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Informe 287. BOE agosto 2018

Informe 287. BOE agosto 2018

Admin, 01/08/2018

AVANCE DEL INFORME Nº 287. (BOE AGOSTO de 2018)

Primera Parte: Secciones I y II.

Revisado hasta el 15 de agosto.

Último contenido añadido:

* Sección I: el 6 de agosto

* Sección II: el 8 de agosto.

* Sección III (Resoluciones): el 7 de agosto.

IR A LISTA DE INFORMES MENSUALES

IR A RESOLUCIONES DE AGOSTO 

Equipo de redacción:
* José Félix Merino Escartín, registrador de la propiedad de Madrid.
* Carlos Ballugera Gómez registrador de la propiedad de Bilbao.
* Alfonso de la Fuente Sancho, notario de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife).
* María Núñez Núñez, registradora mercantil de Lugo.
* Inmaculada Espiñeira Soto, notario de Santiago de Compostela.
* Jorge López Navarro, notario, con residencia en Alicante.
* José Ángel García-Valdecasas Butrón, registrador.
* Juan Carlos Casas Rojo, registrador de la propiedad de Vitigudino (Salamanca)
* José Antonio Riera Álvarez, notario de Arucas (Gran Canaria)
* Albert Capell Martínez, notario de Fraga (Huesca) y antes de Boltaña
* Gerardo García-Boente Dávila, letrado en ejercicio, E3 Universidad Comillas
* María García-Valdecasas Alguacil, registradora de Barcelona
* Emma Rojo Iglesias, registradora de Pinto (Madrid)
* Javier Máximo Juárez González, notario de Valencia
DISPOSICIONES GENERALES:
Becas y ayudas al estudio

Real Decreto 951/2018, de 27 de julio, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2018-2019, y se modifica el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas.

Resumen: Este real decreto fija, para el curso 2018-2019, los umbrales de renta y patrimonio y el importe de los diferentes componentes y cuantías de las becas y ayudas al estudio. También reduce la nota mínima.

El Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas, determina los elementos estructurales básicos del sistema: las modalidades de las becas, las condiciones académicas y económicas, los supuestos de incompatibilidad, revocación y reintegro y cuantos requisitos, condiciones socioeconómicas u otros factores sean precisos para asegurar la igualdad en el acceso a la educación.

Pero es a través de un real decreto anual donde se determinan dos parámetros cuantitativos: los umbrales de renta y patrimonio cuya superación implica la pérdida del derecho a la obtención de la beca o ayuda, y el importe de los diferentes componentes y cuantías de las becas y ayudas al estudio.

Así, pues, este real decreto establece para el curso académico 2018-2019 las cuantías de las becas y ayudas al estudio de los Ministerios de Ciencia, Innovación y Universidades y del Ministerio de Educación y Formación Profesional así como los umbrales de patrimonio y renta familiar por encima de los cuales desaparece el derecho a su obtención.

La exposición de motivos anuncia que se va a revisar en el futuro el actual modelo de becas y ayudas al estudio mejorando su financiación de manera que pueda incrementarse tanto el número de estudiantes becados como la cuantía de las becas.

Se reduce de 5,50 a 5,00 puntos la nota mínima requerida para obtener beca de matrícula en primer curso de estudios universitarios al tiempo que se incluye un nuevo componente ligado al rendimiento académico para todos aquellos becarios que obtengan una nota media igual o superior a 8,00 puntos.

Entró en vigor el 2 de agosto de 2018

PDF (BOE-A-2018-10941 – 17 págs. – 335 KB)    Otros formatos

 

Bélgica: modificación convenio fiscal

Protocolo que modifica el Convenio entre el Reino de España y el Reino de Bélgica tendente a evitar la doble imposición y prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y el Protocolo, firmados en Bruselas el 14 de junio de 1995, modificados por el Protocolo firmado en Madrid el 22 de junio de 2000 y por el Protocolo hecho en Bruselas el 2 de diciembre de 2009, hecho en Madrid el 15 de abril de 2014.

Resumen: se modifican el Convenio y Protocolo firmados en Bruselas el 14 de junio de 1995, que afectan al IRPF y al Impuesto sobre el Patrimonio.

El Protocolo modifica el Convenio entre el Reino de Bélgica y el Reino España tendente a evitar la doble imposición y prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, y el Protocolo firmados en Bruselas el 14 de junio de 1995, modificados por el Protocolo firmado en Madrid el 22 de junio de 2000 y por el Protocolo hecho en Bruselas el 2 de diciembre de 2009.

Afecta a la expresión “Autoridad competente” (art. 3), procedimiento amistoso (art. 26), entrada en vigor y permanencia en vigor (la misma que el Convenio).

Entró en vigor el 24 de julio de 2018

PDF (BOE-A-2018-10992 – 2 págs. – 224 KB)    Otros formatos

 

Violencia de género. Reforma art. 156 Código Civil

Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género.

Resumen: este real decreto ley modifica la Ley Orgánica 1/2004 mejorando la participación de la víctima en el proceso penal y ampliando los modos de acreditar las situaciones de violencia de género, admitiendo algunos extrajudiciales como un informe de los servicios sociales. También amplía las ayudas y las hace compatibles con otras.

Se reforma el artículo 156 del Código Civil incorporando una excepción al ejercicio conjunto de la patria potestad, para casos de asistencia psicológica a menores, relacionados con violencia de género.

La Asamblea General de Naciones Unidas definió en 1993 la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.

Entre los artículos de la Constitución que proscriben esta lacra, se encuentran su artículo 14 (igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de sexo), el artículo 15 (reconoce el derecho a la vida y a la integridad física y moral) o el artículo 9.2 (obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo sean reales y efectivas y remover los obstáculos).

La ley fundamental que regula esta materia es la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género que ha sido objeto de tres reformas anteriores a esta:

– por la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de pensiones de orfandad;

– por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la LEC, sobre asistencia jurídica gratuita,

– y por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, en relación con hijos menores de edad y menores sujetos a tutela o guarda y custodia de las víctimas de violencia de género.

También hay convenios firmados por España relacionados, siendo de especial importancia el Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011, que entró en vigor el 1 de agosto de 2014.

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó, por unanimidad, una Proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno a promover la suscripción de un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género. Una Subcomisión en el seno de la Comisión de Igualdad del Congreso, elaboró un informe en 2017 en el que se identifican y analizan los problemas que impiden avanzar en la erradicación de las diferentes formas de violencia de género, y en el que se incluyeran un conjunto de propuestas de actuación, entre ellas las principales reformas que deben acometerse. También la Comisión de Igualdad del Senado elaboró una Ponencia de Estudio para la elaboración de estrategias contra la violencia de género.

Acogiendo algunas propuestas de dichos Informe y Ponencia, el presente real decreto-ley modifica tres preceptos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, el 20, 23 y el 27, que no tienen dicho rango de ley orgánica, así como otros textos normativos, cuya reforma se considera urgente.

Participación de la víctima en el proceso penal

El art. 20 de la Ley Orgánica 1/2004 contiene tres tipos de medidas destinadas a mejorar la participación de la víctima en el proceso penal:

– Se refuerza la asistencia jurídica de las víctimas, contemplando no solamente que los Colegios de Abogados, sino también los de Procuradores, adopten las medidas necesarias para la designación urgente de letrados y procuradores de oficio en los procedimientos que se sigan por violencia de género, que aseguren su inmediata presencia para la defensa y representación de las víctimas.

– Se concede habilitación legal al Letrado de la víctima a fin de que pueda ostentar su representación procesal hasta la personación de la víctima en el procedimiento,

– Se permite a la víctima personarse como acusación particular en cualquier fase del procedimiento, si bien ello no permitirá retrotraer ni reiterar las actuaciones ya practicadas.

Acreditación de las situaciones de violencia de género:

El artículo 23 es objeto de modificación con una doble finalidad:

concretar y ampliar los títulos judiciales habilitantes para acreditar la condición de víctima de violencia de género;

– establecer otros títulos no judiciales habilitantes para los casos en los que no hay denuncia y, en consecuencia, tampoco existe procedimiento judicial abierto.

En concreto, estos son los títulos actuales habilitantes que dan lugar al reconocimiento de derechos laborales y prestaciones de la Seguridad Social:

sentencia condenatoria por un delito de violencia de género (antes no incluido),

– una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima,

informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios

informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género de la Administración Pública competente (antes no incluido);

– por cualquier otro título, siempre que ello esté previsto en las disposiciones normativas de carácter sectorial que regulen el acceso a cada uno de los derechos y recursos (antes no incluido).

Ayudas

En cuanto a las ayudas reguladas en el artículo 27, se cifran en seis meses de subsidio por desempleo (12 meses en caso de discapacidad). El presente real decreto-ley prevé la compatibilidad de estas ayudas con otras de carácter autonómico o local que las víctimas puedan percibir.

Competencias municipales.

Se incluye en la Ley de Bases del Régimen Local, como una nueva competencia propia de los municipios (artículo 25):

«o) Actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres así como contra la violencia de género.»

Artículo 156 del Código Civil.

La D. F. 2ª añade un nuevo párrafo segundo en el artículo 156 del Código Civil, dedicado al ejercicio de la patria potestad, con la siguiente redacción:

«Dictada una sentencia condenatoria y mientras no se extinga la responsabilidad penal o iniciado un procedimiento penal contra uno de los progenitores por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual de los hijos o hijas comunes menores de edad, o por atentar contra el otro progenitor, bastará el consentimiento de éste para la atención y asistencia psicológica de los hijos e hijas menores de edad, debiendo el primero ser informado previamente. Si la asistencia hubiera de prestarse a los hijos e hijas mayores de dieciséis años se precisará en todo caso el consentimiento expreso de éstos.»

Se argumenta en la Exposición de Motivos del siguiente modo: “el presente real decreto-ley incluye una modificación en el artículo 156 del Código Civil para dar cumplimiento a la medida 148, del Informe de la Subcomisión del Congreso que propone, desvincular la intervención psicológica con menores expuestos a violencia de género del ejercicio de la patria potestad. En concreto la reforma que afecta al artículo 156 del Código Civil tiene como objetivo que la atención y asistencia psicológica quede fuera del catálogo de actos que requieren una decisión común en el ejercicio de la patria potestad, cuando cualquiera de los progenitores esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro progenitor o de los hijos e hijas de ambos.”

Notas críticas: 

Desde un punto de vista formal sorprende la utilización de un real decreto ley para modificar el Código Civil, de lo que no hay precedentes, salvo error, en los últimos años. Las reformas del centenario Código Civil, como regla general, tardan en fraguarse, interviniendo la Comisión General de Codificación, Sección I y los correspondientes debates en Congreso y Senado lo que permite una valoración sopesada con la intervención de los principales expertos, procedentes del mundo académico y de las profesiones prácticas del Derecho.

Resulta dudoso que la materia tratada pueda ser objeto de real decreto ley, por los límites que impone el artículo 86 de la Constitución a esta forma normativa. En concreto podría afectar a los derechos y deberes de los ciudadanos regulados en el Título I (arts. 10 al 55), donde se encuentra el artículo 39.3 que dice: “3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda.”

También es discutible la urgencia, pues el contenido añadido no deja de ser un mero desarrollo de lo ya previsto en el párrafo primero, al expresar que “serán válidos los actos que realice uno de ellos conforme a… circunstancias o en situaciones de urgente necesidad”. Existen, además, en el propio artículo otros instrumentos para solucionar el problema: el párrafo, ahora tercero, permite acudir al juez en caso de desacuerdo, lo que es más fácil en casos como los presentes en que ya se encuentra judicializada la situación. También el último párrafo prevé que, si los padres viven separados, la patria potestad se ejercerá por aquel con quien el hijo conviva, salvo que el juez disponga otra cosa.

Se utiliza por primera vez el llamado “lenguaje inclusivo” (aparece por tres veces la expresión “hijos e hijas”) materia de importante calado, pues contradice la vocación del Código Civil de brevedad en el articulado, pudiendo, de generalizarse, hacerle perder en esta materia unidad de estilo. La solución contraria (cambiarlo todo) aún sería peor, pues afectaría a un gran número de artículos, mayor esfuerzo para opositores -que además tardarían más para decir lo mismo-, gasto en nuevos códigos, y posibles incongruencias de interrelación.

Al menos hay que reconocer que el Gobierno no ha descodificado.

En cuanto a los requisitos precisos para esta excepción al ejercicio conjunto de la patria potestad, han de darse los siguientes cumulativamente:

Sentencia condenatoria o mero inicio de un procedimiento penal por las razones que se exponen contra un progenitor.

– Que no se haya extinguido la responsabilidad penal

– Necesidad de que los hijos menores precisen asistencia psicológica.

Consentimiento de los mayores de 16 años.

Disposiciones transitorias.

Los nuevos medios de acreditación de las situaciones de violencia de género previstos en el referido artículo 23 serán aplicables solo respecto de solicitudes de reconocimiento de derechos motivadas por situaciones de violencia de género que hayan tenido lugar con posterioridad al 5 de agosto de 2018. incluidas aquellas que hubiesen sido iniciadas antes y se mantengan.

Los procedimientos judiciales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley se regirán por la normativa vigente en el momento de su inicio.

Entró en vigor el 5 de agosto de 2018.

Seguridad Social: altas y bajas

Real Decreto 997/2018, de 3 de agosto, por el que se modifica el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero.

PDF (BOE-A-2018-11137 – 3 págs. – 164 KB)Otros formatos

 

Límites entre España y Portugal en el Guadiana y en el Miño

Tratado entre el Reino de España y la República Portuguesa por el que se establece la línea de cierre de las desembocaduras de los ríos Miño y Guadiana y se delimitan los tramos internacionales de ambos ríos, hecho en Vila Real el 30 de mayo de 2017.

PDF (BOE-A-2018-11228 – 2 págs. – 159 KB)Otros formatos

 

Bienes muebles: modelo de cláusula de protección de datos

Resolución de 1 de agosto de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se aprueba el modelo de cláusula general voluntaria relativa al tratamiento de datos de carácter personal, de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).

Nota: realmente se publicó en la Sección III.

 

Disposiciones Autonómicas

COMUNITAT VALENCIANA. Reforma del Reglamento de Les Corts aprobado por el Pleno en sesión de 18 de julio de 2018.

 

NAVARRA. Decreto Foral Legislativo 1/2018, de 4 de julio, de Armonización Tributaria, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido; la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales; la Ley Foral 11/2015, de 18 de marzo, por la que se regulan el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero y el Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito; y el Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

 

PAÍS VASCO. Ley 2/2018, de 28 de junio, de Puertos y Transporte Marítimo del País Vasco.

PDF (BOE-A-2018-11064 – 47 págs. – 803 KB)    Otros formatos

 

MADRID. Ley 2/2018, de 4 de mayo, de modificación de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, para la regulación de los desarrollos urbanísticos a través de fases o unidades funcionales.

PDF (BOE-A-2018-11068 – 3 págs. – 230 KB)    Otros formatos

 

SECCIÖN II
Nuevo Director DGRN

Real Decreto 1016/2018, de 3 de agosto, por el que se dispone el cese de don Francisco Javier Gómez Gálligo como Director General de los Registros y del Notariado.

Real Decreto 1018/2018, de 3 de agosto, por el que se nombra Director General de los Registros y del Notariado a don Pedro José Garrido Chamorro.

 

Jubilaciones

Se jubila al notario de Bilbao don Carlos Manuel Ramos Villanueva.

Se jubila a don Francisco Javier Navia-Osorio García-Braga, registrador mercantil Central III. Por otra Resolución del mismo día, también se le jubila como notario. 

 

RESOLUCIONES

En  AGOSTO se han publicado CUARENTA Y DOS. Se ofrecen en ARCHIVO APARTE

 

ENLACES:

NORMAS: Cuadro general. Por meses. + Destacadas

NORMAS: Resúmenes 2002 – 2018. Futuras. Consumo

NORMAS: Tratados internacionales, Derecho Foral, Unión Europea

RESOLUCIONES: Por meses. Por titulares. Índice Juan Carlos Casas

WEB: Qué ofrecemos NyR, página de inicio Ideario

CASOS PRÁCTICOS: Madrid y Bilbao. Internacional.

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PORTADA DE LA WEB

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Silueta del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, por Javier Serrano.

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