 2026 al cumplirse los 30 años fijados en la cédula de 1996. Considera que la aplicación de la Ley 11/2025 supone una retroactividad restrictiva de derechos contraria al artículo 9.3 CE, vulnera la seguridad jurídica y afecta al contenido del derecho de propiedad.
Dirección General: Desestima el recurso y confirma la nota de calificación.
Doctrina:
El artículo 79.5 de la Ley 18/2007, del derecho a la vivienda, en la redacción dada por la Ley 11/2025, establece que las viviendas calificadas como VPO situadas en una zona de mercado residencial tensado mantienen su calificación mientras siga vigente dicha declaración.
Esta regla se aplica también a las viviendas calificadas con anterioridad a la reforma. Así lo dispone expresamente la disposición transitoria duodécima de la Ley 18/2007, conforme a la cual el régimen del artículo 79.5 se aplica a las viviendas calificadas definitivamente antes de la entrada en vigor de la Ley 11/2025 que estén situadas en una zona de mercado residencial tensado.
Por tanto, aunque hubiera transcurrido el plazo originario de 30 años previsto en la cédula de calificación definitiva, la calificación no ha caducado, porque su vigencia ha quedado prorrogada legalmente mientras subsista la declaración de zona de mercado residencial tensado. En consecuencia, el registrador no puede apreciar de oficio la caducidad ni cancelar la nota marginal.
La Dirección General añade que, mientras concurran las circunstancias legales que determinan la vigencia de la protección, la descalificación solo puede producirse por iniciativa de la Administración y por razones de interés público, conforme al artículo 79.3 de la Ley 18/2007.
La nota informativa de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, expedida el 30 de diciembre de 2025 y que indicaba una duración de 30 años, no altera esta conclusión porque fue emitida antes de la entrada en vigor de la reforma el 1 de enero de 2026. La Dirección General declara además que no puede pronunciarse en este procedimiento sobre la eventual inconstitucionalidad de la reforma ni sobre su posible carácter retroactivo.
DOGC: https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=1053991
18.*** CAMBIO DE USO DE LOCAL A VIVIENDA. NECESIDAD DE LICENCIA O CERTIFICACIÓN MUNICIPAL CUANDO NO HA PRESCRITO LA ACCIÓN DE RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA
Resolución JUS/5031/2025, de 23 de septiembre, dictada en el recurso gubernativo interpuesto contra la calificación del registrador de la propiedad accidental del Registro de la Propiedad de Barcelona núm. 14, que deniega la inscripción de una escritura de cambio de uso y descripción de una finca. (DOGC 07/09/2026).
Resumen: No puede inscribirse por antigüedad el cambio de uso de un local a vivienda realizado sin licencia, aunque hayan transcurrido más de diez años. Mientras se mantenga el uso residencial no autorizado, no comienza a computarse el plazo de seis años para el restablecimiento de la legalidad urbanística del artículo 207.1 TRLU. Es necesaria licencia o certificación municipal que acredite la situación consolidada del cambio de uso.
Hechos: Los propietarios de un local otorgaron escritura haciendo constar su cambio de uso a vivienda como consecuencia de unas obras realizadas hacía más de diez años. Para acreditar la antigüedad y el uso residencial aportaron certificado de arquitecto, certificado de eficiencia energética, certificación catastral, cédula de habitabilidad, planos, fotografías y antecedentes catastrales de los que resultaba un uso residencial desde 1995. No se aportó licencia ni certificación municipal.
Registrador: Suspende la inscripción. Considera que el uso de un inmueble constituye una actividad continuada y que, mientras persista un uso residencial no autorizado, no comienza a computarse el plazo de prescripción de la acción de restablecimiento de la legalidad urbanística. En consecuencia, la modificación registral del uso solo puede acceder al Registro mediante licencia o certificación municipal que acredite su situación consolidada.
Notaria recurrente: Sostiene que el cambio de uso puede inscribirse por antigüedad conforme al artículo 28.4 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, que permite acreditar la antigüedad mediante certificación municipal, certificación catastral, certificación técnica o acta notarial, sin jerarquía entre estos medios. Considera además que la normativa catalana invocada por el registrador se refiere principalmente a la creación o modificación de regímenes de propiedad horizontal y no al simple cambio de uso de un elemento privativo ya existente.
Dirección General: Desestima el recurso y confirma la nota de calificación.
Doctrina:
El artículo 207.1 TRLU establece un plazo de seis años para el ejercicio de las acciones de restablecimiento de la legalidad urbanística, pero dicho plazo comienza a computarse desde la finalización de las actuaciones ilícitas o el cese de la actividad ilícita. Por ello, el mero transcurso de más de diez años desde la realización de las obras no determina por sí solo la prescripción.
El uso residencial de un inmueble sin la correspondiente autorización constituye una actividad continuada. Mientras subsista dicho uso, no comienza a correr el plazo de prescripción de la acción de restablecimiento de la legalidad urbanística. La Dirección General asume en este punto el criterio de la DGSJFP de 9 de abril de 2024 y de la jurisprudencia contencioso-administrativa.
No prospera el argumento de que las normas relativas al cambio de uso solo pretendan evitar la creación de nuevos elementos privativos: aunque no se cree formalmente un nuevo elemento, la transformación de un local en vivienda incrementa el número de viviendas del inmueble, que es precisamente una de las situaciones que la normativa pretende someter a control administrativo.
La resolución añade un segundo argumento basado en el artículo 121-23.1 CCCat: el plazo de prescripción comienza cuando el titular de la pretensión conoce o puede conocer razonablemente las circunstancias que la fundamentan y la persona contra la que puede ejercerse. Al haberse realizado las obras en el interior de la finca sin solicitar licencia, el Ayuntamiento no pudo conocer razonablemente su realización, por lo que tampoco desde esta perspectiva puede considerarse producida la prescripción.
En consecuencia, al no haber prescrito la acción de restablecimiento, no basta la certificación técnica, catastral ni la restante documentación aportada para inscribir el cambio de uso: es necesaria licencia o certificación municipal que acredite la situación consolidada.
DOGC: https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=1053754
17.*** DERECHO DE REPRESENTACIÓN EN LA SUCESIÓN TESTADA. DIFERENCIA CON LA SUSTITUCIÓN VULGAR Y EFECTOS DE LA RENUNCIA
Resolución JUS/5032/2025, de 2 de noviembre, dictada en el recurso gubernativo interpuesto contra la nota de calificación negativa de la registradora de la propiedad del Registro de la Propiedad de Barcelona núm. 16 de una escritura de aceptación y adjudicación de herencia y renuncia de derechos hereditarios. (DOGC 07/09/2026).
Resumen: En la sucesión testada catalana el testador puede establecer expresamente un derecho de representación a favor de los descendientes del heredero instituido. Este derecho no equivale a una sustitución vulgar. La sustitución vulgar, conforme al artículo 425-1 CCCat, puede operar cuando el primer instituido no llega a ser heredero porque no quiere o porque no puede; por el contrario, el derecho de representación, regulado en el artículo 441-7 CCCat, se configura para los casos en que el llamado no puede suceder, al llamar a los descendientes de una persona premuerta, declarada ausente o indigna.
Por ello, si un coheredero renuncia a la herencia y el testador ha previsto un derecho de representación —y no una sustitución vulgar aplicable a la renuncia— a favor de sus descendientes, estos no son llamados por razón de dicha renuncia y la cuota vacante acrece al otro coheredero conforme al artículo 462-1.1 CCCat. No es necesario acreditar la inexistencia de descendientes del renunciante.
Hechos: El causante había instituido heredera universal a su esposa y, para el caso de premoriencia, la había sustituido por sus dos hijos por partes iguales, «con derecho de representación a favor de sus descendientes o de acrecer entre ellos en el supuesto de no dejarlos». Premuerta la esposa, uno de los hijos renunció pura y simplemente a la herencia y en la escritura se consideró que su mitad acrecía al hermano, al entender el notario que el derecho de representación previsto a favor de los descendientes no operaba en caso de renuncia.
Registradora: Suspende la inscripción al considerar que la previsión testamentaria a favor de los descendientes debía interpretarse como una sustitución vulgar, extensible también al supuesto de renuncia, por lo que era necesario acreditar la inexistencia de sustitutos o, de existir, su intervención.
Recurrente: El notario sostiene que el testamento utiliza conscientemente dos instituciones distintas: sustitución vulgar y derecho de representación. La referencia expresa al derecho de representación debe entenderse en su significado jurídico propio y, al no operar este en caso de renuncia, procede el acrecimiento a favor del otro coheredero.
Dirección General: Estima el recurso y revoca la nota de calificación.
Doctrina: La interpretación del testamento debe atender a la verdadera voluntad del causante conforme al artículo 421-6 CCCat, sin necesidad de sujetarse necesariamente al significado literal de las palabras empleadas. Sin embargo, tratándose de un testamento notarial, las expresiones jurídicas utilizadas deben entenderse, en principio, en su sentido técnico. En el supuesto resuelto, el testador empleó expresamente las expresiones «sustitución» y «derecho de representación», por lo que no cabe identificar ambas instituciones ni considerar que la referencia al derecho de representación encubre una sustitución vulgar tácita.
- La sustitución vulgar, regulada en el artículo 425-1 CCCat, permite al testador instituir un heredero posterior o segundo para el caso de que el primero no llegue a serlo porque no quiera o porque no pueda. La sustitución vulgar comprende, por tanto, tanto la imposibilidad de suceder como la voluntad del llamado de no hacerlo, incluida la repudiación.
- El derecho de representación, regulado en el artículo 441-7 CCCat, llama a los descendientes de una persona premuerta, declarada ausente o indigna a ocupar su lugar en la sucesión intestada. Aunque se encuentre regulado legalmente en sede de sucesión intestada, la Dirección General admite que el testador puede recurrir expresamente a esta institución en la sucesión testada como instrumento para ordenar su voluntad.
La diferencia esencial entre ambas figuras radica, a efectos de esta resolución, en que la sustitución vulgar puede operar tanto cuando el primer llamado no puede como cuando no quiere heredar, mientras que el derecho de representación establecido por el testador permite que los descendientes ocupen el lugar del llamado cuando este no puede suceder, pero no cuando voluntariamente repudia la herencia. Precisamente, la Dirección General explica que el recurso al derecho de representación en la sucesión testada puede responder a la voluntad del causante de excluir la repudiación de los supuestos que provocan el llamamiento de los descendientes.
Por su parte, el derecho de acrecer está regulado en el artículo 462-1.1 CCCat, conforme al cual, si existen dos o más herederos instituidos en una misma herencia y alguno de ellos no llega efectivamente a serlo, su cuota acrece a la de los coherederos, salvo que procedan el derecho de transmisión, la sustitución vulgar o el derecho de representación.
En consecuencia, en el supuesto resuelto, la renuncia de una de las hijas no activa el derecho de representación establecido a favor de sus descendientes. Al no proceder tampoco una sustitución vulgar para el supuesto de renuncia, opera el derecho de acrecer del artículo 462-1.1 CCCat a favor del otro coheredero. Por ello, no es necesario acreditar la inexistencia de descendientes de la renunciante ni exigir su intervención en la partición.
DOGC: https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=1053739
16.* REDENCIÓN UNILATERAL DE CENSOS ENFITÉUTICOS. INNECESARIEDAD DEL CONSENTIMIENTO DEL CENSALISTA
Resolución JUS/5027/2025, de 26 de mayo, relativa al recurso interpuesto contra la nota de calificación negativa del registrador de la propiedad del Registro de la Propiedad de Rubí núm. 2 de una escritura de redención unilateral de censos. (DOGC 04/09/2026).
Resumen: La disposición transitoria vigesimosegunda del Libro Quinto del Código Civil de Cataluña permite al censatario redimir unilateralmente todos los censos, cualquiera que sea su clase, excepto los vitalicios, constituidos conforme a la legislación anterior a la Ley 6/1990 y cuya vigencia haya sido acreditada, con independencia de las condiciones pactadas en el título constitutivo. La redención no requiere el consentimiento del censalista: el precio viene determinado legalmente y su oposición no impide la extinción del censo si se cumplen los requisitos establecidos en dicha disposición.
Hechos: Siete hermanos, cotitulares de cinco fincas gravadas con censos, otorgaron escritura de redención unilateral al amparo de la disposición transitoria vigesimosegunda del Libro Quinto del Código Civil de Cataluña, depositando notarialmente el precio calculado sobre el valor catastral. La censalista se opuso alegando, entre otras cuestiones, que no se habían valorado correctamente determinados derechos y edificaciones. Posteriormente se complementó la escritura y se ajustó el importe depositado.
Registrador: Suspende la cancelación al existir discrepancia entre censatarios y censalista sobre la valoración de los derechos objeto de redención, entendiendo que dicha discrepancia debía resolverse mediante acuerdo entre las partes o judicialmente.
Recurrentes: Alegan que el precio de redención viene fijado directamente por la ley y que no se requiere acuerdo ni consentimiento de la censalista, pues ello sería incompatible con el carácter unilateral de la redención. (Determinación legal del precio: corresponde al censalista el 1 % del valor catastral de la finca en el momento de la redención, más otro 1 % adicional si consta inscrito en el Registro de la Propiedad el derecho de laudemio. Si no existe valor catastral, se toma el valor que conste en la inscripción de la última transmisión, actualizado conforme al IPC.)
Dirección General: Estima el recurso y revoca la nota de calificación.
Doctrina: La redención prevista en la disposición transitoria vigesimosegunda es verdaderamente unilateral: cumplidos los requisitos legales, el censatario declara en la propia escritura la extinción del censo y no se precisa consentimiento ni conformidad del censalista. El precio no es objeto de negociación, sino que resulta directamente de la fórmula establecida por la ley. Por ello, la mera oposición del censalista o su discrepancia sobre la valoración no impiden la redención ni la cancelación registral, sin perjuicio de las acciones que puedan corresponderle.
La notificación al censalista tampoco constituye un requisito de consentimiento, sino un mecanismo destinado a que conozca la redención y pueda percibir su precio. Por ello, incluso cuando la notificación resulte infructuosa, procede cancelar el censo, con la posterior publicación del edicto prevista legalmente.
En cuanto al precio, deben tenerse en cuenta los valores catastrales de los inmuebles afectados y las edificaciones que consten registralmente. En el caso resuelto, la única edificación inscrita estaba también recogida en el Catastro y su valor se había computado. Además, aunque no constaba inscrito derecho de laudemio, los censatarios habían calculado el precio aplicando el 2 %, por lo que incluso habían depositado una cantidad superior a la legalmente exigible.
DOGC: https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=1053714
15.* GRANDES TENEDORES, DERECHO DE TANTEO DE LA GENERALITAT Y NECESIDAD DE CERTIFICACIÓN REGISTRAL
Resolución JUS/5029/2025, de 19 de septiembre, relativa al recurso interpuesto por el notario de Cubelles T. V. A. contra la nota de calificación negativa del registrador de la propiedad del Registro de la Propiedad de Calafell de una escritura de compraventa de una vivienda. (DOGC 04/09/2026).
Resumen: No es necesaria la certificación registral acreditativa del número de viviendas de una persona jurídica cuando la Agencia de la Vivienda de Cataluña ya ha renunciado al ejercicio del derecho de tanteo respecto de esa concreta transmisión. La eventual condición de gran tenedora resulta irrelevante a estos efectos.
Hechos: Una sociedad vende por 110.000 euros una vivienda situada en Calafell, municipio declarado zona de mercado residencial tensionado. La finca estaba ocupada sin título y procedía de un supuesto sujeto a derecho de tanteo y retracto de la Generalitat. En la escritura se incorporó una comunicación de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, de 20 de enero de 2025, por la que esta renunciaba al ejercicio del tanteo respecto de la transmisión, así como una nota simple registral en la que constaba la sujeción de la finca a los derechos de adquisición preferente de la Generalitat. La sociedad transmitente no manifestó expresamente si tenía o no la condición de gran tenedora.
Registrador: Suspende la inscripción por dos defectos. El primero, relativo a la falta de acreditación suficiente de la representación de la entidad vendedora, no fue recurrido. El segundo exige que, al tratarse de una persona jurídica que transmite una vivienda situada en una zona de mercado residencial tensionado, se protocolice en la escritura la certificación registral acreditativa del número de viviendas de las que es titular, conforme al apartado 3 de la disposición transitoria única del Decreto-ley 1/2015, introducido por el Decreto-ley 2/2025.
Recurrente: El notario sostiene que la certificación es innecesaria cuando ya consta que la transmisión está sujeta al derecho de tanteo y retracto de la Generalitat y se incorpora la renuncia de la Administración a ejercitarlo. Entiende que la finalidad de la certificación es evitar que una persona jurídica gran tenedora oculte esa condición para eludir el derecho de adquisición preferente.
Dirección General: La Dirección General estima el recurso y revoca el segundo defecto de la nota de calificación, sin perjuicio del primer defecto, que no había sido impugnado.
Doctrina: La certificación registral del número de viviendas tiene por finalidad determinar si la persona jurídica transmitente es gran tenedora y garantizar el posible ejercicio del derecho de tanteo de la Generalitat. En principio, si la sociedad no manifiesta si tiene o no dicha condición, la certificación es exigible.
No obstante, en el supuesto resuelto, la Agencia de la Vivienda ya había renunciado al ejercicio del tanteo respecto de la concreta transmisión. Aunque esa renuncia se hubiera producido por un presupuesto distinto —la procedencia de la finca de una ejecución hipotecaria—, la Dirección General considera que el derecho de tanteo es el mismo, recae sobre la misma finca y persigue idéntica finalidad.
Por ello, una vez renunciado el tanteo respecto de esa transmisión, la Administración no puede volver a pronunciarse sobre el mismo derecho por la concurrencia de otro presupuesto distinto, como sería la condición de gran tenedora. En consecuencia, no procede exigir la certificación registral.
Enlace al DOGC: https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=1053710
14.*** PAGO DE LA LEGÍTIMA CON BIENES DE LA HERENCIA Y CONFLICTO DE INTERESES ENTRE PADRE LEGITIMARIO E HIJOS MENORES
Resolución JUS/5028/2025, de 1 de agosto, dictada en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Barcelona L. S. V. contra el acuerdo de calificación de la registradora de la propiedad de Pineda de Mar que suspende la inscripción de una escritura de herencia porque los herederos, menores de edad y nietos de la causante, representados exclusivamente por su madre, pagan la legítima al hijo de la causante, padre de los menores, con bienes de la herencia sin que se haya designado un defensor judicial para salvar el conflicto de intereses entre los hijos herederos y el padre legitimario. (DOGC 04/09/2026).
Resumen: Cuando existe conflicto de intereses entre el padre legitimario y sus hijos menores herederos, basta que estos sean representados por la madre, con quien no existe conflicto. No es necesario nombrar defensor judicial. Tampoco se requiere autorización judicial para pagar la legítima con bienes de la herencia cuando aceptación, valoración, pago de la legítima y adjudicación se realizan conjuntamente en una misma escritura como parte de la liquidación sucesoria.
Hechos: La causante instituyó herederos a sus nietos menores de edad y atribuyó a su hijo —padre de los menores— la legítima y, además, la administración de los bienes hereditarios hasta que aquellos cumplieran veinticinco años, estableciendo que los bienes no podrían disponerse sin su consentimiento. En la escritura de herencia, la madre representó exclusivamente a los dos menores. Se inventariaron y valoraron los bienes, se calculó la legítima del padre y se le pagó parcialmente mediante varios bienes inmuebles de la herencia y parcialmente en dinero. Los restantes bienes fueron adjudicados a los hijos.
Registradora: Considera que, una vez aceptada la herencia, los bienes pasan al patrimonio de los menores y quedan sometidos a la administración especial atribuida testamentariamente al padre. Por ello, el pago de la legítima mediante bienes hereditarios exige la intervención de este como administrador. Como el padre es al mismo tiempo el legitimario que recibe los bienes, existe conflicto de intereses, que debe salvarse mediante nombramiento de defensor judicial y autorización judicial.
Recurrente: El notario sostiene que la madre conserva la representación legal de los menores y puede aceptar la herencia, valorar los bienes, determinar la legítima y efectuar las adjudicaciones. El administrador testamentario no sustituye a los progenitores en la representación legal. Además, al existir conflicto únicamente con el padre, el artículo 236-20 del Código civil de Cataluña permite que los menores sean representados exclusivamente por la madre, sin necesidad de defensor judicial.
Dirección General: La Dirección General estima el recurso, revoca la nota de calificación y declara inscribible la escritura.
Doctrina: Si el conflicto de intereses existe únicamente entre los hijos menores y uno de los progenitores, basta la representación por el otro progenitor, conforme al artículo 236-20 del Código civil de Cataluña. En este caso, el conflicto con el padre —tanto en su condición de legitimario como de administrador de los bienes hereditarios— queda salvado por la intervención exclusiva de la madre, por lo que no es necesario nombrar defensor judicial.
La designación testamentaria de un administrador especial de los bienes heredados no priva a los progenitores de la representación legal de los hijos ni de la facultad de aceptar la herencia. El testador puede excluir determinados bienes de la administración ordinaria de los progenitores, pero no alterar el régimen básico de representación legal.
La valoración de la herencia, la determinación de la legítima y la partición no son actos para los que el artículo 236-27 CCCat exija autorización judicial. Tampoco la requiere, en este caso concreto, el pago de la legítima mediante bienes inmuebles, porque todas las operaciones —inventario, valoración, aceptación, determinación y pago de la legítima y adjudicación del resto— se realizan simultáneamente en una misma escritura. La Dirección General considera que existe una adquisición directa y simultánea de los bienes de la causante por los distintos interesados, semejante funcionalmente a una operación particional, aunque la legítima catalana tenga naturaleza de derecho de crédito y el legitimario no sea coheredero.
Enlace al DOGC: https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=1053704
13.*** SEGREGACIÓN DE VIVIENDA EN PROPIEDAD HORIZONTAL Y NECESIDAD DE LICENCIA URBANÍSTICA
Resolución JUS/5030/2025, de 16 de octubre, dictada en el recurso gubernativo interpuesto contra la calificación del registrador accidental del Registro de la Propiedad de Barcelona núm. 14 que deniega la solicitud de inscripción de una escritura de constancia de estatutos de comunidad en propiedad horizontal, segregación de finca y descripción de finca resto. (DOGC 04/09/2026).
Resumen: La separación material de una vivienda en dos unidades independientes no equivale a una segregación jurídica. La antigüedad de las obras no permite considerar prescrita la acción de restablecimiento de la legalidad urbanística respecto de la segregación si esta no había sido formalizada documentalmente. Para inscribir la segregación de una vivienda integrada en una propiedad horizontal y aumentar el número de viviendas previamente declaradas es necesaria la correspondiente licencia urbanística.
Hechos: Una sociedad era titular de todos los elementos privativos de un edificio dividido horizontalmente. Una de las fincas registrales estaba inscrita como una única vivienda dúplex, distribuida entre las plantas segunda y tercera. Mediante escritura se hizo constar que, en realidad, ambas plantas funcionaban desde hacía más de veinte años como dos viviendas independientes, circunstancia acreditada mediante certificado de arquitecto, y se procedió a segregar una de ellas, describiendo la otra como resto. Se aportaron también certificación catastral, acta notarial con fotografías y documentación relativa a la antigüedad de las obras.
Registrador: Considera que la operación supone incrementar el número de viviendas que constan en la declaración de obra nueva y división horizontal inscrita. Conforme a la normativa urbanística catalana y al artículo 53 del Real Decreto 1093/1997, resulta necesaria licencia urbanística para crear un nuevo elemento susceptible de aprovechamiento independiente. Entiende además que la segregación es una operación jurídica que se realiza ahora y que no puede considerarse prescrita por el mero hecho de que las obras materiales tengan más de veinte años.
Recurrente: Sostiene que la separación física de las dos viviendas se produjo hace más de veinte años y que, por tanto, habría prescrito la acción administrativa de restablecimiento de la legalidad urbanística. Alega que, tratándose de elementos integrantes de una edificación, existe una realidad física constatable cuya antigüedad puede acreditarse mediante certificación técnica, certificación catastral o acta notarial, sin necesidad de aportar licencia municipal.
Dirección General: La Dirección General desestima el recurso y confirma la nota de calificación.
Doctrina: Debe distinguirse entre la realidad material de unas obras y la segregación jurídica de una finca. La transformación física de una vivienda dúplex en dos espacios independientes no determina por sí sola la existencia de dos fincas diferenciadas susceptibles de ser objeto de derechos reales distintos.
La segregación tiene un contenido propiamente jurídico y se produce cuando se formaliza documentalmente la creación de las nuevas fincas, con su correspondiente descripción, coeficientes y configuración dentro de la propiedad horizontal. Por ello, el certificado técnico que acredita que las obras tienen más de veinte años únicamente prueba la antigüedad y características de estas, pero no la existencia desde entonces de una segregación jurídica.
En consecuencia, no puede computarse el plazo de prescripción de la acción de restablecimiento de la legalidad urbanística desde la fecha de realización de las obras como si en ese momento se hubiera producido ya la segregación. La Dirección General considera además que el dies a quo de la prescripción exige que la Administración conozca o pueda conocer razonablemente las circunstancias que fundamentan la acción, conforme al artículo 121-23 del Código civil de Cataluña. En este caso, el Ayuntamiento no tuvo conocimiento de las obras ni de la pretendida creación de una nueva entidad independiente dentro de la división horizontal.
La antigüedad superior a veinte años de las obras no determina, por tanto, la prescripción de las acciones de restablecimiento de la legalidad urbanística respecto de la segregación. Al pretenderse ahora modificar una división horizontal ya inscrita e incrementar el número de viviendas existentes, resulta necesaria licencia urbanística conforme a los artículos 187.1.k) y 218 del texto refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña, el artículo 30 del Decreto 64/2014 y el artículo 53 del Real Decreto 1093/1997.
Enlace al DOGC: https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=1053675
12.** CONSTITUCIÓN UNILATERAL DE SERVIDUMBRE Y NECESIDAD DE ACEPTACIÓN DEL TITULAR DEL PREDIO DOMINANTE
Resolución JUS/5015/2025, de 24 de octubre, dictada en el recurso gubernativo interpuesto contra la calificación de la registradora de la propiedad titular del Registro de la Propiedad de Terrassa núm. 5, que suspende la inscripción de una escritura de constitución de derecho real de servidumbre de paso para personas. (DOGC 05/08/2026).
Resumen: La constitución voluntaria de una servidumbre de paso por los propietarios del predio sirviente requiere la aceptación del titular del predio dominante cuando este no ha intervenido en el otorgamiento. No cabe configurar unilateralmente una servidumbre real en beneficio de una finca ajena si con ello se atribuye gratuitamente un derecho al titular del predio dominante y, además, se le imponen obligaciones de mantenimiento.
Hechos: Los copropietarios de la finca registral 373 de Rellinars otorgaron escritura pública constituyendo, con carácter perpetuo, una servidumbre de paso para personas a favor de la finca registral 400, propiedad de un tercero que no compareció ni aceptó la servidumbre. La escritura establecía que las obras necesarias para el uso y conservación de la servidumbre serían a cargo de los titulares del predio dominante. La registradora suspendió la inscripción por considerar necesaria la aceptación del titular de la finca beneficiada.
Registrador: La registradora sostiene que la constitución de un derecho real limitativo exige el consentimiento de los titulares de la finca gravada y la aceptación de los beneficiarios. Considera que el artículo 566-2 del Código civil de Cataluña no autoriza la inscripción de servidumbres constituidas unilateralmente por el titular de uno solo de los predios afectados y que la posibilidad de constitución unilateral de derechos reales debe estar expresamente prevista por la ley. En consecuencia, exige la aceptación del titular del predio dominante.
Recurrentes: Los recurrentes sostienen que el artículo 566-2 del Código civil de Cataluña permite que la servidumbre sea constituida por los propietarios de la finca dominante o de la finca sirviente y que esa redacción admite tanto la actuación conjunta como separada de unos u otros. Defienden, por ello, la validez e inscribibilidad de la constitución unilateral otorgada por los propietarios del predio sirviente. Alegan también falta de motivación suficiente en la nota de calificación.
Dirección General: La Dirección General desestima el recurso y confirma la nota de calificación.
Doctrina: Las servidumbres voluntarias deben constituirse mediante título, conforme al artículo 566-2 del Código civil de Cataluña, pero este precepto no permite configurar unilateralmente un derecho real de servidumbre en beneficio de una finca perteneciente a un tercero sin su aceptación. La constitución unilateral por los propietarios del predio sirviente implica una atribución gratuita de un derecho real a favor del titular del predio dominante y presenta naturaleza análoga a una donación, que exige aceptación del beneficiario conforme al artículo 531-7 del Código civil de Cataluña. La necesidad de aceptación resulta todavía más evidente cuando el título impone al titular del predio dominante obligaciones derivadas de la servidumbre, como las de conservación y mantenimiento, pues no pueden imponerse obligaciones a quien no ha consentido el negocio. La previsión del artículo 566-2 sobre quiénes pueden constituir servidumbres no equivale a admitir su constitución unilateral por uno solo de los titulares de los predios afectados.
11.** PROTOCOLIZACIÓN DEL CERTIFICADO DE DEUDAS CON LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EN LAS TRANSMISIONES DE VIVIENDAS
Resolución JUS/5008/2025, de 23 de septiembre, dictada en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Madrid Norberto González Sobrino contra la calificación de la registradora de la propiedad de Gavà que suspendió la inscripción de una escritura de compraventa. (DOGC 08/07/2026).
Resumen: La mera manifestación del transmitente de hallarse al corriente de pago y la constancia notarial de haber entregado al adquirente el certificado del estado de deudas con la comunidad de propietarios no permiten, por sí solas, la inscripción de la compraventa cuando dicho certificado no se incorpora a la escritura y el adquirente no ha renunciado expresamente a esa incorporación.
Hechos: En una escritura de compraventa el vendedor manifestó encontrarse al corriente del pago de los gastos de comunidad y el notario hizo constar que entregó al comprador el certificado acreditativo del estado de deudas. El certificado, sin embargo, no fue protocolizado. La registradora suspendió la inscripción por entender que era necesaria su incorporación a la escritura o, en su defecto, la renuncia expresa del adquirente. El notario solicitó calificación sustitutoria, que confirmó la nota, e interpuso recurso defendiendo que la ley exige únicamente la aportación del certificado, pero no su protocolización.
Registrador: La registradora considera que el artículo 553-5.2 del Código civil de Cataluña exige, para la inscripción, que el certificado del estado de deudas quede incorporado a la escritura, salvo renuncia expresa del adquirente. Añade que la ausencia de protocolización impide entender cumplidos los requisitos legalmente exigidos.
Recurrente: El notario sostiene que el Código civil de Cataluña únicamente exige la declaración del transmitente y la aportación del certificado, sin imponer su protocolización. Invoca el valor probatorio de la escritura pública y la fe notarial respecto de la entrega del documento, afirma que la incorporación encarece innecesariamente la escritura y defiende la libertad del notario para decidir qué documentos protocoliza.
Dirección General: La Dirección General desestima el recurso.
Doctrina: La finalidad del artículo 553-5.2 del Código civil de Cataluña es proteger al adquirente frente a la afección real derivada de las deudas comunitarias, garantizando que dispone de información suficiente sobre el estado económico de la comunidad antes de adquirir la vivienda. Aunque el precepto exige la declaración del transmitente y la aportación del certificado, no impone literalmente su protocolización; sin embargo, la incorporación del certificado a la escritura constituye el medio idóneo para asegurar que el documento contiene toda la información legalmente exigida y permite al notario desarrollar adecuadamente su función de control de legalidad.
La Dirección General considera que la protocolización equivale a la aceptación por el adquirente del contenido del certificado. Cuando el certificado no se incorpora a la escritura, la protección del adquirente únicamente queda salvaguardada mediante una renuncia expresa a dicha incorporación y a los requisitos formales previstos en el artículo 553-5 del Código civil de Cataluña. En ausencia de esa renuncia, procede confirmar la suspensión de la inscripción.
Asimismo, recuerda que los informes emitidos por los registradores en defensa de la nota de calificación no pueden introducir fundamentos jurídicos nuevos distintos de los contenidos en la propia nota, pues ello genera indefensión al recurrente.
10.** DIVISIÓN HORIZONTAL, SERVIDUMBRE DE PASO Y CONSENTIMIENTO DEL ACREEDOR HIPOTECARIO
Resolución JUS/2712/2026, de 25 de junio, relativa al recurso gubernativo interpuesto contra la calificación de la registradora del Registro de la Propiedad de Barcelona núm. 24, que suspende la inscripción de una escritura de división en régimen de propiedad horizontal. (DOGC 05/08/2026).
Resumen: La adaptación de un edificio antiguo al régimen de propiedad horizontal debe acomodarse a su realidad física y no permite imponer una servidumbre de paso no constituida voluntaria o legalmente. Sin embargo, cuando una hipoteca previa recaía solo sobre una parte del edificio y la división horizontal altera objetivamente esa parte, reduciéndola y atribuyendo otra porción a un tercero, es necesario el consentimiento del acreedor hipotecario para concretar la garantía sobre una de las nuevas entidades.
Hechos: Las propietarias de un edificio de la calle Ferran núm. 4 de Barcelona, cuya configuración histórica separaba la planta baja y entresuelo de las plantas superiores, otorgaron escritura de división horizontal en siete elementos privativos. La entidad núm. 1 comprendía un local y un vestíbulo que, de hecho, permitía el acceso a plantas del edificio colindante de la calle Ferran núm. 2; la entidad núm. 2 fue reconocida como propiedad de Conjunts d’Immobles, SL. Sobre la planta baja y el entresuelo existía una hipoteca a favor de Banco Santander, SA.
Registrador: La registradora sostiene, en primer lugar, que Banco Santander, SA debe consentir en escritura pública la concreción de la hipoteca sobre la entidad núm. 1 resultante de la división horizontal. En segundo lugar, considera que la zona de vestíbulo integrada en dicha entidad, utilizada para acceder a las plantas del inmueble colindante de la calle Ferran núm. 2, debe configurarse como elemento común o quedar gravada con una servidumbre de paso suficientemente delimitada, de acuerdo con el principio de especialidad registral.
Recurrente: Inversión y Gestión Bcn, SL sostiene que el vestíbulo es de su propiedad privativa y que el acceso del edificio colindante constituye un mero uso tolerado o en precario, sin título constitutivo de servidumbre. Alega que la registradora no puede imponer una configuración jurídica distinta de la querida por las partes ni establecer una limitación del dominio no prevista legalmente. El recurso no formula una argumentación específica contra el defecto relativo al consentimiento del acreedor hipotecario.
Dirección General: La Dirección General estima parcialmente el recurso: confirma el defecto relativo a la necesidad de consentimiento del acreedor hipotecario y revoca el defecto relativo a la constitución de una servidumbre o a la configuración del vestíbulo como elemento común.
Doctrina: La constitución o adaptación de un edificio al régimen de propiedad horizontal debe reflejar la realidad física y constructiva existente y no obliga a crear ex novo servidumbres entre edificios colindantes. En el derecho civil catalán, las servidumbres solo pueden constituirse mediante título voluntario o forzoso y no cabe imponer unilateralmente una servidumbre por razones de mera funcionalidad. La existencia de un uso de hecho de una parte privativa por los ocupantes de otro edificio no convierte por sí sola ese uso en un derecho real ni vulnera el principio de especialidad si el elemento privativo está suficientemente descrito. Distinta es la situación de la hipoteca: aunque la mera división de una finca hipotecada no exige, en principio, el consentimiento del acreedor y, a falta de distribución, la responsabilidad puede subsistir conforme al artículo 123 de la Ley hipotecaria, dicho consentimiento sí es necesario cuando la operación modifica sustancialmente el objeto inicialmente hipotecado. Si parte de la superficie hipotecada pasa a integrar una nueva entidad atribuida a un tercero y se pretende que la garantía quede concretada exclusivamente sobre otra entidad de menor superficie y distinto valor, la modificación del objeto de la hipoteca requiere el consentimiento del acreedor. Además, no puede mantenerse la garantía solidariamente sobre una entidad que carece de independencia funcional y de acceso directo o indirecto a la vía pública, porque no constituye un objeto autónomo susceptible de propiedad separada y ejecución.
9.** DERECHO DE TRANSMISIÓN Y ACEPTACIÓN TÁCITA DE LA HERENCIA
Resolución JUS/2711/2026, de 17 de junio, dictada en el recurso gubernativo interpuesto contra la resolución de la registradora del Registro de la Propiedad de La Seu d’Urgell, por la que se deniega la inscripción de una escritura de manifestación, aceptación y adjudicación de herencia. (DOGC 05/08/2026).
Resumen: En el derecho de transmisión, el transmisario que acepta la herencia del causante originario adquiere sus bienes directamente de este. No existe aceptación tácita de la primera herencia si el transmitente, al realizar el acto supuestamente aceptativo, desconocía que la delación se había producido a su favor.
Hechos: Juan P. P. falleció intestado y le sobrevivió su hermano José P. P., con quien era copropietario por mitades de ocho fincas. Días después, José otorgó testamento legando el pleno dominio de esas fincas e instituyendo heredero a J. P. N., pero falleció sin haber aceptado ni repudiado formalmente la herencia de Juan. Posteriormente, J. P. N. aceptó la herencia de José, promovió la declaración de herederos abintestato de Juan -que declaró heredero a José- y, en ejercicio del ius delationis transmitido, aceptó también la herencia de Juan y se adjudicó sus mitades indivisas.
Registrador: La registradora sostiene que debe respetarse la voluntad testamentaria de José, quien, pocos días después del fallecimiento de su hermano, legó el pleno dominio de unas fincas de las que registralmente solo poseía una mitad indivisa. Entiende que esa voluntad impide adjudicar al transmisario la mitad procedente de Juan y defiende una aplicación atenuada de la doctrina de la adquisición directa, atendiendo a las circunstancias del caso y al contenido del testamento del transmitente.
Recurrente: El notario sostiene que existen dos sucesiones distintas y que José murió sin aceptar ni repudiar la herencia de Juan, por lo que los bienes de este nunca se integraron en su patrimonio. J. P. N. adquirió únicamente el ius delationis y, al aceptar la herencia de Juan, sucedió directamente a este; por ello, los legados ordenados por José solo podían afectar a los bienes que realmente formaban parte de su patrimonio.
Dirección General: La Dirección General estima el recurso y revoca la nota de calificación.
Doctrina: El derecho de transmisión del artículo 461-13 del Código civil de Cataluña presupone que el transmitente fallezca sin aceptar ni repudiar la herencia del causante originario. Si el transmisario acepta después esa herencia, adquiere directamente del primer causante los bienes que la integran, sin que estos lleguen a incorporarse al patrimonio del transmitente ni queden afectados por sus disposiciones testamentarias. La aceptación tácita exige no solo un acto que únicamente pueda realizarse en calidad de heredero, sino también que quien lo realiza tenga conocimiento de que la delación se ha producido a su favor. En la sucesión intestada, aunque la declaración de herederos produzca efectos retroactivos al fallecimiento del causante, no puede atribuirse eficacia de aceptación tácita a un acto realizado antes de que el llamado conozca que la delación se ha producido a su favor. Por ello, el testamento otorgado, pese a disponer del pleno dominio de bienes de los que solo era cotitular, no supuso aceptación tácita de la herencia de Juan y el ius delationis se transmitió a su heredero.
8.* DEPÓSITO DEL MODELO INFORMATIVO DE ARRENDAMIENTOS DE CORTA DURACIÓN Y NECESIDAD DE DISPONER DE NRUA DEFINITIVO
Resolución JUS/2015/2026, de 15 de junio, dictada en el recurso gubernativo interpuesto por N. C. C. contra la calificación del registrador de la propiedad de Vielha que deniega el depósito del modelo informativo de arrendamientos de corta duración de una finca. (DOGC 29/06/2026).
Resumen: El depósito del modelo informativo de arrendamientos de corta duración exige que la finca tenga previamente asignado un número de registro de alquiler de corta duración (NRUA) definitivo. No puede utilizarse el recurso contra la denegación del depósito para cuestionar indirectamente la calificación anterior que denegó la asignación del NRUA, cuando esta no fue objeto del recurso correspondiente.
Hechos: La recurrente solicitó telemáticamente el depósito del modelo informativo de arrendamientos de corta duración respecto de una vivienda situada en Salardú. El registrador denegó la solicitud porque la finca carecía de NRUA definitivo, al haber sido previamente rechazada su asignación por entender que la actividad de alquiler turístico estaba prohibida por los estatutos de la comunidad de propietarios. La interesada recurrió alegando que los estatutos no impedían el uso turístico de la vivienda y que tanto el Ayuntamiento como el Registro de Turismo de Cataluña habían reconocido la actividad.
Registrador: El registrador sostiene que el único motivo de la denegación del depósito es la inexistencia de un NRUA definitivo, requisito exigido por la normativa aplicable. Añade que el número comunicado a la recurrente tenía carácter meramente provisional y estaba pendiente de ratificación, por lo que no podía servir de fundamento para practicar el depósito. Asimismo, considera que la existencia de autorizaciones administrativas para el ejercicio de la actividad turística no condiciona la calificación registral relativa a la asignación del NRUA.
Recurrente: La recurrente sostiene que los estatutos de la comunidad no prohíben el alquiler turístico ni el arrendamiento de corta duración. Alega que el Ayuntamiento de Naut Aran autorizó la actividad y que la vivienda figura inscrita en el Registro de Turismo de Cataluña. Añade que una comunicación registral posterior reconocía la obtención del NRUA, por lo que entiende improcedente la denegación del depósito del modelo informativo.
Dirección General: La Dirección General desestima el recurso.
Doctrina: La Dirección General recuerda que es competente para conocer del recurso porque tanto la nota de calificación como el recurso se fundamentan en normas de derecho catalán. Asimismo, distingue claramente entre el procedimiento de asignación del NRUA y el procedimiento de depósito del modelo informativo de arrendamientos de corta duración.
El depósito únicamente puede practicarse cuando la finca dispone previamente de un NRUA definitivo. Los argumentos dirigidos a combatir la denegación anterior del número de registro no pueden examinarse en este procedimiento, ya que debieron hacerse valer mediante el recurso interpuesto contra aquella calificación.
En consecuencia, mientras la finca carezca de un NRUA definitivo, no procede practicar el depósito del modelo informativo de arrendamientos de corta duración.
7.** DERECHO DE OPCIÓN DE COMPRA, RETENCIÓN DEL PRECIO Y GARANTÍA DEL PAGO EN EL EJERCICIO UNILATERAL
Resolución: Resolución JUS/2016/2026, de 11 de junio, dictada en el recurso gubernativo interpuesto por Growing People, SL y otras cuatro personas contra la calificación del registrador de la propiedad de Palafrugell que deniega la inscripción de una escritura de constitución de un derecho de opción de compra. (DOGC 29/06/2026).
Resumen: El derecho de opción de compra constituye una institución plenamente válida en el derecho civil catalán y no puede rechazarse su inscripción por meras sospechas sobre un eventual negocio fiduciario o pacto comisorio. Sin embargo, cuando el ejercicio unilateral de la opción prevé la retención de parte del precio para cancelar cargas o deudas del concedente, el pago debe quedar suficientemente determinado y garantizado, no siendo suficiente el depósito mediante cheque personal en la notaría.
Hechos: El propietario de una vivienda en Begur constituyó un derecho de opción de compra a favor de cinco optantes por cuatro años. Se pactó un precio del que podrían descontarse las cantidades necesarias para cancelar cargas o deudas del concedente. El registrador denegó inicialmente la inscripción por tres defectos y, durante la tramitación del recurso, mantuvo únicamente el relativo a la garantía del pago del precio.
Registrador: El registrador sostiene que la cláusula de retención del precio no determina con suficiente precisión las cantidades que podrán descontarse y que el depósito mediante cheque personal no garantiza el pago exigido por el artículo 568-12.3 del Código civil de Cataluña.
Recurrentes: Los recurrentes sostienen que la calificación se basa en meras sospechas sobre un negocio fiduciario y que el derecho de opción es plenamente válido. Añaden que las cláusulas contractuales garantizan suficientemente el pago y la determinación de las cantidades retenidas.
Dirección General: La Dirección General desestima el recurso.
Doctrina: La Dirección General declara que la opción de compra es una figura plenamente admitida por el derecho civil catalán y que la mera sospecha de un negocio fiduciario o de un pacto comisorio no justifica la denegación de la inscripción. No obstante, cuando el ejercicio unilateral permite retener parte del precio para cancelar cargas o deudas, el pago debe quedar suficientemente garantizado. La consignación mediante un cheque personal no ofrece la seguridad exigida legalmente, por lo que deben utilizarse medios que aseguren de forma efectiva la disponibilidad del importe, como un cheque bancario o una transferencia a la cuenta de provisiones de la notaría.
6.* DECLARACIÓN RESPONSABLE Y NÚMERO ÚNICO DE REGISTRO PARA VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO
Resolución: Resolución JUS/1751/2026, de 22 de mayo, dictada en el recurso gubernativo interpuesto por Gestió d’Espais Recuperats, SL, contra la calificación de la registradora de la propiedad del Registro de la Propiedad de Barcelona núm. 24, que suspende la asignación del número de identificador único de alquiler de corta duración para una vivienda utilizada como vivienda de uso turístico por considerar necesaria la aportación de la licencia correspondiente. (DOGC 10/06/2026).
Resumen: La declaración responsable presentada conforme a la normativa catalana vigente en el momento del inicio de la actividad constituye título habilitante suficiente para ejercer la actividad de vivienda de uso turístico y obtener el número único de registro de arrendamientos de corta duración previsto en el Real Decreto 1312/2024. No puede exigirse la aportación de una licencia administrativa ni la acreditación del transcurso de un plazo cuando la actividad quedó válidamente habilitada mediante declaración responsable, sin perjuicio de las facultades de control de la Administración y del régimen transitorio introducido por la normativa urbanística posterior.
Hechos: Gestió d’Espais Recuperats, SL solicitó la asignación del número único de registro de arrendamiento de corta duración para una vivienda situada en Barcelona destinada a uso turístico. Aportó la declaración responsable presentada en septiembre de 2016, cuando dicho instrumento constituía el título habilitante para el ejercicio de la actividad. La registradora suspendió la asignación y la calificación sustitutoria confirmó la suspensión.
Registrador: El registrador sostiene que la declaración responsable no basta para obtener el número único de registro y resulta necesaria la aportación de la licencia de vivienda de uso turístico o, al menos, acreditar que ha transcurrido el plazo necesario para el inicio de la actividad. Añade que la vivienda no figura en el buscador municipal de viviendas de uso turístico.
Recurrente: La recurrente sostiene que la declaración responsable presentada en 2016 constituye un título habilitante plenamente eficaz desde su presentación, conforme a la Ley 16/2015 y al artículo 69 de la Ley 39/2015, sin necesidad de resolución administrativa ni de esperar plazo alguno. Añade que el Ayuntamiento nunca dejó sin efecto la declaración y que existen resoluciones judiciales que reconocen su eficacia.
Dirección General: La Dirección General estima el recurso.
Doctrina: La declaración responsable presentada conforme a la legislación catalana vigente produce efectos habilitantes desde el mismo momento de su presentación y constituye título suficiente para el ejercicio de la actividad de vivienda de uso turístico, sin quedar sometida al régimen del silencio administrativo propio de las autorizaciones o licencias. En consecuencia, no resulta exigible la aportación de una licencia administrativa ni la acreditación del transcurso de plazo alguno para obtener el número único de registro previsto en el Real Decreto 1312/2024.
La Dirección General recuerda que la eficacia inmediata de la declaración responsable no impide el ejercicio por la Administración de sus potestades de comprobación, inspección y control, ni excluye la obligación de adaptarse al régimen transitorio introducido por el Decreto ley 3/2023, de modo que los titulares deberán obtener la correspondiente licencia urbanística antes del 9 de noviembre de 2028 si desean continuar desarrollando la actividad.
En consecuencia, la declaración responsable constituye un título habilitante suficiente para obtener el número único de registro de viviendas de uso turístico mientras conserve su eficacia jurídica, sin perjuicio del posterior cumplimiento de las exigencias derivadas de la normativa urbanística sobrevenida.
4 y 5.* DERECHO DE TANTEO Y RETRACTO DE LA GENERALITAT EN LA VENTA DE UNA PARTICIPACIÓN INDIVISA DE UNA VIVIENDA
Resolución JUS/1735/2026, de 11 de mayo, dictada en el recurso gubernativo interpuesto contra la calificación de la registradora de la propiedad de Barcelona núm. 18. (DOGC 09/06/2026).
Resumen: La transmisión por un gran tenedor de una participación indivisa de una vivienda situada en una zona de mercado residencial tensionado no queda sujeta al derecho de tanteo y retracto de la Generalitat cuando el transmitente conserva otra participación indivisa del inmueble. La normativa vigente se refiere a la transmisión de la vivienda y no permite extender, por analogía, las limitaciones al poder de disposición previstas para las transmisiones de la totalidad del inmueble.
Hechos: Una sociedad mercantil, inscrita como gran tenedora de vivienda, vendió a dos adquirentes el 50 % indiviso de una vivienda situada en Barcelona, conservando en su patrimonio el otro 50 %. Presentada la escritura en el Registro de la Propiedad, la registradora suspendió la inscripción por no acreditarse la notificación previa a la Generalitat de Catalunya a efectos del posible ejercicio de los derechos de tanteo y retracto.
Registrador: El registrador sostiene que la venta de una cuota indivisa constituye una transmisión onerosa sujeta a los derechos de tanteo y retracto. Considera obligatoria la notificación previa a la Generalitat por tratarse de una vivienda situada en una zona tensionada y ser la transmitente una gran tenedora. Añade que excluir las transmisiones parciales permitiría eludir fraudulentamente estos derechos mediante ventas sucesivas de participaciones indivisas y mantiene íntegramente su nota de calificación.
Recurrente: La recurrente sostiene que la normativa solo se aplica cuando se transmite la vivienda o toda la participación del transmitente, circunstancia que no concurre porque la sociedad conserva el 50 % del inmueble. Añade que la resolución invocada por la registradora no resulta aplicable al presente supuesto.
Dirección General: La Dirección General estima el recurso.
Doctrina: Los derechos de tanteo y retracto de la Generalitat constituyen una limitación legal al poder de disposición y deben interpretarse de forma estricta. La normativa aplicable se refiere a la transmisión de la vivienda y no contempla expresamente la venta de participaciones indivisas cuando el transmitente conserva parte de su derecho sobre el inmueble.
La Dirección General distingue este supuesto del resuelto en la Resolución JUS/743/2020, en el que el transmitente se desprendía de toda su participación. En este caso mantiene el 50 % del inmueble, por lo que no se produce una transmisión íntegra de la vivienda.
En consecuencia, la venta de una participación indivisa por un gran tenedor no activa por sí sola el derecho de tanteo y retracto cuando el transmitente conserva otra participación sobre el inmueble. La eventual existencia de fraude de ley deberá apreciarse según las circunstancias concretas del caso, sin que ello permita extender por analogía el ámbito de aplicación de la norma.
3.** SUSTITUCIÓN EJEMPLAR, DERECHO TRANSITORIO Y APERTURA DE LA SUCESIÓN INTESTADA
Resolución JUS/1707/2026, de 13 de mayo, dictada en el recurso gubernativo interpuesto contra la calificación de la registradora de la propiedad de Terrassa núm. 2. (DOGC 05/06/2026).
Resumen: La existencia de descendientes del testador no determina por sí sola la ineficacia de una sustitución ejemplar ordenada antes de la entrada en vigor del libro cuarto del Código civil de Cataluña cuando la disposición testamentaria puede conservar su validez conforme al régimen transitorio y al artículo 425-12 del CCC. La eficacia de la sustitución exige comprobar si concurren los requisitos actualmente previstos por la ley, cuestión que, en caso de controversia, corresponde resolver a la autoridad judicial.
Hechos: El causante otorgó testamento en 1989 instituyendo herederos a sus diez hijos y ordenando respecto de uno de ellos, afectado por discapacidad psíquica, una sustitución ejemplar a favor de la Associació Terrassenca Pro Disminuïts. Fallecido el padre, nueve de los diez hijos aceptaron su herencia, quedando pendiente la aceptación por el hijo sustituido. A la muerte de este, en 2025, sus nueve hermanos aceptaron su herencia intestada y, por derecho de transmisión, aceptaron también la participación que le correspondía en la herencia paterna. El acta de declaración de herederos consideró ineficaz la sustitución ejemplar al entender que, conforme al artículo 160 de la Compilación de Derecho Civil de Cataluña, la existencia de descendientes del testador impedía que heredara una tercera persona.
Presentadas las escrituras en el Registro de la Propiedad, la registradora suspendió la inscripción por dos motivos: en primer lugar, porque el certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad reflejaba un acto de última voluntad del causante bajo la expresión «otras modalidades» que no se había aportado; y, en segundo lugar, porque entendía que la ineficacia de la sustitución ejemplar y la apertura de la sucesión intestada solo podían declararse judicialmente.
El notario recurrió alegando que la referencia a «otras modalidades» correspondía precisamente a la sustitución ejemplar ordenada por el padre y que la ineficacia de la cláusula derivaba directamente de la ley, al existir descendientes del testador, por lo que procedía abrir la sucesión intestada.
La Dirección General estima parcialmente el recurso: revoca el primer defecto de la nota de calificación y confirma el segundo.
Doctrina: La referencia contenida en el Registro General de Actos de Última Voluntad a un acto otorgado bajo la modalidad de «otras modalidades» identifica la cláusula de sustitución ejemplar contenida en el testamento del padre, por lo que no existe un acto adicional de última voluntad que deba aportarse al Registro.
Por otra parte, la eficacia de una sustitución ejemplar ordenada con anterioridad al libro cuarto del Código civil de Cataluña debe analizarse conforme a la disposición transitoria segunda de dicho texto legal. Aunque la cláusula pudiera haber resultado contraria al antiguo artículo 160 de la Compilación, puede conservar su validez si reúne los requisitos materiales exigidos por el vigente artículo 425-12 del CCC, que permite designar como sustituta a una persona física o jurídica que hubiera ejercido funciones de tutela, cuidado o asistencia del sustituido.
En consecuencia, la mera existencia de descendientes del testador no basta para declarar ineficaz la sustitución ejemplar ni para abrir automáticamente la sucesión intestada. Mientras no se acredite que la entidad designada no reúne los requisitos legalmente exigidos y no haya podido intervenir en el procedimiento, la eficacia de la cláusula testamentaria no puede descartarse en sede registral y, en caso de controversia, deberá ser resuelta por la autoridad judicial.
2.** ATRIBUCIÓN DEL USO DE LA VIVIENDA FAMILIAR AL CÓNYUGE PROPIETARIO Y NECESIDAD DE FIJAR SU DURACIÓN
Resolución JUS/1418/2026, de 9 de abril, dictada en el recurso gubernativo interpuesto contra la calificación de la registradora de la propiedad de Sant Vicenç dels Horts núm. 1. (DOGC 13/05/2026).
Resumen: La atribución del uso de la vivienda familiar al cónyuge que, como consecuencia del convenio regulador, adquiere la plena propiedad del inmueble no constituye un derecho de uso autónomo inscribible ni exige fijar un plazo de duración. La temporalidad prevista en el artículo 233-20 del Código civil de Cataluña únicamente resulta exigible cuando el derecho de uso se atribuye al cónyuge no propietario o no propietario exclusivo.
Hechos: En un procedimiento de divorcio de mutuo acuerdo, los cónyuges pactaron atribuir el uso de la vivienda familiar a la esposa y a los hijos menores, cuya guarda y custodia correspondía a la madre. En el mismo convenio, el esposo adjudicó a la esposa su mitad indivisa de la vivienda, pasando ésta a ser propietaria exclusiva. Presentado el testimonio judicial, se suspendió la inscripción. La esposa recurrió indicando que solo pretendía inscribir la adjudicación del pleno dominio y no un derecho de uso.
Registrador: El registrador entiende que no puede inscribirse el título porque la atribución del uso carece de plazo de duración y no puede determinarse si el derecho corresponde únicamente a la esposa o también a los hijos. Añade que, si la esposa adquiere el pleno dominio, carece de sentido inscribir un derecho de uso a su favor, mientras que si se pretende atribuirlo a los hijos debe fijarse su duración.
Recurrente: La recurrente sostiene que únicamente solicitó la inscripción del pleno dominio de la vivienda y no del derecho de uso. Añade que la exigencia de fijar un plazo no resulta aplicable a un convenio regulador de mutuo acuerdo y que la resolución invocada por la registradora se refería a un procedimiento contencioso.
Dirección General: La Dirección General estima el recurso.
Doctrina: El derecho civil catalán configura la atribución del uso de la vivienda familiar como un derecho cuyo beneficiario solo puede ser uno de los cónyuges, mientras que los hijos ostentan la condición de meros usuarios de la vivienda, sin adquirir un derecho autónomo sobre ella. Cuando el cónyuge beneficiario de la atribución adquiere además la plena propiedad del inmueble en virtud del convenio regulador, el uso queda integrado en el contenido propio del derecho de dominio y deja de tener autonomía jurídica.
La exigencia de fijar un plazo de duración responde a la naturaleza temporal del derecho de uso cuando este limita las facultades del cónyuge propietario, supuesto que únicamente concurre cuando el beneficiario no es titular exclusivo de la vivienda. En cambio, cuando el beneficiario ostenta el pleno dominio, el uso encuentra su fundamento en el propio derecho de propiedad, sin necesidad de constituir un derecho real independiente ni de fijar un término de duración.
En consecuencia, la adjudicación del pleno dominio de la vivienda familiar al cónyuge beneficiario de la atribución del uso excluye la necesidad de inscribir un derecho de uso autónomo y de establecer un plazo de duración, al quedar el uso plenamente amparado por el derecho de propiedad.
1.** MODIFICACION DE ESTATUTOS DE PH POR LA QUE SE ADSCRIBE EL USO PRIVATIVO DE PLAZAS DE APARCAMIENTO A DETERMINADOS ELEMENTOS PRIVATIVOS
Resolución JUS/4983/2025, de 18 de diciembre, dictada en el recurso gubernativo interpuesto contra la calificación de la registradora de la propiedad de Lloret de Mar núm. 2. (DOGC 15/04/2026)
Resumen: El acuerdo por el que se adscribe el uso exclusivo de plazas de garaje configuradas como elemento común a determinados elementos privativos exige unanimidad de conformidad con el art 553-26.1, letra c, del CCC. Esta unanimidad se entenderá alcanzada cuando hayan votado favorablemente todos los propietarios que han participado en la votación y en el plazo de un mes desde la notificación del acuerdo, no se ha opuesto ningún otro propietario mediante un escrito enviado a la secretaría por cualquier medio fehaciente.
Hechos: Se presenta en el Registro escritura de elevación a público de modificación de los estatutos de comunidad en propiedad horizontal por la que se adscribe el uso privativo de plazas de aparcamiento a determinados elementos privativos. Concretamente en el registro las plazas 7 y 9 tenían atribuido su uso a la finca 902 y las número 8 y 10 a la finca 905, si bien para una mejor utilización del espacio se considera conveniente atribuir contiguas las plazas que han de corresponder a cada propietario, de modo que, tras la modificación efectuada las números 7 y 8 corresponderán a la finca 902 y las 9 y 10 a la finca 905.
En la escritura se protocolizan dos certificaciones expedidas por el secretario de la comunidad, una de ellas relativa a la toma del acuerdo en la junta celebrada con un cuórum de asistencia del 71,725 %, y habiéndose aprobado el acuerdo por unanimidad de los asistentes, en la cual se cuenta el propietario de la casa número 902, entre otros propietarios; y la otra certificación, de la que resulta que no ha habido oposición ni ninguna impugnación, dentro de plazo legal, por parte de los titulares de las casas que no asistieron personalmente a la reunión.
Registradora: Presentada la escritura en el Registro fue objeto de calificación negativa por entender que no resulta del mismo certificado la asistencia de los propietarios de la casa 905, la cual es objeto de modificación”. Basa su calificación en el artículo 553-10 del Código civil de Cataluña (CCC), sobre modificación del título de constitución, y en el artículo 553-26 del mismo Código, sobre adopción de acuerdos por unanimidad y por mayorías cualificadas.
Interesado: Interpone recurso alegando que estamos ante un acuerdo válidamente adoptado pues cuenta con la mayoría de las cuatro quintas partes, exigida en el apartado 2 del artículo 553-26 del CCC, en el supuesto de entender que estamos ante una modificación del título de constitución y los estatutos previsto en la letra a del mencionado precepto; y todavía más, cuenta con la unanimidad de todos los propietarios, contando el voto favorable de todos los asistentes a la junta y la ausencia de oposición del resto de propietarios no asistentes.
La DGDEJ acuerda estimar el recurso y revocar la nota de calificación.
Doctrina: Según el artículo 553-26.1, letra c, del CCC, es necesario el voto favorable de todos los propietarios con derecho al voto para vincular el uso exclusivo de patios, jardines, terrazas, cubiertas del inmueble u otros elementos comunes a uno o varios elementos privativos. Aclarado el cuórum de votación necesario para adoptar el acuerdo, añade el artículo 553-26.3 del CCC, cuando el acuerdo requiere unanimidad, se entiende adoptado el acuerdo cuando han votado favorablemente todos los propietarios que han participado en la votación y en el plazo de un mes desde la notificación del acuerdo, no se ha opuesto ningún otro propietario mediante un escrito enviado a la secretaría por cualquier medio fehaciente. De los antecedentes expuestos en los hechos, es incontestable que se ha alcanzado la unanimidad que requiere la ley.
En la nota de calificación registral se exige el consentimiento del propietario afectado y, por lo tanto, sin mencionarlo formalmente. parece que se invoque el artículo 553-25.4 del CCC, según el cual “Los acuerdos que […] priven a cualquier propietario de las facultades de uso y disfrute de elementos comunes […] requieren el consentimiento expreso de los propietarios afectados”. Sin embargo, el supuesto de hecho de este precepto no se considera aplicable al caso analizado pues el cambio en la adscripción del uso no supone un cambio esencial en el uso, dado que los elementos comunes que se adscriben a los propietarios no eran antes de uso común sino que estatutariamente siempre han sido adscritos a un departamento privativo y, por lo tanto, sencillamente se cambia la adscripción de departamento y el uso sigue siendo exclusivo.
ENLACES:
CUADRO FORAL (incluye enlace C.C. Cataluña)
RECURSOS EN ESTA WEB SOBRE : NORMAS – RESOLUCIONES
OTROS RECURSOS: Secciones – Participa – Cuadros – Práctica – Modelos – Utilidades
WEB: Qué ofrecemos – NyR, página de inicio – Ideario Web

Vista de Lleida. Por Jorge Franganillo.





