Informe 336. BOE Septiembre 2022.

Admin, 02/09/2022

INFORME Nº 336. (BOE SEPTIEMBRE de 2022)

Primera Parte: Secciones I y II.

Revisado hasta el 30 de septiembre.

Último contenido añadido:

* Sección I: el 29 se septiembre.

* Sección II: el 27 de septiembre.

* Sección III (Resoluciones): el 12 de septiembre.

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IR A ¡NO TE LO PIERDAS! DE AGOSTO

Equipo de redacción:
* José Félix Merino Escartín, registrador de la propiedad de Madrid.
* Carlos Ballugera Gómez registrador de la propiedad de Las Rozas de Madrid.
* Alfonso de la Fuente Sancho, notario de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife).
* María Núñez Núñez, registradora de la propiedad y mercantil de Lugo.
* Inmaculada Espiñeira Soto, notaria de Santiago de Compostela.
* José Ángel García-Valdecasas Butrón, registrador.
* Juan Carlos Casas Rojo, registrador de la propiedad de Cádiz nº 3
* José Antonio Riera Álvarez, notario de Arucas (Gran Canaria)
* Albert Capell Martínez, notario de El Prat, antes de Fraga (Huesca) y antes de Boltaña
* Gerardo García-Boente Dávila, Director Inmobiliario y Urbanismo de PwC.
* María García-Valdecasas Alguacil, registradora de Barcelona
* Emma Rojo Iglesias, registradora de Alcalá de Henares (Madrid)
* Javier Máximo Juárez González, notario de Valencia
* Víctor Esquirol Jiménez, notario de El Masnou (Barcelona)
DISPOSICIONES GENERALES:
Ley Concursal 2022

Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades (Directiva sobre reestructuración e insolvencia).

Resumen en muy breve: Tras sólo dos años, se modifican 158 apartador del TR Ley Concursal de 2020. El procedimiento concursal regulado en el Libro Primero es el único aplicable al deudor civil; se crean las figuras del concurso sin masa y el pre-pack concursal y se regula la segunda oportunidad. La reforma del Libro Segundo trata de facilitar al empresario o profesional herramientas para evitar la insolvencia, potencia el plan de reestructuración y crea el experto en la materia. Se introduce un nuevo Libro Tercero que regula el procedimiento concursal especial para microempresas gestionado por el propio deudor. Desaparece el acuerdo extrajudicial de pagos. Las D.F. modifican, entre otras leyes, el Cc, LH, LEC o TRLSC.

Ver las principales novedades de la reforma, por Álvaro Martín.

Como complemento a lo anterior, se resumen las disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales.

A) Disposiciones adicionales:

Modelos, formularios y herramientas:

– En la D.Ad. 1ª se anuncia un modelo de solicitud de declaración de concurso voluntario de acreedores, que será accesible por medios electrónicos sin coste alguno en la página web del Ministerio.

– La D.Ad. 4ª prevé la cumplimentación en línea de Formularios normalizados del procedimiento especial de microempresas.

– Por D.Ad. 3ª, se pondrá en línea, a disposición de los empresarios y profesionales, un programa de cálculo automático del plan de pagos.

– Según la D.Ad 5ª, se pondrá en marcha una web para el autodiagnóstico de salud empresarial, dirigida a las pequeñas y medianas empresas y que les permita evaluar su situación de solvencia. Estará a cargo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

– Ver también la D.F. 12ª: futuro servicio de asesoramiento a empresas en dificultades

Plataforma electrónica de liquidación de bienes.

La D.Ad. 2ª prevé su puesta en marcha para la liquidación de bienes procedentes de procedimientos especiales de liquidación.

La plataforma consistirá en un portal público electrónico para la venta de los activos de las empresas en liquidación, que incluirá un catálogo integrado por los bienes que vayan siendo añadidos a través de comunicación por los deudores o por los administradores concursales tras la apertura de un procedimiento especial de liquidación.

Puede también incluir la venta de empresas en su conjunto o de sus unidades productivas

Registro público concursal.

Según la D.Ad. 6ª, en el plazo máximo de seis meses se creará en el Registro público concursal el portal de liquidaciones concursales, en el que figurará una relación de las empresas en fase de liquidación concursal y cuanta información resulte necesaria para facilitar la enajenación del conjunto de los establecimientos y explotaciones o unidades productivas.

Por la D.Ad. 10ª los letrados de la Administración de Justicia deberán remitir al CGPJ y al Registro público concursal certificación con amplia información respecto de los concursos de acreedores declarados desde el 1 de enero de 2020.

Ver también la D.F. 14ª (futura reforma del Real Decreto 892/2013, de 15 de noviembre, por el que se regula el Registro público concursal,

Información por los registradores mercantiles a través del Colegio.

Conforme a la D.Ad. 7ª, antes del 6 de marzo de 2023, se determinarán las condiciones y requisitos bajo los cuales el Colegio de Registradores pondrá a disposición del administrador societario que lo solicite un informe sobre la posición de riesgo de la sociedad en base a la información contenida en las cuentas.

Avales.

En la D.Ad. 8ª, se hace referencia al tratamiento que han de tener los avales públicos concedidos en aplicación de diversas disposiciones. Tendrán la consideración de crédito financiero, a todos los efectos previstos en la Ley Concursal.

Corresponderá a las entidades financieras, por cuenta y en nombre del Estado, la representación de los créditos derivados de los avales públicos en los procedimientos previstos en la Ley Concursal.

En caso de concurso del deudor avalado, el auto de declaración de concurso producirá, a los solos efectos de su intervención en el concurso, la subrogación del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital por la parte del principal avalado.

Referencias normativas.

Conforme a la D.Ad. 9ª, las referencias normativas a los acuerdos de refinanciación y, en su caso, a los acuerdos extrajudiciales de pagos, han de entenderse realizadas a los planes de reestructuración regulados en el libro segundo y, tratándose de microempresas, a los planes de continuación en el libro tercero.

Deudas tributarias.

La D.Ad. 11ª regula los aplazamientos y fraccionamientos de deudas tributarias por la Agencia Estatal de Administración Tributaria durante un plazo máximo que oscila entre seis y doce meses.

B) Disposiciones transitorias:

De las disposiciones transitorias, destacamos:

La D.Tr. 1ª trata del régimen aplicable a los procedimientos y actuaciones iniciadas después y antes de la entrada en vigor de esta ley. La regla general es la de que los concursos declarados antes de la entrada en vigor se regirán por lo establecido en la legislación anterior, pero con excepciones. En cambio, será de aplicación la nueva ley, entre otros casos, a las solicitudes presentadas después y a los concursos declarados a partir de su entrada en vigor.

La D.Tr. 2ª permite a los microempresarios, aunque no haya entrado en vigor todavía el libro tercero, solicitar el nombramiento de experto para recabar ofertas de adquisición de la unidad productiva.

La D.Tr. 3ª se dedica al régimen transitorio del nombramiento del administrador concursal en el procedimiento especial para microempresas.

La D.Tr. 4ª regula el régimen transitorio de la inscripción de las resoluciones judiciales de concesión de exoneración del pasivo insatisfecho, que serán remitidas al registro público concursal por el letrado de la Administración de Justicia.

La D.Tr. 5ª trata del régimen transitorio hasta la aprobación del Reglamento de la administración concursal, manteniendo la regulación actual en materias como el acceso a la actividad, nombramiento y retribución.

La D.Tr. 6ª se dedica la venta directa de bienes a través de la plataforma de liquidación, indicando que la nueva regulación entrará en vigor cuando se apruebe su desarrollo reglamentario.

Y la D.Tr. 7ª -que no tiene que ver con la Ley Concursal- concreta que los efectos de la reducción en la cotización a la Seguridad Social aplicable a los trabajadores mayores de 62 años (art. 144.4), producirá efectos desde el día 1 de enero de 2022. Ver D.F. 10ª.

C) Disposición derogatoria:

Se derogan los artículos 6 a 12 del Código de Comercio, que estaban dedicados al ejercicio del comercio por persona casada. Ver el texto de los artículos derogados.

D) Disposiciones finales: 

Las once primeras disposiciones finales (de 19) se dedican a modificar otras leyes, que son las siguientes:

Código Civil.

La D.F. 1ª afecta a tres artículos:

– en el artículo 92.7, dedicado a los casos en que no procede la guarda conjunta, tan solo se sustituye la palabra padres por «progenitores»

– en el artículo 914 bis se modifica el primer párrafo para corregir un claro error detectado en la redacción anterior, ya que se aludía a los animales de compañía del causahabiente, cuando lógicamente, se debe de hacer referencia a los animales de compañía del causante

– y en el artículo 1365, que determina cuándo responden directamente los bienes gananciales frente al acreedor de las deudas contraídas por un cónyuge, hay dos cambios:

  • responden de cualquier ejercicio de la profesión, no solo del ejercicio ordinario de la misma
  • desaparece la remisión al Código de Comercio en aquellos casos en los que uno de los cónyuges sea comerciante, pues los artículos 6 al 12 CCom se derogan por esta misma Ley

Ley Hipotecaria.

La D.F. 2ª incluye dos artículos de esta Ley:

– se modifica el emblemático artículo 3, donde se definen los títulos formales inscribibles, respetando el texto actual, pero incluyendo seguidamente el testimonio del auto de homologación de un plan de reestructuración

– en cuanto a las cancelaciones, se modifica el primer párrafo del artículo 82, respetando su redacción actual, pero añadiendo que también pueden proceder las cancelaciones de un testimonio de auto de homologación de un plan de reestructuración

Asistencia jurídica gratuita

La D.F. 3ª modifica la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.

Se reconoce que tendrán derecho a asistencia jurídica gratuita los deudores personas naturales que tengan la consideración de microempresa, a los que resulte de aplicación el procedimiento especial  (para microempresas) previsto en su libro tercero, siempre que acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

Se conceden también beneficios a los sindicatos.

Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

La D.F. 4ª afecta a un artículo de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

El artículo 12 ahora incluye a los actos y disposiciones del Fiscal General del Estado en los recursos que conocerá la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo en única instancia.

Ley de Enjuiciamiento Civil

La D.F. 5ª trata de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Solo se modifica un artículo, el 589, dedicado a la manifestación de bienes del ejecutado, añadiendo un nuevo apartado 3, relativo al caso en que el ejecutado no señalare bienes susceptibles de embargo o el valor de los señalados fuera insuficiente para el fin de la ejecución.

Ley de Planes y Fondos de Pensiones.

La D.F. 6ª modifica el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.

Tan sólo se Se añade en su artículo 8 que el concurso de acreedores no podrá dar lugar a la resolución judicial del plan de pensiones del concursado.

Ley de Sociedades de Capital

La D.F. 7ª incide en dos artículos del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

Los dos artículos afectados están dentro del Título X, dedicado a la Disolución y liquidación: 

– el artículo 365, que regula el deber de convocatoria de la Junta general, afectando a cuándo están obligados a convocarla los administradores (apartado 1) y a cuándo no están obligados a convocarla (apartado 3), que será en los casos en que hubieran solicitado la declaración de concurso de la sociedad o comunicado al juzgado la existencia de negociaciones con los acreedores para alcanzar un plan de reestructuración

– y el artículo 367, sobre responsabilidad solidaria de los administradores, especificando cuándo comienza, cuándo decae y la presunción iuris tantum, respecto de las obligaciones sociales cuyo cumplimiento sea reclamado judicialmente, de que son obligaciones de fecha posterior al acaecimiento de la causa de disolución o a la aceptación del nombramiento por el administrador

Ley de Economía Social

La D.F. 8ª modifica la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social.

Introduce un nuevo artículo 10 bis dedicado a la capitalización de la prestación por desempleo para la adquisición de la condición de sociedad laboral o transformación en cooperativa por sociedades mercantiles en concurso.

Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil

La D.F. 9ª es para la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil.

Se amplía el contenido del artículo cuatro, dedicado a las comunicaciones judiciales directas, con cuatro nuevos apartados.

Las regula con más precisión, recogiendo la obligación de informar a la autoridad judicial extranjera acerca de la propia comunicación.

Se distingue entre las comunicaciones por escrito y las comunicaciones orales previendo la intervención de traductor o de intérprete y la posibilidad de dar audiencia a las partes, con obligación final de darles traslado de lo realizado

Seguridad Social.

La D.F. 10ª retoca el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

Únicamente modifica el apartado cuatro del artículo 144, sobre la duración de la obligación de cotizar, en lo que afecta a los mayores de 62 años, respecto de los cuales, las empresas tendrán derecho a una reducción del 75 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes durante la situación de incapacidad temporal.

Ahora se añade que a estas reducciones de cuotas no les resultará de aplicación lo establecido en el artículo 20.1. por lo que este caso se convierte en una excepción al requisito preciso para las reducciones en general de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

Esta reforma, según la D.Tr. 7ª, produce efectos desde el 1º de enero de 2022.

Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo

Y la D.F. 11ª modifica el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal.

Se trata de la disposición adicional primera, pero no del texto refundido, sino del propio Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo.

Matiza el concepto de Grupo de sociedades, aclarando que el control lo puede ostentar una persona natural o jurídica que no sea sociedad mercantil

El resto de las disposiciones finales tratan de lo siguiente:

D.F. 12ª: futuro servicio de asesoramiento a empresas en dificultades

D.F. 13ª: anuncia que se aprobará en el plazo máximo de seis meses, mediante real decreto, el Reglamento de la administración concursal, en el que se establecerá el acceso a la actividad, el nombramiento de los administradores concursales y su retribución.

D.F. 14ª: en el mismo plazo se reformará el Real Decreto 892/2013, de 15 de noviembre, por el que se regula el Registro público concursal, en materia de estructura, contenido y sistema de publicidad, así como los procedimientos de inserción y de acceso a este registro y la interconexión con la plataforma europea. El real decreto contemplará las condiciones para la publicación de las retribuciones fijadas para el administrador concursal en cada procedimiento en el que resulte designado.

D.F. 15ª: también en el mismo plazo un real decreto regulará las comunicaciones entre la Fiscalía y los Gobiernos de la Nación y de las CCAA.

D.F. 16ª: prevé la aprobación de un reglamento sobre estadística concursal.

D.F. 17ª: mediante esta ley se incorpora al derecho español la Directiva (UE) 2019/1023, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones…

D.F. 18ª: como título competencial se cita el artículo 149.1. 6.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de «legislación mercantil» y de «legislación procesal».

Entrada en vigor.

Según la D.F.19ª, la presente ley entró en vigor el 26 de septiembre de 2022.

Excepciones:

– el Libro Tercero TR Ley Concursal (procedimiento especial para microempresas) entrará en vigor el 1 de enero de 2023, salvo el apartado 2 del artículo 689 (nombramiento del administrador concursal), que entrará en vigor cuando se apruebe un reglamento

– la D.Ad. 11ª, referida a los aplazamientos y fraccionamientos de deudas tributarias por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que entrará en vigor el 1 de enero de 2023.

Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

Ley 17/2022, de 5 de septiembre, por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

Resumen: La modificación de la Ley de 2011 potencia la carrera y desarrollo profesional del personal investigador. Se crea un nuevo contrato indefinido denominado contrato de actividades científico-técnicas. Reorganización de la gobernanza del Sistema. Se crea la Agencia Espacial Española. Aplazamiento al curso académico 2022-2023 de la puesta en marcha del nuevo máster de acceso a la abogacía y procura.

En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, esta Ley acomete una reforma institucional orientada a fortalecer las capacidades del Sistema Español de Ciencia, Tecnología y de Innovación para la mejora de su eficacia, coordinación, gobernanza y transferencia de conocimiento. La reforma se inspira también en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, impulsada por la ONU y en la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027, con un fomento de la I+D+I y su transferencia.

Para alcanzar estos objetivos, resulta una pieza fundamental contar con una carrera profesional pública en el ámbito de la I+D+I entendida como un nuevo itinerario postdoctoral que resulte atractivo, que facilite la incorporación estable en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación y que desarrolle vínculos entre el sector público y privado, especialmente con las pymes.

Tras 11 años, las carencias fundamentales que se tratan de paliar en la Ley 14/2011, de 1 de junio, son las siguientes:

a) Carencias relativas a la carrera y desarrollo profesional del personal investigador.

b) Imperfecta normativa reguladora de la transferencia de conocimiento y de resultados de la actividad investigadora.

c) Necesidad de actualizar los mecanismos de gobernanza del Sistema y la coordinación y colaboración entre agentes tanto públicos como privados.

Carrera y desarrollo profesional del personal investigador.

De forma generalizada, la perspectiva de acceso de los profesionales al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación ha venido categorizada por la temporalidad, dado que la contratación laboral se realizaba en gran medida a través de contratos de obra o servicio.

La reforma de la carrera científica que se plantea incluye dos medidas fundamentales:

– el diseño de un itinerario postdoctoral que conduzca a la incorporación estable de investigadores al sistema y su desarrollo profesional posterior, con evaluaciones externas

– la introducción de una nueva modalidad contractual laboral indefinida vinculada al desarrollo de actividades científico-técnicas para todo tipo de personal de investigación en el marco de líneas de investigación definidas.

Transferencia de conocimiento:

Un reto no resuelto, tanto en el ámbito europeo como nacional, es el traslado de los resultados de la investigación científica a los mercados de forma rápida y con capacidad de generar crecimiento empresarial.

Una medida para afrontar este reto consiste en que el personal investigador, responsable de la generación del conocimiento, debe recibir incentivos suficientes para estimular la publicación de los resultados de investigación en acceso abierto y realizar transferencia de conocimiento generado. Se evaluarán los méritos de transferencia, junto con los de investigación y el impacto que produzcan en la sociedad en los ámbitos económico, social y ambiental.

También se prevé la participación en los beneficios que obtengan las entidades para las que preste servicio el personal investigador y técnico autores de las invenciones, por la explotación de los resultados de la actividad de investigación. Será de al menos un tercio en el caso de los organismos públicos.

La ley amplía el ámbito de la participación de los agentes públicos de ejecución en sociedades mercantiles y la autorización al personal de investigación para prestar servicios en dichas sociedades.

El Derecho privado será de aplicación a los contratos relativos a la promoción y gestión de resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación, incluidos los contratos de opción para explorar la viabilidad empresarial y de sociedad suscritos con ocasión de la constitución o participación en sociedades.

Para la transmisión a terceros de derechos sobre los resultados de la actividad investigadora por Organismos Públicos se aplicará un procedimiento basado en la concurrencia competitiva de las personas interesadas, en el que se garantice una difusión previa adecuada del objeto y condiciones de la transmisión.

Se regula también la compra pública de innovación realizada por las Administraciones Públicas

Mejora de la gobernanza del Sistema

Esta ley refunde la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y la Estrategia Española de Innovación. También se refunden dos previos en un único Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación.

Se actualizan las funciones propias del Comité Español de Ética en la Investigación como órgano colegiado, independiente y de carácter consultivo.

Aumenta la coordinación entre los ámbitos estatal y autonómico en la elaboración, la ejecución y la evaluación de las políticas de I+D+I a fin de evitar duplicidades

Regulación del Mapa de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS).

Se introducen previsiones relativas a los bancos de pruebas regulatorios del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Se autoriza la creación de la Agencia Espacial Española, con carácter de agencia estatal, adscrita a los Ministerios de Ciencia e Innovación y de Defensa. La Agencia representará internacionalmente a España en el sector espacial. Servirá para coordinar las actividades en torno al ámbito espacial tanto desde el punto de vista de su desarrollo tecnológico como del uso del espacio en ámbitos como la seguridad, la observación de la tierra, la geolocalización, las comunicaciones, etc, integrando funciones que actualmente están distribuidas en diferentes organismos.

La disposición final cuarta modifica la disposición transitoria segunda de la Ley 15/2021, de 23 de octubre, con objeto de aplazar al curso académico 2022-2023 la puesta en marcha del nuevo máster de acceso a la abogacía y procura al ser necesaria la adaptación del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, a las previsiones de esa Ley con carácter previo a su impartición.

Entró en vigor el 7 de septiembre de 2022.

Ley de libertad sexual

Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.

Paisaje de Binibeca (Menorca). Por Silvia Núñez.

Resumen: Esta Ley Orgánica tiene por objeto la garantía y protección integral del derecho a la libertad sexual y la erradicación de todas las violencias sexuales, así como la protección a las víctimas, medidas preventivas y de formación. Las disposiciones finales modifican el Código Penal, la LECR o el Estatuto de los Trabajadores, entre otras.

Esta ley orgánica consta de un título preliminar, ocho títulos, cinco disposiciones adicionales, una disposición transitoria, y veinticinco disposiciones finales.

Del Título Preliminar destacamos:

Objeto de la Ley: Es la garantía y protección integral del derecho a la libertad sexual y la erradicación de todas las violencias sexuales. Art. 1.

Finalidad: la adopción y puesta en práctica de políticas efectivas, globales y coordinadas entre las distintas administraciones públicas competentes, a nivel estatal y autonómico, que garanticen la sensibilización, prevención, detección y la sanción de las violencias sexuales.

Ámbito de aplicación. Art. 3.

El ámbito de aplicación objetivo de esta ley orgánica comprende las violencias sexuales, entendidas como cualquier acto de naturaleza sexual no consentido o que condicione el libre desarrollo de la vida sexual en cualquier ámbito público o privado, incluyendo el ámbito digital.

En cuanto al ámbito subjetivo, es de aplicación a las mujeres, niñas y niños que hayan sido víctimas de violencias sexuales en España, con independencia de su nacionalidad y de su situación administrativa; o en el extranjero, siempre que sean de nacionalidad española

El Título I establece medidas de mejora de la investigación y la producción de datos sobre todas las formas de violencia sexual.

El Título II prevé actuaciones para la prevención y la detección de las violencias sexuales. El Capítulo I trata de los ámbitos educativo, sanitario y sociosanitario, digital y de la comunicación, publicitario, laboral, de la Administración Pública y castrense, así como en lugares residenciales y de privación de libertad. Y el Capítulo II prevé el desarrollo de protocolos y formación para la detección de las violencias sexuales en tres ámbitos fundamentales: el educativo, el sanitario y el sociosanitario.

El Título III contiene medidas de formación en el ámbito docente y educativo, sanitario, sociosanitario y de servicios sociales y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Asimismo, se prevé la formación en las Carreras Judicial y Fiscal y de letrados de la Administración de Justicia, en el ámbito de la abogacía, en el ámbito forense y en el penitenciario. Además, se regula la formación del personal en el exterior.

El Título IV regula el derecho a la asistencia integral especializada y accesible, se divide en dos capítulos:

– El Capítulo I define el alcance y garantía de este derecho, que comprenderá, al menos, la información y orientación a las víctimas, la atención médica y psicológica, la atención a las necesidades económicas, laborales, de vivienda y sociales, el asesoramiento jurídico previo y a la asistencia jurídica gratuita en los procesos derivados de la violencia, el seguimiento de sus reclamaciones de derechos, los servicios de traducción e interpretación y la asistencia especializada en el caso de mujeres con discapacidad y menores. Se promueve la creación, entre otros, de los «centros de crisis», como servicios públicos interdisciplinares de atención permanente, que ofrecen asistencia en crisis para víctimas de violencias sexuales, sus familiares, y personas del entorno. También, la “Casa de Niños y Niñas”.

– El Capítulo II prevé medidas para garantizar la autonomía económica de las víctimas con el fin de facilitar su recuperación integral a través de ayudas y medidas en el ámbito laboral, Seguridad Social, de empleo público y acceso a la vivienda prioritario, regulando su compatibilidad con otras medidas.

El Título V regula la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Prevé la obligación de una actuación policial especializada y colaborativa y mejoras relativas a la calidad de la atención en el proceso de denuncia, la investigación exhaustiva y la protección efectiva de las personas en riesgo.

El Título VI aborda el acceso y la obtención de justicia, y consta de dos capítulos.

– El Capítulo I, sobre actuaciones fundamentales para la acreditación del delito, prevé la especialización en violencia sexual de las unidades de valoración forense integral que asisten a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Asimismo, establece la obligación de especialización del personal médico forense que realice los exámenes de interés legal.

– El Capítulo II establece medidas judiciales de protección y acompañamiento reforzado para las víctimas, así como medidas sobre protección de datos y limitación a la publicidad. Se aborda también la protección frente a las violencias sexuales de las mujeres españolas en el exterior acudiendo a Embajadas y Oficinas Consulares.

El Título VII consagra el derecho a la reparación, que comprende la indemnización por daños y perjuicios materiales y morales, las medidas necesarias para su completa recuperación física, psíquica y social y las garantías de no repetición, así como acciones de reparación simbólica. Las administraciones podrán garantizar ayudas complementarias, para cuya financiación se podrán emplear los bienes, efectos y ganancias decomisados.

El Título VIII adopta medidas fundamentales para garantizar la aplicación efectiva de la ley, como la obligación de desarrollarla a través de una Estrategia estatal y de evaluar su eficacia e impacto.  

En las cinco disposiciones adicionales se prevén la aprobación de la Estrategia estatal de prevención y respuesta a las violencias machistas, medidas de financiación y de evaluación.

La única disposición transitoria permite que, en los procesos sobre hechos contemplados en la presente ley orgánica que se encuentren en tramitación a su entrada en vigor, los juzgados o tribunales que los estén conociendo podrán adoptar las medidas previstas en el Capítulo II del Título VI (medidas para la protección, acompañamiento y seguridad de las víctimas).

El contenido, en breve, de las veinticinco disposiciones finales, es el siguiente:

La 1ª modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal, siendo lo más relevante la incorporación de la figura de la revocación de la renuncia de la acción civil cuando los efectos del delito fueran más graves de lo previsto inicialmente, lo que es habitual en delitos contra la libertad sexual.

La 2ª y la 3ª modifican, respectivamente, la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación, y la Ley General de Publicidad, para adaptarlas a las previsiones de la presente ley orgánica.

La 4ª, quizás la más trascendente, modifica el Código Penal.

elimina la distinción entre agresión y abuso sexual, considerándose agresiones sexuales todas aquellas conductas que atenten contra la libertad sexual sin el consentimiento de la otra persona

– se introduce expresamente como forma de comisión de la agresión sexual la denominada «sumisión química» o mediante el uso de sustancias y psicofármacos que anulan la voluntad de la víctima

– se introduce la circunstancia cualificatoria agravante específica de género en estos delitos.

– y se reforman otros preceptos relacionados con la responsabilidad de las personas jurídicas, la suspensión de la ejecución de penas en los delitos de violencia contra la mujer, el perjuicio social y los delitos de acoso, incluido el acoso callejero.

La 5ª modifica la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.

La 6ª afecta al artículo 31 bis de la Ley de extranjería para evitar la incoación de expediente administrativo sancionador en el caso de las mujeres víctimas de violencias sexuales que denuncien su situación.

La 7ª adapta la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

La 8ª. en el artículo 2 de la Ley General de Subvenciones, excluiye del concepto de subvenciones las ayudas económicas a las víctimas de violencias sexuales.

La 9ª modifica la Ley contra la Violencia de Género para dar cumplimiento al Pacto de Estado contra la violencia de género.

La 10ª y la 11ª adaptan a la presente norma la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y el Estatuto del Trabajo Autónomo.

La 12ª modifica la Ley del Estatuto de la víctima del delito, para garantizar la protección de las víctimas de violencias sexuales, así como su acceso a los servicios de asistencia y apoyo.

La 13ª afecta al Código Penal Militar, tipificando las violencias sexuales y el acoso sexual en este ámbito.

La 14ª retoca el Estatuto de los Trabajadores, con el fin de introducir diversos derechos laborales para las víctimas de violencias sexuales, en la línea de lo previsto en la normativa actual para las víctimas de violencia de género.

La 15ª se dedica al Estatuto Básico del Empleado Público, para modificarlo en términos similares.

La 16ª es para el TR Ley General de la Seguridad Social.

La 17ª establece los preceptos de la ley que tienen carácter orgánico,

La 18ª y 19ª recogen los títulos competenciales en los que se ampara la norma y las competencias autonómicas.

La 20ª y 21ª prevén modificaciones legislativas futuras en materia de especialización judicial y de garantía, para las víctimas de delitos contra la libertad sexual, del derecho a la asistencia jurídica gratuita.

La 22ª prevé la creación, en el plazo de un año, de un fondo de bienes decomisados por delitos contra la libertad sexual destinado a financiar las medidas de reparación a las víctimas.

La 23ª se refiere a la futura modificación del reglamento de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.

La 24ª permite el desarrollo reglamentario de la norma por parte del Gobierno

Entrada en vigor:

Conforme a la D.F. 25ª, como regla general, será el 7 de octubre de 2022.

El Capítulo I del Título IV (alcance y garantía del derecho a la asistencia integral especializada y accesible) y el Título VI de la ley (acceso y obtención de Justicia), el 7 de marzo de 2023.

La letra d) del apartado 1 del artículo 33 de esta ley (atención a las necesidades…),a partir de la entrada en vigor de la modificación normativa prevista en la D.F. 21ª (asistencia jurídica gratuita a las víctimas de violencias sexuales).

Empleadas del hogar: Seguridad Social y condiciones laborales.

Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar.

Castillo de Zafra (Guadalajara). Por Diego Delso.

Resumen: Este RDLey equipara las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras del hogar familiar a las del resto de trabajadores por cuenta ajena. Prestación por desempleo. Forma del contrato según Estatuto de los Trabajadores. Extinción del contrato sin la figura del desistimiento.

Como factores peculiares de este tipo de trabajo, han de tenerse en cuenta los siguientes.

– el empleador no tiene entidad empresarial,

– la prestación de servicios se produce en un ámbito privado,

– la alta variabilidad en las jornadas, con muchos casos de pluriempleo.

– Importante presencia de personas de otras nacionalidades.

Sin embargo, estas peculiaridades -varias de ellas compartidas con otros sectores- no justifican que se produzca un tratamiento discriminatorio para las personas que realicen esta actividad laboral.

La necesidad de esta reforma viene también impuesta por:

– La Sentencia TJUE de 24 de febrero de 2022, asunto C 389/20, sobre el derecho a la prestación por desempleo, ha establecido que no son compatibles con el ordenamiento de la Unión Europea las normas de Seguridad Social que sitúen a las trabajadoras en desventaja particular con respecto a los trabajadores y no esté justificada por factores objetivos y ajenos a cualquier discriminación por razón de sexo. Ante un colectivo mayoritariamente femenino, el Tribunal reconoce que la exclusión de la protección por desempleo entraña –de principio– una discriminación indirecta por razón de sexo.

– La Directiva 2006/54/CE, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, trasciende el ámbito de la Seguridad Social y llega también al ámbito de las condiciones de trabajo.

– El artículo 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, establecen la prohibición de discriminaciones directas e indirectas en el trabajo.

– El Convenio número 189 de la OIT, sobre condiciones relativas al trabajo decente para los trabajadores domésticos y que se refiere tanto a las condiciones de trabajo como a las de Seguridad Social.

– Diversos artículos de nuestra Constitución, como el 14, 35 y 40.

– Y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que recoge, en su artículo 5, el principio de igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y en la promoción profesionales, y en las condiciones de trabajo y que prohíbe, en su artículo 6, la discriminación directa e indirecta por razón de sexo.

Los principios básicos que inspiran esta revisión de la normativa sociolaboral son los dos siguientes:

– los trabajadores domésticos tienen derecho a gozar de los derechos fundamentales en el trabajo y de una protección social y laboral mínimas,

– Estos trabajadores no pueden tener un nivel de protección inferior ni un trato menos favorable que el resto de las personas trabajadoras.

El real decreto-ley consta de seis artículos, seis disposiciones adicionales, cinco transitorias, una derogatoria y siete finales.

El artículo primero modifica la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales:

– elimina el apartado 4 del artículo 3, que excluía de lu ámbito de aplicación la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar

– modifica la D.Ad. 18ª sobre protección de la seguridad y la salud en el trabajo de estas personas, con remisión a un desarrollo reglamentario.

El artículo segundo modifica el artículo 33.2 del Estatuto de los Trabajadores relativo al Fondo de Garantía Salarial para proporcionar cobertura de garantía salarial al colectivo de personas trabajadoras al servicio del hogar.

El artículo tercero afecta al TRLGSS. Busca la equiparación en el ámbito de la Seguridad Social entre personas trabajadoras del hogar y el resto de los trabajadores por cuenta ajena.

– Se modifica artículo 251 –con supresión de su letra d)– para que no quede excluida de la acción protectora del Sistema Especial para Empleados de Hogar la correspondiente a desempleo. La forma de realizar esa cotización –reducida– durante el año 2022 se especifica en la D.Tr. 2ª del presente RDLey. La cotización, a partir de enero de 2023, habrá de hacerse en los términos establecidos en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

– En el artículo 267 ahora consta como situación legal de desempleo la extinción por causa justificada contemplada en el nuevo artículo 11.2 del Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, y a tal efecto se incorpora un nuevo apartado 8.º al artículo 267.1.a).

– Y se actualiza el contenido de la D.Tr. 16ª, relativa a las bases y tipos de cotización y acción protectora en el Sistema Especial para Empleados de Hogar incluyendo la escala de retribuciones y bases aplicable durante el año 2023 para la cotización a la Seguridad Social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar.

El artículo cuarto establece modificaciones en el Real Decreto 505/1985, de 6 de marzo, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial, relativas a la obligación de cotización de los empleadores y para proporcionar una cobertura indemnizatoria a las personas trabajadoras del servicio doméstico en los casos de insolvencia o concurso de las empleadoras.

El artículo quinto -quizás el más trascendente- afecta al Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar. para eliminar las diferencias injustificadas en las condiciones de trabajo de las personas incluidas en esta relación laboral especial.

– Se modifica el artículo 3.b) para que se pueda aplicar a este colectivo lo establecido en el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores con relación a la intervención del Fondo de Garantía Salarial (antes se excluía su aplicación expresamente).

– También varía el artículo 5, referido a la forma del contrato de trabajo. Ahora se dice expresamente que la forma del contrato de trabajo se ajustará a lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores. En su apartado 2 se recoge la presunción del carácter indefinido de la relación laboral cuando el contrato no se realice por escrito, cualquiera que sea la duración del mismo.

– Y la regulación en el artículo 11 de la Extinción del contrato sufre una importante transformación a la hora de determinar las peculiaridades extintivas de las relaciones laborales en el hogar familiar, pues se eliminan la mayoría de las diferencias que existían. Desaparece la figura del desistimiento por lo que la extinción de la relación laboral, aparte de las causas previstas en el Estatuto de los trabajadores, solo podrá producirse por causa justificada, describiendo el precepto, de un lado, las concretas situaciones que habilitarían esta forma especial de extinción y asegurando, de otro lado, que la decisión extintiva ha sido adoptada por la persona empleadora en base a unas circunstancias valorables objetivamente. Se recogen como posibles causas: la disminución de los ingresos de la unidad familiar o incremento de su gastos por circunstancia sobrevenida; la modificación sustancial de las necesidades de la unidad familiar; así como el comportamiento de la persona trabajadora que fundamenta de manera razonable y proporcionada la pérdida de confianza de la persona empleadora. Ha de comunicarse por escrito, con expresión de la causa, preaviso y una indemnización. Te digo

El artículo sexto modifica el apartado 2 del artículo 43 del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de personas trabajadoras en la Seguridad Social, a fin de suprimir, para las empleadas del hogar que presten sus servicios durante menos de sesenta horas mensuales por empleador, la posibilidad de que sean ellas las que soliciten directamente su afiliación, altas, bajas y variaciones de datos cuando así lo acuerden con los empleadores.

Entre las disposiciones adicionales destacan:

La D.Ad. 1ª recoge los beneficios en la cotización aplicables en el Sistema Especial para Empleados de Hogar, incluyendo una modulación de aquellos en función de las condiciones de renta y patrimonio y las necesidades de cuidado de las familias.

La D.Ad. 2ª se refiere a la asunción por las personas empleadoras de las obligaciones en materia de cotización cuando la prestación de servicios es inferior a sesenta horas mensuales. Aplicación a partir de enero de 2023.

Y entre las disposiciones transitorias:

La D.Tr. 1ª establece que la nueva norma será de aplicación a los contratos vigentes a su fecha de entrada en vigor.

La D.Tr. 2ª fija las reglas de cotización por desempleo y al Fondo de Garantía Salarial que deben aplicarse desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2022.

La D.Tr. 3ª prevé el régimen transitorio de mantenimiento de los beneficios por la contratación de cuidadores en familias numerosas.

La D.Tr. 4ª establece unos plazos extraordinarios en la gestión de ayudas al transporte público, previstas en el Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio.

El presente real decreto-ley entró en vigor el 9 de septiembre de 2022, con estas excepciones:

– La modificación normativa efectuada por el artículo sexto (inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas…) así como las letras a) y c) de la disposición derogatoria única, surtirán efectos desde el día 1 de enero de 2023.

– El apartado 1 de la D.Ad. 1ª (beneficios en la cotización aplicables en el Sistema Especial para Empleados de Hogar). entrará en vigor el día 1 de octubre de 2022.

– Los apartados 2 y 3, así como el párrafo segundo del apartado 4 de esta misma D.Ad. 1ª, y la letra b) de la disposición derogatoria única (familias numerosas), entrarán en vigor el día 1 de abril de 2023.

Modificación del Reglamento sobre Asistencia Jurídica gratuita

Real Decreto 586/2022, de 19 de julio, por el que se modifica el Reglamento de asistencia jurídica gratuita, aprobado por el Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo.

Resumen: Se determina que los requisitos generales mínimos exigibles a los abogados y procuradores para poder prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita serán de aplicación en todo el territorio nacional. No podrán ejercer la defensa legal en el turno de oficio abogados condenados por delitos del mismo tipo que los relacionados con las víctimas que han de ser defendidas, en los casos enumerados.

El presente real decreto sólo consta de un artículo que contiene dos apartados y una disposición final única. Modifica el Reglamento de asistencia jurídica gratuita, aprobado por el Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo.

El apartado uno afecta al apartado 3 del artículo 1, que regula el objeto y ámbito de aplicación del Reglamento para incluir el artículo 32 entre los que son objeto de aplicación en todo el territorio nacional.

El apartado dos añade nuevas letras a dicho artículo 32 que está dedicado a determinar los requisitos generales mínimos exigibles a los Abogados y Procuradores de los Tribunales:

– Tanto los profesionales de la Abogacía como los de la Procura que presten servicio de asistencia jurídica gratuita a víctimas de violencia de género no podrán contar con antecedentes penales por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexual o la intimidad en el ámbito de la violencia sobre la mujer, salvo que los mismos se encuentren cancelados.

– Estos mismos profesionales, para prestar asistencia jurídica gratuita a víctimas de delitos de terrorismo y de trata de seres humanos, o a víctimas de cualquier delito cuando estas sean personas menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, no podrán tener antecedentes penales por delitos cometidos, respectivamente, sobre cada una de las clases de víctimas anteriormente enumeradas, salvo que los antecedentes se encuentren cancelados.

Entró en vigor el 28 de septiembre de 2022.

Código Penal: imprudencia en la conducción.

Ley Orgánica 11/2022, de 13 de septiembre, de modificación del Código Penal en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor. 

Resumen: Ha de ser Ley Orgánica pues reforma tres artículos del Código Penal con el objetivo de tratar con más rigor la imprudencia al volante con resultado de muerte o lesiones relevantes. Será obligatorio el atestado cuando haya un accidente con resultado de lesión o muerte.

La reforma del Código Penal llevada a cabo en 2015 derogó el Libro III relativo a las faltas, reconduciendo las conductas allí incluidas que o bien pasaron a tipificarse como delitos leves o quedaron fuera del ámbito del Código Penal.

La experiencia de su aplicación muestra una reducción de la respuesta penal en muchos casos de imprudencia merecedora de ella. También se ha observado que no se han levantado todos los atestados que hubiesen sido necesarios.

La reforma que ahora se aprueba no pretende restarle al juez la facultad de apreciar si se cometió una imprudencia, ni tampoco la de establecer el nexo causal entre el acto imprudente y el resultado de muerte o de lesiones relevantes.

Su finalidad es establecer ope legis que, en todo caso, si el juez o tribunal determinan que hubo una imprudencia conduciendo un vehículo a motor o ciclomotor concurriendo una infracción grave de las normas de circulación y, como consecuencia derivada de esta infracción, se produjo la muerte o lesiones relevantes, la imprudencia ha de ser calificada, como mínimo, como imprudencia menos grave, pero nunca como leve, de modo que se considere objetivamente delito si el causante comete una infracción calificada como grave por el TR Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Además, se reduce la pena de multa a uno o dos meses en caso de provocarse por imprudencia menos grave lesiones que necesitan tratamiento médico o quirúrgico que no sean invalidantes, pero sí relevantes. En estos casos no será preceptivo estar asistido de abogado y procurador ni que el proceso se juzgue por un juez de instrucción.

En delitos de imprudencia menos grave, también será preceptiva la sanción de pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores. Hasta ahora era facultativa.

Por otra parte, en los casos en que se produce un resultado de muerte, se configura el delito tipificado en el apartado 2 del artículo 142 del Código Penal como un delito público cuando la causación de la muerte por imprudencia menos grave se produzca utilizando vehículo a motor o ciclomotor, eliminando en tales casos la exigencia de denuncia de la persona agraviada o de su representante legal, de modo que la autoridad judicial pueda proceder a investigar los hechos directamente.

Concretamente, los artículos modificados del Código Penal son los tres siguientes:

– Los párrafos segundo y cuarto del apartado 2 del artículo 142 (situado en un título dedicado al homicidio).

– Los párrafos primero y segundo del apartado 2 del artículo 152 (situado en un título dedicado a las lesiones)

– El apartado 1 del artículo 382 bis sobre abandono del lugar de los hechos.

La D.F.1ª – sin rango de Ley Orgánica- modifica el apartado 1 del artículo 85 TR Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial para establecer la obligatoriedad para la autoridad administrativa de poner en conocimiento de la autoridad judicial los hechos derivados de infracciones de tráfico con resultado de lesión o muerte, acompañando tal comunicación con el oportuno atestado.

Entró en vigor el 15 de septiembre de 2022.

RDLey 17/2022: medidas urgentes energía

Real Decreto-ley 17/2022, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la energía, en la aplicación del régimen retributivo a las instalaciones de cogeneración y se reduce temporalmente el tipo del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de determinados combustibles.

Resumen: Trata de hacer frente a la escalada en los precios del gas natural. Se reduce por tres meses el tipo del IVA en las facturas de gas natural y de madera para leña del 21% al 5%. Medidas para luchar contra los incendios forestales. Nuevo umbral para que los afectados por la erupción de La Palma soliciten la suspensión de obligaciones de pago.

Este RDLey cuenta con tres capítulos:

El Capítulo I trata de la Renuncia al régimen retributivo específico de las cogeneraciones a los efectos de la aplicación del mecanismo regulado en el Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo. Se trata con ello de permitir a las instalaciones de cogeneración recuperar sus costes de explotación, para evitar los parones producidos en agosto por este motivo y así volver a los niveles de producción habituales, lo que permitirá reducir el consumo de gas natural.

El Capítulo II aborda el Impulso a la tramitación, puesta en servicio y evacuación de la generación renovable. Entre otras medidas…

– trata de agilizar la tramitación de instalaciones de transporte para minimizar los vertidos de estas energías eléctricas de origen renovable;

– para las modificaciones por los inversores en el dimensionamiento de los proyectos se flexibilizan umbrales de exigencia que hacen necesario iniciar una nueva tramitación respecto del régimen de autorizaciones previsto en cada caso;

– en las autorizaciones de construcción se acortan los plazos de tramitación de los proyectos de ejecución.

– mayor grado de tolerancia en la existencia de ligeras discrepancias respecto a la potencia instalada en los distintos documentos necesarios para la inscripción previa en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica

El Capítulo III recoge medidas fiscales respecto al IVA, con dos artículos.

El artículo 5 determina el tipo del IVA aplicable temporalmente a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de gas natural: los tres últimos meses del año se aplicará el tipo del 5 por ciento (hasta ahora el 21%).

El artículo 6 aplica durante el mismo periodo también el tipo del 5 por ciento a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de briquetas y pellets procedentes de la biomasa y a la madera para leña.

Para garantizar el equilibrio entre oferta y demanda de energía eléctrica en todo momento, la D. Ad. 1ª articula un servicio de respuesta activa de la demanda para el sistema eléctrico peninsular español, configurado como un producto específico de balance, para hacer frente a las situaciones de escasez de energía de balance proporcionada por otros servicios estándar de activación manual ya en funcionamiento. Tendrá lugar una subasta anual en la que se contratan las necesidades del producto específico de respuesta activa de la demanda, atendiendo a los requerimientos de reserva detectados por el operador del sistema para cada periodo de aplicación del servicio, y en la que podrán participar todas aquellas unidades de programación de demanda conectadas al sistema eléctrico peninsular español que cumplan con los requisitos establecidos en este real decreto-ley.

La D.F. 1ª modifica los artículos 48 y 48 bis de la Ley de Montes, en materia de incendios forestales, para cuya prevención se han de tener también en cuenta los servicios meteorológicos de las comunidades autónomas. La D.F. 3ª modifica las dos primeras disposiciones adicionales del RDLey 15/2022, de 1 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de incendios forestales: se amplía hasta el 1 de enero de 2023 el plazo para adoptar los planes y organizar los servicios de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales y su adaptación al RDLey 15/2022.

La D.F. 2ª, para los afectados por la erupción de La Palma, abre una nueva ventana de solicitud de la suspensión de obligaciones de pago establecida por el Real Decreto-ley 20/2021, de forma que hasta el 24 de octubre de 2022 los afectados por la erupción del volcán tal y como se definen en el artículo 16 del Real Decreto-ley 20/2021 podrán solicitar una suspensión de sus obligaciones, que será de seis meses para aquellos afectados que no se beneficiaron de la suspensión original y de tres meses para quienes sí lo hicieron.

Entró en vigor el 22 de septiembre de 2022.

Ley de creación y crecimiento de empresas.

Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas.

Se está elaborando su resumen.

De momento, se ofrece el cuadro comparativo de los artículos afectados de la Ley de Sociedades de Capital

TEXTO ANTERIOR

TEXTO NUEVO

 

Artículo 4. Capital social mínimo.

1. El capital de la sociedad de responsabilidad limitada no podrá ser inferior a tres mil euros y se expresará precisamente en esa moneda.

2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, podrán constituirse sociedades de responsabilidad limitada con una cifra de capital social inferior al mínimo legal en los términos previstos en el artículo siguiente.

 

 

 

 

3. El capital social de la sociedad anónima no podrá ser inferior a sesenta mil euros y se expresará precisamente en esa moneda.

Uno. Se modifica el artículo 4:

«Artículo 4. Capital social mínimo.

1. El capital de la sociedad de responsabilidad limitada no podrá ser inferior a un euro y se expresará precisamente en esa moneda.

Mientras el capital de las sociedades de responsabilidad limitada no alcance la cifra de tres mil euros, se aplicarán las siguientes reglas:

Deberá destinarse a la reserva legal una cifra al menos igual al 20 por ciento del beneficio hasta que dicha reserva junto con el capital social alcance el importe de tres mil euros.

En caso de liquidación, voluntaria o forzosa, si el patrimonio de la sociedad fuera insuficiente para atender el pago de las obligaciones sociales, los socios responderán solidariamente de la diferencia entre el importe de tres mil euros y la cifra del capital suscrito.

2. El capital social de la sociedad anónima no podrá ser inferior a sesenta mil euros y se expresará precisamente en esa moneda.»

Artículo 4 bis. Sociedades en régimen de formación sucesiva.

1. Mientras no se alcance la cifra de capital social mínimo fijada en el apartado Uno del artículo 4, la sociedad de responsabilidad limitada estará sujeta al régimen de formación sucesiva, de acuerdo con las siguientes reglas:…

Dos. Se suprime el artículo 4 bis.

 

Artículo 5. Prohibición de capital inferior al mínimo legal.

1. No se autorizarán escrituras de constitución de sociedad de capital que tengan una cifra de capital social inferior al legalmente establecido, ni escrituras de modificación del capital social que lo dejen reducido por debajo de dicha cifra, salvo que sea consecuencia del cumplimiento de una Ley.

2. Para el caso de sociedades de responsabilidad limitada en régimen de formación sucesiva se aplicará lo establecido en los artículos 4 y 4 bis.

Tres. Se modifica el artículo 5:

Artículo 5. Prohibición de capital inferior al mínimo legal.

No se autorizarán escrituras de constitución de sociedad de capital que tengan una cifra de capital social inferior al legalmente establecido, ni escrituras de modificación del capital social que lo dejen reducido por debajo de dicha cifra, salvo que sea consecuencia del cumplimiento de una ley.

 

 

Artículo 23. Estatutos sociales.

En los estatutos que han de regir el funcionamiento de las sociedades de capital se hará constar:

a) La denominación de la sociedad.

b) El objeto social, determinando las actividades que lo integran.

c) El domicilio social.

d) El capital social, las participaciones o las acciones en que se divida, su valor nominal y su numeración correlativa. En el caso de las sociedades de responsabilidad limitada en régimen de formación sucesiva, en tanto la cifra de capital sea inferior al mínimo fijado en el artículo 4, los estatutos contendrán una expresa declaración de sujeción de la sociedad a dicho régimen. Los Registradores Mercantiles harán constar, de oficio, esta circunstancia en las notas de despacho de cualquier documento inscribible relativo a la sociedad, así como en las certificaciones que expidan.

Si la sociedad fuera de responsabilidad limitada expresará el número de participaciones en que se divida el capital social, el valor nominal de las mismas, su numeración correlativa y, si fueran desiguales, los derechos que cada una atribuya a los socios y la cuantía o la extensión de éstos.

Si la sociedad fuera anónima expresará las clases de acciones y las series, en caso de que existieran; la parte del valor nominal pendiente de desembolso, así como la forma y el plazo máximo en que satisfacerlo; y si las acciones están representadas por medio de títulos o por medio de anotaciones en cuenta. En caso de que se representen por medio de títulos, deberá indicarse si son las acciones nominativas o al portador y si se prevé la emisión de títulos múltiples.

e) El modo o modos de organizar la administración de la sociedad, el número de administradores o, al menos, el número máximo y el mínimo, así como el plazo de duración del cargo y el sistema de retribución, si la tuvieren.

En las sociedades comanditarias por acciones se expresará, además, la identidad de los socios colectivos.

f) El modo de deliberar y adoptar sus acuerdos los órganos colegiados de la sociedad.

Cuatro. Se modifica el artículo 23:

«Artículo 23. Estatutos sociales.

En los Estatutos que han de regir el funcionamiento de las sociedades de capital se hará constar:

a) La denominación de la sociedad.

b) El objeto social, determinando las actividades que lo integran.

c) El domicilio social.

d) El capital social, las participaciones o las acciones en que se divida, su valor nominal y su numeración correlativa.

 

 

 

 

Si la sociedad fuera de responsabilidad limitada expresará el número de participaciones en que se divida el capital social, el valor nominal de las mismas, su numeración correlativa y, si fueran desiguales, los derechos que cada una atribuya a los socios y la cuantía o la extensión de éstos.

Si la sociedad fuera anónima expresará las clases de acciones y las series, en caso de que existieran; la parte del valor nominal pendiente de desembolso, así como la forma y el plazo máximo en que satisfacerlo; y si las acciones están representadas por medio de títulos o por medio de anotaciones en cuenta. En caso de que se representen por medio de títulos, deberá indicarse si son las acciones nominativas o al portador y si se prevé la emisión de títulos múltiples.

e) El modo o modos de organizar la administración de la sociedad, el número de administradores o, al menos, el número máximo y el mínimo, así como el plazo de duración del cargo y el sistema de retribución, si la tuvieren.

En las sociedades comanditarias por acciones se expresará, además, la identidad de los socios colectivos.

f) El modo de deliberar y adoptar sus acuerdos los órganos colegiados de la sociedad.»

 

 Disposición adicional octava. Cálculo del periodo medio de pago a proveedores.

Para el cálculo del periodo medio de pago a proveedores a que se refiere el artículo 262.1, serán aplicables los criterios que en la materia hayan sido aprobados por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en el apartado tercero de la Disposición final segunda de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Cinco. Se modifica la disposición adicional octava:

«Disposición adicional octava. Cálculo del periodo medio de pago a proveedores.

Para el cálculo del periodo medio de pago a proveedores a que se refiere el artículo 262.1, serán aplicables los criterios pertinentes que hayan sido aprobados por el ministerio competente por razón de la materia, de conformidad con lo establecido en el apartado tercero de la disposición final segunda de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. La fecha de recepción de la factura no podrá entenderse como fecha de inicio del plazo de pago salvo para los supuestos que señala expresamente la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.»

 

Seis. Se deroga el título XII y las disposiciones adicionales cuarta, quinta y sexta, relativos a la sociedad nueva empresa.

Entrada en vigor: conforme a la D.F. 8ª, como regla general, será el 19 de octubre de 2022.

Excepciones:

– El capítulo V (régimen jurídico de las plataformas de financiación participativa) lo hará a partir del 10 de noviembre de 2022.

– El artículo 12, relativo a la facturación electrónica entre empresarios y profesionales, que producirá efectos, para los empresarios y profesionales cuya facturación anual sea superior a ocho millones de euros, al año de aprobarse el desarrollo reglamentario. Para el resto de los empresarios y profesionales, este artículo producirá efectos a los dos años de aprobarse el desarrollo reglamentario. La entrada en vigor del artículo 12 está supeditada a la obtención de la excepción comunitaria a los artículos 218 y 232 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido.

Disposiciones Autonómicas

CANARIAS. Real Decreto 713/2022, de 30 de agosto, de traspaso de funciones y servicios de la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de ordenación y gestión del litoral.

NAVARRA. Decreto Foral Legislativo 5/2022, de 31 de agosto, de armonización tributaria, por el que se modifica la Ley Foral 11/2015, de 18 de marzo, por la que se regulan el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero y el Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito.

ILLES BALEARS. Ley 5/2022, de 8 de julio, de políticas de juventud de las Illes Balears.

ILLES BALEARS. Ley 6/2022, de 5 de agosto, de archivos y gestión documental de las Illes Balears.

ILLES BALEARS. Ley 7/2022, de 5 de agosto, de la ciencia, la tecnología y la innovación de las Illes Balears.

ILLES BALEARS. Decreto-ley 7/2022, de 11 de julio, de prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears.

Tribunales

Tribunal Constitucional

CATALUÑA. Recurso de inconstitucionalidad n.º 4038-2022, contra los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6.2, 7, 10 –en cuanto da nueva redacción al artículo 7.1.c) Ley 24/2015–, 11, 12, 15 y la disposición transitoria de la Ley del Parlamento de Cataluña 1/2022, de 3 de marzo, de modificación de la Ley 18/2007, la Ley 24/2015 y la Ley 4/2016, para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda.

CATALUÑA. Recurso de inconstitucionalidad n.º 5630-2022, contra los artículos 2 a) y d), 3.1 y 4.1 del Decreto-ley de Cataluña 6/2022, de 30 de mayo, por el que se fijan los criterios aplicables a la elaboración, la aprobación, la validación y la revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos, y artículos 2.1 y 2.4 de la Ley de Cataluña 8/2022, de 9 de junio, sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria.

NAVARRA. Recurso de inconstitucionalidad n.º 5671-2022, contra el artículo único de la Ley Foral 17/2021, de 21 de octubre, que modifica la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, en sus apartados dos [añade letras l) y m) al artículo 7.1] y sesenta y cinco (añade nueva disposición adicional vigesimoprimera).

Tribunal Supremo

BOE: ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN. Sentencia de 5 de julio de 2022, de la Sala Tercera, Sección Tercera, del Tribunal Supremo, que estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Asociación Multisectorial de la Información (ASEDIE), contra el Real Decreto 327/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial «Boletín Oficial del Estado», para adaptarlo al Tablón Edictal Judicial Único.

El Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por ASEDIE, declarando la nulidad de este apartado del artículo 14.4

«La conservación, almacenamiento y tratamiento de la información publicada en los suplementos solamente le está permitida a los interesados o a sus representantes, a los Juzgados y Tribunales, al Ministerio Fiscal, así como a las Administraciones que puedan precisarlo para el ejercicio de las competencias que les corresponden».

 

SECCIÓN II
Nuevo Concurso Registros

Resolución de 5 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se convoca concurso ordinario n.º 313 para la provisión de Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.

Resolución de 5 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Derecho, Entidades Jurídicas y Mediación, del Departamento de Justicia, por la que se convoca concurso ordinario n.º 313, para proveer Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.

Se ofrecen 31 +3 = 34 plazas.

El plazo concluyó el martes 27 de septiembre.

Al día siguiente la DG publicó el resultado provisional en la web del Ministerio de Justicia:

Se han cubierto 29 plazas, resultando 5 desiertas (una de ellas en Cataluña).

Los opositores que aprueben en las Oposiciones en curso, según nuestro recuento interno podrán elegir entre 56 plazas (52 DGSJFP y 4 Cataluña), más las desiertas en sucesivos concursos. Ver cómo llevamos el cálculo.

Ir al archivo de concursos.

Enlace para presentar instancia.

Cambio en la composición del Tribunal de Registros.

Orden JUS/889/2022, de 12 de septiembre, por la que se modifica la composición del Tribunal calificador de las oposiciones al Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, convocadas por Resolución de 3 de febrero de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

Ante la renuncia por justa causa presentada por un miembro del Tribunal, don Andrés Sánchez Magro, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Madrid, se procede a su sustitución y se nombra vocal del Tribunal a doña María Ángeles García Medina, Magistrada de la Sección 18 (Civil) de la Audiencia Provincial de Madrid.

Ver composición del Tribunal.

Ir al archivo de la Oposición

Oposiciones Notarías: lista oficial de aprobados

Resolución de 19 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se publica la relación de personas aprobadas en la oposición libre para obtener el título de Notario, convocada por Resolución de 26 de enero de 2021.

Los siguientes opositores aprobados, habiendo completado la documentación requerida, tienen derecho a la expedición del título de Notaria o Notario:

N.º Apellidos y nombre Puntuación
1 Picado Moreno, María de los Ángeles 45,9
2 Toledo Muñoz-Cobo, Carlos 45,6
3 Albiol Ballesteros, Pedro Pablo 45,45
4 Pérez Paniego, Miguel 45,4
5 Carmona Olías, Juan de Dios 44,25
6 Torres Morales, Eduardo 44,2
7 Huertas Martín del Olmo, María Victoria 43,8
8 Toledo Muñoz-Cobo, Rafael 43,75
9 Zamora Rodríguez, Beatriz 43,55
10 Molins Latorre, Alba 43,46
11 Braunschweig Leotte, Hans-Alexander 41,31
12 Delgado Ruiz-Gallardón, Rodrigo 41,25
13 Domínguez Merino, Marta 40,7
14 Sarasa Jiménez, Jorge 40,6
15 Serrano Copete, Javier 40,3
16 Pascual González-Barranca, Fernando 39,2
17 Moreno Galindo, Gonzalo 39,15
18 Obando Viada, Álvaro 39,05
19 Bonilla García, Laura 38,55
20 García Gómez, Julia 38,45
21 Álvarez Soler, Antonio 38,06
22 Garrido García, Ignacio 38
23 Millaruelo Frontela, José 37,95
24 Méndez Fernández, María del Pilar 37,91
25 Royo Hernández, Alejandro 37,9
26 Martínez Sancho, Cristina 37,85
27 Hernanz Pérez, Enrique Manuel 37,75
28 Díaz Quinteiro, Gonzalo 37,55
29 Navarro Martín, Ignacio 37,2
30 González i Corsellas, Oriol 37,01
31 Gimeno Ten, Antonio 36,95
32 Nieto Basarán, José Rodrigo 36,9
33 Ocaña Fernández, María Amparo 36,8
34 Otaño Calvo, Ignacio 36,7
35 Torrecillas Baena, Benito 36,6
36 Portellano Salamanca, María del Pilar 36,55
37 Villazán Tovar, Teresa María 36,35
38 Capitán Sierra, Ignacio 36,25
39 Monedero Alcover, Francisco Javier 36,15
40 Lluna Andreu, Pablo 36
41 Pérez Garcí, Mónica 35,85
42 Descamps Muntada, Júlia 35,7
43 Castillón Porqueras, Clara 35,65
44 González Nanclares, Carmen 35,5
45 Martínez-Cortés Gimeno, María del Pilar 35,05
46 Contreras Bernier, Rafael Juan 35,01
47 Pedrero Muñoz, Sara 34,9
48 Fernández Palacios, Ana 34,6
49 Martínez Segura, Fernando 34,55
50 Pérez Pericacho, Jesús Carlos 34,41
51 Ares de Parga Adán, Alberto 34,25
52 Ramírez López-Frías, Rocío 34,2
53 Socías Alemany, María 34,05
54 LLeonart Castro, Cristina Rocío 33,85
55 Segura Machado, Víctor Manuel 33,65
56 Miñarro Marzal, Cristina María Pilar 33,6
57 Latorre Navarro, Lucía 33,45
58 Corbí González, Ignacio 33,35
59 Pi Cardenete, Matías Jesús 33,3
60 Trapote González, Sofía 33,25
61 Delgado Racero, Verónica 33,05
62 Rodríguez Rubio, Patricia 32,8
63 Pérez Gallego, Gonzalo 32,65
64 Alcover Delgado, Marta 32,4
65 Graíño Calaza, Carmen Alicia 32,35
66 Jiménez Gómez, Marina 32,3
67 Dacal Rodríguez, Elena 32
68 Sevilla Pitarch, Carola Irene 31,65
69 Robles Gómez, Jesús 31,5
70 Madrid García, Francisca 30,95
71 Basabe Belaustegui, Enara 30,45
72 López Marco, Alejandra 30,1
73 Canseco Pagés, Álvaro 30,05
74 Quiralte Moreno, Gonzalo 29,5
75 Rivas Conde, Susana 29,45
76 Zharbova Kaplún, Oksana 29,25
77 Celestino Esteban, Itziar 29,2
78 Sauca Núñez de Prado, Alejandro Jaime 28,55
79 Lázaro Velo, María del Rocío 28,06
80 García Campos, Encarnación 27,25
81 Pascual Pardo, Dulce María 26,95
82 Gas Ferrer, Víctor 26,7
83 Martín-Riva Ruiz, Guillermo 26,45
84 Torrejón Martín, Carmen 26,35
85 Martínez Calderón, Patricia 26,3
86 Riesco Gacho, Sara 26
87 Franco Guembe, Borja 25,92
88 Luengo Barrera, Beatriz 25,65
89 Córcoles Cuervo, Juan Ignacio 25,41
90 Rodríguez Rodríguez, Lucía 25

La DG publica la anterior lista en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del Reglamento Notarial y atendiendo al escrito elevado a la Dirección General por los Tribunales examinadores de la oposición libre para obtener el título de Notario, convocada por Resolución de 26 de enero de 2021 Y celebrada en el Ilustre Colegio Notarial de Madrid.

 Ir al archivo de la Oposición.

 
Oposiciones entre Notarios: lista oficial de aprobados

Resolución de 21 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se publica la relación de personas aprobadas en la oposición entre notarios, convocada por Resolución de 10 de marzo de 2021.

Conforme a la lista remitida por el Tribunal calificador de la oposición entre Notarios convocada por Resolución de 10 de marzo de 2021, la DG hace pública la lista de aprobados y el abono de antigüedad en la carrera obtenido, conforme al artículo 100 del Reglamento Notarial.

Orden Apellidos y nombre

Puntuación

total

Abono de antigüedad en la carrera (años)
1 LLEONART CASTRO, JESÚS ALBERTO. 68,9 20
2 DÍEZ FERNÁNDEZ-BARBE, EDUARDO. 52,5 15
3 REVILLA FERNÁNDEZ, ÍÑIGO GUILLERMO. 51 15
4 ROMERO CARRILLO DE MENDOZA, ALFONSO. 47,25 10
5 GARCÍA MARTÍN, ESTEBAN MANUEL. 44 5
6 RÍO AGUIAR, MARÍA DE LA O DEL. 43,75 5
7 PÉREZ RAMOS, SANTIAGO. 43,5 5
8 ARRIOLA GARROTE, CARLOS. 40,5 5

Los aprobados podrán aplicar el abono de antigüedad en cualquier concurso que se convoque en los cinco próximos años. Se aplica, al respecto el artículo 100 del Reglamento Notarial, y, en su caso, el 95 RN (ha de pasar un año desde la toma de posesión salvo demarcación). 

Ir a la página de esta Oposición.

Concurso Registros: resultado provisional

 

Jubilaciones y excedencias

Se declara la jubilación del notario de Gandía don Miguel Vila Castellar.

Se declara la jubilación voluntaria de la notaria de Barcelona doña Berta García Prieto.

Se declara en situación de excedencia voluntaria al notario de Cervo-Burela, don Ignacio Catania Palmer.

Se declara en situación de excedencia voluntaria al notario de Vitigudino don Jesús Santamaría Abadía.

se declara en situación de excedencia voluntaria al notario de Leganés don Francisco Javier Trillo Garrigues.

 
RESOLUCIONES:

En SEPTIEMBRE, se ha publicado tan sólo UNA. Se ofrece en  ARCHIVO APARTE.

 .

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