Informe 305. BOE febrero 2020

Admin, 01/02/2020

AVANCE DEL INFORME Nº 305. (BOE FEBRERO de 2020)

Primera Parte: Secciones I y II.

Revisado hasta el 22 de febrero.

Último contenido añadido:

* Sección I: el 21 de febrero.

* Sección II: el 20 de febrero.

* Sección III (Resoluciones): 21 de enero.

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Equipo de redacción:
* José Félix Merino Escartín, registrador de la propiedad de Madrid.
* Carlos Ballugera Gómez registrador de la propiedad de Bilbao.
* Alfonso de la Fuente Sancho, notario de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife).
* María Núñez Núñez, registradora mercantil de Lugo.
* Inmaculada Espiñeira Soto, notario de Santiago de Compostela.
* Jorge López Navarro, notario, con residencia en Alicante.
* José Ángel García-Valdecasas Butrón, registrador.
* Juan Carlos Casas Rojo, registrador de la propiedad de Cádiz nº 3
* José Antonio Riera Álvarez, notario de Arucas (Gran Canaria)
* Albert Capell Martínez, notario de Fraga (Huesca) y antes de Boltaña
* Gerardo García-Boente Dávila, letrado en ejercicio, E3 Universidad Comillas
* María García-Valdecasas Alguacil, registradora de Barcelona
* Emma Rojo Iglesias, registradora de Pinto (Madrid)
* Javier Máximo Juárez González, notario de Valencia
DISPOSICIONES GENERALES:
Agua, energía. Seguros. Fondos. IVA. No Residentes. Exención ITPyAJD

Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.

Resumen: Complejo y extenso RDLey que transpone diversas Directivas Comunitarias sobre contratos de agua, energía, transportes y servicios postales; distribución de seguros, fondos de pensiones, especialmente de empleo; accionistas del sector asegurador, modificación del IVA en operaciones transfronterizas, e Impuesto sobre la Renta de No Residentes (procedimientos amistosos). Modifica, entre otras, la Ley del IRPF (rendimientos del trabajo) y la de ITPyAJD (nueva exención).

En la exposición de motivos se alega como razón de urgencia que motiva el uso del real decreto ley, el que varias transposiciones tendrían que haberse hecho ya y que respecto a otras, el plazo vence en breve. Ello puede suponer una condena al Reino de España por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con cuantiosas multas diarias.

1.- Agua, energía, transportes y servicios postales.

Se produce la transposición parcial de dos directivas, cuyo plazo de transposición expiró el 18 de abril de 2016:

– la Directiva 2014/25/UE, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales,

– y la Directiva 2014/23/UE, relativa a la adjudicación de contratos de concesión.

Con ello, se completa la transposición del paquete de Directivas comunitarias que en materia de contratación pública aprobó la Unión Europea en 2014, formada por las dos anteriores y la Directiva 2014/24/UE, sobre contratación pública.

Estas tres Directivas son parte de un nuevo panorama legislativo marcado por la denominada «Estrategia Europa 2020», dentro de la cual, la contratación pública desempeña un papel clave, puesto que se configura como uno de los instrumentos basados en el mercado interior que deben ser utilizados para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, pues permite a los poderes públicos ampliar la competencia en determinados sectores y emplear la contratación en apoyo de las PYMES y de objetivos sociales, laborales y medioambientales comunes.

Hubo una transposición parcial mediante la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (ver resumen). Sin embargo, el Proyecto de Ley de procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, pese a haber sido objeto de tramitación parlamentaria en paralelo con esta Ley, no fue aprobado.

A esta materia se dedica el Libro I, siendo su objeto principal (art.1) la regulación del procedimiento de adjudicación de los contratos de obras, de suministro y de servicios, cuando contraten las entidades públicas y privadas a las que se refiere el artículo 5, en el ámbito de una o más actividades contenidas en los artículos 8 a 14 de este real decreto-ley, siempre que su valor estimado sea igual o superior a los siguientes umbrales:

a) 1.000.000 de euros en los contratos de servicios sociales y otros servicios específicos.

b) 428.000 de euros en los contratos de suministro y de servicios distintos de los referidos en la letra anterior, así como en los concursos de proyectos.

c) 5.350.000 de euros en los contratos de obras.

Ámbito subjetivo. Se determina en el art. 5 por el que quedan sujetas al presente RDLey las entidades contratantes que realicen alguna de las actividades enumeradas en los artículos 8 a 14: agua, gas y calefacción, electricidad, servicios de transporte, puertos y aeropuertos y servicios postales.

Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este real decreto-ley los contratos que celebren las entidades que, con arreglo a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, tengan la consideración de Administraciones Públicas, que se regirán por la mencionada ley, en todo caso.

Cabo Favoritx en Menorca. Por Silvia Núñez.

No podemos entrar en el amplísimo contenido de la regulación (126 artículos), donde, entre otras materias se trata de:

  • la contratación electrónica obligatoria,
  • exclusiones,
  • determinación de qué contratos tendrán la consideración de contratos sujetos a regulación armonizada,
  • naturaleza, objeto, modificaciones, ejecución y extinción de los contratos y su contenido mínimo material,
  • principios que han de regir la contratación,
  • aplicación de las prohibiciones para contratar,
  • declaración responsable sobre cumplimiento de los requisitos para contratar,
  • técnicas de contratación relacionadas con las nuevas formas electrónicas de compra,
  • la subcontratación,
  • invalidez y la reclamación en materia de contratación,
  • capacidad y clasificación de los operadores económicos,
  • consultas al mercado que hagan las entidades contratantes,
  • requisitos de los candidatos y licitadores,
  • criterios de adjudicación,
  • el nuevo procedimiento de asociación para la innovación,
  • los «contratos reservados»,
  • obligaciones de información y organización administrativa en este ámbito.

2.- Distribución de seguros.

También hay un significativo retraso en la transposición de la Directiva (UE) 2016/97, sobre la distribución de seguros, que a lo que está dedicado el título I del Libro II, el cual consta de cuatro capítulos que sustituyen la regulación derivada de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados.

El capítulo I establece el objeto, que tiene como finalidad principal garantizar la protección de los derechos de los tomadores, asegurados y beneficiarios por contrato de seguro, así como promover la libertad en la contratación de productos de naturaleza aseguradora. Incluye definiciones, el ámbito objetivo y subjetivo de su aplicación, y la obligación de registro de los distribuidores de seguros y de reaseguros. Se define la figura del mediador de seguros complementarios.

El capítulo II se refiere a la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Asimismo, se regula el registro administrativo de distribuidores de seguros y reaseguros en el que deben inscribirse, con carácter previo al inicio de su actividad, los mediadores de seguros, los mediadores de seguros complementarios, los corredores de seguros y los corredores de reaseguros.

El capítulo III regula las actividades de los distribuidores de seguros y de reaseguros residentes o domiciliados en España, clasifica a los distribuidores de seguros, y regula por primera vez las condiciones para el ejercicio de la actividad de distribución de seguros y reaseguros realizada por las entidades aseguradoras y reaseguradoras. También concreta el régimen general para el ejercicio de la actividad aplicable a los agentes de seguros. Se regulan los mecanismos de resolución de conflictos y la protección administrativa de los usuarios de seguros, así como la información que han de recibir. También se incluye la regulación de las prácticas de ventas combinadas y vinculadas en el sector. Y cada producto de seguro tendrá un proceso de aprobación. Finalmente, se incluyen en el capítulo III las competencias de ordenación y supervisión, el deber de secreto profesional y el de colaboración con otros supervisores, la responsabilidad frente a la Administración y el régimen de infracciones y sanciones.

El capítulo IV se refiere a la actividad en España de los distribuidores de seguros y de reaseguros residentes o domiciliados en otros Estados miembros de la Unión Europea. Han de cumplir, en todo caso, las obligaciones de información y normas de conducta previstas.

3.- Fondos de Pensiones de empleo.

Estaba retrasada igualmente la transposición de la Directiva (UE) 2016/2341, relativa a las actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo. A ello se dedica el título II del Libro segundo que modifica el TR Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, capítulos VII al X.

Las novedades fundamentales, procedentes de la Directiva, se refieren al procedimiento para iniciar una actividad transfronteriza de los fondos de pensiones de empleo y transferencias transfronterizas de planes de pensiones de empleo entre fondos, normas de inversión aplicables, sistema de gobierno, externalización de funciones, información a partícipes y a los beneficiarios y supervisión prudencial.

La información que debe proporcionarse a potenciales partícipes y a los partícipes, durante todas las fases de un plan de pensiones, versará sobre los derechos de pensión devengados, el nivel previsto de las prestaciones de jubilación, los riesgos y garantías y los costes.

La regulación general del sistema de gobierno fortalece la gobernanza y la adapta al nuevo esquema de la Directiva (UE) 2016/2341, modificando el contenido del capítulo VIII, que contenía disposiciones de carácter fiscal de los planes y fondos de pensiones. Este sistema de gobierno también abarcará la gestión de los fondos de pensiones personales, que desarrollan planes de pensiones del sistema individual y asociado, salvo algunos aspectos concretos limitados a los fondos de empleo.

Se regulan también las funciones clave de las que deberán disponer las entidades gestoras de fondos de pensiones de forma proporcionada a su tamaño y su organización interna y a sus actividades. Estas comprenderán la función de gestión de riesgos, la de auditoría interna y, en su caso, una función actuarial.

Los fondos de pensiones registrados o autorizados en su territorio podrán encomendar cualesquiera actividades, incluidas las funciones clave, en su totalidad o en parte, a prestadores de servicios que actúen en su nombre.

4.- Accionistas del sector asegurador.

La Directiva (UE) 2017/828, que versa sobre el fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas, se transpone de forma parcial mediante el título III del Libro segundo en las materias que afectan directamente al sector asegurador. Su objetivo es fortalecer la financiación a largo plazo que reciben las sociedades a través de los mercados de capitales.

Para ello se modifica la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras mediante la incorporación de dos nuevos artículos, 79 bis y 79 ter, relativos a la política de implicación y estrategia de inversión, que han de seguir las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida así como las entidades reaseguradoras que cubran obligaciones de seguros de vida.

También se aprovecha para incluir parte del contenido del Acuerdo Bilateral entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América sobre medidas prudenciales en materia de seguros y reaseguros en el artículo 64, según el cual, las entidades reaseguradoras de terceros países podrán ejercer actividad en España desde el país donde tengan su domicilio social.

5.- Modificación del IVA.

Se procede a la incorporación al ordenamiento interno de la Directiva (UE) 2018/1910, sobre la armonización y la simplificación de determinadas normas del régimen del IVA en la imposición de los intercambios entre los Estados miembros.

La Comisión Europea ya ha presentado una propuesta destinada a establecer los elementos de un régimen definitivo del IVA en el comercio intracomunitario de bienes entre empresarios y profesionales, propuesta que pretende superar el régimen transitorio de tributación en destino, que hizo necesaria la creación de un nuevo hecho imponible adquisiciones intracomunitarias de bienes, para establecer un régimen definitivo de tributación basado en el principio de imposición en el Estado miembro de destino como una única entrega de bienes.

Tardará varios años la implantación del régimen definitivo, por lo que, de momento, la Directiva (UE) 2018/1910, trata sólo de lograr -con fecha límite 1 de enero de 2020- un tratamiento armonizado en todos los Estados miembros de determinadas operaciones del comercio transfronterizo para conseguir una tributación simplificada y uniforme en todos ellos de estas operaciones intracomunitarias. Para ello se modifica la Ley del IVA y el Reglamento del IVA.

En cuanto a la Ley del IVA:

– Se incorporan al derecho interno esas reglas comunes de tributación en el ámbito de los intercambios de bienes entre Estados miembros.

– Hay con una nueva regulación legal de los requisitos para la aplicación de la exención en las entregas intracomunitarias de bienes. Ver art. 25 LIVA

– Destaca la nueva regulación de los denominados acuerdos de venta de bienes en consigna o la simplificación para las operaciones en cadena.

En cuanto al Reglamento del IVA, se modifican los artículos 13 y 66

– El art. 13 trata sobre las exenciones relativas a las entregas de bienes destinados a otro Estado miembro. Es complementario del art. 25 LIVA y fija sus requisitos formales. La justificación de la expedición o transporte de los bienes al Estado miembro de destino podrá realizarse por cualquier medio de prueba admitido en derecho y, en particular, aplicando el sistema de presunciones incorporado a nuestro ordenamiento jurídico por el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 282/2011.

– El art. 66 versa sobre el Libro Registro de determinadas operaciones intracomunitarias. Se regulan los movimientos de mercancías y las operaciones derivadas de un acuerdo de ventas de bienes en consigna, así como la declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias para incluir dentro de los obligados a su presentación a los empresarios o profesionales que envíen bienes con destino a otro Estado miembro en el marco de los referidos acuerdos y el contenido de la declaración. Pero se retrasa hasta el 1 de enero de 2021 la obligación de que el nuevo libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias, derivado de un acuerdo de ventas de bienes en consigna, se lleve a través de la Sede electrónica de la AEAT.

6.- Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

El título II del Libro tercero transpone la Directiva (UE) 2017/1852, relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión Europea, armonizando así el marco de resolución de procedimientos amistosos. Con tal fin se lleva a cabo la modificación del TR Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, así como la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

La Directiva (UE) 2017/1852 determina que los Estados miembros podrán denegar el acceso al procedimiento de resolución cuando concurra la imposición de sanciones por fraude fiscal, impago deliberado o negligencia grave. España, haciendo uso de dicha facultad, define qué se entiende por dichos conceptos a efectos de la normativa española aplicable a los procedimientos amistosos en los términos que se desarrollen reglamentariamente.

Otras reformas del TR Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (D. Ad. 1ª) son:

– Se establecen como excepción al régimen general de preeminencia de la tramitación de los procedimientos amistosos, respecto de los procedimientos judiciales y administrativos de revisión, aquellos casos en los que hayan sido impugnadas las sanciones.

– Se confieren al Tribunal Económico-Administrativo Central las funciones atribuidas por la Directiva en materia de constitución y funcionamiento de la comisión consultiva.

– Se elimina la excepción relativa al devengo de intereses de demora, lo que conllevará el devengo de estos durante la tramitación de los procedimientos amistosos iniciados a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley.

En cuanto a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, la reforma consiste en acompasarla a los cambios introducidos en materia de procedimientos amistosos en el TR Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Afecta al apartado 2 de la D. Ad. 9ª. Ver la D. Tr. 8.1.

De las diecisiete disposiciones adicionales, destacamos:

– Cláusula de trato no menos favorable para operadores económicos procedentes de Estados que tengan acuerdos internacionales que vinculen a la Unión Europea o al Estado. D. Ad. 1ª.

– Cantidades sin IVA, para las fijadas en este real decreto-ley. D. Ad. 2ª. Las cifras que, en lo sucesivo, se fijen por la Comisión Europea sustituirán a las que figuran en este texto. D. Ad. 6ª.

– Régimen jurídico aplicable a los contratos excluidos. D. Ad. 5ª

– Pagos directos a los subcontratistas. D. Ad. 7ª.

– Principios aplicables a los contratos de concesión de servicios y a los contratos de servicios de carácter social, sanitario o educativo. D. Ad. 9ª

– Autorizaciones del Consejo de Ministros (artículo 324 Ley 9/2017, de 8 de noviembre). D. Ad. 10ª.

– Tasa por inscripción en el registro administrativo y programas de formación de distribuidores de seguros y reaseguros. D. Ad. 11ª y 12ª.

– Conservación de documentación precontractual por seis años. D. Ad. 13ª.

Adaptación en seis meses del sistema de gobierno de los fondos de pensiones. D. Ad. 15ª.

– Contratación de Puertos del Estado y de las Autoridades Portuarias. D. Ad. 16ª.

– Contratación de servicios de arquitectura, ingeniería, consultoría y urbanismo. D. Ad. 17ª.

Las ocho disposiciones transitorias versan sobre:

  1. expedientes iniciados y contratos adjudicados con anterioridad
  2. el régimen de adaptación de las entidades aseguradoras y reaseguradoras
  3. el régimen de adaptación de los mediadores de seguros
  4. los contratos de seguros preexistentes
  5. los contratos de mediación y distribución vigentes
  6. comunicaciones departicipaciones significativas en las entidades gestoras de fondos de pensiones y nombramientos de quienes ejerzan la dirección efectiva y funciones clave.
  7. llevanza del libro registro de operaciones intracomunitarias a través de la AEAT
  8. procedimientos amistosos.

La disposición derogatoria, entre otros contenidos, deroga la Ley 31/2007, de 3 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros.

Las disposiciones finales modifican diversos textos legales:

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Afecta al art. 118 (expediente de contratación en contratos menores) y 331 (aportación de información por las CCAA). D.F. 1ª

El art. 8 del Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo. Regula el régimen jurídico de Aena SA. D.F. 2ª

El TR Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, para añadir una nueva exención, apartado 27 en el artículo 45.I.B), con la siguiente redacción:

«27. La constitución, disolución y las modificaciones consistentes en aumentos y disminuciones de los fondos de pensiones regulados en el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.»

También se deroga el epígrafe 13.ª del artículo 45.I.C), que recogía los beneficios fiscales de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Planes y Fondos de Pensiones. D.F. 3ª

Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Afecta al epígrafe 3.ª de la letra a) del apartado 2 del artículo 17 (dedicado a los Rendimientos íntegros del trabajo), quedando redactado como sigue:

2. En todo caso, tendrán la consideración de rendimientos del trabajo:

a) Las siguientes prestaciones:

«3.ª Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de planes de pensiones y las percibidas de los planes de pensiones regulados en la Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a las actividades y la supervisión de fondos de pensiones de empleo.

Asimismo, las cantidades percibidas en los supuestos contemplados en el artículo 8.8 del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, tendrán el mismo tratamiento fiscal que las prestaciones de los planes de pensiones.». D.F. 4ª

Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Afecta a la disposición adicional octava que versa sobre el Registro administrativo de distribuidores de seguros y reaseguros. D.F. 5ª

– La D.F.6ª establece una salvaguardia del rango por la que las modificaciones introducidas en normas reglamentarias por este real decreto-ley podrán ser modificadas por normas del rango reglamentario correspondiente a la norma en que figuran.

– El resto de disposiciones finales se centran en los títulos competenciales, disposiciones para la Comunidad Foral de Navarra y del País Vasco, legislación supletoria, la incorporación del Derecho de la Unión Europea, así como habilitaciones normativas y entrada en vigor.

De los doce anexos, once son relativos a contratación y el anexo XII detalla los requisitos mínimos en materia de competencia y conocimientos profesionales.

Entró en vigor con excepciones el 6 de febrero de 2020. (JFME)

Salario mínimo interprofesional

Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2020.

Resumen: Se incrementa el SMI en un 5,55% hasta las 950 euros mensuales, importe que estará vigente durante todo el año 2020. La disposición transitoria armoniza este incremento con otras disposiciones y contratos.

Este real decreto establece las cuantías del salario mínimo interprofesional (SMI) que regirá durante 2020 y con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2020, tanto para los trabajadores fijos como para los eventuales o temporeros, así como para los empleados de hogar, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores.

La nueva cuantía representa un incremento del 5,55% por ciento respecto de las vigentes en 2019 y tiene en cuenta lo recogido en el Acuerdo Social para el incremento del SMI en 2020 suscrito el 30 de enero de 2020 por el Gobierno y los interlocutores sociales.

Con ello se intenta acercar la normativa española al criterio del Comité Europeo de Derechos Sociales, quien considera que dicho umbral se debe situar en el 60 % del salario medio de los trabajadores. Se ha tenido en cuenta el cumplimiento de la Agenda 2030, en particular de las Metas 1.2, 8.3 y 10.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relativas, de manera respectiva, a la erradicación de la pobreza, la promoción de políticas orientadas a la creación de puestos de trabajo decentes y a la adopción de políticas salariales que logren de manera progresiva una mayor igualdad.

Cuantía del SMI. El salario mínimo para cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los servicios, sin distinción de sexo ni edad de los trabajadores, queda fijado en 31,66 euros/día o 950 euros/mes, según que el salario esté fijado por días o por meses (900, 735,90, 707,70 y 655,20, en 2019, 2018, 2017 y 2016 respectivamente).

En el salario mínimo se computa únicamente la retribución en dinero, sin que el salario en especie pueda, en ningún caso, dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero de aquel.

Este salario se entiende referido a la jornada legal de trabajo en cada actividad, sin incluir en el caso del salario diario la parte proporcional de los domingos y festivos. Si se realizase jornada inferior se percibirá a prorrata.

Para la aplicación en cómputo anual se fijan reglas de compensación en los arts. 2 al 4.

Se han de añadir los complementos salariales a que se refiere el artículo 26.3 del Estatuto de los Trabajadores, así como el importe correspondiente al incremento garantizado sobre el salario a tiempo en la remuneración a prima o con incentivo a la producción.

Los trabajadores eventuales y temporeros cuyos servicios a una misma empresa no excedan de ciento veinte días percibirán, conjuntamente con el salario mínimo, la parte proporcional de la retribución de los domingos y festivos, así como de las dos gratificaciones extraordinarias, sin que en ningún caso la cuantía del salario profesional pueda resultar inferior a 44,99 euros por jornada legal en la actividad, no minorables por pagos en especie. También se regula su retribución por vacaciones.

Para los empleados de hogar, de acuerdo con el artículo 8.5 del Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, el salario mínimo será de 7,43 euros por hora efectivamente trabajada, no minorables por pagos en especie.

La disposición transitoria regula sus repercusiones en disposiciones que se remiten al importe del SMI:

Las nuevas cuantías del salario mínimo interprofesional que se establecen no serán de aplicación:

a) A las normas vigentesa la fecha de entrada en vigor de este real decreto de las comunidades autónomas, de las ciudades de Ceuta y Melilla y de las entidades que integran la Administración localque utilicen el SMI como indicador o referencia del nivel de renta para determinar la cuantía de determinadas prestaciones o para acceder a determinadas prestaciones, beneficios o servicios públicos, salvo disposición expresa que dicten ellas mismas.

b) A cualesquiera contratos y pactos de naturaleza privadavigentes a la fecha de entrada en vigor de este real decreto que utilicen el SMI como referencia a cualquier efecto, salvo que las partes acuerden la aplicación de las nuevas cuantías.

En los supuestos a que se refiere el apartado anterior, salvo disposición o acuerdo en contrario, la cuantía del SMI se entenderá referida durante 2020 a:

a) Las establecidas en el Real Decreto 1171/2015, de 29 de diciembre, incrementadas en el mismo porcentaje en que se incremente el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) para 2020, respecto de las normas no estatales y contratos de naturaleza privada que estuvieran también vigentes a 1 de enero del 2017.

b) Las establecidas en el Real Decreto 742/2016, de 30 de diciembreincrementadas en el mismo porcentaje en que se incremente el IPREM para 2020, respecto de las normas no estatales y contratos de naturaleza privada que entraron en vigor o se celebraron después del 1 de enero de 2017 y que estaban vigentes el 1 de enero del 2018.

c) Las establecidas en el Real Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre, incrementadas en el mismo porcentaje en que se incremente el IPREM para 2020, respecto de las normas no estatales y contratos de naturaleza privada que entraron en vigor o se celebraron después del 1 de enero de 2018 y que seguían vigentes a 1 de enero de 2019.

d) Las establecidas en el Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019, respecto de las normas no estatales y contratos de naturaleza privada que entraron en vigor o se celebraron después del 1 de enero de 2019 y vigentes a la fecha de entrada en vigor del presente real decreto.

En todo caso, deban ser modificados los salarios establecidos en contratos o pactos de naturaleza privada inferiores en su conjunto y en cómputo anual a las cuantías del SMI que se establecen para 2020 en la cuantía necesaria para asegurar la percepción de dichas cuantías, siendo de aplicación las reglas sobre compensación y absorción del art. 3.

Este real decreto entró en vigor el 6 de febrero de 2020 y surtirá efectos durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, procediendo, en consecuencia, el abono del salario mínimo en el mismo establecido con efectos del 1 de enero de 2020.

Modificadas las Comisiones del Congreso y del Senado

Reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se modifica el artículo 46.1.

Reforma del Reglamento del Senado por la que se modifica el artículo 49.2 y 3.

Resumen: Se realiza mediante sendas reformas en los Reglamentos. En el Congreso se mantiene en 21 el número de Comisiones Permanentes Legislativas, cambiando 6 de nombre,  En el Senado, aparte de cambiar 4 de nombre, se crean tres nuevas Comisiones: las Comisiones Legislativas de Derechos Sociales y la de Despoblación y Reto Demográfico; y la Comisión no Legislativa  de Juventud.

En el Congreso de los Diputados, comparando el listado anterior de Comisiones Permanentes Legislativas, se observa que se mantiene el número en 21, pero que cambian de nombre las siguientes Comisiones:

  • Fomento, para llamarse Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
  • Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, para llamarse Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
  • Para las Políticas Integrales de la Discapacidad, para llamarse Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.
  • De Transición Ecológica, para llamarse Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
  • De Sanidad, Consumo y Bienestar Social, para llamarse Comisión de Sanidad y Consumo.
  • Economía y Empresa para a denominarse Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

En el Senado, se crean dos nuevas Comisiones Legislativas: la Comisión de Derechos Sociales y la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico.

Cambian de nombre:

  • Economía y Empresa, para llamarse Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
  • Fomento, para llamarse Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
  • Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, para llamarse Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
  • Sanidad, Consumo y Bienestar Social, para llamarse Comisión de Sanidad y Consumo.

Se añade como Comisión No Legislativa, la Comisión de Juventud.

Entidades en régimen de atribución de rentas

Resolución de 6 de febrero de 2020, de la Dirección General de Tributos, sobre la consideración como entidades en régimen de atribución de rentas a determinadas entidades constituidas en el extranjero.

Plan Estadístico Nacional 2020

Real Decreto 308/2020, de 11 de febrero, por el que se aprueba el Programa anual 2020 del Plan Estadístico Nacional 2017-2020.

Extinción del contrato de trabajo por causas objetivas. 

Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, por el que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

Disposiciones autonómicas

CATALUÑA. Decreto-ley 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda.

La Generalitat de Cataluña ha aprobado la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, que ha regulado importantes medidas que pueden tener un impacto en el mercado inmobiliario de Cataluña.

Destacamos algunas de las más importantes:

Viviendas desocupadas

La posibilidad de que el gobierno catalán imponga multas coercitivas está ahora expresamente regulada en caso de «desocupación permanente» de las carteras inmobiliarias de las entidades jurídicas privadas.

Se han ajustado las definiciones de casas desocupadas. Se incluyen en esta definición los edificios que quedan permanentemente sin terminar en la fase final de sus obras de construcción.

Se amplían los casos en que las viviendas deben inscribirse en el Registro de Viviendas Desocupadas, ya que se prevé que también se incluirán las viviendas desocupadas que no procedan de ejecuciones hipotecarias o acuerdos de liquidación de deudas y que sean propiedad de personas jurídicas privadas. Esto implica que estas viviendas también podrán ser expropiadas de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 4/2016 de 23 de diciembre.

Se amplía la facultad de expropiación de la Generalitat de Cataluña para incluir no sólo el uso temporal de estas viviendas, sino también su propiedad.

Alquiler social obligatorio

Los propietarios de viviendas deben hacer una propuesta de un acuerdo de arrendamiento social a sus ocupantes antes de entablar contra ellos i) cualquier acción judicial de ejecución de una hipoteca o ii) el desalojo por falta de pago del alquiler, la terminación del contrato por vencimiento o la ocupación de la propiedad sin título.

Concretamente, se debe hacer esa propuesta:

– Debido a la expiración del plazo del título legal que permite la ocupación del inmueble. La propuesta de arrendamiento social es ejecutable por un período de tres años a partir de la entrada en vigor del decreto analizado en esta carta.

– Por falta de título legal que habilite la ocupación, cuando el propietario tenga la condición de gran propietario de bienes inmuebles (poseer más de 15 viviendas, o ser un fondo de capital riesgo y/o titulización de activos), siempre que concurran las siguientes circunstancias:

  1. Que la vivienda se encuentre en la situación de uso anormal a que se refiere el artículo 41.1.a de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda.
  2. Que los ocupantes acrediten que la ocupación sin título comenzó al menos seis meses antes de la entrada en vigor del decreto analizado en esta carta.
  3. Que los ocupantes no han rechazado ninguna opción de realojamiento social en los dos últimos años ofrecida por alguna administración pública o social de alquiler.
  4. Que los servicios municipales informen favorablemente sobre el cumplimiento por parte de los ocupantes de los parámetros de riesgo de exclusión residencial y sobre el establecimiento y la convivencia en el barrio.

Para que la propuesta sea considerada como una propuesta de alquiler social, debe cumplir los siguientes requisitos:

  1. Debe fijar rentas que garanticen que el esfuerzo para el pago de dichas rentas no supere el 10% de la renta ponderada de la unidad familiar, si es inferior al 0,89 del indicador de adecuación de la renta (IRSC), o el 12% de la renta ponderada de la unidad familiar, si es inferior al 0,95 del IRSC, o el 18% de la renta ponderada de la unidad familiar, si es igual o superior al 0,95 del IRSC.
  2. Deberá ofrecer preferentemente la vivienda afectada por el procedimiento o, en su defecto, viviendas situadas en el mismo término municipal, salvo que se disponga de un informe de los servicios sociales municipales en el que se certifique que el traslado a otro término municipal no afectará negativamente al riesgo de exclusión residencial de la unidad familiar.
  3. La duración mínima de los contratos de arrendamiento social debe ser, al menos, la misma que la prevista en la ley de arrendamientos urbanos y, en todo caso, no puede ser inferior a cinco años, si el propietario de la vivienda es una persona física, y a siete años si es una persona jurídica.

Vivienda social

Se regula expresamente la duración de los regímenes de vivienda pública, estableciendo la duración indefinida de la calificación urbanística que califica el suelo para el uso de vivienda social.

En cuanto al mecanismo de fijación de los precios de venta y de los ingresos máximos de las viviendas con régimen de protección social, se configura un sistema desagregado del nivel de ingresos de los posibles usuarios y, por tanto, no se prevén modalidades basadas en éstos.

Nuevas medidas en materia de alquiler de viviendas

El decreto regula el Índice de Referencia de los precios de alquiler de las viviendas, que será elaborado y publicado por las autoridades competentes.

Los datos del referido Índice deberán ser expresamente incluidos y destacados en la publicidad y en las ofertas de viviendas de alquiler libre, así como reflejados expresamente en los contratos de arrendamiento que se suscriban entre arrendadores y arrendatarios, a fin de que el inquilino tenga un conocimiento claro de cuál es el índice en la zona correspondiente al negociar el contrato de arrendamiento.

El Gobierno tendrá en cuenta este índice en el desarrollo de sus políticas públicas, y los arrendadores no podrán recibir subvenciones públicas para promover el alquiler cuando el alquiler sea superior al índice mencionado.

Entró en vigor el 31 de diciembre de 2019. GGB

CASTILLA-LA MANCHA. Ley 5/2019, de 23 de julio, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.

Adecuación de la redacción de la Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-la Mancha a los términos y principios derivados de la Constitución Española.

CANARIAS. Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020.

Aprobación de los presupuestos para el ejercicio 2020.

Destacar el título VII, «De las normas tributarias», que regula el importe de las tasas de cuantía fija, que experimentan un incremento general del 1%.

CASTILLA-LA MANCHA. Ley 8/2019, de 13 de diciembre, de Participación de Castilla-La Mancha.

La ley tiene como objeto regularizar pormenorizadamente  la competencia autonómica de promoción de la participación ciudadana y se estructura en un título preliminar y 4 títulos, con un total de 37 artículos, a los que se incorporan 7 disposiciones adicionales y 2 disposiciones finales.

El título preliminar fija el objeto de la norma, identificándolo con el de propiciar el debate y la deliberación entre la ciudadanía y las instituciones públicas, para recoger la opinión de aquella respecto de una actuación pública concreta, así como la participación institucional, la regulación de los aspectos orgánicos al servicio de la participación, y por último, el impulso y fomento del ejercicio del derecho. Se delimitan también en este título los fines y principios en que se sustenta esta actuación administrativa.

El título primero se divide en cuatro capítulos.

El capítulo primero sobre disposiciones comunes delimita los sujetos con derecho a la participación ciudadana.

El capítulo segundo, dedicado a los instrumentos de participación, crea en su sección primera el «Portal de Participación Ciudadana de Castilla-La Mancha» como recurso tecnológico institucional gestionado por el órgano competente en materia de participación para informar a la ciudadanía de las políticas públicas y concederle la posibilidad de intervenir activamente en las mismas.

El capítulo tercero desarrolla los procedimientos de participación ciudadana.

El capítulo cuarto se encarga de regular los procedimientos de participación ciudadana a instancias de la Administración, que a diferencia de los del capítulo anterior, obligan a su desarrollo y puesta en marcha por aquélla.

El título segundo se dedica a la denominada «Participación institucional». A tal efecto se crea el «Consejo de Diálogo Social de Castilla-La Mancha» como órgano colegiado de participación, adscrito a la consejería competente en materia de empleo.

El título tercero sobre «Impulso y fomento de la participación» prevé, entre otros, programas de formación y divulgación en materia participativa, cuyos destinatarios podrían ser no solo los empleados públicos (a través de los correspondientes programas formativos aprobados por la Escuela de Administración Regional), sino también los responsables políticos y, por supuesto, la ciudadanía en general o a través de sus asociaciones.

El título cuarto, sobre organización administrativa, regula los órganos y unidades administrativas con competencias en materia de participación ciudadana en el ámbito de la Administración Regional, compuesto por las unidades de participación de configuración obligatoria en las consejerías y de creación facultativa en los organismos autónomos de la Administración Regional.

Entrará en vigor a los 6 meses contados desde el 26 de diciembre de 2019. GGB

CASTILLA-LA MANCHA. Ley 9/2019, de 13 de diciembre, de Mecenazgo Cultural de Castilla-La Mancha.

GALICIA. Ley 6/2019, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2020.

GALICIA. Ley 7/2019, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.

LA RIOJA. Ley 1/2020, de 30 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2020.

LA RIOJA. Ley 2/2020, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2020.

CASTILLA-LA MANCHA. Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha.

CASTILLA-LA MANCHA. Ley 10/2019, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2020.

NAVARRA. Ley Foral 1/2020, de 23 de enero, de Cuentas Generales de Navarra de 2018.

EXTREMADURA. Ley 1/2020, de 31 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2020.

Tribunal Constitucional

DERECHO CIVIL NAVARRA. Recurso de inconstitucionalidad n.º 315-2020, contra el artículo 2 de la Ley Foral 21/2019, de 4 de abril, de modificación y actualización de la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra o Fuero Nuevo.

VALENCIA. Recurso de inconstitucionalidad n.º 4547-2019, contra la disposición adicional segunda de la Ley 21/2018, de 16 de octubre, de Mancomunidades de la Comunidad Valenciana.

SECCIÓN 2ª:
Oposiciones Registros: comienzo ejercicios.

Acuerdo de 24 de enero de 2020, del Tribunal calificador de las oposiciones al Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, por el que se señala la fecha en que han de dar comienzo los ejercicios de las mismas, convocadas por Resolución de 25 de julio de 2019.

Los ejercicios comenzarán el lunes 16 de marzo de 2020 a las 15,30 de la tarde en la sede del Tribunal, sito en C/ Alcalá número 540 -entrada por la calle Cronos-, 28027 Madrid,

Se convoca a los opositores del turno ordinario comprendidos entre los números 1 al 40, ambos inclusive,

Ir al archivo de la Oposición.

Más ceses y nombramientos en Justicia

Aparte de los publicados en el mes de enero, se han producido los siguientes:

Ceses:

  • Antonio Viejo Llorente como Secretario General de la Administración de Justicia.
  • Esmeralda Rasillo López como Directora General de Relaciones con la Administración de Justicia.
  • Ana Gallego Torres como Directora General de Cooperación Jurídica Internacional, Relaciones con las Confesiones y Derechos Humanos.
  • María de las Heras García como Directora del Centro de Estudios Jurídicos.
  • Sofía Duarte Domínguez como Directora General de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos.

Nombramientos:

Gran Cruz de Sal Raimundo de Peñafort

Real Decreto 362/2020, de 11 de febrero, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort a don José Antonio Escudero López.

Nota: realmente se publicó en la Sección III.

Jubilaciones

Se jubila al notario de Padrón don Nelson Rodicio Rodicio.

Se jubila al notario de Dos Hermanas don José Ojeda Pérez.

Se dispone la jubilación voluntaria del notario de Parla don Manuel Pérez de Camino Palacios.

 

RESOLUCIONES:

En  FEBRERO, NO se han publicado todavía.  Se ofrecerán en  ARCHIVO APARTE

 

ENLACES:

MINI INFORME DE ENERO

NORMAS: Cuadro general.  Por meses.   + Destacadas

NORMAS: Resúmenes 2002 – 2020. Futuras. Consumo

NORMAS: Tratados internacionales, Derecho Foral, Unión Europea

RESOLUCIONES: Por meses. Por titulares. Índice Juan Carlos Casas

WEB: Qué ofrecemos NyR, página de inicio Ideario

CASOS PRÁCTICOS: Madrid y Bilbao. Internacional.

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Yangshuo Yulong (China)

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