- DISPOSICIONES GENERALES
- RDLey 26/2026: Prorroga de arrendamientos
- Modificada la Ley sobre Personas con Discapacidad
- Proceso de facturación electrónica
- Elecciones Generales 2026
- RD-Ley 28/2026: estabilidad contratos de arrendamiento de vivienda habitual
- RD-Ley 29/2026: ampliación de la oferta de vivienda asequible.
- Instrucción DGSJFP sobre forma de acreditar la constitución de las garantías de la LOE.
- Calendario laboral 2027
- RDLey 30/2026: Ceuta
- Asistencia jurídica gratuita: Honorarios de Abogados y Procuradores
- RDLey 31/2026: medidas sociales
- Tratados internacionales
- Estudiantado universitario: Estatuto
- Vías pecuarias
- Disposiciones autonómicas
- Tribunales
- Tribunal Constitucional
- Tribunal Supremo
- SECCIÓN II
- Resultado del concurso de Registros
- Oposición entre notarios: fecha primer ejercicio
- Concurso traslado notarios
- Renuncia Letrado DGSJFP
- Jubilaciones
- RESOLUCIONES:
- ENLACES:
INFORME Nº 385. (BOE OCTUBRE de 2026)
Primera Parte: Secciones I y II.
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DISPOSICIONES GENERALES
RDLey 26/2026: Prorroga de arrendamientos
Real Decreto-ley 27/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual.
DEROGADO POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
Modificada la Ley sobre Personas con Discapacidad
Ley 4/2026, de 1 de octubre, por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, para la extensión y refuerzo de los derechos de las personas con discapacidad a la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal conforme al artículo 49 de la Constitución Española.
Resumen: La ley modifica dos leyes básicas en la protección de la personas con discapacidad, para adaptarlas a la reforma de la Constitución, a la accesibilidad universal, que incluye la cognitiva, recoger un catálogo ampliado de servicios y el fomento del empleo ordinario entre otras muchas medidas. Sus disposiciones finales modifican el artículo 10 de la Ley de Propiedad Horizontal, la Ley de Seguros Privados, el Estatuto de los Trabajadores y el de los Empleados Públicos, entre otras normas.
Introducción
La adaptación de la normativa española a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, comenzó con la Ley 26/2011, de 1 de agosto, siendo su hito fundamental el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, que aprobó el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que ha tenido, desde entonces, seis modificaciones, siendo la presente la más sustancial.
Otras normas importantes son la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica (ver archivo relacionado) y, por rango, la reforma en 2024 del artículo 49 de la Constitución, la cual, aparte de la adaptación terminológica, establece el abordaje de la discapacidad desde un enfoque de derechos humanos y mandata a los poderes públicos a impulsar políticas que garanticen la autonomía e inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles.
El presente texto se estructura en un preámbulo, dos artículos (que modifican respectivamente el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre y la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia) y nada menos que 54 últimas disposiciones.
1.- Reforma del Texto Refundido (RD Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre):
El artículo 1 modifica 49 apartados de la norma. Destacamos:
A) General:
– Se modifican definiciones y se añaden otras. Vida independiente, inclusión, accesibilidad universal… Art. 2
– Determinación de qué personas tendrán la consideración de personas con discapacidad. Art. 4.2.
– Respeto a la autonomía de las personas con discapacidad. Art. 6.
– Derecho a la igualdad. Art. 7
– Respeto al derecho a la familia, al hogar, a las relaciones interpersonales y a la protección de las familias con personas con discapacidad en su seno y perspectiva de género. Nuevos arts. 7 bis y 7 ter.
B) Salud.
– Derecho a la protección de la salud. Art. 10.
– Atención integral y comunitaria en materia de salud mental y atención psicológica. Nuevo art. 13 bis y art. 15.
C) Empleo
– Contrato de formación en alternancia para la formación en las empresas. Art. 17.
– Acceso al empleo y concepto de igualdad de trato. Arts. 35 y 36.
– Medidas de adaptación del puesto de trabajo. Art. 40.
– Servicios de empleo con apoyo. Art. 41.
– Empresas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad y su constitución. Arts. 43 y 45.
– Compensación económica para las empresas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Se hace una revisión a los reglamentos. Los criterios para establecer dichas compensaciones económicas serán que estas empresas reúnan las condiciones de utilidad pública y de imprescindibilidad y que carezcan de ánimo de lucro. Art. 44.
– Formación de los profesionales y el personal que trabajan con personas con discapacidad. Art. 61.
D) Procedimiento sancionador
– Carácter básico del régimen de infracciones y sanciones. Art. 78.
– Publicidad de las resoluciones firmes en expedientes sancionadores por faltas graves y muy graves. Art. 92.
– Iniciación y plazo de resolución del procedimiento sancionador. Art. 101.
E) Otras medidas
– Contenido del derecho a una educación inclusiva. Art. 18.
– Derecho a la Accesibilidad Universal. Las personas con discapacidad tienen derecho a vivir de forma independiente y a participar plenamente en todos los aspectos de la vida. Art. 22.
– Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el ámbito de los medios de transporte e infraestructuras. Art. 27.
– Al menos el 4% de las viviendas protegidas tendrán accesibilidad universal. Art. 32.
– Participación en la elaboración normativa. Art. 54.
– Medidas de acción positiva por parte de las AAPP. Art. 67.
– Arbitraje voluntario para las reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias con discapacidad. Art. 74.
– Interconexión de los registros de tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad. D.Ad. 16ª
– Personas con discapacidad e inteligencia artificial. D. Ad. 17ª.
– Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal. D.Ad. 18ª
2.- Modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
El artículo segundo recoge otros 49 apartados, destacando lo siguiente:
A) General
– Definiciones: Incluye Situación de dependencia, cuidados no profesionales, prestaciones de base comunitaria… Art. 2.
– Derechos y obligaciones de las personas en situación de dependencia. Art. 4.
– Derechos de las personas cuidadoras no profesionales y de la persona cuidadora principal. Nuevo art. 4 bis.
– Titulares de derechos. Fundamentalmente los españoles que se encuentran en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos y los residentes de más de cinco años. Art. 5.
– Prestaciones de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y Catálogo de Servicios. Arts. 14 y 15.
– Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y servicios de asistencia y cuidados. Arts. 18, 19 y 19 bis.
B) Servicios
– Servicio de teleasistencia. Art. 22.
– Servicio de ayuda a domicilio. Art. 23.
– Servicio de asistencia personal. Art. 23 bis
– Servicio de centro de día y de noche. Art. 24
– Servicio de cuidados y apoyos en viviendas. Art. 24 bis.
– Servicio de atención residencial. Art. 25
– Servicio de provisión de productos de apoyo para la autonomía personal. Art. 25 bis
– Programa Individual de Atención. Art. 29.
C) Otras medidas
– Modificación en la definición del Grado II de dependencia o dependencia severa. Art. 26.
– Valoración de la situación de dependencia y procedimiento para su reconocimiento. Arts. 27 y 28
– Revisión del grado de dependencia. Art. 30
– Incompatibilidad de prestaciones. Art. 31
– Determinación de la capacidad económica de las personas beneficiarias y su participación en el coste. Arts. 32 bis y 33.
– Registro de Prestaciones Sociales Públicas. D.Ad 5ª
– Se suprime la siguiente exención en el IRPF: «v) Las prestaciones económicas públicas vinculadas al servicio para cuidados en el entorno familiar y de asistencia personalizada que se derivan de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las personas en situación de dependencia.». Supresión de la D.Ad. 6ª. Ver, sin embargo, la D.F. 8ª, que incluye esta exención en la Ley del IRPF.
– Adaptación terminológica. D. Ad. 8ª.
– Protección de los menores de 6 años. D.Ad. 13ª
– Empleados públicos del Servicio Exterior. D.Ad. 19ª
– Interoperabilidad de los sistemas de información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. D.Ad. 22ª
– El derecho de acceso a las prestaciones derivadas del reconocimiento de la situación de dependencia se generará desde la fecha de la resolución de reconocimiento de las prestaciones o, en su caso, cuando haya transcurrido el plazo de seis meses desde la presentación de la solicitud sin haberse dictado y notificado resolución expresa de reconocimiento de la prestación. D.F. 1ª
Disposiciones Adicionales
De las 25 que contiene la Ley, destacamos:
– Requisito para el acceso a profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con personas con discapacidad o en situación de dependencia. Se exige no haber sido condenado por determinados delitos. D.Ad. 2ª
– Se autoriza la creación del Consorcio Centro Estatal de Competencias en Innovación Social (CECIS), como entidad del sector público institucional estatal, con personalidad jurídica propia y autonomía funcional y de gestión. D.Ad. 7ª
– Las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar suspendidas con anterioridad a la entrada en vigor de esta modificación dejarán de estar en suspenso recuperando su vigencia y la cuantía que les corresponda. D.Ad. 10ª
– Las Administraciones públicas competentes establecerán un sistema de ventanilla única, presencial y electrónica, que permitan a la ciudadanía gestionar de forma centralizada las solicitudes, prestaciones y servicios relacionados con la situación de dependencia y/o discapacidad. D.Ad. 13ª
– Requisitos y funciones de la Persona experta facilitadora procesal. D.Ad. 18ª
– Aplicación de esta ley en la Comunidad Autónoma de Cataluña. D. Ad. 19ª
Disposiciones finales:
De las 28 que se publican, destacamos:
Ley de Propiedad Horizontal.
La D.F. 1ª modifica el párrafo b) del apartado 1 del artículo 10 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal para reforzar el deber de realizar obras de accesibilidad universal, aclarando su interpretación y facilitando su ejecución. Se prevé expresamente que el interesado podrá acudir a la autoridad judicial cuando no se realizan las obras a pesar de darse los requisitos exigidos.
También prevé ayudas públicas específicas para estas actuaciones en la nueva disposición adicional tercera.
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REDACCIÓN ANTERIOR |
NUEVA REDACCIÓN |
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«1. Tendrán carácter obligatorio y no requerirán de acuerdo previo de la Junta de propietarios, impliquen o no modificación del título constitutivo o de los estatutos, y vengan impuestas por las Administraciones Públicas o solicitadas a instancia de los propietarios, las siguientes actuaciones: b) Las obras y actuaciones que resulten necesarias para garantizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad universal y, en todo caso, las requeridas a instancia de los propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad, o mayores de setenta años, con el objeto de asegurarles un uso adecuado a sus necesidades de los elementos comunes, así como la instalación de rampas, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la orientación o su comunicación con el exterior, siempre que el importe repercutido anualmente de las mismas, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas, no exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes.
No eliminará el carácter obligatorio de estas obras el hecho de que el resto de su coste, más allá de las citadas mensualidades, sea asumido por quienes las hayan requerido. También será obligatorio realizar estas obras cuando las ayudas públicas a las que la comunidad pueda tener acceso alcancen el 75% del importe de las mismas. |
Se modifica el párrafo b) del apartado 1 del artículo diez, que queda redactado como sigue:
«b) Las obras y actuaciones que resulten necesarias para garantizar las condiciones de accesibilidad universal, y en todo caso, los ajustes razonables, así como aquellas que sean requeridas a instancia de los propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad, o mayores de setenta años, con el objeto de asegurarles un uso adecuado a sus necesidades de los elementos comunes, así como la instalación de rampas, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la orientación o su comunicación con el exterior, siempre que el importe repercutido anualmente de las mismas, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas, no exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes. En el supuesto de que la comunidad de propietarios solicite financiación para la realización de las obras y actuaciones de accesibilidad el periodo temporal de repercusión será de tantos años como las opciones de financiación disponible permitan. El interesado que inste la realización de las obras podrá aportar información sobre las convocatorias de ayudas y subvenciones disponibles en materia de vivienda y agenda urbana a las que la comunidad de propietarios pueda concurrir, quedando esta obligada a solicitarlas. Cuando las ayudas y subvenciones efectivamente concedidas alcancen el setenta por ciento del importe de las obras y actuaciones instadas, será obligatoria su ejecución, sin que resulten de aplicación los límites económicos establecidos en los párrafos anteriores. Cuando, pese a producirse las circunstancias anteriores, no se proceda a la realización de las obras y actuaciones por parte de la comunidad de propietarios, el interesado podrá solicitar a la autoridad judicial competente que dicte las decisiones que procedan para obligar a la realización de tales obras y actuaciones. No eliminará el carácter obligatorio de estas obras y actuaciones el hecho de que las ayudas concedidas no alcancen el setenta por ciento del coste de estas o cuando dicho coste supere el límite económico establecido, siempre que el exceso que haya que afrontar, en ambos casos, sea asumido por quienes las hayan requerido.» |
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Se añade una nueva disposición adicional tercera, con la siguiente redacción: «Disposición adicional tercera. Ayudas públicas a las comunidades de propietarios y vecinos para la realización de obras y actuaciones de accesibilidad. La Administración General del Estado y el resto de Administraciones públicas, en la esfera de sus respectivas competencias, habilitarán en sus presupuestos créditos suficientes destinados a sufragar programas de ayudas y subvenciones públicas para la reforma, rehabilitación y acondicionamiento de edificios de viviendas en materia de accesibilidad universal sometidos a esta ley. La promoción de las actuaciones de accesibilidad será prioritaria en las políticas, estrategias y acciones públicas relativas a vivienda y agenda urbana sostenible.» |
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Relacionada también con la Propiedad Horizontal está la D.F. 18ª por la que se autoriza al Gobierno para aprobar, en el plazo de doce meses, un texto refundido en el que se integren, debidamente regularizados, aclarados y armonizados los artículos 10 y 17 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, y la Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad.
Contrato de seguro. La D.F. 2ª reforma la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro para prohibir la discriminación por razón de discapacidad, garantizando la igualdad de acceso y condiciones en seguros de vida y salud, y exigiendo plena accesibilidad en el sector asegurador. Ver su D.Ad. 4ª
Ley de Régimen Local. La D.F. 3ª introduce cambios en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local para incorporar la promoción de la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y asegurar el acceso universal a la información local.
Patrimonio Histórico Español. La D.F. 4ª añade una nueva disposición a la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español que obliga a garantizar la accesibilidad universal al patrimonio cultural, incluyendo la accesibilidad cognitiva y los ajustes razonables.
Exención en el IRPF. La D.F. 8ª modifica la letra x) del artículo 7 de la Ley del IRPF, dedicado a las rentas exentas, que quedará redactada de la siguiente forma:
«x) Las prestaciones económicas públicas vinculadas al servicio para cuidados en el entorno familiar, de asistencia personal y de cuidados y apoyos en viviendas que se derivan de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.»
Estatuto de los Trabajadores. La D.F. 10ª modifica el apartado 6 del artículo 37, dedicado al descanso semanal, fiestas y permisos. El apartado 6 determina quiénes tienen derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria.
Empleados públicos. La D.F. 11ª añade dos párrafos al artículo 49TR Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, también relacionados con la reducción de jornada.
Patrimonios protegidos. La D.F. 20ª mandata al Gobierno para que, en el plazo de dieciocho meses, remita a las Cortes Generales un proyecto de Ley de modificación de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, con la finalidad de actualizar la regulación de los patrimonios protegidos en favor de las personas con discapacidad y acomodarla a la nueva regulación civil de la provisión de apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, así como para ampliar e intensificar el tratamiento fiscal favorable a estos patrimonios protegidos.
Adaptaciones normativas. La D.F. 24ª ordena, entre otras, la aprobación, en el plazo máximo de un año, de un nuevo baremo de valoración de la situación de dependencia.
Ajustes razonables. La D.F. 25ª prevé la aprobación, mediante orden ministerial, de un marco de referencia sobre ajustes razonables en materia de no discriminación, igualdad de trato y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Entrada en vigor. La D.F. 28ª la dispone para 20 días después de su publicación en el BOE, lo que tendrá lugar el 23 de octubre de 2026.
Proceso de facturación electrónica
Orden HAC/1028/2026, de 2 de octubre, por la que se regula la solución pública de facturación electrónica, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición final tercera del Real Decreto 238/2026, de 25 de marzo, por el que se desarrolla el sistema de facturación electrónica obligatoria entre empresarios y profesionales y por el que se modifica el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.
Resumen: Esta orden tiene por objeto regular los elementos técnicos y funcionales de la solución pública de facturación electrónica obligatoria por la que pueden optar empresarios y profesionales. Entrará en vigor el 6 de octubre de 2028 la obligación de realizar la facturación electrónica entre empresarios y profesionales. Si facturan más de 8 millones de euros, el 6 de octubre de 2027.
Uno de los propósitos de la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, era la reducción de la morosidad comercial. Para lograrla, una de las medidas previstas fue la obligatoriedad del uso de la factura electrónica en operaciones entre empresarios y profesionales (art. 12, que modifica el art. 2 bis de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información).
Esta obligación de factura electrónica afecta a todos los empresarios y profesionales que deberán expedir, remitir y recibir facturas electrónicas en sus relaciones comerciales con otros empresarios y profesionales. Además, se deberá proporcionarse información sobre los estados de la factura (si está pagada o no…).
La Ley prevé que, en el desarrollo reglamentario, deberán regularse los requisitos técnicos y de información a incluir en la factura electrónica a efectos de verificar la fecha de pago y obtener los periodos de pago, los requisitos de interoperabilidad mínima entre los prestadores de soluciones tecnológicas de facturas electrónicas, y los requisitos de seguridad, control y estandarización de los dispositivos y sistemas informáticos que generen los documentos.
Por otra parte, en 2024 se introdujo la D.Ad. 21ª en Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información. para regular la denominada solución pública de facturación electrónica, cuyo desarrollo y gestión corresponderá a la Agencia Estatal de Administración Tributaria el desarrollo y gestión, para que preste los servicios de facturación electrónica a aquellos empresarios o profesionales que así lo elijan y sirva de repositorio universal y obligatorio de todas las facturas electrónicas expedidas, remitidas o recibidas conforme a la citada ley.
Aunque un empresarios o profesional no opte por esta solución pública, las plataformas que utilice sí que deberán remitir simultáneamente a su emisión una copia electrónica fiel de cada factura a la citada solución pública. También estará obligado a comunicar de forma electrónica a la solución pública de facturación electrónica el pago efectivo completo de las facturas o su rechazo.
El desarrollo reglamentario del art. 2 bis y de la D.Ad. 21ª de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, se encuentra en el Real Decreto 238/2026, de 25 de marzo (ver resumen):
– Aclara su artículo 3 que, para la emisión de facturas, se ha de utilizar el formato electrónico cuando el destinatario de la operación sea un empresario o profesional que tenga en España la sede de su actividad económica, o tenga en España un establecimiento permanente o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual.
– El artículo 5 define las características básicas del sistema español de factura electrónica, que estará conformado por las plataformas de intercambio de facturas electrónicas de carácter privado y por la solución pública de facturación electrónica.
– El artículo 11 describe las características de la solución pública de facturación electrónica, como plataforma alternativa básica de facturación que proporciona un acceso sencillo y asequible a estos servicios especialmente pensado para ser utilizado por pequeñas y medianas empresas (pymes) y profesionales.
– Y la D.Ad. 1ª establece que la AEAT desarrollará un formulario de generación de facturas electrónicas y que el acceso a la solución pública y sus distintos usos tendrá carácter gratuito para los usuarios.
Ahora, esta orden ministerial, en desarrollo de este RD 238/2026, regula todos los aspectos técnicos de la solución pública de facturación electrónica, en concreto:
– requisitos para cumplir con las funciones de emisión e interconexión de facturas electrónicas.
– las formas de autenticación, identificación y representación para acceder a la solución pública,
– las especificaciones del servicio de comunicación de pagos a la solución pública,
– la codificación única de las facturas electrónicas y su inserción en las sintaxis de factura,
– la comunicación entre la solución pública de facturación electrónica y las plataformas privadas de facturación.
Con la entrada en vigor de esta orden ministerial se dará inicio al cómputo de los plazos previstos en la D.F. 8ª la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, y en las D.Tr. 1ª a la 3ª, y D.F. 4ª del Real Decreto 238/2026, de 25 de marzo.
Esta orden consta de 11 artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición final y dos anexos.
En el artículo 1 se regula el objeto de la presente orden, que es el de definir los elementos técnicos y funcionales de la solución pública de facturación electrónica.
El ámbito de aplicación queda definido en el artículo 2 por remisión al artículo 3 del Real Decreto 238/2026, de 25 de marzo, con las excepciones y particularidades recogidas en dicho RD.
En el artículo 3 se desarrolla el contenido y elementos técnicos determinantes del servicio de emisión e interconexión de facturas que debe prestar la solución pública. En concreto, se establecen los elementos mínimos de las facturas electrónicas emitidas o interconectadas a través de la solución pública, así como las reglas sobre disponibilidad inmediata para la Administración, comunicación de bajas, la prohibición de anexos y la remisión de firmas electrónicas.
En el artículo 4 de esta orden se concretan los elementos técnicos de la copia fiel, especialmente su contenido mínimo, identificación como copia y prohibición de anexos.
En el artículo 5 se regula el procedimiento de uso de la solución pública y remisión de copias fieles. A estos efectos se definen los procedimientos de emisión, interconexión y remisión de copias fieles mediante formularios web o servicios web, los procesos de validación, las respuestas de la Administración, las causas de rechazo, las formas de proceder para su corrección y los plazos excepcionales en caso de incidencias técnicas.
En el artículo 6 se especifica la codificación única: cada factura tendrá un código único basado en el NIF del emisor, serie, número de la factura y fecha de expedición,.
El servicio electrónico de comunicación de estados de la factura y de pagos se define y configura en el artículo 7 de la orden. En concreto se regula la comunicación del rechazo, del pago efectivo, del cobro o del impago de las facturas, tanto por el destinatario como, de forma voluntaria, por el emisor, así como el contenido y la sintaxis de dichas comunicaciones.
El artículo 8 establece el procedimiento para la comunicación de estados de la factura y de pagos, detallándose las formas de envío de esta información, los requisitos de identificación de la factura, el sistema de validación y respuesta, los plazos en caso de incidencias técnicas y la posibilidad de anulación de comunicaciones erróneas.
El artículo 9 dispone los requisitos y condiciones para acceder al servicio de recuperación de facturas.
El artículo 10 regula los servicios de consulta y descarga de facturas electrónicas, copias fieles, y de los estados de la factura y de pagos, previendo el acceso mediante servicios web o a través de un formulario.
Y el artículo 11 se delimita el sistema de autenticación, identificación y representación necesarios para el acceso a la solución pública de facturación electrónica, incluyendo certificados electrónicos y, según los casos, el sistema Cl@ve, así como la posibilidad de actuación mediante representación conforme a la normativa tributaria aplicable.
En la Sede electrónica de la AEAT se encontrarán las especificaciones, condiciones técnicas y de volumetría.
La D.Ad. 2ª ordena que la solución pública de facturación electrónica esté puesta a disposición en la Sede de la AEAT al menos dos meses antes de la primera aplicación efectiva de la misma.
Se incorporan dos anexos:
– El anexo I recoge el Contenido y estructura de los campos de la factura electrónica
– El anexo II define el contenido y estructura de los campos del mensaje relativo a los estados de pago, rechazo, cobro o impago de las facturas.
La D.F. única determina la entrada en vigor, que tuvo lugar el 6 de octubre de 2026.
No obstante, la producción de efectos se difiere:
– Al 6 de octubre de 2027 para los empresarios y profesionales cuyo volumen de operaciones, calculado conforme al artículo 121 de la Ley del IVA, haya excedido de 8 millones de euros durante el año natural inmediato anterior.
– Al 6 de octubre de 2028 para el resto de los empresarios y profesionales.
– Al 6 de octubre de 2027 para la obligación de las plataformas privadas de intercambio de facturas electrónicas de remitir copia fiel de las facturas, para las obligaciones de interconexión entre dichas plataformas y para aplicar los requisitos exigibles para operar como tales en el marco del sistema español de factura electrónica.
Elecciones Generales 2026
Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones.
Resumen: Este RD disuelve las dos cámaras legislativas y convoca elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de 2026.
Quedan disueltos el Congreso de los Diputados y el Senado elegidos el día 23 de julio de 2023.
Se convocan elecciones a ambas Cámaras, que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de 2026.
El número de Diputados correspondiente a cada circunscripción es el que se detalla en el anexo. Suman en total 350, siendo las provincias con mayor número Madrid (38), Barcelona (32), Valencia (16), Sevilla y Alicante (12), Málaga (11) y Murcia (10).
En cada circunscripción provincial se eligen cuatro Senadores; en las circunscripciones insulares se eligen tres en Gran Canaria, Mallorca y Tenerife; y uno en Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma. Las ciudades de Ceuta y Melilla eligen cada una de ellas dos Senadores.
La campaña electoral durará quince días, entre el 13 y el 27 de noviembre.
Las Cámaras resultantes se reunirán, en sesiones constitutivas, el día 23 de diciembre.
Estas elecciones se regirán por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, y su normativa de desarrollo.
El presente real decreto entró en vigor el 6 de octubre de 2026.
RD-Ley 28/2026: estabilidad contratos de arrendamiento de vivienda habitual
Real Decreto-ley 28/2026, de 6 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual.
Resumen provisional hecho con IA:
El Real Decreto-ley 28/2026, de 6 de octubre, publicado en el BOE y cuya entrada en vigor está prevista para el 15 de noviembre de 2026, se centra exclusivamente en la modificación del artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). A diferencia del RDL 29/2026 (orientado a la función social y oferta de vivienda), este texto busca anclar la estabilidad residencial encareciendo y limitando la finalización de los contratos por parte de los propietarios.
A continuación, se desglosan los tres pilares fundamentales que configuran esta reforma.
1. Sustitución de la Prórroga Anual por Bloques de Cinco o Siete Años
El cambio estructural más profundo elimina las antiguas prórrogas anuales (de hasta tres años) que entraban en vigor tras agotarse el periodo original del contrato.
Con la nueva normativa, una vez transcurrido el plazo mínimo obligatorio —cinco años si el propietario es persona física, o siete años si es persona jurídica—, el contrato se prorrogará «tácita y obligatoriamente» por un periodo idéntico al inicial si ninguna de las partes manifiesta lo contrario. Esto supone que, en la práctica, los arrendamientos se renovarán automáticamente en bloques sucesivos de cinco o siete años adicionales, consolidando el alquiler a largo plazo como norma por defecto.
2. Ampliación del Plazo de Preaviso para Propietarios
Para garantizar que los arrendatarios dispongan de mayor margen temporal frente a la no renovación, el decreto endurece las exigencias de comunicación.
A partir de su entrada en vigor, si el propietario decide dar por extinguido el contrato a su vencimiento, deberá notificárselo al inquilino con al menos seis meses de antelación (frente a los cuatro meses del régimen anterior). Las obligaciones para el inquilino no sufren alteraciones: mantiene su derecho a comunicar su voluntad de abandonar el inmueble con tan solo dos meses de preaviso.
3. Indemnización Obligatoria por No Renovación
La medida de mayor impacto del RDL 28/2026 es la penalización económica por poner fin al arrendamiento. Si el arrendador notifica válidamente su deseo de no renovar el contrato, quedará obligado, como regla general, a indemnizar al inquilino en el momento de la entrega de llaves.
La cuantía de esta compensación se establecerá abonando el importe que resulte mayor entre las dos siguientes opciones:
-
Doce mensualidades completas: Calculadas según el valor asignado a la vivienda en el Sistema Estatal de Referencia de Precios del Alquiler. Si el inmueble no dispone de un valor individualizado en dicho índice, se tomará como base la última renta mensual que estuviera abonando el arrendatario.
-
Una mensualidad por año de residencia: Se pagará un mes de renta por cada año que el inquilino haya vivido de forma ininterrumpida en el inmueble, prorrateándose los periodos inferiores al año.
A efectos prácticos, si un inquilino ha vivido en el inmueble durante ocho años y no se le renueva el contrato, percibirá 12 mensualidades (por ser el cálculo mayor). Sin embargo, si ha residido durante 15 años, el propietario deberá abonarle 15 mensualidades completas al extinguir la relación contractual.
RD-Ley 29/2026: ampliación de la oferta de vivienda asequible.
Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible.
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Resumen: Importante reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (duración, renta, retracto, reparaciones, fianza, por habitaciones, turístico, de temporada…). Limitación del precio de venta a entidades dedicadas a adquirir inmuebles y a grandes tenedores. Suspensión de desahucios, lo que incluye reforma LEC (también para la demanda de ejecución hipotecaria), medidas fiscales IRPF, IVA, IBI, Plusvalía municipal… Viviendas de Casa 47. Modificación de la LHMyPSD. Avales. Préstamos Línea Tu casa. Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa. Cesión de derechos en la LCCI. Prórroga extraordinaria y limitación extraordinaria de renta en contratos de arrendamiento de vivienda.
Este macro RDLey consta de seis títulos con un total de 21 artículos y 16 últimas disposiciones.
Limitación de precio.
El artículo 1 limita, hasta el 31 de diciembre de 2030, determinadas adquisiciones de viviendas a título gratuito o a título oneroso por un precio inferior al 70 por ciento de su valor de mercado ajustado.
a) A quién se aplica:
– a toda entidad con o sin personalidad jurídica dedicada a adquirir inmuebles o carteras de préstamo hipotecarios impagados por un precio claramente inferior a su valor de tasación de mercado,
– a las personas jurídicas que ostenten la condición de gran tenedor conforme a la legislación estatal de vivienda o las entidades integradas en su mismo grupo o que actúen por su cuenta.
b) Precio mínimo de las viviendas: ha de ser igual o superior a un valor de contraprestación del setenta por ciento de su valor de mercado, determinado, a la fecha del acuerdo vinculante, por una sociedad de tasación homologada e inscrita en el Banco de España, independiente de las partes, que emitirá un informe que deberá aportar la parte compradora.
c) Concepto de contraprestación: se entenderá por contraprestación total efectiva la suma de todas las cantidades, deudas asumidas, prestaciones accesorias y ventajas patrimoniales satisfechas o comprometidas por el adquirente o por personas vinculadas a este como consecuencia directa o indirecta de la transmisión. Nota: se incluyen las adquisiciones gratuitas (a pesar de que en ellas formalmente no hay contraprestación).
d) Qué tipo de viviendas: La limitación afectará tanto a viviendas en estado de uso como a viviendas de edificios construidos sobre suelo de calificación residencial que cumplan los requisitos para obtener la cédula de habitabilidad, desde que dispongan de certificado de fin de obra.
e) Transmisiones exceptuadas:
– Las destinadas a vivienda habitual a precio asequible o social hasta al menos el 31 de diciembre de 2030.
– Las destinadas a residencia de personas que precisen atención sociosanitaria o para colectivos socialmente vulnerables o para víctimas de violencia de género.
– Si las entidades compradoras acrediten su adhesión y cumplimiento del Código de Buenas Prácticas aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros. En procedimientos de ejecución, la entidad que inste la ejecución ha de acreditar su adhesión y cumplimiento del Código de Buenas Prácticas. No se aplicará esta excepción mientras no se apruebe el Código.
– Adquisición por entes públicos territoriales y aquellos otros organismos públicos y empresas o sociedades mercantiles pertenecientes al sector público, cuya finalidad es la promoción y la gestión de vivienda social y asequible con carácter permanente.
f) Transmisiones anteriores: No se aplicará a las previas al 8 de octubre de 2026 que se hayan elevado a escritura pública, aunque no se encuentren todavía inscritas en el Registro de la Propiedad. En este caso, la inscripción se realizará respecto del contenido de la escritura pública de fecha anterior al 8 de octubre, sin que, posteriormente, pueda ser la escritura modificada ni ampliada mediante adenda.
Suspensión de desahucios.
El artículo 2 establece un régimen temporal de suspensión de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional. Ver también la D.TR. 2ª
Reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Se trata de una profunda reforma contenida en 22 apartados, incluidos en el artículo 3:
– Definición de arrendamiento habitual y de arrendamiento temporal. Art. 2.
– Definición de arrendamientos para uso distinto del de vivienda quedando fuera las actividades de alojamiento u hospedaje de personas. Art. 3.
– Se modifica la exclusión de los arrendamientos turísticos, limitándonos a 31 días. art. 5 e)
– Se excluye de la ley la cesión de uso de habitaciones que realicen las entidades del tercer sector de acción social, con determinados fines. Art. 5 f).
– En los contratos de vivienda temporal ha de expresarse la causa del desplazamiento y estar acreditada, pues, de no ser cierta, se convierten en arrendamientos de vivienda habitual desde su formalización. Art. 7.
– La duración de los contratos de arrendamiento temporal se regula en el nuevo art. 9 bis, cifrándose entre 31 días y 12 meses, con conversión a arrendamiento ordinario de vivienda habitual si se excede de este plazo máximo.
– El artículo 10, dedicado a la prórroga del contrato, únicamente cambia en cuanto que se aclara a qué se refiere al arrendamiento de vivienda habitual. La reforma más importante de este artículo está en otro Real Decreto ley, que puede tener mayores dificultades para su convalidación. Ver, de todos modos, la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual que regula la D.F.5ª.
En el artículo 17, dedicado a la renta, se añades dos nuevos apartados, uno para los arrendamientos temporales sucesivos, limitando el aumento de renta y otro, para los arrendamientos por habitaciones disponiendo que la suma de las rentas pactadas no podrá exceder el importe de la renta del contrato de arrendamiento unitario de la vivienda completa.
En el artículo 18, dedicado a la actualización de la renta, si no se detalla el índice en el contrato, se utilizará la variación anual del Índice de Referencia para la Actualización Anual de los Contratos de Arrendamiento de Vivienda (IRAV). Peo, en todo caso, la actualización anual de la renta no podrá exceder del IRAV. En septiembre de 2026, el IRAV se situaba en el 2,54%, mientras que el IPC estaba en el 4,9%. Ver calculadora de alquiler del Ministerio de la Vivienda. Ver la limitación extraordinaria en la D.F. 6ª.
En el artículo 20, dedicado a los gastos, se prohíbe imponer al arrendatario los tributos asociados a la vivienda, excepto si tiene la condición de obligado tributario. Se aclara qué son gastos de gestión inmobiliaria y de formalización, que no pueden ser repercutidos al arrendatario.
Un nuevo párrafo en el artículo 21 trata de la realización de obras precias para la habitabilidad, seguridad o salubridad o que sean necesarias, indicando el procedimiento para su ejecución y para que sean sufragadas por el arrendador.
El nuevo artículo 21 bis trata de las obras de conservación de la vivienda temporal, que serán a cargo del arrendador.
En cuanto al tanteo y retracto (art. 25), Las novedades fundamentales son:
- Es posible en ventas conjuntas si la vivienda es individualizable.
- Para inscribir ventas conjuntas, se indicarán el precio imputado a la vivienda arrendada y los criterios objetivos utilizados para su determinación.
- No cabe pactar la renuncia a los derechos de tanteo y retracto. No se alude a qué ocurre con los pactos previos al 8 de octubre.
En la facultad de resolver del arrendador (art 27), en caso de que la vivienda deje de estar destinada de forma primordial a satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario o de quien efectivamente la viniera ocupando, desaparece la exigencia de que sea vivienda permanente. En consecuencia, si el arrendatario la sigue utilizando como vivienda, aunque no sea de modo permanente, no cabe resolver.
En el artículo 36, dedicado a la fianza, hay tres novedades:
- No se le puede exigir al arrendatario la contratación de seguros de impago de renta u otras coberturas análogas.
- En arrendamientos temporales el valor de esta garantía no podrá exceder de una mensualidad de la renta.
- Al concluir el arrendamiento las partes han de firmar un documento sobre el estado de la vivienda.
Por un segundo párrafo en el artículo 37, a instancia de la parte arrendataria, será obligatoria la formalización por escrito del contrato de arrendamiento.
El título V se remodela totalmente, pues antes se refería a procesos arrendaticios (que había quedado sin contenido desde 2011) y ahora se refiere al régimen sancionador aplicable a los efectos de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos de corta duración. Son sujetos responsables de este régimen sancionados las plataformas en línea de alquiler de corta duración. Nuevos artículos 38 al 51.
La nueva D. Ad. 12ª, salvaguarda la legislación autonómica en el ámbito de sus competencias y la foral con especial referencia al arrendamiento de vivienda temporal y de habitaciones o estancias.
Y la nueva D.Tr. 8ª determina el régimen de los contratos de temporada o de vivienda temporal formalizados antes del 8 de octubre de 2026. Continuarán gozando de la consideración de contratos de arrendamiento para uso distinto del de vivienda y rigiéndose por lo establecido en el régimen jurídico que les era de aplicación hasta la finalización del plazo de duración pactado en el propio contrato, alcanzado el cual quedarán extinguidos sin posibilidad de prórroga. El arrendamiento temporal renovado se regirá por lo dispuesto en la presente ley para los arrendamientos de vivienda temporal.
Ir a la Tabla comparativa entre los textos anteriores y los nuevos..
Modificación de la Ley de Vivienda.
El artículo 4 modifica la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.
– Para calificar de gran tenedor, se mantienen los umbrales de más de diez inmuebles urbanos residenciales o más de 1.500 metros cuadrados de superficie construida residencial, excluidos garajes y trasteros, y la posibilidad de particularización hasta cinco o más inmuebles en el ámbito tensionado, mediante motivación autonómica. Art. 3 k).
– Precisa la acreditación de la condición de gran tenedor mediante certificación registral y el cómputo de las unidades susceptibles de uso residencial integradas en una misma finca, aunque no exista división horizontal inscrita. Art. 3 k).
– Se modifica la disposición transitoria cuarta de dicha ley para permitir que los contratos anteriores a su entrada en vigor puedan acogerse a las prórrogas del artículo 10 LAU en la redacción introducida por aquella. Sus actualizaciones quedan sujetas al límite máximo de la D.Ad. 11ª Ley de Arrendamientos Urbanos. En los demás aspectos conservan el régimen vigente al celebrarse.
Ley de Enjuiciamiento Civil.
El artículo 5 modifica:
– el artículo 685.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. La demanda de ejecución hipotecaria deberá indicar si el inmueble constituye la vivienda habitual del deudor y si la ejecutante tiene la condición de gran tenedora. Cuando se declare que no concurre esta condición, deberá acompañarse una certificación del Registro de la Propiedad con la relación de viviendas a nombre de la parte actora.
– el artículo 22 (añade el apartado sexto), para incorporar una enervación extraordinaria en los procesos de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas cuando la persona arrendataria se encuentre en situación de vulnerabilidad económica, excluidos los supuestos del artículo 2.1. La Administración pública competente dispondrá de un plazo máximo e improrrogable de dos meses desde la notificación para ofrecer una alternativa habitacional adecuada o, en su defecto, pagar al arrendador o consignar judicialmente la totalidad de las cantidades reclamadas y de las devengadas hasta ese momento, así como las costas procesales a favor del demandante. Durante ese plazo quedarán suspendidos el procedimiento y, en su caso, el lanzamiento. El pago o la consignación íntegros dentro del plazo determinarán la enervación de la acción y la terminación del procedimiento, manteniéndose vigente el contrato. Si transcurren los dos meses sin alternativa habitacional ni pago íntegro o consignación, la Administración quedará subrogada automáticamente en la posición deudora del arrendatario y no procederá el lanzamiento, manteniéndose vigente el contrato hasta su expiración mientras persista la situación de vulnerabilidad económica.
Título II. Medidas fiscales y tributarias en materia de vivienda.
IRPF.
El artículo 6 modifica ampliamente la Ley IRPF mediante medidas con tres momentos de efectos: desde el 1 de enero de 2026, desde la entrada en vigor del real decreto-ley y desde el 1 de enero de 2027.
A) Con efectos desde el 1 de enero de 2026: Se extiende a ese ejercicio la regla de imputación de rentas inmobiliarias del 1,1 % para los inmuebles situados en municipios cuyos valores catastrales revisados, modificados o determinados mediante valoración colectiva general hayan entrado en vigor desde el 1 de enero de 2012. Ad. 55ª.
B) Con efectos desde la entrada en vigor del RDLey:
– Se reforma la reducción del rendimiento neto positivo por arrendamiento de vivienda. Art. 7 ñ).
– Para Propietarios (Pequeños Tenedores): Se establecen bonificaciones sobre el rendimiento neto del alquiler que oscilan entre el 15% y el 100%. Las reducciones máximas se destinan a aquellos que alquilen viviendas por primera vez. Además, se aplica un 70% de reducción a alquileres sociales o programas públicos, y un 60% para viviendas rehabilitadas en los dos años previos. Si el propietario acepta acogerse a prórrogas tácitas, obtiene una deducción del 80%. De cara a 2027, el rendimiento mínimo en alquileres entre familiares tributará mediante una nueva escala vinculada a los valores catastrales (con porcentajes del 1,1%, 1,5%, 2% y 3%). Art. 23.2. Ver la D.Tr. 38ª para contratos anteriores a la Ley de la Vivienda de 2023.
– Para Inquilinos: Se crea una deducción directa del 10% de las cantidades satisfechas por el alquiler de vivienda habitual, exclusiva para bases imponibles inferiores a 33.007,20 euros. La base máxima de deducción es de 11.630 euros para quienes declaren menos de 23.007,20 euros, reduciéndose mediante fórmula matemática a partir de esa cifra. Para evitar fraudes, ni el inquilino (ni su unidad familiar) puede poseer otra vivienda a menos de 50 kilómetros de distancia. Art. 68.6
– Tributación del titular de la Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa. Se regula en un nuevo artículo 95 ter sus requisitos y ventajas fiscales. Este régimen difiere la tributación de las ganancias o pérdidas derivadas de los activos integrados en la Cuenta hasta que se produzca una disposición y establece un incentivo fiscal ligado a la permanencia de las aportaciones. La reinversión se regula en la nueva D.Ad. 66ª.
– Ayudas públicas. Se amplía la relación de ayudas públicas que no se integran en la base imponible del impuesto, incorporando las previstas en los programas de rehabilitación y otras actuaciones expresamente identificados en el precepto. D.Ad. 5ª apartado 4.
– Planes de Ahorro a Largo Plazo. Su reforma incorpora el Seguro Individual de Ahorro a Largo Plazo Financia Europa (SIALPFE), con aportaciones de hasta 10.000 euros anuales, frente al límite de 5.000 euros de los otros instrumentos previstos. Se establece un conjunto de activos elegibles, una inversión mínima del 30 % en renta variable, reglas de subsanación, información y movilización y consecuencias tributarias por incumplimiento. Se mantiene la exención de los rendimientos positivos cuando no se disponga del capital antes de finalizar el plazo de cinco años desde la apertura y se cumplan los restantes requisitos del plan. D.Ad. 26ª. Ver también la reforma del Reglamento IRPF en la D.F. 3ª.
– Exención por transmisión de vivienda para fomentar la oferta de vivienda. La exención por transmisión se aplica a las ganancias patrimoniales obtenidas por la venta de viviendas a los entes y entidades del sector público dedicados a la promoción y gestión de vivienda social y asequible previstos en la norma, desde la entrada en vigor del RDLey hasta el 31 de diciembre de 2027, siempre que el valor total de transmisión sea inferior a 800.000 euros y la vivienda haya permanecido desocupada de forma continuada y sin causa justificada durante los dos años anteriores. D.Ad. 65ª.
C) Con efectos desde el 1 de enero de 2027:
– Se modifican el rendimiento mínimo en caso de parentesco y la imputación de rentas inmobiliarias. Art. 24.
– En cuanto a imputación de rentas inmobiliarias, se introduce una escala sobre la suma de los valores catastrales de los inmuebles comprendidos en la regulación, con porcentajes del 1,1 %, 1,5 %, 2 % y 3 %, y reglas sobre proporcionalidad temporal, ausencia de valor catastral e inmuebles en construcción o no susceptibles de uso por razones urbanísticas. Art. 85.1
IVA
El artículo 7 modifica la Ley del IVA.
– Se excluyen de la exención los arrendamientos de apartamentos o viviendas amueblados cuando el arrendador preste servicios complementarios propios de la industria hotelera o cuando concurran conjuntamente las condiciones relativas a una estancia no superior a treinta noches, un alojamiento distinto de la vivienda habitual del arrendador. Estos arrendamientos se incluyen en el tipo reducido del 10% del artículo 91.Uno.2.2.º Ambas modificaciones tienen efectos desde el 1 de diciembre de 2026. Artículo 20.Uno.23.º, letra e´)
– Se amplía la aplicación del tipo reducido a las obras de renovación y reparación de viviendas destinadas al arrendamiento habitual, cualquiera que sea la condición del arrendador, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. Entre ellos figuran el pago mediante los medios bancarios especificados, la antigüedad mínima de dos años desde la construcción o rehabilitación y el límite del 40 % de la base imponible para los materiales aportados. Para ello, con efectos desde el 1 de diciembre de 2026, se modifica el artículo 91.Uno.2, número 10.º.
– Y se incorpora al tipo superreducido la entrega por sus promotores de viviendas protegidas con calificación permanente o indefinida, junto a las categorías de protección oficial de régimen especial o promoción pública. La regulación comprende los garajes y anexos transmitidos conjuntamente, con un máximo de dos plazas de garaje. Para ello, con efectos desde el 1 de diciembre de 2026, se modifica el artículo 91.Dos.1, número 6.º.
IBI
El artículo 8 modifica el artículo 72 TR Ley Haciendas Locales. En los municipios ubicados en zonas de mercado residencial tensionado se permite establecer un recargo de hasta el 50 % de la cuota líquida del IBI sobre los inmuebles residenciales destinados a alojamientos turísticos conforme a la normativa autonómica. El recargo podrá alcanzar el 100 % cuando se trate de titulares de dos o más inmuebles residenciales destinados a ese uso y el 150 % cuando sean titulares de cuatro o más. Su establecimiento y regulación corresponden a los ayuntamientos mediante ordenanza fiscal.
Socimis.
El artículo 9 modifica la Ley 11/2009, de 26 de octubre, reguladora de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario. Establece un gravamen especial del 25 % sobre los beneficios no distribuidos procedentes de la actividad de arrendamiento o cesión de uso residencial descrita en la norma, incluidos los alojamientos turísticos y de corta duración, en la parte correspondiente a rentas que no hayan tributado al tipo general del Impuesto sobre Sociedades ni estén acogidas al período de reinversión previsto.
El gravamen se reduce en un 50 % cuando más del 80 % del parque de viviendas en arrendamiento sea asequible, o en un 100 % cuando, además, el beneficio no distribuido se reinvierta en tres años en viviendas destinadas al alquiler asequible. Se incluyen reglas de cómputo, consolidación y valoración
Plusvalía municipal.
El artículo 10 fija nuevos importes máximos de los coeficientes aplicables al valor del terreno para determinar la base imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conforme al artículo 107.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. La escala distingue períodos de generación desde menos de un año hasta veinte años o más. Los coeficientes oscilan entre el 0,17 (periodo inferior a un año) y el 0,30 (superior a 20 años). Antes oscilaban entre el o,15 y el 0,40.
Título III. Medidas para el incremento y protección del parque público de vivienda.
Viviendas de Casa 47.
El artículo 11 modifica la D.Ad. 20ª Ley del Patrimonio de las AAPP. En la enajenación de viviendas titularidad de CASA 47 Entidad Pública Empresarial, o promovidas en solares de uso residencial enajenados por la Entidad, el precio no podrá superar el resultado de aplicar a la superficie registral el módulo más alto de vivienda protegida vigente en la comunidad autónoma correspondiente. La limitación se extiende a sucesivas transmisiones, se incorpora a pliegos y títulos y se hace constar en el Registro de la Propiedad. Para viviendas sometidas a protección pública, comienza a operar cuando finaliza su plazo de protección.
Aportaciones a Casa 47. El artículo 12 regula la aportación a CASA 47 de inmuebles del Patrimonio del Estado susceptibles de destinarse a la política de vivienda, así como de las viviendas que se encuentren en el patrimonio de la Seguridad Social, debidamente valoradas. La aportación se articula por la vía del artículo 132.2 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, sin valoración previa con carácter general, con carácter traslativo y subrogación de la entidad en las relaciones jurídicas sobre los bienes. La aportación se producirá por Orden ministerial, que determinará la transferencia de la titularidad de los activos a Casa 47, así como el traspaso de su posesión, constituyendo título suficiente para inscribir la transmisión en el Registro de la Propiedad.
Título IV. Medidas para el fomento de la promoción de vivienda asequible.
Fondo de Vivienda de Impacto Social.
El artículo 13 crea el Fondo de Vivienda de Impacto Social, sin personalidad jurídica, de duración indefinida y adscrito al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, al amparo del artículo 137 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Su finalidad es financiar proyectos innovadores de vivienda que generen impacto social positivo y atraer inversión privada. Se dotará a través del presupuesto del Ministerio y se regirá por el real decreto-ley, su desarrollo reglamentario y las demás normas aplicables. Tendrá una dotación inicial de cuatrocientos millones de euros.
Definición de vivienda asequible.
Es aquella cuyas condiciones de precio de venta o alquiler, incluidos todos los gastos asociados al mismo, no supere el treinta por ciento de la renta mediana de la unidad de convivencia habitual del municipio en el que se ubique el inmueble. Los gastos asociados a los anejos no podrán suponer un incremento del precio de alquiler. Artículo 14.
Hipoteca mobiliaria.
El artículo 15 modifica el artículo 12 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión para incluir, entre los bienes hipotecables, el conjunto de componentes industrializados destinados a la construcción de edificios, fabricados en un entorno controlado para su posterior transporte, recepción, montaje y ensamblaje en obra. La medida facilita su utilización como garantía en la financiación del proceso productivo.
Avales.
– El artículo 16 modifica el artículo 86 del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, para regular una línea de avales de hasta 2.000 millones de euros, mediante convenios entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y el ICO, por un plazo de hasta treinta y cinco años. La cobertura parcial alcanza préstamos a promotores públicos y privados destinados a incrementar o mejorar el parque de alquiler social o asequible, dentro de la Facilidad ICO MRR para Promoción de Vivienda Social o con cargo a la estrategia de inversión España CRECE.
– Se incorpora un artículo 86 bis que regula la recuperación de la deuda por el ICO para el conjunto de la operación, tanto en la parte avalada como en la no avalada, sin aplicación del régimen de créditos de derecho público. Incluye la reestructuración y la intervención concursal y atribuye a los créditos derivados de los avales carácter financiero y rango ordinario, sin perjuicio de las garantías del crédito principal.
– El artículo 17 autoriza una línea de avales de cobertura parcial de la financiación del ICO para pymes fabricantes o promotoras que utilicen sistemas de construcción industrializada. El artículo 18 establece el régimen de cobranza de esta financiación.
Título V. Otras medidas en materia de vivienda.
Línea TU CASA.
– El artículo 19 crea el mecanismo TU CASA, gestionado por el ICO, para complementar la financiación privada de quienes accedan a su primera vivienda habitual hipotecada, con una financiación inicial de 10.000 millones de euros.
– Los préstamos cubren el menor importe entre el 20 % del valor de la vivienda y 50.000 euros, a interés cero y sin comisiones. El texto contempla un plazo de hasta diez años y una carencia equivalente al plazo de la hipoteca, con el máximo de treinta años previsto en el precepto. No consta límite de edad.
– Un acuerdo del Consejo de Ministros desarrollará el objeto, los beneficiarios, los límites, las características y el importe inicial de la línea.
– Las viviendas adquiridas mediante TU CASA deberán destinarse a vivienda habitual y quedarán sujetas permanentemente a un precio máximo de transmisión. En las segundas y posteriores transmisiones, este no podrá superar el precio de adquisición actualizado conforme al índice de precios de consumo, con la posible incorporación del valor de determinadas actuaciones de rehabilitación o mejora en los términos que se establezcan.
– Si la vivienda se arrienda, su renta deberá ser inferior al límite máximo aplicable conforme al sistema de índices de precios de referencia. La limitación se hará constar en la escritura pública de adquisición y se inscribirá en el Registro de la Propiedad.
Publicidad de los arrendamientos.
El artículo 20 regula la publicidad, promoción y oferta de arrendamientos de vivienda, que deberán ajustarse a los principios de veracidad y transparencia e incluir, al menos, esta información:
a) El índice de referencia del precio del alquiler de vivienda si el inmueble se ubica en una zona de mercado residencial tensionado.
b) En los ámbitos sujetos a limitación legal de la renta de vivienda habitual, la oferta o publicidad consignará, según proceda, el límite de renta aplicable y la referencia a la normativa y parámetros que determinen dicho límite.
c) El número, código o título identificativo de la unidad arrendada, cuando proceda.
d) La condición de gran tenedor del arrendador, cuando proceda.
Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa.
TÍTULO VI. Medidas para la creación de la Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa.
El artículo 21 modifica la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión. Incorpora el nuevo artículo 309 bis, sobre infracciones de las entidades proveedoras; un título XI, integrado por los artículos 341 a 356 y dividido en dos capítulos, que regula la cuenta y las instituciones de inversión colectiva elegibles; y las disposiciones adicionales décima y decimoprimera, relativas a la modalidad de reinversión y a la normativa de ordenación y disciplina.
– La cuenta se configura como una relación contractual de servicios de inversión entre una persona física y una entidad proveedora, articulada mediante una cuenta operativa y una cuenta de valores.
– Su titularidad es individual e intransmisible y un mismo contribuyente solo puede ser titular simultáneamente de una cuenta de la modalidad general, sin perjuicio de su compatibilidad con una cuenta de la modalidad de reinversión.
– La modalidad de reinversión se vincula a las aportaciones procedentes de la transmisión de una vivienda en los términos tributarios a los que remite el articulado.
– Pueden actuar como proveedores las entidades de crédito habilitadas para prestar servicios de inversión y las empresas de servicios de inversión comprendidas en el precepto.
– Se permiten acciones negociadas de sociedades vinculadas a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo y sus derechos de suscripción preferente, así como participaciones o acciones de instituciones de inversión colectiva de carácter financiero, incluidos los fondos cotizados, que cumplan las condiciones establecidas.
– Las aportaciones pendientes de recuperación no pueden exceder de 150.000 euros en la modalidad general y la entidad no puede aceptar aportaciones que superen ese límite. En la modalidad de reinversión se aplica el límite acumulado de 800.000 euros.
– Se regulan las causas de cancelación, entre ellas la solicitud del titular, el incumplimiento de los límites de aportación o de las obligaciones derivadas de la pérdida de elegibilidad, el fallecimiento y la pérdida de la condición de contribuyente por el IRPF.
– La movilización de la cuenta puede efectuarse por la totalidad de sus activos y efectivo, una vez por año natural. La movilización de la cuenta de reinversión es independiente de la que pueda efectuarse respecto de la modalidad general.
– Las Instituciones de inversión colectiva elegibles deben inscribirse en un registro específico de la CNMV. La elegibilidad exige al menos un 70 % del valor total de la cartera en activos vinculados al Espacio Económico Europeo, al menos un 50 % en renta variable y, adicionalmente, al menos un 35 % del valor total de la cartera en renta variable computable como activos de dicho espacio.
– El régimen se somete a las normas de ordenación y disciplina de los mercados de valores.
– Ver sus ventajas fiscales en el artículo 95 ter LIRPF entre las que se encuentran el diferimiento fiscal de las plusvalías (reinversión interna) y exención fiscal parcial por antigüedad (aportaciones de más de 5 años).
Últimas disposiciones:
Proveedores sociales de vivienda asequible. La D.Ad. 1ª encomienda al Gobierno la regulación, en seis meses de la definición y el procedimiento de certificación o reconocimiento de los proveedores sociales de vivienda asequible, incluidas las cooperativas, con el referente de las Housing Associations. La certificación tendrá efectos exclusivamente para la participación en programas o el acceso a financiación, ventajas o especialidades relativas a tributos o procedimientos estatales.
Registro de IIC Elegibles. La D.Ad. 2ª encomienda a la CNMV la creación del Registro de Instituciones de inversión colectiva (IIC) Elegibles en el plazo máximo de cuatro meses.
Comunicaciones de prórroga. La D.Tr. 1ª conserva la validez de las solicitudes y comunicaciones de prórroga extraordinaria formuladas durante la vigencia del Real Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, sin exigir una nueva comunicación y sin perjuicio del desistimiento del arrendatario. Finalizada la prórroga solicitada, las nuevas solicitudes deben ajustarse al régimen del nuevo RDLey.
Ejecuciones y lanzamientos. La D.TR. 2ª extiende el régimen temporal del artículo 2 y la enervación extraordinaria del artículo 5.Dos a las ejecuciones de resoluciones dictadas en los procedimientos a que se refiere el artículo 441.5 LEC, que se encuentren en curso a la entrada en vigor del real decreto-ley, siempre que no se haya practicado el lanzamiento.
Ley Contratos de crédito Inmobiliario.
La D.F. 1ª modifica la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, mediante la incorporación de un artículo 25 bis sobre cesión de los derechos. El prestatario conserva frente al nuevo titular las mismas excepciones y defensas que frente al acreedor originario, incluida la compensación. Los derechos reconocidos al prestatario por los códigos de buenas prácticas a los que estuviera adherida la entidad continúan siendo aplicables, y el prestamista y el cesionario deben acordar la forma menos gravosa de preservarlos. La cesión debe comunicarse al prestatario, salvo cuando el prestamista original continúe prestando los servicios relativos al crédito, de común acuerdo con el nuevo titular.
Se prohíbe la cesión de préstamos hipotecarios vencidos cuyo deudor esté acogido a las medidas del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo. Cuando se ceda un crédito vencido garantizado con hipoteca sobre la vivienda habitual, se informará al deudor de la posibilidad de acogerse a esas medidas. Si acredita que reúne los requisitos dentro de los seis meses siguientes a la comunicación, el cedente deberá readquirir el préstamo por el mismo precio de la cesión y ofrecer las medidas solicitadas, con la salvedad prevista en el precepto para su ofrecimiento mediante acuerdo. Todas las comunicaciones se remitirán a los titulares y avalistas del crédito.
Entidades aseguradoras. La D.F. 2ª modifica la Ley 20/2015 sobre aseguradoras. Afecta a los artículos 194 y 195, sobre infracciones muy graves y graves.
Reglamento IRPF. La D.F. 3ª modifica el Reglamento del IRPF:
– A efectos de determinadas exenciones, preserva la consideración de vivienda habitual para personas mayores de 65 años o en situación de dependencia severa o gran dependencia que trasladan su residencia a un centro especializado o al domicilio de un familiar y en los supuestos de separación, divorcio o nulidad. Art. 41 bis apartado 3.
– Adapta la información y movilización de los planes de ahorro a largo plazo, incluidos los Seguros Individuales de Ahorro a Largo Plazo (SIALP) Financia Europa.
Procedimiento de gestión e inspección. La D.F.4ª modifica el Reglamento General , aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, introduciendo el artículo 39 quater, que recoge la obligación de informar sobre Cuentas de Ahorro e Inversión Financia Europa por parte de las entidades proveedoras. .
Prórroga extraordinaria contratos de arrendamiento de vivienda habitual.
La D.F.5ª establece, a solicitud de la persona arrendataria, una prórroga extraordinaria por anualidades hasta un máximo de dos años adicionales para los contratos de vivienda habitual vigentes que cumplan sus condiciones. Exige estar al corriente del alquiler y haberlo estado mensualmente durante los ocho meses anteriores. El texto vincula expresamente la finalización de la prórroga obligatoria a una fecha anterior al 31 de diciembre de 2028 y contempla también la finalización de las prórrogas tácitas indicadas en el precepto y del período de tácita reconducción conforme al artículo 1566 del Código Civil.
Durante la prórroga se mantienen los términos del contrato. Se prevén excepciones por acuerdo de las partes, nuevo contrato o necesidad real y acreditada de ocupación por el arrendador o sus familiares en las condiciones señaladas. La prórroga del artículo 10.3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos es preferente e incompatible con esta medida. Tampoco procede cuando se acuerde la renovación o un nuevo contrato con renta inferior en al menos un 5 % a la vigente.
Limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta.
La D.F. 6ª establece una limitación extraordinaria de las actualizaciones anuales de renta comprendidas entre la entrada en vigor del real decreto-ley y el 31 de diciembre de 2027. El arrendatario podrá negociar con el arrendador la actualización anual de la renta con sujeción a las siguientes condiciones:
a) En el caso de que la renta sea superior al límite máximo del precio aplicable conforme al sistema de índices de precios de referencia (ver calculadora), no procederá la aplicación de incremento alguno de la renta.
b) En los demás casos, el incremento de la renta será el que resulte del nuevo pacto entre las partes. En ausencia de este nuevo pacto entre las partes, el incremento de la renta a aplicar no podrá ser superior al dos por ciento
Nota: Aunque la disposición nos distingue, parece que solo es aplicable a las zonas tensionadas, pues, en caso contrario, extendería el sistema de índices de precios de referencia a zonas no tensionadas, o que podría suplantar competencias de las comunidades autónomas que deciden acerca de si unas determinadas zonas están tensionadas o no.
Otras disposiciones finales:
- la F. 7ª preserva el rango de las previsiones reglamentarias modificadas;
- la F. 8ª habilita al Gobierno para el desarrollo reglamentario
- la F. 9ª incorpora parcialmente al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2021/2167, sobre los administradores de créditos y los compradores de créditos
- La F. 10ª recoge los complejos títulos competenciales
- Y la F. 11ª establece la entrada en vigor el 8 de octubre de 2026, salvo las previsiones específicas contenidas en el real decreto-ley, entre las que destacan las referidas a la Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa.
Ir al resumen en archivo especial con tabla comparativa e índice.
Instrucción DGSJFP sobre forma de acreditar la constitución de las garantías de la LOE.
Instrucción de 29 de septiembre de 2026, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en relación con la Instrucción de 11 de septiembre de 2000, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre la forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitución de las garantías a que se refiere el artículo 20.1 de la Ley de Ordenación de la Edificación.
Resumen: Esta Instrucción es complementaria de la de 11 de septiembre de 2000, aclarando que la documentación del seguro decenal puede estar firmada digitalmente (a través de Prestador Cualificado de Servicios de Confianza) y remitida electrónicamente en formato adecuado (PAdES/PDF), con CSV o QR.
La DG recuerda que la Instrucción de 11 de septiembre de 2000 determinó la forma de acreditar y testimoniar la constitución y vigencia de las garantías previstas en el artículo 20.1 de la Ley de Ordenación de la Edificación.
Conforme a dicha Instrucción -que considera plenamente vigente- la acreditación ante Notarios y Registradores de la Propiedad al autorizar e inscribir, respectivamente, las escrituras de declaración de obras nuevas terminadas y actas de finalización de obras, de la constitución y la vigencia de las garantías a que se refiere el artículo 19 y 20.1 LOE, se realizará mediante:
– la presentación de la propia póliza del contrato, completada con el documento que acredite su entrada en vigor;
– o un certificado expedido por la entidad aseguradora acreditativo de la constitución y vigencia del contrato,
– o mediante el suplemento de entrada en vigor del seguro, en el que se particularicen las condiciones del contrato.
Seguidamente copia -de la Instrucción de 2000- las circunstancias que debe recoger, relativas a la edificación, al seguro y a la entidad aseguradora.
Ahora el Centro Directivo reitera la Instrucción de 11 de septiembre de 2000, aclarando que la documentación del seguro decenal (el certificado de garantías o el suplemento de entrada en vigor) puede estar firmada digitalmente.
Requisitos de la documentación (para que sea aceptada por el notario o por el registrador de la propiedad):
a) CSV o Código QR: El documento electrónico generado por la compañía aseguradora incluirá en el lateral o pie de página un código seguro de verificación o un código QR. Esto permitirá al notario o registrador comprobar en la web de la aseguradora que el documento en papel coincide con el original digitalizado.
b) PDF o similar. El archivo debe mantener la integridad de las firmas (habitualmente en formato PAdES/PDF).
c) Emisor FNMT o similares: La firma digital del representante de la compañía de seguros y la del tomador/promotor debe basarse en un certificado emitido por un Prestador Cualificado de Servicios de Confianza cuando se trate de certificados cualificados de firma electrónica (como la FNMT o similares).
Remisión al Notario. Si la aseguradora facilita el certificado final o de entrada en vigor firmado digitalmente, se remitirá ese archivo PDF directamente al notario por vía electrónica para que proceda a la autorización de la escritura de fin de obra.
Registro. Dos posibilidades:
– Una vez “testimoniado bajo fe pública notarial en la matriz”, servirá de acreditación del mismo en el Registro de la propiedad. (Se supone que se trasladará a la copia auténtica que se presente).
– Remisión al Registro a través de la aplicación para documentos privados recogida en la sede electrónica del Colegio de Registradores de la propiedad.
Calendario laboral 2027
Resolución de 8 de octubre de 2026, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica relación de fiestas laborales para el año 2027.
Resumen: En el próximo año habrá doce fiestas laborales por Comunidad Autónoma o Ciudad Autónoma, de las que ocho son fiestas nacionales retribuidas y no sustituibles. Cinco de ellas se sitúan en el último trimestre del año.
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En el próximo año habrá doce fiestas laborales por Comunidad Autónoma o Ciudad Autónoma..
- De ellas, ocho son fiestas nacionales retribuidas y no sustituibles (una más que en 2026). Cinco de ellas se sitúan en el último trimestre del año.
- Otras cuatro, o bien son fiestas nacionales sustituibles, o bien la sustitución de éstas o la fiesta de la propia Comunidad Autónoma.
Aparte, se encuentran dos fiestas locales que no aparecen en el cuadro y que se publicarán en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma» o, en su caso, en el «Boletín Oficial» de la provincia correspondiente
Enero:
- el viernes 1, Fiesta nacional no sustituible.
- el miércoles 6 de enero, Epifanía del Señor: festivo en todas las CCAA, pues no se ha ejercitado la sustitución en ninguna.
Febrero:
- el martes 2 de febrero, en Tenerife, Nuestra Señora de la Candelaria
Marzo:
- el lunes 1, Día de Andalucía
- el lunes 1, Día de les Illes Balears.
- el miércoles 10: Fiesta del Eid Fitr, en Melilla.
- el viernes 19, San José: Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y Valencia.
- el 25 (Jueves Santo), todas las CCAA con la excepción de Cataluña y Valencia.
- el 26 (Viernes Santo, nacional no sustituible)
- el 29 (Lunes de Pascua) será festivo en Baleares, Cataluña (menos Arán), Navarra, País Vasco, La Rioja y Valencia.
Abril:
- el viernes 23, San Jorge, Día de Aragón.
- el viernes 23, Fiesta de Castilla y León.
Mayo:
- el sábado 1, Fiesta del Trabajo, será festivo nacional no sustituible.
- el lunes 17, Día de las Letras Gallegas
- el lunes 17, Fiesta del Sacrificio en Ceuta y en Melilla
- el jueves 27 se celebra el Corpus Christi en Castilla-La Mancha
- el lunes 31 se celebra el Día de Castilla-La Mancha
Junio:
- el miércoles 9 de junio, Día de la Región de Murcia.
- el miércoles 9 de junio, Día de La Rioja.
- el jueves 17 de junio es la Fiesta de Árán (territorio de Cataluña)
- el jueves 24, San Juan, es festivo sólo en Cataluña.
Julio:
- el 28, miércoles, es el Día de las Instituciones de Cantabria.
Agosto:
- el jueves 5, festividad de Nuestra Señora de África en Ceuta
- el jueves 5 es también la festividad de Nuestra Señora de Las Nieves en La Palma
- el lunes 16, día siguiente a la Asunción de la Virgen: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León y Madrid)
Septiembre:
- el miércoles 8 es el Día de Asturias
- el miércoles 8 también es el Día de Extremadura
- el miércoles 8 se celebra la festividad de Nuestra Señora del Pino en Gran Canaria
- el sábado 11, Fiesta Nacional de Cataluña
- el miércoles 15, la Bien Aparecida, en Cantabria.
- el miércoles 15, festividad de Nuestra Señora de los Volcanes en Lanzarote y La Graciosa
- el jueves 17 de septiembre, Nuestra Señora de la Peña en Fuerteventura
- el jueves 24 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de los Reyes en El Hierro
Octubre
- el lunes 4, festividad de Nuestra Señora de Guadalupe en La Gomera
- el jueves 7, Aniversario 1er Gobierno Euskadi.
- el sábado 9, Día de la Comunidad Valenciana
- el lunes 11, Sustitución 15 de agosto en Extremadura
- el martes 12, Fiesta Nacional de España (nacional no sustituible)
Noviembre:
- el lunes 1, Día de Todos los Santos, nacional no sustituible.
Diciembre:
- el lunes 6, Día de la Constitución Española, nacional no sustituible.
- el miércoles 8, La Inmaculada Concepción (nacional no sustituible).
- el sábado 25 de diciembre, Natividad del Señor (nacional no sustituible)
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RDLey 30/2026: Ceuta
Real Decreto-ley 30/2026, de 13 de octubre, por el que se aprueban medidas extraordinarias y urgentes de apoyo financiero a la Ciudad de Ceuta.
Resumen: Concede una subvención de concesión directa a la Ciudad de Ceuta motivada por la crisis migratoria y excepciona a la Ciudad de las consecuencias del incumplimientos del objetivo de estabilidad presupuestaria o de la regla de gasto, durante 2026 y 2027.
La norma consta de una parte expositiva y de una parte dispositiva estructurada en tres artículos y dos disposiciones finales.
El artículo 1 regula una subvención de concesión directa a la Ciudad de Ceuta destinada a financiar los gastos corrientes y otra para los gastos de capital extraordinarios realizados en concepto de actuaciones urgentes en materia de medio ambiente, servicios sociales, salud pública, cementerios y servicios funerarios, educación, seguridad, protección civil y emergencias, ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante, derivadas de la crisis migratoria producida a partir del 31 de julio de 2026. Al respecto, los créditos que se aprueban para atender a esta subvención alcanza la cifra de 45.320.000 euros.
El artículo 2 contempla, a efectos de determinar el cumplimiento de las reglas fiscales, el tratamiento diferenciado y el registro contable separado de los gastos extraordinarios que realice la Ciudad como consecuencia de la referida crisis migratoria.
Se prevé en el artículo 3 la excepción de la obligación de formular un plan económico-financiero por parte de la Ciudad de Ceuta en 2026 y 2027 como consecuencia de incumplimientos del objetivo de estabilidad presupuestaria o de la regla de gasto, que se hayan producido o se puedan producir en las liquidaciones de presupuestos de 2025 y de 2026, respectivamente, con independencia del motivo por el que se hayan producido aquellos incumplimientos, no aplicándose en estos casos, medidas coercitivas.
La D.F. 1ª establece el título competencial y la D.F. 2ª, la entrada en vigor de la norma, lo que tuvo lugar el 15 de octubre de 2026.
Asistencia jurídica gratuita: Honorarios de Abogados y Procuradores
Real Decreto 824/2026, de 14 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de asistencia jurídica gratuita, aprobado por el Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo.
Resumen: Modifica el Anexo II: Módulos y bases de compensación económica-Personas profesionales de la Abogacía y de la Procura, incluyendo nuevos conceptos y actualización de algunas cuantías. También el Anexo III: Momento del devengo de la indemnización.
El vigente Reglamento de asistencia jurídica gratuita, que desarrolla la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, fue aprobado por el Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, y modificado puntualmente mediante el Real Decreto 586/2022, de 19 de julio. Con la Ley y su Reglamento se ayuda a dar cumplimiento a la previsión del artículo 119 de la Constitución Española, según el cual, “la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.”
La Exposición de Motivos anuncia que está prevista una profunda modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, actualmente en fase de anteproyecto. Sin embargo, hay reformas reglamentarias urgentes que no pueden esperar al posterior reglamento y que motivan este real decreto.
Modificación del Anexo II. Este anexo regula los módulos y bases de compensación económica aplicables a los profesionales de la abogacía y de la procura. Se destaca, por una parte, la inclusión de nuevos conceptos, atendiendo a lo previsto en la Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa y en la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, y por otra parte, la actualización de las cuantías retributivas asignadas a diferentes actuaciones.
– Se incluyen los distintos supuestos que pueden darse en el marco de los medios adecuados de solución de controversias, que den cumplimiento al requisito de procedibilidad. Se prevé una compensación superior en caso de alcanzarse un acuerdo entre las partes.
– En las transacciones extrajudiciales en todo tipo de procedimientos, se incrementa la compensación económica que pasa del 75 % de la cuantía aplicable al procedimiento al 125 % de dicha cuantía.
– Se incluyen los distintos procesos que puedan iniciarse como consecuencia de la extensión de los beneficiarios del derecho tras la reforma de la Ley 1/1996, de 10 de enero, por ejemplo, los relacionados con víctimas de violencia de género, de terrorismo, de trata de seres humanos o delitos contra la libertad sexual, así como procesos en los que las personas con discapacidad estén necesitadas de especial protección.
– Se incluye el reconocimiento del derecho en materia concursal y en el orden penal, a las personas jurídicas, cuando por requerimiento judicial haya de designarse defensa letrada y, en su caso, representación procesal, siempre que la sociedad haya sido declarada judicialmente en situación de insolvencia actual o inminente, se encuentre en concurso de acreedores o no conste actividad económica en el último ejercicio, estando disuelta o en trámites de ello.
– Se incorpora las cuantías que serán aplicables a partir de su entrada en vigor, cuantías que se modifican en los supuestos de los procedimientos penales de especial complejidad y en el procedimiento penal general respecto a las que habían sido ya incorporadas al mismo mediante la Orden PJC/281/2025, de 21 de marzo. También se tiene en cuenta la mayor complejidad y la dedicación que exige la evolución del ejercicio del derecho de defensa ante los tribunales.
Modificación del Anexo III. Este anexo determina el momento del devengo de la indemnización, a efectos de adecuarlo a las novedades que incorpora el anexo II, en particular, para incluir la mención expresa a los procesos sociales y contencioso-administrativos; a los medios adecuados de solución de controversias y a las actuaciones penales con doble condición de defensa y acusación.
Queda derogada la Orden PJC/281/2025, de 21 de marzo.
Entró en vigor el 16 de octubre de 2026.
RDLey 31/2026: medidas sociales
Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, para la mejora de la acción protectora de la Seguridad Social y de otras normas sociales.
Resumen: Amplia reforma del TRLGSS en incapacidad temporal, cuidado de menores, pensión de viudedad para parejas de hecho, pensión de orfandad… Modificación de otras disposiciones y, entre ellas, del Estatuto de los Trabajadores en cuanto a casos con derecho a reducción de jornada. Mejoras en el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos.
La norma consta de 10 artículos. dos transitorias y cuatro disposiciones finales.
Seguridad Social. El artículo 1 modifica el TRLGSS en 19 apartados, de los que destacamos:
Incapacidad temporal.
– La obligación de cotizar continuará en la situación de incapacidad temporal, cualquiera que sea su causa. No obstante, las empresas tendrán derecho a una reducción del 75 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes durante la situación de incapacidad temporal de aquellos trabajadores que hubieran cumplido la edad de 62 años. Art. 144.4.
– Se incluye dentro de las situaciones determinantes de incapacidad temporal el trastorno menopáusico secundario y las lesiones por violencia de género. Art. 169.1.
– Determinación de prestación económica en las diversas situaciones constitutivas de incapacidad temporal. Art. 171.
– Determinación de los beneficiarios. Art. 172.
– En caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional, el día de la baja médica corre íntegramente a cargo del empresario, abonándose el subsidio por parte de la entidad gestora desde el día siguiente. En caso de enfermedad común o de accidente no laboral, el subsidio se abonará a partir del cuarto día de baja en el trabajo, si bien desde el día cuarto al decimoquinto de baja, ambos inclusive, el subsidio estará a cargo del empresario. Art. 173.1.
Cuidado de menores. Se modifica la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.
– Se permite el reconocimiento del derecho en aquellos casos en los que, si bien no existe un ingreso hospitalario del menor, requiere de tratamientos médicos de igual intensidad.
– Con carácter excepcional, se posibilita la extensión de la prestación más allá del cumplimiento de los 26 años por la persona causante, siempre y cuando acredite un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento o un grado III de dependencia.
– Por último, se permite su percepción por ambas personas cuidadoras de forma alternativa o simultánea. Ver artículos 190 al 192.
– Con este mismo objetivo, se modifica el Estatuto de los Trabajadores, que regula la reducción de jornada por este motivo. Art. 37, apartado 6 ET.
– Se determinan las disposiciones aplicables en materia de corresponsabilidad en el cuidado del lactante, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural y cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, en el art. 318 b).
Pensión de viudedad. Se flexibilizan determinados requisitos de acceso a la pensión de viudedad de las parejas de hecho que tengan hijos o hijas en común, manteniendo una convivencia estable y acreditada. Se les exime de la obligatoriedad de estar inscrito en un registro específico o de haber constituido la pareja mediante documento público, bastando con demostrar la convivencia mediante el certificado de empadronamiento que acredite una convivencia ininterrumpida de al menos cinco años. Art. 221 y D.Tr. 13ª y 48ª.
Pensiones de orfandad. Se incrementan las pensiones de orfandad causadas tras el fallecimiento de la causante a causa de violencia contra la mujer, siempre y cuando los huérfanos se hallen en una situación equiparable a la orfandad absoluta, de modo que el importe mínimo mensual será el equivalente al doble del salario mínimo interprofesional mensual vigente en cada momento. Art. 224. Estas modificaciones se incorporan igualmente al Régimen de Clases Pasivas del Estado.
Reconocimiento de prestación. Se modifica el artículo 309. que regula la cotización en los supuestos de reconocimiento de una prestación económica de la Seguridad Social con anterioridad a la regularización anual, aplicable a trabajadores autónomos.
Catástrofes y Situaciones Extraordinarias. Se introduce la D.Ad. 64ª, asimilación de las prestaciones de la Seguridad Social a contingencias profesionales en situaciones catastróficas. En aquellas normas con rango de ley que se aprueben para dar una cobertura extraordinaria tras un suceso o acontecimiento catastrófico, podrá acordarse que las prestaciones de Seguridad Social, tales como incapacidad temporal, incapacidad permanente o muerte y supervivencia, sean asimiladas a contingencia profesional, mejorando así su cobertura.
Clases pasivas. El artículo tercero modifica el TR Ley de Clases Pasivas del Estado en materias tales como revalorización de las pensiones, pensión de viudedad o pensión de orfandad en términos cercanos a los ya expuestos.
Personal de Justicia. El artículo 5º modifica el TR sobre el Régimen especial de la Ley sobre Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de junio, respecto a los casos de incapacidad temporal.
Funcionarios civiles del Estado. El artículo 6º modifica el TR Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, también respecto a los casos de incapacidad temporal.
Estatuto de los Trabajadores. El artículo 7º modifica el apartado 6 del artículo 37 ET donde se determinas los casos en los que el trabajador tendrá derecho a reducción de jornada.
Fondo de Garantía del Pago de Alimentos. El artículo 8º modifica el RD 1618/2007, de 7 de diciembre, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, para reforzar su finalidad originaria de protección de menores ante el incumplimiento de obligaciones alimenticias judicialmente reconocidas, mejorar su eficacia protectora removiendo obstáculos de acceso que pueden resultar desproporcionados y ajustar el umbral económico a la realidad social actual. Aumenta la cuantía del anticipo máximo hasta los 300 euros mensuales por persona beneficiaria, revisando de oficio los expedientes vigentes.
Prestaciones de orfandad. Se modifica el apartado 2 y se añade un nuevo apartado 3 al artículo 38 del Reglamento General que determina la cuantía de las prestaciones económicas del Régimen General de la Seguridad Social y condiciones para el derecho a las mismas, aprobado por el Decreto 3158/1966, de 23 de diciembre,
Calendario de Aplicación. D.F. 4ª.
- Desde el 21 de octubre de 2026 (fecha de su publicación): Modificaciones en viudedad para parejas de hecho, orfandad y criterios generales de regímenes especiales. Es el momento de entrada en vigor de la norma.
- Desde el 23 de octubre de 2026: Mejoras en la prestación y reducciones de jornada por cuidado de menores.
- 1 de noviembre de 2026: Nuevos mínimos para pensiones de terrorismo y actualización del Fondo de Alimentos.
- 1 de diciembre de 2026: Entrada en vigor de las nuevas situaciones especiales de incapacidad temporal (menopausia y violencia de género) y el nuevo sistema de cálculo de bases reguladoras.
- 1 de enero de 2027: Aplicación efectiva de las exclusiones en la regularización de cuotas para autónomos.
Tratados internacionales
Resolución de 13 de octubre de 2026, de la Secretaría General Técnica, en virtud del artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales.
Resumen: Últimas comunicaciones relativas a Tratados Internacionales Multilaterales en los que España es parte, que abarcan desde el 30 de junio de 2026 hasta el 8 de octubre de 2026.
De conformidad con lo establecido en el artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, se hacen públicas, para conocimiento general, las comunicaciones relativas a tratados internacionales multilaterales de los que España es parte recibidas en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación desde la publicación anterior (BOE núm. 172 de 16 de julio de 2026) hasta el 8 de octubre de 2026.
Estudiantado universitario: Estatuto
Real Decreto 855/2026, de 21 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiantado Universitario.
Resumen: Este decreto sustituye al anterior Estatuto de 2010, recogiendo los derechos y deberes de los estudiantes universitarios con novedades como el derecho a la orientación socio profesional, medidas inclusivas, compatibilidad con la actividad laboral o la regulación del estudiantado egresado.
La exposición de motivos realiza un muy interesante análisis de la evolución del sistema universitario en España en lo que va de siglo. Destacamos:
– el aumento del alumnado que actualmente alcanza 1,9 millones de personas
– el desarrollo de las universidades privadas que pasan del 7% al 29%, lo que ha impulsado el número total de universidades, ascendiendo de 66 a 98
– el incremento del número de titulaciones que alcanza las diez mil, creciendo considerablemente las titulaciones conjuntas
– una muy elevada tasa de alumnado virtual, que se cifra en el 27%
– un mayor número de estudiantes extranjeros, especialmente de los de origen latinoamericano
– por géneros, una composición mayoritaria en favor de las mujeres (57%), menos reseñable en las carreras técnicas
– el aumento de la movilidad entre los estudiantes
– el mayor desarrollo de las prácticas académicas
– un cambio intenso de las metodologías docentes y en los sistemas de evaluación como consecuencia de la llegada disruptiva de la Inteligencia Artificial Generativa a las aulas,
– la adaptación de casi todos los estudios a la normativa europea (Espacio Europeo de Educación Superior o EEES), que prevé tres niveles: grado, máster y doctorado, con un importante incremento de los máster y los doctores
– el creciente número de estudiantes que compaginan los estudios con una actividad laboral (o la búsqueda de la misma): el 37,5 %, con un porcentaje muy superior entre los que cursan Máster (62,3 %) y entre los doctorandos (80,9 %).
– la necesidad de alojamiento asequible para muchos estudiantes desplazados lo que ha impulsado el Protocolo para la promoción de viviendas de alquiler a precios asequibles para el colectivo asociado a la vida universitaria
– sigue siendo precisa la dotación de los recursos destinados a becas y ayudas al estudio para fomentar la igualdad de oportunidades, pues sigue presente la llamada «herencia formativa familiar»
El real decreto cuenta con un artículo único que aprueba el Estatuto del Estudiantado Universitario (con 64 artículos) y diez últimas disposiciones.
El artículo único aprueba el Estatuto del Estudiantado Universitario, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario.
La D.Tr. 1ª ordena a las universidades a aprobar y a tener vigentes los protocolos a los que hacen referencia los apartados 6, 7 y 8 del artículo 10 del Estatuto (conductas suicidas, acoso sexual y bulliyng), en un plazo máximo de seis, en caso de que no los tuvieran ya en funcionamiento. Para el resto de adaptaciones (normativa y de servicios) dispondrán de 12 meses, según la D.Tr. 2ª.
Se deroga el RD 1791/2010, de 30 de diciembre, que recogía el anterior Estatuto del Estudiante Universitario.
La D.F. 3ª autoriza al ministro(a) de Ciencia, Innovación y Universidades a dictar las normas y a adoptar las medidas necesarias para el desarrollo y aplicación del presente RD.
El nuevo Estatuto actualiza y refuerza los derechos y deberes de los estudiantes, garantizando una formación de calidad con independencia de la naturaleza del centro o la modalidad de impartición. Desarrolla el título VIII (arts. 31 al 37, dedicados al estudiantado) y el artículo 17 (Consejo de Estudiantes Universitario del Estado) de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario.
Se aplica en todo el sistema universitario español, es decir, a todo el estudiantado de las universidades públicas y privadas españolas, tanto de los centros propios como de los centros adscritos y de los centros de formación permanente dependientes de aquellas, indistintamente de la modalidad de impartición de la docencia. También se aplica en centros propios o adscritos de universidades españolas ubicados en el extranjero.
Se entiende por estudiante toda persona que curse enseñanzas oficiales de Grado, Máster Universitario y Doctorado, así como aquella que curse enseñanzas de formación permanente u otros estudios ofrecidos por las universidades.
Entre las novedades destacan:
- Apoyo psicológico y orientación: Se introduce expresamente el derecho a recibir atención y apoyo psicológico y de salud mental, así como asesoramiento en la orientación socio profesional.
- Inclusión: Se refuerza el carácter inclusivo para personas con discapacidad o necesidades específicas de apoyo educativo.
- Actividad laboral. Se contemplan medidas para facilitar la compatibilidad entre la actividad académica y la laboral, respetando las posibilidades organizativas de las universidades.
- Movilidad: Programas de movilidad y reconocimiento académico de la movilidad.
- Regulación de egresados (Alumni): Se incorpora la vinculación jurídica y participativa de los estudiantes egresados a través de las asociaciones de antiguos alumnos.
Este es el contenido de los diversos Capítulos:
- Capítulo I. Disposiciones generales
- Capítulo II. De los derechos y deberes del estudiantado
- Capítulo III. Del acceso y la admisión en la universidad
- Capítulo IV. De la movilidad estudiantil
- Capítulo V. De la orientación y las tutorías
- Capítulo VI. De la programación docente en estudios oficiales
- Capítulo VII. Sistema de evaluación del estudiantado en las titulaciones oficiales
- Capítulo VIII. De la programación docente y evaluación del estudiantado de enseñanzas no conducentes a la obtención de un título oficial
- Capítulo IX. De la participación y la representación estudiantil
- Capítulo X. De las becas y ayudas al estudiantado
- Capítulo XI. Del fomento de la convivencia activa y corresponsabilidad universitaria
- Capítulo XII. Del Consejo de Estudiantes Universitario del Estado
- Capítulo XIII. De la actividad física y deportiva
- Capítulo XIV. De la formación en valores
- Capítulo XV. De las actividades de participación social, de cooperación al desarrollo, de sostenibilidad y actividades culturales del estudiantado
- Capítulo XVI. Servicios de atención al estudiantado
- Capítulo XVII. De las asociaciones de antiguos estudiantes
Entró en vigor el 23 de octubre de 2026.
Vías pecuarias
Real Decreto 925/2026, de 28 de octubre, por el que se desarrolla la Red Nacional de Vías Pecuarias.
Resumen: Este real decreto desarrolla la regulación de la Red Nacional de Vías Pecuarias, estableciendo las vías pecuarias y tramos que la forman y determinando las reglas para su gestión, planificación y difusión. Prevé su inscripción registral y en el Catastro si están deslindadas. Se regula su deslinde y amojonamiento. La cartografía podrá ser utilizada por los registradores a los efectos del art. 199 LH para proteger el dominio público.
La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, tuvo una finalidad protectora de la ganadería, pero también apuntaba fines medioambientales, destacando el valor de las vías pecuarias como corredores ecológicos, orientación que se ahonda con la promulgación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
En el título III de la Ley de Vías Pecuarias se creó la Red Nacional de Vías Pecuarias, sobre la que se establece una reserva instrumental a favor de la Administración General del Estado, que queda habilitada como sujeto activo para recabar información y emitir informe previo. Esta Red se definía de manera abierta, pero para el ejercicio de estas competencias se requiere determinar las vías pecuarias y tramos que la forman mediante el desarrollo normativo que fije el alcance la Red Nacional y los criterios a nivel estatal que permitan garantizar la continuidad y coherencia de estas vías.
Posteriormente, el Libro Blanco de la Trashumancia, publicado en 2012, identificó como objeto de la reglamentación tanto las denominadas Grandes Cañadas Reales de la Mesta y sus ramales, como las de otros ámbitos territoriales con gran tradición en los movimientos de ganado. El valor de estos trazados se ha reconocido en la declaración de la Trashumancia como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial, en el Real Decreto 385/2017, de 8 de abril. También aparece recogida en la Estrategia Forestal Española Horizonte 2050 sobre dominios públicos para el fomento del pastoralismo y la trashumancia.
La regulación de la Red Nacional de Vías Pecuarias, que desarrolla este real decreto, tiene como objetivos:
– reforzar la protección de las vías pecuarias integradas en la Red Nacional, al consolidar su identificación y delimitación, favoreciendo así la defensa y preservación de los terrenos de dominio público que la componen
– realizar una definición pormenorizada de los tramos que integran la Red Nacional, lo que permite diferenciar sus trazados de los correspondientes al resto de vías pecuarias de la Red General.
– establecer mecanismos de difusión y acceso a la información que facilitan su conocimiento e identificación por parte de la ciudadanía.
– fortalecer la cooperación y colaboración entre los órganos competentes de las administraciones presentes en el Comité de Vías Pecuarias.
El real decreto cuenta con seis capítulos, cinco últimas disposiciones y tres anexos.
El capítulo I contiene, como disposiciones generales, el objeto del reglamento, varias definiciones, su ámbito de aplicación, la delimitación de competencias y la necesaria cooperación y coordinación institucional entre las administraciones públicas implicadas.
– Su objeto es el de regular la Red Nacional de Vías Pecuarias, estableciendo las vías pecuarias y tramos que la forman y determinando las reglas para su gestión, planificación y difusión. Asimismo, este real decreto tiene por objeto desarrollar el Fondo Documental de Vías Pecuarias.
– Su ámbito de aplicación se extiende a todas aquellas vías pecuarias integradas en la Red Nacional de Vías Pecuarias.
El capítulo II trata los conceptos generales de la Red Nacional, a saber, su composición y objetivos.
– Se integran en la Red Nacional las vías pecuarias que se detallan en los anexos I, II y III de este real decreto, sin perjuicio de las modificaciones que se aprueben con posterioridad.
– Determina sus objetivos, teniendo prioridad la defensa del tránsito ganadero en las vías pecuarias incluidas en ella, siendo de destacar, entre otros muchos más, el mantenimiento de la integridad territorial de las vías pecuarias y su reflejo en los registros públicos.
El capítulo III se dedica a la gestión de la Red Nacional de Vías Pecuarias.
. La Red Nacional será administrada por las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias en todos los tramos que discurran por su territorio.
– Serán las comunidades autónomas las competentes para la clasificación, deslinde y amojonamiento de todas las vías pecuarias que integran la Red Nacional, sin perjuicio de la asistencia de la Dirección General. Las comunidades autónomas reflejarán en las resoluciones aprobatorias de deslinde de las vías pecuarias su pertenencia expresa a la Red Nacional.
– Se prevén también incorporaciones, exclusiones, modificaciones y actualizaciones de la Red Nacional de Vías Pecuarias.
El capítulo IV regula su Programa de Acción con la finalidad de dotar a esta red de herramientas e instrumentos que mejoren su gobernanza y desarrollo. Su objetivo es consolidar la Red Nacional de Vías Pecuarias y potenciar la incorporación de otras vías pecuarias, preservando el tránsito ganadero y la trashumancia.
El capítulo V se centra en la difusión de la Red Nacional de Vías Pecuarias.
– La información relativa a las vías pecuarias de la Red Nacional será publicada en el portal de internet del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
– Entre la información que se ofrecerá se encuentra:
a) Listados de las vías pecuarias incluidas en la Red Nacional,
b) Cartografía digital de las vías de la Red Nacional y deslindes. Dicha información podrá ser utilizada por los Registros de la Propiedad a efectos de lo dispuesto en el artículo 1, párrafo cuarto, de la Ley Hipotecaria (protección del dominio público).
c) Anuncios y resoluciones relativas a actos de clasificación, deslinde, modificación de trazado o desafectación.
Y el capítulo VI da carta de naturaleza al Fondo Documental de Vías pecuarias con una doble función: poner a disposición la información histórica de la Administración General del Estado en la materia y recoger las actualizaciones que se vengan produciendo.
La D. Ad. Única dice literalmente:
“Coordinación entre el Catastro y el Registro de la Propiedad.
Atendiendo a la normativa que regula el patrimonio de las administraciones públicas, se impulsará la inscripción catastral y registral de las vías pecuarias deslindadas que integran la Red Nacional de Vías Pecuarias como dominio público, y a su vez la coordinación entre ambos registros.”
La D.F. 1ª crea el Comité de Vías Pecuarias dentro de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
La D.F. 2ª determina el título competencial y la D.F. 3ª establece una habilitación normativa para el desarrollo de este reglamento y para la modificación de sus anexos.
Finalmente, el contenido de los tres anexos es el siguiente:
– Anexo I: Listado de Vías Pecuarias pertenecientes a la Red Nacional
– Anexo II: Tramos de Vías Pecuarias pertenecientes a la Red Nacional
– Anexo III: Pasos Interfronterizos de la Red Nacional
Entrará en vigor el 18 de noviembre de 2026 (a los 20 días de su publicación en el BOE).
Disposiciones autonómicas
Resumen: Leyes de Aragón (eclipse solar), Asturias (prestaciones vitales), Extremadura (incendios forestales) y Navarra (actividades con incidencia ambiental).
Aragón. Decreto-ley 2/2026, de 29 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban medidas urgentes, entre el 10 y el 13 de agosto, para la prevención y anticipación de emergencias como consecuencia del eclipse total visible en Aragón el 12 de agosto de 2026.
Asturias. Ley del Principado de Asturias 6/2026, de 10 de septiembre, de modificación de la Ley 3/2021, de 30 de junio, de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales, para la protección de las personas beneficiarias frente al reintegro de prestaciones percibidas por actuaciones imputables a la Administración.
Extremadura. Decreto-ley 5/2026, de 1 de septiembre, de ayudas extraordinarias y otras medidas urgentes para la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales acaecidos en Extremadura durante el verano de 2026 y en materia preventiva de incendios forestales.
Navarra. Ley Foral 15/2026, de 24 de septiembre, de modificación de la Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de las Actividades con Incidencia Ambiental.
Tribunales
Resumen: Tribunal Constitucional: Ley de Vivienda estatal (2), Ley de Vivienda de Navarra, Tratado de amistad con Francia. Prestación por nacimiento y cuidado de hijo, Ley de apoyo al medio rural de La Rioja. Tribunal Supremo: Denominación de Universidades y de Centros Universitarios.
Tribunal Constitucional
Ley de Vivienda. Pleno. Sentencia 59/2026, de 8 de septiembre de 2026. Recurso de inconstitucionalidad 1301-2024. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con diversos preceptos de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.
Competencias en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda: pérdida parcial de objeto del proceso y reiteración de doctrina en cuanto afecta a preceptos legales ya enjuiciados en las SSTC 79/2024, de 21 de mayo; 26/2025, de 29 de enero; 17/2026, de 24 de febrero; 41/2026, de 26 de mayo, y 53/2026, de 8 de julio; constitucionalidad de los preceptos legales que contienen unas definiciones supeditadas a las establecidas por las administraciones competentes en materia de vivienda, enuncian las medidas que las administraciones públicas pueden adoptar para favorecer el acceso a la vivienda, y fijan el criterio temporal de aplicación del régimen de arrendamientos de grandes tenedores en zonas tensionadas. Votos particulares.
Navarra: Ley de Vivienda. Recurso de inconstitucionalidad n.º 6911-2026, contra la disposición transitoria única, apartados 1 y 2, de la Ley Foral 14/2026, de 2 de julio, de modificación de la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del derecho a la vivienda en Navarra.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, contra la disposición transitoria única, apartados 1 y 2, de la Ley Foral 14/2026, de 2 de julio, de modificación de la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del derecho a la vivienda en Navarra.
Tratado de amistad con Francia. Pleno. Declaración 1/2026, de 23 de septiembre de 2026. Requerimiento sobre tratados internacionales 5280-2026. Formulado por el Senado en relación con el artículo 2.4 del Tratado de amistad y cooperación entre el Reino de España y la República Francesa, hecho en Barcelona el 19 de enero de 2023. Composición del Gobierno de la Nación: interpretación conforme con la Constitución del precepto que contempla la presencia de miembros del Gobierno francés en reuniones separadas y en los márgenes del Consejo de ministros español.
Prestación por nacimiento y cuidado de hijo. Sala Segunda. Sentencia 61/2026, de 21 de septiembre de 2026. Recurso de amparo 8648-2024. Promovido por doña Aloña Barrutia Errazquin en relación con las resoluciones administrativas y judiciales que desestimaron su petición de revisión y ampliación de la prestación por nacimiento y cuidado de hijo menor, como madre biológica de familia monoparental.
Vulneración del derecho a la igualdad ante la ley sin discriminación por razón de nacimiento: resoluciones judiciales y administrativas que aplican una regulación legal declarada inconstitucional en la STC 140/2024, en tanto que omite la posibilidad de que las madres biológicas de familias monoparentales, trabajadoras por cuenta ajena, puedan ampliar su permiso por nacimiento disfrutando del permiso que correspondería al otro progenitor, caso de existir.
La Rioja: Ley de apoyo al medio rural. Pleno. Sentencia 63/2026, de 22 de septiembre de 2026. Recurso de inconstitucionalidad 3001-2026. Interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con el apartado primero del artículo único de la Ley del Parlamento de La Rioja 5/2025, de 21 de julio, de medidas fiscales de apoyo al medio rural.
Límites a la potestad tributaria de las comunidades autónomas: nulidad del precepto legal autonómico que introduce una deducción en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, para fomentar la fijación de población ocupada en el medio rural, que no se encuadra en ninguna de las categorías dentro de las cuales las comunidades autónomas pueden aprobar deducciones en la cuota íntegra del tributo estatal.
Ley de Vivienda. Pleno. Sentencia 64/2026, de 23 de septiembre de 2026. Recurso de inconstitucionalidad 1306-2024. Interpuesto por la Xunta de Galicia en relación con diversos preceptos de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.
Competencias en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda: pérdida parcial de objeto del proceso y reiteración de doctrina en cuanto afecta a preceptos legales ya enjuiciados en las SSTC 79/2024, de 21 de mayo; 26/2025, de 29 de enero; 190/2025, de 16 de diciembre; 41/2026, de 26 de mayo, y 59/2026, de 8 de septiembre; constitucionalidad de los preceptos legales que atribuyen a las administraciones competentes en materia de vivienda la declaración del incumplimiento de los deberes asociados a la propiedad de la vivienda, regulan el contenido de la memoria que debe acompañar a la propuesta de declaración de zona de mercado residencial tensionado, así como la reanudación de los procesos de desahucio y lanzamientos que se hallaban suspendidos por la adopción de medidas urgentes para hacer frente a la covid-19 y modifican algunos extremos de la Ley de enjuiciamiento civil. Votos particulares.
Tribunal Supremo
Denominación de Universidades y de Centros Universitarios. Sentencia de 6 de octubre de 2026, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de la entidad mercantil Máster del Conocimiento, SL, contra el Real Decreto 905/2025, de 7 de octubre.
SECCIÓN II
Resumen: Resultado del concurso de Registros. Oposición entre notarios: fecha primer ejercicio. Concurso de traslado de notarios. Renuncia Letrado DGSJFP. Jubilación de seis notarios.
Resultado del concurso de Registros
DGSJFP. Resolución de 2 de octubre de 2026, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se resuelve el concurso ordinario n.º 325 para la provisión de Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles vacantes, convocado por Resolución de 8 de septiembre de 2026, y se dispone su comunicación a las Comunidades Autónomas para que se proceda a los nombramientos.
Cataluña. Resolución de 2 de octubre de 2026, de la Dirección General de Derecho, Entidades Jurídicas y Gestión Adecuada de Conflictos, del Departamento de Justicia y Calidad Democrática, por la que se resuelve el concurso para la provisión de Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles n.º 325, convocado por la Resolución de 8 de septiembre de 2026.
El BOE del 9 de octubre publica el resultado:
De los 61 registros ofertados en el concurso DGSJFP, se han cubierto 55 plazas y han quedado vacantes 6 (Roquetas de Mar nº 2, Pina de Ebro, Astudillo, Chelva, Vigo nº 4 y Bilbao nº 5).
De los 7 registros que salen en el concurso de Cataluña, se han cubierto 6 y ha quedado desierto Rubí nº 1).
Resultado provisional en la web del Ministerio.
Ir a la convocatoria del concurso.
Ir al recuento de registros vacantes.
- PDF (BOE-A-2026-20982 – 3 págs. – 279 KB) Otros formatos
- PDF (BOE-A-2026-20986 – 2 págs. – 193 KB) Otros formatos
Oposición entre notarios: fecha primer ejercicio
Resolución de 7 de octubre de 2026, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de la oposición entre notarias y notarios, convocada por Resolución de 1 de octubre de 2024.
La DG acuerda convocar para el día 12 de noviembre de 2026, a las 13.30 h, en la sede del Consejo General del Notariado, sita en la c/ Silvano, número 55, en Madrid, para la práctica del primer ejercicio de esta oposición, en primer y único llamamiento, a todas las personas admitidas a la misma.
Concurso traslado notarios
13-XI: AVANCE del Resultado PROVISIONAL (SALVO Cataluña)
CONCURSO DGSJFP: Resolución de 14 de octubre de 2026, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se convoca concurso para la provisión de notarías vacantes.
CATALUÑA: Resolución de 14 de octubre de 2026, de la Dirección General de Derecho, Entidades Jurídicas y Gestión Adecuada de Conflictos, del Departamento de Justicia y Calidad Democrática, por la que se convoca concurso para la provisión de notarías vacantes.
En este concurso podrán participar los 126 nuevos notarios.
Se ofrece un total de 228 plazas, de las que 176 corresponden a la zona DGSJFP y las restantes 52 al concurso catalán.
En el concurso anterior se cubrieron 108 plazas. Para que todos los nuevos notarios puedan obtener plaza, los anteriores notarios no pueden cubrir más que 102, es decir, algo menos que en el concurso anterior.
Las instancias podrán presentarse con fecha límite, salvo error, y con la citada CORRECCIÓN ERRORES: BOE 22-X: el martes 3 martes 3 viernes 6 de noviembre de 2026.
Ir al archivo de Concursos,
- PDF (BOE-A-2026-21686 – 12 págs. – 594 KB) Otros formatos
- PDF (BOE-A-2026-21700 – 8 págs. – 379 KB) Otros formatos
Renuncia Letrado DGSJFP
Renuncia. Orden PJC/1113/2026, de 15 de octubre, por la que se acepta la renuncia de don José Carlos Sánchez González, notario de Madrid, a su condición de notario adscrito a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
El Ministro acepta la renuncia formulada por don José Carlos Sánchez González a su plaza de Notario adscrito a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, labor que ha ejercido durante 28 años, desde el 7 de febrero de 1998, hasta el 31 de julio de 2026 (aunque la Orden se haya publicado el 24 de octubre)..
Jubilaciones
Se declara la jubilación del notario de Valencia don Fernando Corbí Coloma.
Se declara la jubilación del notario de Alicante don Delfín Martínez Pérez.
Se declara la jubilación del notario de Collado Villalba don Daniel Agundez Leal.
Se declara la jubilación de la notaria de Chiclana de la Frontera doña María Lourdes Zaragoza Tafalla.
Se declara la jubilación del notario de Madrid don Rafael Thode Garrido.
Se declara la jubilación del notario de Madrid don Ricardo Vilas de Escauriaza.
RESOLUCIONES:
En OCTUBRE, se han publicado CIENTO NOVENTA y DOS (192), récord mensual absoluto. Se ofrecen en archivo aparte.
ENLACES:
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