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Modificada la Ley sobre Personas con Discapacidad

Ley 4/2026, de 1 de octubre, por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, para la extensión y refuerzo de los derechos de las personas con discapacidad a la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal conforme al artículo 49 de la Constitución Española.

Resumen provisional elaborado con IA:

La Ley 4/2026, de 1 de octubre, aprobada para adaptar el ordenamiento normativo a la reforma del artículo 49 de la Constitución Española, introduce profundas reformas en el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (Real Decreto Legislativo 1/2013), así como en la Ley 39/2006 de Dependencia.

1. Adecuación Terminológica y Modelo Social Humanista

• Eliminación de términos obsoletos: Se erradica formalmente toda terminología estigmatizante o médicamente asistencialista («disminuidos», «minusválidos», «pacientes») sustituyéndola por la denominación transversal de «personas con discapacidad».

• Enfoque basado en derechos humanos: Alinea íntegramente el Texto Refundido con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, consagrando la libertad en la toma de decisiones, la plena capacidad jurídica e igualdad de condiciones reales.

2. Refuerzo de la Accesibilidad Universal y Entornos Digitales

• Accesibilidad cognitiva y comunicativa: Obliga a las Administraciones Públicas y prestadores de servicios a garatizar formatos comprensibles (lectura fácil, lengua de signos, sistemas alternativos de comunicación) tanto en trámites administrativos como en bienes y servicios de uso público.

• Transformación Digital e Inteligencia Artificial: Se impone la exigencia de accesibilidad universal desde el diseño en entornos algorítmicos, sistemas de Inteligencia Artificial de la Administración y plataformas de empleo público o privado, evitando sesgos discriminatorios.

3. Modificaciones en Educación y Empleo Inclusivo

• Educación Inclusiva: Consolida el mandato para que los centros educativos ordinarios dispongan de ajustes razonables, medios auxiliares y apoyos individualizados, limitando la escolarización en centros de educación especial a supuestos absolutamente excepcionales y justificados.

• Fomento del empleo ordinario: Se refuerzan los incentivos para la contratación de personas con discapacidad en la empresa privada y en el empleo público, promoviendo la figura del Empleo con Apoyo y la transición coordinada desde Centros Especiales de Empleo hacia el mercado laboral ordinario.

4. Transversalidad de Género e Interseccionalidad

• Protección reforzada para mujeres y niñas: Introduce un enfoque interseccional directo para abordar la múltiple discriminación sufrida por mujeres y niñas con discapacidad, garantizando su derecho a la salud sexual y reproductiva, la maternidad protegida y la prevención de la violencia de género.

• Garantía frente a la discriminación por acoso: Se adecúa la definición legal de acoso y discriminación indirecta para sancionar cualquier conducta vejatoria o intimidatoria en el ámbito laboral, educativo o asistencial.

5. Financiación y Coordinación Interadministrativa (Dependencia)

• Incremento del compromiso estatal: En consonancia con las reformas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), se refuerza el compromiso de financiación estatal y la agilización en los plazos de valoración de grado.

• Simplificación y tarjeta única: Promueve la homogeneización de trámites y el reconocimiento mutuo interautonómico mediante tarjetas acreditativas únicas y la reducción de cargas burocráticas en la revisión de expedientes.

Esta reforma legal consolida el paso de un modelo médico-rehabilitador a uno estrictamente fundado en la autonomía personal, la no discriminación y la inclusión plena en todos los ámbitos de la sociedad.

Jubilaciones.